En un golpe a la jugada política del gobierno de Javier Milei de designarlo por decreto, Manuel García-Mansilla finalmente renunció a la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo este lunes en una nota formal, cuatro días después del rechazo del Senado.

De esta manera el máximo tribunal vuelve a quedar con tres miembros, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. El escrito del académico antiabortista fue dirigido al propio Javier Milei y revela el paso atrás de la Casa Rosada, que desde el viernes marcó como postura oficial de que su continuidad estaba garantizada hasta el 30 de noviembre. Formalmente, ahora el Presidente debería aceptarle la renuncia a través de la publicación de un decreto.

La posición de la Cámara alta contra el ahora exmagistrado había sido contundente: consiguió 51 votos en contra y 20 a favor, con una postura común entre el peronismo, el macrismo y el radicalismo. Sólo tuvo el voto favorable de la Libertad Avanza, algunos legisladores del PRO y dos de la UCR y algunos bloques provinciales aliados del Gobierno Nacional.

García-Mansilla cuestionó en su escrito al Senado y dijo que había aceptado el nombramiento “con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente”. Negó haberle dicho a los legisladores que no aceptaría el cargo si lo nombraban en comisión, como hizo Milei en febrero. No dio detalles de porqué asumió en la Corte en una ceremonia secreta, sin transmisión pública y que se supo hubo vez finalizado.

“Al momento de aceptar el nombramiento en comisión, consideré que debía asumir la responsabilidad de colaborar con la inmediata solución a ese grave problema. Mantener un tribunal incompleto, con un riesgo evidente de parálisis, habría sido rehuir de lo que considero una obligación para cualquier abogado”, dijo quien fue hasta hace poco tiempo el decano de Derecho de la Universidad Austral.

Intentaron adjudicarme el haber dicho que jamás aceptaría un nombramiento en comisión en la Corte Suprema, sin importar el contexto de ese nombramiento. Eso es falso

 “Mediante un recorte intencionalmente tergiversado de lo que contesté en ese momento, intentaron adjudicarme el haber dicho que jamás aceptaría un nombramiento en comisión en la Corte Suprema, sin importar el contexto de ese nombramiento. Eso es falso. Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte. Nunca asumí ante los senadores presentes ese día un compromiso de no aceptar un nombramiento en comisión, sin importar el contexto en que se diera”, planteó García-Mansilla. “Lo que sí hice en aquel momento fue dar una respuesta hipotética a una pregunta que también lo era, respecto de hechos que sucedieron a fines de 2015. Aclaré expresamente que esa respuesta la daba a partir de una reflexión posterior 'con el diario del lunes'”, buscó aclarar.

Pese al contundente rechazo a su nominación, García-Mansilla lanzó duras críticas a los senadores de todo el arco político: “Tuvieron tiempo más que suficiente para formarse un juicio de valor sobre ambas nominaciones mucho antes de que se dictara el decreto 137/25. No había ningún otro trámite pendiente para que el Senado decidiera aprobar o rechazar mi pliego. A pesar de ello, no solo se dejó que terminaran las sesiones ordinarias de 2024 sin hacer nada concreto, sino que se hizo caso omiso al llamado a sesiones extraordinarias en febrero de 2025. En mi caso, no hubo pronunciamiento alguno del Senado, ni siquiera de la Comisión de Acuerdos”. No dijo, sin embargo, que su pliego cosechó siete firmas negativas en la comisión de Acuerdos, la cantidad suficiente para pasar a votación en el recinto del Senado.

“¿Qué más necesitaban analizar los senadores para tomar una determinación y aprobar o rechazar el pliego? Nada. La responsabilidad institucional dictaba que debían pronunciarse de inmediato. La única razón por la que no lo hicieron fue, lamentablemente, la mera especulación política”, concluyó. 

MC

Manuel García-Mansilla ya no tiene acceso a las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el jueves por la noche, el juez nombrado en comisión y por decreto en el máximo tribunal por el presidente Javier Milei puede incurrir en un delito si cumple con el mandato presidencial. Es que por esas horas el máximo tribunal fue notificado de la medida cautelar dispuesta por el juez federal Alejo Ramos Padilla para que el nuevo juez cortesano se abstenga de intervenir en los expedientes que tramitan en la Corte hasta que se analice el procedimiento por el cual fue nombrado.

Este último viernes, García-Mansilla tampoco acudió a su despacho del Palacio de Justicia ni presentó la prometida nota a sus colegas de la Corte para plantearles que sean ellos quienes decidan sobre su futuro: si puede o no seguir siendo juez de la Corte en comisión y por decreto, luego de que el Senado rechazó su pliego. Los caminos del abogado conservador se bifurcan pero terminan en el mismo lugar: la preciada Corte. Por un lado, ejerce como juez en comisión y por decreto hasta fines de 2025; por otro, la mayoría de los senadores decidieron que no podrá ser juez de la Corte por el mecanismo que plantea la Constitución. Es como si estuviera disociado en dos entidades.

En el tribunal, atravesado por el destino de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el decreto de Javier Milei, los colaboradores de los jueces se preguntan quién será capaz de inmolarse por García-Mansilla, con qué objeto. Les parece un sinsentido. “La decisión sobre si seguir o no como juez en comisión tiene que tomarla García-Mansilla, no sus colegas”, explican muy cerca de los jueces.

El jueves de esta semana será un día clave para entender cómo sigue la dinámica en la Corte. Ese día, los jueces deben reunirse en el acuerdo semanal para despachar fallos pendientes. ¿Se presentará García-Mansilla o acatará la cautelar de Ramos Padilla? ¿Qué va a pasar con las resoluciones administrativas de la Corte -–as que generan las peleas entre los jueces– y con los fallos judiciales que ya firmó García-Mansilla en estas últimas semanas? ¿Se caen como su pliego en el Senado?

En las horas siguientes a la sesión en la que los senadores votaron contra el deseo de Milei, la caída de los pliegos de los dos postulantes a la Corte tuvo una serie de lecturas políticas que no pasaron desapercibidos en terminales peronistas que tienen un pie en el ámbito judicial. Y en el fondo aparece la figura de Fernández de Kirchner.

Se esperaba que la historia diera un vuelco de 180 grados en la sesión del jueves. En febrero lo llamativo fue que García-Mansilla logró jurar como juez del máximo tribunal y el juez federal Ariel Lijo no pudo. Lijo eligió no renunciar como titular del juzgado federal número 4 y pedir una licencia al cargo para poder asumir como ministro de la Corte por decreto, pero el máximo tribunal le negó la licencia, con un voto del flamante juez mileísta. 

Sin embargo, en las puertas de la sesión del jueves Lijo era el único de los dos candidatos que contaba con despacho favorable en la comisión de Acuerdos, paso previo a que los senadores voten en el recinto. García-Mansilla sumaba solo firmas de rechazo. Todo indicaba que Lijo tenía muchas más chances que su compañero de candidatura.

En los meses previos se especuló con que el peronismo-kirchnerismo podía llegar a negociar con el Gobierno aprobar los pliegos de los candidatos a la Corte a cambio de que se completen las vacantes en un sinfín de juzgados federales y se amplíe el número de miembros del máximo tribunal. Así Fernández de Kirchner podría definir una candidata propia como jueza cortesana: “Si ellos tienen sus monstruos, nosotros tenemos los nuestros”, planteó entonces a elDiarioAR una senadora alineada con la expresidenta.

En ese ida y vuelta se nombraba como pasamanos a Sebastián Amerio, secretario de Justicia Nacional y delfín de Santiago Caputo; al senador camporista Wado de Pedro; y al armador peronista Juan Manuel Olmos. Pero lo que se manejó siempre de manera crítica, con oscurantismo y especulaciones, terminó de estallar con la jura de García-Mansilla y la no-jura de Lijo. 

En medio de ese berenjenal cortesano, el máximo tribunal recibió la causa judicial de la expresidenta por el caso Vialidad, en el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. 

Cuando el expediente llegó a la Corte para analizar las condenas y absoluciones, Fernández de Kirchner recusó a García-Mansilla para que no intervenga en la causa y Milei declaró que “va a ir presa”. Se empezó a especular con que la Corte podría acelerar los tiempos y confirmar rápidamente la condena contra la exmandataria, dejar la sentencia firme y obligarla a ir presa y quedar inhabilitada para postularse este año en las elecciones.

En el máximo tribunal, aseguran que eso no sucederá y que el trámite de la causa contra Fernández de Kirchner tramitará con la normalidad (y lentitud) habitual. Nada de tiempos exprés. El reloj está a cargo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien maneja ciertos tiempos de los expedientes. Por ejemplo, cuándo enviarlo a la Procuración General de la Nación para que el procurador interino, Eduardo Casal, dictamine la posición del organismo sobre el caso. Es el primer paso antes de que los jueces analicen la causa. Puede demorar un año en manos del Procurador. O no. Depende ahora dle reloj de Casal.

Pero, claro, también hay factores externos: la presión política, la presión mediática, destacan en el tribunal.

Con García-Mansilla fuera de la Corte, se dilataría aún más una decisión sobre el futuro de Fernández de Kirchner. Salvo que Ricardo Lorenzetti se alinee con Rosatti y Carlos Rosenkratz, el máximo tribunal debería apelar a conjueces para alcanzar el mínimo de tres firmas para definir sobre la cuestión. Mientras tanto el tiempo electoral sigue corriendo y la fecha para definir candidaturas –tanto para la elección nacional, que es en octubre, como para la bonaerense, aún en suspenso– se acerca a pasos agigantados.

“La más beneficiada con lo del Senado fue Cristina. Se le dio una sobreviva, se le dio vuelta el reloj de arena”, interpretó un operador que ha entrado a la oficina principal del Instituto Patria. 

“El kirchnerismo buscó esa jugada y le salió bien. A qué conjueces va a llamar Rosatti para definir la suerte de Cristina. Ahora se le complican los tiempos al Gobierno”, planteó otra fuente que siguió muy de cerca el proceso de los pliegos de Lijo y Mansilla. 

Con una derrota que se avecinaba ya desde el comienzo de la semana, el manotazo de ahogado de la Casa Rosada fue intentar que ni siquiera haya sesión. Pero fracasaron los intentos de Guillermo Francos de convencer a los gobernadores peronistas para que no den quórum y tampoco pudo negociar con otros espacios, como los radicales Martín Lousteau o Pablo Blanco. Sin contar con lo caro que le salió la expulsión de Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza (LLA). El jefe de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi, hizo contorsiones para que Santiago Caputo retirara los pliegos pero también fue en vano. “Querían postergar la sesión, pero lo que pasó con los jueces por decreto más el caso $LIBRA envalentonó a la oposición”, contó una voz.

El último intento del oficialismo fue avanzar en el Senado con Ficha Limpia, proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados: la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para el miércoles 9, mismo día en que la CGT apoyará la marcha de los jubilados y un día antes de la huelga de 24 horas. 

En caso de ser sancionada la ley, impulsada por LLA y el PRO, quitaría de la carrera electoral a Fernández de Kirchner porque impide que cualquier persona condenada en segunda instancia se presente a un cargo electivo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión contra la expresidenta en la causa Vialidad, la expresidenta presentó su recurso ante la Corte para revertir ese fallo y sólo queda que el máximo tribunal decida si deja o no firme la sentencia. Al final, todo termina en el mismo lugar.

ED/MC/MG

El jefe de Gabinete Guillermo Francos volvió a defender el asiento de García-Mansilla en la Corte Suprema tras el rechazo de su designación por parte del Senado. Sostuvo que más allá de la Cámara Alta, la Corte ya convalidó la decisión del Gobierno de nombrar a estos jueces en comisión hasta el 30 de noviembre.

Y agregó que no le “preocupa demasiado” los dichos del Ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti ya que el propio Lorenzetti participó de la ceremonia de toma de juramento de García-Mansilla. “A veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia”, dijo.

