Los aportes registrados para las campañas políticas son sólo la punta del iceberg de su verdadero financiamento. El resto, la mayoría de la plata, llega por la vía informal, como demostró el caso del presunto narcotraficante Fred Machado al diputado libertario José Luis Espert o el próximo judicio a los empresarios de la causa cuadernos que supuestamente aportaban a funcionarios del kirchnerismo.

De los 50 mayores millonarios de la Argentina que figuran en el ranking de la revista Forbes, sólo la empresa de uno de ellos aparece en la lista de aportantes en la campaña 2025 que elabora la Cámara Nacional Electoral. Y eso que se sabe que los políticos siempre arrancan las campañas mangueándoles. Claro, suelen poner sin blanquearlo.

El único que figura es Aceitera General Deheza (AGD), de Roberto Urquía, empresario que fue senador peronista cordobés y que antes de las últimas elecciones presidenciales apoyó el plan económico que Carlos Melconian elaboró en la Fundación Mediterránea para ofrecer al gobierno de turno. Melconian se presentaba entonces como asesor de Patricia Bullrich, entonces del PRO. Ahora AGD puso $30 millones a La Libertad Avanza (LLA) porteña, que lleva como candidata a senadora a Bullrich. En julio pasado, consiguió que el Gobierno le extendiera por siete años más la concesión del ferrocarril de cargas Nuevo Central Argentino.

Claro que Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, promociona sin cansancio en la red social X todo mensaje que favorezca al gobierno de Javier Milei. Pero ni él ni otros multimillonarios aparecen contribuyendo con dinero registrado a la campaña de LLA ni de sus rivales, algunos de los cuales comparten con ellos visiones económicas, como los candidatos de Provincias Unidas, de los gobernadores de centro, o Potencia, del diputado Ricardo López Murphy.

AGD, dueña de las marcas de alimentos Mazola, Natura y Cada Día, figura 18° en un ranking de mayores aportantes que elaboró elDiarioAR a partir de los datos registrados en la Cámara Electoral. Puso $30 millones.

De las donaciones por lo bajo de la mesa no hay datos por ahora. Ya se descubrirán o no con el correr del tiempo. También hay que tener en cuenta que en la contabilidad oficial aparecen nombres que en realidad encubren a otros que sí ponen. Son prácticas habituales, como se descubrió con los indigentes que figuraban como grandes contribuyentes de la campaña del PRO bonaerense en las elecciones legislativas de 2017.

Hechas estas salvedades, a la cabeza de la clasificación 2025 aparece María Eugenia Pineda, directora de la oficina en Caucete, provincia de San Juan, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Puso $246,8 millones a LLA sanjuanina. Se sabe que, al igual que en el kirchnerismo, los libertarios han usado la Anses y el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) para colocar punteros y recaudar de ellos fondos para la causa. Lo hicieron tanto los que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como los que lo hacen con el asesor presidencial Santiago Caputo. Incluso se enfrentaron entre sí en oficinas como las de Santiago del Estero, tierra natal del youtuber Daniel Parisini, alias Gordo Dan.

El segundo puesto es para Sandra Mayol, empresaria de la familia dueña de Lácteos Mayol, exintendenta de San Miguel del Monte, subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial bonaerense y dirigente del Frente Renovador, de Massa. Ella aportó $187,3 millones al FR, integrante de Fuerza Patria. Así como LLA y el PRO tienen buena llegada al establishment, también el exministro de Economía cuenta con eso.

