El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció hoy la detención de dos ciudadanos españoles, tres estadounidenses y un checo, implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos “terroristas”, entre ellos asesinar al presidente Nicolás Maduro.

Según el ministro, en la operación fueron incautadas más de 400 armas “transportadas desde Estados Unidos”, y algunos de los capturados buscaban llevar a Venezuela “un grupo de mercenarios” con el propósito de asesinar a Maduro, así como a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y a otros dirigentes del chavismo.

El ministro aseguró que estos dos ciudadanos españoles “tienen vínculos” con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español.

En una comparecencia sólo para medios públicos venezolanos, Cabello explicó que los españoles fueron capturados en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil).

Según informó el ministro, en los teléfonos de los detenidos las autoridades hallaron información sobre sus contactos con una “dirigente” regional del partido Vente Venezuela (VV), a quien le preguntan “cómo hacen para comprar explosivos” y para “contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo especial”.

Detrás del “tráfico” de las armas, indicó Cabello, está el excomisario de la Policía de Caracas Iván Simonovis, quien -aseguró- tiene enlaces “directos” en Venezuela con dirigentes de la oposición mayoritaria, entre los que mencionó a María Corina Machado, principal valedora del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, exiliado desde el 8 de septiembre en España.

El ministro exigió al Gobierno estadounidense, que -reiteró- está “detrás de esta operación”, aclarar “el uso de su territorio para traficar armas” con el fin de “derrocar un Gobierno democrático, electo por su pueblo” en los comicios presidenciales del 28 de julio.

Tras esas elecciones Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado rechazado por la oposición y la mayoría de la comunidad internacional.

Venezuela, agregó Cabello, ha estado “bajo asedio constante del imperialismo con sus aliados, que no tienen escrúpulos de ninguna naturaleza y el Estado venezolano ha tenido la obligación de tomar las decisiones para defenderse”.

DM con información de agencia EFE

Todavía se despierta a las seis de la mañana. De manera repentina, de un golpe, como cuando estuvo detenida en el penal de máxima seguridad de Ezeiza y sus carceleros le exigían pararse en la celda para hacer el “conteo” de los presos. Sufre pesadillas y denuncia que recibe amenazas de cuentas libertarias en redes sociales. Asegura que la misma situación viven el resto de los liberados: “Hay un estrés postraumático bastante importante. Están todos bastante vulnerados. Pero si quisieron quebrantarnos, nos hicieron más fuertes. Seguimos peleando por nuestras causa y para que liberen a los que aún están detenidos”. Camila Juárez, 33 años, dos hijos, estudiante en la UNSAM, estuvo seis días presa luego de la feroz represión de las fuerzas de seguridad en las protestas frente al Congreso cuando se votaba la ley de Bases en el Senado. 

“Fue una cacería”, dice sobre la actuación de la Policía de la Ciudad y la Federal sobre las 33 personas que fueron detenidas aquel 12 de junio. El Gobierno los acusó públicamente de cometer “actos terroristas”, pero a las pocas horas la jueza María Servini de Cubría desestimó los expedientes del fiscal Carlos Stornelli: dejó en libertad a 17 de los detenidos y a la semana siguiente dictó la falta de mérito para 11. Resolvió el procesamiento para cinco, pero ya fueron excarceladas tres más. Solo dos personas quedan aún detenidas, Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado ayer por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. No están acusados de intimidación pública. Hoy, exactamente un mes después de las detenciones, hay un festival en Plaza de Mayo para reclamar su libertad.

Camila tiene muy vivo el recuerdo de la represión en el Congreso y los apremios ilegales que sufrió durante el largo proceso de la detención. Había ido a protestar junto a sus compañeros de la carrera de Sociología, pero se fueron cuando las fuerzas de seguridad avanzaron desde el Palacio Legislativo por la avenida de Mayo hacia la 9 de Julio. Ahí comenzaron a disparar balas de goma. “Veníamos desconcentrando; corriendo, obviamente, porque teníamos policías en todos lados. Por los impactos de balas de goma me doy vuelta y del susto me caigo. Ahí el policía me apunta con la escopeta contra la cabeza. Le digo ‘déjame salir, por favor, tengo dos hijos’. Y me dice: ‘Negra sucia, no hubiera venido acá. Quédate ahí quieta y no te muevas un centímetro’”, relata Camila.

