La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) junto a 2000 científicos y científicas firmaron la presentación frente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un documento que da cuenta del incumplimiento por parte del Estado de la ejecución de los fondos para financiar los proyectos científicos. Hoy científicos y científicas se movilizaron al Polo Científico de Conicet, en defensa de la ciencia pública y sus trabajadores. 

Valeria Levi, Vicedecana de la Facultad de Exactas de la UBA y miembro de RAICyT contó sobre la presentación al organismo multilateral: “Hemos tratado de hablar numerosas veces y hemos hecho llegar nuestros reclamos en numerosas instancias al gobierno nacional y no tuvimos respuesta, entonces apelamos al BID que es uno de los organismos financiadores” y agregó: “Pero hay interrogantes: ¿cuántos fondos quedan?, ¿en dónde están?, ¿se han girado al país y no se han usado?”.

Según Levi, el organismo respondió que “inmediatamente después de presentar la denuncia”, les llegó un email diciendo que se va a revisar todo el material y “que en caso de ser necesario nos van a contactar”. Y agregó que el envío de la documentación con la firma de los 2000 científicos, es un hecho sin precedentes en la historia del país: “hay gente de todo el arco político, gente hiper importante del ámbito científico. Creo que es la primera vez en la historia que al BID le llega un reclamo a la propia comunidad científica y eso nos parece también un hecho importante, que marca la crisis absoluta que estamos viviendo”.

Las 2000 avales que acompañaron el petitorio tienen firmas de científicos de renombre como el biólogo y divulgador científico argentino, especialista en cronobiología, Diego Golombek; la viróloga argentina, Andrea Gamarnik, científica conocida por sus investigaciones relacionadas con el VIH, la hepatitis B, y el virus del dengue y Jorge Geffner, doctor en Bioquímica, investigador superior del CONICET y director del Departamento de Microbiología de Facultad de Medicina de la UBA.

En septiembre pasado, una investigación de elDiarioAR reveló que la Agencia I+D+I que financia la ciencia argentina anunció a finales de agosto que no hay plata para los científicos pero retenía al menos US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos. La investigación informó que por cada dólar ejecutado hasta ese momento durante 2024, US$3,93 permanecían en las cuentas bancarias engrosando el Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis del sistema desde fines de diciembre de 2023. La situación desde entonces no hizo más que empeorar.

La investigación periodística desarmó el argumento de “no hay plata”, evidenciando que el financiamiento existe y está disponible para su uso. Además, se expuso que si el organismo cumpliera con los pagos a los científicos y a los proyectos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) podrían habilitarse nuevos desembolsos para seguir impulsando el desarrollo científico. Sin embargo, la convocatoria a los Proyectos de Investigación Científica (PICTs) de 2023, el instrumento que permitía recibir financiamiento para cada una de las investigaciones, se prorrogó por 5° vez. 

Levi sostiene que: “además del tema de la plata en sí, hay otras cosas que marcan que se está obstruyendo con la agenda de la financiación de las ciencias, en particular el no nombramiento de los miembros del directorio” y agregó que “eso en sí frena, paraliza un montón de tareas rutinarias que necesitan del directorio [de la Agencia I+D+I] para ser realizadas, que no se pueden realizar porque no está nombrado”.

Los becarios y becarias de la Agencia I+D+I organizados en asamblea, comenzaron hace algunas semanas una campaña focalizada en cuestionar “¿Dónde están los 53 millones de dólares?”. En un video que circuló por redes sociales plantearon la situación asfixiante que viven los investigadores: “Los salarios de los investigadores están congelados hace casi un año y ahora incluso suspenden becas ya otorgadas”, sostuvieron y agregaron: “Si los organismos internacionales ya enviaron la plata: ¿Dónde están los fondos?, ¿Se están usando para lo que corresponde?, ¿Por qué el gobierno nacional no da respuestas?”

En un comunicado de prensa con motivo de la marcha a realizarse hoy, los becarios y científicos apuntaron contra el Gobierno: “con la publicación de los resultados de la última convocatoria de becas de finalización en Conicet y como consecuencia de una escasez en los cupos otorgados, quedan en la calle al menos 166 investigadorxs en formación que venían desarrollando sus doctorados como becarixs de la Agencia I+D+i o distintas universidades nacionales y que normalmente los habrían concluido como becarixs de Conicet”. Además agregaron: “una decena de becarixs de la Agencia I+D+i fueron despedidxs por decisión burocrática de ese organismo, excusándose en criterios contradictorios en sus propios reglamentos internos”.

Ya a principios de diciembre, Raicyt había enviado un pedido de acceso a la información pública al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos para consultar, entre otras cosas, sobre la asignación y ejecución presupuestaria de la Agencia I+D+I y los programas y proyectos ejecutados por el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según detalló Levi, las respuestas fueron insuficientes, por lo que el equipo de abogados de la Red, reafirmó el pedido de la información solicitada.

Este miércoles, científicos y científicas marcharon hacia el Polo Científico donde se encuentra el predio de Conicet y la Agencia I+D+I en el marco de la primera reunión de directorio de Conicet. 

Victoria García, delegada de ATE Conicet, sostuvo en diálogo con este medio que ya presentaron un pedido de reunión con el directorio de la institución: “tenemos una serie de problemáticas pendientes como la situación de las becas de finalización de doctorado donde los cupos resultaron totalmente insuficientes este año: Hay más de 50 becarios que quedaron afuera y que ya vienen desarrollando tareas como investigadores en formación”. Además, mencionó “la situación gravísima de los ingresos a la carrera de investigador y a la carrera del personal de apoyo, que son aproximadamente 1000 personas que están en un limbo total después de los concursos que aprobaron”.

La situación de la ciencia argentina se agrava mes a mes. Valeria Levi sostiene que, a pesar de los desafíos que enfrenta el sector científico, los grupos de investigación y desarrollo continúan haciendo “malabares para sobrevivir” y concluyó: “Igual lo vamos a seguir haciendo porque creemos en lo que hacemos y creemos que es importante para el desarrollo del país, pero ahora más que nada nos estamos respaldando en en la ayuda y colaboración de grupos que existen en el exterior, de colaboradores externos, pero ningún país del mundo vive de eso”.

Este martes fue otro día agitado en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), principal organismo de financiamiento de la ciencia. Tras el desembarco de Natalia Avendaño, alfil del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, unos 1.200 becarios de posgrado vieron retrasado el cobro de sus estipendios y la Directora de Financiamiento Internacional de la Agencia, Silvia Oliver, fue desplazada de su cargo. 

La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló que, a pesar de la crisis financiera que vive el organismo y del discurso oficial de “no hay plata”, la Agencia retiene al menos US$53 millones de préstamos multilaterales. Horas después de la publicación de la investigación, la presidenta del organismo, Alicia Caballero, renunció a su cargo, dejando como saldo 80 despidos y un directorio sin conformar, tras la renuncia en masa de los directores del organismo en marzo.

