En la Casa Rosada siguieron con atención el fracaso de la sesión especial en Diputados, donde la oposición no consiguió reunir el quórum necesario para avanzar contra el DNU 70/2023. El resultado fue recibido como un alivio por el oficialismo, que había dedicado buena parte de sus esfuerzos de los últimos días a desactivar la convocatoria. Pero la tranquilidad parlamentaria contrastó con las imágenes que empezaban a llegar desde las calles del centro porteño, donde estudiantes, docentes y organizaciones sindicales se preparaban para protagonizar la quinta Marcha Federal Universitaria.

Con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos, de la movilización —que terminó con incidentes— participaron estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, rectores y organizaciones sindicales, entre ellas la CGT, las dos CTA y ATE. La protesta se replicó en distintas ciudades del país y volvió a poner en discusión el deterioro de los salarios universitarios, el funcionamiento de las instituciones y la ejecución de los fondos previstos por ley.

En el entorno de Javier Milei sostienen que la discusión por el financiamiento de las casas de altos estudios debe encuadrarse dentro de las restricciones presupuestarias que establece el programa económico y rechazan cualquier iniciativa que, según su interpretación, comprometa el equilibrio fiscal. La movilización, en ese sentido, no parece destinada a alterar la estrategia oficial. La prioridad sigue siendo preservar las cuentas públicas, incluso a costa de prolongar un enfrentamiento que ya atravesó vetos presidenciales, insistencias parlamentarias y resoluciones judiciales adversas.

La marcha encontró a Milei fuera del país, durante un nuevo viaje a Estados Unidos, y a su equipo político concentrado en las negociaciones legislativas. En los despachos oficiales consideran que el Gobierno tiene argumentos para defender su política universitaria y cuestionan que las organizaciones que encabezan el reclamo presenten el conflicto exclusivamente como una discusión por los recursos educativos.

La posición del Ejecutivo quedó expuesta durante la conferencia de prensa que Adrián Ravier ofreció el martes pasado, cuando faltaban apenas 48 horas para la movilización. El vocero presidencial buscó relativizar el alcance del reclamo y puso en duda las motivaciones de quienes convocaron a la protesta. “¿Es una marcha política o es una marcha por la educación?”, preguntó, después de cuestionar que las mismas organizaciones no se hubieran movilizado durante los gobiernos kirchneristas.

Ravier fue más allá y apuntó contra el tratamiento periodístico del conflicto. Les pidió a los medios que ayudaran a desmentir lo que consideró una versión equivocada sobre la política universitaria del Gobierno y sostuvo que el Ejecutivo había realizado esfuerzos para recomponer los ingresos docentes. Mencionó un aumento del 24% y otro posterior del 3%, y defendió las negociaciones encabezadas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Pero dejó en claro que cualquier mejora tendrá un límite infranqueable: el equilibrio fiscal.

En la Casa Rosada buscan restarle dramatismo a la convocatoria de este jueves y separar el reclamo universitario de lo que consideran una ofensiva política contra el Gobierno. La lectura que transmiten es que la movilización no modificará la posición del Ejecutivo sobre el financiamiento y que cualquier recomposición deberá ajustarse a las metas fiscales. “Pueden llenar la plaza todas las veces que quieran, pero no vamos a romper el equilibrio fiscal”, sentenció un funcionario ante la consulta de elDiarioAR.

La convocatoria llega, además, en un momento particularmente incómodo para el Ejecutivo. En las últimas horas, el juez federal Martín Cormick dispuso una multa diaria de $100.000 contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución obliga al Gobierno a actualizar los salarios del sector y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles, dos de los puntos centrales del reclamo que vuelve a expresarse en las calles.

La disputa judicial mereció una explicación particular durante la conferencia del martes. Frente a los cuestionamientos por la falta de aplicación de la ley, Ravier ensayó una distinción: “No es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley. Es una ley que está interrumpida”. El funcionario sostuvo que todavía no estaba definida la respuesta del Ejecutivo frente al fallo judicial y volvió a cuestionar al Congreso que había sancionado la norma por no establecer, según su interpretación, las fuentes de financiamiento necesarias.

El conflicto judicial representa un problema adicional para la Casa Rosada, porque reduce el margen para administrar los tiempos de una discusión que el oficialismo preferiría trasladar al debate del Presupuesto 2027. El Gobierno había vetado la ley sancionada por el Congreso con el argumento de que no contemplaba fuentes de financiamiento suficientes, pero ambas cámaras insistieron en su aprobación. Desde entonces, la disputa dejó de limitarse al terreno legislativo y se trasladó también a los tribunales, donde las universidades buscan obligar al Ejecutivo a cumplir con la norma.

En el entorno presidencial mantienen la defensa del veto y del programa fiscal como argumentos centrales. La posición oficial parte de una premisa que Milei convirtió en una de las principales banderas de su administración: ninguna demanda sectorial, por extendido que sea su respaldo social, puede justificar un incremento del gasto que el Gobierno considere incompatible con sus metas económicas. Esa lógica explica por qué, pese a la sucesión de movilizaciones, el Ejecutivo no dio señales de estar dispuesto a conceder una recomposición presupuestaria en los términos exigidos por las universidades.

La discusión, de todos modos, está lejos de agotarse. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,35 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama partidas superiores a los $11 billones. La distancia entre ambas cifras anticipa una negociación compleja en el Congreso, donde La Libertad Avanza necesita construir mayorías para aprobar una de las iniciativas que el Presidente considera prioritarias para consolidar su programa económico.

En ese escenario, la protesta universitaria aparece como una dificultad que el Gobierno deberá administrar en paralelo con otras negociaciones. La mesa política, que volvió a reunirse esta semana después de un paréntesis de siete días, tiene entre sus principales objetivos asegurar los votos necesarios para el Presupuesto y avanzar con una serie de reformas que incluyen cambios en el sistema electoral y nuevas iniciativas económicas. La relación con los gobernadores resulta decisiva para esa estrategia.

La sesión frustrada de este jueves ofreció una muestra de esa capacidad de negociación. La oposición no consiguió reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto y tratar el rechazo al DNU 70, una iniciativa que había cobrado impulso después de los fallos de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. En los días previos, el oficialismo había avanzado con una propuesta para restituir los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros mediante modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La concesión buscó quitarle argumentos a quienes pretendían rechazar el megadecreto completo y preservar una herramienta central de la gestión libertaria.

La evaluación política de la jornada, sin embargo, es más compleja. En el oficialismo distinguen entre el impacto de una movilización y la capacidad de la oposición para convertir ese descontento en una derrota legislativa. “La oposición puede juntar gente en la calle, pero las leyes se votan en el Congreso, no en la plaza”, sentenciaron.

PL/CRM

La quinta Marcha Federal Universitaria estuvo marcada este jueves por incidentes frente al Congreso de la Nación, donde las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y utilizaron camiones hidrantes contra un grupo de manifestantes, minutos antes del acto central de la movilización convocada para exigir al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los enfrentamientos se registraron durante la tarde, cuando algunos manifestantes arrojaron piedras y cascotes contra el vallado dispuesto alrededor del Palacio Legislativo e intentaron derribar las estructuras. Los efectivos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, lo que provocó corridas y momentos de tensión en las inmediaciones de la avenida Entre Ríos.

Los incidentes se produjeron mientras miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias y representantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales se concentraban en la Plaza del Congreso para reclamar mayores recursos para las universidades nacionales.

El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, salió del recinto tras los enfrentamientos y cuestionó el accionar policial. “Hubo una provocación”, afirmó ante la prensa.

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, sostuvo el legislador.

La movilización había sido convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones docentes y no docentes y organizaciones estudiantiles, con el respaldo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Bajo las consignas “Educación, soberanía y democracia” y “Milei, cumplí la ley”, los manifestantes volvieron a reclamar la ejecución de la norma aprobada por el Congreso.

La columna de la UBA partió desde Plaza Houssay y avanzó por las avenidas Córdoba y Corrientes hasta llegar a la zona del Congreso. La convocatoria tuvo réplicas en distintas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Jujuy y La Pampa.

El operativo de seguridad había comenzado horas antes, con vallados y cortes de tránsito alrededor del Palacio Legislativo. Participaron efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal, mientras que también se registró la intervención de personal de Gendarmería durante los incidentes.

El reclamo por el financiamiento universitario

La quinta movilización federal se realizó en medio de un conflicto que continúa abierto por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025. La norma establece mecanismos de actualización presupuestaria para las universidades nacionales y de recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes.

El presidente Javier Milei vetó la ley en septiembre del año pasado, pero el Congreso rechazó el veto. Posteriormente, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución mediante un decreto, lo que dio lugar a una disputa judicial.

En ese contexto, el juez federal Martín Cormick dispuso una multa de 100.000 pesos diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y las becas estudiantiles.

El deterioro presupuestario es uno de los principales motivos de la protesta. Según un relevamiento publicado por Chequeado, el gasto previsto para educación superior en 2026 se encuentra un 25,3% por debajo del registrado en 2023, en términos reales. En tanto, los salarios docentes acumulan una pérdida del poder adquisitivo del 24,2% respecto de noviembre de ese año.

El informe señala además que, para cumplir con la actualización salarial establecida en la ley, el Gobierno debería otorgar un incremento adicional del 32% sobre los haberes de septiembre.

La movilización coincidió también con una jornada de protestas de organizaciones sociales, sindicales y políticas que reclamaron la derogación del DNU 70/2023 y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En ese escenario de reclamos simultáneos, la intervención de las fuerzas de seguridad volvió a generar cuestionamientos por el desarrollo de los operativos policiales durante las manifestaciones frente al Congreso.

El juez federal Martín Cormick resolvió este miércoles aplicar una multa de 100.000 pesos por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, después de constatar que el Gobierno no cumplió con la medida cautelar que lo obliga a implementar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción económica comenzará a regir por la persistencia del incumplimiento y podrá aumentar si el Poder Ejecutivo continúa sin acatar la resolución.

La decisión del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 responde a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había denunciado que el Gobierno dejó vencer los plazos judiciales sin concretar las actualizaciones salariales y de las becas previstas por la legislación.

En su resolución, Cormick dispuso hacer efectivo el apercibimiento que había formulado el 30 de septiembre y estableció una primera multa diaria de 100.000 pesos. También dejó abierta la posibilidad de revisar tanto la cifra como los funcionarios alcanzados por la sanción.