Ya detenida, la subieron a un móvil junto a sus compañeros y otras personas que no conocía. Comenzó un tortuoso periplo: los llevaron al Centro de Monitoreo, sobre avenida Corrientes, después a la Comisaría Comunal 4 de Parque Patricios, donde los separaron por sexo, y finalmente de vuelta a Chacarita. “Ahí nos mantuvieron 17 horas esposadas, desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana, sin darnos de tomar agua, sin dejarnos ir al baño, sin darnos de comer, sin dejarnos ver a un abogado, sin explicarnos por qué estábamos detenidas. Estuvimos esposadas hasta que vino alguien de Defensoría del Pueblo y les exigió que no bajaran del camión. Nos tiraron en un pasillo, básicamente sin comida y sin agua. Ahí pasamos todo ese día. Dormimos como pudimos con una frazadas que nos pasaron nuestros familiares y al otro día nos llevaron a Comodoro Py a las indagatorias”, recuerda.

En Comodoro Py –denuncia– también recibieron maltrato. Les negaron ir al baño varias veces: “No hubieran tirado piedras y podrían ir”, era la respuesta de los agentes. Y tras pasar otras diez horas en el camión celular, las obligaron a hacer una requisa que Camila califica de “innecesaria”, si ya llevaban 48 horas detenidas. Mientras una de sus compañeras fue liberada, a ella le negaron la excarcelación y la ubicaron en el “gallinero”, un calabozo pequeño con rejas dentro del mismo edificio federal. Luego, sin aviso previo, la trasladaron junto a otras tres mujeres al penal de Ezeiza.

“Nunca pensé que iba a ser trasladarnos a un penal de máxima seguridad. Pero nos subieron a un móvil penitenciario que tenía cadenas para las esposas; mis manos no daban más. Y ahí estuvimos antes de ingresar en Ezeiza unas tres horas. Hacía frío y me sacaron el buzo negro que tenía porque por reglas de la penitenciaría no podés entrar con nada negro. Y me dijeron que el pantalón no me lo sacaron porque si no quedaba desnuda, como haciéndome un favor”, señala Camila. 

En el penal de máxima seguridad le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. “Cual dictadura”, apunta Camila. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

De las cuatro mujeres solo Daniela Calarco Arredondo quedó detenida. Tiene 39 años y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Emilia Manazza, su pareja desde hace seis años, denunció que por eso sigue tras las rejas: “Daniela tenía en la mochila la pechera de nuestro movimiento social y el pañuelo verde. Es clara la persecución. En la causa ponen como disvalor su militancia”, dijo a este medio. Por su liberación y la Roberto de la Cruz Gómez este viernes habrá una manifestación de la izquierda hacia Plaza de Mayo y un festival con artistas como Paula Maffía, El Príncipe Idiota, Flopa Lestani, La Perra que los Parió, Julio y Agosto, y Sudor Marika, entre otros. 

“Vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros que quedan aún presos ilegalmente. La idea es que seamos muchos y muchos. Creemos que la salida es colectiva. Lo que hicieron fue ilegal, aleatorio. No es justo que estos compañeros no puedan seguir sus causas en libertad y tengan que estar privados en un penal de máxima seguridad”, apunta Camila, que casi un mes después de su liberación también lleva adelante una lucha personal por los apremios ilegales que sufrió: “Todavía sigo con pesadillas y recibo muchas amenazas por redes sociales”.

MC/JJD

Las palabras hacen. Las amenazas performan. Sobre todo cuando se dan en forma simultánea con los hechos que las confirman.