El podio se completa con Agropez, una pesquera del grupo patagónico Conarpesa, que pertenece al español nacionalizado argentino Fernando Álvarez Castellano. Aportó $137,5 millones a LLA. El cuarto lugar es para la sociedad bursátil GMC Valores, que preside José Ignacio Sáenz Valiente, conocido en la pandemia como “el señor de los barbijos” por un escandaloso contrato con el gobierno porteño y con vínculos actuales con figuras influyentes como la legisladora Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei, según contó la periodista Giselle Leclercq en el diario Perfil. Donó $130 millones a LLA en la capital, Córdoba, Corrientes, Formosa, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

El quinto puesto está ocupado por Creditech, una financiera que otorga créditos rápidos y sin papeles solo presentando el DNI y que pertenece a Gustavo Machado. Este empresario fue directivo del Banco Integrado Departamental (BID), que era de Roberto Cataldi y quebró en los 90. Contribuyó con $116,5 millones a LLA. El sexto lugar es para Lucía González, directora del museo nacional Casa Natal de Sarmiento, en San Juan. Aportó $113,3 millones a LLA de su provincia.

La séptima posición para Juan Luis Villarreal, un profesional que presta servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. Puso $60 millones para LLA en Misiones y Tucumán. El puesto ocho es compartido por varios que donaron $50 millones cada uno: Valeria Romagosa, abogada de la constructora Panedile, una de las mayores del país, que se presentó en la primera privatización de rutas del gobierno de Milei, la del Mercosur; Miguel Ángel Jeanmarie, presidente de otra firma del rubro, Semisa Infraestructura; y una tercera empresa de obras, Sermisur, que preside  Pablo Irigoyen Quiroga. Así se completa el top ten.

El ránking de los aportantes

El resto de los 100 principales aportantes son los siguientes, con los montos donados y la fuerza política a la que contribuyeron, entre los cuales aparecen empleados del Grupo Neuss, de la familia amiga de Santiago Caputo, y en el puesto 70° recién figura el primer contribuyente del mayor partido del país, el Justicialista (PJ), el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini:

El listado completo de los aportantes

L.A.U.D.A. Laboratorios Unidos de América, de Alejandro Gil y Carlos Ernesto, también directores de Laboratorios Bagó.

$40 millones

LLA Capital.

Inversora Medrano S.A.

$40 millones

LLA nacional y Mendoza.

Victoria Freire, legisladora porteña de Patria Grande, el partido de Juan Grabois, integrante del Frente de Todos. En esta fuerza, al igual que en las de izquierda, los legisladores suelen aportar parte de sus dietas.

$38,8 millones

Patria Grande, integrante de Fuerza Patria.

Guillermo Pacagnini, diputado bonaerense del Fente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

$34,2 millones

Movimiento Sociales de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda, integrante del FIT.

Rosalía Guerrero

$33,8 millones

Partido Solidario, integrante de Fuerza Patria.

María Lucila Vera

$31,7 millones

Frente Renovador, de Fuerza Patria.

Magallanes Media SA

$30 millones

LLA Capital.

AGD

$30 millones

LLA bonaerense.

Vanina Biasi, exdiputada del FIT.

$29,7 millones

Partido Obrero (PO), integrante del FIT.

Gabriel Solano, diputado porteño del FIT.

$29,6 millones

PO-FIT.

Prof Fru Ar SA, aseguradora de la familia Pereyra, dueña del grupo de bingos Midas.

$29 millones

LLA.

Promofarma S.A.

$25,8 millones

LLA bonaerense.

Andrea D'Atri, diputada porteña del FIT.

$24,1 millones

Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), integrante del FIT.

SIS Servicios Integrales de Seguros

$24 millones

LLA.

Tanacorsa, empresa avícola.

$24 millones

LLA.

Christian Castillo, diputado del PTS.

$23,9 millones

PTS-FIT.

Invernea SA, empresa ganadera cuyos directores son Juan Alberto Pazo, jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y Martín Voss, hermano de Maximiliano Voss, director del Banco de Inversión y Comercio Interior (BICE).

$23 millones

LLA.

Guido Giana, el funcionario del PAMI que quedó en la mira por presuntos sobreprecios en la compra de lentes.

$22,1 millones

LLA.

Miguel Salerno

$22 millones

LLA nacional y Tucumán.

Francisco Pelegrini, socio de la financiera Pasogin.