Las multas, conocidas jurídicamente como astreintes, son medidas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial. En este caso, el magistrado las dirigió al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque podrían extenderse a otros integrantes del Ejecutivo si persiste la desobediencia. Entre los funcionarios que podrían quedar alcanzados se encuentran la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Una medida judicial que el Gobierno sigue sin cumplir

El conflicto se originó en la decisión del Ejecutivo de condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara de dónde saldrían los recursos necesarios para financiarla.

La norma, aprobada por el Parlamento y posteriormente ratificada tras el veto presidencial, contempla la recomposición de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas, la actualización de las becas estudiantiles y el incremento de los recursos destinados al funcionamiento del sistema universitario.

Sin embargo, mediante el decreto 759/2025, la administración de Javier Milei supeditó su implementación a la identificación de las fuentes de financiamiento. Esa disposición fue cuestionada judicialmente por las universidades, que consideraron que el Ejecutivo estaba desconociendo una ley cuya vigencia había sido reafirmada por el Congreso.

En el marco de ese litigio, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó avanzar con la actualización de las remuneraciones del personal universitario y las becas. La resolución fue confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de este año.

Ante la falta de cumplimiento, el magistrado intimó al Estado a ejecutar las medidas en un plazo de cinco días. El vencimiento de ese término, seguido de una nueva prórroga sin que se concretaran los pagos reclamados, llevó al CIN a solicitar la aplicación de sanciones económicas.

El juez ya había señalado que la documentación presentada por el Ejecutivo no demostraba que los incrementos salariales otorgados hubieran permitido recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. En relación con las becas, reconoció avances respecto de la Manuel Belgrano, pero consideró que seguían pendientes otras obligaciones establecidas por la ley.

Los argumentos del Gobierno

La administración nacional rechaza la interpretación judicial sobre el alcance de las recomposiciones exigidas y sostiene que realizó aumentos suficientes para cumplir con sus obligaciones.

En su presentación ante la Justicia, el Ejecutivo aseguró que los incrementos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,80%, porcentaje que, según sus cálculos, supera levemente la inflación correspondiente al período que tomó como referencia.

También destacó la convocatoria a negociaciones paritarias y una propuesta de mejora salarial del 3% para septiembre de 2026, que se sumaría a otro incremento del mismo porcentaje acordado en junio.

Para el Gobierno, esas medidas representan una respuesta a las exigencias de actualización de los haberes universitarios. En cambio, cuestionó el criterio que implicaría aplicar una recomposición acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de este año.

El Ejecutivo argumentó que una actualización de esa magnitud no cuenta con partidas específicas en el Presupuesto 2026 y advirtió que la medida cautelar lo obliga a afrontar compromisos económicos cuyo monto, a su entender, no está suficientemente determinado.

Por ese motivo, solicitó que su apelación suspendiera los efectos de la decisión judicial. No obstante, Cormick rechazó esa pretensión respecto de la cautelar, que continúa vigente mientras se tramita la revisión del expediente principal.

El decreto que frenó la aplicación de la ley

La controversia tuvo otro capítulo el 6 de octubre, cuando Cormick declaró inconstitucional la disposición del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de recursos presupuestarios.

El magistrado consideró que esa condición desconocía las atribuciones del Congreso, que había insistido con la sanción de la norma después del veto presidencial. Además, señaló que la propia ley contempla mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos la reasignación de partidas y la utilización de ingresos excedentes.

El Gobierno apeló ese pronunciamiento y la cuestión deberá ser examinada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, esa discusión no elimina la obligación de respetar la medida cautelar que ordena las actualizaciones.

La multa contra Santilli se inscribe precisamente en ese escenario: mientras continúa la disputa judicial sobre el decreto, el Ejecutivo debe cumplir con una orden que permanece vigente.

Una nueva Marcha Federal Universitaria

La resolución se conoció un día antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en distintos puntos del país.

Docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y organizaciones sindicales volverán a movilizarse para reclamar la aplicación efectiva de la ley y denunciar el deterioro presupuestario de las universidades públicas. En la Ciudad de Buenos Aires está prevista una concentración frente al Congreso desde las 10.30.

La protesta se desarrollará en una jornada que incluirá otras movilizaciones frente al Parlamento, en coincidencia con el tratamiento legislativo del DNU 70/2023.

El Gobierno busca apurar un acuerdo con el sector universitario para cerrar un conflicto salarial y por fondos que arrastra desde hace más de un año y que tuvo su última expresión en la cuarta marcha federal masiva el pasado 12 de mayo. En los últimos días hubo un fuerte acercamiento entre la Casa Rosada y los rectores con un borrador que todavía es resistido por el frente gremial. Según supo elDiarioAR de al menos dos fuentes universitarias, la intención oficial es que se firme en las próximas horas.

La propuesta oficial es de un aumento del 21,3% salarial a partir de junio y un 3% desde octubre para los trabajadores docentes y no-docentes, así como 20% de suba en las partidas de funcionamiento, 50% para los hospitales universitarios y la misma cifra para las becas Belgrano, aunque no así para las becas Progresar. Entre los puntos también se plantea la creación de una comisión de seguimiento de la Ley de Financiamiento, votada en dos oportunidades por el Congreso y que el Ejecutivo llevó a la Justicia. Actualmente hay un amparo ante la Corte Suprema, que espera que haya una resolución política antes de fallar al respecto.

El acuerdo avanzó en conversaciones que ocurrieron entre el viernes y el sábado pasado. Del lado oficial el encargado es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mientras las universidades están representadas por el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, rector de la universidad de Rosario. Este lunes están en agenda reuniones de las federaciones sindicales. El Gobierno quiere que se cierre entre este martes y el miércoles, pero no contempla que algunos gremios tiene sus propias deliberaciones internas –por ejemplo, Conadu Histórico tiene un congreso nacional el jueves–.

“La novedad es que el Gobierno propone que no sean acuerdos paritarios por sectores, sino que haya un acta única y general donde se incluya la parte salarial, las partidas para el funcionamiento y las subas en las becas”, planteó un dirigente gremial que consideró la propuesta oficial como “extorsiva”, porque el Ejecutivo asegura que tiene que firmarse por unanimidad entre la subsecretaría, el CIN, la FUA (federación de estudiantes) y los frentes sindicales docentes y no docentes.

La tensión sigue porque ya la Conadu formalizó un plan de lucha que incluirá un paro total de actividades desde el 16 al 20 de junio. El Gobierno, a su vez, había planteado que se retirara la demanda judicial a cambio abrir la billetera, pero esa exigencia no fue aceptada por las universidades. El viernes pasado la Corte Suprema rechazó un pedido libertario de recusación contra los jueces porque son docentes universitarios. “No tiene banca social correrse del camino judicial”, planteó un vocero de los rectores.

“Lo que proponen se aleja muchísimo de lo que establece la ley, pero entiendo que el acuerdo está encaminado porque tanto los funcionarios como los rectores quieren firmar ya”, comentó una de las fuentes consultadas. “Aunque está lejos de lo exigido, esto es un golpe al Gobierno”, consideró un dirigente estudiantil que sigue de cerca la pelea. “No es una negociación paritaria, sino que es política”, completó el gremialista consultado.

Uno de los puntos en desacuerdo es que la oferta del Gobierno del 21,3% es un punto intermedio a lo que establece la ley, una recuperación salarial de 45,6% en términos reales, por la inflación desde diciembre del 2023. Además no hay definición sobre la deuda atrasada por el salto devaluatorio de Milei apenas asumió, cuando los trabajadores perdieron 16 puntos. 

Tampoco hay precisiones sobre las becas Progresar que actualmente alcanza a un millón de estudiantes con $35.000 mensuales. Distinto es el caso de las becas estratégicas Belgrano, de unos $81.000 pero con el cupo de 36 mil beneficiarios que cursan carreras de grado y pregrado en áreas consideradas críticas para el desarrollo del país.

Con la propuesta de aumento salarial del Gobierno los sueldos quedarían igualmente lejos del reclamo gremial: un ayudante de primera con dedicación simple llegaría a tener un aumento de poco más de $40.000 de bolsillo (pasaría de $250 mil a menos de $300 mil), mientras que un profesor adjunto con posgrado, 15 años de antigüedad y dedicación exclusiva pasaría de cobrar $1,5 millón a $1,8 millón.

MC

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para expresar su postura tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública. Lejos de buscar un acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo, compartió una publicación que comparó su salario con el de los rectores de las casas de estudio.

De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes”.

En su jornada en la red social de microblogging, Milei siguió compartiendo críticas contra la convocatoria del martes por la tarde. Insistió que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.

En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger “sus cajas” políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de “bandera” o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.

Desde el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del presidente. En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas. 

En dicho texto, aseguraron que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo. Algo que también dejó en claro la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro “Profe” Álvarez, a lo largo de la jornada.

El reposteo de Milei

El Gobierno Nacional le respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento y calificó a la cuarta Marcha Federal Universitaria de “opositora”, al mismo tiempo en que desmintió las acusaciones por falta de pago.

Además, el partido libertario publicó una imagen con la leyenda “Principio de revelación” con las fotos de Axel Kicillof, Sergio Massa, Martín Lousteau, Juan Grabois, Elisa Carrió, Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Horacio Rodríguez Larreta como “los promotores de esta marcha política opositora”.

A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza (LLA), la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que pretenden “instalar” en la sociedad, un discurso en el que pretenden “desfinanciar” las universidades públicas o bien “cerrarlas”.

“El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, señalaron.

Por otra parte, recordaron que durante el mandato del expresidente Alberto Fernández se les transferían los fondos a las universidades “hasta con cuatro meses de atraso” y con una inflación del “211,4% anual”: “Esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, añadieron.

“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos”.

Por último, subrayaron que el Presidente y su equipo no van a salirse del compromiso “inquebrantable” de sostener el equilibrio fiscal y rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso “implicaría más impuestos” o mayor “emisión monetaria” y, por consiguiente, generaría “más inflación y más pobreza”. 

Con información de agencias.

La multitudinaria marcha universitaria que este martes volvió a colmar la Plaza de Mayo encontró al gobierno de Javier Milei en un momento de particular sensibilidad política. Mientras desde la Casa Rosada calificaban la protesta como “completamente política” y advertían que detrás de una “causa noble” la oposición busca erosionar al oficialismo, decenas de miles de estudiantes, docentes, no docentes, rectores, sindicatos y partidos opositores se movilizaban en defensa del financiamiento de las universidades públicas. Puertas adentro de Balcarce 50, en simultáneo, la cúpula libertaria se reunía para intentar retomar una agenda que en las últimas semanas quedó absorbida por el caso Adorni, el malestar interno por la parálisis en distintas áreas de la gestión y la profundización del ajuste sobre el Estado.