Decir, por ejemplo, terrorismo, desde el gobierno (el máximo poder del Estado que el propio gobierno denosta, vaya contradicción), aterroriza. Decir golpe de Estado golpea. Todo eso, además, genera paranoia. Sabemos que detrás, la intención es llevar a cabo un plan económico que busca la dolarización a cualquier costo, el extractivismo salvaje y la entrega.

Sumado, además, al hecho de que mientras dice eso el Presidente de la Nación, lo ejecuta: aterroriza, golpea desde el Estado. Desde los brazos armados del Estado, con violencia, encarcela personas probadamente inocentes con cargos falsos e hiperbólicos: presunta conspiración terrorista internacional. Es un rulo complicado: el Presidente que se autoadjudica una representación protagónica a nivel mundial de las ideas de ultraderecha libertaria, contra lo que él ve como una amenaza marxista en la que engloba a casi todo el resto del arco ideológico que no le da la razón, a través de argumentos irracionales y de expresiones insultantes que pegan en el corazón y al mismo tiempo generan adherencias masivas. Así, establece un realineamiento internacional de la Argentina atacando a los países que también acusa de marxismo, en una visión maniquea ad hoc.

Mientras su ministra de seguridad, a quien hace no tanto insultó por un pasado terrorista de graves cargos inventados y luego convocó a su gobierno en un ministerio clave, defiende y se fotografía con Bukele, el creador del modelo punitivista más cruel y regresivo en la región.

¿Y por redes cómo andamos? No por nada se habla de ejércitos de trolls, omnipresentes en la agresión a todos esos zurdos que hay que destruir.

Si no fuera real, parecería una ficción distópica pura.

De este modo, el gobierno vuelve a agitar los fantasmas del pasado. Y lo hace simultáneamente con fuertes, inéditas, acciones represivas, que dejan inerme a una gran cantidad de población. El terror, se sabe, paraliza. Mientras, dentro del Senado, se aprueba la ley de Bases.

Son presos políticos

Se escucha y se lee que las detenciones en la marcha contra la Ley de Bases el miércoles 12 de junio fueron hechas al “voleo”. Personas apresadas fuera de las columnas, es decir, que no estaban participando en ninguna organización, detenciones random: un chico que viene del gym y baja en una estación de subte cercana al Congreso, una chica que le sacaba fotos al evento, un vendedor de empanadas con su hija y su nieta, un vendedor de choripán, una profesora de historia, una estudiante de Letras y otra de antropología de universidades nacionales del GBA, un docente ambientalista, un músico. El voleo transversaliza socialmente la caza arbitraria y con eso logra un objetivo adicional en el amedrentamiento: cruzar el tejido social en todas sus variables (género, clase, generación, etcétera) y generar daños físicos y psíquicos en las personas apresadas sin causa, o con causas inventadas, y también provocar terror en la sociedad.

Al cierre de esta nota, todavía quedaban cinco personas presas (la única mujer, una lesbiana) de las 34 que fueron detenidas en forma violenta. El pedido del fiscal Carlos Stornelli para volver a apresar a 14 liberados, el encarcelamiento en cárceles comunes y la falta de pruebas, que no incluye al que le prendió fuego a un auto de Cadena 3, un medio de comunicación (por si no se entendió el mensaje de no vayan a las marchas). con sospechas de haber sido apañado por las propias fuerzas, suman al claro objetivo aleccionador del final de una marcha que agita otros fantasmas: los 90 de las marchas blancas de docentes pacíficas hasta los desmanes finales provocados por infiltrados o el 8 de marzo de 2017 de Macri, cuando también fueron apresadas mujeres sin motivo aparente.

