La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por la defensa del médico Aníbal Lotocki, en el marco de la causa en la que fue condenado por lesiones graves reiteradas y estafa. El máximo tribunal consideró que el planteo no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, y por lo tanto no correspondía su tratamiento.

El caso judicial que tiene como protagonista a Lotocki se originó a partir de intervenciones quirúrgicas realizadas a cuatro pacientes que denunciaron haber sufrido lesiones físicas de carácter grave. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 de la Capital Federal lo absolvió por el delito de estafa, pero lo condenó a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación especial para ejercer la medicina como autor del delito de lesiones graves reiteradas, en concurso real.

Esa sentencia fue apelada por la defensa, la fiscalía y las querellas. La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena por las lesiones y además condenó a Lotocki por el delito de estafa, lo que implicó elevar la pena a ocho años de prisión y diez años de inhabilitación profesional.

Frente a esa resolución, la defensa particular del médico interpuso un recurso extraordinario, que fue declarado inadmisible por la Cámara. En respuesta, presentó una queja ante la Corte Suprema, que ahora resolvió desestimarla, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La resolución de la Corte no implica ningún pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de Lotocki, ni confirma ni anula la condena. Se limita a señalar que el planteo no se dirigió contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, por lo cual el recurso fue inadmisible desde el punto de vista procesal.

Silvina Luna: la muerte que conmovió al país

Silvina Luna, modelo, actriz y figura mediática argentina, fue una de las pacientes operadas por Aníbal Lotocki, y su caso se convirtió en el más emblemático de las consecuencias trágicas derivadas de sus intervenciones quirúrgicas. En 2011, Luna se sometió a una cirugía estética de glúteos realizada por Lotocki, durante la cual —según denunció ella misma y confirmó la investigación médica posterior— el cirujano le inyectó metacrilato, una sustancia prohibida en muchos países por sus efectos nocivos en el organismo.

Tras la operación, Silvina Luna desarrolló complicaciones renales severas. Sufrió una hipercalcemia (exceso de calcio en sangre) y posteriormente una insuficiencia renal crónica, que la obligó a realizar tratamientos de diálisis durante años. Estaba en lista de espera para un trasplante de riñón cuando su estado de salud se agravó.

Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, tras pasar semanas internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano. Su fallecimiento generó una conmoción pública y reactivó el repudio social contra Lotocki, que ya enfrentaba varias denuncias similares.

Este fallo es uno de los primeros con la Corte integrada por tres, después de el breve tiempo en que tuvo cuatro integrantes, por la jura del recientemente renunciado Manuel García-Mansilla. Como hubo acuerdo entre los tres, no fue necesario que el tribunal convocara a conjueces.

Según pudo saber elDiarioAR, la Corte, con esta integración, por ahora no tiene previsto abocarse al tratamiento y pronunciarse sobre casos de más grueso calibre político, como el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por la que está condenada.

JJD

En un comunicado emitido apenas finalizó la votación, el Gobierno acusó al Senado de convertirse en “una máquina de impedir” que opera con el único fin de “obstruir el futuro de la Nación Argentina”. Según la versión oficial, los senadores rechazaron los pliegos propuestos por el presidente Javier Milei luego de dilatar la votación durante meses, priorizando sus “causas judiciales y las de sus dirigentes” por sobre el correcto funcionamiento de uno de los tres poderes de la República.

“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad”, subrayó el comunicado, apuntando al cuerpo legislativo como un “refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”.

La Casa Rosada remarcó que, durante el último año, los senadores tuvieron a disposición los pliegos de García-Mansilla y Lijo, participando en todas las instancias del proceso de selección establecido por la normativa vigente. Sin embargo, tras prolongar la votación durante meses, el Senado rechazó finalmente las propuestas.

El Gobierno señaló que esta decisión constituye una amenaza para la democracia y para la independencia judicial, al anteponer la “protección penal” de la clase política por sobre la normalización del sistema judicial. En ese sentido, el comunicado concluyó afirmando que el Presidente continuará utilizando “todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos” para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza en las instituciones.

JJD

Javier Milei no tiene los votos para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado. No los tuvo hace un año, cuando propuso sus candidaturas y amagó con cerrar un acuerdo más amplio con el peronismo para completar la Corte Suprema. No los tuvo hace un mes, cuando decidió avanzar vía DNU y Horacio Rosatti solo le tomó juramento a uno: García-Mansilla, el decano de la Universidad Austral que prometió, antes de jurar, que nunca asumiría vía decreto. Y no los tiene ahora, cuando, a partir de las 14 horas, la oposición abra el recinto para voltear los pliegos. El Gobierno tiene una sola carta disponible y es vaciar la sesión antes de que comience. El quórum es una moneda en el aire y, hasta que suena la chicharra, todos los alfiles juegan.

Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Sergio Massa, Santiago Caputo, Guillermo Francos: todas los grandes líderes de la oposición y el oficialismo se pusieron a levantar el teléfono para medir voluntades. En Casa Rosada se mueven con sigilo: para afuera manifiestan querer dar la discusión por terminada —“Que se sienten y voten”, es una frase que se repite en las filas libertarias—, pero para adentro siguen conversando y negociando con los senadores del peronismo y del radicalismo. Saben que no tienen los votos para aprobar los pliegos —se necesitan los dos tercios—, por lo que el objetivo es impedir que Unión por la Patria llegue al mágico número de 37 para el quórum. 

Hay otra salida elegante, que es retirar los pliegos. Pero pese a las súplicas de los gobernadores radicales, el Gobierno se niega. Los mandatarios aliados insisten, ruegan: si el Ejecutivo retira los pliegos —como hicieron siempre los oficialismos ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo en el Senado— no había sesión y se acababa el asunto. La propia Victoria Villarruel, incluso, le había sugerido a su Gobierno que avanzara en esa línea: le prometía conseguir los votos para retirar los pliegos —que requieren una mayoría simple— y terminar con la novela. Pero no había manera: el Gobierno quería ir a matar o morir en el recinto y, en su cruzada, arrastraba a los aliados.

La UCR estaba en una encerrona: no podía acompañar la designación de los jueces por decreto pero no se animaba a oponerse abiertamente al Gobierno. Los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau presionaban, puertas adentro, para voltear los pliegos, pero el resto de la bancada se resistía. Especialmente aquellos que responden a los gobernadores radicales de Mendoza, Chaco y Corrientes. El jefe de bloque, Eduardo Vischi, se reunió con Caputo en su oficina de Casa Rosada y le explicó que, si no retiraban los pliegos, su bloque insistiría por el rechazo. Y así fue: unas horas después, luego de una breve reunión de bloque, la UCR definió que daría quórum para rechazar los pliegos de Javier Milei. 

Con la UCR en la cancha, la posibilidad de llegar al quórum resulta casi inevitable. Ya hace tiempo que el jefe de la bancada de UxP, José Mayans viene afirmando que tiene “más de 30 votos” para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Pero al momento de contar los votos para dar quórum el número se volvía, sin embargo, más elusivo. El problema eran los gobernadores peronistas, que se resisten a soltarle la mano a Lijo —ya sea por amistad o por temor a que hubiera consecuencias judiciales en Comodoro Py— y que amenazan con vaciar la sesión antes de que comience. 

De acompañar los radicales, sin embargo, el cristinismo podría suplir las cuatro o cinco ausencias propias —la mayoría provenientes del nuevo subbloque peronista llamado Convicción Federal, que rompió con UxP por su rechazo a la conducción de CFK— con las presencias radicales. Aunque varios peronistas sospechan: el recuerdo de la creación de la comisión investigadora por el caso $Libra está presente en la mente de muchos, que sospechan que si Vischi se animó a votar en contra de un proyecto de su autoría fácilmente podría ausentarse en una sesión que perjudica al Gobierno.

Los radicales, sin embargo, no son los únicos que juegan. En las últimas horas, varios senadores del PRO comenzaron a deslizar la posibilidad de dar quórum. Una es Guadalupe Tagliaferri, que es la presidenta de la comisión de Acuerdos y firmó uno de los dictámenes de rechazo al pliego de García-Mansilla. Pero no solo ella: Alfredo de Angeli, el presidente del bloque PRO, también advierte que podría bajar a dar quórum. De Angeli fue designado como jefe de bloque luego de la renuncia de Luis Juez, quien fue acercando posturas a Javier MileI, y responde directamente a Mauricio Macri. 

Macri ya había manifestado su rechazo a la designación de Lijo y, en medio de la guerra declarada por el control de la Ciudad de Buenos Aires, está dispuesto a subir la apuesta.

Los números para el rechazo

El principal desafío de la oposición será conseguir los 37 para el quórum porque, una vez iniciada la sesión, el rechazo a los pliegos será casi un trámite. Solo se necesitan 25 votos para rechazar los pliegos y, en ambos casos, UxP tiene el número para voltear a los magistrados. Aunque será un tetris compuesto de voluntades contrapuestas.

En el caso de Lijo, el mayor dolor de cabeza lo tendrán los peronistas. Especialmente quienes responden a los gobernadores y son quienes vienen negociando cargos en la Justicia Federal a cambio de no dinamitar los planes del Gobierno. Se espera que, en el caso del juez federal, haya al menos una docena de peronistas que no acompañen el rechazo. El cristinismo, sin embargo, podría conseguir fácilmente el número con el PRO y la UCR: dos partidos que nunca quisieron mucho a Lijo. 

El caso de García-Mansilla es más sencillo, ya que todo UxP está en contra de su designación. Se podría dar la situación paradigmática, incluso, de que el actual juez de la Corte Suprema sea rechazado por casi todos los bloques del Senado. Lo que abriría una incógnita que supera lo que pueda suceder el jueves, ya que el Gobierno advierte que García-Mansilla seguirá en el cargo hasta fin de año aunque se rechace su pliego. Es decir que podría haber un juez de la Corte cuya designación fue rechazada por el Congreso firmando fallos hasta fin de año. Un escenario que tiene todos los condimentos de una futura crisis institucional.