La coincidencia entre ambos hechos no fue casual. La reunión de la mesa política había sido convocada originalmente para las 14, pero terminó comenzando a las 16, en simultáneo con la llegada de la columna principal. El encuentro se realizó en el despacho del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la planta baja de la Casa Rosada, y contó con la presencia de Karina Milei, Luis “Toto” Caputo —quien reapareció después de varios faltazos—, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El gran ausente fue ni más ni menos que el asesor Santiago Caputo. El Presidente, que no suele participar de estas reuniones, permaneció durante toda la jornada en la residencia de Olivos.

El regreso del ministro de Economía a esa instancia de deliberación tuvo un valor simbólico y práctico. En el oficialismo lo consideran, junto a Federico Sturzenegger, uno de los principales custodios del equilibrio fiscal y de la ortodoxia económica que Milei busca preservar a cualquier costo. Esa centralidad había quedado expuesta el mes pasado en el AmCham Summit 2026, donde el Presidente no solo habló ante empresarios e inversores, sino que envió un mensaje inequívoco hacia adentro del gabinete: no habrá margen para desviaciones respecto del sendero de ajuste.

La bajada de línea ya había sido explicitada en la reunión de gabinete del 6 de abril. Allí, según reconstruyó elDiarioAR, Adorni transmitió por instrucción del Presidente una orden concreta a todos los ministros: reducir un 2% adicional los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital, con fecha límite para presentar los respectivos planes antes de fin de mes. No se trató de una sugerencia, sino de una instrucción precisa que terminó de fijar los límites de acción para cada cartera. Desde entonces, varios funcionarios comenzaron a advertir en privado que el margen para seguir recortando se está agotando y que, con la recaudación por el piso, el ajuste ya empieza a resentir el funcionamiento cotidiano del Estado.

Es una preocupación que se profundizó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial de una modificación presupuestaria firmada por el propio Caputo que recortó aproximadamente $2,5 billones del gasto público, equivalente a cerca del 1,6% del Presupuesto 2026. La medida, destinada a asegurar el cumplimiento de las metas de superávit comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), generó desconcierto en distintos ministerios, que deberán reducirse en medio de un clima ya cargado por tensiones políticas y judiciales. El efecto combinado del ajuste y del ruido derivado del caso Adorni alimentó una sensación de inmovilidad en distintas áreas del Estado. “Estamos todos mirando los números y viendo de dónde más recortar”, admite por lo bajo un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Reclamo universitario

Aunque el reclamo universitario no figuraba formalmente en el temario, sobrevoló toda la reunión de la mesa política. Según dejaron trascender sus participantes, el encuentro estuvo enfocado en la estrategia legislativa para destrabar proyectos como la reforma electoral, la Ley Hojarasca, el pago de deuda a bonistas, tratados internacionales sobre patentes y los pliegos de más de un centenar de jueces y fiscales federales. Pero la imagen de una Plaza de Mayo colmada volvió a colocar en primer plano un conflicto que el Gobierno interpreta no solo como una discusión presupuestaria, sino también como un capítulo más de su denominada “batalla cultural”.

Horas antes de la movilización, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, realizaron una inédita ronda periodística y calificaron la protesta como “completamente política”. “La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, advirtieron, en una definición que colisiona con el reclamo de rectores y docentes para que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Pettovello fue más allá y sostuvo que el Gobierno quiere “desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber”, en referencia al sistema universitario, y reivindicó la discusión como parte de la “batalla cultural”.

En paralelo, La Libertad Avanza difundió en X un comunicado titulado “Marcha política opositora de este martes 12 de mayo”. Allí sostuvo que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un gasto adicional de $1,9 billones y advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en “más inflación y más pobreza”. El documento también acusó a la oposición de utilizar una “causa noble” para instalar la idea de que el Gobierno pretende desfinanciar o cerrar las universidades y defendió que las transferencias a las casas de estudio se realizan mensualmente y en tiempo y forma.

Así y todo, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes fue considerada “una bicoca”.

La desconfianza se apoya en antecedentes recientes. Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6%: en ese período la inflación fue del 293%, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160%.

De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6%, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12% en tres cuotas, con la última recién en septiembre. “Era una propuesta muy alejada del conflicto y, con una inflación que sigue corriendo al 3% mensual, se la terminaba comiendo este mismo año”, resume otra fuente docente. Aun cuando admiten que existen conversaciones incipientes, en el sector creen que el Gobierno mantiene “una línea muy dura” y que cualquier oferta que no incluya una recomposición sustantiva de los salarios difícilmente alcance para cerrar la disputa.

La magnitud de la movilización de este martes mostró, sin embargo, que el conflicto universitario conserva una capacidad de convocatoria que excede al ámbito académico. Para un oficialismo que intenta dejar atrás el ruido del caso Adorni y volver a poner el foco en la posible baja mensual de la inflación, que se conocerá este jueves, la imagen de una Plaza de Mayo repleta funcionó como recordatorio de que, mientras la Casa Rosada busca ordenar sus propias tensiones internas y profundizar el ajuste, la calle continúa siendo un factor capaz de alterar el clima y condicionar sus intentos por recuperar la iniciativa.

PL/CRM

Si la primera marcha federal universitaria fue frente al Congreso para reclamar una ley de financiamiento, la cuarta movilización se plantó su escenario ante la Casa Rosada para exigirle a Javier Milei que cumpla la norma de una vez por todas. Un mar de personas se congregó este martes en la Plaza de Mayo y sobre la avenida de Mayo hasta las cercanías del Palacio Legislativo –y en plazas y avenidas de distintos puntos del país– para insistirle al gobierno libertario que acate la norma que dos veces votó el Parlamento el año pasado.

“Menos cascadas y más educación”, pintaron con aerosol dos jóvenes en una valla que miraba al Congreso. Metros más allá, el cartel de cartón que sostenía un alumno universitario con guardapolvo de investigador también hacía referencia al jefe de Gabinete: “Que renuncie Adorni, no mis profesores. Embargo a Adorni para pagar a los docentes”. Otra cartulina decía: “Milei te mea la espalda y te dice que llueve”. La creatividad de los manifestantes se repitió a lo largo de la gran columna que conecta los dos poderes del Estado: una señora levantaba la cabeza de un león de goma espuma con el nombre del Presidente y desde un camión de la izquierda le cantaban al ministro coordinador: “Si te gustan las cascadas andate de vacaciones / presentá ya la renuncia y andate a Misiones”. 

Llegando a la Plaza de Mayo, varios pasacalles marcaron la consigna principal de la movilización: “Milei cumplí la ley”. Firmaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el frente sindical de docentes y no docentes, y los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria Argentina (FUA). La entente suscribió un documento conjunto en el que denunció a Milei por violar la democracia: apuntaron que el Gobierno lleva 203 días sin cumplir la ley de Financiamiento, votada en dos oportunidades por el Congreso, y que ahora está en manos de la Corte Suprema. La comunidad universitaria le reclamó desde la Plaza de Mayo al máximo tribunal que le ordene al Ejecutivo cumplir con la ley.

“Yo estoy haciendo las prácticas en el Bocalandro y necesito pasaje de bondi para ir al hospital y también para la universidad. Está todo mal”, graficó Gregorio Reynoso, alumno de la carrera de Producción de Bioimágenes en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). “Espero que el financiamiento se haga de una buena vez. Hay que salir de casa, unirse y luchar en contra de lo que está pasando”, planteó Carolina, alumna de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).

Mientras el CIN exigió el año pasado que el presupuesto universitario alcance los $7,3 billones, Milei estipuló fondos por $4,7 billones. Este lunes se supo de un recorte en 5000 millones de pesos para obras de infraestructura. El documento del frente universitario cuantifica el daño de la motosierra libertaria con precisión: las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, y los gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes el 64% del valor que tenían en enero de 2023.

Traducido en tiempo, el sistema universitario perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias durante la gestión actual. En materia salarial, el derrumbe es todavía más gráfico: con una inflación acumulada del 293,3% frente a incrementos salariales del 147,3%, los docentes universitarios perdieron el equivalente a 10,9 salarios en el período, y hoy cobran lo que el comunicado llama “el nivel más bajo de los últimos 23 años” y los sueldos más bajos de toda América Latina.

El capítulo estudiantil no es menos severo. Las Becas Progresar permanecen congeladas y perdieron gran parte de su poder adquisitivo frente a la inflación; las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una “situación de incertidumbre y desfinanciamiento”; y las becas de vocaciones científicas (EVC) están directamente suspendidas. El documento advierte que el efecto de ese desmantelamiento no es abstracto: las políticas de acompañamiento económico, dice la declaración, “expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios”.

Si la primera marcha sumó a unas 500.000 personas solo en CABA y las siguiente unas 250.000, la masividad de la cuarta movilización quedó marcada por un dato que aportaron los organizadores a elDiarioAR: “Fue muy grande porque la columna sin cortarse llegaba, sobre Avenida de Mayo, desde la Plaza de Mayo hasta el comienzo de la Plaza Congreso”. Desde la UBA aportaron a este diario la cifra de 600.000 personas solo en la Ciudad y un millón en todo el país. Fuentes policiales evitaron precisar una cifra “para no meterse en problemas”.  Hubo columnas multitudinarias en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza.

“Abrazamos a los más de un millón y medio de personas que a lo largo y ancho de la Argentina que hoy se abraza a la universidad pública”, sostuvo desde el escenario montado a la altura de la Pirámide de Mayo el titular del CIN, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. “No vamos a ser la generación que ve cómo se apaga sin más la potencia del sistema universitario argentino ni que deje morir sin más la universidad pública”, afirmó.

Numeros más o números menos, la movilización fue masiva por la transversalidad de la convocatoria. “Milei nos convocó a marchar cuando ajustó a las universidades y cuando nos llama ñoquis”, cuestionó Bettina, docente universitaria que cobra $300.000 por una cátedra que tienen hace 15 años. Entre la gente se combinaron desde jóvenes de 16 años que están en colegios que dependen de la UBA como el Nacional hasta jubilados que participan cada miércoles en los abrazos al Congreso que reprime el Gobierno.