Luego de la renuncia de Caballero, la alfil de Francos que manejaba “la caja” de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, desembarcó en el organismo. elDiarioAR contó este lunes que los investigadores creen que la subordinada del jefe de Gabinete llega a la Agencia para aplicar de lleno el modelo libertario, tras casi diez meses de parálisis y fondos millonarios pisados por el poder político. Durante la tarde del lunes, se conocieron los primeros efectos de la nueva presidencia en el organismo: alrededor de 1.200 becarios vieron paralizado el cobro de sus estipendios.

“La verdad es que ya no tenemos ninguna certidumbre, sinceramente han sido muchos los ataques a la Agencia. Desde los no aumentos a las becas, la parálisis de subsidios, los cambios de autoridades, es muy difícil tener alguna garantía de que haya alguna solución pronta”, sostuvo Francisco Gelman Constantin, becario de postdoctorado de Agencia y delegado de ATE-Conicet.

El delegado relató que los más de mil afectados no reciben actualización salarial desde mayo, por lo que quedaron debajo de los becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). En su mayoría, los afectados recibían una beca inicial para concretar un doctorado y debían cobrar el pasado 5 de octubre $786.000 mientras que los postdoctorales debían recibir $950.000.

Las áreas que abarcan los becarios de la Agencia van desde ingeniería, ciencias médicas, naturales y sociales, hasta humanidades. Según Gelman Constantin, “son becas que se aplican en todas las universidades y los centros propios del Conicet y también en el Instituto Antártico y en hospitales”.

Los cobros debían realizarse el día 5 de cada mes, con posibilidad de corrimiento de uno o dos días máximo. Al ver que pasaban las horas y los pagos no se concretaban, los becarios se contactaron con la presidencia de la Agencia y con FONCyT, el fondo de la Agencia que financia las becas. 

Según Gelman Constantín, la primera respuesta que recibieron los becarios el día lunes fueron dilatorias: “Al principio lo que decían era ‘escríbanle a tal sector de agencia’ o ‘escriban a las instituciones que gestionan las becas dentro de cada universidad’, como buscando otros destinatarios”, y agregó: “Al final del día, a las 7 de la tarde, nos responden desde la Unidad de Becas que estaban al tanto de la demora y que era por el cambio de autoridades en la Agencia”.

Durante el mediodía del martes, una comitiva de becarios y referentes de ATE-Conicet entregaron una carta formal en las puertas de la Agencia, pidiendo el pago inmediato de los estipendios que se paralizaron. “Exigimos el pago de nuestros estipendios en tiempo y forma, debiendo ser este el día 5 (cinco) de cada mes, como lo anuncia la web oficial de Agencia”, sostuvieron en el escrito.

Asimismo, pidieron por la “actualización de los estipendios de acuerdo a los aumentos establecidos para la Administración Pública Nacional, en iguales condiciones” que a los becarios del Conicet, “que realizan el mismo trabajo y tienen las mismas obligaciones”.  

Por último, los becarios sostienen en el escrito que “resulta insuficiente una respuesta compuesta sólo de expresiones de buenas intenciones”. “Necesitamos acciones comprometidas a respetar los acuerdos y normas establecidos que nos vinculan mutuamente”.

Cerca del mediodía del martes los becarios comenzaron a recibir sus estipendios, aunque sin la actualización solicitada. Mientras tanto, los Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología (PICTs) que debían comenzar este año siguen sin recibir financiamiento. 

La UDI de elDiarioAR pudo establecer que por cada dólar que la Agencia I+D+I ejecutó durante 2024, hay US$3,93 que retiene en las cuentas bancarias.

Un rol clave, sin firma

Este martes elDiarioAR se comunicó con la Secretaría de Ciencia y Tecnología para consultar la situación de Silvia Oliver, quien tiene más de 25 años de trabajo en la Agencia a cargo de la Dirección de Financiamiento Internacional. Oliver era la encargada de firmar los pagos a los becarios. La respuesta de la Secretaría fue que Oliver está en planta permanente, pero que “no tiene más el cargo ahora”. 

La dirección que tenía a cargo Oliver cumple con el objetivo de combinar diversos reglamentos de aplicación de fondos, fuentes de financiamiento y su distribución a más de 100 instituciones. En síntesis, es la columna vertebral de la gestión financiera y operativa de cobros y pagos.

Una fuente con conocimiento del organismo sostuvo que Oliver era el último eslabón en la cadena de firmas, motor y cuidadora del cumplimiento sistemático con los becarios. 

ED

El desembarco de la funcionaria Natalia Avendaño en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), principal organismo de financiamiento de la ciencia, tiene en alerta al sistema científico argentino. Los investigadores creen que la subordinada del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llega a la Agencia para aplicar de lleno el modelo libertario, tras casi diez meses de parálisis y fondos millonarios pisados por el poder político.

Avendaño es economista de la Universidad Católica Argentina (UCA), tiene estudios de maestría y doctorado en Economía de la Universidad del CEMA y se desempeñaba hasta hace pocos días en la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Llega a la Agencia para “cuidar la caja”, una caja que no se ejecuta desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada. 

La funcionaria es una outsider del mundo científico y tecnológico, y su experiencia estuvo siempre relacionada a la gestión de las cuentas de los organismos argentinos en la ejecución de préstamos de los organismos multilaterales. La gran duda de los científicos, en esta nueva etapa, es si Avendaño llega para seguir pisando la caja y hacer borrón y cuenta nueva con los proyectos científicos seleccionados, con el objetivo de poner a la ciencia “al servicio del sistema productivo”, de acuerdo a las consultas realizadas por este medio.

Ahora, Avedaño deberá conformar un directorio de diez personas. La Agencia I+D+I está acéfala desde el lunes pasado, cuando Alicia Caballero presentó su renuncia como presidenta horas después de una publicación de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. Este medio reveló que si bien Caballero había anunciado a las universidades a finales de agosto que no había plata para los científicos, la Agencia retenía US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos.

La investigación informó que por cada dólar ejecutado en 2024, US$3,93 permanecen en las cuentas bancarias engrosando el Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis del sistema desde hace diez meses. Muchos de los investigadores deben financiar de sus bolsillos la continuidad de los proyectos científicos.

La investigación desarmó el argumento de “no hay plata”, evidenciando que el financiamiento existe y está disponible para su uso. Además, si el organismo cumpliera con los pagos a los científicos y a los proyectos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) podrían habilitarse nuevos desembolsos para seguir impulsando el desarrollo científico.

“Acepté el cargo para tratar de aportar algo a este país que amo. Les aseguro que hice todo lo que estuvo a mi alcance, pero las decisiones se tomaban a otro nivel, y en términos prácticos nada podía resolver, dado que el Directorio propuesto nunca fue aprobado”, dijo Caballero en una carta pública.

