La Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I) ha financiado numerosos proyectos de investigación con fondos de los organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde la asunción de Javier Milei el flujo de fondos se paralizó con la excusa de que “no hay plata”. Sin embargo, la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR pudo establecer que la plata está –existen al menos US$53 millones paralizados en las cuentas bancarias del organismo– pero no se ejecuta, mientras los científicos financian de su bolsillo los costos de la ciencia para no paralizar investigaciones ni truncar avances en sus proyectos. En el peor de los casos, no pueden afrontar los costos y deben renunciar al trabajo de meses y años.

El objetivo de la Agencia I+D+I, que en su mayoría se nutre de préstamos de organismos multilaterales, es financiar y auditar proyectos de investigación científica y tecnológica estratégicos para el país. Con uno de sus instrumentos estrella, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICTs), los científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) podían presentarse a concursos cada año para impulsar líneas de investigación. 

También contemplaban la compra de insumos y equipos y el apoyo a empresas de base tecnológica. El organismo impulsó, además, la creación de programas de desarrollo productivo y de crecimiento tecnológico mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). Las pérdidas por falta de financiamiento abarcan desde el mantenimiento de maquinaria hasta cultivos de células y organismos que llevaron años de desarrollo.

La Agencia es responsable de financiar un objeto de uso recurrente durante la pandemia: los “Neokit” o kits de testeo rápido para confirmar la presencia del virus de Covid-19. Este dispositivo pudo llegar a las provincias del país a las pocas semanas de comenzada la pandemia, gracias a que los científicos que lo desarrollaron contaron con dos puntos clave: financiamiento y experiencia previa desarrollando kits de testeos rápidos para la enfermedad de Chagas.

Carolina Carrillo, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein contó a elDiarioAR el proceso de desarrollo: “En 2012 nos salió un subsidio y para 2017 ya teníamos un kit para Chagas. Además, como la plataforma era muy poderosa, ya la planteamos para que se pudiera replicar para distintas infecciones”. 

Carrillo afirmó que varios miembros del equipo empezaron a trabajar con distintas enfermedades o infecciones. Cuando llegó la pandemia de Covid-19, el camino estaba allanado. “En marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria y en mayo ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) ya aprobó nuestro kit. Para mí es importante resaltar esto porque respondimos en dos meses, pero porque veníamos hace años trabajando en el tema”, aseguró la científica.

La investigadora está convencida de que sin ese tiempo de prueba y error, la respuesta nunca hubiera sido posible en tan poco tiempo: “Fueron muchos años trabajando en eso, probando una cosa que no funcionaba, ajustando y probando otra que andaba más o menos. Todos estos años de ciencia y aprendizaje fueron los que hicieron que tan rápidamente resolviéramos ese problema”. 

El desfinanciamiento de la Agencia ahora marca un antes y un después para los científicos argentinos. Carrillo habla de un “recorte a mansalva en la ciencia y tecnología”. Con los recortes queda en evidencia “todo lo que no estamos pudiendo hacer, desarrollar y aprender para situaciones futuras: lo que no aprendemos hoy es lo que no vamos a aprender para mañana”, dijo a elDiarioAR.

La UDI de elDiarioAR se contactó con dos representantes de Conicet en reiteradas oportunidades pero al cierre de la nota no obtuvo respuesta.

Investigar sin plata

¿Cuánto más se puede investigar sin financiamiento? La pregunta circula por los pasillos de los laboratorios. Los costos no se están cubriendo y los PICTs financiados por la Agencia, que debían desarrollarse desde principios de año, ni siquiera pudieron comenzar. Este es el caso del grupo de la científica Haydée Pizarro, del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Su laboratorio demostró que el glifosato no es inocuo para el agua dulce, sino todo lo contrario. “La calidad del agua de los sistemas acuáticos empeora muchísimo: se aceleran los procesos de eutrofización, las aguas se ponen más verdes, se vuelven un hábitat más propicio para el desarrollo de ciertas poblaciones de algas y cianobacterias que pueden ser tóxicas, y cambia enormemente el balance de oxígeno en el agua”, sostuvo Pizarro en diálogo con este medio.