MC/JJD

La decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces en comisión de la Corte Suprema de Justicia ha encendido las alarmas en distintos sectores. Uno de los pronunciamientos más contundentes provino de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que representa a más de 720 empresas que generan el 24% del PBI nacional y el 45% de las exportaciones.

Estas empresas incluyen tanto a compañías de capital estadounidense como a empresas argentinas y multinacionales que tienen intereses comerciales en Estados Unidos, el país con el que Milei decidió que la Argentina, durante su gobierno, mantenga un alineamiento incondicional.

En un comunicado emitido este miércoles, la organización advirtió que la medida presidencial, si bien tiene sustento constitucional, compromete la seguridad jurídica y la estabilidad institucional del país. “Cualquier decisión tomada por una Corte integrada de forma excepcional y temporaria quedaría expuesta a cuestionamientos sobre su validez y legalidad”, afirmó AmCham, que también subrayó que el nombramiento de jueces en comisión podría derivar en la nulidad de sus fallos.

El pronunciamiento de AmCham reviste especial relevancia por tratarse de una entidad que representa intereses empresariales estadounidenses en Argentina, con un fuerte impacto en la economía local. La Cámara alertó que la incertidumbre institucional “erosiona la confianza de los actores económicos y aleja las inversiones necesarias para el desarrollo del país”.

El decreto de Milei se fundamenta en que el Senado no aprobó los pliegos de los candidatos y se encuentra en receso, aunque restan pocos días para el inicio del nuevo período de sesiones ordinarias. AmCham enfatizó que la vía correcta sería que la Cámara alta trate las postulaciones dentro de los plazos razonables y que el nombramiento de jueces transitorios genera incertidumbre y desconfianza en la estabilidad del sistema judicial.

El comunicado también destacó los avances del Gobierno en materia fiscal y monetaria, pero advirtió que medidas como esta pueden “opacar estos esfuerzos” y afectar la previsibilidad que necesita el país. “La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y el crecimiento sostenido”, concluyó la Cámara.

El rechazo de AmCham se suma a las críticas que ya han surgido desde distintos sectores políticos y judiciales. La designación de jueces en comisión por decreto es un mecanismo previsto en la Constitución, pero su uso en el máximo tribunal de justicia del país sienta un precedente inédito en la historia institucional argentina, además de ser de dudosa legalidad. Con el inicio de las sesiones ordinarias a la vuelta de la esquina, la presión sobre el Senado para definir la conformación de la Corte Suprema será cada vez mayor.

JJD

El Senado podría terminar de un plumazo con la maniobra de Javier Milei para que Ariel Lijo sea juez de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo? Muy simple: votando en contra del dictamen de comisión favorable a su candidatura en una sesión. Los dos números a conseguir son 37 y 25.

El primero es la mitad más uno de los miembros del cuerpo (72 senadores) sentados en el recinto, lo mínimo necesario para poder iniciar la sesión; es decir, que haya quórum. El segundo es, una vez iniciada la sesión, el tercio de votos que bloquea cualquier aprobación de un candidato a la Corte, ya que la Constitución Nacional dispone una mayoría calificada de dos tercios (48, si estuvieran todos presentes). El proceso parlamentario, contado así, es sencillo pero el avance depende de que haya voluntad política.

Después de que el jueves pasado el oficialismo decidiera no realizar la sesión del Senado en que estaba previsto votar el dictamen de la comisión de Acuerdos favorable al pliego de Lijo, porque al parecer el candidato de la Casa Rosada (sugerido por Ricardo Lorenzetti) no reunía los dos tercios, Milei directamente lo nombró por decreto. Lo mismo hizo con Manuel García-Mansilla, su otro postulante al máximo tribunal, que ni siquiera pudo pasar el filtro de la comisión (como no hay dictamen, el proceso para rechazar su postulación es distinto del de Lijo).

Después de esa decisión presidencial, cuestionada política y jurídicamente, el peronismo hizo saber a elDiarioAR que no se lo dejará pasar y amenaza con llevar el pliego de Lijo al recinto para rechazarlo. El interbloque Unión por la Patria tiene 34 de los 72 senadores. Es decir que está a tres del quórum y que, si la voluntad fuera monolítica, tendría de sobra el número para voltearlo. Pero la política suele ser más compleja que la matemática.

El sábado Milei dejará inaugurado el período de sesiones ordinarias del Congreso, con lo cual el Senado quedará habilitado para tratar en una sesión ordinaria o en una especial (con la firma de al menos cinco senadores) el pliego de Lijo ya dictaminado. Es decir que los próximos días serán claves para analizar cuál es la voluntad política del Senado tras la decisión de Milei de esquivarlo.

Mientras tanto, expertos consultados por elDiarioAR divergen en sus interpretaciones respecto de si un pronunciamiento del Senado deja sin efecto el decreto designatorio de Milei y respecto de si, una vez vencido el plazo constitucional del mandato en comisión (el 30 de noviembre próximo) de Lijo y García-Mansilla, el Presidente podría volver a designarlos ad aeternum o no. Pero en algo coinciden todos: el decreto es inconstitucional. Lo mismo sostiene el constitucionalista Roberto Gargarella en esta columna publicada en elDiarioAR.

El exsenador nacional por Córdoba Ernesto Martínez, abogado y exintegrante de las comisiones de Acuerdos y de Asuntos Constitucionales, señaló en diálogo con este medio que las designaciones en comisión de determinados “empleos” se toma de la constitución de Estados Unidos. “Se trata de cargos de la Nación que requieren el acuerdo del Senado y que podrían cubrirse de un modo preventivo para que, una vez que el Senado se reúna, les dé o no el acuerdo definitivo. Esto no proviene de la reforma de 1994 sino de la de 1853. En aquella época el período de sesiones ordinarias era más corto que el actual. No era de nueve meses sino de solo cinco: del 1 de mayo al 30 de septiembre. Por lo tanto, estas situaciones de cargos por cubrir con necesario acuerdo del Senado se podían dar con mucha más frecuencia que en la actualidad. Por supuesto que varios presidentes lo utilizaron en el pasado, pero en Estados Unidos fue pensado más que nada para los cargos militares: si entrás en guerra, no te podés quedar sin ascenso de generales porque el Senado no funcione”, explicó.

Martínez señaló que el acuerdo por vocales de la Corte implica necesariamente “una transacción política” y subrayó que “esto es justamente lo que prevé la Constitución” al requerir los dos tercios. Explicó que, si el Senado quisiera impedir la llegada de Lijo a la Corte, “primero se deben juntar 37 para iniciar la sesión” y después, “25 voluntades para bloquear los dos tercios”. “A partir de entonces, hay todo un juego conjetural. A lo mejor estos dos senadores por Santa Cruz, que la última no estuvieron, ahora sí estarían para esto”, planteó, en referencia a José Carambia y Natalia Gadano, que no bajaron al recinto e impidieron que Victoria Villarruel pudiera avanzar con la desiganción de autoridades en la sesión preparatoria, que iba a realizarse la semana pasada.

En efecto, el peronismo avisó que irá por Lijo pero tres senadores de Unión por la Patria, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci, sin embargo, estamparon sus firmas en apoyo a su candidatura. Además, ¿qué haría el formoseño José Mayans, presidente ese interbloque, si el juez federal Lijo benefició en el pasado a su jefe político, el gobernador Gildo Insfrán, en la causa Ciccone? ¿Qué mandaría a hacer Cristina Fernández de Kirchner a los senadores que le responden? ¿Y qué harán los otros 32 senadores que no son de Unión por la Patria, descontando que los seis de La Libertad Avanza votarán a favor de Lijo, si el pliego se lleva al recinto? Aunque 25 parece ser un número asequible para voltear la llegada del juez de Comodoro Py a la Corte, los 37 para que haya quórum nunca son fáciles de conseguir.

¿Cuánto pueden durar Lijo y Mansilla en comisión?

El exsenador Martínez señaló que los mandatos de Lijo y García-Mansilla en la Corte duran por decreto, sin la posibilidad de ser designados nuevamente por otra decisión presidencial sin acuerdo del Senado, hasta el 30 de noviembre, día en que finaliza el período de sesiones ordinarias 2025, tal como lo dispone la Constitución, en el inciso 19 del artículo 99, sobre Atribuciones del Poder Ejecutivo: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

En cambio, Nahuel Maisley, doctor en Derecho (UBA) señaló: “La interpretación que está proponiendo el Gobierno de la Constitución le permitiría nombrarlos ad aeternum en comisión, simplemente renovándolos cada año”. “Es un paso claro hacia el autoritarismo, aunque no sabemos si piensan hacerlo. Si lo hicieron ahora y las instituciones se lo permiten, nada les impediría hacerlo nuevamente el año que viene y seguir así para siempre”, planteó.

A su vez, Sebastián Guidi, doctor en Derecho (Yale) y columnista habitual de elDiarioAR, dijo que “el nombramiento en comisión es un decreto simple y, como tal, ni siquiera se envía al Senado, por lo cual el Senado no puede 'rechazar' el nombramiento en comisión sino los pliegos enviados el año pasado, como señal política” de protesta frente a la decisión unilateral de Milei. Y agregó: “Ahora bien, ¿eso hace que los nombramientos en comisión caigan? El sentido común indica que sí, pero la verdad es que el artículo 99, inciso 19, no lo dice”.