En ese marco, los detenidos devienen presos políticos aun cuando no estuvieron en la marcha bajo las columnas de los partidos, todos zurdos en la nueva dialéctica mileísta. No solo, en una decisión sin precedentes, son enviados a cárceles comunes, sino que reciben torturas de distinta clase, como bien cuenta Irina Hauser en esta nota donde recoge testimonios de liberados: https://www.pagina12.com.ar/745372-la-violencia-represiva-siguio-en-las-carceles?s=08.

Pero esta política encuentra algunos escollos en el periodismo, en el propio Congreso, en la Justicia, en un pueblo resistente, en fin, en los instrumentos de la democracia que el presidente y su equipo parecen denostar.

¿Quién hace terrorismo, quién golpea al Estado? ¿Quién quiere hacer tambalear la democracia?

Se sabe: la Argentina no está sola en el proceso de derechización. Miremos Europa. En los últimos días, los futbolistas franceses llamaron a votar contra la ultraderecha, a partir del adelantamiento insólito de las elecciones parlamentarias en Francia por parte del presidente Emmanuel Macron y que dan ventaja a Marine Le Pen. Consciente de su popularidad, el jugador de la selección francesa, Kylian Mbappé dio, en ese sentido, un mensaje fuerte. Así, devino un deportista político, como lo fueron Muhammad Alí o Diego Armando Maradona, que tanto extrañamos hoy.

El ensayista francés Raphaël Llorca publicó el 16 de junio una columna en Le Monde donde critica la decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional y adelantar las elecciones legislativas. Algunos conceptos pueden servir, salvando las distancias, para pensar lo que está ocurriendo en Argentina. Escribe el autor: “La prensa extranjera, incrédula, llegó incluso a preguntarse: ¿se ha vuelto loco el presidente francés? No nos perdamos en conjeturas sobre su estado mental: en política, las explicaciones psicologizantes a menudo delatan una incapacidad para comprender lo que está sucediendo.”

¿Qué pasaría si cambiamos el gentilicio que acompaña al presidente por argentino? El loco de libro, el psiquiátrico de Jorge Asís, el falto de lengua madre de Elisa Carrió, son diagnósticos arriesgados. El propio Asís dijo, en un programa de TV: “Milei no es tonto ni es loco”. ¿Entonces? Sin embargo, Llorca propone no descuidar el abordaje psicológico, no ya del personaje sino del momento político. “... Si lo pensamos bien, el Presidente de la República ha llevado a cabo lo que se podría llamar un ‘golpe de Estado psicológico’ [....] Es en el nivel simbólico donde la expresión adquiere todo su significado: el golpe de Estado psicológico es un acto político con una fuerza tan desestabilizadora que es capaz de provocar una forma de neutralización mental. Produciendo primero un fuerte sentimiento de irrealidad: ¿el acontecimiento realmente tuvo lugar o lo soñé? ¿Qué episodio me perdí para encontrarme en medio de una película de la que no entiendo nada?”

Llorca dice que la contrapartida de este sentimiento de irrealidad es un choque hiperrealista de efectos perversos que le permiten, a quien realiza estos actos de discurso performativos, mantener una ventaja sobre la oposición y capitalizar el Estado. “La consecuencia es hundir el campo político en lo que podría describirse como psicosis política. Clínicamente, la psicosis se describe como una pérdida del sentido de la realidad, una alteración grave del pensamiento lógico.”

El ensayista se pregunta, y nosotros podemos preguntarnos con él: “Esta ventaja competitiva psicológica no deja de plantear preguntas: ¿no es probable que perturbe la igualdad de condiciones para el ejercicio de la democracia?”

Esperemos que no. 

GS/MF 

En medio de la polémica por la detención de más de una treintena de personas durante la marcha en contra de la ley Bases, el gobierno de Javier Milei no disimula su estrategia y redobla la apuesta con cada gesto. Durante el fin de semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo alarde del accionar de las fuerzas al compartir un video en el que se muestra el traslado hacia los penales federales de varios de los acusados por los disturbios a las afueras del Congreso. “Rompieron la plaza, hirieron la democracia: A LA CÁRCEL”, se lee en su publicación de la red social X.