Esta vez el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y la ministra Alejandra Monteoliva quedó impotente ante la manifestación. Hubo también columnas de sectores externos a la universidad como la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a más de 140 gremios como ATE, UOM, aceiteros y aeronáuticos, o dirigentes políticos como el gobernador Axel Kicillof.

“Nos dicen que es una marcha política, y yo les digo que sí. Al fin y al cabo, todo es política. No sé si el Gobierno nos va a escuchar. Tendremos que seguir acá si esto no cambia”, enfatizó José Peralta, trabajador no-docente en Exactas. La cuarta marcha federal cerró frente a la Casa Rosada y ahora la pelota quedó en la cancha de la Corte Suprema. La comunidad universitaria marchó cuatro veces, el Congreso votó dos veces, y la Justicia federal ordenó dos veces el cumplimiento de la ley. El Gobierno ignoró cada uno de esos mandatos. Este martes la plaza y la calle le dijeron a Milei que ya no le queda otra que acatar la ley.

MC

La cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria promete una convocatoria masiva que alterará por completo la dinámica del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y sectores científicos se movilizarán hacia la Casa Rosada para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que generará cortes totales y parciales desde las primeras horas de la tarde.

Debido a la magnitud del despliegue, se recomienda a los conductores evitar el perímetro del microcentro entre las 13 y las 19 horas.

Principales calles y zonas afectadas:

Cronograma de concentraciones y puntos de encuentro

La movilización se organizó de manera escalonada para confluir en el histórico paseo frente a la Casa de Gobierno:

La jornada no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires. En la zona sur del Conurbano, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) iniciará su protesta al mediodía en el campus de Bernal para luego trasladarse al centro porteño, concentrando su segunda etapa en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen. Al igual que en las tres ediciones anteriores, se espera que la movilización sea multitudinaria en todo el país.

Este martes se llevará a cabo la cuarta Marcha Universitaria, y en la antesala de la movilización, la Universidad de Buenos Aires (UBA) organizó una serie de clases públicas que se brindarán el lunes 11, en varias de sus facultades.

Esta iniciativa tiene como objetivo “visibilizar la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario”, que el Gobierno Nacional debería aplicar de manera inmediata y que, según las declaraciones impartidas desde el Poder Ejecutivo, no lo hacen porque en el proyecto sancionado “no se determinó de dónde sacarán los fondos” para otorgar dicho financiamiento.

Esta jornada previa a la Marcha Universitaria, comenzará a las 9 de la mañana, finalizará a las 19 y se realizará en las sedes de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinaria, con temas pertenecientes a los programas de cada una de las facultades.

En Económicas (Av. Córdoba 2122, CABA) habrá clases de Sistemas Contables y Matemática Aplicada 1 de 9.00 a 11.00hs., mientras que por la tarde, se dictará Actuarial 1 y Gestión y Costos para Contadores, de 17.00 a 19hs.

En Derecho (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263, CABA), a partir de las 10.00hs., el decano Leandro Vergara dará una clase pública en las escalinatas, mientras que en Medicina (Paraguay 2155, CABA), desde 11:30hs., hará lo propio su par Luis Ignacio Brusco, junto al decano de Odontología, Pablo Rodríguez y de Farmacia y Bioquímica, Pablo Evelson.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Veterinarias (Av. Chorroarín 280, CABA) brindará una clase presentada por su decano Alejo Pérez Carrera, a partir de las 13.00hs. sobre Topografia de la región del antebrazo, dictada por el profesor y veterinario, Carlos Blanco.

La semana pasada, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes, no docentes y estudiantes convocaron a marchar en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, este martes 12, y denunciar que “han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6%” y que esa situación “afecta seriamente el desarrollo” de las actividades académicas y científicas. 

Con información de agencias.

El Gobierno informó este jueves que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo en la causa vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario y dispuso suspender una medida cautelar vigente hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia.

La decisión judicial fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que el recurso fue presentado en el expediente “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”, iniciado a raíz de cuestionamientos sobre la aplicación de la Ley N° 27.775.

Según indicó la cartera nacional, el planteo del Gobierno estuvo dirigido contra la resolución dictada el pasado 31 de marzo por la Sala III de la Cámara y fue acompañado por un pedido de efecto suspensivo, que finalmente fue aceptado por el tribunal.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida implica que la cautelar quedará suspendida hasta que la Corte Suprema se pronuncie de manera definitiva sobre el caso.

El Ejecutivo recordó además que la Ley de Financiamiento Universitario había sido promulgada mediante el Decreto 759/25, aunque su ejecución quedó paralizada bajo el argumento de que el Congreso no determinó las fuentes específicas para solventarla.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la implementación de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”, uno de los principales ejes de la política económica de la administración nacional.

Por último, el Ministerio de Capital Humano ratificó el compromiso oficial con “el derecho de enseñar y aprender”, aunque subrayó que ese objetivo debe sostenerse dentro de un esquema de “sostenibilidad fiscal” y de uso “eficiente” de los recursos del Estado.

La novedad judicial se conoció además en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este martes. La movilización, impulsada por rectores, gremios docentes y centros de estudiantes, buscará volver a visibilizar el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y cuestionar la decisión del Gobierno de llevar el conflicto al terreno judicial mientras continúan las disputas por la asignación de fondos.

Con información de la agencia NA

El sistema universitario nacional volverá a movilizarse el próximo martes 12 de mayo con una nueva Marcha Federal Universitaria, en medio de un escenario marcado por recortes presupuestarios, conflictos salariales y denuncias de desfinanciamiento por parte de rectores, gremios y estudiantes. La convocatoria tendrá su acto central en Plaza de Mayo, desde las 17, aunque también habrá manifestaciones en distintas ciudades del país.

La protesta fue confirmada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de Buenos Aires, junto a representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Allí, uno de los principales oradores fue el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, quien advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesa el sector.

“El motivo de esta conferencia es convocar a la sociedad argentina el próximo 12 de mayo, con epicentro en Plaza de Mayo, a un acto central a las 17, también con manifestaciones en todas las ciudades del país donde hay universidades públicas, en defensa del sistema universitario público argentino, la ciencia y la democracia”, expresó Bartolacci.

El rector sostuvo que las universidades atraviesan “una situación extremadamente delicada” y aseguró que el deterioro presupuestario afecta directamente el funcionamiento de las casas de estudio. “Desde 2023 a la fecha, han caído un 45,6% las transferencias al sistema universitario. En todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades”, afirmó.

Además, remarcó que uno de los puntos más críticos es el atraso salarial que impacta sobre docentes y trabajadores no docentes. “Lo más angustiante es la situación salarial del personal docente y no docente de todo el sistema universitario”, señaló, al tiempo que alertó sobre las dificultades que enfrentan muchos estudiantes para continuar sus carreras debido al deterioro de los programas de asistencia.

Durante su exposición, Bartolacci también cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos del sector universitario. “Hemos respetado los canales institucionales, haciendo gestiones nacionales: las respuestas no aparecieron”, sostuvo. En ese sentido, recordó que el Congreso aprobó una Ley de Financiamiento Universitario que luego fue vetada por el Poder Ejecutivo.

“Cuando el Ejecutivo decidió no cumplir con la ley aprobada por el Congreso, fuimos a la Justicia a reclamar su cumplimiento. Tenemos fallos que ordenan ese cumplimiento y aún así no tenemos respuesta”, lamentó el rector de la UNR.

Finalmente, el dirigente universitario llamó a una participación masiva en la movilización y defendió el rol histórico de la educación pública en el país. “Necesitamos que el 12 de mayo seamos muchos y muchas en todas las plazas del país”, afirmó, antes de concluir: “Hay que defender lo que está bien, lo que nos hace bien, para que futuras generaciones tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos que tuvimos nosotros”.

JIB

Será la primera prueba de fuego de Javier Milei desde que perdió las elecciones bonaerenses. Este miércoles, desde las 13, la Cámara de Diputados sesiona para voltear los vetos a la ley de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario: hubo quórum con 132 legisladores sentados en sus bancas. Afuera, en las calles, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales movilizan junto a las columnas del peronismo, el radicalismo y la izquierda en una tercera edición de la marcha federal universitaria con un solo objetivo: ejercer presión social para torcer la voluntad de los diputados indecisos que el presidente logró convencer a base de ATN y alianzas electorales.

El malestar comenzó a escurrir por la Cámara de Diputados con el correr de la tarde de ayer. “No están los votos, no están asegurados”, empezaron a repetir las espadas de la oposición a cargo del poroteo, preocupados ante la falta de respuesta de algunos aliados del Gobierno que habían comprometido su apoyo. Lo que parecía ser una partida sencilla, ya que ambas leyes habían conseguido los dos tercios en el recinto cuando se aprobaron en agosto, había comenzado a empantanarse.

¿El motivo? Los $12.500 millones que el Gobierno había distribuido, durante el fin de semana, entre cuatro provincias: Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. Las dos últimas provincias no habían movido el amperímetro: gobernadas por Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, eran territorios en los que La Libertad Avanza había cerrado acuerdos electorales y, en la oposición, anticipaban desde un comienzo que ayudarían a blindar sus vetos. 

Era el caso de los mendocinos radicales, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y los chaqueños, Marilú Quiroz y Gerardo Cipolini: todos se habían ausentado en agosto y especulaban, ahora, con ayudar a Milei a vetar la emergencia en el Hospital Garrahan y la actualización del presupuesto universitario. 

El problema, sin embargo, era el caso de los cuatro diputados misioneros que responden a Carlos Rovira. Ausentes durante la votación de agosto, los diputados amagaban con votar en contra: un resultado que, con la elección finita de agosto -159 a favor y 67 en contra, en el caso Garrahan, y 158 a favor y 75 en contra, en el caso de las universidades- podía hacer tambalear el tablero en favor del Gobierno. 

Tarde a la noche, sin embargo, empezó a circular entre los chats opositores un video: era Oscar Herrera Ahuad, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones y primer candidato de Rovira en las elecciones nacionales, llamando a los diputados nacionales a “votar a favor de las universidades públicas”. El tablero había vuelto a cambiar. “Están ratificando su rechazo al veto”, se entusiasmaba una diputada peronista, que ya había ayudado a asegurarse que tanto Gustavo Sáenz (Salta) como Osvaldo Jaldo (Tucumán) acompañarían las leyes. 

Solo quedaba Misiones, y el operativo presión había comenzado: las últimas 12 horas serían las más intensas. 