Guidi sostuvo que nunca en la historia pasó que el Senado no tomara una decisión sobre nombramientos en comisión: siempre aprobó los pliegos de los nombrados por decreto, como lo hizo, por ejemplo, con los actuales jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (presidente del tribunal), a quienes en 2015 Mauricio Macri los nombró por decreto, aunque después quedaron confirmados en sus cargos con acuerdo del Senado.

“En Estados Unidos, su primer presidente, George Washington (1789-1797) nombró al presidente de la Corte, John Rutledge, y el Senado lo rechazó. Rutledge no solo renunció sino que además intentó suicidarse. Por ahí es un poco extremo recordar eso pero el punto es que tuvo que renunciar, no es que se cayó automáticamente [su designación por decreto por un pronunciamiento del Senado]”, afirmó Guidi.

En este sentido, sostuvo que “desde el punto de vista de la legitimindad de la Corte, sería un papelón que se queden hasta fin de año con el pliego caído, aunque desde el punto de vista estrictamente jurídico no está claro que el nombramiento se caiga”. De todas maneras, señaló: “La designación por decreto en estas circunstancias no se puede hacer, entonces la pregunta de hasta cuánto duran sus mandatos es como preguntar a qué velocidad vuela una vaca”.

Maisley, por su parte, también señaló que la designación en comisión “es claramente inconstitucional”. Al igual que Martínez, sostuvo que “es algo que no se hace desde 1910 con jueces de la Corte” (porque al final Rosenkrantz y Rosatti recibieron el acuerdo del Senado) y que el decreto de Milei es “un paso más que de la Argentina hacia regímenes del tipo del de Víctor Orbán, en Hungría, y otros autoritarismos que empiezan a distanciarse de las reglas de la República”.

Con respecto a quiénes pueden parar estos nombramientos por fuera de la Constitución, el especialista señaló: “Por suerte hay muchos aunque tengo pocas esperanzas en todos ellos. El primero es, por supuesto, el Ejecutivo, retirándolos, si hubiera una señal clara de la sociedad o de la comunidad política sugiriendo que esto es una barbaridad. Si este fuera otro gobierno, uno esperaría acciones frente a una reacción de la sociedad en respuesta a este paso, que es claramente problemático. Pero eso probablemente no pase. Los segundos que pueden parar esto son los propios candidatos, que pueden decidir cumplir con su palabra, en el caso de García-Mansilla, que dijo en las audiencias que le parecía una erosión de la democracia asumir en comisión. Los terceros que pueden frenar esto son los jueces de la Corte actual, Rosenkrantz, Rossati y Lorenzetti, que pueden decidir no tomarles juramento hasta tanto no haya acuerdo del Senado”.

Y agregó: “En el caso de Lijo, está pidiendo licencia de su cargo como juez federal en lugar de renunciar para asumir en comisión y la Corte, que es la que decide en última instancia, podría decidir no darle la licencia, además de no tomarle juramento hasta que no tenga el acuerdo del Senado. Y por supuesto, en mi interpretación constitucional, el cuarto actor que puede frenar esto es el Senado sometiendo los pliegos a votación y rechazándolos. En ese caso, en mi lectura de la Constitución, se caen claramente los nombramientos en comisión”.

Lo que está en juego no es solo la Corte sino la arquitectura democrática misma: si el Congreso cede ante esta maniobra del presidente de la Nación, el precedente que se sienta podría abrir la puerta a un Gobierno sin controles. Lo que parecía una jugada audaz de Milei podría convertirse en una crisis institucional de dimensiones imprevisibles. Lo que ocurra en los próximos días será una prueba clave para el equilibrio de poder en la Argentina.

JJD/MC

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos de revocatoria que habían sido interpuestos por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Defensoría General de la Nación contra el fallo Levinas. Según el portal especializado Palabras del Derecho, el máximo tribunal expresó la improcedencia de los remedios, de quienes no revistan la calidad de parte con participación legitimada en la causa.

El fallo Levinas es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que generó una fuerte controversia en el ámbito judicial. En esencia, el fallo otorga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la capacidad de revisar decisiones de la Justicia Nacional en causas que tramitan en la Capital Federal. Esto significa que el TSJ se convierte en la última instancia para estos expedientes, desplazando la intervención directa de la Corte Suprema en ciertos casos.

¿Qué es la Justicia Nacional? Es un fuero judicial con competencia sobre causas que ocurren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que no forman parte de la Justicia Federal ni de la Justicia de la Ciudad. Es una estructura heredada de cuando Buenos Aires era la capital del país sin autonomía propia y, hasta hoy, sigue bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación.

El fundamento del fallo radica en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida en la reforma constitucional de 1994, y en la falta de avances en la transferencia de competencias de la justicia nacional al ámbito porteño. La Corte argumentó que esta situación debía resolverse de manera definitiva, basándose en precedentes como los casos Strada y Di Mascio.

Sin embargo, el fallo fue duramente criticado. Uno de los principales cuestionamientos es que genera conflictos entre el sistema judicial nacional y el de la Ciudad, especialmente en fueros como el comercial y el laboral. También se señala que el Ministerio Público Fiscal de la Nación pierde facultades en favor del TSJ porteño, lo que genera incertidumbre sobre la legalidad de ciertas intervenciones judiciales. Además, esta decisión impacta en causas sensibles como el caso Correo Argentino, ya que la Corte aplicó el mismo criterio para permitir que el TSJ porteño tome decisiones sobre cuestiones clave para la familia Macri.

De esta manera, la Corte reafirmó su postura de que el Tribunal Superior de Justicia de CABA tiene competencia para revisar ciertos fallos de la Justicia Nacional, rechazando los intentos de frenar esta decisión mediante recursos o medidas cautelares. Esto fortalece la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia judicial y debilita la resistencia de jueces nacionales y otras entidades que buscan impedir este cambio.

Cabe destacar que en diciembre de 2024, la Corte había fallado por habilitar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como órgano encargado de resolver los recursos extraordinarios interpuestos contra sentencias de la Justicia Nacional. 

Tras ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional planteó un recurso de “revocatoria y suspensión de efectos”. El Tribunal consideró que la tal petición resulta inadmisible, ya que según el artículo 14 de la Ley 48 no están habilitados a interponer el recurso previsto quienes no revistan la calidad de parte con participación legitimada en el proceso, aun cuando aleguen tener un gravamen configurado.

A su vez, agregó que el planteo resulta improcedente, pues sus sentencias definitivas e interlocutorias no son susceptibles de ser modificadas por el recurso de revocatoria, ni por el de nulidad, salvo situaciones excepcionales que, a su criterio, no concurren en la especie.

En el mismo sentido, se expresó respecto al recurso de revocatoria interpuesto por la titular de la Defensoría General de la Nación. Por su parte, el ministro Carlos Rosenkrantz, quien se había manifestado en disidencia en la causa Levinas, compartió los fundamentos del voto qpara rechazar el recurso interpuesto, sin que ello implique modificación alguna de su opinión en dicha sentencia.

Por otra parte, en otra causa la Corte también revocó la medida cautelar que había confirmado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en marzo de 2022. La medida había sido peticionada por Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y suspendía la ley porteña que habilitaba al Tribunal Superior de Justicia a revisar sentencias de la Justicia Nacional.  Se trata de la aplicación del art. 4° de la ley 6.452 de la Ciudad de Buenos Aires que regula el recurso de inconstitucionalidad reglamentado contra las sentencias definitivas dictadas por las Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en CABA. 

Para el máximo tribunal, la cautelar —que suspende la aplicación de la ley local impugnada— “ha sido decretada en el marco de un proceso colectivo, con efecto ‘erga omnes’, enervando así el poder de policía del Estado, excediendo el interés individual de las partes y afectando de manera directa el de la comunidad”. Según la Corte Suprema, hoy no existen suficientes fundamentos para sostener esa medida. La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. 

Cabe recordar que, en ese pleito promovido por la AFMJN, también habían adherido otras entidades como Asociación Civil Gente de Derecho, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal. 

JJD, con información del portal especializado Palabras del Derecho.

Juan Carlos Maqueda se despidió de la Corte Suprema con una advertencia al poder de turno. Sin mencionar a Javier Milei, pero con guiños a la personalidad del libertario, planteó: “No podemos renegar de 300 o 400 años de civilización ni quedar a la deriva de los hombres que, en estos momentos, hacen culto a la personalidad, se creen proféticos y ponen en riesgo las instituciones de la convivencia democrática”, sostuvo.

Con un multitudinario acto celebrado este mediodía en el Patio de Honor del Palacio de Justicia, Maqueda dijo adiós a la Corte porque se jubila el próximo 29 de diciembre, día en que cumple 75 años.

Ante la presencia del presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz; autoridades judiciales, magistrados de distintos fueros, representantes del ámbito académico, funcionarios y empleados de la Corte, Maqueda afirmó que “aunque parezca fuera de moda, tenemos que defender las instituciones de la democracia, la república y el Estado de derecho” en momentos en que estas “corren serios riesgos”. No se presentó al evento el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, enemistado con la cúpula del máximo tribunal.

El evento fue luego de que el máximo tribunal fallara contra la reelección indefinida en Formosa, un golpe a la longeva gestión de Gildo Insfrán, que gobierna desde 1995. Maqueda, en sus palabrasde cierre, instó a “sostener los pilares de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”.

A pesar, advirtió, de que “la moderación haya sido dejada de lado y hoy se transiten los extremos”, desde el Poder Judicial se debe “volver a la prudencia” para “con independencia e imparcialidad, dejar sentada nuestra defensa de las instituciones”, dijo ante más de 500 personas, entre quienes se encontraban su esposa y su hija.

Hace dos semanas, Maqueda ya había manifestado su preocupación por “las instituciones de la democracia”. “Veo nubarrones en el horizonte y me preocupa seriamente porque nos comprende a todos nosotros”, dijo durante el homenaje que le organizaron en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPAPF).