Durante su conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni ratificó que la decisión de no financiar a los científicos es política, no financiera o económica. El portavoz se limitó a argumentar que “lo que no se ejecuta es porque fueron líneas solicitadas y aprobadas con anterioridad a este gobierno, que no tienen absolutamente ningún sentido ejecutarlas y ningún sentido entrar en una deuda”.

La salida de Caballero terminó por dejar a la Agencia sin autoridades. En marzo, el directorio había presentado su renuncia en masa y nunca había sido repuesto. El directorio de la Agencia debe cumplir con ciertos parámetros: equidad de género, distribución geográfica y diversidad de temáticas como distintos tipos de ciencia y representación del sector productivo. Los directivos, además, eran avalados por tres instituciones del campo al que pertenecían. Todos desempeñaban el cargo ad honorem.

Algunos de los representantes del anterior directorio venían no sólo de universidades públicas y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). También había miembros con experiencia en gestión de proyectos de innovación y otros especialistas en estrategias y planificación orientados al desarrollo sustentable. Además, al directorio lo integraba una doctora en ciencias sociales y especialista en género y diversidades y un consultor de análisis de situaciones de conflicto y riesgo empresarial.

Los directores

El directorio de la Agencia tiene un rol clave en la toma de decisiones del organismo. Además de controlar y auditar a la presidenta en funciones, tiene en su poder decisiones claves para el financiamiento de programas de investigación, ciencia y desarrollo.

El sistema de evaluación de la Agencia da un orden de mérito para los postulantes a proyectos científicos. El directorio convierte ese órden de mérito en apoyos efectivos e inicia el proceso de la firma de contratos.

Además participan en la conformación de los jurados, los integrantes de las comisiones de evaluación, y son responsables de la creación de las nuevas bases y condiciones de los llamados a proyectos de investigación, ciencia y tecnología. 

El directorio tiene otra función clave: que los funcionarios de turno no incidan sobre quiénes obtienen los subsidios ni sobre quienes los evalúan y tampoco sobre las nuevas iniciativas científicas. 

Nueva etapa

La nueva presidenta tiene un primer desafío: lograr que en la situación asfixiante dentro del sistema haya diez personas del mundo científico y tecnológico que estén dispuestas a conformar el directorio. Avendaño debe conseguir 10 avaladores de sus decisiones para la nueva gestión. Sin el directorio, Avendaño no podrá crear nuevas iniciativas y sólo se limitaría a poner al día los pagos atrasados de los proyectos aprobados hasta 2023. 

Avendaño trabajaba apuntalando créditos internacionales para riego, asfalto, obra pública, la pobreza, el sistema de salud. Lo que ella sabe es como supervisar el funcionamiento de esos programas. 

La funcionaria tendrá rango de Secretaria de Estado. A pesar de que la Agencia se encuentra dentro de la órbita de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Genua, oficia como un eslabón intermedio con el ministerio de Jefatura de Gabinete, explicó una fuente con conocimiento del funcionamiento del sistema.

El panorama es poco alentador para los científicos. Representantes del sector consultados por la UDI de elDiarioAR respondieron que el conflicto por el perfil de los proyectos y la liberación de los pagos podría agudizarse. No existirá una agencia con visión propia sino un órgano ejecutor de las voluntades de Francos, y por ende, del presidente Javier Milei. 

Ayer nomás

Caballero había asumido la conducción de la Agencia I+D+I en marzo, con el aval político del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pero sobre todo de uno de sus laderos de mayor confianza: el entonces secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino. La eyección, a fines de mayo, del ex ejecutivo de Corporación América también arrastró a Cosentino, un alfil que había sido clave en el plan de Posse para manejar la política de telecomunicaciones a partir, por ejemplo, de la intervención del Enacom.

Pese a ese cimbronazo, Caballero, que había tenido un paso previo por el directorio del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri y antes se desempeñó como decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, parecía seguir firme al frente de la Agencia. Al menos hasta este lunes, cuando, tras la publicación de la UDI de elDiarioAR, presentó la renuncia, oficialmente, por “motivos personales”.

Caballero dejó un saldo de 80 despidos, que representó un tercio del personal de la Agencia y un directorio que renunció al mes de su asunción y que nunca pudo recomponer. Según su carta de despedida, nunca le aprobaron el directorio que propuso. Asimismo, los proyectos científicos fueron paralizados durante toda su gestión. Esta semana, Caballero dijo en el programa de televisión de María Laura Santillán en LN+ que “la plata está”. El problema radicada en una decisión política de no ejecutarlos.

La funcionaria saliente confirmó en el programa que la parálisis en la ejecución del presupuesto es política y no económica, y que, tal como dijo en su carta, “las decisiones se tomaban a otro nivel”. La UDI de elDiarioAR intentó obtener la versión de Caballero en reiteradas oportunidades pero la exfuncionaria se negó a responder.

La expresidenta de la Agencia aseguró: “No me siento bien no decidiendo. Yo asumí en marzo y durante todo el tiempo que estuve traté de contener y de entender y también de pensar líneas de promoción más allá de financiamiento, porque hay mucho que se puede hacer en Argentina más allá de dar plata, pero en términos prácticos no podía hacer nada y creo que era mejor dar un paso al costado”.

El costo de no ejecutar

La no ejecución de los fondos aportados por organismos multilaterales tiene costos altos. La UDI de elDiarioAR pudo acceder a una fuente del ambiente científico que afirmó que un representante del Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe (CAF) comentó en un encuentro regional sobre la preocupación del organismo multilateral respecto a la no ejecución de los fondos para ciencia y tecnología de Argentina. 

Las afirmaciones se dieron a mediados de agosto en el marco de una actividad financiada por la CAF hace algunas semanas en un país de la región donde participaban organismos gubernamentales de Ciencia y Tecnología y empresas de distintos países de Latinoamérica. 

El representante expresó su preocupación debido a que Argentina no estaba ejecutando los fondos y estaban buscando la forma de dialogar y de no sancionar el incumplimiento del país, con el objetivo de no perjudicar a las personas a las que fueron destinados esos préstamos. Según el representante, la respuesta de Argentina fue que los fondos eran “plata de la corrupción” y que por eso no se ejecutan.

ED

La economista Alicia Caballero renunció este lunes a su cargo como presidenta del principal organismo de financiamiento del sistema científico argentino, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I). Según el comunicado de prensa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Caballero atribuyó la decisión a temas personales. 

La renuncia se dio tras la revelación de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en la que se expuso que la Agencia I+D+I anunció a finales de agosto que no hay plata para los científicos pero retiene US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos. La investigación informó que por cada dólar ejecutado en 2024, US$3,93 permanecen en las cuentas bancarias engrosando el Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis del sistema desde hace nueve meses.

La investigación desarmó el argumento de “no hay plata”, evidenciando que el financiamiento existe y está disponible para su uso. Además, si el organismo cumpliera con los pagos a los científicos y a los proyectos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) podrían habilitarse nuevos desembolsos para seguir impulsando el desarrollo científico. 