El pasado viernes fueron liberadas 17 de las 32 personas que habían sido privadas de su libertad el miércoles en el marco de los incidentes y la represión llevada adelante por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó en las últimas horas a la jueza María Servini, que lleva adelante la investigación, que vuelvan a ser detenidas 14 de ellas. A través de un escrito, le pidió a la magistrada que reconsidere su decisión al estimar que los acusados podrían fugarse o entorpecer la investigación. Solo quedaron fuera del pedido tres vendedores ambulantes.

Familiares de los detenidos realizarán este martes, a partir de las 16.30, una marcha a Plaza de Mayo bajo el lema “presos políticos nunca más” y con la aclaración de que no responden a “ninguna bandera partidaria”. Fueron invitadas a asociaciones civiles, organismos sociales y de derechos humanos, y todos aquellos que quieran, unirse al reclamo por la liberación “inmediata” de quienes aún continúan detenidos.

Paola Costas, hija de Ramona Tolaba, una de las detenidas durante la votación de la Ley Bases, afirmó que tratan a su madre de “terrorista” cuando sería “incapaz de tirar proyectiles”. En declaraciones a Metro 95.1, Costas manifestó que su madre, quien trabaja como empleada doméstica en casas particulares, fue por iniciativa propia a manifestarse y que “siempre se manda sola” a las movilizaciones sin pertenecer a ningún partido político ni a ninguna agrupación.

En su relato, que se desprende de las imágenes de las cámaras que hay instaladas en las inmediaciones del Congreso de la Nación, Costas aseguró que Tolaba “se escondió en Avenida de Mayo y Santiago del Estero” donde la detuvieron. “A ella no le gustaba lo de las privatizaciones de la Ley Bases, por eso fue a manifestarse. Yo sabía que iba a ir a la marcha y la llamé hasta las 22 y no me atendía”, expresó Costas.

Pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, prometió un “operativo normal” de seguridad a la espera de la movilización por la liberación de los detenidos durante la sesión de la Ley Bases en el Congreso, Casa Militar, el organismo encargado de la seguridad del presidente, valló Plaza de Mayo y ajustó las medidas de precaución. 

“Más allá de que no sabemos la cantidad de gente, dentro de lo que el Ministerio de Seguridad estime, estará efectivamente la cantidad de efectivos y el procedimiento, pero no va a haber nada en particular”, prometió el vocero a la espera de los familiares de detenidos y organizaciones sociales y de derechos humanos que marcharán hasta el centro porteño esta tarde.

PL/JJD

Familiares de detenidos durante la protesta contra el proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, realizada el miércoles pasada mientras se debatía en una sesión del Senado —donde terminó aprobada—, realizaron este lunes una manifestación en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y llamaron nuevamente a una movilización hacia la Plaza de Mayo, para este martes, a partir de las 16:30.

Bajo el lema “presos políticos nunca más” y con la aclaración de que no responden a “ninguna bandera partidaria”, invitaron a asociaciones civiles, organismos sociales y de derechos humanos, y a todos aquellos que quieran, unirse al reclamo por la liberación “inmediata” de quienes aún continúan detenidos.

En la lista publicada por la organización Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), de las 35 personas detenidas, 22 estaban a disposición de la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y 13 del Juzgado Federal número 1, a cargo de la jueza María Servini.

Por el momento, Servini ordenó la excarcelación de 17 imputados por no hallar ninguna prueba incriminatoria, luego de haber tomado las declaraciones correspondientes y ver las imágenes de las cámaras en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Hasta este momento, continúan detenidos: Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente, Facundo Exequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.

Amnistía Internacional, a su vez, reclamó la liberación de Camila Juárez Oliva, de 33 años, estudiante de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), quien “participó de la movilización del 12 de junio en la zona del Congreso y nunca llegó a ir a la plaza porque fue detenida en 9 de julio y Chile”.

JJD, con información de NA