El juez resaltó el trabajo de Héctor Acemoglu y Simon Johnson que les valió el Premio Nobel de Economía, donde reivindicaron el peso de las instituciones en el desarrollo económico de las naciones. “Había una cierta creencia de que el desarrollo de la economía en nuestros países dependía solamente de las buenas políticas económicas y estos dos grandes autores nos han dejado un libro fantástico sobre por qué fracasan los países que fracasan”, expuso Maqueda, y agregó: “uno de los pilares fundamentales es la calidad de las instituciones”.

Previamente, Rosatti definió a Maqueda como “un gran juez y hombre republicano; raro ejemplo de un funcionario que ha transitado, con idoneidad y ejemplaridad en su conducta, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en los ámbitos nacional, provincial y municipal”, además de haber desempeñado “un rol preponderante” como convencional constituyente en la reforma de 1994. 

Rosatti señaló que Maqueda, en los últimos tiempos, “fue objeto de injustos agravios y cobardes ataques, que sobrellevó con hidalguía y tolerancia”; resaltó que “se va por la puerta grande” y esbozó un repaso por sus principales aportes a la jurisprudencia de la Corte. “Tuvo una actuación protagónica”, dijo, con intervenciones en fallos relacionados con el federalismo, la protección de los vulnerables y la defensa de los derechos humanos, “tres ejes de sus preocupaciones”. 

Asimismo, lo consideró “una referencia y guía” para sus pares y una “voz siempre escuchada, respetada, ponderada y sabia”. Su figura, concluyó, “hace cierta la afirmación de que haber participado en política antes de acceder a la Justicia no es un demérito, sino todo lo contrario”.  

Con Maqueda de salida, la Corte pasaría a estar en enero con solo tres votos, una situación inédita que haría inviable cualquier sentencia, debido a que el Gobierno no logró aún que avance en el Senado la nominación del juez Ariel Lijo en su reemplazo. También se empantanó el pliego del catedrático ultraconservador Manuel García-Mansilla.

MC

“No hay juez de la Corte sin Acuerdo del Senado”. Así se titula una declaración de los senadores de Unión por la Patria, publicada en Twitter (X). El comunicado, firmado por los integrantes de este espacio, es una advertencia al presidente Javier Milei, quien según su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la falta de acuerdo en el Senado para que sus candidatos, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, sean jueces de la Corte Suprema de Justicia podría nombrarlos a ambos por decreto en comisión.

La declaración de los senadores del peronismo es una obviedad, porque aunque un presidente de la Nación efectivamente sí puede designar jueces de la Corte en comisión, estos pueden asumir en dichos cargos solamente durante un año: para ser nombrados y mantenerse como vocales del máximo tribunal de Justicia del país de manera permanente (hasta los 75 años, cuando deben jubilarse) es un requisito necesario el acuerdo de los dos tercios de los senadores presentes en una sesión pública de la Cámara.

La advertencia de los senadores del peronismo, expresada este miércoles en las redes sociales, además, llega días después de que la senadora Lucía Corpacci, vicepresidenta del PJ que conduce desde este mes Cristina Fernández de Kirchner, apoyara con su firma la designación de Lijo. Es decir que el peronismo advierte que no quiere nombramientos por decreto aunque al menos a Lijo ya está apoyándolo estampando sus firmas al dictamen de la comisión de Acuerdos (por ahora, no pasa lo mismo con el otro postulante de Milei, García-Mansilla: en este caso, el respaldo del peronismo está aún en veremos).

Después de meses de hermetismo, estos movimientos podrían confirmar que Cristina Fernández Kirchner avalará el pliego del juez Lijo para integrar la Corte. El más significativo fue el sinceramiento de Corpacci, senadora catamarqueña muy cercana a la expresidenta de la Nación. El argumento de la exgobernadora es que lo apoyará porque “los que pueden venir son peores”.

El comunicado y el antecedente de 2016, que marca una contradicción

“Las senadoras y los senadores abajo firmantes asumimos el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 'en comisión' bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que reza: 'Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura'”, dice el comunicado de los senadores del peronismo.

La declaración está firmada nada menos que por el jefe del interbloque Unión por la Patria, el formoseño José Mayans, quien sin embargo en 2016 votó a favor de los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Aquel año ambos eran candidatos a la Corte Suprema de Justicia del entonces presidente Mauricio Macri (PRO), quien inicialmente los había designado en comisión, por decreto. Ni Rosenkrantz ni Rosatti se expresaron en contra de esa forma cuestionada de haber sido designados. Después obtuvieron el acuerdo de los dos tercios del Senado, con el apoyo de los senadores del PJ, como Mayans, quien ahora también podría votar a favor de Lijo por orden del caudillo al que responde, el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán.

El senador Francisco Paoltroni, también de Formosa, echado de La Libertad Avanza por rebelde, fue el primero en oponerse a la postulación de Lijo contra la voluntad de Milei: recordó que Lijo, juez de Comodoro Py —es decir integrante de la Justicia Federal— fue quien remitió a la Justicia formoseña la causa sobre la consultora The Old Fund, contratada por el gobierno de Insfrán y que pertenecía a Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro de Amado Boudou. De esta manera, Lijo salvó a Insfrán de la causa Ciccone, por la cual el ex vicepresidente de CFK terminó preso.

De acuerdo con el comunicado de los senadores peronistas, “como se desprende claramente de la redacción constitucional e interpretación pacífica de la doctrina, el término 'empleos' hace referencia al personal militar y diplomático que depende directamente del PEN (Poder Ejecutivo Nacional), pero que requiere acuerdo del Senado de la Nación. El mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto cabeza del Poder Judicial, independiente de los otros dos poderes consagrados en la Constitución Nacional y cuya organización esta dispuesta en la Sección Tercera del texto conspitucional, es único y está previsto en el inc. 4 del art. 99, que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, Inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inc. 9 del mismo artículo”, dice el comunicado.

Es por eso, dicen los senadores del peronismo, que la designación “en comisión” de un juez o jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional, y constituye una afrenta irreparable al sistema repúblicano, democrático y federal de nuestro pais. “Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”, concluye la declaración.

Mientras el peronismo se rasga las vestiduras denunciando la inconstitucionalidad de los nombramientos “en comisión”, algunos de sus senadores ya usaron su lapicera para avalar a Lijo. A su vez, Milei, que llegó al poder prometiendo romper con las viejas prácticas de la “casta”, parece estar tomando nota del manual kirchnerista: avanzar por decreto cuando los números en el Congreso no cierran. 

JJD

Una palabra incorrecta en la nota de expulsión de Francisco Paoltroni del bloque le bastó a Victoria Villarruel para dejar en evidencia la impericia e inexperiencia de los senadores de La Libertad Avanza. La corrección a mano alzada con un asterisco fue la solución que encontraron los libertarios para salvar el yerro –escribieron “solicitar” y cambiaron por “comunicar”– y que se formalice correctamente la salida del formoseño de la bancada en la Cámara alta, que pasó de siete a apenas seis miembros. El traspié se podría haber gestionado de manera reservada, pero el minué de la vice ante los medios le sirvió para profundizar aún más la interna que tiene con la Casa Rosada, sobre todo con Santiago Caputo, quien decidió eyectar al legislador como venganza a su cruzada personal contra la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Villarruel tampoco quiere al magistrado.

La expulsión de Paoltroni el miércoles a la noche justo apenas terminó la ronda de audiencia de los candidatos al máximo tribunal le sumó incertidumbre a la negociación que tiene que enfrentar el Gobierno para mantener a flote los pliegos del juez federal y del académico Manuel García-Mansilla. El catedrático ratificó en la Cámara alta su costado más conservador y pisó el palito del kirchnerismo cuando reveló que fue el propio Caputo quien le ofreció el cargo. Casi en simultáneo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, admitía en la pantalla de TN un dato que hacía tiempo recorría los pasillos parlamentarios: que el cortesano Ricardo Lorenzetti es quien está detrás de Lijo. 

En medio de la interna libertaria y ante la cristalización de que la estrategia oficial hacia la Corte está digitada por el todopoderoso asesor presidencial –vía el secretario de Justicia, Sebastián Amerio–, en el peronismo esperan una convocatoria concreta de la Casa Rosada para negociar sus votos a cambio de importantes resortes en la Justicia. Este jueves por la mañana fue la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) quien le puso palabras a la situación: “Ahora esperamos una conversación con el Gobierno”, dijo en FutuRock luego de las audiencias.

Unión por la Patria tiene la llave en el recinto para nominar a los dos nuevos jueces: ostenta 33 de las 72 bancas, cuando son necesarios dos tercios. La senadora mendocina admitió que en el bloque no hay una mirada homogénea sobre Lijo y Mansilla. De por sí la bancada peronista está dividida entre los legisladores que responden a los gobernadores del PJ y los referenciados con Cristina Kirchner. En esas dos tribus hay contraposiciones internas entre los que aceptan o no al par de candidatos.

Sagasti dijo públicamente que la bancada buscará una posición común para evitar “pelearse”. Está muy fresco el carajeo mediático entre la expresidenta y el jefe del bloque, José Mayans (Formosa), por su posicionamiento sobre Villarruel, lo que podría impactar de manera lateral ante el dilema de cómo definirse ante los candidatos de Javier Milei. Hay un temor sobre cómo podría leerse públicamente la consigna de que hubo un “pacto Milei-Cristina” para poner a los jueces de la Corte.

Por eso el peronismo quiere hacer valer sus votos y le reclama al Gobierno que los llame para negociar un rosario de ítems: desde la ampliación de la Corte –en 2022 el Senado le dio media sanción a una integración de  15 jueces– o las vacantes importantes que hay en el Poder Judicial como son la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y una serie de juzgados federales. Hasta ahora, según supo elDiarioAR, nadie en el Ejecutivo levantó el teléfono para dar una propuesta clara al respecto. 