Lorenzetti había dado a entender que su compañero en el máximo tribunal, Manuel García-Mansilla, no debió asumir por un decreto presidencial. Para el magistrado fue “respetable” la opinión del Senado que el jueves rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal. “El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los Candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”, había expresado.

Por su parte, Francos insistió en que “el último órgano que sanciona la constitucionalidad de un acto es la Corte Suprema; y la Corte ratificó los decretos del presidente Milei designando en comisión a García-Mansilla y al juez Lijo”.

En este sentido, el jefe de Gabinete agregó que “no hay reparo sobre la atribución del presidente para designar jueces en comisión”.

Al fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien le ordenó García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales, Francos le atribuyó intencionalidad política y falta de fundamentos. “De lo que resolvió el juez kirchnerista Ramos Padilla, juez federal en La Plata, (creo que) fue con intencionalidad política. Tenía escrita su resolución antes de que saliera la del Senado rechazando los pliegos. Me preocupa poco lo de Ramos Padilla porque no tiene fundamentos”, concluyó.  

Manuel García-Mansilla aún continúa como magistrado del máximo tribunal hasta tanto no presente su renuncia. Él mismo dejó trascender que le pedirá una opinión al resto de los supremos antes de tomar una decisión, pero ya recibió presiones públicas y por lo bajo para que dé un paso al costado. El académico, hasta hace poco decano de la facultad de Derecho en la Universidad Austral, todavía ocupa la oficina que dejó Juan Carlos Maqueda cuando dejó de ser juez en diciembre pasado, al cumplir 75 años.

Rechazado su pliego como juez de la Corte Suprema por prácticamente dos tercios de los votos en el Senado, Manuel García-Mansilla aún continúa como magistrado del máximo tribunal hasta tanto no presente su renuncia. Él mismo dejó trascender que le pedirá una opinión al resto de los supremos antes de tomar una decisión, pero ya recibió presiones públicas y por lo bajo para que dé un paso al costado.

Fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR al cierre de esta nota plantearon que aún no hubo una comunicación formal al menos con el titular de la Corte, Horacio Rosatti, y su segundo, Carlos Rosenkratz. Temprano esta mañana salió a hablar Ricardo Lorenzetti, que veladamente le pidió que se corra del cargo y aseguró: “Yo no hubiera aceptado asumir por decreto”.

Operadores de la Justicia en contacto con este medio afirmaron, a su vez, que García-Mansilla en los hechos no es más juez de la Corte. “No puede entrar a su despacho, lo tiene que sacar la fuerza policial si no se corre”, dijo con vehemencia una fuente que conoce los pasillos de Tribunales y de Comodoro Py. El académico, hasta hace poco decano de la facultad de Derecho en la Universidad Austral, ocupó la oficina que dejó Juan Carlos Maqueda cuando dejó de ser juez en diciembre pasado, al cumplir 75 años.

La salida de García-Mansilla parece tan escandalosa como su ingreso. Juró en la Corte en una reunión que no fue transmitida públicamente, sino que se supo una vez que ya había ocurrido, y que según informó el propio tribunal -ante un pedido de acceso a la información que hizo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez- no tuvo ni siquiera recaudos administrativos y burocráticos.

“Te lo dice el originalismo, la deliberación, el neoconstitucionalismo y el bidartcampismo, Manuel tenés que renunciar por el bien de la República y para evitar una crisis de legitimidad de la CSJN sin precedentes”, tuiteó hoy Gil Domínguez.

El profesor de Derecho Constitucional (UBA/Austral) Jorge Alberto Diegues, tras un largo hilo en redes sociales, expresó: “Ante la decisión adoptada por el Senado el día de hoy, el tiempo constitucional de los jueces de la Corte nombrados el pasado 26 de febrero ha terminado. En el sistema constitucional argentino, ningún magistrado puede ser miembro del Poder Judicial con el rechazo expreso del Senado. Esa y no otra es la recta interpretación de la Constitución Nacional. Es el Senado de la Nación, como lo dice la Constitución, quien tiene (y espero siga teniendo) la última palabra”.

Con el resultado en contra del Senado, hoy mismo salió de su ostracismo Lorenzetti para presionarlo. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo en radio Mitre, y planteó: “El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”.

Hasta ahora García-Mansilla se aferra al cargo porque está sostenido políticamente por el Gobierno, donde se interpreta que su rol en comisión dura hasta el fin del actual periodo legislativo, que termina el 30 de noviembre. Pero un sinfín de especialistas ya plantearon que estaría violando la Constitución y que mantenerse como supremo sería un delito. Por caso, el juez Alejo Ramos Padilla le ordenó abstenerse de firmar fallos en la Corte. Ayer mismo, antes de conocerse la votación en la Cámara alta, García-Mansilla, despachó al menos unas 50 sentencias.

En la Corte el clima que se encontró esta mañana fue de extrema incertidumbre. “Silenzio stampa”, graficó una fuente del Palacio de Tribunales. Llamó la atención el trascendido de que García-Mansilla iba a consultarle a sus colegas. “Básicamente, no hay nada regulado sobre esto”, planteó un vocero consultado.

Al menos Lorenzetti le soltó la mano: “Yo no puedo opinar porque son temas juridicos. El doctor García-Mansilla es una persona honorable, que esta trabajando con nosotros, y él es el que va a opinar sobre esto. Dirá 'yo consideró que voy a continuar' o 'no voy a continuar’. Es una decisión personal que él estará evaluando”, planteó el supremo que supo ser presidente del tribunal.

“Es un usurpador este juez de la Corte. Hay un delito”, afirmó un juez federal con mucha experiencia a elDiarioAR. “García-Mansilla está en aprietos; resultó ser el más político. Tiene que renunciar. Y además quedó muy desprestigiado como experto académico”, comentó un operador judicial.

Una cuarta fuente insistió con la idea de que García-Mansilla ya está afuera del ámbito judicial: “Puede caminar por Tribunales o por Comodoro Py como cualquier persona, pero legalmente ya no puede estar más en su despacho”.

MC

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, señaló que “es respetable” la opinión del Senado que el jueves rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal.

“El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los Candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”, expresó.

Además, tras asegurar que el futuro de García-Mansilla, el juez que asumió “en comisión” por un decreto del presidente Javier Milei, dependerá de una decisión personal, indicó: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

“Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Además, indicó: “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

Para Lorenzetti, “en estas situaciones, lo importante es ser claro, aplicar el Derecho, sino creamos una confusión muy perjudicial para la gente. Hay que ser muy serios”, sentenció. Y agregó: “La decisión del Senado hay que respetarla, no hay ganadores o perdedores. Soy muy respetuoso de las instituciones. Respeto al doctor Lijo”.

Sobre la decisión que debe tomar el máximo tribunal frente al recurso de queja que presentó Cristina Fernández de Kirchner y la recusación de García-Mansilla, en el marco de la causa Vialidad, por la que está condenada, Lorenzetti explicó: “Lo que entra en el tema de Vialidad es una queja porque no le concedieron un recurso. La Corte tiene que analizar si es correcto o no, y es un tramite interno muy transparente. Hay que dar una imagen institucional fuerte para la población”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

Apenas conocida la decision del Senado de frenar la incorporación a la Corte Suprema de los candidatos propuestos por el Gobierno, l juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar y le ordenó a Manuel García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales .

Es que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral fue designado en comisión por el presidente Javier Milei para ocupar un puesto en la Corte Suprema. La votación en contra del Senado da marcha atrás con esa designación.

En la cautelar, de cumplimiento obligatorio, Ramos Padilla advirtió que la situación de García-Mansilla “compromete gravemente el cumplimiento de los estándares constitucionales e internacionales de independencia e imparcialidad judicial”.

La medida de Ramos Padilla es en respuesta a la presentación realizada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°2. Los abogados entienden que la incorporación de García-Mansilla a la Corte  vulnera la independencia judicial.

Para Ramos Padilla, el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional impide que un juez designado en comisión ejerza funciones jurisdiccionales, en tanto no haya recibido acuerdo del Senado. La cautelar es , de cumplimiento obligatorio, fue adoptada a través de una resolución firmada este miércoles, en el marco de una Ambos impugnaron la designación de García-Mansilla , por entender que

“La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo el juez. Además, enfatizo que se trata de una “condición esencial para la validez del nombramiento” y que, en su defecto, “no puede válidamente ejercer la función jurisdiccional”.

Con información de Noticias Argentinas

El revés era previsible, pero no por eso dejó de doler. A las 20.30 del jueves, el tablero electrónico del Senado confirmó lo que en Balcarce 50 venían temiendo en silencio desde hacía días: los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos candidatos que Javier Milei había designado por decreto para completar la Corte Suprema, habían sido rechazados. El resultado fue claro: el juez federal recibió 27 votos a favor y 43 en contra y el jurista, que ya asumió en la Corte, recibió 51 votos en contra: más de dos tercios del recinto. Pero lo que terminó de dejar al desnudo la fragilidad del oficialismo no fue la matemática parlamentaria sino la falta de control sobre el tablero institucional.

Milei se enteró de lo sucedido desde el exterior. Estaba en Estados Unidos, buscando su foto con Donald Trump y explorando terminar de concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Buenos Aires, mientras tanto, se desmoronaba la principal jugada política de su asesor más influyente. Santiago Caputo había diseñado la estrategia con un diagnóstico implacable: no hay mayorías legislativas, pero hay tiempo y hay audacia. El plan parecía simple: aprovechar el receso del Congreso, designar por decreto a los candidatos, darles un poco de aire con una jura exprés, y empujar luego el acuerdo parlamentario como si fuera apenas una formalidad. Nada salió como estaba previsto.

En un gobierno que se jacta de no negociar con la política tradicional, la votación del Senado fue algo más que una derrota. Fue la confirmación de que hay límites que ni siquiera un presidente en modo guerra puede forzar sin consecuencias. Lijo permanecerá en su juzgado en Comodoro Py, despojado de la proyección suprema que había imaginado. García-Mansilla, en cambio, parece elegir resistir. Juró en febrero como juez de la Corte y en el Gobierno sostienen que se quedaría hasta noviembre, pese a la negativa explícita del Senado. En la Casa Rosada avalan esa decisión y dan a entender que la única manera de removerlo de su cargo sería a través de un juicio político.

“García Mansilla va a seguir hasta el 30 de noviembre”, aseguró este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según el funcionario, la continuidad del catedrático “es sin perjuicio de lo que defina el Senado”. Y añadió que, “de la misma manera, si su pliego se rechaza en este Congreso, el próximo que se instale a partir del 10 de diciembre va a ser otro y el Presidente podrá insistir con estos pliegos u otros para que sean tratados” en la Cámara alta. A esta altura, no está claro si el conflicto es institucional, jurídico o simplemente político. Lo único claro es que está abierto.

El punto de inflexión fue la resolución 176/2025 de la Corte Suprema, firmada a comienzos de marzo por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio García-Mansilla, que dejó sin efecto la licencia extraordinaria que Ariel Lijo había pedido para dejar en pausa su juzgado federal. Con ese fallo, la Corte no solo cerró la puerta jurídica a su incorporación inmediata, sino que le marcó un límite al experimento institucional del oficialismo.

La sesión de este jueves fue un capítulo aparte. A la ofensiva del peronismo, que garantizó sus 34 votos, se sumaron los senadores de la UCR y el PRO. Hubo contactos de último momento, incluso un pedido de Eduardo Vischi, el jefe del bloque radical, a Santiago Caputo para que el Gobierno retirase los pliegos. Pero la decisión del oficialismo ya estaba tomada: que la suerte de los jueces quede en manos de los senadores.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo presente en el recinto, en su rol de presidenta interina por el viaje del mandatario. En su lugar, el senador Bartolomé Abdala presidió un debate cargado de acusaciones cruzadas. Sin embargo, desde sus redes, la titular del Senado envió un mensaje frío pero claro: recordó que los pliegos habían ingresado “hace más de un año” y que no sería ella quien pusiera la cara por una votación que el Gobierno sabía perdida. “Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente, me encuentro en el ejercicio de la Presidencia”, escribió en X.

