“Reforma Becker”. Bajo ese título el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, presentó un programa de reforma universitaria mientras el Gobierno desfinancia a las casas de altos estudio. El funcionario escribió una columna en medio ultraoficialista La Derecha Diario en el que propone un sistema de “créditos académicos transferibles” que permita a los estudiantes moverse entre carreras y disciplinas sin perder materias, con el argumento de maximizar el retorno de la “inversión” en formación.

El problema es que ese anuncio de “modernización” coexiste con una realidad que los propios números del sistema universitario desmienten: el Gobierno lleva más de 200 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, votada dos veces por el Congreso y reclamada por una multitud la semana pasada en la cuarta marcha federal.

Álvarez hizo su columna de opinión como un “homenaje” al economista Gary Becker, cuyas ideas inspiran el nombre del propio Ministerio de Capital Humano, según decidió Javier Milei. Álvarez propone un conjunto de medidas que describe como una aplicación práctica de las ideas de Becker.

Además de los créditos transferibles, plantea incentivos a la graduación, priorización de carreras vinculadas a ciencia, tecnología e ingeniería a través de las Becas Belgrano, y exigencia de mayor regularidad académica. El subsecretario también sostiene que el presupuesto universitario creció en términos reales por encima de la inflación, una afirmación que choca frontalmente los datos del propio documento del frente universitario y las mediciones independientes del período.

Según el documento conjunto firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los sindicatos docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA) en ocasión de la cuarta marcha federal, las transferencias a las universidades nacionales acumularon una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, y los gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes el 64% del valor que tenían en enero de 2023. Traducido en tiempo, el sistema perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias durante la gestión actual.

El derrumbe salarial es aún más pronunciado. Con una inflación acumulada del 293,3% frente a incrementos salariales del 147,3%, los docentes universitarios perdieron el equivalente a casi 11 sueldos en el período y perciben hoy, según la declaración de las organizaciones universitarias, los salarios más bajos de los últimos 23 años y de toda América Latina.

Las Becas que Álvarez menciona como herramienta central del nuevo esquema atraviesan, en paralelo, su propio proceso de desfinanciamiento. Las Becas Progresar permanecen congeladas y perdieron buena parte de su poder adquisitivo; las Becas Estratégicas Manuel Belgrano que él mismo reivindica enfrentan, según la declaración universitaria, una situación de “incertidumbre y desfinanciamiento”; y las becas de vocaciones científicas están directamente suspendidas.

El propio Álvarez admite en su texto que el costo promedio por graduado en las universidades nacionales durante 2024 fue de 52,3 millones de pesos y que el tiempo promedio para recibirse ronda los 9 o 10 años. Lo que no dice es que ambos indicadores empeoran cuando el sistema carece de financiamiento adecuado para sostener a sus docentes y a sus estudiantes.

La comunidad universitaria lleva cuatro marchas, el Congreso votó dos veces y la Justicia federal ordenó dos veces el cumplimiento de la ley. El Gobierno ignoró cada uno de esos mandatos y ahora mira hacia adelante con propuestas de reforma libertarias. “La reforma que proponemos no es contra nadie. Es a favor de los estudiantes, de las familias y del futuro de Argentina”, plantea Álvarez, que en cuatro puntos propone:

MC

La multitudinaria marcha universitaria que este martes volvió a colmar la Plaza de Mayo encontró al gobierno de Javier Milei en un momento de particular sensibilidad política. Mientras desde la Casa Rosada calificaban la protesta como “completamente política” y advertían que detrás de una “causa noble” la oposición busca erosionar al oficialismo, decenas de miles de estudiantes, docentes, no docentes, rectores, sindicatos y partidos opositores se movilizaban en defensa del financiamiento de las universidades públicas. Puertas adentro de Balcarce 50, en simultáneo, la cúpula libertaria se reunía para intentar retomar una agenda que en las últimas semanas quedó absorbida por el caso Adorni, el malestar interno por la parálisis en distintas áreas de la gestión y la profundización del ajuste sobre el Estado.

La coincidencia entre ambos hechos no fue casual. La reunión de la mesa política había sido convocada originalmente para las 14, pero terminó comenzando a las 16, en simultáneo con la llegada de la columna principal. El encuentro se realizó en el despacho del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la planta baja de la Casa Rosada, y contó con la presencia de Karina Milei, Luis “Toto” Caputo —quien reapareció después de varios faltazos—, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El gran ausente fue ni más ni menos que el asesor Santiago Caputo. El Presidente, que no suele participar de estas reuniones, permaneció durante toda la jornada en la residencia de Olivos.