Según informó la Secretaría de Ciencia y Tecnología, quien asumirá el cargo de Caballero al frente de la Agencia I+D+I será Natalia Avendaño, actualmente subsecretaria de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Guillermo Francos. Allí, Avendaño coordina diversos aspectos de la gestión gubernamental, incluyendo financiamiento externo y la implementación de políticas presupuestarias y financieras.

La Secretaría informó sobre la nueva presidenta: “Su trayectoria profesional abarca roles de alta gerencia en el sector público argentino. Ha trabajado en estrecha colaboración con organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la CAF”.

La investigación

La UDI de elDiarioAR reveló que existen al menos US$53.050.938.64 aportados por organismos internacionales para financiar programas científicos que están paralizados desde diciembre de 2023. El monto surge de las cuentas bancarias de dos programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) al 31 de diciembre de 2023 (US$14.396.855,68 y US$36.251.203,96, respectivamente). A esos números, se sumaron los últimos desembolsos recibidos por esos programas (US$15.900.000). Luego, se restó lo ejecutado durante 2024, US$13.497.121. Las cifras fueron obtenidas de las consultas a la Agencia I+D+I y los informes de auditorías a los programas efectuados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la empresa auditora Crowe.

Los desembolsos dependen del cumplimiento de los contratos firmados entre el Estado argentino y los organismos multilaterales. Al no ejecutar estos fondos, la Agencia podría frustrar otro desembolso por US$9.375.000, explicó a la UDI de elDiarioAR una fuente vinculada al organismo.

La decisión de no cumplir con el financiamiento de los proyectos científicos en marcha es política. La Agencia informó que los desembolsos de encontraban en proceso de auditoría ya que “durante los últimos años se había ampliado la cantidad de proyectos financiados, lo que resultaba ineficiente para los fines del desarrollo de la ciencia y tecnología nacional”. Caballero comunicó en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Interuniversitario Nacional, el 20 de agosto último, que ahora “están buscando es que la ciencia esté al servicio del desarrollo productivo”. 

La parálisis de los US$53 millones se da en el marco de un ajuste que hizo que algunos científicos debieran emigrar y otros poner dinero de sus bolsillos para sostener investigaciones de años. En la Facultad de Exactas de la UBA corren riesgo muchas células que llevan hasta tres años en producirse por falta de dinero para pagar el nitrógeno líquido en el que se conservan. Los precios del nitrógeno líquido de las empresas proveedoras rondan entre los $2.500 y los $2.800 por litro. En un año se realizan aproximadamente 36,5 cargas de los tanques donde se conservan las células. Esto implica 730 litros de nitrógeno al año por un total de $2.044.000.

ED

Desfinanciamiento estructural, científicos que ponen plata de sus bolsillos para sostener laboratorios, investigaciones en riesgo y un organismo clave en crisis. Así es el contexto en el que los investigadores intentan seguir haciendo ciencia en el Estado que gobierna Javier Milei, muy lejos del ideario del Presidente, que cree que las arcas públicas financian la “vocación” de los científicos. En el país de “no hay plata”, la plata para financiar ciencia está y ni siquiera proviene de las arcas públicas nacionales. Aun así, no se ejecuta. Existen al menos US$53.050.938.64 aportados por organismos internacionales para financiar programas científicos que están paralizados desde diciembre de 2023, según pudo establecer la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, con apoyo de CAPIR.

Al contexto de becas canceladas, despidos, universidades que no llegaban a pagar la electricidad y un Presidente que niega el cambio climático, denosta a la ciencia y al ambientalismo, se sumó en las últimas semanas la confirmación oficial de que los científicos dejarán de recibir financiamiento de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I). Sin embargo, por cada dólar invertido en ciencia por la Agencia durante 2024, hay otros US$3,93 que permanecen en los bancos sin aportar al desarrollo científico y tecnológico argentino.

El organismo estatal, que en su mayoría se nutre de préstamos de organismos multilaterales, se dedica a financiar y auditar proyectos de investigación científica y tecnológica estratégicos para el país. Con uno de sus instrumentos estrella, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICTs), los científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) podían presentarse a concursos para impulsar líneas de investigación. También contemplaban la compra de insumos, equipos y becas doctorales para profundizar investigaciones. La Agencia I+D+I impulsó, además, programas de desarrollo productivo y de crecimiento tecnológico mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA).

En 2024, la Agencia I+D+i tuvo una reducción drástica de su presupuesto anual real, que cayó un 65,1%, según el Análisis Presupuestario del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Agosto de 2024, realizado por el Centro de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, los fondos que le corresponden están, pero no aparecen. 

El monto de US$53.050.938,64 surge de las cuentas bancarias de dos programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) al 31 de diciembre de 2023 (US$14.396.855,68 y US$36.251.203,96, respectivamente). A esos números, se sumaron los últimos desembolsos recibidos por esos programas (US$15.900.000). Luego, se restó lo ejecutado durante 2024, US$13.497.121. Las cifras fueron obtenidas de las consultas a la Agencia I+D+I y los informes de auditorías a los programas efectuados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la empresa auditora Crowe.

“No hay plata”

Tras nueve meses de incertidumbre ante la falta de información sobre el desembolso de fondos, el 20 de agosto último, Alicia Caballero, ex presidenta de la Agencia I+D+I – renunció luego de la publicación de esta investigación–, se presentó en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Interuniversitario Nacional. La funcionaria terminaría presentando su renuncia horas después de la publicación de esta investigación periodística, el 30 de septiembre de 2024.

Antes de responder las preguntas de los presentes, Caballero expuso durante 20 minutos —PowerPoint mediante— sobre la historia de la Agencia, el crecimiento logrado a lo largo de los años y las publicaciones en redes internacionales alcanzadas gracias al apoyo institucional. Los miembros de la comisión ya conocían estos hechos y esperaban respuestas concretas ante la asfixiante situación que atraviesa el sistema científico argentino.

Sebastián Civallero, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo describió en diálogo con la UDI de elDiarioAR: “De todas las preguntas que teníamos, no quedó respondida ninguna”. Los integrantes de la comisión enumeraron sus preocupaciones. “Cuando le preguntamos (a Caballero) si iban a cerrar la convocatoria (a nuevos proyectos de investigación) que hoy está abierta y si la someterían a evaluación, nos dijo que no. Cuando le consultamos si iban a financiar la convocatoria del año pasado, que ya fue evaluada y con proyectos seleccionados, nos dijo que no”. 

Ante las respuestas negativas, las consultas continuaron: “Cuando le preguntamos si respetarían la actualización del presupuesto que figura en los contratos firmados con las universidades, nos dijo que sabía que había una cláusula de actualización de presupuesto, pero que no la cumplirán porque no hay plata. Y cuando le preguntamos qué convocatoria abrirán, nos dijo que todavía están evaluando la situación”, concluyó.