Juega el Gobierno

Después de dos meses de recibir golpes en el Congreso, Milei aceptó que Luis Caputo le habilitara la billetera al ministro del Interior, Lisandro Catalán, para poder negociar. Un pedido de Catalán como condición para aceptar el cargo. Los ATN fueron la puerta de entrada para conseguir la atención de los gobernadores, pero el golpe final fue la presentación del Presupuesto 2026. Con su cadena nacional, Milei había conseguido lo más importante: una excusa para los aliados. 

Milei prometió varias cosas en la presentación del Presupuesto: un aumento a las universidades nacionales -que los rectores denunciaron, inmediatamente después, que no alcanzaba para cubrir más de la mitad de los gastos de funcionamientos y recomposiciones salariales adeudadas-; un aumento para la Educación y las jubilaciones; y un aumento para el área de Discapacidad. Los gobernadores aliados salieron a celebrarlo, pero no solo ellos: hasta el PRO sacó un comunicado festejando “la madurez institucional” del presidente. 

El Gobierno necesitaba convencer a los aliados de atar la negociación al Presupuesto 2026. Era un mensaje a los gobernadores, pero fundamentalmente a los radicales violetas y PRO díscolos, como Mariano Campero y Martín Arjol (UCR) o Germana Figueroa Casas y María Eugenia Vidal (PRO). Era, a su vez, un mensaje a los libertarios enojados con Martín Menem, como Oscar Zago, que se habían ausentado en la votación de agosto y mantenían suspenso respecto a su voto.

Milei pretendía ofrecerles, esta vez, lo que se había negado a darles cuando se debatió la emergencia en Discapacidad: la promesa de una contrapropuesta. Aunque fuera lejana. Y, para varios diputados que ya firmaron el pase a las fuerzas del cielo, esa promesa era suficiente. 

Juega la oposición

Mientras que los alfiles políticos del Ejecutivo movían los hilos y presionaban, la oposición respondía con contraoperaciones. Llamaban a los diputados del MID y a los radicales violetas. Los peronistas presionaban a los gobernadores del Norte y los pichettistas intentaban negociar con Ignacio Torres (Chubut) y Frigerio. Intentaban convencerlos para que, al menos, habilitaran a que algunos de los diputados nacionales que les repondían, como Ana Clara Romero, pudieran manifestar su rechazo al veto absteniéndose. 

Era un juego de pesos y contrapesos, y la oposición contaba con dos ventajas. La primera, el arranque favorecedor de la primera votación de agosto. La base de votos afirmativos superaba los 158 votos, por lo que la posibilidad de asegurarse los dos tercios del recinto no quedaba lejos. El escenario político y aritmético era muy distinto al del año pasado, cuando Milei logró blindar su primer veto al incremento del presupuesto universitario.

La segunda ventaja era el espaldarazo del bloque Coherencia, integrado por los ex libertarios que habían abandonado el bloque oficialista debido a su enemistad con Menem. Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González habían prometido su apoyo. No solo a los diputados de la oposición, sino a los mismos profesionales de Salud del Garrahan, que también jugaban en esta partida.

Las listas de indecisos circulaban en los chats opositores. También sus cuentas personales de Twitter y de Instagram. La oposición tenía una sola herramienta, la presión social, y pensaba utilizarla. No solo ellos: también las familias del Garrahan y los rectores universitarios comenzaron a levantar el teléfono. Todos estaban a la pesca de los mismos votos.

MC

Una nueva marcha universitaria se llevará a cabo este jueves para exigir un aumento presupuestario, además de la “urgente” actualización salarial y garantizar una universidad pública “gratuita, inclusiva y de calidad”.

Desde las 17 se concentrarán en la Plaza Houssay (Av. Córdoba al 2.100), donde gremios docentes, no docentes y estudiantes acompañarán el paro que se realizará mañana y el viernes con el objetivo de visibilizar la situación de ajuste y recorte que atraviesan desde 2024.

En este contexto, las movilizaciones y actos en las distintas universidades del país, tendrán una serie de actividades bajo la consigna “¡Prendete a defender la universidad pública!”.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitario (CONADU Histórica) fue quien anunció este plan de lucha, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, que continúa postergando la discusión paritaria.

En sintonía con la marcha, el paro nacional de 48 horas no sólo exigirá la recomposición salarial, sino que también reclamará que se trate la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación, que agrupa a las federaciones docentes y no docentes; al Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a rectores y a la Federación Universitaria Argentina, que representa al estudiantado.

“Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, indicó la CONADU a través de un comunicado.

Por su parte, Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) le indicó a Noticias Argentinas que es importante remarcar que, el aumento presupuestario, se exige en medio de una situación “de emergencia”, como así también, las becas integrales, el boleto educativo nacional, las mejoras en infraestructura y “todo lo necesario” para “garantizar el acceso y la permanencia” en una universidad pública y gratuita.

“Ante la presentación de la Ley de Presupuesto Universitario pensamos que es fundamental para su aprobación la presión en las calles. Por eso exigimos a las otras conducciones de la FUA y la FUBA pongan fecha para una Marcha Universitaria Federal. Razones para luchar sobran, fuerza y ganas también”, concluyó.

MM con información de la agencia NA.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a los principales gremios de la educación superior, comienza hoy un paro nacional universitario que se extenderá también al martes. Además, informaron que el miércoles acompañarán la marcha semanal de jubilados, luego de que el miércoles pasado fuera escenario de un fuerte despliegue represivo por parte de las fuerzas de seguridad.

Según informó esa agrupación, el Gobierno Nacional ofreció aumentos por decreto de 1,5% en enero y 1,2% en febrero, por debajo de la suba de precios en esos meses, que fue de 2,2% y 2,4% según el Indec. Los salarios que no llegan a empatarle a la inflación revitalizan la tensión que los universitarios ya manifestaron el año pasado, con marchas masivas y paros en todo el país.

Por otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a rectores y rectoras de todas las universidades nacionales argentinas, afirmó que “los recursos que se destinan al funcionamiento” de las casas de altos estudios “apenas alcanzan a un 50% para el 2025”.

“Todos los sindicatos que componen la representación gremial de las universidades públicas estamos en esta conferencia que acontece en un contexto signado por la violencia institucional. Por eso, no podemos dejar de manifestar nuestra solidaridad con aquellos que fueron víctimas de la represión”, destacó Federico Montero, Secretario de Organización de CONADU, en una conferencia de prensa del Frente Sindical el pasado jueves, en relación a lo acontencido en la marcha de jubilados e hinchas del fútbol el día anterior.

Montero agregó que las universidades no cuentan con presupuesto “por una decisión política del Gobierno Nacional de no debatirlo en el Congreso”. Según afirmó el dirigente sindical, las casas de estudio se “manejan con una prórroga del presupuesto del año anterior”, lo que “implica consolidar la pérdida presupuestaria y salarial” y “la completa arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos”.

En la misma conferencia, Francisca “Paquita” Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica, afirmó que el plan de lucha que incluye el paro es por los salarios, el presupuesto universitario, las condiciones laborales y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Gobierno nacional asegura está pronto a firmar. “Un acuerdo con el Fondo que va a traer mayor pérdida salarial, mayor precariedad, mayor pérdida de puestos de trabajo, reforma laboral y una profundización todavía más grande de la reforma jubilatoria”, agregó Staiti.

Norberto Heyaca, de Fagdut, afirmó que durante la administración de Javier Milei, los docentes perdieron “cuatro sueldos frente a la inflación”. “Y esos cuatro sueldos también los perdieron nuestras obras sociales. Por eso tenemos serios problemas en las universidades para sostener la salud de los docentes y no docentes. Nuestras obras sociales han tenido que cortar convenios, que restringir prestaciones. No solo nos están haciendo pasar hambre, además nos están afectando la salud”, afirmó.

El CIN expresó en un comunicado su “profunda preocupación por la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales por la falta de actualización de los gastos para su funcionamiento” y reclamó una recomposición salarial para docentes y no docentes además de la “reconstrucción del sistema de investigación, ciencia y tecnología, la reinversión en infraestructura universitaria y la actualización del sistema de becas” estudiantiles.

Según el texto, las universidades no cuentan con presupuesto para el ejercicio del 2025 “por manifiesta voluntad del Gobierno”.

FATUN reivindica la medida

El secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), Jorge Anró, expresó la adhesión al paro de 48 horas que se realiza hoy y mañana en reclamo de mayor presupuesto y mejora salarial para docentes y no docentes.

“Estamos haciendo un paro con 48 horas en reclamo del presupuesto universitario, que a pesar de la lucha que hemos hecho todo el año pasado, con dos marchas históricas y todo tipo de actividades, no ha tenido respuestas por parte del Gobierno”, dijo Anró, en declaraciones a Radio Splendid.

Afirmó que “esta lucha tiene que ver con el salario docente y no docente, pero también tiene que ver con las becas estudiantiles, con la plata para ciencia, tecnología, investigación”.

“También con el deterioro que tiene la parte de funcionamiento que necesitan las universidades para seguir siendo la institución más prestigiosa de nuestro país”, afirmó.

La decisión de realizar el paro de 48 horas fue tomada en la primera reunión del año del Frente Sindical, en la que participaron representantes de diversas organizaciones gremiales.

Entre ellas estuvieron Fatun, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

FI/MT

El fin del año universitario encuentra al sector que protagonizó la mayor movilización contra Javier Milei ante el dilema de cómo sostener abierto un conflicto que aún sigue vigente, pero que ya no tiene el mismo eco social. Sin mejoras sustanciales a nivel presupuestario ni de salarios, el abanico de sindicatos de docentes y no docentes, junto con las agrupaciones estudiantiles, buscarán esta semana mantener en pie el reclamo. 

Los trabajadores universitarios y estudiantes serán parte de la concentración multisectorial que impulsan para el jueves 5 a Plaza de Mayo las dos CTA, que buscarán llevar a las puertas de la Casa Rosada un rechazo explícito al ajuste libertario generalizado, a punto de cumplir su primer aniversario.

La protesta que impulsan las centrales obreras de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy está en plena organización, a la espera de una señal de la CGT, muy diluida en las últimas semanas tras su acercamiento al Gobierno y la salida intempestiva de Pablo Moyano. El camionero ya se plegó a la manifestación, junto con otras banderas sindicales más combativas y afines al kirchnerismo, como La Bancaria, Smata, UOM y ATE, y las organizaciones sociales de la UTEP. 