Para lograr estos hallazgos, los científicos recrean hábitats naturales para asegurar la rigurosidad de los resultados. “Esto lo pudimos determinar porque hacemos ensayos no sólo con organismos individuales, sino que simulamos verdaderas lagunas y ensayamos al aire libre con comunidades desarrolladas. Hemos visto varias aristas de esta problemática a lo largo del tiempo”, afirma la científica, quien investiga el tema desde hace más de 20 años gracias al financiamiento de la Agencia I+D+I, mediante los PICTs y subsidios de la UBA.

Sin embargo, el equipo de Pizarro no pudo continuar con la línea de estudio del impacto de agroquímicos en la calidad del agua dulce. El grupo proyectaba realizar experimentos al aire libre en el campo experimental para evaluar el impacto de herbicidas, como el glifosato y el 24-D (ácido 24-diclorofenoxiacético), en la dinámica del oxígeno disuelto del agua.

“Dejamos de recibir cuotas de todos los subsidios que teníamos aprobados y en funcionamiento. Nos empezaron a decir que las cuotas que debían entregar se empezaron a ralear y, finalmente, dejaron de entregarse”, explicó Pizarro a elDiarioAR, y recordó una de las últimas cuotas de un PICT que recibió el laboratorio: “Recibimos una cuota de $350.000, lo que equivale a 350 dólares. Para que te des una idea, acaba de salir publicado un trabajo que envié hace un año y medio a una revista internacional. Para que sea de acceso abierto, hay que pagar US$4.000 más impuestos”, sostiene la científica y comenta que gracias a que abona una cuota como socia de la sociedad internacional de tecnología pudo publicar sin tener que pagar ese monto, aunque el artículo será de acceso restringido. “Publicar un paper cuesta eso, y nos dan una cuota para trabajar durante cuatro, cinco o seis meses con 350 dólares. Es imposible”, concluyó.

Pizarro señaló que otro punto de conflicto es la compra de materiales con los que trabajan los científicos: “Hacemos determinaciones químicas y biología molecular con insumos que hoy no se pueden comprar. Está todo parado, incluso el proyecto que fue evaluado y aprobado para un nuevo experimento en el campo experimental”, sostuvo respecto al proyecto que buscaba evaluar si una de las causas de la mortandad de peces podría relacionarse con agroquímicos en el agua, lo cual disminuye el balance de oxígeno.

Para ilustrar los gastos, la científica detalla que los kits que usan en el laboratorio para detectar sustancias como nitratos, amonio y fosfatos en el agua cuestan entre US$250 y US$300. Cada uno sirve para medir 100 muestras y se necesita un paquete para cada sustancia. Pizarro comenta: “Eso nos sirve, por ejemplo, para medir las muestras que tomamos para una campaña”, algo básico para el desarrollo de las investigaciones.

Ciencia en emergencia

En otros casos, las medidas son de emergencia y el riesgo es alto. Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA y directora del Laboratorio de Dinámica Intracelular, afirmó que escasean insumos indispensables para la conservación de células y que estas pueden perderse por falta de material de refrigeración. “Las células se conservan en tanques de nitrógeno líquido. Todo este material biológico lo tenemos guardado como en un banco de células. Si no podemos pagar el nitrógeno líquido, entonces corremos el riesgo de perder estas líneas celulares que demoran años en desarrollarse. Es un material irrecuperable”, concluyó la investigadora.

Las estrategias para sortear estas dificultades implican riesgos. La científica sostuvo que para obtener nitrógeno líquido, “antes venía una empresa y cargaba los tanques cada vez que hacía falta”. “Ahora conseguimos una opción un poco más barata, pero tenemos que ir a buscarlo, y en esas desincronizaciones corremos el riesgo de quedarnos sin él”. Los precios del nitrógeno líquido de las empresas proveedoras rondan entre los $2.500 y los $2.800 por litro. En un año se realizan aproximadamente 36,5 cargas de tanques, lo cual implica 730 litros al año. En total, el costo de un año de mantenimiento de las células en los tanques es de $2.044.000.  