La publicación coincidió —o no— con un tuit teledirigido desde la cuenta que se le atribuye a Caputo, acusándola de incurrir en una supuesta ilegalidad. “Que hace la Vicepresidente de la Nación en ejercicio de la Presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso”, lanzó al mediodía @MileiEmperador, alias “John”, el avatar del asesor presidencial todoterreno, cuyas publicaciones son leídas atentamente por todo el arco político.

Pero no fue la primera vez que un viaje de Milei genera conflicto en el Ejecutivo. En diciembre del año pasado, fue el propio Presidente el que acusó a Villarruel de avanzar con la sesión para la expulsión del senador Edgardo Kueider, detenido por contrabando en Paraguay, a pesar de saber que él se encontraba en un vuelo rumbo a Italia. En ese entonces, el mandatario había argumentado que ella debía reemplazarlo y que, por ello, la sesión era inválida. La polémica también había sido motorizada, al igual que este jueves, por @MileiEmperador.

La incógnita García-Mansilla

El más perjudicado por toda esta novela es García-Mansilla. Hasta hace un mes, su pliego generaba cierta simpatía entre sectores dialoguistas. Pero su decisión de aceptar la designación por decreto y jurar sin esperar el acuerdo del Senado fue interpretada como una traición. “Nos mintió en la audiencia”, repetían en el peronismo. En el radicalismo también lo desautorizaron. Su permanencia en la Corte, para muchos, ya no es legítima. Él insiste en quedarse. Pero si lo hace, deberá lidiar con el riesgo de un proceso de destitución.

Así y todo, la posibilidad de que García-Mansilla renuncie por su cuenta no está descartada. Algunos, en la Corte y en el Gobierno, lo ven probable: no por presión política, sino por coherencia doctrinaria. Es un constitucionalista, y sabe que está ocupando un cargo que la carta magna le asigna al Senado. Pero su silencio, por ahora, se mantiene.

Lijo, en cambio, vuelve a su hábitat. No renunció nunca, no juró, y su regreso al Juzgado Federal N°4 es más una continuidad que una retirada. Eso no evita, sin embargo, que su postulación haya sido un fracaso rotundo. Lo que pudo ser su salto a la cima del poder judicial se volvió una escena incómoda: un juez que pidió licencia, que se la denegaron, que recibió un pliego rechazado y que ahora vuelve al llano como si nada.

En la Casa Rosada toman nota. Ya no se habla de avanzar con una nueva terna, ni de insistir con un acuerdo relámpago, sino de dejar que el tiempo haga su trabajo. Mientras García-Mansilla se aferra a su cargo con una legitimidad discutida y Lijo recompone su lugar en Comodoro Py, el Gobierno calcula costos y espera. En el fondo, lo que terminó de destruir la estrategia oficial fue la idea de que se podía construir poder institucional sin acuerdos. Eso que Milei creía domar a fuerza de voluntad, demuestra una vez más que también responde a reglas, ritmos y silencios que no se pueden decretar.

PL/MG

En un comunicado emitido apenas finalizó la votación, el Gobierno acusó al Senado de convertirse en “una máquina de impedir” que opera con el único fin de “obstruir el futuro de la Nación Argentina”. Según la versión oficial, los senadores rechazaron los pliegos propuestos por el presidente Javier Milei luego de dilatar la votación durante meses, priorizando sus “causas judiciales y las de sus dirigentes” por sobre el correcto funcionamiento de uno de los tres poderes de la República.

“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad”, subrayó el comunicado, apuntando al cuerpo legislativo como un “refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”.

La Casa Rosada remarcó que, durante el último año, los senadores tuvieron a disposición los pliegos de García-Mansilla y Lijo, participando en todas las instancias del proceso de selección establecido por la normativa vigente. Sin embargo, tras prolongar la votación durante meses, el Senado rechazó finalmente las propuestas.

El Gobierno señaló que esta decisión constituye una amenaza para la democracia y para la independencia judicial, al anteponer la “protección penal” de la clase política por sobre la normalización del sistema judicial. En ese sentido, el comunicado concluyó afirmando que el Presidente continuará utilizando “todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos” para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza en las instituciones.

JJD

El Gobierno jugó a todo o nada con la Corte Suprema y perdió. A un mes de la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado rechazó los pliegos en el recinto con una mayoría abrumadora. En el caso de Lijo, el oficialismo solo logró sumar 27 votos a favor y 43 en contra (con la sorpresiva abstención del riojano libertario Juan Carlos Pagotto). El caso de García-Mansilla, que apenas sí recibió 20 votos a favor, fue más devastador: el actual juez de la Corte fue rechazado para ocupar ese cargo por más de dos tercios del recinto.

Ni las llamadas de último momento de Casa Rosada, ni las promesas grandilocuentes ni las presiones electorales, surtieron efecto: el Senado rechazó los pliegos propuestos por Javier Milei y dejó a García-Mansilla en una encerrona, ya que deberá definir si renuncia o si continúa en la Corte a pesar de que el Senado le quitó su respaldo. 

Santiago Caputo logró plegar a la UCR y a las fuerzas provinciales, pero no fue suficiente. El peronismo logró habilitar la sesión con ayuda de Mauricio Macri, los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau, y un herido exlibertario, Francisco Paoltroni, y terminó de hundir, así, la estrategia que el asesor todoterreno trazó junto a Sebastian Amerio, hace más de un año. 

En el caso de García-Mansilla, solo acompañaron con su voto los seis senadores libertarios, los dos santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, los dos misioneros, Sonia Rojas Decoud y Carlos Arce, y un grupo de PRO y radicales cercanos al Gobierno. Fue el caso de Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Cristina Andrada, en el caso del PRO, y Mercedes Valenzuela (Corrientes) y Víctor Zimmermann (Chaco), en el caso de la UCR. En rechazo votó todo el peronismo y el resto de la UCR y el PRO. Fueron 51 votos en contra.

Lijo, en cambio, contó con más adhesiones de parte del peronismo. Entre los 43 votos a favor hubo avales de Carolina Moisés, los santiagueños José Neder y Claudia Ledesma Abdala, la formoseña María Teresa Gonzalez, el sanjuanino Sergio Uñac el tucumano Juan Manzur. En contra votaron, en cambio, muchos de los que no habían dado quórum pero que, al final, manifestaron su rechazo a Lijo. Este es el caso de la mayoría de los radicales, así como de algunos PRO como Luis Juez. 

Todos contra García-Mansilla

El futuro de los magistrados designados por decreto se selló apenas comenzó a sonar la chicharra y el peronismo consiguió el quórum para dar inicio a la sesión. El Ejecutivo se había negado a retirar los pliegos, como le habían rogado sus aliados en el radicalismo, y había decidido apostar todo o nada a que la sesión no se realizaría. Pero falló. Solo lograría ahuyentar al bloque radical que, a pesar de prometer que daría quórum, no bajó y dejó solos a Martín Lousteau y Pablo Blanco. También logró ahuyentar a la cordobesa Alejandra Vigo - otra que había prometido bajar y, al final, no lo hizo - y la jujeña Carolina Moises, la única peronista que pegó el faltazo al momento de la verdad. 

“Defender la Constitución Nacional no es cuestión de capricho o partidaria. ¿Los senadores que están sentados qué van a decir que situación como esta se convierta en regla?”, advirtió la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien se señaló que nunca antes se habían rechazado pliegos en el recinto porque había existido una “regla de cortesía” que suponía que el Ejecutivo los iba a retirar antes. Esta vez no sucedió. 

El principal apuntado durante todo el debate fue García-Mansilla, incluso entre aquellos que habían defendido antes su candidatura. El jurista conservador, decano de la Universidad Austral, era el único que había jurado como juez de la Corte y lo había hecho aún después de haber dicho que no aceptaría ser designado por decreto durante su audiencia en el Senado el año pasado: un episodio que se recordaría sistemáticamente a lo largo de toda la sesión. 

“Nos mintió tres veces en la cara a los senadores. Terminó aceptando. O la ambición le gana o le gana las presiones del Ejecutivo, en cualquiera de los dos casos no puede ser Juez de la Corte”, masculló Lousteau, y agregó: “Acá estamos votando por el mecanismo de designación del Presidente. Los antecedentes pasan a otro plano. El resto son excusas para avalar esta barbaridad, algo que a todas luces es inconstitucional”.

Lousteau le hablaba, así, a los pocos senadores que habían amagado con defender el decretazo de Milei bajo la premisa de que había que discutir a los candidatos y no al mecanismo. Una fue la bullrichista Carmen Álvarez Rivero, que argumentó que “las candidaturas no se evalúan según quien propone, sino por idoneidad”. Y, acto seguido, se puso a explicar que la Justicia tenía que ser independiente. 

Desde la cuenta de Twitter que se le atribuye a Santiago Caputo salieron a festejar el discurso de Álvarez Rivero. Hasta que, mientras hablaba, le recriminaron que hubiese leído todo el discurso y la senadora cordobesa respondió: “Es un orgullo para mí, me enseñaron a leer en primer grado”. Acto seguido, la supuesta cuenta de Caputo agregó: “Bueno la cagó al final”. 

Luis Juez, que votaría en contra de Lijo pero a favor de García-Mansilla, también intentó sostener la misma premisa: “No estamos analizando la constitucionalidad de un ministro. Es abstracto porque no vamos a discutir la constitucionalidad de un decreto para jurar como juez de la Corte”, argumentó.

El peronismo, sin embargo, fue tajante: la jura de García-Mansilla era inconstitucional y el magistrado tenía que renunciar una vez que el Senado rechazase su designación. “No se puede designar juez de la Corte por decreto. Los jueces no son empleados del Poder Ejecutivo, no pueden estar a tiro de la lapicera presidencial”, argumentó el camporista Martín Doñate, aludiendo al artículo de la Constitución que refiere a la designación en comisión de empleados del Poder Judicial del que se había agarrado Milei para designar a los jueces por decreto. Doñate, como luego haría Anabel Fernández Sagasti, advirtieron que cualquier fallo firmado por García-Mansilla a partir de hoy sería “nulos de nulidad absoluta”.

“No es legítimo. No puede nombrar jueces por decreto. El señor Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo. No nos den ese ejemplo porque si llegamos a volver no les va a gustar esto”, ironizó, ya sobre el final, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans. 

Algunos contra Lijo

A diferencia de García-Mansilla, Lijo, que aún no juró, sufrió menos impugnaciones. Tuvo, incluso, algún que otro apoyo suave dentro del peronismo. Por ejemplo de Moisés, quien no quiso quedarse callada después de haberse ausentado para el quórum. “Lijo tiene dictamen a favor con firmas de nuestro propio interbloque. No mezclemos las cosas. Hay un juez designado por decreto que juró, sí. Pero hay un juez con dictamen favorable que espera nuestra definición”, sostuvo la jujeña, que fue la única peronista que atinó a defender a alguno de los postulantes. 

Quien salió con los tapones de punta, en cambio, fue Paoltroni, cuya enemistad con Lijo fue lo que motivó su expulsión del bloque libertario. El formoseño, sin embargo, no olvidó quien fue quien mandó a echarlo y optó por arrastrar a Caputo con Lijo en su alocución: “Me llamó este insolente de la Casa Rosada, Santiago Caputo, y me pidió que me calle porque sabía cómo iba a votar, pero le advertí que no solo no quiero que llegue a la Corte, sino que debería dejar de ser juez”, manifestó.