$22 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria, y LLA. Aunque suene extraño, es usual que empresarios apuesten a dos bandas.

VP Comunicación, otra firma de Pazo y Martín Voss.

$20 millones

LLA.

ELE ERRE S.A.

$20 millones

Unión Federal, la fuerza bonaerense que candidatea a diputado al intendente de Monte Grande, Fernando Gray, peronista disidente.

Direct Group, consultora de Daniel Román, fundador de Urbano Express, compañía de logística que ganó una polémica licitación del PAMI para distribuir pañales.

$20 millones

LLA Capital.

Frigorifico Rioplatense, de Martín Costantini, una empresa acusada de contaminación del río Reconquista.

$20 millones

LLA Capital.

Polo Industrial S.A., que preside Víctor Fera, dueño del mayorista Maxiconsumo.

$20 millones

Unión Federal.

Logico S.A., vinculada a Direct Group.

$20 millones

LLA Capital.

Víctor Fera, de Maxiconsumo.

$20 millones

Unión Federal.

Roberto Goldfarb, dueño de otro mayorista, Diarco.

$20 millones

Unión Federal.

Horacio Marín, presidente de YPF.

$20 millones

Partido Libertario, integrante de LLA.

Infa SA Ingeniería y Construcciones

$ 20 millones

Potencia, Capital.

Lucía Klug, diputada bonaerense de Fuerza Patria.

$16,9 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria, a nivel nacional y bonaerense.

Franco Leonardis, analista contable del Grupo Neuss.

$16 millones

LLA Capital y Salta.

Tomás Napadensky, responsable de administración y finanzas del Grupo Neuss.

$16 millones

LLA Capital y Salta.

Agustín Bengolea

$16 millones

LLA Capital y Santiago del Estero.

Jorge Dragneff

$16 millones

LLA Capital y Salta.

RFT Research For Traders, la sociedad bursátil que dirige Darío Epstein, que asesoró a Milei en la campaña de 2023.

$15,6 millones

LLA Capital y Salta.

Tomás Etcheverry

$14,5 millones

LLA Capital y bonaerense.

Nicolas Del Caño, diputado del FIT.

$14 millones

PTS-FIT.

Bonmed, empresa de sanatorios, clínicas y centros asistenciales presidida por Iván Dardick. 

$14 millones

LLA Capital.

Marcelo Bettini

$14 millones

LLA Salta.

Mercedes Trimarchi, diputada porteña del FIT.

$13,5 millones

Izquierda Socialista-FIT.

Itai Hagman, diputado de Fuerza Patria.

$13,4 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria.

Juan José López Murphy, hermano del diputado Ricardo López Murphy.

$13 millones

Potencia, Capital.

Vilma Ripoll, diputada del FIT.

$12,4 millones

MST-Nueva Izquierda, del FIT.

Omayra Rocha Aravena, diputada chubutense del FIT.

$12,1 millones

MST-FIT.

Wyler, empresa de logística.

$12 millones

LLA Capital.

Santiago Vasconcelos, diputado chubutense del FIT.

$12 millones

PO-FIT.

Compañía de Infraestructura y Construcción

$12 millones

LLA Capital.

Fernando Peverengo, director de Seguridad en Eventos Masivos de la provincia de Santa Fe.

$11,5 millones

Partido Demócrata Progresista (PDP), integrante de Provincias Unidas, Santa Fe.

Oscar Agost Carreño, diputado del PRO cordobés que no adhirió a LLA y se candidatea con lista propia.

$10,7 millones

PRO, Córdoba, separado de LLA.

Carso Emprende Hoy, expendedora de alimentos.

$10 millones

LLA Capital.

Sebastián Braun, empresario e integrante del consejo de asesores económicos de Milei.

$10 millones

LLA Mendoza.

Joaquín Acuña, presidente de Emova, la concesionaria del subte del grupo Roggio.

$10 millones

LLA Capital.