“Estamos con una opción más barata, pero tiene un riesgo tan grande que estamos todos asustados”, agrega Levi, quien asegura que ya hay científicos que están poniendo plata de su bolsillo para mantener los laboratorios funcionando. La opción más económica es comprar el nitrógeno líquido producido en la FCEN de la UBA, que cuesta $800 por litro. Sin embargo, la disponibilidad del material es limitada e implica un trabajo más para los científicos que deben adoptar protocolos para minimizar los riesgos en materia de Seguridad e Higiene al movilizar el nitrógeno líquido desde el pabellón 1 de la FCEN - UBA hasta el Laboratorio de Dinámica Intracelular.

El mismo material también se utiliza en un equipo llamado Calorímetro Diferencial de Barrido utilizado en experimentos de caracterización fisicoquímica, estudios de interacciones y estabilidad de nuevos ingredientes, alimentos y biomateriales que se desarrollan para la industria alimentaria y farmacéutica. En la FCEN de la UBA es usado por varios grupos de investigación del Departamento de Industrias, pero también da soporte a investigadores de otros cinco departamentos de química. Cuando se llena el equipo se gastan unos 35 litros. Eso alcanza para un día y medio o dos de trabajo.

Levi enumera algunas estrategias que son habituales dentro de los laboratorios de la FCEN de la UBA, aunque hoy no son una alternativa sino la única opción para mantener las investigaciones: “En vez de comprar un reactivo, mandamos un mail a toda la facultad a ver si alguien lo tiene, usamos el reactivo vencido con el riesgo de que el experimento no nos salga, reutilizamos material que no habría que reutilizar, hay numerosas tretas que tienden a ser de peor calidad”, y concluye: “Lo otro que todos estamos haciendo es limitar el alcance de los proyectos, o sea, achicamos las expectativas”.

Romina Gamberale es directora del Instituto de Medicina Experimental, de Conicet- Academia Nacional de Medicina. Es una de las profesionales que conforman la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT). La red tiene tan sólo 9 meses y comenzó con una cadena de emails entre directores de distintos institutos y universidades ante la preocupación por el entonces candidato Javier Milei y su lema: “Conicet, ¡afuera!”.

La directora relató a la UDI de elDiarioAR el origen de la red: “Ante la incertidumbre, ya con Milei presidente, queríamos saber cuál era el plan de Ciencia y Técnica para nuestro país y qué era lo que iba a pasar con Conicet, con la Agencia, con el Ministerio, empezamos a comunicarnos entre las autoridades de los institutos”. 

El primer gran paso de la Red fue en febrero cuando se entregó un petitorio con 12.000 firmas de personas del sector, científicos que migraron al exterior y personas de la comunidad para conseguir la certeza acerca de que se iba a seguir recibiendo el apoyo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia y tecnología nacional.

Durante la entrega en el Polo Científico, Gamberale sostiene que fue la primera vez que Daniel Salamone, presidente del Conicet, recibió a un comité de RAICyT. “Esa fue la primera y la única vez que nos recibió”, concluyó. La red está conformada por alrededor de 400 autoridades de distintos lugares del país.

Las reuniones de la red con las autoridades de la Agencia I+D+I tampoco fueron fructíferas. La científica sostiene que desde RAICyT se solicitaron infinidad de reuniones con Darío Genua, director de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para consultar sobre PICTs adeudados y que sus secretarias argumentaron falta de disponibilidad por temas de agenda y han sido derivados a la subsecretaria Paula Nahirñak, quien tampoco a podido dar respuestas ya que debe remitirse a Secretaría. 

La red también intentó tener reuniones con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien tampoco ha respondido a la solicitud, incluso enviando cartas formales a la jefatura. Gamberale confirmó que RAICyT convocará a la marcha universitaria del próximo 2 de octubre “porque muchos de nuestros becarios se forman en universidades públicas y los institutos funcionan allí también. Por eso tenemos que aunar fuerzas y vamos a apoyar activamente esta marcha”. Además, la comisión de Asuntos Parlamentarios de la red está trabajando en generar una mesa redonda sobre ciencia, desarrollo y consensos para el presente y futuro donde se reúnan diputados y senadores de todo el espectro político.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

LG/ED

El presidente Javier Milei se refirió a los científicos en su discurso del Foro Madrid, el 5 de septiembre último, como uno de los sectores de la sociedad que forman parte de “la casta”. Son, dijo, “los supuestos científicos e intelectuales -dijo-, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores, y, por ende, todos debemos subsidiarles la vocación”. “Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado, como cualquier hijo del vecino. Investiguen, publiquen un libro y vean si a la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado”, agregó.