Al final, Lijo solo recibiría 43 votos en contra, muchos de los cuales hubieran sido positivos si no hubiera aceptado ser designado por decreto. García-Mansilla, en cambio, apenas si logró reunir a un puñado de oficialistas y aliados libertarios. A pesar de esto, cuando finalizó el día, García-Mansilla continuaba siendo juez de la Corte y había firmado, en las últimas 24 horas, un total de 50 fallos.

MC/JJD

Javier Milei sufrirá las consecuencias de haber firmado por decreto la designación a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Un bloque opositor formado entre el peronismo, los macristas Alfredo de Angeli y María Victoria Huala, el ex libertario Francisco Paoltroni y los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco consiguió quórum en el Senado y se prepara, ahora, para voltear los nombramientos en el recinto. El Gobierno, que fracasó en su intento por desactivar la sesión, no tiene el número para evitar el rechazo.

La Libertad Avanza se rindió casi sin luchar. La UCR le había advertido al Gobierno que, si no retiraba los pliegos, no tendría otra que dar quórum. Eduardo Vischi le pidió, le rogó, a Santiago Caputo que los retirara pero no hubo manera: el asesor todoterreno decidió ir a matar o morir en el recinto y definió que la decisión quedaría en manos de los senadores. Si bien hubo llamadas presionando para boicotear la sesión hasta último momento, parecía casi una rendición.

El jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, intentó un último manotazo de ahogado en la previa de la sesión. Reunidos en el despacho de la presidencia del Senado, aunque sin la presencia de Victoria Villarruel -que reemplaza a Javier Milei en el Ejecutivo mientras el presidente está de viaje-, Atauche le pidió ayuda a los aliados para suspender la sesión. Les dijo de firmar una resolución y aplazar el debate para dentro de dos semanas, de modo de poder ganar mayor tiempo para negociar. “Confíen en mi”, les dijo el jujeño, pero del otro lado solo recibió risas. Después de la decisión de Milei de designar a Lijo y García-Mansilla por decreto ya nadie creía en la palabra de Atauche.

El último clavo en el ataúd de la designación de los jueces por decreto lo había terminado de clavar, sin embargo, Mauricio Macri. El ex presidente había bajado línea de dar quórum en la sesión impulsada por el peronismo el día anterior: era el último gran dardo de Macri en medio de la guerra total con LLA por el control de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el PRO, en efecto, y no la UCR quienes terminaron volcando el escenario en contra del oficialismo.

El grueso del quórum lo dieron los senadores de Unión por la Patria, que fueron entrando en banda poco después de que sonara la chicharra de inicio la sesión. El primero en sentarse, sin embargo, fue el radical Pablo Blanco, quien venía de librar una batalla interna en el bloque para rechazar los pliegos. Consiguió que Vischi y el resto de los radicales aliados del Gobierno se comprometieran a dar quórum y rechazar los pliegos, aunque al momento de la verdad solo bajaron al recinto él y Martín Lousteau. El resto de la UCR, en cambio, ingresó más tarde. 

“Vamos que las Malvinas son argentinas”, le gritó el puntano Fernando Salino, apenas ingresó al recinto. Blanco es fueguino y fue una de las figuras más críticas al discurso de Milei por el 2 de abril, en donde aludió al derecho de autodeterminación de los kelpers. Blanco sonrió, casi en soledad: su lado del hemiciclo estaba vacío. 

La presencia de Salino, que ingresó junto a Juliana Di Tullio, sirvió para poner fin a las especulaciones sobre lo que haría el flamante subbloque peronista Convicción Federal, que rompió recientemente con el resto de Unión por la Patria (aunque sin terminar de abandonar el interbloque) por sus diferencias con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Había dudas sobre si darían su respaldo para voltear los pliegos y, finalmente, se sentaron como el resto del interbloque peronista. Hubo una sola excepción: la jujeña Carolina Moises no dio quórum y solo sentó después de que hubiera comenzado la sesión.

Estuvo presente casi desde un principio, a su vez, el formoseño Francisco Paoltroni. El ex libertario había sido expulsado del bloque por sus críticas al nombramiento de Lijo y se cobrabra, así, su venganza ayudando al resto de la oposición para voltear los pliegos. Desde los palcos observaba el equipo de su némesis en el Gobierno, Santiago Caputo.

Ante la ausencia de gran parte del bloque radical y de la peronista Moisés, quien terminaró de definir el partido fue el PRO. El jefe de bloque amarillo, Alfredo de Angeli, fue uno de los primeros en bajar. Así como la pampeana María Victoria Huala. Ambos senadores que responden directamente a Macri y que demostraron, con su presencia, que el ex presidente había decidido jugar en contra del Gobierno.

Hubo varios que prometieron que darían quórum y, sobre el final, se ausentaron. La mayoría del bloque radical, con figuras críticas como Carolina Losada y Maximiliano Abad, por un lado. Pero también la cordobesa Alejandra Vigo, que integra el bloque que preside “Camau” Espínola y había tuiteado, hace un mes, que colaboraría para rechazar los pliegos y, al final, no dio quórum.

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Javier Milei no tiene los votos para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado. No los tuvo hace un año, cuando propuso sus candidaturas y amagó con cerrar un acuerdo más amplio con el peronismo para completar la Corte Suprema. No los tuvo hace un mes, cuando decidió avanzar vía DNU y Horacio Rosatti solo le tomó juramento a uno: García-Mansilla, el decano de la Universidad Austral que prometió, antes de jurar, que nunca asumiría vía decreto. Y no los tiene ahora, cuando, a partir de las 14 horas, la oposición abra el recinto para voltear los pliegos. El Gobierno tiene una sola carta disponible y es vaciar la sesión antes de que comience. El quórum es una moneda en el aire y, hasta que suena la chicharra, todos los alfiles juegan.

Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Sergio Massa, Santiago Caputo, Guillermo Francos: todas los grandes líderes de la oposición y el oficialismo se pusieron a levantar el teléfono para medir voluntades. En Casa Rosada se mueven con sigilo: para afuera manifiestan querer dar la discusión por terminada —“Que se sienten y voten”, es una frase que se repite en las filas libertarias—, pero para adentro siguen conversando y negociando con los senadores del peronismo y del radicalismo. Saben que no tienen los votos para aprobar los pliegos —se necesitan los dos tercios—, por lo que el objetivo es impedir que Unión por la Patria llegue al mágico número de 37 para el quórum. 

Hay otra salida elegante, que es retirar los pliegos. Pero pese a las súplicas de los gobernadores radicales, el Gobierno se niega. Los mandatarios aliados insisten, ruegan: si el Ejecutivo retira los pliegos —como hicieron siempre los oficialismos ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo en el Senado— no había sesión y se acababa el asunto. La propia Victoria Villarruel, incluso, le había sugerido a su Gobierno que avanzara en esa línea: le prometía conseguir los votos para retirar los pliegos —que requieren una mayoría simple— y terminar con la novela. Pero no había manera: el Gobierno quería ir a matar o morir en el recinto y, en su cruzada, arrastraba a los aliados.

La UCR estaba en una encerrona: no podía acompañar la designación de los jueces por decreto pero no se animaba a oponerse abiertamente al Gobierno. Los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau presionaban, puertas adentro, para voltear los pliegos, pero el resto de la bancada se resistía. Especialmente aquellos que responden a los gobernadores radicales de Mendoza, Chaco y Corrientes. El jefe de bloque, Eduardo Vischi, se reunió con Caputo en su oficina de Casa Rosada y le explicó que, si no retiraban los pliegos, su bloque insistiría por el rechazo. Y así fue: unas horas después, luego de una breve reunión de bloque, la UCR definió que daría quórum para rechazar los pliegos de Javier Milei. 

Con la UCR en la cancha, la posibilidad de llegar al quórum resulta casi inevitable. Ya hace tiempo que el jefe de la bancada de UxP, José Mayans viene afirmando que tiene “más de 30 votos” para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Pero al momento de contar los votos para dar quórum el número se volvía, sin embargo, más elusivo. El problema eran los gobernadores peronistas, que se resisten a soltarle la mano a Lijo —ya sea por amistad o por temor a que hubiera consecuencias judiciales en Comodoro Py— y que amenazan con vaciar la sesión antes de que comience. 

De acompañar los radicales, sin embargo, el cristinismo podría suplir las cuatro o cinco ausencias propias —la mayoría provenientes del nuevo subbloque peronista llamado Convicción Federal, que rompió con UxP por su rechazo a la conducción de CFK— con las presencias radicales. Aunque varios peronistas sospechan: el recuerdo de la creación de la comisión investigadora por el caso $Libra está presente en la mente de muchos, que sospechan que si Vischi se animó a votar en contra de un proyecto de su autoría fácilmente podría ausentarse en una sesión que perjudica al Gobierno.

Los radicales, sin embargo, no son los únicos que juegan. En las últimas horas, varios senadores del PRO comenzaron a deslizar la posibilidad de dar quórum. Una es Guadalupe Tagliaferri, que es la presidenta de la comisión de Acuerdos y firmó uno de los dictámenes de rechazo al pliego de García-Mansilla. Pero no solo ella: Alfredo de Angeli, el presidente del bloque PRO, también advierte que podría bajar a dar quórum. De Angeli fue designado como jefe de bloque luego de la renuncia de Luis Juez, quien fue acercando posturas a Javier MileI, y responde directamente a Mauricio Macri. 

Macri ya había manifestado su rechazo a la designación de Lijo y, en medio de la guerra declarada por el control de la Ciudad de Buenos Aires, está dispuesto a subir la apuesta.

Los números para el rechazo

El principal desafío de la oposición será conseguir los 37 para el quórum porque, una vez iniciada la sesión, el rechazo a los pliegos será casi un trámite. Solo se necesitan 25 votos para rechazar los pliegos y, en ambos casos, UxP tiene el número para voltear a los magistrados. Aunque será un tetris compuesto de voluntades contrapuestas.

En el caso de Lijo, el mayor dolor de cabeza lo tendrán los peronistas. Especialmente quienes responden a los gobernadores y son quienes vienen negociando cargos en la Justicia Federal a cambio de no dinamitar los planes del Gobierno. Se espera que, en el caso del juez federal, haya al menos una docena de peronistas que no acompañen el rechazo. El cristinismo, sin embargo, podría conseguir fácilmente el número con el PRO y la UCR: dos partidos que nunca quisieron mucho a Lijo. 

El caso de García-Mansilla es más sencillo, ya que todo UxP está en contra de su designación. Se podría dar la situación paradigmática, incluso, de que el actual juez de la Corte Suprema sea rechazado por casi todos los bloques del Senado. Lo que abriría una incógnita que supera lo que pueda suceder el jueves, ya que el Gobierno advierte que García-Mansilla seguirá en el cargo hasta fin de año aunque se rechace su pliego. Es decir que podría haber un juez de la Corte cuya designación fue rechazada por el Congreso firmando fallos hasta fin de año. Un escenario que tiene todos los condimentos de una futura crisis institucional.

MC/JJD

El teléfono de José Mayans no paró de sonar en los últimos días, pero el titular del interbloque de Unión por la Patria no fue el único que sufrió el asedio: en distintos puntos del país, senadores y gobernadores peronistas fueron convocados con insistencia. A solo cuatro días para la sesión del Senado para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, Guillermo Francos está en pleno operativo seducción. El Gobierno necesita frustrar la convocatoria: sabe que no tiene el número para ratificar los pliegos, así que buscará, de mínima, evitar que se los rechacen en el recinto. Depende de los gobernadores, que en general le han sido fieles aliados hasta ahora, pero esta vez podría no ser suficiente.