La reunión finalizó y una frase de Caballero resonó entre los presentes. Así lo relató Civallero: “Ella termina diciendo que lo que están buscando es que la ciencia esté al servicio del desarrollo productivo”.

La decisión de no financiar a los científicos es política, no financiera o económica. “El desembolso de los fondos se encuentra en un proceso de auditoría”, respondió la Agencia ante la consulta de la UDI de elDiarioAR. “Durante los últimos años se había ampliado la cantidad de proyectos financiados, lo que resultaba ineficiente para los fines del desarrollo de la ciencia y tecnología nacional. Por ese motivo se encuentra en análisis la modalidad de financiamiento para que esta sea de mejor calidad y más eficiente para el desarrollo de nuestro país. Una vez finalizado este proceso se comunicarán las determinaciones que tomará la cartera”, sostuvo el organismo.

Hay plata

La Agencia I+D+I se nutre mayormente de préstamos de organismos multilaterales. Actualmente, se encuentra ejecutando fondos de tres programas.

¿Cuál es el objetivo del préstamo? Según la página oficial del Banco Mundial, el programa “busca fortalecer el sistema nacional de innovación y fomentar el crecimiento del sector privado hacia una frontera más productiva” y para ello busca generar “alianzas público-privadas” y financiar “el desarrollo, la transferencia y la adopción de tecnología para las pequeñas y medianas empresas, y el apoyo a emprendedores”. Sin embargo, tampoco habrá más financiamiento para este objetivo cercano a las ideas del Gobierno.

La UDI de elDiarioAR consultó al BIRF-Banco Mundial acerca de la evaluación del desempeño de la Agencia y la respuesta fue que el organismo ha actuado de manera “satisfactoria”. También confirmaron que ya desembolsaron US$40,5 millones (20%) durante 2023, “superando las proyecciones iniciales”. Además sostuvieron: “Los equipos de la Agencia I+D+i continúan preparando propuestas, términos de referencia y otros documentos del proyecto para acelerar la implementación”.

El organismo internacional agregó que la Agencia I+D+I “ha logrado avances significativos en la adjudicación de proyectos dentro de los programas de consorcios público-privados”, incluyendo “la inauguración de la primera Tecnoteca dentro del complejo Tecnópolis”. 

Según una fuente cercana a la Agencia I+D+I, los dólares de los préstamos se desembolsan en etapas a partir del cumplimiento de los objetivos de la etapa anterior. Para poder utilizarlos, los dólares se venden al valor oficial y el Banco Central envía pesos a una cuenta bancaria del país. 

A partir de ese momento, los dólares pasan a formar parte de las reservas nacionales. Si bien el presupuesto disponible de cada organismo estatal es aprobado por el Congreso cuando se aprueba el Presupuesto Nacional, hay dos actores fundamentales que intervienen luego en la administración de ese presupuesto disponible: el ministro de Economía, Luis Caputo, quien decide el ritmo en el que se administra el dinero; y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien interviene en la reasignación de las partidas presupuestarias. 

Por tanto, la Agencia I+D+I solo puede usar el dinero de los desembolsos de los organismos multilaterales según habilite el ministro de Economía. Mientras tanto, el dinero en las cuentas bancarias sigue engrosando el Tesoro Nacional. 

3. Préstamo BID 5293, aprobado en 2021 con finalización en 2026. Se deben ejecutar US$128.200.000 del BID y US$32.125.000 de aporte local. Según un informe de la AGN, los saldos encontrados en las cuentas al 31 de diciembre de 2023 ascendían a US$14.396.855. La Agencia I+D+I confirmó haber ejecutado durante 2024 US$11.901.618.

Sin embargo, un informe de la agencia Crowe sobre el préstamo, disponible en la página oficial del BID advirtió en sus hallazgos un problema con una solicitud de desembolso por US$15.900.000 realizada el 6 de diciembre de 2023 y enviada por el BID al día siguiente. Según relata la empresa auditora, los dólares se encontrarían en el Banco Central, pero aclara que “no tienen ninguna documentación de respaldo que asegure dicha información”. El efecto que advierte Crowe es el “devengamiento y pago de intereses sobre fondos que no están a disposición del programa para su utilización”.

Ese desembolso es el mismo que declara la Agencia I+D+I como el último recibido en diciembre del año pasado. Sin embargo, al ser consultados por el auditor, la respuesta del programa fue la siguiente: los fondos se solicitaron recién el 24 de mayo último a Economía, “debido al cambio de gestión producido el 10 de diciembre y la consecuente reestructuración de la Administración Pública Nacional, la cual trajo aparejada la designación de nuevos funcionarios y/o firmantes”.

Según una fuente cercana a la Agencia, los reglamentos de los organismos multilaterales son muy estrictos e impiden el desvío de los fondos a otras partes del Estado. Por tanto, el dinero sólo puede utilizarse para los fines del proyecto o mantenerse en las cuentas del Banco Central.

En conclusión, al saldo reportado por la AGN en las cuentas bancarias de US$14.396.855, deben sumarse los US$15.900.000 recibidos en mayo de 2024, y a eso restarle la ejecución comunicada por la Agencia I+D+I de US$11.901.618. Lo cual da un total disponible en las cuentas bancarias del programa de US$18.395.237.68.

Si la Agencia cumpliera con los hitos estipulados en el contrato del préstamo, para lo cual deberían pagar los contratos y proyectos científicos, se habilitaría la posibilidad de solicitar un nuevo desembolso por US$9.375.000 más, explicó a la UDI una fuente vinculada al organismo.

Otro préstamo

Existe, además, un cuarto préstamo todavía no ejecutado del programa BID 5759/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$35 millones para el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) y sin necesidad de aporte local. Según su página oficial, el objetivo del programa es contribuir “al aumento de las exportaciones de los sectores de la Economía del Conocimiento (EDC) a través de la provisión de capital humano especializado, el desarrollo y la adopción de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA), y la promoción de su inserción internacional”. 

La Agencia I+D+I afirmó que el programa “está declarado elegible para recibir el primer desembolso”. El proyecto, informó el organismo en su sitio, ya se encuentra en etapa de implementación y fue aprobado en junio de 2023. La UDI de elDiarioAR se contactó con un representante del BID, pero al cierre de esta nota, no ha recibido respuestas a los interrogantes enviados. 

Además, el organismo obtuvo fondos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en la actualidad ejecutados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, aunque no se especificó el monto. 

El argumento del gobierno de Milei de un Estado que no tiene dinero para el desarrollo científico y la innovación se desmorona con los desembolsos de los organismos multilaterales paralizados en las cuentas. Si la plata existe, ¿cuál es el verdadero proyecto del Gobierno para la ciencia? ¿Qué sucederá con los proyectos que llevan años de desarrollo? ¿A qué llama el Ejecutivo “estar al servicio del sistema productivo”? Son algunas de las incógnitas que se plantea el sistema científico mientras el Estado libertario hace borrón y cuenta nueva.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo se actualizó el 30 de septiembre de 2024 a las 19:41 para informar la renuncia presentada por Alicia Caballero a la presidencia de la Agencia I+D+I horas después de la publicación de esta investigación.