El hashtag #Ñoquicet corre como reguero de pólvora cada vez que los sectores libertarios buscan atacar a los científicos en redes sociales. Sin embargo, el proceso de selección de cada proyecto de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I) es un sistema con estándares internacionales, explicaron los científicos consultados por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.

Marisa Censabella dirigió el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), el principal fondo de apoyo a la ciencia dentro de la Agencia I+D+I, desde octubre de 2022 hasta marzo de este año, cuando la gestión actual decidió no renovarle el contrato. 

Para otorgar fondos de los préstamos internacionales que recibe la Agencia, se abrían concursos todos los años. “Lleva un año evaluar cualquier proyecto de cualquier disciplina que llega, donde prima la excelencia y el mérito de quienes conforman esa propuesta de investigación”, dijo Censabella, y recordó: “En 2022 se presentaron aproximadamente 3.200 postulaciones, que luego pasaron por un mecanismo muy estricto de distintas capas de evaluación. Primero, se hace una admisibilidad, en la que el personal de FONCyT revisa y acredita que las condiciones formales de la presentación sean correctas”. Además, se revisa que una persona no tenga asignados más de dos proyectos. “Eso no corresponde, tiene que poder repartirse de manera equitativa para todo el sistema”, sostuvo la ex directora del FONCyT.

La evaluación llega hasta los directores del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT): “Los responsables máximos de ese proyecto necesitan pasar un piso de producción de los últimos cinco años, es decir, deben tener la formación adecuada para llevarlo adelante y acreditar una productividad en publicaciones y patentes, lo cual también limita mucho”, afirmó Censabella. Finalmente, los profesionales que superan ese tamiz se someten a un complejo sistema de evaluación, detallado en las casi 30 páginas de las bases que se abren cada año, donde se explican los pasos del proceso de evaluación.

Además, detalla que el proceso implica una evaluación de pares: “Si te dedicás a la lingüística, como me dedico yo, te van a evaluar lingüistas de prestigio de Argentina, que luego enviarán tu proyecto a otros lingüistas nacionales o internacionales. A su vez, estas personas van a evaluar toda tu trayectoria y tus publicaciones”. Así se hace un orden de mérito y, luego, otra comisión, que no será ninguna de las anteriores, controlará lo que hizo la primera comisión. La lingüista concluye que luego “decidirán dónde queda la línea de corte, es decir, quiénes pasan y quiénes no”.

Censabella sostiene que este proceso complejo tiene un alto prestigio en el país y asegura una optimización de los recursos: “Permite que un país como Argentina, que no es de los que más invierte en ciencia y tecnología, asegure que el poco dinero disponible se utilice bien. Por eso los científicos argentinos son tan bien vistos en el resto del mundo”.

La figura del “ñoquicet”, en referencia a científicos que gozaban de preferencias políticas en la asignación de temas o proyectos de investigación, no sólo fue difundida por usuarios anónimos en redes sociales. Al anunciarse el desfinanciamiento, Ámbito Financiero consultó a la Agencia sobre las razones del mismo y la respuesta fue que “la parálisis no tiene que ver con la falta de fondos, sino con que se está llevando adelante un cambio estratégico que consiste en el financiamiento específico para los proyectos de Ciencia que son fundamentales en el desarrollo de la Nación”, buscando “mecanismos de adjudicación transparentes, sin favoritismos políticos”, abonando la imagen de una institución que favorece por conveniencia política la entrada discrecional de personal al sistema.

Lleva un año evaluar cualquier proyecto de cualquier disciplina que llega, donde prima la excelencia y el mérito de quienes conforman esa propuesta de investigación

Marisa Censabella — ex directora del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT).