Victoria Villarruel les consiguió tiempo. Enemistada con Javier Milei y el triángulo de hierro, la vicepresidenta ensaya diversos gestos de autonomía pero sin llegar nunca a un desafío abierto. Por lo que cuando la Casa Rosada le pidió que pateara la sesión pedida por Unión por la Patria para ganar aire, acató y se lo consiguió. Tiempo para negociar, tiempo para presionar, tiempo para convencer a la oposición que había convocado una sesión con el objetivo de voltear, por primera vez en la historia institucional argentina, los pliegos del Ejecutivo para la Corte Suprema. 

Hay muchas cosas para negociar y el Gobierno presiona por diferentes flancos, pero la oferta principal, por estas horas, está vinculada a los cargos vacantes del Poder Judicial. Existen más de un centenar de lugares vacíos en juzgados federales y nacionales en distintas provincias. Varios, incluso, en Comodoro Py, que es donde se juzgan los delitos vinculados a la corrupción. La Casa Rosada negocia nombres con gobernadores peronistas y radicales, buscando atraer votos en favor de los pliegos de García-Mansilla y Lijo a cambio de ofrecer candidatos a juzgados federales que sean afines a los mandatarios. 

No es la única herramienta de presión que tiene el Gobierno —el desembolso de $120.000 millones a la provincia de Chaco, gobernada por el aliado radical Leandro Zdero, días atrás fue solo una demostración de que el Gobierno, si así lo quiere, está dispuesto a girar fondos—, pero sí la más efectiva por estas horas. El Ejecutivo está decidido a sostener los pliegos y arriesgarse, así, a que se los volteen en el recinto, por lo que está poniendo toda la carne en el asador.

Los funcionarios de Javier Milei incluso amagaron con volver a poner sobre la mesa la discusión de la ampliación de la Corte Suprema. Es un intento desesperado por volver a arrimar posturas con Cristina Fernández de Kirchner, quien había intentado negociar originalmente con el Gobierno bajo la condición de que pudiera poner a una candidata propia en la Corte. Las conversaciones, sin embargo, terminaron en la nada. Por lo que cuando Milei decidió designar a García-Mansilla y Lijo por decreto, CFK terminó fallando en favor de voltear los pliegos en el recinto. 

El Gobierno, ahora, vuelve a ofrecer la carnada de la ampliación de la Corte, pero en el cristinismo ya cerraron filas: están decididos a ir el jueves 3 al recinto y voltear los pliegos. Confían en que los 34 senadores de UxP darán quórum, pero la Casa Rosada presiona y más de uno desconfía de que, al momento de la verdad, todos bajen al recinto.

A eso suma el nuevo encono con Cristina: la arenga que lanzó Milei de que la expresidenta “irá presa”. Justo este inicio de semana la jefa del PJ presentó un recurso de queja ante la Corte y recusó a García-Mansilla. La cancha luce embarrada.

Por amor y por temor: la debilidad del peronismo por Lijo

El peronismo se siente cómodo con Lijo: eso no es una novedad. Especialmente los gobernadores peronistas, que tienen un buen vínculo con el juez federal y estaban dispuestos a votar su pliego en el caso de que el Gobierno lo llevara al recinto. Su dictamen, incluso, consiguió la firma de todos los senadores peronistas que integran la comisión de acuerdos: Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac y Claudia Ledesma Abdala (la esposa del gobernador santiagueño Gerardo Zamora).

La decisión de Milei de designar a los dos jueces de la Corte por decreto -García-Mansilla juró, Lijo no porque la Corte no le aceptó la licencia- terminó cambiando el panorama, sin embargo. UxP denunció que la designación era “inconstitucional” y convocó a una sesión para voltear los dos pliegos. El de Lijo, el preferido de los gobernadores, incluido. 

Pero había un problema: si bien la conducción cristinista del interbloque -con Mayans y Juliana di Tullio a la cabeza- había definido que no se podía ratificar a un juez de la Corte que había aceptado ser designado por decreto, los gobernadores peronistas no pensaban lo mismo. Incluso el formoseño Gildo Insfrán, uno de los gobernadores más opositores a Milei, se resistía a soltarle la mano a Lijo.

Había varios motivos. Para algunos, Lijo era “de confianza”. Muchos gobernadores mantienen un buen vínculo con Lijo y se muestran cómodos con la idea de tener un aliado en la Corte Suprema. “Una vez que jure no va a ser más amigo”, les suele reprochar un senador peronista que tiene diálogo fluído con toda el ala más enemistada con CFK. Es la misma ala que, la semana pasada, rompió la unidad de UxP y armó un subbloque.

Los que decidieron dar un paso al costado fueron Fernando Salino (San Luis), Guillermo Andrada (Catamarca), Fernando Rejal (La Rioja) y quien orquestó la fractura, Carolina Moisés (Jujuy). Cada uno tiene sus motivos para haber roto -Moisés fue dejada fuera del armado del PJ jujeño por La Cámpora, Andrada responde a Raúl Jalil y busca mayor autonomía a la hora de votar algunas leyes de Milei-, pero todas están relacionadas a una resistencia a la conducción de CFK. Y la mayoría se prepara, de cara a esta semana, a acompañar el pliego de Lijo.

No son los únicos. En UxP hay más de una docena de senadores que está dispuesta a acompañar el pliego del juez federal. Varios por afinidad, pero no todos: muchos gobernadores le tienen miedo, más que amor. Temen que haya represalias en el caso de no respaldar su pliego en el recinto. Lijo reina, después de todo, en Comodoro Py.

En el cristinismo, sin embargo, buscan mostrar confianza y aseguran que, en la última reunión de interbloque, todos los senadores aseguraron que estarían presentes para dar quórum. Después pedían libertad de acción. De ser así, el peronismo estaría muy cerca de voltear los dos pliegos, ya que al momento de votar solo necesitaría 25 adhesiones para hacerlos caer (es decir, un tercio del recinto). El número difícil, en cambio, es conseguir los 37 para el quórum.

De todos modos, aunque el peronismo tenga presencia perfecta, UxP continuará necesitando ayuda. Y ahí es cuando intervienen tres figuras claves: los radicales Martin Lousteau y Pablo Blanco y la larretista del PRO, Guadalupe Taglaiferri. Estos tres senadores opositores no peronistas fueron claves para poder habilitar la convocatoria a la sesión y vienen trabajando, con más bajo perfil, para rechazar los pliegos. 

El rol de Lousteau, Blanco y Tagliaferri es clave no solo porque podrían habilitar el quórum: su mayor valor reside en que pueden convencer a otros radicales y aliados del Gobierno, como el exlibertario Francisco Paoltorni, para participar de la sesión opositora. El objetivo es poder equilibrar las ausencias imprevistas que surjan de las filas opositoras al momento de la verdad. 

La clave será la UCR: los rebeldes del bloque -Lousteau y Blanco- están intentando sumar a otros senadores radicales, como Carolina Losada o Flavio Fama, para hacer masa crítica. Hubo una reunión de bloque el martes pasado, pero que no arrojó ninguna certeza. Solo se escuchó una frase, casi una constante de cada encuentro: “Tengo que ver que dice mi gobernador”. Una vez más, la partida la definirán en gran medida los mandatarios provinciales.

MC/JJD/MC

La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el Tribunal de Casación rechazara un recurso extraordinario contra un fallo en su contra.

A través de un comunicado, la exvicepresidenta denunció que el tribunal “no respondió ni trató las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas” y cuestionó la “arbitrariedad manifiesta de la sentencia”.

Además, recusó al juez de la Corte Suprema designado en comisión, Manuel José García-Mansilla, argumentando que su nombramiento por decreto por parte del presidente Javier Milei “viola la Constitución Nacional”. La exmandataria recordó que García-Mansilla había declarado en una audiencia en el Senado que no aceptaría una designación de ese tipo.

En el mismo escrito, la dirigente del PJ vinculó la decisión de recusarlo con declaraciones recientes de Milei, quien en un reportaje aseguró que Fernández de Kirchner “va a ir presa”, lo que, según ella, implica una “indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”.

Por otra parte, señaló que su partido solicitó una sesión especial en el Senado para el próximo jueves 3 de abril con el objetivo de rechazar el pliego del magistrado.

El escrito prersentado

La recusación de García-Mansilla

“No hay ninguna posibilidad de que vaya presa”

Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex presidenta y titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de que vaya presa”, en referencia a la condena a seis años de prisión recibida por la causa Vialidad.

Desde la sede del PJ Nacional de la calle Matheu, Beraldi indicó que, desde que la asesora, “Cristina nunca tuvo miedo”, que sabe cuál fue su accionar como mandataria y que este proceso “existe porque ha hecho muchas reformas que no le perdonan”.

Asimismo, sostuvo que la afirmación que realizó el presidente Javier Milei, al manifestar que “va a ir presa”, indicó que es algo “grave dentro del manejo de causas judiciales” y que un Jefe de Estado tiene “prohibido” hacer. 

Con información de agencias.

IG

Manuel José García-Mansilla defendió este martes su nombramiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizado por decreto en comisión por el presidente Javier Milei, y afirmó que su remoción antes del plazo de un año solo puede darse mediante juicio político.

“Toda vez que el nombramiento en comisión previsto en el Decreto 137/25 se hizo efectivo luego de haber prestado yo juramento, ya soy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguró el magistrado, quien subrayó que goza de las garantías establecidas en el artículo 110 de la Constitución Nacional.

En un escrito de 51 páginas, García Mansilla respondió al juez federal Alejo Ramos Padilla, que tramita una causa para impugnar su designación y la del juez federal Ariel Lijo. Allí, planteó la falta de jurisdicción del magistrado y la falta de legitimidad de los actores que impulsaron el amparo, solicitando su rechazo inmediato.

El juez recordó que fue designado para cubrir la vacante dejada por Juan Carlos Maqueda en un momento en que el Senado estaba en receso y enfatizó que su nombramiento “se ajusta estrictamente” al artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.

Asimismo, remarcó que su juramento fue tomado por los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y advirtió que cualquier intento de impugnación “atentaría contra el orden público constitucional”.

“Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución”, indicó García Mansilla, y enfatizó que su remoción solo puede darse mediante juicio político, conforme a los artículos 53 y 110 de la Carta Magna.

Según argumentó, “no existe arbitrariedad o ilegalidad” en su designación y cualquier cuestionamiento al Decreto 137/25 no es “manifiesto” como exige la Constitución para su impugnación.

Por último, alertó que la continuidad de la causa judicial en su contra comprometería el normal funcionamiento de la Corte Suprema y sostuvo que su remoción fuera del mecanismo constitucional violaría el orden institucional del país.

MM con información de la agencia NA.

El Senado de la Nación sesionará el próximo 3 de abril para definir el futuro de los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, según decretó la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel esta tarde.

La convocatoria de Villarruel responde a un pedido de sesión especial que motorizó el interbloque peronista la semana pasada con el objetivo de ir al recinto mañana jueves.

Sin embargo, al haberse tratado de un pedido de sesión especial, Villarruel podía disponer el día y la hora de la sesión; por consecuencia, retrasó la embestida de la bancada opositora.

Para esquivar las críticas, la abogada pateó para la primera semana de abril el encuentro. De esta manera, se corrió de ser el blanco de cuestionamientos por mantener el Senado cerrado y le pasó la pelota a la Casa Rosada y a los integrantes del cuerpo.

Los pliegos de García Mansilla y Lijo ya están listos para ser debatidos en el recinto. El último en quedar en condiciones fue el del abogado constitucionalista, que ya asumió en la Corte Suprema en febrero, tras ser designado -junto a Lijo, que no pudo asumir- por decreto.

Tras el decretazo del presidente Javier Milei, el peronismo y los solistas Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) motorizaron dos dictámenes en apoyo a la candidatura a la Corte de García Mansilla y habilitar su tratamiento en el recinto. 