La presión opositora, explicó una fuente, se entiende en el sentido de que a Unión por la Patria le costaría mucho apoyar a un conservador y antiabortista como Mansilla, más que al controversial Lijo. Ya Milei dijo que la apuesta es “los dos o ninguno”. Sagasti evitó en su declaración radical hablar de uno u otro, pero se manifestó en claro rechazo a que no haya una mujer candidata. 

“Es esperable que aprieten en este momento los peronistas para sacarle más rédito a sus votos”, dijo una voz judicial que conoce de cerca el procedimiento de la nominación de los candidatos para la Corte. El mismo operador aseguró que la bancada de Unión por la Patria “ya dijo que sí sobre Lijo”, y que por eso se inició el proceso formal de las audiencias de los candidatos semanas atrás. El cálculo del vocero es que los pliegos lleguen al recinto durante septiembre. Si la definición se demora es porque la negociación no avanzó. “Harán un intento y no más”, aseguró un libertario sobre qué se puede esperar de la Rosada. 

En los despachos del Senado comenzó a circular el dictamen de Lijo y Mansilla para juntar las firmas de los integrantes de la comisión de Acuerdos. Es el rol que asumió el libertario Ezequiel Atauche (Jujuy), pero la separación de Paoltroni enrareció el clima en el oficialismo. Por eso los opositores aún esperan para estampar su firma. Además de las conversaciones en UP, también la UCR se sometió a una deliberación interna: ayer Martín Lousteau convocó a un Zoom de la mesa nacional del radicalismo para discutir qué hacer con los candidatos.

“Están complicados los pliegos y calculo que se van a tomar estos días para negociar”, reconocieron cerca de un encumbrado senador libertario. “Se empantanó todo”, dijo otro vocero de LLA en medio de la pelea entre Villarruel y la bancada de LLA. En público, Bartolomé Abdala (San Luis), presidente provisional del Senado, buscó ser más optimista: “Mi pálpito es que los dictámenes van a llegar tranquilamente”, dijo ayer en radio Mitre.

El laberinto en el que se metió el propio oficialismo con Lijo y Mansilla podría tener como salida una puerta que hasta ahora no se golpeó: la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Para los peronistas, en definitiva, podría ser más fácil conversar con otro peronista. Y también Villarruel se siente más cómoda en recibir en su territorio al ministro coordinador.

“Si ven que Francos puede destrabar cosas, lo van a usar. Él tiene otra impronta que Caputo”, entendió un conocedor de la rosca por Lijo. En el Ejecutivo dijeron que “por ahora no”. Sin embargo, un dato que destacaron en la bancada de LLA en ese sentido es que el jefe de Gabinete tiene cita el próximo miércoles a las 11 en el Congreso para exponer su informe de gestión por primera vez ante Diputados. Desde allí, apenas tiene que atravesar el salón de Pasos Perdidos para cruzar al Senado y sentarse a conversar con la oposición.

MC/JJD

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, reveló este miércoles que la candidatura de Ariel Lijo a vocal de la Corte Suprema de Justicia tuvo como origen una sugerencia de otro miembro de ese tribunal, Ricardo Lorenzetti. Respecto del otro postulante de la Casa Rosada, Manuel García-Mansilla, el funcionario de Javier Milei contó que lo conocía “del club” y que para proponerlo se tuvo en cuenta su perfil técnico-jurídico.

En una entrevista que le concedió al canal Todo Noticias (TN), consultado por el periodista Jonatan Viale sobre si la candidatura de Lijo fue un pedido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Cúneo Libarona respondió: “De ninguna manera. Creo que todos saben el origen...”. Entonces, Viale repreguntó: “¿El origen es Lorenzetti?”. Y el funcionario respondió: “Exactamente. Lorenzetti recomendó a Lijo”.

Cúneo Libarona señaló que como ministro de Justicia se ocupó de “los papeles” de ambos postulantes, es decir de armar los pliegos para enviárselos al Senado —donde ambos ya expusieron ante la comisión de Acuerdos, que ahora deberá dictaminar sobre ambos expedientes para que eventualmente sean votados en el recinto—. Y respecto de Lijo señaló: “Tiene experiencia judicial, tiene enorme cariño en tribunales, sabe”.

Sobre García-Mansilla, el ministro de Justicia de Milei contó: “A García-Mansilla me lo encontré comiendo... Yo lo conocía de antes, en el club. 'Hola, ¿qué tal?'. 'Suerte'”, dijo. Luego amplió sus consideraciones sobre el candidato y resaltó: “¿Qué se tuvo en cuenta? Que es alguien técnico-jurídico: Universidad Austral, prestigioso, conocido”.

Además, admitió que, tal como contó el propio García-Mansilla este miércoles ante los senadores, a la postulación no se la ofreció Javier Milei sino Santiago Caputo, un asesor presidencial que no se desempeña en ningún cargo formal en el Poder Ejecutivo, al que únicamente le factura sus servicios como monotributista.

Lijo, juez federal de Comodoro Py, está llamado a cubrir la vacante de la jueza Elena Highton de Nolasco, que dejó la Corte en octubre de 2021, y García-Mansilla, un jurista de perfil conservador, fue postulado para reemplazar al juez Juan Carlos Maqueda, que aún está en funciones y se jubilará el 29 de diciembre, cuando cumpla 75 años.

Para que Lijo y García-Mansilla sean nombrados definitivamente como jueces de la Corte deben reunir en una sesión pública del Senado los dos tercios de los senadores presentes. Si estuvieran todos, deberían juntar el apoyo de 48 de los 72 senadores cada uno.

En la noche del miércoles, tras la expulsión del senador por Formosa Francisco Paoltroni, en el bloque La Libertad Avanza, que ahora cuenta con apenas seis senadores propios, reconocieron en diálogo con elDiarioAR que “se empantanó ahora mas” la negociación sobre los pliegos de ambos.

JJD

Manuel García-Mansilla, uno de los dos postulantes a vocal de la Corte Suprema de Justicia de Javier Milei —el otro es el juez federal Ariel Lijo— reveló esta tarde que no conoce al presidente de la Nación y que al puesto en el máximo tribunal se lo ofreció Santiago Caputo, quien es asesor del mandatario pero no desempeña ningún cargo formal dentro del Poder Ejecutivo sino que presenta facturas por sus funciones como monotributista.

“El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión. No lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto dos veces. La última vez lo vi, hace unas dos semanas, en Casa Rosada, me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública, y la relación desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio”, dijo García Mansilla en el Senado.

Sebastián Amerio es el secretario de Justicia de la Nación, cargo desde el cual responde al ministro Mariano Cúneo Libarona. Anteriormente, Amerio trabajó en la Corte Suprema de Justicia y mantiene una relación cercana con Caputo, mano derecha de Milei.

Amerio desempeña un papel crucial en la intermediación entre el Gobierno y la Justicia, llevando adelante negociaciones y conversaciones clave. Recientemente, fue designado como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, cargo que es fundamental para el nexo entre la administración y el Poder Judicial.

García-Mansilla respondió sobre el detalle del ofrecimiento de la candidatura ante una pregunta que le realizó el senador kirchnerista Oscar Parrilli, en el marco de la audiencia pública realizada este jueves en la comisión de Acuerdos, ante la cual el postulante se presentó a brindar su exposición, defender sus antecedentes y sus ideas, y responder preguntas de los legisladores.

En ese marco, el senador radical Martín Lousteau señaló después: “Usted dijo recién que no lo conoce al presidente Milei, que no se reunió con el presidente Milei, y dijo que se juntó dos veces con Santiago Caputo y que fue él quien le ofreció el cargo. Santiago Caputo, que no es funcionario y es un monotributista. A mí me gustaría señalarlo, que al cargo no se lo ofreció el Presidente sino un monotributista, que no tiene vinculación directa con el Gobierno, no es funcionario público”.

García-Mansilla está llamado a cubrir la vacante que dejará el 29 de diciembre próximo el juez Juan Carlos Maqueda, quien ese día cumplirá 75 años y, por ende, deberá jubilarse.

JJD

Manuel García-Mansilla tuvo que dar explicaciones en el Senado sobre cómo actuaría siendo juez de la Corte Suprema ante el derecho al aborto, luego de que en 2018 se manifestara enfáticamente en contra cuando la ley tuvo un primer derrotero parlamentario en la gestión de Mauricio Macri, pero no prosperó. El candidato al máximo tribunal propuesto por Javier Milei –a la par del juez Ariel Lijo– intentó este miércoles una salida técnica a su polémica postura en el marco de la audiencia pública que enfrenta en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

El catedrático fue abordado desde el radicalismo y el kirchnerismo sobre qué haría al respecto como miembro del máximo tribunal en caso de que le toque definir la constitucionalidad o no de la ley 27.610 de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE), que se sancionó finalmente durante el gobierno de Alberto Fernández. Afirmó que “las leyes vigentes se tienen que cumplir”, pero dejó dudas sobre su postura de fondo, ya que entendió que la norma choca con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Mansilla también ensayó una respuesta más personal para defenderse de lo que acusó como un “prejuzgamiento” en su contra. Justificó que sus posiciones en el debate de 2018 las hizo como “académico” y que no corresponde a una postura “confesional” y negó ser parte del Opus Dei, pese a sus conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia –actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral–.

