Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal expresaron su “profunda preocupación” ante el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el Consejo de la Magistratura, al advertir que el crédito asignado implicaría una reducción del 8% en términos generales y del 74% en el rubro Bienes de Uso.

A través de un comunicado, los magistrados alertaron que, de mantenerse esa previsión, se vería “gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”, a la que calificaron como un “pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En ese sentido, remarcaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera son condiciones “indispensables” para asegurar la efectiva independencia judicial, y advirtieron que “asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”.

El pronunciamiento también hizo hincapié en la necesidad de contar con recursos para avanzar en la modernización del sistema judicial y para garantizar la implementación del nuevo sistema procesal penal federal. 

Según señalaron, la fuerte reducción en el presupuesto para Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”, considerados elementos claves para ofrecer “un servicio de justicia eficiente y moderno”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades”, concluyeron los jueces, en defensa del “equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”. 

Postergan la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal

El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.

Según la Resolución 1034/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, la nueva fecha para la puesta en marcha del sistema acusatorio será el 20 de abril de 2026, a las 00:00 horas.

La medida, firmada por la ministra Patricia Bullrich, se fundamenta en la necesidad de consolidar los avances realizados, culminar inversiones en infraestructura y tecnología, y garantizar condiciones institucionales óptimas para el funcionamiento definitivo del nuevo modelo procesal.

Desde 2014, la reforma procesal penal enfrenta obstáculos de implementación que han generado la coexistencia de regímenes distintos, complicando la operatividad del sistema federal y la administración eficiente de justicia penal.

En los últimos años, el Ministerio de Justicia realizó aportes en infraestructura, equipamiento tecnológico, capacitación y fortalecimiento institucional tanto para la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y el Poder Judicial, como también la puesta en valor de edificios emblemáticos como la sede “Raúl Alfonsín” y “La Monedita”.

El proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal seguirá avanzando en otras jurisdicciones del país, con el objetivo de consolidar un esquema de trabajo conjunto entre los organismos del sistema y asegurar la sostenibilidad de la reforma más allá de mandatos políticos.

Con información de NA.

Después de meses amenazando con reformular el edificio de la ex-ESMA –donde hoy funcionan distintos organismos de derechos humanos–, el gobierno de Javier Milei anunció que 5.000 metros cuadrados serán destinados a la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Así lo hizo saber el Ministerio de Justicia de la Nación que, aunque no dio detalles sobre cuál será el alcance de la medida, sí se preocupó de aclarar que el inmueble habia sido utilizado anteriormente para “programas ideológicos y actividades político partidarias”.

El nuevo Código Procesal Penal Federal fija un modelo acusatorio en los juicios penales a nivel federal. En este modelo, el Ministerio Público Fiscal –los fiscales–pasan a tener un rol central en la conducción de la investigación judicial. En cambio, los jueces quedan a cargo exclusivamente de garantizar los derechos y controlar la legalidad del proceso, sin investigar ni acusar.

Si bien fue aprobado en 2014, hasta el momento su puesta en marcha no fue inmediata ni uniforme. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos donde todavía no fue implementado pero deberá entrar en vigencia el próximo 11 de agosto.

“Nuestra decisión se enmarca en el mandato del presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado, redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos”, señala el comunicado del ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.

En otro tramo agrega que ahora jueces y fiscales tendrán “todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes”

Los fiscales venían reclamando hace tiempo un edificio donde poder funcionar. Ahora el Gobierno decidió darles un lugar en la ex-ESMA donde funcionó el mayor centro clandestino de la represión ilegal y que hoy es un sitio emblemático de memoria y derechos humanos en Argentina. Actualmente, en el predio funcionan diversas instituciones y dependencias estatales.

Una semana atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la Secretaría de Derechos Humanos –que funciona en la ex-Esma– se va a transformar en subsecretaría: “Ahora sí se va a encargar de defender todos los Derechos Humanos”, dijo.

En ese sentido, el portavoz, reciente ganador en las recientes elecciones porteñas, manifestó: “El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera, se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de $9.000 millones anuales”.

Dos días despues, el Gobierno avanzó con la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de la ESMA, organismos descentralizados de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que integrarán las unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Además, en enero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, adelantó que el Gobierno planea instalar en uno de los edificio del sitio de memoria a gran parte de la estructura del Ministerio de Justicia. Fue en medio del cierre sorpresivo del Centro Cultural Haroldo Conti.

Además de las cesantías en el Conti, la motosierra mileísta avanzó sobre el Archivo General de la Memoria, donde se conserva gran parte de la documentación histórica sobre la última dictadura, entre ella los informes de la Conadep que sirvieron para el Juicio a las Juntas. 

Como parte de los cambios en Justicia, se estudia reacomodar personal del edificio de la sede la cartera, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.

El presidente Javier Milei oficializó este lunes la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso por medio del decreto 23/2025 publicado en el Boletín Oficial para tratar siete temas en particular, entre los que se incluyó el proyecto “Ficha Limpia”, la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y los pliegos de dos jueces para integrar la Corte Suprema. Además, incluyó los proyectos de leyes Antimafia, de Reiterancia, de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y para modificar el Código Procesal Penal.

“Se ha firmado hace instantes el decreto convocando a sesiones extraordinarias (…) las mismas se llevarán desde el 20 de enero próximo y concluirán el 21 de febrero”, anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales durante la noche del viernes pasado.