Alejandro Ohanessian, gerente general de la Compañía Argentina de Gases (Comargas)

$10 millones

Unión Federal.

Lautaro García

$10 millones

Partido Libertario, LLA, Córdoba.

Agustín Spaccesi, diputado cordobés de LLA, candidato a la Cámara de Diputados de la Nación, empresario.

$10 millones

Partido Libertario, LLA, Córdoba.

Fernando Majeras, CEO de Cabaña Don Theo.

$10 millones

Unión Federal.

MCM Mobile Content Management

$10 millones

LLA Capital.

Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas.

$10 millones

PJ.

Francisco Scomardaglia

$10 millones

LLA Capital.

Miguel Schmukler, abogado del Ministerio de Economía en la gestión de Luis Caputo.

$10 millones

LLA Capital.

Juan Ignacio Abuchdid, dueño del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) y nuevo socio de la constructora Dycasa.

$10 millones

LLA Capital.

Maximiliano Wagner

$10 millones

Provincias Unidas, Santa Fe.

Marcelo Alonso

$10 millones

Unión Federal.

Julio González

$9 millones

LLA nacional.

Ulises Azar

$9 millones

LLA Tucumán.

Guillermo Alemán, concejal del FIT en Jujuy.

$8,9 millones

PTS-FIT.

Safiar, desarrolladora inmobiliaria de Neuquén.

$8,8 millones

La Neuquinidad, el frente que lidera el gobernador Rolando Figueroa.

Monica Schlottahuer, diputada del FIT.

$8,7 millones

Izquierda Socialista-FIT.

Juan Carlos Giordano, diputado del FIT.

$8,3 millones

Izquierda Socialista-FIT.

Catalina Ariganello, ejecutiva del banco BTG Pactual.

$8 millones

LLA bonaerense.

Gabriel Ferrari

$8 millones

LLA bonaerense y Mendoza.

Gustavo Salerno

$8 millones

LLA Salta.

Elva Uribe Roca, empresaria de servicios petroleros.

$8 millones

La Neuquinidad.

Luis Picat, diputado de LLA por Córdoba, productor rural.

$8 millones

LLA Córdoba.

Juan Cincotta SA, empresa de reparación de neumáticos.

$8 millones

Potencia, Capital.

Priscila Otton Araneda, concejal del FIT en Neuquén.

$7,6 millones

MST-Nueva Izquierda, en el FIT.

Alejandro Achari, dirigente del FIT en Neuquén.

$7,5 millones

MST-Nueva Izquierda, en el FIT.

Flexilog, compañía de logística de Droguería del Sud, de la familia Macchiavello.

$7,5 millones

LLA Jujuy y La Pampa.

Noemí Isasmendi, abogada y diputada jujeña electa por el Frente Justicialista de Jujuy.

$7,5 millones

Fuerza Patria, Jujuy.

Martín Gutierrez, interventor del Gobierno en obras sociales sindicales.

$7,5 millones

LLA Capital.

José Luis Sánchez Rivas

$7,5 millones

Partido Libertario, LLA, Chubut.

BW Group, desarrolladora inmobiliaria de Ariel Wasserman, primo del vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, esposo de Pilar Ramírez.

$7,5 millones

LLA Capital y Salta.

Oscar Tamis, diputado cordobés del PRO.

$7,2 millones

PRO, Cordóba, separado de LLA.

Natalia Zaracho, diputada de Patria Grande, Fuerza Patria.

$7 millones

Patria Grande, de Fuerza Patria, en Capital y a nivel nacional.

Mariano Pelayo, concejal del PRO en Tigre.

$7 millones

LLA nacional y Salta.

Pedro Reynal, empresario que figuró en los Panamá Papers.

$7 millones

LLA Capital.

Leandro Ostuni Rocca, escribano.

$7 millones

LLA nacional y Salta.

Yanina Dolabella, subgerenta general de Dienst Consulting Tecnología en Salud.

$7 millones

LLA Tucumán.