LG/ED

La Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I) ha financiado numerosos proyectos de investigación con fondos de los organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde la asunción de Javier Milei el flujo de fondos se paralizó con la excusa de que “no hay plata”. Sin embargo, la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR pudo establecer que la plata está –existen al menos US$53 millones paralizados en las cuentas bancarias del organismo– pero no se ejecuta, mientras los científicos financian de su bolsillo los costos de la ciencia para no paralizar investigaciones ni truncar avances en sus proyectos. En el peor de los casos, no pueden afrontar los costos y deben renunciar al trabajo de meses y años.

El objetivo de la Agencia I+D+I, que en su mayoría se nutre de préstamos de organismos multilaterales, es financiar y auditar proyectos de investigación científica y tecnológica estratégicos para el país. Con uno de sus instrumentos estrella, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICTs), los científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) podían presentarse a concursos cada año para impulsar líneas de investigación. 

También contemplaban la compra de insumos y equipos y el apoyo a empresas de base tecnológica. El organismo impulsó, además, la creación de programas de desarrollo productivo y de crecimiento tecnológico mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). Las pérdidas por falta de financiamiento abarcan desde el mantenimiento de maquinaria hasta cultivos de células y organismos que llevaron años de desarrollo.

La Agencia es responsable de financiar un objeto de uso recurrente durante la pandemia: los “Neokit” o kits de testeo rápido para confirmar la presencia del virus de Covid-19. Este dispositivo pudo llegar a las provincias del país a las pocas semanas de comenzada la pandemia, gracias a que los científicos que lo desarrollaron contaron con dos puntos clave: financiamiento y experiencia previa desarrollando kits de testeos rápidos para la enfermedad de Chagas.

Carolina Carrillo, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein contó a elDiarioAR el proceso de desarrollo: “En 2012 nos salió un subsidio y para 2017 ya teníamos un kit para Chagas. Además, como la plataforma era muy poderosa, ya la planteamos para que se pudiera replicar para distintas infecciones”. 

Carrillo afirmó que varios miembros del equipo empezaron a trabajar con distintas enfermedades o infecciones. Cuando llegó la pandemia de Covid-19, el camino estaba allanado. “En marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria y en mayo ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) ya aprobó nuestro kit. Para mí es importante resaltar esto porque respondimos en dos meses, pero porque veníamos hace años trabajando en el tema”, aseguró la científica.

La investigadora está convencida de que sin ese tiempo de prueba y error, la respuesta nunca hubiera sido posible en tan poco tiempo: “Fueron muchos años trabajando en eso, probando una cosa que no funcionaba, ajustando y probando otra que andaba más o menos. Todos estos años de ciencia y aprendizaje fueron los que hicieron que tan rápidamente resolviéramos ese problema”. 

El desfinanciamiento de la Agencia ahora marca un antes y un después para los científicos argentinos. Carrillo habla de un “recorte a mansalva en la ciencia y tecnología”. Con los recortes queda en evidencia “todo lo que no estamos pudiendo hacer, desarrollar y aprender para situaciones futuras: lo que no aprendemos hoy es lo que no vamos a aprender para mañana”, dijo a elDiarioAR.

La UDI de elDiarioAR se contactó con dos representantes de Conicet en reiteradas oportunidades pero al cierre de la nota no obtuvo respuesta.

Investigar sin plata

¿Cuánto más se puede investigar sin financiamiento? La pregunta circula por los pasillos de los laboratorios. Los costos no se están cubriendo y los PICTs financiados por la Agencia, que debían desarrollarse desde principios de año, ni siquiera pudieron comenzar. Este es el caso del grupo de la científica Haydée Pizarro, del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Su laboratorio demostró que el glifosato no es inocuo para el agua dulce, sino todo lo contrario. “La calidad del agua de los sistemas acuáticos empeora muchísimo: se aceleran los procesos de eutrofización, las aguas se ponen más verdes, se vuelven un hábitat más propicio para el desarrollo de ciertas poblaciones de algas y cianobacterias que pueden ser tóxicas, y cambia enormemente el balance de oxígeno en el agua”, sostuvo Pizarro en diálogo con este medio.

Para lograr estos hallazgos, los científicos recrean hábitats naturales para asegurar la rigurosidad de los resultados. “Esto lo pudimos determinar porque hacemos ensayos no sólo con organismos individuales, sino que simulamos verdaderas lagunas y ensayamos al aire libre con comunidades desarrolladas. Hemos visto varias aristas de esta problemática a lo largo del tiempo”, afirma la científica, quien investiga el tema desde hace más de 20 años gracias al financiamiento de la Agencia I+D+I, mediante los PICTs y subsidios de la UBA.

Sin embargo, el equipo de Pizarro no pudo continuar con la línea de estudio del impacto de agroquímicos en la calidad del agua dulce. El grupo proyectaba realizar experimentos al aire libre en el campo experimental para evaluar el impacto de herbicidas, como el glifosato y el 24-D (ácido 24-diclorofenoxiacético), en la dinámica del oxígeno disuelto del agua.

“Dejamos de recibir cuotas de todos los subsidios que teníamos aprobados y en funcionamiento. Nos empezaron a decir que las cuotas que debían entregar se empezaron a ralear y, finalmente, dejaron de entregarse”, explicó Pizarro a elDiarioAR, y recordó una de las últimas cuotas de un PICT que recibió el laboratorio: “Recibimos una cuota de $350.000, lo que equivale a 350 dólares. Para que te des una idea, acaba de salir publicado un trabajo que envié hace un año y medio a una revista internacional. Para que sea de acceso abierto, hay que pagar US$4.000 más impuestos”, sostiene la científica y comenta que gracias a que abona una cuota como socia de la sociedad internacional de tecnología pudo publicar sin tener que pagar ese monto, aunque el artículo será de acceso restringido. “Publicar un paper cuesta eso, y nos dan una cuota para trabajar durante cuatro, cinco o seis meses con 350 dólares. Es imposible”, concluyó.

Pizarro señaló que otro punto de conflicto es la compra de materiales con los que trabajan los científicos: “Hacemos determinaciones químicas y biología molecular con insumos que hoy no se pueden comprar. Está todo parado, incluso el proyecto que fue evaluado y aprobado para un nuevo experimento en el campo experimental”, sostuvo respecto al proyecto que buscaba evaluar si una de las causas de la mortandad de peces podría relacionarse con agroquímicos en el agua, lo cual disminuye el balance de oxígeno.