Con información de la agencia NA

El Gobierno no tiene respiro. En las últimas 24 horas la oposición avanzó con la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA, dos diputados libertarios terminaron a las trompadas y la represión encabezada por Patricia Bullrich derivó en un pedido de renuncia de la ministra de Seguridad. Y, como frutilla del postre, el Senado activó el mecanismo para rechazar el pliego de Manuel García Mansilla en el recinto. El peronismo ya convocó a una sesión y buscará voltear la designación del juez de la Corte designado por un decreto de Javier Milei. 

Fue una maniobra de pinzas, orquestada por Unión por la Patria, por un lado, y la dupla Guadalupe Tagliaferri (PRO)-Martín Lousteau (UCR), por el otro. Temprano a la mañana, Tagliaferri convocó a la comisión de Acuerdos para igualar la situación de García-Mansilla a la de Ariel Lijo: el objetivo era ratificar las firmas del dictamen del jurista conservador para poder llevar ambos pliegos al recinto y rechazarlos solo con un tercio del recinto (25 votos). Sin el dictamen, la oposición necesitaría dos tercios para poder rechazar el pliego de García-Mansilla “sobre tablas”: un número imposible de conseguir.

La semana pasada, esta misma avanzada opositora multipartidaria había avanzado en dictaminar el pliego de García-Mansilla para dejarlo preparado para el recinto. Pero había saltado un problema reglamentario: Taglaferri argumentaba que la firma de José Mayans podía no ser aceptada, ya que no había participado de la audiencia pública protagonizada por el flamante juez de la Corte. Había, a su vez, otro motivo: un sector de la oposición buscaba presionar al resto del radicalismo para que se alineara detrás de la embestida contra las designaciones por decreto.

Y es que si bien el objetivo era presentar las nueve firmas -la mitad más uno de la comisión- para dejar listo el pliego, el protagonismo de la jornada se lo terminó llevando la interna radical. Fue Lousteau quien puso el dedo en la llaga apenas comenzó la reunión. “La verdad es que soy calentón, pero no hipócrita y lo voy a decir: me da vergüenza, hoy, mis compañeros de bloque vinieron cuando ya había quórum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión no se hiciera”, lanzó el presidente de la UCR, enojado por la decisión del oficialismo de vaciar la comisión.

Al lado, solo separado por la figura de Francisco Paoltroni, estaba Maximiliano Abad, el único radical que integraba la comisión que había dado el presente —Eduardo Vischi, el jefe de bloque, y Mariana Juri se habían ausentado, en coordinación con la estrategia oficialista—. Abad, que sonreía incómodo mirando el techo mientras Lousteau hablaba, no se quedó atrás, sin embargo. “Tengo respeto político por aquellos dirigentes políticos que forman parte de colectivos, no de individualidades y que no se miran todo el tiempo el ombligo, y que se creen que son más dirigentes políticos porque denostan al resto”, lo cruzó.

El mal humor de Lousteau, sin embargo, estaba direccionado hacia el resto de la bancada que, a excepción de Pablo Blanco, se resistía a voltear el pliego de Lijo. Ya la semana pasada el senador porteño había intentado empujar al resto del bloque a firmar un dictamen de rechazo del pliego de García-Mansilla, pero sin éxito: la mayoría de los senadores responden a gobernadores radicales que no tienen interés en enemistarse con el gobierno nacional. Las únicas dos figuras que podrían acompañar, además de Blanco y Lousteau, son Abad y Carolina Losada.

Sesión para voltear a Lijo y García-Mansilla

Luego de firmados los dos dictámenes —uno de rechazo de Lousteau y Tagliaferri y otro en disidencia de UxP—. El interbloque peronista firmó un pedido de sesión para el próximo jueves al mediodía. El objetivo es tratar ambos pliegos: el de Lijo, que nunca juró porque la Corte Suprema le rechazó su pedido de licencia como juez federal, y el de García-Mansilla, quien ya ejerce como juez de la Corte por decisión de Horacio Rosatti. 

La estrategia para voltear ambos pliegos, sin embargo, será enrevesada. Y el principal problema es el apoyo que Lijo todavía tiene entre algunos senadores del peronismo, que podrían resistirse a sentarse a dar quórum. García-Mansilla, cuya designación sólo es defendida por el PRO y el oficialismo, no genera controversias —todo el peronismo está unido en su rechazo—, pero el respaldo de los gobernadores peronistas a Lijo podría hacer tambalear la sesión.

En la bancada de UxP, que comanda Mayans, se muestran confiados en que la mayoría de sus senadores se sentarán al momento del quórum, y especulan con poder sumar otras adhesiones para hacer de contrapeso por si hay sorpresas. Lousteau, Tagliaferri y Blanco participarán de la sesión y, si hubiera presencia perfecta de UxP (34 senadores), alcanzaría para el quórum. Pero hay otras figuras que podrían robustecer el número.

Una es Paoltroni, el formoseño que fue expulsado del bloque libertario por cuestionar la candidatura de Lijo y que, últimamente, viene negociando con el peronismo. La otra es la senadora cordobesa Alejandra Vigo, aliada habitual del Gobierno que, sin embargo, cuestionó la decisión del Ejecutivo de designar a los dos jueces por decreto. Los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, mientras tanto, son otra carta posible. Así como Abad y Losada. 

El primer escollo, sin embargo, será lograr que Victoria Villarruel convoque a la sesión. La vice ya forzó el reglamento, en el pasado, para dilatar convocatorias opositoras que fueran incómodas para el Gobierno. En la oposición sospechan que, esta vez, será similar y dependerán de conseguir una mayoría para imponerse, a fuerza del número, en el recinto. 

El segundo escollo, en cambio, vendrá después de la sesión. Y es que, aunque la oposición triunfase y el Senado rechazase los pliegos, el Gobierno sostiene que García-Mansilla puede continuar siendo juez de la Corte Suprema por un año. “Ya le tomaron juramento y la Corte es corporativa”, desliza un dirigente de peso en LLA que observa, con pesimismo, que la oposición será exitosa en voltear los dos pliegos. Es así que, incluso rechazando las designaciones por decreto, el país podría encaminarse a una disputa de poderes que derive en una crisis institucional.

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La Comisión de Acuerdos del Senado se reunirá el próximo jueves para definir el futuro de Manuel García-Mansilla, el abogado que juró en la Corte Suprema luego ser nombrado por el presidente Javier Milei a través de un decreto.

El pliego de García-Mansilla cuenta con dos dictámenes de rechazo, según informó la titular de la Comisión, Guadalupe Tagliaferri. Si bien existe otro de apoyo a su candidatura, motorizado por el oficialismo, aún no fue presentado.

De esta manera, la incógnita sobre letrado podría comenzar a definirse en ese encuentro. El kirchnerismo, a la cabeza de José Mayans, y los porteños Martín Lousteau (UCR)y Tagliaferri (PRO), son los dueños de esos despachos. Ambos por separado.

La idea central de este grupo, que tendría apoyo también en un puñado de otros senadores, es también voltear el pliego de Ariel Lijo, el juez federal que se pidió licencia, pero que no pudo asumir en la Corte porque el máximo tribunal lo obliga a renunciar a su Juzgado de Comodoro Py.

Si bien el decretazo de Milei cayó mal entre los senadores, esta maniobra propuesta por este grupo complica el apoyo total de los legisladores. Algunos quieren salvar a García Mansilla y otros están más interesados en rescatar a Lijo.

Es similar a la iniciativa que tenía en principio la Casa Rosada: se aprueban ambos o ninguno. Esta tarde se reunirán los radicales después de días de indefiniciones constantes y un intento del jefe de bloque, Eduardo Vischi, de frenar la embestida de los K, Lousteau y Tagliaferri.

Hasta ayer, al pliego de García-Mansilla le faltaba una firma.

Los apuntados para aportarla eran los radicales: Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada. Losada le dijo a la Agencia Noticias Argentinas que esperaría una decisión del bloque. El resto no respondió las consultas.

De no conseguir la rúbrica para el dictamen rechazo, la alternativa que le queda a estos senadores es juntar dos tercios en el recinto y sumar así el pliego de García-Mansilla. Para el de Lijo no es necesario ya que consiguió en febrero las 9 firmas.

Con información de la agencia NA

Una vez más, los gobernadores radicales se posicionan como la última línea defensiva del gobierno de Javier Milei. En este caso, para sostener la designación por decreto de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema. Los motivos son diversos —alianzas electorales, crisis económicas, especulaciones políticas—, pero son suficientes para demorar la convocatoria de una sesión que rechace los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo. En la Casa Rosada perciben que el kirchnerismo está cerca de conseguir el número, por lo que presiona y apuesta su salvación a quienes han sido, hasta ahora, sus más fieles aliados.

La bancada radical en el Senado se encuentra en crisis. Atravesada por una fuerte disputa interna respecto a cómo responder institucionalmente a la designación por decreto de García-Mansilla y Lijo, el radicalismo ensaya una coreografía muy similar al episodio de la comisión investigadora para el caso $LIBRA; un escándalo que fracturó al bloque y expuso, como ninguna otra votación, el alineamiento automático de los gobernadores radicales con el gobierno libertario. 

Primero, la presión para avanzar de los radicales más opositores, como Pablo Blanco y Martín Lousteau, y la respuesta evasiva de los más amigables con el Gobierno, como Eduardo Vischi o Mariana Juri. Eso se observó la semana pasada, luego del operativo de pinzas orquestado junto al kirchnerismo para dictaminar el pliego de García-Mansilla y dejarlo preparado para tratarlo en el recinto. Esta estrategia respondía a la necesidad de la oposición de regularizar la situación del pliego —que, a diferencia del de Lijo, nunca consiguió las firmas necesarias— para poder rechazarlo con solo 25 votos. Sin dictamen, la oposición debía tratarlo “sobre tablas” y ahí ya necesitaba los dos tercios del recinto: un número imposible de conseguir. 

Al momento de estampar la firma en el dictamen de rechazo, sin embargo, solo estaba Lousteau. Los otros radicales integrantes de la comisión de Acuerdos, como Juri (Mendoza) o Vischi (Corrientes), pidieron tiempo para pensarlo y conversarlo con sus gobernadores. Frente a la indecisión, Lousteau terminó firmando un dictamen de rechazo con Guadalupe Tagliaferri (PRO) y, en paralelo, lo mismo hicieron los siete senadores peronistas con un dictamen propio. Estaban las nueves firmas —la mitad más uno de los integrantes— para llevar el tema al recinto, pero surgió un problema: Victoria Villarruel no reconocía la firma de José Mayans bajo el argumento de que no había estado presente en la audiencia en la que García-Mansilla expuso en el Senado. 

La discusión era técnica, pero dilataba la posibilidad de convocar una sesión. Por lo que la apuesta era esperar a que otro senador radical, Carolina Losada o Maximiliano Abad, firmase para allanar el camino. Pero, el fin de semana, se desarrolló el segundo paso de la danza: el silencio elocuente de los más críticos —Losada, Abad— y las excusas de los más concesivos con el Gobierno.

Quienes responden a los gobernadores empezaron a poner el foco en el kirchnerismo, acusándolo de no estar dispuesto a voltear el pliego de Lijo. “El que tiene la llave es el kirchnerismo, pero son ellos los que no convocan”, explicaba un senador radical norteño, buscando hacer foco en el respaldo de los gobernadores peronistas a la candidatura de Lijo. El temor era que Cristina Fernández de Kirchner estuviera negociando para ampliar la Corte Suprema con la amenaza de voltear los pliegos y que, a último momento, se negase a votar en contra de Lijo. 

La excusa, sin embargo, tuvo poco vuelo interno. “Están mintiendo. Usan ese argumento para no firmar, pero no firman por otros motivos”, admitía, por lo bajo, un senador radical. ¿Cuál era el motivo? El respaldo de los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro, todos de la UCR, al Gobierno nacional. Se consolidaba, así, el tercer paso que, en el caso de la comisión investigadora por el criptogate, anticipó la votación negativa del bloque radical.