La protesta del jueves próximo coincidirá con la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, como elemento simbólico. Se prevé columnas desde el Puente Pueyrredón, Once y Constitución, y por la mañana una radio pública de los gremios universitarios en el Obelisco. La consigna es “Por una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía”. La concentración está agendada para las 13.

El reclamo en las universidades

La movilización del jueves tiene como previa un acto que harán los gremios docentes este lunes por la tarde en el Palacio Pizzurno, sede del ex ministerio de Educación. Llevarán un petitorio formal para reclamar la apertura de las paritarias. Los gremios rechazan el aumento del 2% que recibieron unilateralmente en noviembre, y señalan que ya tuvieron una pérdida de poder adquisitivo de entre el 30% y el 50%, de acuerdo a las diferentes situaciones de cargos.

El reclamo universitario por mejores salarios, más presupuesto para funcionamiento y beneficios para los estudiantes no cambió desde la última marcha federal del 2 de octubre, pero perdió peso en el debate público a partir de que el Gobierno logró encauzar las negociaciones dentro del tratamiento del Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados. Fue una jugada hábil del oficialismo, que encerró la presión callejera entre las paredes del Palacio Legislativo.

En el sector universitario ya no creen que el Gobierno impulse formalmente un nuevo presupuesto para el año que viene, pero están divididas las estrategias. Mientras los gremios y estudiantes se suman a la marcha del jueves, los rectores asumieron un rol menos confrontativo.

“No tuvimos ninguna respuesta del Gobierno. Solo nos hemos quedado observando el tema de tener presupuesto 2025, cuestión que uno ve que no sucederá. Eso nos quita una herramienta que hubiera sido fundamental para solucionar la cuestión”, se quejó ante elDiarioAR el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, rector de la universidad nacional de San Luis. Las casas de altos estudios tienen línea abierta con el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, aunque en definitiva quien digita el trazo final de la política oficial es el estratega presidencial Santiago Caputo.

Nunca prosperó el reclamo de $7,2 billones para el 2025, casi el doble de los $3,8 billones que están estipulados en el proyecto de presupuesto mileísta. Las conversaciones con los bloques aliados y las provincias para que se resignen partidas presupuestarias en beneficio de las universidades quedaron en letra muerta.

En ese contexto, los rectores anticipan que si no hay mejoras en salarios y partidas para funcionamiento en 2025, el inicio del año lectivo está en riesgo. “Le decimos al Gobierno que por favor en febrero y marzo preparen una oferta salarial acorde a la recuperación que vienen pidiendo los gremios porque sino será difícil el inicio del año”, planteó Moriñigo en voz alta.

MC/DTC

Los universitarios buscan que las protestas por el ajuste del Gobierno no queden acotadas a la negociación parlamentaria por el Presupuesto 2025 y se vuelquen otra vez en las calles. Luego de sumarse al paro de transporte de este miércoles, los gremios de docentes y no docentes junto con el grueso del estudiantado trabajan en la arquitectura de una nueva marcha federal para diciembre, pero que exceda las consignas propias del sector, como fueron las del 23 de abril y la del 2 de octubre.

La fecha que se baraja para una tercera acción callejera es el 5 de diciembre, con el objetivo de que sea una movilización multisectorial. La consigna fue lanzada por las dos CTA –que están en proceso de unificación– y podría también estar capitaneada por parte de la CGT, supo elDiarioAR de fuentes al tanto de la disputa estudiantil con la Casa Rosada.

Para definir el posicionamiento universitario este viernes está en agenda una cumbre entre las dos centrales gremiales de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy con el estudiantado y los sindicatos. Llamativo no es que solo participarán las agrupaciones universitarias más peronistas y que abarcan a aproximadamente un tercio de los alumnos –nucleadas en el llamado frente Malvinas Argentinas–, sino también a la mayoritaria Federación Universitaria Argentina (FUA), que conduce históricamente el radicalismo a través de la Franja Morada, personificada en Piera Fernández. 

Esa marcha federal y multisectorial sería por varias consignas: contra el hambre, por trabajo, producción, salud y educación. “Se está trabajando para que confluyan distintos sectores”, dijo una fuente que forma parte de las conversaciones. Seguramente se sumarán los movimientos sociales y piqueteros, además de la izquierda.

Pero en esa reunión con las dos CTA de este viernes no serán de la partida las expresiones más combativas de la izquierda estudiantil, que este mismo viernes harán una manifestación: a las 17 se concentran en el Obelisco para luego movilizar a Plaza de Mayo y posteriormente a la sede de la CGT, en reclamo al llamado a un paro general. Las agrupaciones ligadas al trotskismo propusieron hacer una tercera marcha federal el 12 de noviembre, pero no tuvieron apoyo de sus pares.

Este viernes, a su vez, el frente sindical que reúne a los docentes y no docentes comenzará una serie de reuniones federales para sumar volumen hacia el 5 de diciembre. La jornada de este viernes será en la regional de La Plata y para los próximos días habrá acciones –con fechas a definir– en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Comahue, Misiones, Patagonia San Juan Bosco, Tucumán Córdoba, Conurbano Sur y Conurbano Noroeste. El 22 de noviembre habrá un cierre con un Festival de la Gratuidad Universitaria. “El Gobierno sigue sin escuchar las legítimas demandas por salarios dignos, presupuesto universitario que permita el sostenimiento de las actividades sustantivas, bienestar estudiantil e infraestructura para las actividades académicas”, cuestionó el frente sindical a través de un comunicado de las últimas horas.

El conflicto seguirá latente con clases públicas en las universidades, con la acción simbólica de que se instalarán pupitres frente al Congreso desde el martes próximo, mientras se discute el Presupuesto 2025. La intención es “educar a los legisladores”. El desafío del sector es mantener vigente el reclamo ante la cercanía del fin del cuatrimestre.

Hasta ahora el Gobierno no se movió un punto de su propuesta de $3,8 billones para las universidades, cuando el CIN calculó que necesitan $7,2 billones para funcionar todo el año que viene sin ningún inconveniente –incluyendo pagar salarios por encima de la inflación–. Este miércoles el oficialismo pisó en falso cuando canceló a último momento una conferencia de prensa de La Libertad Avanza en Diputados para hacer un “importante anuncio” sobre el presupuesto. 

Según pudo reconstruir elDiarioAR, la idea era reasignar partidas de las provincias hacia las universidades. Se dio de baja porque iba a generar un conflicto con los gobernadores. La discusión parlamentaria es el ámbito en el que los rectores del CIN están invirtiendo para conseguir que el Gobierno abra más la billetera. Esta semana se reunieron con el nuevo bloque disidente de la UCR y con los federales de Miguel Pichetto y la semana que viene tienen pensado verse con Unión por la Patria. 

El oficialismo está obligado a negociar porque sin el apoyo de los bloques del centro no tendrán los votos para darle media sanción al Presupuesto. Luego de un mes de tratamiento, los libertarios quieren ir al recinto hacia fin de noviembre, para que el Senado sancione la Ley de Leyes a más tardar en diciembre. En paralelo a esa discusión más palaciega, los universitarios quieren presionar en las calles. “Lo del Presupuesto va a ser lo que vaya organizando más actividades”, apuntaron a este medio. La idea que circula en los distintos actores universitarios es que haya una vigilia para el día en que Diputados se proponga votar el Presupuesto 2025 de Milei.

MC/JJD

Aplausos adentro, repudio y reclamos afuera. Javier Milei consiguió en Mar del Plata el abrazo empresario que vino a buscar al 60° Coloquio de IDEA, y que había despreciado un año atrás en plena campaña presidencial. Pero en paralelo, la comunidad universitaria local aprovechó su presencia en la ciudad para recordarle desde las calles que no en todos los frentes era considerado un visitante ilustre: estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) marcharon junto a investigadores y personal del Conicet hacia el hotel donde se desarrollaba el encuentro corporativo más importante del año, para exigirle que garantice el financiamiento universitario.

La movilización se dio en el marco de las medidas y acciones que se llevan adelante en distintos puntos del país contra el ajuste del Gobierno nacional sobre el sistema universitario. 

“Con la universidad pública no se jode”. Con esa frase en la bandera de arrastre, la marcha partió cerca de las 10 desde la sede de la Facultad de Ingeniería de la Unmdp y avanzó unas 30 cuadras hacia la zona de Playa Grande. Las columnas confluyeron al mediodía en las inmediaciones de la sede del coloquio. Minutos más tarde, Milei inició su intervención de cierre ante cientos de referentes del empresariado nacional. El Presidente decidió aceptar la invitación como orador principal del evento corporativo en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo el año pasado, cuando consideró que era territorio hostil por exceso de macrismo en plena campaña y optó por organizar una suerte de contracumbre en un restaurante cercano. 

En la edición 2024, el vallado de seguridad que blinda cada año el hotel ubicado frente al Mar del Plata Golf Club durante los días del encuentro reforzó su dotación de efectivos policiales este viernes, desde las 7, para mantener lo más alejados posibles a los manifestantes que querían llevar el mensaje contra el ajuste al mandatario. Los acreditados para el coloquio debían ingresar temprano al hotel, ya que luego se restringió el acceso en una zona perimetral de doce manzanas. 

El operativo de seguridad fue diseñado por Policía Federal junto a personal de Casa Militar que desembarcó en la ciudad 48 horas antes que el presidente. Milei llegó a media mañana en avión al Aeropuerto Astor Piazzolla y se trasladó en helicóptero hasta la Base Naval, en el puerto marplatense. Completó el trayecto hasta el hotel del coloquio por tierra. Los controles y vallados en las inmediaciones del lugar impidieron que las columnas universitarias se acercaran a menos de 200 metros del lugar.

En la movilización en reclamo por el financiamiento universitario participaron profesores nucleados en la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) —quienes llevan adelante un paro por 48 horas desde el jueves—, trabajadores no docentes –que dispusieron un cese de tareas para el próximo lunes y martes— y estudiantes de las diez facultades de la Unmdp. También se movilizaron investigadores y trabajadores del Conicet, y alumnos y docentes del Colegio Nacional Arturo Illia, que depende de la universidad.

“Le decimos no al ajuste en las universidades, defendemos la educación superior pública y gratuita, y rechazamos los vetos del Presidente”, dijo en diálogo con elDiarioAr el secretario general de ADUM, Pedro Sanllorenti. “Queremos que mientras habla cómodo en un cinco estrellas escuche el reclamo universitario y de la ciudadanía que nos acompaña”, agregó.