AR

El Gobierno nacional determinó que los aportes económicos de las compañías empleadoras a las cámaras empresarias dejan de ser obligatorios para pasar a ser voluntarios, mediante el Decreto 149/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.

En ese sentido, puntualizó que la imposición en curso o la aceptación voluntaria “podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente”.

En el texto oficial, el Ejecutivo argumentó la decisión indicando que la imposición de contribuciones obligatorias a favor de las cámaras o grupo de empleadores es una práctica “carente de sustento normativo”, asegurando que “afecta la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores y vulnera los principios constitucionales de legalidad y representatividad”.

Al fundamentar dicha valoración, expuso que el artículo 9 de la Ley N° 14.250 admite la incorporación de cláusulas que establezcan contribuciones a favor de las asociaciones sindicales de trabajadores, pero asegura que no alcanza a terceros ajenos al ámbito de la representación ejercida en la suscripción del Convenio Colectivo de Trabajo por las asociaciones o cámaras o grupo de empleadores que lo suscriben.

En este marco, estableció que la Secretaría de Trabajo “no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contengan cláusulas destinadas a establecer contribuciones, aportes o cualquier tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a quienes no se encuentren afiliados o asociados a estas”.

Al respecto, sostuvo que “la homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo tiene como finalidad exclusiva la regulación de condiciones de trabajo de aquellas relaciones individuales comprendidas en su ámbito de aplicación, sin extender su alcance a cuestiones relacionadas con el financiamiento o sostenimiento de cámaras empresariales o agrupaciones de empleadores”.

Asimismo, consideró que “tampoco resulta procedente extender su encuadre justificado en las denominadas cláusulas de solidaridad, en cuanto normativamente quedan ceñidas a los trabajadores no afiliados a las organizaciones sindicales, en favor de estas”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la medida en su cuenta de X asegurando que “el Decreto 149/25 termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer ‘impuestos privados’ para beneficio de privados”.

Al valorar la decisión, explicó que “la Ley 14.250 regula los convenios colectivos como instrumentos destinados exclusivamente a fijar condiciones de trabajo”, señalando que “pensar que pueden ser usados para permitir la imposición de contribuciones obligatorias vulnera el principio constitucional de libertad de asociación, ya que impone cargas económicas a sujetos que no han elegido voluntariamente participar de esas entidades”.

Sobre este aspecto, puntualizó que “la creación de cargas patrimoniales sólo puede surgir de una norma con rango de ley y no de un acuerdo entre partes privadas que se hace extensivo a terceros sin su consentimiento”.

El ministro remarcó que “el tema no es menor”, ejemplificando que “en el comercio, por dar uno de los muchos ejemplos posibles, estas contribuciones alcanzan los ¡6.000 millones de pesos por mes! Y ¿Quién paga esto? ¡Todos nosotros! cada vez que compramos en un comercio”.

La medida entrará en vigencia en un plazo de 90 días, que servirán como periodo de adecuación para su implementación. En este punto, Sturzengger precisó que “junto al Jefe de Gabinete hace unos meses le avisamos a lo que se conoce como el Grupo de los 6 (una serie de organizaciones empresarias) que avanzaríamos en el sentido de este decreto y nos comprometimos a establecer un plazo de transición para que las cámaras se adecúen y pasen a ofrecer un servicio que sus representantes puedan querer voluntariamente aceptar”.

Con información de agencias.

IG

Los aportes de los trabajadores al sistema de salud se derivarán directamente a la medicina privada elegida y ya no es necesaria la triangulación a través de obras sociales.

Así lo dispuso el Gobierno a través de la Resolución 1/2025 del Ministerio de Salud publicada este viernes en el Boletín Oficial y que complementa un sistema que ya había sido implementado el año pasado.

En la práctica, ya no quedará ningún empleado “triangulando”, dado que en muchos casos no conocían la forma en que se financiaba su prestación de salud y por ende no habían realizado el trámite correspondiente.