En aquella intervención en el Senado de hace seis años, García Mansilla planteó “objeciones jurídicas” en contra del aborto legal, postura de la que ya se sabe que Milei está en contra. “El aborto es un delito, que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal”, había dicho en 2018 el abogado, cuando apuntó fundamentalmente contra la posibilidad de acceder al derecho hasta la semana 14 del embarazo –como quedó establecido en la norma vigente–. Explicó entonces que “la Convención Interamericana de Derechos Humanos impide la legalización del aborto en la forma que el proyecto propone” y que “el proyecto choca frontalmente con la Convención sobre los Derechos del Niño”. Había pedido a los senadores que no se “convalide un atropello a nuestro sistema constitucional”.

“No hablé sobre toda la ley”, dijo García Mansilla este miércoles ante la Cámara alta con respecto a sus opiniones de 2018 y explicó que solo apuntaba contra el artículo 4 inciso a) del proyecto de aquel entonces, que refería sobre la legalización. “Entiendo que hay un conflicto normativo entre ese inciso y dos tratados internacionales”, ratificó el candidato a la Corte, pero cuando el senador Martín Lousteau (CABA-UCR) le dijo si eso definiría una potencial definición suya en la Corte, acotó: “Si usted interpreta que lo que opiné como académico implica un prejuzgamiento, la respuesta es no”. Y amplió ante el requerimiento del legislador: “Cómo fallaría en un caso en particular no se lo puedo decir porque estaría prejuzgando”. 

Antes había salido por arriba del laberinto: “Todas las opiniones las vertí como académico, con una libertad en abstracto que un juez no tiene. Académico y juez son dos roles absolutamente distintos”, buscó desentenderse de sus expresiones pasadas. También dijo como argumento “que la Corte Suprema no decide casos de aborto periodicamente”.

Fue la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) quien le señaló a García Mansilla si su postura sobre la IVE tenía que ver con una visión confesional, y el candidato contestó: “Los argumentos que esgrimí cuando vine al Senado no son argumentos confesionales, salvo que tengamos que explicar que el derecho esgrimido es sostener una postura confesional. No es así”. Luego agregó: “Si tuviese que decidir en cualquier caso, deberá fallarse conforme a derecho”. 

La oposición también le lanzó un dardo a García Mansilla luego de que ayer el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contrariara a la ley de Identidad de Género al decir que el Gobierno rechaza “las identidades sexuales que no se alinean con la biología”. “Honestamente no vi las manifestaciones de Cúneo Libarona”, aclaró primero el candidato, pero luego agregó: “La ley de Identidad de Género es vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales”.

MC/JJD

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condenada contra Nahir Galarza por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo en 2017 tras rechazar el recurso extraordinario federal que había presentado su defensa para insistir en su inocencia.

Este martes la Corte dictaminó que la condena a prisión perpetua contra la joven por el delito de homicidio calificado por el vínculo es correcta. La resolución fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Según establecieron los jueces “se acreditó que Galarza y Pastorizzo circulaban en un ciclomotor conducido por el joven, cuando la joven extrajo de entre sus prendas un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm y disparó contra Pastorizzo por la espalda, generando que la víctima cayera al piso y, en esa posición, y ya de frente, efectuó un segundo disparo con claras intenciones de menoscabar la vida de Pastorizzo porque dichas balas tuvieron orificio de entrada y de salida produciendo una lesión bronco-pulmonar derecha, produciéndole el deceso momentos después”.

Se trataba de la última oportunidad que tenían como defensa para evitar que la condenada tenga que cumplir con la pena máxima por asesinar a su pareja en Gualeguaychú, Entre Ríos.

En el último tiempo la joven estuvo en boca de todos los medios por la publicación de una película con su historia en una conocida plataforma.

La misma generó diversas críticas, en parte porque recrea cómo fue el crimen desde el punto de vista de Nahir.

CRM con información de la agencia NA

El empresario de la construcción Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, es el centro de un conflicto judicial que involucra a un tribunal y a una cámara y que podría llegar a la instancia máxima, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Tribunal Federal Oral Nº 7 (TOF 7), que debe realizar el juicio oral por el caso de “los cuadernos de las coimas” —uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de nuestro país—, dictó una resolución en la que fija una posición crítica sobre la decisión de la Cámara de Casación de beneficiar a Calcaterra al enviar el expediente en el que está involucrado a la Justicia Electoral: es decir, desligándolo de la posibilidad de que haya incurrido en sobornos para enfocar la investigación en posibles aportes de campaña no declarados.

El caso Cuadernos se destapó en agosto de 2018, cuando se hicieron públicos una serie de cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien era un alto funcionario del Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En los cuadernos, Centeno detallaba meticulosamente el recorrido que hacía para recoger y entregar bolsos con dinero en efectivo, supuestamente provenientes de coimas pagadas por empresarios —entre los cuales figura Calcaterra, primo del expresidente y ahora presidente del PRO— a funcionarios del gobierno kirchnerista. Los cuadernos documentaban fechas, montos, lugares de entrega y nombres de los involucrados, proporcionando una visión detallada de una presunta red de corrupción y sobornos.

Ahora, el TOF 7, encargado del juicio por este caso, acusó a los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, de la Cámara Federal de Casación, de excederse en sus atribuciones al enviar el expediente específico sobre Calcaterra a la Justicia Electoral. Según el tribunal, sólo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la autoridad para resolver el conflicto de competencia planteado por la defensa de Calcaterra.

Es que Casación aceptó un planteo de Calcaterra que había sido previamente rechazado por TOF 7: decidió que los pagos ilegales que el empresario de la construcción admitió haber hecho no debían ser juzgados como sobornos sino como “aportes de campaña” no declarados, lo que reduce el riesgo de prisión a una multa.

Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori y Fernando Canero coincidieron en que la Casación se excedió, pero decidieron no pedirle a la Corte Suprema que interviniera de inmediato. En cambio, el juez Germán Castelli, más crítico, votó a favor de solicitar la intervención de la Corte Suprema inmediatamente: a su criterio, hubo “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”.

Castelli envió una nota directamente a la Corte Suprema —lo que según dijeron a elDiarioAR abogados del caso es algo bastante inusual— para informarles sobre la decisión y pedirles que tomaran conocimiento del caso. El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé pidió la nulidad del fallo de ese mismo tribunal.

Por lo tanto, el caso llegó a la Corte de manera poco habitual y el máximo tribunal tendrá que tomar una decisión, obviamente con los tiempos de la Corte. De todas maneras, tampoco hay fecha para el juicio.

JJD

La Corte Suprema revocó un fallo que le permitía a una empresa tabacalera esquivar mientras se sustanciara una engorrosa causa judicial el pago de un impuesto reclamado por el fisco.

El Máximo Tribunal entendió que la Cámara que había consentido la elusión al menos momentánea del pago, con su decisión, “en la práctica, ha inhibido potestades fiscales por un monto excepcionalmente elevado”.

Así, la Corte Suprema suspendió la ejecución de la sentencia de cámara que habilitaba a Tabacalera Sarandí S.A. a no pagar el impuesto interno al tabaco.

El máximo tribunal explicó que “la normativa que implementó dicho impuesto motivó una serie de acciones judiciales por parte de diversas empresas tabacaleras, con el argumento central de que, al establecerse un piso mínimo elevado, las empresas de menor tamaño se encontrarían en inferioridad de condiciones para competir con las grandes”.

El máximo tribunal viene emitiendo desde fines de mayo fallos que dejan sin efecto medidas cautelares que frenaban el accionar del fisco para perseguir el cobro del impuesto interno al tabaco.

Este jueves, el máximo tribunal revocó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que “en la práctica, implicaba que la empresa no haría frente al tributo, hasta tanto la Corte se expidiera sobre la cuestión de fondo”.

La Corte, “sin que implique pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida”, modificó la situación de manera tal que el impuesto le es exigible a la tabacalera, independientemente del resultado final del expediente.

“Ya no queda pendiente ninguna medida preventiva, cautelar o de ejecución anticipada que tramite ante la Corte, que le impida al fisco determinar y percibir el tributo contra Tabacalera Sarandí S.A.”, resumió el tribunal.

El descargo textual de la Tabacalera Sarandí en abril

“Con motivo de la publicación de notas periodísticas en medios hegemónicos quienes imponen su agenda dejando de lado el propósito de informar, referidas a la empresa Tabacalera Sarandí S.A. y a su accionista mayoritario y presidente, Sr. Pablo M. Otero, nos vemos en la necesidad de formular precisiones con la finalidad de aclarar las mal intencionadas inexactitudes en la información difundida.

1. Las referidas notas de prensa omiten mencionar que:

A) La Ley 27.430, que estableció el impuesto mínimo para los cigarrillos actualmente vigente –el cual está diseñado para incrementar exponencialmente el precio de los cigarrillos económicos fabricados por las Pymes (parte minoritaria del mercado tabacalero), impidiendo de tal forma que compitan por precio con los cigarrillos fabricados por las grandes empresas multinacionales que lideran el mercado-, simultáneamente rebajó la alícuota ad valorem del impuesto interno a los cigarrillos del 75% al 70%, la cual quedaría reservada para las grandes empresas multinacionales en tanto venden mayormente cigarrillos premium (parte mayoritaria del mercado tabacalero) a los que no aplica el impuesto mínimo.

B) La imposibilidad de competir por precio con las grandes empresas tabacaleras, constituye la base del planteo de inconstitucionalidad del impuesto mínimo formulado por Tabacalera Sarandí y otras Pymes tabacaleras y que fuera acogido por las dos instancias judiciales ordinarias.

C) La mayor pérdida en la recaudación del Estado Nacional, en lo que refiere al impuesto interno a los cigarrillos, se explica por la rebaja en la alícuota ad valorem -que pasó del 75% al 70% sobre el precio de los cigarrillos- que implicó una monumental transferencia de recursos por parte del Estado Nacional a favor de las empresas multinacionales que concentraban más del 90% del mercado, y no por el no pago del impuesto mínimo por parte de las Pymes tabacaleras.