Para ilustrar los gastos, la científica detalla que los kits que usan en el laboratorio para detectar sustancias como nitratos, amonio y fosfatos en el agua cuestan entre US$250 y US$300. Cada uno sirve para medir 100 muestras y se necesita un paquete para cada sustancia. Pizarro comenta: “Eso nos sirve, por ejemplo, para medir las muestras que tomamos para una campaña”, algo básico para el desarrollo de las investigaciones.

Ciencia en emergencia

En otros casos, las medidas son de emergencia y el riesgo es alto. Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA y directora del Laboratorio de Dinámica Intracelular, afirmó que escasean insumos indispensables para la conservación de células y que estas pueden perderse por falta de material de refrigeración. “Las células se conservan en tanques de nitrógeno líquido. Todo este material biológico lo tenemos guardado como en un banco de células. Si no podemos pagar el nitrógeno líquido, entonces corremos el riesgo de perder estas líneas celulares que demoran años en desarrollarse. Es un material irrecuperable”, concluyó la investigadora.

Las estrategias para sortear estas dificultades implican riesgos. La científica sostuvo que para obtener nitrógeno líquido, “antes venía una empresa y cargaba los tanques cada vez que hacía falta”. “Ahora conseguimos una opción un poco más barata, pero tenemos que ir a buscarlo, y en esas desincronizaciones corremos el riesgo de quedarnos sin él”. Los precios del nitrógeno líquido de las empresas proveedoras rondan entre los $2.500 y los $2.800 por litro. En un año se realizan aproximadamente 36,5 cargas de tanques, lo cual implica 730 litros al año. En total, el costo de un año de mantenimiento de las células en los tanques es de $2.044.000.  

“Estamos con una opción más barata, pero tiene un riesgo tan grande que estamos todos asustados”, agrega Levi, quien asegura que ya hay científicos que están poniendo plata de su bolsillo para mantener los laboratorios funcionando. La opción más económica es comprar el nitrógeno líquido producido en la FCEN de la UBA, que cuesta $800 por litro. Sin embargo, la disponibilidad del material es limitada e implica un trabajo más para los científicos que deben adoptar protocolos para minimizar los riesgos en materia de Seguridad e Higiene al movilizar el nitrógeno líquido desde el pabellón 1 de la FCEN - UBA hasta el Laboratorio de Dinámica Intracelular.

El mismo material también se utiliza en un equipo llamado Calorímetro Diferencial de Barrido utilizado en experimentos de caracterización fisicoquímica, estudios de interacciones y estabilidad de nuevos ingredientes, alimentos y biomateriales que se desarrollan para la industria alimentaria y farmacéutica. En la FCEN de la UBA es usado por varios grupos de investigación del Departamento de Industrias, pero también da soporte a investigadores de otros cinco departamentos de química. Cuando se llena el equipo se gastan unos 35 litros. Eso alcanza para un día y medio o dos de trabajo.

Levi enumera algunas estrategias que son habituales dentro de los laboratorios de la FCEN de la UBA, aunque hoy no son una alternativa sino la única opción para mantener las investigaciones: “En vez de comprar un reactivo, mandamos un mail a toda la facultad a ver si alguien lo tiene, usamos el reactivo vencido con el riesgo de que el experimento no nos salga, reutilizamos material que no habría que reutilizar, hay numerosas tretas que tienden a ser de peor calidad”, y concluye: “Lo otro que todos estamos haciendo es limitar el alcance de los proyectos, o sea, achicamos las expectativas”.

Romina Gamberale es directora del Instituto de Medicina Experimental, de Conicet- Academia Nacional de Medicina. Es una de las profesionales que conforman la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT). La red tiene tan sólo 9 meses y comenzó con una cadena de emails entre directores de distintos institutos y universidades ante la preocupación por el entonces candidato Javier Milei y su lema: “Conicet, ¡afuera!”.

La directora relató a la UDI de elDiarioAR el origen de la red: “Ante la incertidumbre, ya con Milei presidente, queríamos saber cuál era el plan de Ciencia y Técnica para nuestro país y qué era lo que iba a pasar con Conicet, con la Agencia, con el Ministerio, empezamos a comunicarnos entre las autoridades de los institutos”. 

El primer gran paso de la Red fue en febrero cuando se entregó un petitorio con 12.000 firmas de personas del sector, científicos que migraron al exterior y personas de la comunidad para conseguir la certeza acerca de que se iba a seguir recibiendo el apoyo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia y tecnología nacional.

Durante la entrega en el Polo Científico, Gamberale sostiene que fue la primera vez que Daniel Salamone, presidente del Conicet, recibió a un comité de RAICyT. “Esa fue la primera y la única vez que nos recibió”, concluyó. La red está conformada por alrededor de 400 autoridades de distintos lugares del país.

Las reuniones de la red con las autoridades de la Agencia I+D+I tampoco fueron fructíferas. La científica sostiene que desde RAICyT se solicitaron infinidad de reuniones con Darío Genua, director de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para consultar sobre PICTs adeudados y que sus secretarias argumentaron falta de disponibilidad por temas de agenda y han sido derivados a la subsecretaria Paula Nahirñak, quien tampoco a podido dar respuestas ya que debe remitirse a Secretaría. 

La red también intentó tener reuniones con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien tampoco ha respondido a la solicitud, incluso enviando cartas formales a la jefatura. Gamberale confirmó que RAICyT convocará a la marcha universitaria del próximo 2 de octubre “porque muchos de nuestros becarios se forman en universidades públicas y los institutos funcionan allí también. Por eso tenemos que aunar fuerzas y vamos a apoyar activamente esta marcha”. Además, la comisión de Asuntos Parlamentarios de la red está trabajando en generar una mesa redonda sobre ciencia, desarrollo y consensos para el presente y futuro donde se reúnan diputados y senadores de todo el espectro político.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

LG/ED

El presidente Javier Milei se refirió a los científicos en su discurso del Foro Madrid, el 5 de septiembre último, como uno de los sectores de la sociedad que forman parte de “la casta”. Son, dijo, “los supuestos científicos e intelectuales -dijo-, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores, y, por ende, todos debemos subsidiarles la vocación”. “Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado, como cualquier hijo del vecino. Investiguen, publiquen un libro y vean si a la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado”, agregó.

El hashtag #Ñoquicet corre como reguero de pólvora cada vez que los sectores libertarios buscan atacar a los científicos en redes sociales. Sin embargo, el proceso de selección de cada proyecto de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I) es un sistema con estándares internacionales, explicaron los científicos consultados por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.

Marisa Censabella dirigió el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), el principal fondo de apoyo a la ciencia dentro de la Agencia I+D+I, desde octubre de 2022 hasta marzo de este año, cuando la gestión actual decidió no renovarle el contrato. 