Antonia Muñoz, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Conicet, expresó: “Hoy marchamos junto a toda la comunidad universitaria en defensa de derechos fundamentales que están siendo gravemente amenazados”.

“Exigimos educación pública, gratuita y de calidad para todos. Reclamamos el cese de la paralización impuesta a las instituciones de ciencia y tecnología, y rechazamos el ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables, como jubilados y jubiladas, mientras se favorece a sectores ya poderosas con exenciones impositivas”, aseguró.

Catalina D'Aquino, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, dijo a elDiarioAR: “Como estudiantes rechazamos el veto al financiamiento del sistema universitario, porque creemos que nuestras universidades son un motor de movilidad social ascendente y permite que los hijos de trabajadores ingresen, estudien y aspiren a un puesto trabajo decente”.

“No creemos en quedarnos en nuestras casas –agregó—, por eso salimos, como lo venimos haciendo estas semanas, con acciones y tomas en las facultades, durmiendo en el suelo, con frío, con la convicción de que la universidad se defiende”. Expresó además que “estas movilizaciones masivas no solo le hablando al Gobierno”, sino además “a toda la sociedad”. “Les decimos a todos que si el presidente o sus intermediarios no nos escuchan, tenemos que seguir plantándonos en las calles”.

Mientras la movilización avanzó por la avenida Juan José Pasó hasta llegar a la zona del coloquio, automovilistas, vecinos y trabajadores de obras en construcción del barrio San Carlos, uno de los más caros de la ciudad, sumaban bocinazos y aplausos en apoyo en el mediodía soleado y caluroso. 

Aunque el foco principal fue el rechazo al veto presidencial de la ley de financiamiento universitario y la embestida del Gobierno nacional contra las universidades, a la convocatoria en las inmediaciones del encuentro empresario se sumaron además agrupaciones de jubilados y pensionados de la ciudad, movimientos sociales y las regionales marplatenses de las tres centrales sindicales –CGT, CTA y CTA Autónoma—. El secretario general de la CGT a nivel local, José Luis Rocha, dijo que la marcha fue “contra el ajuste en todos los frentes”.

Desde temprano, el boulevard ubicado frente al hotel del coloquio fue decorado con cruces con críticas a las políticas de ajuste, por parte de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados marplantese. “Milei, repudiamos la destrucción del Estado”, “Basta de jubilaciones y pensiones de hambre” y “Con el hambre de los jubilados no se negocia”, eran algunas de los mensajes.

Frente al vallado se manifestaron además estudiantes de la Escuela Nacional de Pesca que funciona en la ciudad, para expresar su rechazo al posible cierre de la institución, dependiente de la Armada Argentina, encargada de la formación de trabajadores de la industria pesquera.

Mientras esto ocurría afuera, adentro el presidente Milei insistía en quitarles importancia a las protestas de la comunidad universitaria en todo el país: “Utilizan la campaña negativa para que no les auditen”, señaló, pese a que las universidades públicas sí son controladas: lo hacía la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y ahora, por decisión de un funcionario nacional, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, lo hará la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Poder Ejecutivo.

“¿Ustedes están a favor de los chorros para afanar con la política?”, le preguntó el mandatario a la audiencia. “Las universidades van a seguir siendo públicas solo que van a ser auditadas y tengo que seguir respondiendo por esto”, recalcó Milei, como si se tratara de un anuncio, y despertó aplausos de los empresarios.

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El pupitre está en la vereda, el pizarrón, al borde de la avenida 25 de Mayo, y el profesor explica los pormenores políticos-religiosos de la Revolución Inglesa durante tres horas bajo el rayo de sol. “UNSAM tomada en contra del veto de Milei”, define un cartel pegado en el alambrado del predio de la Universidad Nacional de San Martín, a metros de la General Paz que separa el conurbano bonaerense de la Capital Federal. “Sin salarios dignos no hay universidad”, reclama un pasacalles, adornado con el símbolo de luto.

Un auto pasa tocando la bocina. Se le suma una moto que va detrás. La secuencia de apoyo se repite mucho, y tiene sus condimentos: al bocinazo lo acompañan blandiendo un puño cerrado o los dedos en V. Pero también se escuchan algunas críticas curiosas: “¡Peronchos!”, gritan en un vehículo. “Vayan a la sombra que hace calor”, aconsejan en otro. “Estudien, no sean vagos”, reclama en un tercero, lo que genera la instantánea reacción del docente: “¡Es lo que estamos haciendo!”. Los alumnos ríen. De golpe, un señor frena su auto y baja la ventanilla. Moviendo el dedo índice derecho, la mano izquierda en el volante, lanza: “El Che decía: No hay que luchar hasta morir, hay que luchar hasta vencer”. 

La clase de ayer de Europa Moderna en la carrera de Historia de la UNSAM estuvo atravesada por la profundización del conflicto del Gobierno con las universidades públicas por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y un fuerte recorte del presupuesto para el año que viene. La misma situación se replicó en gran parte de las universidades de todo el país y continuará en las próximas horas, a partir de que el lunes pasado sucesivas asambleas votaron que haya tomas de los edificios y clases abiertas durante toda la semana. 

El reclamo estudiantil tendrá un punto álgido hoy, con el anuncio de cortes de calles y un reclamo ante la sede de la secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno. Mañana hay un paro general de docentes y no docentes. Y todo indica que continuará con fuerza la semana que viene: se analiza una protesta junto con los gremios de la salud convocada por los trabajadores del hospital Garrahan el próximo 22 del Congreso a Plaza de Mayo. Y está en tratativas una gran asamblea interfacultades frente a la Casa Rosada, a fin de mes o principios de noviembre.

La protesta estudiantil es masiva, pero no es homogénea y tiene sus tensiones. Hay acciones de lucha en más de 60 facultades de todo el país, porque además de la UNSAM se conocen tomas en la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba, de Rosario, de La Plata, de Mar del Plata, de Cuyo, de Jujuy, de Salta, de Jujuy, de Tucumán. El reclamo va de la Patagonia a Quilmes, Tres de Febrero, La Matanza, Lomas de Zamora, José C. Paz. 

Como casos de las discusiones internas está la toma de Derecho de la UBA, facultad que no estaba atravesada por una protesta de esas características desde los noventa, cuya protesta fue definida por una asamblea de más de 400 estudiantes autoconvocados por fuera del centro de estudiantes. En Quilmes, hubo incidentes el lunes a partir de la provocación por parte de simpatizantes libertarios. Una situación similar ocurrió la semana pasada en La Matanza, donde las autoridades cerraron la puerta del rectorado para evitar que alumnos ingresen al edificio para hacer una asamblea y terminaron siendo agredidos.

A su vez, la Policía de la Ciudad hizo operativos de custodia en algunas de las sedes de la UBA. El lunes se vieron móviles de la Infantería en las inmediaciones de Económicas –que no tiene toma, pero sí clases públicas– y ayer se alertaron en Psicología y Sociales. 

En ese contexto, el Gobierno pareciera buscar radicalizar el conflicto, en vez de intentar apaciguarlo. Otra vez Milei cargó ayer duro contra las universidades –“no quieren ser auditados porque están sucios”, cuestionó– y ordenó al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, para que habilitara a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a auditar a las casas de altos estudios. Era un reclamo que le había hecho el PRO a la Casa Rosada, aunque todavía sigue demorada la definición de los representantes de Diputados en la AGN, porque los libertarios no se pueden poner de acuerdo con el macrismo y el radicalismo. 

“Hola a todxs. En el marco de la toma de la universidad, hoy vamos a hacer la clase pública”, había avisado por mail el profesor de Europa Moderna dos horas antes de la clase vía mail. La invitación estaba alineada a la asamblea de la Escuela de Humanidades de la UNSAM que el lunes votó –con unos 200 apoyos– acoplarse a las acciones de lucha en otras facultades y universidades. Historia entonces pasó de impartirse en lo que se llama la TDA –Torre de Desarrollo Académico, uno de los edificios más nuevos del campus– a las galerías, el parque y, también, la vereda. 

Bajo el sol y en medio del ruido del tránsito, la clase es incómoda pero el espíritu está abroquelado. En las tres horas y media no hay deserciones en el grupo de estudiantes y el profesor se mantiene estoico en su lugar, apenas tomando agua cada tanto, para explicar un periodo de más de cien años que abarca desde la jugada de Enrique VIII de Inglaterra para separarse de la Iglesia católica durante la primera mitad del siglo XVI a los episodios de la revolución Gloriosa de 1688. De alguna manera el contenido interpela al contexto. “Les tocó el lugar más difícil porque están bajo el sol, podemos traerles agua o lo que necesiten”, fue el mensaje de dos integrantes del centro de estudiantes que pasaron en un momento por la clase. La toma en Humanidades tiene un fuerte contenido organizativo, con el armado de comisiones temáticas –de seguridad, de clases públicas, de comunicación– a las que uno se puede sumar voluntariamente.

“Estamos en un proceso de reorganización muy importante del estudiantado que hay que ver cómo se desencadena, pero estamos yendo a una radicalización del plan de lucha”, dice por la noche Agustín Romero, secretario de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien habló en plena faena para organizar la toma de Sociales, en Constitución: estaba preparando una olla popular y además de cortar la calle Santiago del Estero para poner pupitres para las clases públicas, buscaban interrumpir también Humberto Primo. “Las asambleas están siendo masivas, hay una participación genuina”, señaló el dirigente de izquierda. 

La complejidad del reclamo está en la mezcla de visiones que hay entre los alumnos, los centros de estudiantes, los gremios y los rectores. Están unidos por el reclamo para que el Estado aporte más fondos públicos, pero el estudiantazo pareciera estar desbordando la estrategias de reclamo de cada claustro. “No le tenemos confianza a las autoridades y en muchos lugares donde los centros de estudiantes son radicales o peronistas las asambleas los desbordaron”, dijo Romero. 

Ese desacople de velocidad también se da a nivel político. Por ahora el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores, no tiene definición sobre una tercera marcha federal, pese a la caída de la Ley de Financiamiento. Uno de sus argumentos es que el reclamo se gestione por ahora vía el Congreso, buscando que haya un incremento de las partidas en el Presupuesto 2025, que se está tratando en comisiones en Diputados. 