Censabella habla de la impotencia que siente al escuchar a la gestión actual desprestigiar el organismo del que fue parte: “Cuando estos funcionarios dicen que (los proyectos) se asignaban políticamente, el enojo es brutal porque si hay dos concursos en los que no inciden las preferencias políticas son este concurso y el de Conicet. Es realmente una calumnia”.

Censabella explicó las consecuencias de no continuar con la apuesta que hace el Estado en la formación de científicos: “El Estado pagó una formación doctoral, pagó una buena parte de una formación postdoctoral, y después esa persona se tiene que ir del país o abandonar su carrera científica para dedicarse a otra cosa. Entonces, la inversión que hiciste en esa persona para tener un profesional adecuado para los desafíos que se necesitaban abordar también la perdés”, y agregó: “Es una pérdida de dinero terrible y eso vale años. Dentro de uno, dos o tres años tenés que empezar de nuevo. ¿En qué condiciones se va a empezar? Ahí comienzan esos ciclos que venimos teniendo con la ciencia: en un gobierno hay inversión, entonces todo empieza a mejorar, pero al siguiente gobierno hay un brutal desfinanciamiento”.

No es la primera vez que se desfinancia el sistema científico nacional. La exdirectora del FONCyT recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una baja de inversión muy marcada. Sin embargo, sostuvo que “la de ahora es mucho peor porque además hay una especie de ninguneo al sector científico, un desfinanciamiento total. No está dirigido, no es un achique del sistema que podría seguir funcionando, sino que es un ataque brutal”.

Censabella no está segura de cuál será el rumbo de la Agencia I+D+I: “Quizás sea un desgaste y un achique brutal para reconfigurarla. Por lo menos, esas eran las ideas en diciembre del año pasado de esta nueva gestión. Ahora lo desconozco porque en este momento hay un silencio tremendo. Tendrían que involucrarse personas de la comunidad científica en esta nueva propuesta y te puedo asegurar que no hay nadie de la comunidad científica que quiera cargar sobre sus hombros la destrucción del sistema como está sucediendo ahora”.

Matías Mastrángelo, doctor en conservación de la biología del grupo de estudio de agroecosistemas y paisajes rurales, estudia la región chaqueña. El investigador y su grupo trabajan en evidenciar el impacto del avance de la deforestación sobre el monte chaqueño. A través de estadísticas que sirvan a la sociedad y a los gobiernos, el grupo genera insumos que permitan tomar decisiones conscientes del daño sobre los bienes públicos por parte de la actividad privada.

Sin este estudio, Mastrángelo cree que “no estaríamos visibilizando todos los bienes públicos que se pierden, el patrimonio público que tenemos los argentinos y argentinas no sólo en los ecosistemas, sino también en la cultura y en el capital humano. Eso se pierde cuando la actividad privada no tiene ningún tipo de regulación”. 

Mastrángelo aseguró que sin el financiamiento para el sistema científico “todo eso va a seguir perdiéndose, pero en forma invisible. Y sobre lo que no se ve, no se puede actuar, no se va a tomar ninguna decisión para tratar de evitar que se siga perdiendo”.

Por su parte, Haydeé Pizarro, investigadora responsable Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, se opuso a la idea de la “resiliencia”, palabra que está de moda en los últimos tiempos y que cree que puede jugar en contra en este contexto: “No hay que adaptarse, hay que salir a manifestarnos y hacer que la sociedad sepa de qué se trata”.

Censabella cree que el futuro necesita de mayor innovación científica y tecnológica. “Van a haber cambios muy grandes en las formas en que se trabaja y en el tipo de personal que se necesita. Habrá sectores que necesitarán menos recursos humanos y otros que van a necesitar muchos más. Esas transformaciones no las podemos hacer pidiéndole a una empresa internacional que venga a hacerlo o a una consultora internacional que venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer nosotros desde nuestras propias capacidades. No veo futuro sin eso; ningún país tiene futuro sin esa innovación”. Horas más tarde, enviará un mensaje: “Un país sin ciencia y tecnología es un país con menos oportunidades”.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

LG/ED