El proyecto ley 'Ficha Limpia', incluido en el decreto que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial, será remitido por el Poder Ejecutivo en Diputados e impide a condenados en segunda instancia por causas de corrupción presentarse a elecciones para ejercer cargos públicos.

En caso de aprobarse impediría a la exmandataria y actual presidenta del peronismo, Cristina Fernández, ser candidata en las elecciones legislativas de 2025, ya que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la obra pública, aunque el fallo no está firme y puede ser apelado ante la Corte.

Esta propuesta legislativa fue tratada en noviembre pasado, pero la sesión se cayó por falta de quórum por parte del peronismo, pero también del oficialismo y sus propios aliados.

Otro de los proyectos principales que ingresará por la Cámara Baja será la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que de acuerdo al Gobierno argentino es un “gasto ridículo”.

“Una PASO en el orden nacional debe estar costando US$150 millones. Es un gasto ridículo, un mal uso de los fondos del Estado y eso hay que cambiarlo. Si somos serios, hay que cambiar el sistema”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a Radio Mitre.

Creadas en 2009, las primarias permiten a los partidos políticos presentar precandidatos de orden nacional (presidente, senadores y diputados), donde se puede incluir a varios candidatos de una misma facción, y aquellas agrupaciones que obtengan -al menos- el 1,5 % estarán habilitadas para participar de las generales.

En las últimas elecciones de Argentina, que concluyó con la victoria de La Libertad Avanza y el ascenso a la presidencia de Milei, se realizaron tres comicios en total entre PASO, generales y balotaje.

Asimismo, el Ejecutivo enviará al Senado los pliegos del juez federal Ariel Lijo y el abogado y académico Gabriel García Mansilla para su aprobación, que requiere de las dos terceras partes de la Cámara alta. Ambas candidaturas generaron controversia, en parte, por la falta de igualdad de género en la Corte.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG apartidaría, reveló en un informe que Lijo recibió 32 denuncias disciplinarias desde que ejerce como juez y solo elevó a juicio 14 de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo.

Respecto a García Mansilla, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) aseguró en un comunicado que el académico “rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Reforma de 1994”, y “plantea posiciones regresivas sobre los derechos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo”.

Los 7 proyectos

EFE.

IG

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó este martes en la Casa Rosada el programa del gobierno de Javier Milei para implementar en todo el país el reforma Procesal Penal Federal que, según sostuvo, pretende “una transformación absoluta de la Justicia” e incluye el juicio por jurados y cambios en el Código Penal. Esta transición al sistema acusatorio no es nuevo: pone la investigación a cargo de los fiscales y rige por ley desde 2018, con la misión de ir aplicándolo escalonadamente en cada provincia, pero sólo funciona en Salta y Jujuy. “Nuestro objetivo es Cuyo, Mendoza, San Luis y San Juan”, adelantó el funcionario, además de Rosario, la zona caliente por la violencia asociada al narcotráfico. Posteriomente, sostuvo, el plan es continuar con Río Negro, General Roca, Neuquén, Ushuaia y Bariloche.

“Queremos que en el gobierno de Javier Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia con división de poderes, independencia y eficacia. [El jefe de Gabinete] Nicolás Posse me habla de mano justa”, sostuvo el funcionario en una conferencia de prensa en la sede gubernamental.

Cúneo Libarona buscó diferenciarse de las políticas de “mano dura” al subrayar el concepto de “mano justa”, que ya fue utilizado en la campaña electoral de Segio Massa para presidente de la Nación, en 2015, y a senador por la Provincia de Buenos Aires, en 2017.

El anuncio, que fue calificado por el ministro como un “momento histórico en la Argentina”, busca constituir un ordenamiento en todo el país similar al que ya se implementa en Jujuy y Salta desde 2015. Cúneo Libarona, sin embargo, admitió que hay un 33% de puestos sin cubrir en la Justicia Federal.

El funcionario de Milei consideró que el sistema acusatorio (tal es su nombre, porque les otorga más poder a los fiscales, quienes son los plenos responsables de las investigación, a diferencia del sistema actual, que concentra el poder de decisión en los jueces) es “idóneo y eficaz” y que implica pluralidad, la transparencia, la publicidad, la participación de partes, y no tanto papeleo ni tiempo“.

Al explicar el alcance de la reforma, el ministro detalló: “Si sos víctima de un delito, interviene un juez que puede delegar la causa en un fiscal o quedársela de forma selectiva. A partir de ahora, toda causa va al Ministerio Público, que analiza si vale la pena investigar la causa o es insignificante; si se puede plantear un juicio abreviado o una conciliación”. “Al Tribunal Oral llegan los hechos de mafias y, con celeridad, se lleva a cabo el juicio”, prometió.

Otro de los grandes cambios es que el sistema pasa a ser adversarial –implica la oposición que existe entre un defensor que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lo acusa– y oral. Esto, entre otras cosas, implica una mayor celeridad en los procesos judiciales.

Previo a la conferencia, Cúneo Libarona encabezó en la Rosada la “Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal”, de la que participaron además el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Esta semana entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Rosario que supone la consolidación del sistema penal acusatorio y que busca combatir la violencia criminal en Santa Fe.

El artículo 1° de la resolución, que llevó la firma del ministro, dispone “la plena e inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario a partir de las 00:00 horas del día 18 de marzo de 2024”.

Según la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, se puso en marcha “una comisión redactora para reformar el Código Penal con nuevas conductas punibles y elevación de las penas previstas para narcotráfico, crimen organizado y delitos asociados”.

JJD