Mientras el proyecto libertario estima un aumento para el año que viene de apenas el 28% a las 60 universidades en todo el país, muy lejos de la inflación y de lo que exige el CIN. Los rectores reclaman $7.2 billones, pero en el Proyecto está estipulado la mitad: 3.8 billones de pesos. Esa negociación la están llevando adelante la UCR y el bloque de Miguel Pichetto. El oficialismo estaría obligado a aceptar cambios porque no tienen las firmas propias para que avance su propuesta.

“Hay una discusión abierta. Hay un sector de la política que dice que hay que esperar a 2025 y que se va a discutir en el Presupuesto, pero el financiamiento lo necesitamos ahora. No podemos esperar a soluciones mágicas al año que viene. El momento es ahora”, cuestionó Olivia Vega, estudiante de Traductorado Público de Derecho en la UBA y referente de la agrupación ¡Ya Basta!. “Las tomas son pacíficas y las clases están llenas”, agregó. 

En Derecho de la UBA pernoctaron el lunes y anoche se votaba en una nueva asamblea que continúe la toma, no sin polémica porque la decisión de inicios semana sobrepasó el deseo de la Franja Morada. Que las facultades de abogacía estén alineadas a la protesta es un dato inédito por su fuerte tradición conservadora. En ese sentido ayer se vio una muy numerosa asamblea en Derecho de Córdoba y se votó la toma por primera vez en la facultad de la UNLP. 

Con sus matices, el movimiento parece un temblor que no deja a nadie indiferente, si hasta el decano de Derecho de la UBA salió a cruzar a Milei en la pantalla de LN+. “En la Universidad pública no estudian los ricos, es exactamente lo contrario”, dijo Leandro Vergara para responder a la mentira presidencial. También aseguró que las universidades son “un factor de inclusión y desarrollo”, cuando una de las falacias del Gobierno fue acusar a las tomas de generar un caldo de cultivo setentista.

Esos tópicos bien actuales se meten ahora en la clase de Europa Moderna sobre la vereda de la UNSAM cuando el profesor termina de explicar el debate que se abrió durante la Revolución Inglesa entre el mundo académico y la coyuntura política con el Leviatán de Hobbes y la bomba de vacío de Boyle. Es un momento de debate político donde hay coincidencia por el reclamo universitario y el profesor concluye: “No sé cómo va a escalar esto. Pero quería hacer la clase acá para solidarizarme con la toma y entender cómo nos pueden interpelar los procesos que estudiamos. De alguna manera lo que estamos viviendo de también es histórico”.

MC/JJD

Hijos de puta, corruptos, ensobrados. Los periodistas son adjetivados por el Primer Mandatario durante el fin de semana. La negatividad todavía rinde en X, pero ya no mide tan bien en televisión. Milei es, o quiere ser, lo que otros no son. Cuando se vuelve afirmativo es confuso, desconcertante. Al destacar el trabajo de un periodista en particular, invierte los roles:

—En una entrevista a un gran periodista y honesto, como es Esteban Trebucq, le pregunté: “¿Sabés cuál es la diferencia entre un genio y un loco?”.—dice, inflamado, en el anfiteatro del Parque Lezama. 

—Pelado, pelado —corea la multitud.

—Señores periodistas, escuchen cómo la gente sabe quiénes laburan bien y quiénes son mercenarios.

Los calificativos generan turbulencias en la tensa armonía de LN+. Como si se sintieran iluminados por el principio de revelación, sus conductores se comportan de maneras extrañas, dando lugar a una variedad de recortes que circulan en las redes sociales. 

—Te felicito, querido Pelado —dice Eduardo Feinmann, ácido, durante el pase del lunes—. Te ovacionaron cinco mil y pico de personas. Y el resto de los periodistas somos unos hijos de puta.

Esteban Trebucq juega con el cuello de su remera.

—Me ponés en un lugar incómodo —dice.

Ignacio Ortelli, que viene de ser insultado por Milei en X, sonríe nervioso a su lado. Feinmann, cuyos límites morales suelen coincidir con los intereses de Mauricio Macri, aclara que no se hace cargo de nada: él no es un hijo de puta, un corrupto ni un ensobrado.

Miércoles a la mañana

Es conservador en lo político, reaccionario en materia de seguridad y progresista en lo cultural. Sobre la base de tres registros que alternan entre sí —irónico, indignado y sensible—, Luis Novaresio parece haber encontrado una fórmula para dirigirse a distintos públicos a la vez. Todo lo conmueve o altera en igual medida: un asesinato en el conurbano, Cristina Kirchner o el aniversario de la creación de Mafalda. Cuando se siente interpelado, juega con su anillo de la mano izquierda.

Las reflexiones de Antonio Laje, en cambio, son menos tenebrosas que su apariencia. De un carisma severo, como un funebrero resignado, su semblante turbio anticipa opiniones más siniestras que el promedio, pero la mayoría de las veces se limita a repetir el sentido común de la señal de noticias. Cuando finaliza una intervención suya, en general, queda en el estudio la sensación de que podría haber dicho algo peor. 

En la previa de la marcha universitaria, ambos conductores improvisan la rutina republicano-cómica de todas las mañanas.

—Vamos a la resistencia, carajo —arenga Luis D’Elía desde un video tomado de las redes sociales—. No tenemos un mango. Voy a recorrer todos los barrios para que a finales de noviembre, principios de diciembre, volvamos a darle a la Patria una lección histórica, para que desde La Matanza volvamos a poner a la Argentina de pie.

—Algún fiscal debería intervenir —opina Laje.

Novaresio recuerda que, la semana pasada, D’Elía publicó una foto donde aparece con integrantes de Hezbollah. 

Laje se sorprende:

—¿Este es docente? —dice.

Horas más tarde

—Es una marcha pacífica —informa Carola Suárez desde el Congreso—. Hay mucha gente.

—Perdoname, Carola —jadea Trebucq—. Lucas Gerez me está llamando desde otro punto porque hay disturbios.

Las imágenes muestran un forcejeo entre la multitud.

—Los manifestantes de la UCR tratan de sacar a un chico que estaba haciendo unas entrevistas —asegura el movilero—. Entiendo que es youtuber. ¿Qué pasó?

Le pone el micrófono.

—¿Vos sos un youtuber, no?

—Me llamo Fran Fijap y acabo de sufrir una agresión por parte de la gente de Lousteau y de Martín Tetaz —asegura el youtuber, con calculada excitación—. Me acaban de pegar, me quisieron robar el celular, mi herramienta de laburo. Lo bueno es que está todo grabado. Queda en evidencia quiénes son los buenos y quiénes son los malos. 

—Dejá de hacer quilombo —grita alguien—. Yo soy periodista profesional. No vengo a hacer quilombo. Los periodistas trabajamos seriamente.

—Trebucq es una mierda —dice otro.

—Hi-jo de puta, hi-jo de puta —corean todos.

El aludido se acomoda el cuello de la camisa.

—No parecen académicos —opina.

Después de la marcha

Al principio, el pase es acartonado: Feinmann abre la conversación con solemnidad.

—Yo estoy a favor de la Educación Pública —aclara.

—No arancelada —coincide Trebucq.

Ya no hay rispideces entre ambos. 

—Se subieron a un reclamo justo y lo convirtieron en un acto político —interviene Ortelli.

Feinmann informa que en la marcha estuvo presente Horacio Rodríguez Larreta.

—La sociedad ve estos personajes y sigue apoyando a Milei, obviamente. Aunque la causa sea justa.

Ortelli ratifica sus palabras y añade que en la marcha también estuvo Juan Grabois. Feinmann se detiene en un cartel: “Docente: $400.000. Jubilado: $250.000. Adorni: $5.000.000”.

—Creo que a ese cartel le falta un nombre —dice, ya distendido—. Cristina Fernández de Kirchner, $18.000.000.

Los tres están de acuerdo. La conversación retoma su cauce habitual. Aparece la foto de un hombre que carga piedras durante la manifestación.

—Deben ser libros —dice alguien.

Feinmann aventura que se trata de un catedrático de la carrera de Arqueología. Todos ríen.

A la noche

Centrado, con parsimonia, Pablo Rossi presenta una lectura definitiva. Hubo dos marchas: un legítimo reclamo de miles de personas por un lado, y el tren fantasma por el otro. Novaresio ensaya una explicación diferente: la presencia de sindicalistas, políticos y Sergio Massa en realidad beneficiaría a los estudiantes, porque en las imágenes se observa que ellos no se acercan a ninguno de los aprovechadores. 

—Fijate alrededor de Massa —apunta—. ¿Cuántos estudiantes hay?

El abordaje es descartado por sus colegas. Feinmann exagera el asombro.

—¿Cómo los va a beneficiar? —dice.

Novaresio se toca el anillo. 

Rossi recuerda los recortes en Educación y Salud realizados por Massa en 2022, cuando era Ministro de Economía.

—Y nadie marchó entonces —señala.

La cortina musical insinúa una amenaza.

—Cuidado, que el viento junta cosas —advierte Rossi, oracular—. Hay mucha gente buscando el vasito de agua en medio del desierto. Si vos estás dispuesto sólo a quedarte con el viento que te trajo hasta el poder, te podés llegar a resfriar cuando el viento cambie. 

Un clip contrapone el discurso de una dirigente de la FUBA con declaraciones de Pablo Moyano sobre la Ministra de Seguridad. Este último segmento es musicalizado con Astor Piazzolla.

—Tratando de borracha a Patricia Bullrich —suspira Feinmann.

Rossi elogia a la dirigente estudiantil:

—Con razón o equivocada, ella sabe dónde está parada —dice.

—¿Ven por qué digo que los beneficia? —insiste Novaresio— Te das cuenta, escuchando a estos dos, quién es el genuino y quién es el aprovechador.

Rossi advierte que se trata de un montaje realizado por ellos mismos.

—Lo estamos haciendo nosotros este juego.

—Me da la impresión de que el Gobierno va a salir a decir: “una cosa es el reclamo justo y estamos de acuerdo y otra cosa es los que se aprovechan” —sugiere el experimentado Feinmann, con menos escrúpulos.

Mientras hablan, aparecen en pantalla fotos de Cristina Kirchner saludando manifestantes desde el balcón del Instituto Patria. Con la participación de Martín Rodríguez Yebra desde la redacción del diario La Nación, los periodistas concluyen que, a pesar de lo que ellos opinan, el veto va a salir y el Gobierno va a focalizar su discurso sobre quienes quisieron sacar rédito político del reclamo.

Zócalo: Camioneros, Suteba y La Cámpora participaron de la marcha.

SR/DTC