2. No es cierto que Tabacalera Sarandí evada impuesto alguno a los cigarrillos. Tabacalera Sarandí paga impuestos internos en las mismas condiciones que lo hacen todas las Pymes tabacaleras (pago del impuesto ad valorem, es decir, aplicando la tasa del 70% sobre el precio de los cigarrillos informados por los fabricantes). El no pago del impuesto mínimo se sustenta en las sentencias dictadas por el Poder Judicial que lo han declarado inconstitucional, por lo que Tabacalera Sarandí no tiene obligación legal de abonar dicho impuesto. En consecuencia, si no hay obligación de pago, mal puede hablarse de evasión.

3. Ninguna Pyme tabacalera paga el dominado impuesto mínimo, ya sea porque en su mayoría han obtenido alguna medida judicial que las exime de dicho pago o bien porque en los hechos, pese a no contar con medidas judiciales, el pago de dicho impuesto implicaría ni más ni menos que la desaparición de la empresa. En consecuencia, Tabacalera Sarandí no fue ni es la única empresa tabacalera que no paga el impuesto mínimo.

4. Tabacalera Sarandí no le debe a la AFIP ni un centavo al día de la fecha. No hay deuda alguna determinada por la AFIP ni mucho menos que resulte exigible por la sencilla razón –y este es un dato que no debería ser soslayado por los medios de prensa que se consideran respetuosos de las instituciones de la República y del Estado de Derecho- que el impuesto mínimo ha sido declarado inconstitucional por el Poder Judicial, en el caso de Tabacalera Sarandí con sobrados y contundentes argumentos constitucionales de indudable interés periodístico y trascendencia para la comunidad.

5. No es cierto que Tabacalera Sarandí subfacture el precio de los productos que comercializa. La empresa declara el precio de venta al público, factura y cobra dicho precio y paga impuestos internos a la tasa del 70% sobre dicho precio de venta al público, por lo que la actividad de Tabacalera Sarandí se ajusta en un todo a las normas impositivas que rigen la actividad, sin que a la fecha exista elemento alguno que permita sostener en forma certera y veraz lo contario. De hecho, existen otras Pymes que declaran productos de $200, a quienes los diarios ni mencionan para focalizar una fenomenal campaña sucia contra Tabacalera Sarandí.

6. Igualmente incorrecto resulta pretender explicar el crecimiento de Tabacalera Sarandí a partir del no pago del impuesto mínimo por cuanto Tabacalera Sarandí no es la única empresa del sector tabacalero que se encuentra eximida por el Poder Judicial de la obligación de pagar dicho impuesto. Ninguna Pyme paga el impuesto mínimo y, sin embargo, ninguna de ellas posee casi el 30% del mercado. Lejos de esta explicación facilista, la caída del poder adquisitivo y el crecimiento en todos los sectores de las segundas y terceras marcas en el contexto de una economía complicada, la constante inversión y mejora permanente en la calidad de los productos que Tabacalera Sarandí comercializa por otra parte, son fenómenos que explican de manera más objetiva ese crecimiento.

7. Ni Tabacalera Sarandí ni ninguno de los jueces que han declarado la inconstitucionalidad del impuesto mínimo han incumplido ni desoído el fallo por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) revocó en su momento una medida cautelar que beneficiaba a Tabacalera Sarandí. Cabe aclarar que la revocación de dicha medida cautelar se sustentó en la inexistencia -en el expediente a dicho momento- de suficiente sustento probatorio que respaldase el otorgamiento de dicha medida cautelar. Con posterioridad, se produjo la prueba ofrecida oportunamente y los jueces intervinientes pudieron expedirse sobre el fondo de la cuestión declarando la inconstitucionalidad del impuesto mínimo en las sentencias definitivas favorables, lo que le permitió seguir funcionando. No existe contradicción alguna entre lo resuelto por la CSJN en Mayo 2021 y el estado de situación actual del expediente judicial y de Tabacalera Sarandí.

8. Aunque resulte inverosímil, por haber sido la empresa que impulsó la sanción del impuesto mínimo en la República Argentina, Massalin Particulares también inició una acción en la justicia para que se declare la inconstitucionalidad del impuesto mínimo. El absurdo llega a tal punto que Massalin Particulares, por un lado, defiende la constitucionalidad y validez del impuesto mínimo actuando como tercero en las causas promovidas por las Pymes tabacaleras y, simultáneamente, inició ella una causa planteando la invalidez de dicho impuesto. Para ser claros, Massalin y BAT juegan en ambos lados del mostrador y esta situación debería resultar al menos alguna atención de parte de los medios de comunicación. Cosa que obviamente nunca va a suceder.

9. Tabacalera Sarandí no defiende ni está a favor del régimen tributario vigente. De hecho, Tabacalera Sarandí fue la primera empresa en cuestionar la constitucionalidad del impuesto mínimo. Pero una nueva avanzada de las multinacionales, en combinación con sus estudios jurídicos y legisladores funcionales a esas empresas, condiciona u “obliga” a Tabacalera Sarandí a no validar un nuevo esquema tributario redactado e impulsado para concentrar el mercado en manos de Massalín Particulares. Sí, creemos en un consenso legítimo de la industria en un marco normal de negociación, para proponer a las autoridades una ley justa. Pero este no es el juego deseado por las multinacionales que prefieren la descalificación de Tabacalera Sarandí, en sus medios mostrando todo su desprecio.

10. Finalmente, resulta muy llamativo que las notas periodísticas a la que aludimos hagan foco en Tabacalera Sarandí por haber cuestionado la constitucionalidad de un impuesto que considera injusto, cuando hay innumerables personas y empresas (pequeñas, medianas y grandes, inclusive importantes medios de comunicación) que han cuestionado por considerar inconstitucionales impuestos de todo tipo (IVA, Ganancias, Aporte Solidario, Aportes y Contribuciones) sin que en tales casos se hable de la obtención de “exenciones impositivas”, “privilegios”, “favoritismos”, “evasión” o “distorsiones” en los mercados en que dichas personas y empresas desarrollan su actividad, lo que por sí solo deja en evidencia un doble estándar inaceptable proviniendo de los principales medios de prensa del país que hacen gala de su transparencia, objetividad y profesionalismo periodístico.

11. Nosotros

Nuestra empresa lleva en el mercado 25 años de trayectoria y hoy brinda trabajo a casi 400 personas en forma directa, siendo incontables los empleos indirectos que se generan a lo largo y a lo ancho del país a través de la comercialización y distribución de nuestros productos.

12. Nuestra posición respecto a la primera propuesta de “Ley Ómnibus”

A) Apoyamos la eliminación del impuesto mínimo y proponemos la carga impositiva “ad valorem” consecuentemente con todos nuestros históricos recursos legales los cuales han sido refrendados por la justicia en cada caso.

B) No compartimos la propuesta de relevamientos aleatorios de precios de mercado por considerar que esta práctica es altamente distorsiva y fácilmente manipulable, generando futuras judicializaciones.

C) No estamos de acuerdo con la introducción al mercado argentino de vapeadores, cigarrillos electrónicos y/o productos de tabaco calentado por encontrarse los mismos prohibidos por la ANMAT y por entender que la incorporación al mercado de dichos productos es una estrategia engañosa de las multinacionales a nivel mundial que apunta al público joven en clara búsqueda de nuevos fumadores que hoy no consumen tabaco tradicional. Tampoco apoyamos que en caso de permitirse esta transgresión se aplique un impuesto menor al fijado para el cigarrillo dado que resulta un producto alternativo con similar efecto adictivo y peores consecuencias para la salud.

13. Leyes reguladoras de la industria

A) En el año 2004 se modifica la ley vigente a ese momento (Ley 24674). Esta modificación es conocida como “Primera ley Masssalin” en donde se incorpora el concepto de CMV (Categoría Más Vendida“) obligando a toda la industria a pagar el 75% de impuestos internos tomando como base imponible el precio de su marca insignia que era la más vendida del mercado. O sea una empresa fijando impuestos para todas.

B) En el año 2017 se aprueba la Ley 27430 conocida como “Segunda ley Massalin” que reduce la alícuota del impuesto interno del 75% al 70% y se incorpora el concepto de impuesto mínimo, beneficiando a las multinacionales con una transferencia importante de recursos producida por la baja del impuesto y empujando a las nacionales al pago de un impuesto sobre un precio ficticio que no reflejaba el valor real de sus productos.

Nos encontramos hoy frente a la posible “Tercera ley Massalin” con similares objetivos de hacer desaparecer a las empresas nacionales y la libre competencia además de la incorporación de productos relacionados alternativos y prohibidos a muy bajo costo impositivo, buscando nuevos fumadores jóvenes.

14. Pago de impuestos

Tabacalera Sarandí cumple puntualmente con el pago de impuestos que la ley y la justicia han determinado que deben pagarse tanto Internos como los referidos al Fondo Nacional del Tabaco a saber:

15. Precios

Respecto a la información que está circulando en los medios o donde se dice que Tabacalera Sarandí vende los cigarrillos más baratos del mercado, lo cual no es cierto y para cuya comprobación ponemos a disposición las listas de precios al público declarada en AFIP de las principales marcas de cada empresa del sector:

16. Consumo de Tabaco Nacional

No es cierto que Tabacalera Sarandí no compre tabaco argentino.

17. Inversiones

Tabacalera Sarandí ha realizado importantes inversiones en capacitación, procesos de gestión, calidad, crecimiento del empleo y maquinarias a saber:

18. Actividad mediática

Como se advierte de la información aportada y comprobable, la misma desplegada por los medios es la mayor de las veces equivocada y algunas veces incompleta.