El regreso del ministro de Economía a esa instancia de deliberación tuvo un valor simbólico y práctico. En el oficialismo lo consideran, junto a Federico Sturzenegger, uno de los principales custodios del equilibrio fiscal y de la ortodoxia económica que Milei busca preservar a cualquier costo. Esa centralidad había quedado expuesta el mes pasado en el AmCham Summit 2026, donde el Presidente no solo habló ante empresarios e inversores, sino que envió un mensaje inequívoco hacia adentro del gabinete: no habrá margen para desviaciones respecto del sendero de ajuste.

La bajada de línea ya había sido explicitada en la reunión de gabinete del 6 de abril. Allí, según reconstruyó elDiarioAR, Adorni transmitió por instrucción del Presidente una orden concreta a todos los ministros: reducir un 2% adicional los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital, con fecha límite para presentar los respectivos planes antes de fin de mes. No se trató de una sugerencia, sino de una instrucción precisa que terminó de fijar los límites de acción para cada cartera. Desde entonces, varios funcionarios comenzaron a advertir en privado que el margen para seguir recortando se está agotando y que, con la recaudación por el piso, el ajuste ya empieza a resentir el funcionamiento cotidiano del Estado.

Es una preocupación que se profundizó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial de una modificación presupuestaria firmada por el propio Caputo que recortó aproximadamente $2,5 billones del gasto público, equivalente a cerca del 1,6% del Presupuesto 2026. La medida, destinada a asegurar el cumplimiento de las metas de superávit comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), generó desconcierto en distintos ministerios, que deberán reducirse en medio de un clima ya cargado por tensiones políticas y judiciales. El efecto combinado del ajuste y del ruido derivado del caso Adorni alimentó una sensación de inmovilidad en distintas áreas del Estado. “Estamos todos mirando los números y viendo de dónde más recortar”, admite por lo bajo un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Reclamo universitario

Aunque el reclamo universitario no figuraba formalmente en el temario, sobrevoló toda la reunión de la mesa política. Según dejaron trascender sus participantes, el encuentro estuvo enfocado en la estrategia legislativa para destrabar proyectos como la reforma electoral, la Ley Hojarasca, el pago de deuda a bonistas, tratados internacionales sobre patentes y los pliegos de más de un centenar de jueces y fiscales federales. Pero la imagen de una Plaza de Mayo colmada volvió a colocar en primer plano un conflicto que el Gobierno interpreta no solo como una discusión presupuestaria, sino también como un capítulo más de su denominada “batalla cultural”.

Horas antes de la movilización, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, realizaron una inédita ronda periodística y calificaron la protesta como “completamente política”. “La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, advirtieron, en una definición que colisiona con el reclamo de rectores y docentes para que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Pettovello fue más allá y sostuvo que el Gobierno quiere “desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber”, en referencia al sistema universitario, y reivindicó la discusión como parte de la “batalla cultural”.

En paralelo, La Libertad Avanza difundió en X un comunicado titulado “Marcha política opositora de este martes 12 de mayo”. Allí sostuvo que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un gasto adicional de $1,9 billones y advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en “más inflación y más pobreza”. El documento también acusó a la oposición de utilizar una “causa noble” para instalar la idea de que el Gobierno pretende desfinanciar o cerrar las universidades y defendió que las transferencias a las casas de estudio se realizan mensualmente y en tiempo y forma.

Así y todo, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes fue considerada “una bicoca”.

La desconfianza se apoya en antecedentes recientes. Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6%: en ese período la inflación fue del 293%, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160%.

De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6%, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12% en tres cuotas, con la última recién en septiembre. “Era una propuesta muy alejada del conflicto y, con una inflación que sigue corriendo al 3% mensual, se la terminaba comiendo este mismo año”, resume otra fuente docente. Aun cuando admiten que existen conversaciones incipientes, en el sector creen que el Gobierno mantiene “una línea muy dura” y que cualquier oferta que no incluya una recomposición sustantiva de los salarios difícilmente alcance para cerrar la disputa.

La magnitud de la movilización de este martes mostró, sin embargo, que el conflicto universitario conserva una capacidad de convocatoria que excede al ámbito académico. Para un oficialismo que intenta dejar atrás el ruido del caso Adorni y volver a poner el foco en la posible baja mensual de la inflación, que se conocerá este jueves, la imagen de una Plaza de Mayo repleta funcionó como recordatorio de que, mientras la Casa Rosada busca ordenar sus propias tensiones internas y profundizar el ajuste, la calle continúa siendo un factor capaz de alterar el clima y condicionar sus intentos por recuperar la iniciativa.

PL/CRM

El Gobierno salió públicamente a intenta dar su batalla dialéctica en la previa a la cuarta marcha universitaria de este martes, que se prevé masiva en el Congreso y la Casa Rosada, en CABA, y en otros puntos del país. El encargado fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que justificó el flamante ajuste monumental que se conoció este lunes por un decreto firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El recorte alcanzó los $5.303 millones para obras de infraestructura universitaria y el funcionario aseguró que no se afectaron partidas educativas, sino que se trató de un ajuste que el Ministerio de Economía había acordado con el banco de desarrollo CAF. “Son fondos de Economía, comprometidos de la gestión anterior para obras que figuraban de un presupuesto de la CAF. Muchas obras son cuestionables, como por ejemplo auditorio. cuando nosotros priorizamos aulas. No son recortes universitarios, no son fondos de educación”, planteó Álvarez en una entrevista en radio Rivadavia.