De acuerdo a las especificaciones oficiales, para los trabajadores no significa ningún cambio si tienen el beneficio cubierto por las empresas. Pero en caso de aquellos que pagan la diferencia entre el aporte y el costo del plan, debiera repercutir en una baja del costo mensual.

Lo mismo sucede con el caso de los monotributistas, que ahora podrán elegir directamente con qué prepaga atenderse (pagando la diferencia si fuera necesario) en lugar de tener que elegir una obra social como paso previo. En la página de ANSES se publica el listado de prepagas que aceptan monotributistas.

La nueva norma dispone incorporar al sistema a todos los trabajadores, dado que desde diciembre de 2024 estaba habilitada la norma para quienes querían realizar el cambio de manera voluntaria.

A partir de la resolución publicada los aportes de quienes no hubieran realizado el trámite ya no pasarán más por una obra social, sino que irán directamente a la empresa de salud que presta el servicio.

“En la resolución 1/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial se estableció que, a partir del 31 de enero, más de 1.300.000 titulares enviarán de manera directa sus aportes a su Agente del Seguro de Salud. De esta manera, los famosos ”sellos de goma“, que solo subsistían producto de la intermediación, no podrán continuar con un negocio de más de $ 30 mil millones de pesos por mes”, señaló un comunicado oficial. 

El parte aclara que “en el caso que el beneficiario decida permanecer en la Obra Social de origen, tendrá 60 días para realizar el trámite en el sitio de la Superintendencia. A partir de ese momento será la Obra Social elegida quien deberá brindar las prestaciones de salud”.

El Gobierno aseguró que “esta medida histórica transparenta el sistema para siempre, permite que cada beneficiario sepa con claridad dónde destina sus aportes y deje de financiar cajas millonarias que no aportan valor y representaban el negocio de unos pocos”.

La resolución

Con información de agencias.

IG

El trámite para realizar el aporte directo al prestador de salud de manera directa, sin triangulación, se puede realizar desde hoy en la página de Arca. El nuevo sistema que comenzó a regir hoy para la derivación de aportes al sistema de salud en Argentina, eliminó la triangulación entre las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.

Se puso en marcha el nuevo registro de agentes de salud (obras sociales y prepagas) que, a pedido de los trabajadores, deberán recibir de manera directa, sin intermediarios, los aportes salariales con destino al sistema de salud. El nuevo régimen fue establecido mediante la resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, de principios de octubre, que fijó el 1° de diciembre como fecha de entrada en vigencia.

De esta manera, cualquier afiliado puede solicitar que sus aportes vayan directamente a las arcas de la empresa de medicina privada. El trámite no es obligatorio.

Para realizar el trámite, hay que ingresar a la página web de ARCA, ex AFIP (https://afip.gov.ar/) con CUIT y Clave fiscal, entrar en los servicios de Mi SSSalud y elegir opción de cambio.

Luego, elegir la obra social/prepaga elegida -la actual o si decidiera optar por otra- y confirmar el trámite.

Si se conserva la cobertura actual, la prepaga debe recibirlo en las mismas condiciones en la que estaba hasta el momento; mientras que si elige una nueva, ingresará como un nuevo afiliado y la empresa le pedirá luego completar los formularios que corresponda.

Son 4.300.000 personas, trabajadores en relación de dependencia, las que podrían solicitar este fin de la triangulación, que consiste en una comisión cobrada por la intermediación de entre 3% y 7% del valor del servicio, según el caso.

Finalmente, tras varios intentos previos, el Gobierno logró que algunas de las principales empresas de medicina prepaga del país se inscribieran en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud, para que sus afiliados pudieran derivar sus aportes de manera directa sin tener que pagar a ninguna de las obras sociales que funcionan como intermediarias.

La medida había sido habilitada a partir del DNU 70/23 y promocionada repetidamente por el ministro de Desregulación y Tansformación, Federico Sturzenegger, pero no había generado entusiasmo entre las prepagas hasta ahora. Ante este escenario, el Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, implementó en los últimos meses distintos incentivos para impulsar la inscripción.