Los motivos son varios y difieren de provincia a provincia, tal como ya contó elDiarioAR. Algunas están más atadas de manos que otras, como el caso de Chaco, que atraviesa una fuerte crisis económica y el año pasado se salvó del default solo gracias a una intervención del Gobierno nacional. Zdero depende de la Nación para sobrevivir, y no solo por la precaria situación fiscal: el temor de que el peronismo, liderado por “Coqui” Capitanich, retome el control de la provincia es una realidad muy cercana a menos de dos meses de las elecciones locales. 

Los senadores que responden a los gobernadores no anticiparon aún su postura, sin embargo. Lo harán el martes a la tarde, cuando el bloque se reúna en el tercer piso del Senado. “Que los defensores de la República expliquen por qué cambian de opinión”, provoca un dirigente radical de peso, apuntando los cañones contra Losada, quien se había manifestado en contra de la designación por decreto pero se negó a firmar el pliego de rechazo de García-Mansilla.

La incógnita, sin embargo, es lo que hará Maximiliano Abad. El senador bonaerense suele articular con Lousteau en el recinto y fue uno de los que más se enojó con Vischi, jefe de bloque de la bancada, cuando votó en contra de la creación de la comisión investigadora. Ahora, sin embargo, guarda silencio, y algunos compañeros de bloque sospechan que su negativa a colaborar con el rechazo de los pliegos está vinculada al armado electoral de la Provincia de Buenos Aires. Abad viene trabajando junto a Cristian Ritondo (PRO) para cerrar una alianza en PBA y, si bien el expresidente de la UCR bonaerense piensa más en una reedición de Cambiemos, en el PRO descuentan que el armado derivará en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. 

El panorama se aclarará este martes por la tarde, cuando el bloque se reúna y se defina convocar o no una sesión para rechazar los pliegos. El peronismo, hasta entonces, aguarda satisfecho: la pelota ahora está en la cancha del radicalismo. Necesita que una parte de la UCR acompañe con el quórum porque el kirchnerismo desconfía del accionar de los gobernadores: los mandatarios provinciales tienen mucho poder de fuego en el Senado y podrían arrastrar hasta una docena de ausencias.

 “Para voltear a Mansilla estamos todos, pero muchos quieren a Lijo. Piden que lo dejemos, que es buen tipo. Pero ese no puede ser el argumento”, masculla un dirigente peronista que dialoga con los gobernadores. Y finaliza: “Lijo podrá ser nuestro, pero infringió la ley”.

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El Gobierno se metió en una encerrona con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema. Para el primero, el número de apoyos en el Senado parece factible, pero difícil. Más allá de complicidades que atraviesan todos los bloques, entran a jugar intereses contrapuestos, como un playmobil fallado en el que siempre queda una pieza suelta y reclama lo suyo. En cuanto el segundo, el necesario aval de los dos tercios del Senado asoma imposible.

Al haber optado por la designación vía decreto, la situación se complica todavía más. El bloque de poder queda girando sobre sus contradicciones.

García-Mansilla cuenta con el aval de la elite económica y los sectores más conservadores del ámbito judicial, político y religioso. Esa facción se metió de lleno en su tradicional simulación de preocupación republicana para rechazar el nombramiento de Lijo como supremo, a quien reprochan sus terminales en sindicatos, tribus peronistas y negocios conurbanos que no se sientan a la mesa de la Asociación Empresaria Argentina, ni remiten al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sello que agrupa a los estudios corporativos con más pedigree.

El desembarco de comisionados del Ejecutivo en el máximo tribunal dispuesto por los hermanos Milei deja atónito al establishment. A saber, ¿qué espacio le queda al mutimedios La Nación para denunciar un contubernio a favor de Lijo, si el atajo corona una silla en el máximo tribunal para un abogado vinculado al Opus Dei y la industria del petróleo? Aunque parezca mentira, García-Mansilla era, hasta el momento de su postulación, director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), puesto desde el que negociaba intereses empresariales con sindicatos, gobernadores y proveedores que pueblan causas sobre las que ahora deberá expedirse.

¿Qué espacio le queda al mutimedios La Nación para denunciar un contubernio a favor de Lijo, si el mecanismo de designación corona una silla en el máximo tribunal para un abogado vinculado al Opus Dei y el petróleo?

Bajo un régimen de torcimiento de voluntades y fugitivos en Paraguay, todo puede pasar en el Senado, pero la oposición está cerca de llevar el pliego de García-Mansilla al recinto y rechazarlo. Si eso ocurre, el Gobierno y los animadores televisivos que lo acompañan argumentarán que la designación en comisión es válida hasta noviembre. Podrán decirlo, pero ante los ojos del mundo, incluidos tribunales internacionales, el postulado de que los pintorescos Milei vulneran las reglas básicas de la democracia habrá encontrado un argumento incontrastable.

“Peteco” acerca ideas

El correntino Eduardo “Peteco” Vischi, presidente del bloque de senadores de la UCR, imaginó una vía para que Gobierno saliera de la encerrona por arriba: solicitar por nota al Ejecutivo que retire los pliegos de García-Mansilla y Lijo, de modo que la designación “en comisión” no choque con un rechazo explícito en la Cámara Alta.

La propuesta de Vischi en una reunión de su bloque de trece miembros causó entre indiferencia y estupor, y no porque entre sus pares falten voluntades para darle una mano a Milei.

Ocurre que Vischi quedó escaldado hace diez días, luego de presentar un proyecto para formar una comisión investigadora por la presunta criptoestafa de Milei y, horas más tarde, votar en contra de su propia iniciativa. En un cuerpo que funciona bajo la sombra de Edgardo Kueider, el peronista fugitivo aliado de Milei atrapado en la frontera con Paraguay escondiendo dólares, la pirueta de “Peteco” dejó secuelas. A ello se suma que la santafesina Carolina Losada, del sector “republicano” anti-Lijo, le desconfía porque el presidente del bloque firmó el dictamen para aprobar el pliego del alfil de Comodoro Py.

En una dinámica de desconfianza mutua en el arco paraoficialista que incluye a libertarios, PRO, casi toda la UCR, provinciales y disidentes peronistas —dato útil bajo el precepto “divide y reinarás” para un Gobierno que necesita consolidar un bloque por las buenas o por las malas—, a Vischi —como a otros— le atribuyen más margen de acción propio del que parece. El supuesto seguimiento autómata de lo que le indique el gobernador de su provincia, Gustavo Valdés, radical sometido a la tensión de encontrar un sucesor, deja al senador en un lugar poco edificante, pero lo exceptúa de explicar sus salidas de gira. Si son los propios senadores quienes tiene un canal propio de negociación con el Gobierno, la historia cambia.

Con ese background, diputados y senadores deberán lidiar con una ampliación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional.

Trump-Caputo-FMI, toma dos

A los Milei se les ocurrió anunciar que el Ejecutivo enviaría al Congreso un DNU para cumplir con la exigencia de la aprobación parlamentaria de un aumento de la deuda externa bajo jurisdicción extranjera, según lo establecido en una ley votada casi por unanimidad en 2021.

La norma, conocida como “ley Guzmán”, fue concebida con la idea de no repetir una estampida de deuda externa como la gestada durante el Gobierno de Mauricio Macri para saldar la avidez del carry trade por la que inversores obtuvieron ganancias siderales en dólares. Responsables tanto de aquel y como del actual Gobierno se atrevieron esta semana a cuestionar el procedimiento.

El anuncio de Milei es un oxímoron. Si quiere cumplir con la legislación y la Constitución, el Poder Ejecutivo envía al Congreso proyectos de ley, no decretos de necesidad y urgencia con el argumento de que la discusión parlamentaria “tarda mucho”.

El “mejor Gobierno de la historia” que “hizo el mayor ajuste de la historia”, tiene “el mejor ministro de Economía de la historia” y logró una economía que “viaja al 5,5%” no debería tener ni necesidad ni urgencia de aprobar un préstamo a hurtadillas, salvo que, en realidad, no se crea su megalomanía y esté computando cómo las reservas en el Banco Central cayeron US$1.500 millones en lo que va del año, quedando en una posición cada vez más parecida a la recibida en diciembre de 2023.

En 2018, el crédito fue para afrontar los compromisos asumidos por la emisión masiva de bonos orquestada por Caputo entre 2016 y 2017, y ahora, servirá para descomprimir una agenda de pagos con el FMI del acuerdo sellado por Caputo en 2018

El vaciamiento absoluto de las palabras en que incurre el Ejecutivo ultraderechista tiene un correlato en la proclama de que los US$10.000 millones a US$20.000 millones, que se sumarán a los US$40.000 millones otorgados por el Fondo a Macri, “no incrementarán la deuda, sino que sanearán las cuentas del Banco Central”.

En los hechos, se anula una deuda intra sector público —del Tesoro con el Banco Central— registrada en letras intransferibles, y se pasa a deber dólares reales a un acreedor externo que impone metas y condiciones.

La similitud con situaciones pasadas llega a la cúspide ante el hecho de que un Gobierno de Estados Unidos en manos de Donald Trump vuelve a motorizar un préstamo de los más abultados de la historia del FMI a un aliado político en Argentina, cuyas finanzas están a cargo de Luis Caputo. En 2018 el crédito fue para afrontar los compromisos asumidos por la emisión masiva de bonos orquestada por Caputo entre 2016 y 2017 y, ahora, servirá para descomprimir una agenda de pagos con el FMI del acuerdo sellado por mismo Caputo en 2018.

A favor del Gobierno ultra, la situación actual conlleva una diferencia con las traumáticas experiencias. El blindaje en 2001 y el préstamo a Macri en 2018 fueron para solventar a gobiernos que no podían domar el gasto público, entre otras razones, porque sus políticas recesivas aumentaban el déficit por la caída de ingresos.

El sistema financiero y el FMI en particular le reconocen a Milei el crédito que da la motosierra durante su primer año de gestión, que rebanó cinco puntos de gasto público como pocas veces en la historia. Los prestamistas confían en que el superávit llegó para quedarse. Las dudas que se abren al respecto son enormes, porque, además del daño a los ingresos, la salud y la educación, las infraestructuras se resquebrajan sin inversión, pero “el mercado” entra en modo terraplanista cuando decide hacer como si no existiera la aceleración de la pérdida de reservas del Banco Central. Caputo dice que esta vez los fondos del Fondo no se quemarán para cubrir el déficit de dólares. ¿Por qué no creerle?

Cámara de Pandora

En el Senado, el bloqueo del DNU del FMI está en el horizonte de posibilidades, pero nadie se anima siquiera a sugerir que la Cámara de Diputados hará lo propio.

El Gobierno cuenta con varias capas de aliados a las que apelar. Desde el vamos, a los bloques PRO-La Libertad Avanza, se suman los denominados radicales con peluca y los Vendidos del PJ Tucumano. La oferta de provincialistas de Córdoba, Misiones, Salta, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz siempre está, y si ese armado falla porque algún gobernador se va de las manos, acudirán al rescate las bancadas “Darle las Herramientas al Presidente” de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo, los “moderados” que remiten a Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica y, acaso, Margarita Stolbizer. Y si la cosa se complica, habrá fluctuantes del PJ de Catamarca o Santiago del Estero, o la UCR más opositora (Facundo Manes), que, llegado el caso, bien podrían dividirse o ausentarse.

El antidemocrático régimen que da por aprobado los DNU salvo que ambas cámaras lo rechacen explícitamente fue obra de un proyecto de Cristina, entonces senadora, en 2006

A esa debilidad parlamentaria se suma la debilidad argumentativa de Cristina, que se va transformando en una invariante y explica, entre otras cosas, el insólito silencio de la presidenta del Partido Justicialista ante el DNU del FMI y los desmanes en torno a Lijo y García-Mansilla. Un silencio que, al menos, evita caer en el terreno vulgar que proponen los Milei con las alocuciones de la expresidenta bajo el vocativo “Che, Milei”, mayúsculas y groserías.