Para otorgar fondos de los préstamos internacionales que recibe la Agencia, se abrían concursos todos los años. “Lleva un año evaluar cualquier proyecto de cualquier disciplina que llega, donde prima la excelencia y el mérito de quienes conforman esa propuesta de investigación”, dijo Censabella, y recordó: “En 2022 se presentaron aproximadamente 3.200 postulaciones, que luego pasaron por un mecanismo muy estricto de distintas capas de evaluación. Primero, se hace una admisibilidad, en la que el personal de FONCyT revisa y acredita que las condiciones formales de la presentación sean correctas”. Además, se revisa que una persona no tenga asignados más de dos proyectos. “Eso no corresponde, tiene que poder repartirse de manera equitativa para todo el sistema”, sostuvo la ex directora del FONCyT.

La evaluación llega hasta los directores del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT): “Los responsables máximos de ese proyecto necesitan pasar un piso de producción de los últimos cinco años, es decir, deben tener la formación adecuada para llevarlo adelante y acreditar una productividad en publicaciones y patentes, lo cual también limita mucho”, afirmó Censabella. Finalmente, los profesionales que superan ese tamiz se someten a un complejo sistema de evaluación, detallado en las casi 30 páginas de las bases que se abren cada año, donde se explican los pasos del proceso de evaluación.

Además, detalla que el proceso implica una evaluación de pares: “Si te dedicás a la lingüística, como me dedico yo, te van a evaluar lingüistas de prestigio de Argentina, que luego enviarán tu proyecto a otros lingüistas nacionales o internacionales. A su vez, estas personas van a evaluar toda tu trayectoria y tus publicaciones”. Así se hace un orden de mérito y, luego, otra comisión, que no será ninguna de las anteriores, controlará lo que hizo la primera comisión. La lingüista concluye que luego “decidirán dónde queda la línea de corte, es decir, quiénes pasan y quiénes no”.

Censabella sostiene que este proceso complejo tiene un alto prestigio en el país y asegura una optimización de los recursos: “Permite que un país como Argentina, que no es de los que más invierte en ciencia y tecnología, asegure que el poco dinero disponible se utilice bien. Por eso los científicos argentinos son tan bien vistos en el resto del mundo”.

La figura del “ñoquicet”, en referencia a científicos que gozaban de preferencias políticas en la asignación de temas o proyectos de investigación, no sólo fue difundida por usuarios anónimos en redes sociales. Al anunciarse el desfinanciamiento, Ámbito Financiero consultó a la Agencia sobre las razones del mismo y la respuesta fue que “la parálisis no tiene que ver con la falta de fondos, sino con que se está llevando adelante un cambio estratégico que consiste en el financiamiento específico para los proyectos de Ciencia que son fundamentales en el desarrollo de la Nación”, buscando “mecanismos de adjudicación transparentes, sin favoritismos políticos”, abonando la imagen de una institución que favorece por conveniencia política la entrada discrecional de personal al sistema.

Lleva un año evaluar cualquier proyecto de cualquier disciplina que llega, donde prima la excelencia y el mérito de quienes conforman esa propuesta de investigación

Marisa Censabella — ex directora del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT).

Censabella habla de la impotencia que siente al escuchar a la gestión actual desprestigiar el organismo del que fue parte: “Cuando estos funcionarios dicen que (los proyectos) se asignaban políticamente, el enojo es brutal porque si hay dos concursos en los que no inciden las preferencias políticas son este concurso y el de Conicet. Es realmente una calumnia”.

Censabella explicó las consecuencias de no continuar con la apuesta que hace el Estado en la formación de científicos: “El Estado pagó una formación doctoral, pagó una buena parte de una formación postdoctoral, y después esa persona se tiene que ir del país o abandonar su carrera científica para dedicarse a otra cosa. Entonces, la inversión que hiciste en esa persona para tener un profesional adecuado para los desafíos que se necesitaban abordar también la perdés”, y agregó: “Es una pérdida de dinero terrible y eso vale años. Dentro de uno, dos o tres años tenés que empezar de nuevo. ¿En qué condiciones se va a empezar? Ahí comienzan esos ciclos que venimos teniendo con la ciencia: en un gobierno hay inversión, entonces todo empieza a mejorar, pero al siguiente gobierno hay un brutal desfinanciamiento”.

No es la primera vez que se desfinancia el sistema científico nacional. La exdirectora del FONCyT recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una baja de inversión muy marcada. Sin embargo, sostuvo que “la de ahora es mucho peor porque además hay una especie de ninguneo al sector científico, un desfinanciamiento total. No está dirigido, no es un achique del sistema que podría seguir funcionando, sino que es un ataque brutal”.

Censabella no está segura de cuál será el rumbo de la Agencia I+D+I: “Quizás sea un desgaste y un achique brutal para reconfigurarla. Por lo menos, esas eran las ideas en diciembre del año pasado de esta nueva gestión. Ahora lo desconozco porque en este momento hay un silencio tremendo. Tendrían que involucrarse personas de la comunidad científica en esta nueva propuesta y te puedo asegurar que no hay nadie de la comunidad científica que quiera cargar sobre sus hombros la destrucción del sistema como está sucediendo ahora”.

Matías Mastrángelo, doctor en conservación de la biología del grupo de estudio de agroecosistemas y paisajes rurales, estudia la región chaqueña. El investigador y su grupo trabajan en evidenciar el impacto del avance de la deforestación sobre el monte chaqueño. A través de estadísticas que sirvan a la sociedad y a los gobiernos, el grupo genera insumos que permitan tomar decisiones conscientes del daño sobre los bienes públicos por parte de la actividad privada.

Sin este estudio, Mastrángelo cree que “no estaríamos visibilizando todos los bienes públicos que se pierden, el patrimonio público que tenemos los argentinos y argentinas no sólo en los ecosistemas, sino también en la cultura y en el capital humano. Eso se pierde cuando la actividad privada no tiene ningún tipo de regulación”. 

Mastrángelo aseguró que sin el financiamiento para el sistema científico “todo eso va a seguir perdiéndose, pero en forma invisible. Y sobre lo que no se ve, no se puede actuar, no se va a tomar ninguna decisión para tratar de evitar que se siga perdiendo”.

Por su parte, Haydeé Pizarro, investigadora responsable Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, se opuso a la idea de la “resiliencia”, palabra que está de moda en los últimos tiempos y que cree que puede jugar en contra en este contexto: “No hay que adaptarse, hay que salir a manifestarnos y hacer que la sociedad sepa de qué se trata”.

Censabella cree que el futuro necesita de mayor innovación científica y tecnológica. “Van a haber cambios muy grandes en las formas en que se trabaja y en el tipo de personal que se necesita. Habrá sectores que necesitarán menos recursos humanos y otros que van a necesitar muchos más. Esas transformaciones no las podemos hacer pidiéndole a una empresa internacional que venga a hacerlo o a una consultora internacional que venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer nosotros desde nuestras propias capacidades. No veo futuro sin eso; ningún país tiene futuro sin esa innovación”. Horas más tarde, enviará un mensaje: “Un país sin ciencia y tecnología es un país con menos oportunidades”.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

LG/ED