Por medio del vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno anunció hoy que la Secretaría de Salud aprobó la inscripción de Swiss Medical, una de las empresas de medicina pre paga más grande del país, afirmando que es la primera de varias que se se sumarán en los próximos días.

Este paso permite a los trabajadores registrados “derivar sus aportes de manera directa y sin tener que pagarle ninguna de las obras sociales fantasmas que ofician de intermediarias y que se quedaban, por supuesto, con un pedazo de la comisión, de lo que aportaban”, dijo el funcionario. Adorni destacó, además, que “el Gobierno celebra esta decisión de Swiss Médical e invita a las demás empresas a adherir al sistema”.

La “invitación” de Adorni es en realidad una decisión tomada por el Gobierno que obligará a las prepagas a plegarse a esta iniciativa. Según fuentes ofciales, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo reuniones con representantes de las Obras Sociales y Prepagas más importantes para informarles que la semana próxima la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicará una resolución estableciendo que a partir del 1 de diciembre de 2024 todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (con encuadre en el inciso I) del artículo 1 de la Ley N 23.660.

La medida se enmarca en la desregulación del sistema de salud impulsada por el presidente Milei, quien, al inicio de su gestión, permitió que los beneficiarios eligieran entre derivar sus aportes a una obra social o a una entidad de medicina prepaga, sin intermediaciones. Hasta ahora, los trabajadores en relación de dependencia estaban obligados a optar entre obras sociales sindicales y, a partir de esta medida, podrán cambiar de prestador de salud entre una lista de más de 30 entidades, que incluyen tanto obras sociales como prepagas.

El nuevo trámite abarca a trabajadores en relación de dependencia bajo convenio, trabajadores fuera de convenio titulares de obras sociales de dirección, personal del servicio doméstico y monotributistas en todas sus categorías. Los beneficiarios podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el comienzo de la relación laboral.

DM

La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra el DNU por el cual el gobierno de Javier Milei dejó de transferirle los fondos para las jubilaciones bonaerenses.

La procuradora adjunta Laura Monti se pronunció de esa manera en el marco del pedido de medida cautelar que formuló el gobernador Axel Kicillof ante la decisión de Nación de cortar los aportes para la caja provincial previstos por una ley que atravesó los últimos siete gobiernos.

“La Provincia de Buenos Aires deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional ‘restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”, explicó Monti.

Los montos reclamados corresponden a “compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional”, a valores actualizados.

El régimen se implementó a fines de 1999, durante el gobierno de la Alianza, cuando se firmó el “Compromiso Federal” (ratificado por ley) por el cual el Estado Nacional “se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales”.

La aplicación de la norma se mantuvo durante el interinato de Eduardo Duhalde y los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, e incluso se profundizó cuando en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, se dictó la ley de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”.

Uno de los artículos de esa norma instruyó al Poder Ejecutivo “para que arribara a un acuerdo con las provincias que no hubieran transferido sus sistemas previsionales, para compensar las asimetrías con respecto a aquellas jurisdicciones que sí lo habían hecho”.

Los fondos fueron previstos en el presupuesto 2023, que “estableció un crédito específico para las cajas previsionales provinciales transferidas y, a su vez, dispuso una metodología para que la ANSES abone mensualmente a las provincias que no transfirieron al Estado nacional sus regímenes previsionales, un monto en concepto de anticipo a cuenta, equivalente a una doceava parte del déficit -provisorio o definitivo-”, determinado por un decreto del gobierno de Macri.

Toda la normativa fue prorrogada por decreto también durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, el gobierno de Milei lo interrumpió mediante el DNU que “no se encuentran comprendidos en dicha prórroga” los artículos que determinan el aporte de Nación a la caja jubilatoria provincial.

“Toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia”, opinó la procuradora adjunta.

“En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, resumió Monti.

Con información de NA.

IG