Este lunes, el presidente Javier Milei firmó el decreto 652 de reglamentación de ganancias que se pagará con los sueldos de agosto, y solo exceptuó del pago del tributo a los obreros petroleros y el personal de la Antártida.

El oficialismo mantuvo dentro del cálculo del impuesto las horas extras, premio, plus, bono por productividad, viáticos, que estaban exentos en la ley vigente hasta septiembre del 2023, cuando se eliminó la cuarta categoría que ahora nuevamente se repuso y pagarán más de 800 mil trabajadores ese gravamen.

Desde el momento mismo de su aprobación, la medida comenzó a conformar un “frente anti-Ganancias” al que fueron sumándose los distintos sectores afectados por la medida, entre los que se destacan bancarios, camioneros y el personal diplomático.

En el cuerpo diplomático estalló la furia por que la reglamentación de ganancias dictada por el Gobierno no exceptuó al personal de Cancillería como sucedía hace décadas y pagarán una alícuota más alta por su trabajo en el extranjero

Los diplomáticos que trabajan en el exterior deberán pagar ganancias por un plus que cobran en dólares lo cual generó malestar en ese personal, ya que el Gobierno no exceptúo en la reglamentación del Impuesto a las Ganancias ese ítem ni los premios, horas extras, aguinaldo, viáticos de ninguna actividad.

De acuerdo a fuentes diplomáticas, el malestar se debe que deberán pagar ganancias por ese plus “por compensación por el costo de vida” implicará una reducción del 23 por ciento de sus sueldos, y provocará dificultades en el pago de viviendas, comida y otros gastos que se tienen cuando se vive en el exterior.

La medida abarca a 400 diplomáticos, entre embajadores, secretarios o agregados, que desde 1973 estaban exceptuados de pagar por ese plus.

Fuentes de la Asociación del Personal del Servicio Exterior no descartan ir a la justicia junto a ATE y UPCN que también tienen afiliados que trabajan en el exterior.

Bancarios y Camioneros, los primeros

Durante la jornada de ayer, el diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, anticipó que hoy presentaría una demanda contra el Gobierno nacional ante la Justicia para frenar la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que se reglamentó el lunes.

“Ya tenemos la denuncia preparada porque es confiscatorio y es una rebaja salarial encubierta. Una vez más, como todas las decisiones de este gobierno, golpea a los trabajadores”, señaló Palazzo en declaraciones radiales. “El impuesto es confiscatorio, se lleva el 16% del salario. Además, representa una rebaja encubierta que afecta duramente a los salarios”, se quejó.

Para el sindicalista, en determinadas categorías, al empleado bancario con el pago de Ganancias “le va a absorber hasta el 16%” de los ingresos. Según advirtió, estos descuentos “superan largamente el 20% que se puede retener de un salario por todo concepto, tanto legales como no legales”.

“Estamos convocando a todos, no solo a los bancarios, a despertar en defensa de los derechos laborales. La situación de los trabajadores está empeorando y es nuestra responsabilidad como representantes alertar sobre las consecuencias de estas medidas”, finalizó Palazzo.

Envuelto en un fuerte conflicto con el Gobierno de la Ciudad por la licitación del sistema de acarreos y grúas, el Sindicato de Camioneros fue uno de los primeros en anunciar un plan de combate contra el nuevo impuesto, tanto en el ámbito judicial como en las calles.

Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, confirmó hoy que Camioneros judicializará el retorno de Ganancias. “Vamos a judicializarlo todos los gremios de transporte. Estábamos esperando que se oficialice”, señaló Moyano en una entrevista con radio El Destape. “Seguramente va a ser acompañada por una marcha a Tribunales cuando sea presentada la demanda”, agregó.

Judiciales, portuarios y médicos también van a la Justicia

Con el correr de la tarde, otras asociaciones gremiales se fueron sumando a la resistencia por la vía judicial.

El gremio de los empleados judiciales interpuso una “acción declarativa” en defensa de los derechos de “incidencia colectiva” y solicitó una medida cautelar de no innovar, planteando la inconstitucionalidad del artículo 81 de la Ley 27.743.

Julio Piumato, secretario general del gremio, afirmó que: “Este impuesto causa un gravamen irreparable a los dependientes del Poder Judicial de la Nación al incluir en la base imponible deducible del impuesto a los suplementos, las compensaciones y bonificaciones”.

Por su parte, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), presentó un amparo ante el Juzgado Federal Nro 1 de San Martín pidiendo la suspensión del Título V de la Ley 27.743, en este caso, ante el fuero Contencioso Administrativo.

“El médico queda gravado por ganancias no por un salario alto sino por el pluriempleo que debe afrontar, trabaja entre dos y cuatro lugares para llegar a fin de mes”, sostuvo el secretario adjunto del gremio, Carlos Wechsler.

A última hora de la tarde, los gremios portuarios nucleados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), que lidera Juan Carlos Schmid, anunciaron que presentarán mañana una cautelar.

De acuerdo a la reglamentación, los trabajadores comenzarán a pagar el impuesto a las Ganancias a partir de un piso de 1.800.000 pesos de ingreso bruto mensual para los solteros y desde 2,2 millones para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento.

Las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarán semestralmente, a partir de 2025, en los meses de enero y julio en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC.

DM con información de agencia NA