Entendemos que la presencia omnipotente y poderosa de las multinacionales obstaculiza por diversas maneras que se escuche la verdad.

Históricamente en medio de las crisis los productos nacionales de empresas infinitamente más chicas en estructura y despliegue resultan ser siempre más económicos y se posicionan como segundas marcas con importante crecimiento.

Esta ley de mercado parece ser llamativamente ignorada por los formadores de opinión que solo apuntan a beneficiar intereses espurios tergiversando la realidad de la industria.

Por la presente apuntamos a llevar claridad a nuestros clientes y a la opinión pública en general y aunque el cerco mediático sea imposible de franquear, no claudicaremos en nuestro afán de sostener esta empresa de 400 familias que tanto esfuerzo nos ha costado construir“.

Con información de NA.

IG

Ariel Lijo todavía no habló. Dicen en su entorno que está esperando con ansiedad su audiencia pública para defenderse de las críticas, con la seguridad de haber hecho ya el trabajo fino para conseguir los votos que necesita para convertirse en juez de la Corte Suprema. Busca los apoyos desde mucho antes de que Javier Milei lo anunciara como su candidato, incluso desde el año pasado, cuando su nombre sonó para la Procuración General.  

Con el ingreso formal de su pliego en el Senado, todas las miradas apuntan ahora a Cristina Kirchner y su bloque. No son 33 senadores. Sólo la mitad de ellos responde directamente a la expresidenta, los 16 que integran Unidad Ciudadana, que se convirtieron en los últimos dos meses en la principal incógnita sobre hacia dónde moverá el Instituto Patria. ¿Hay un pacto de Cristina con Milei? ¿Cómo lo van a explicar?

A poco de empezar el tratamiento de la postulación de Lijo, en no más de un mes, el sector que responde a la expresidenta sigue en silencio y esquiva las respuestas, aunque se le fue acotando el tiempo y la excusa que usaban para no opinar. Hasta ahora habían guardado silencio porque el pliego no había ingresado formalmente. El pliego entró el lunes por la noche y siguen sin hablar del tema. 

Si Lijo trajinó oficinas, departamentos o bares para conseguir los votos, hasta el Patria no llegó. Por ahora, con la única persona de peso que no se reunió fue con Cristina. Sí lo hizo, según fuentes del entorno del juez federal, con senadores cercanos. Ayer, uno de ellos, Eduardo Wado de Pedro, salió a negar en la red X un encuentro junto al diputado Máximo Kirchner con un promotor de la candidatura del juez. Juliana Di Tullio, la jefa del bloque, tampoco se reunió. “Ni lo conozco”, remarcó a elDiarioAR. 

Al kirchnerismo se le generó un callejón sin salida frente a la astucia de Milei y Ricardo Lorenzetti, el gran autor de la jugada, de proponer a Lijo. Si lo votan, se terminará aquello de ser la única oposición real a Milei. Cómo lo explicarán. Si los votos están y no lo acompañan se quedan afuera de iniciar un camino de acercamiento a la nueva conformación de esta Corte Suprema, a la que el sector de Cristina tiene nula llegada. “No sé si un juez más o uno menos cambia algo”, dijo Máximo Kirchner en el diario El País, esta semana. Pero la posibilidad de tener un canal de diálogo abierto, seguro que sí. 

Quienes conocen a Lijo dicen que no es rencoroso. “Decime todo lo que quieras, no va a tener consecuencias”, le dijo una vez a una interlocutora que se descargó por algún fallo adverso. Esa cintura para llevarse bien con todos es lo que hoy le permite estar a las puertas de llegar a la Corte Suprema de la mano de un gobierno que sólo tiene 7 senadores. Es el rey, además, de mantener causas abiertas. “No necesita ni Cristina ni a Macri. Se tiene a sí mismo, y sólo necesitaba de un Milei que lo propusiera”, analiza un dirigente de trato casi diario con el juez. Cristina sólo puede controlar la mitad de los 33 peronistas, y Macri, ni a uno sólo de los 6 senadores del PRO.

Esa cintura para llevarse bien con todos es lo que hoy le permite estar a las puertas de llegar a la Corte Suprema de la mano de un gobierno que sólo tiene 7 senadores. Es el rey, además, de mantener causas abiertas

El juez federal se muestra entre sus allegados confiado en que conseguirá los votos necesarios, los dos tercios de los presentes. En esta votación juegan los ausentes. Eso también se negocia. El Interbloque de Unión por la Patria hasta ahora no se reunió para delinear una estrategia. Por lo pronto, lo que surgen son expresiones personales. Esa idea cruza a todos los espacios políticos cuando de Lijo se trata. Será una votación de transversalidad partidaria. Hay promotores políticos del peronismo y el radicalismo acercando posiciones. 

“Puede ser que alguno lo quiera votar, pero no hay posición del bloque ni del interbloque”, dicen los allegados a Cristina. De los 16 que responden a la expresidenta, De Pedro es el más cercano a Comodoro Py. Oscar Parrilli, por ejemplo, sufrió los embates del magistrado en la causa en la que escuchó sus conversaciones con la expresidenta. Difícil que lo acompañe. 

Más allá del misterio sobre el voto de los senadores de ADN kirchnerista, lo cierto es que ninguno operó en contra del juez. No hicieron nada que impidiera la llegada de Lijo al máximo tribunal. Pueden no votarlo, pero el silencio no molesta. Todo lo contrario.  

En el bloque que conduce José Mayans está la llave de las puertas que abrió Lijo. Siempre estuvieron ahí. Desde el minuto cero el senador por Formosa se mostró abierto al diálogo. Ahí pesan los gobernadores, como Gildo Insfran, beneficiado en la causa Ciccone por el juez federal. También los senadores que responden a Gerardo Zamora, los riojanos de Ricardo Quintela, y al menos un catamarqueño cercano a Raúl Jalil. La otra senadora por esa provincia es Lucía Corpacci, que hasta ahora no mostró juego. Sin terminal provincial podrían acompañar también el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el de Tucumán, Juan Manzur. O los 2 salteños que están dentro de Unidad Ciudadana. 

Cerca de Lijo cuentan, por supuesto, a todo el bloque de La Libertad Avanza. Quizás podría ausentarse el formoseño Francisco Paoltroni, de los pocos que manifestó su resistencia. Lo que valen en la votación son los presentes. 

El PRO de ¿Mauricio Macri? también está dividido. La extrema tensión entre los bullrichistas y el expresidente hace que el bloque no tenga una posición unánime. Luis Juez, el jefe de la bancada, ratificó ante elDiarioAR que no lo votará. Fue otra de las voces escasísimas de la política en el Senado que salió a expresarse en contra del juez. La más activa fue Elisa Carrió, que tiene cero influencia en la Cámara alta. “Cada voto será a título personal”, refieren en el PRO. Incluso tienen en sus manos la presidencia de la Comisión de Acuerdos, que deberá tratar el pliego, comandada por la senadora Guadalupe Tagliaferri, allegada a Horacio Rodríguez Larreta, uno de los impulsores de Lijo. De ahí podrían contarse al menos 5 de los 6 votos del bloque. Macri no tiene ascendencia en los senadores. El expresidente tampoco se expresó en contra.  

El radicalismo todavía no definió una postura oficial pero aportaría buen número. Son 13 senadores. Martín Lousteau va a esperar a que se desarrollen las audiencias públicas para definir, pero el dirigente Emiliano Yacobitti, de su sector, ya anticipó que están a favor de Lijo para la Corte y anunció que posiblemente reúna los consensos para llegar. Hasta ahora jugaron en tándem. El presidente del partido no maneja el bloque, que suele actuar más en sintonía con la Casa Rosada. Carolina Losada anunció su voto en contra. “¿Qué pienso de Lijo? Que no puede integrar la Corte Suprema de ninguna manera”, subió como mensaje a su cuenta de Tik Tok. Como Juez, es una expresión en minoría. 

Al menos otros 7 senadores radicales dependen de los gobernadores de Santa Fe, Mendoza, Chaco, Corrientes o de cercanía al de Entre Ríos y estarían dispuestos a apoyarlo. Podrían ser incluso más. Lo mismo ocurre con los senadores por Chubut. Lijo logró construir relación también con el gobernador Ignacio Torres. 

En los gobernadores está la clave para entender cómo Lijo llegaría a la Corte, propuesto por un gobierno que no tiene territorialidad. Cerca del juez federal cuentan como apoyos a los 2 misioneros del Frente Renovador de la Concordia, y a la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro. Además creen que serán votos a favor los 3 senadores de Cambio Federal, que tiene como jefe de bloque al salteño Juan Carlos Romero. Los sin tierra de Unidad Federal son otros 3. La que mostró mayor resistencia fue Alejandra Vigo, de Córdoba, que pidió una jueza para la Corte. Es una incógnita qué harán los santacruceños que responden a Claudio Vidal. Son 2 senadores más. De acá a dos meses, cuando el pliego podría llegar al recinto, podría jugarse también la relación de los jefes territoriales con la Casa Rosada. Lijo espera que el oficialismo no haga ruido. 

En los gobernadores está la clave para entender cómo Lijo llegaría a la Corte, propuesto por un gobierno que no tiene territorialidad

A los movimientos del propio juez hay que sumar también los de Lorenzetti. El actual supremo trajinó sus contactos para conseguir apoyos. A él se le adjudica haber logrado el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo, a través de haberle garantizado a la organización que las causas por delitos de lesa humanidad seguirán bajo la órbita de un hombre suyo, Fernando Arnedo. El se quedó con una parte de la secretaría penal del máximo tribunal tras la jugada de la actual mayoría comandada por Horacio Rosatti para dividirla en dos. De esa guerra interna, que denunció en público, también Lorenzetti sacó provecho.

MV/JJD