El antidemocrático régimen que da por aprobado los DNU salvo que ambas cámaras lo rechacen explícitamente, con amplia discrecionalidad para que se efectivice el tratamiento en el recinto, fue obra de un proyecto de Cristina, entonces senadora, en 2006. El instrumento fue utilizado bastante por Néstor Kirchner, menos por la expresidenta, algo por Alberto Fernández enfocado en la pandemia, pero cobró una fuerza inusitada con Macri, cuando, no bien asumió, derogó por esa vía la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada tras una profunda discusión y por amplia mayoría.

Los Milei llevaron el abuso a otra escala, con el DNU 70 de diciembre de 2023, que modifica decenas de leyes, otorga poderes desorbitados al Ejecutivo y alberga pretensiones constitucionales, y sigue vigente porque la Cámara de Diputados no lo trata y la Corte Suprema cajoneó los reclamos de inconstitucionalidad. En un nuevo capítulo, el país se encuentra a las puertas de asumir un nuevo zarpazo de deuda a través de un DNU, gracias a la laxitud del mecanismo arbitrado en 2006.

Fuerte, débil y todo lo contrario

La conformación de la Corte y el nuevo acuerdo con el FMI, dos ejes de la agenda de días pasados y de los que vienen, ponen sobre la mesa la pregunta sobre un gobierno débil o fuerte.

¿Fuerte porque arremete con dos delegados ante la Corte Suprema designados por decreto, o débil porque su vandalismo institucional queda expuesto y podría tornarse inútil? ¿Fuerte porque logra el aval del sistema financiero y de Trump para estirar la apreciación del peso hasta las elecciones, o débil porque Caputo siempre parece retornar al punto de partida?

La criptoestafa $LIBRA también orienta una dicotomía entre la fortaleza que supone la impunidad, o la chapucería que retrata a los hermanos Milei como memes de un probable fraude en medios de todo el mundo.

Las incógnitas sobre quién es quién y cuánto pesa cada uno en el sistema político podrán comenzar a esclarecerse en el transcurso de año electoral, que tiene a la elección de legisladores porteños como una de las primeras citas, el 18 de mayo.

Una hipótesis plausible es que las pujas internas del sello en construcción La Libertad Avanza más la competencia directa por un mercado electoral similar con el PRO y gran parte de la UCR Colaboradora encenderán fricciones, que se disolverán cuando los diputados y senadores electos en octubre ocupen sus bancas y los respectivos bloques retomen la sintonía. De Cristian Ritondo a Patricia Bullrich, de Karina Milei a María Eugenia Vidal, de De Loredo a Martín Llaryora podrán decirse cosas feas en los meses que siguen, pero luego se sentirán convocados por “la ética de la responsabilidad”. Ya ocurrió.

O acaso la batalla podrá dejar heridas profundas.

Una pirómana por excelencia, Lilia Lemoine, la diputada preferida de los Milei, probó un límite de la bajeza cuando atacó a Jorge Macri días atrás.

A su vez, Bullrich lanzó un dardo virtual contra “Macri, Mauricio”, en medio de la pelea por el manejo de la Policía de la Ciudad, la construcción de cárceles y la fuga de presos. Dadas las responsabilidades del PRO en la Nación y en la Ciudad en los últimos veinte años y, en particular, el papel de Bullrich en Seguridad, la pulseada no resiste el menor análisis.

La ministra cerró el ataque con un desliz sugerente. “Gestionar seguridad no es diseñar uniformes”.

En el momento en que Bullrich escribía el mensaje, se definía una licitación para renovar la totalidad de los uniformes de la Policía de la Ciudad, que tendrán nuevos colores y diseños.

“Todos los años se renuevan 2.000 a 3.000 elementos de los uniformes, pero ahora licitan 30.000 completos por US$ 7 millones porque no les gustan los colores”, marcó una voz crítica del proceso, que ve una invención de un negocio para oferentes cartelizados. En cualquier caso, un privilegio estético que sólo puede otorgarse el único distrito del país que vio incrementar los ingresos por transferencias nacionales en 2024, producto del acuerdo alcanzado con los Milei a instancias de la Corte Suprema.

Jorge Macri sigue de cerca el presupuesto de Seguridad en la Ciudad, que no para de crecer para desesperación de subtes, escuelas y hospitales, a través de dos hombres que lo acompañan desde su gestión en Vicente López, Raúl López Presa y Claudio Panichelli, secretario de Coordinación y Subsecretario de Administración de la cartera, respectivamente.

Otra fuente al tanto del proceso licitatorio califica como necesaria y justificada la renovación total de uniformes por razones de practicidad y presencia, resalta la participación de varios oferentes en la compulsa y atribuye a una operación de Inteligencia la intención de plantar la semilla de la duda.

La alusión remite ineludiblemente a que Diego Kravetz recaló en la Secretaría de Inteligencia en enero pasado, proveniente de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jorge Macri, tras un año de conflictos con Waldo Wolff, ministro del área hasta días atrás.

Posicionamientos de la campaña que se inicia. Podría darse que los forcejeos entre la derecha y la ultraderecha sean ornamento de campaña, o que alcancen un volumen ingobernable y la chispa encienda la pradera.

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com

Después de un breve compás de espera, el kirchnerismo activó el operativo para voltear las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. No lo hizo en soledad, sino con el apoyo —silencioso, arisco— del radicalismo y un sector del PRO que cuestiona la decisión de Javier Milei de haber designado a los jueces por decreto. Es un movimiento de pinzas que comenzó este mismo viernes, con el rechazo al pliego de García-Mansilla, y que finalizará el próximo lunes, cuando la oposición convoque a una sesión para rechazar en el recinto las dos designaciones.

La maniobra se gestó en silencio, y tuvo varios protagonistas. La decisión de la Corte Suprema de tomarle juramento a García-Mansilla pese a que no contaba con el acuerdo del Senado fue un bombazo para varios senadores que, hasta hace un mes, estaban dispuestos a votar en favor de su designación. “Mansilla nos mintió en la cara. Dijo que no iba a aceptar ser designado por decreto y lo hizo. No puede ser juez de la Corte”, mascullaban, indignados, sus antiguos defensores en la UCR y el PRO. 

El sacudón del escándalo terminó arrimando a ambos sectores: al kirchnerismo que quería a Lijo y rechazaba a García-Mansilla, por un lado, y a la oposición dialoguista que detestaba al juez federal pero aceptaba al jurista conservador, por el otro. Cada uno, por separado, coincidía en que el Senado debía rechazar los pliegos en el recinto, pero arrastraba diferencias internas que boicoteaban cualquier tipo de accionar conjunto. La rebelión de los gobernadores, en el caso del peronismo, y el temor a enemistarse con el Gobierno, en el caso del radicalismo, imposibilitaban alcanzar un número que pudiera llegar al recinto. Hasta que una serie de conversaciones informales entre ambos bandos terminaron destrabando el escenario.

El rechazo al pliego de García-Mansilla

El pliego de García-Mansilla, a diferencia del de Lijo, nunca había sumado la cantidad de firmas suficientes para poder llegar al recinto. En el oficialismo se quejaban, hace meses, de que solo les faltaban tres firmas para poder aprobar el pliego, pero que sin el apoyo de un sector de UxP no podían conseguir el número. Estas firmas, sin embargo, no eran oficiales: estaban plasmadas en un pliego escondido bajo llave que guardaba Carlos “Camau” Espínola, un peronista aliado del Gobierno que no tiene ninguna autoridad en la comisión de Acuerdos. La encargada de juntar las firmas, según el reglamento, debería ser la presidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri (PRO), pero el oficialismo decidió reemplazarla y dejar en manos de su aliado peronista la tarea de guardián de los pliegos de la Corte Suprema. 

Se daba una situación paradójica: García-Mansilla había jurado como juez de la Corte cuando el oficialismo no sólo no había logrado aprobar su designación, sino que ni siquiera había podido juntar las firmas para aprobar el pliego. Pero el problema para la oposición, sin embargo, era otro. Y es que, sin la mitad más uno de las firmas en el dictamen —cualquier dictamen, a favor o en contra—, se necesitaba conseguir dos tercios del recinto para aprobar su tratamiento sobre tablas. Es decir que había tres mayorías distintas en juego para la sesión: 37 votos para conseguir el quórum, 48 votos para aprobar su tratamiento y 25 votos para rechazarlo. 

El primer número era alcanzable, el segundo ya no. Por lo que el primer objetivo de la multipartidaria opositora era dictaminar el pliego de García-Mansilla, de modo de que se pudiera rechazar con 25 firmas al igual que el de Lijo sin necesidad de tener que pasar por el filtro del tratamiento sobre tablas. El plan era claro: si el oficialismo no firmaba, lo haría la oposición.

Las firmas aparecieron el viernes por la tarde, dejando el pliego listo para ser tratado en el recinto. En total, se presentaron dos dictámenes de rechazo: uno firmado por Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR), y otro firmado por los siete senadores de UxP. Pese a los recelos de los gobernadores peronistas, que piden sostener a Lijo en la Corte, ningún senador de UxP escatimó la firma: José Mayans (Formosa), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan) y Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero). 

El oficialismo, sin embargo, está cuestionando el aval del jefe de UxP, Mayans, argumentando que se había ausentado en la audiencia de García-Mansilla en agosto. Una formalidad dilatoria que el peronismo rechaza —el artículo 105 del reglamento del Senado exige sólo la firma del senador, no su presencia, argumentan— y que se muestran confiados en que se resolverá cuando aparezcan las firmas del resto de la UCR.

El drama radical

El radicalismo, mientras tanto, atraviesa una fuerte discusión interna respecto a cómo responder a la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema. El caso de Lijo, que todavía no juró porque le rechazaron su pedido de licencia, era más sencillo, ya que la mayoría se oponía a su designación. La mayoría excepto el jefe de bloque, Eduardo Vischi, que firmó en secreto el pliego de Lijo y luego les mintió a sus compañeros de bancada. El alineamiento automático de Vischi con el gobierno libertario, sin embargo, es un factor que le pesa a varios senadores radicales, que cuestionan a Vischi pero tampoco desean enemistarse con Javier Milei.

Dentro del bloque radical, hay dos sectores. Una oposición más dura, liderada por Lousteau, el fueguino Pablo Blanco y el bonaerense Maximiliano Abad. Y, después, una mayoría que responde a los gobernadores y que evita pelearse con el Gobierno. El sector más opositor viene reclamando, hace días, rechazar las designaciones de los jueces por decreto, pero se encuentra la resistencia de una UCR friendly que busca boicotear el pedido de sesión. Esta tensión ya se observó hace un par de semanas, cuando los radicales de los gobernadores boicotearon el proyecto de creación de la comisión investigadora que sus propios compañeros de bancada habían impulsado. 

En esta ocasión, sin embargo, los radicales díscolos confían en que sumarán más votos para rechazar el pliego y, luego, sumar votos para el quórum. Su acompañamiento, así como el de otras díscolas como Tagliaferri, resulta clave para rechazar los pliegos, ya que el peronismo podría arrastrar varias bajas al momento de bajar al recinto. Los gobernadores peronistas, en los últimos días, estuvieron operando con fuerza para desactivar el rechazo al pliego de Lijo. 

“Lijo no, que es amigo”, argumentan los gobernadores que les escriben a los senadores del peronismo. El kirchnerismo, sin embargo, tomó la decisión de voltear ambos pliegos. No descuentan que pueda haber algunas ausencias sorpresivas, así que dependerán del radicalismo y el PRO díscolo. El lunes se buscará convocar sesión, y ahí se verá qué senadores aparecen.

MC/JJD