En la Decisión Administrativa 20/2026 de ayer, las casas de altos estudios más golpeadas fueron la UNLP (-$1.043 millones), la UNSAM y la Universidad de Avellaneda. Se conoció además que en la Secretaría de Educación el recorte asciende a $78.768 millones, siendo la mayor contradicción el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones; se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos, y se retiraron más de $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas de todo el país.

En un intento de atacar la convocaria de la marcha, el funcionario insistió luego que “el presupuesto universitario es arbitrario, se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. “Queremos que el presupuesto sea asignado por indicadores claros, como la cantidad de alumnos. No hay recorte presupuestario de ningún tipo, lo que no hay es actualización salarial en la medida que quieren los gremios” admitió Álvarez, que ayer estuvo reunido con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y ofreció una rueda de prensa a algunos medios preseleccionados donde dijo que “la marcha es política”.

La marcha de este martes reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida por el Congreso el año pasado, con la actualización de las partidas que contempla la norma. Según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Por ahora la norma está suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema.

Los rectores habían reclamado para este año $7,3 billones para el funcionamiento integral de las universidades (salarios, materiales, obras), pero Milei le designó $4,8 billones en el Presupuesto 2026. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006.

“Las universidades son para el radicalismo el equivalente a lo que es el sindicalismo para el peronismo. Están muy metidos”, se quejó Álvarez.

El conflicto por el presupuesto universitario se acrecentó en las últimas semanas porque los hospitales que dependen de la UBA denunciaron que podrían dejar de funcionar en junio si no reciben los fondos nacionales necesarios. El Gobierno transfirió a las universidades un monto presupuestado para las carreras asociadas a Medicina (unos $34 mil millones), pero la UBA reclama fondos por $80.000 millones que estarían destinados directamente a los hospitales y que requiere de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo. “Se transfirió todo mes a mes. La UBA reclama un fondo que es común para todas las universidades”, se quejó Álvarez.

MC

El gobierno de Javier Milei se excusó durante 2024 en la prórroga presupuestaria para justificar algunos recortes, entre ellos el efectuado contra las universidades públicas. Sostenían que los recursos asignados a la educación superior debían discutirse en el marco del presupuesto 2025. Ese debate se está dando en estos días en la Cámara de Diputados. Varios funcionarios asistieron esta semana a defender lo indefendible: la consolidación del ajuste perpetrado este año en materia de educación. El jueves fue el turno del secretario del área, Carlos Torrendell, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que asistió acompañado del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. 

¿Qué implica en materia educativa el presupuesto 2025? En primer lugar, consolida el desfinanciamiento producido en 2024, ya que prevé una inversión en educación 43,3% menor en términos reales que en 2023. Asimismo, como muchas de las partidas, las educativas quedarán a discreción del Ejecutivo: la regla fiscal implica que si las previsiones presupuestarias fallan, o se recauda menos de lo estimado, o si los compromisos de deuda se incrementan, el presupuesto de educación quedará sujeto a un recorte mayor.

Además, se suspende la obligación del Estado consagrada en la Ley 26.206 de invertir el 6% del PBI en educación entre Nación y Provincias, así como la obligación estipulada por la Ley 26.058 de invertir el 0,2% de los ingresos del Sector Público Nacional en educación técnica. En este área, al ajuste previsto en 2024 (59%) lo profundizan (-68,4%) respecto a 2023. 

En partidas específicas, el ajuste se repite. Los programas Conectar Igualdad, Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) desaparecen (-100%) así como la actividad “Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral”. En el caso de la ESI, implica una violación de la Ley 26.150, que desde 2006 consagró la educación sexual integral como un derecho de pibes y pibas que ha demostrado ser fundamental para prevenir y detectar abusos en la infancia por ejemplo. Pero no es de extrañar en el contexto actual: en 2024 su ejecución es de solamente 2% y se convocó a organizaciones ultracatólicas para su promoción.

En lo que respecta al Fonid, tampoco es de extrañar su eliminación ya que desde principios de año que el Gobierno decidió interrumpirlo, reduciendo nominalmente el salario de todos los docentes del país. En el caso del Conectar Igualdad, Torrendell sostuvo que se mantiene, pero se reduce más de 40% la cantidad de computadoras que estiman entregar. También señaló que ya no va a ser ARSAT el proveedor de las escuelas, sino que abrió la posibilidad a que se tercerice y mencionó explícitamente a Starlink, la empresa de Elon Musk, al igual que había hecho Milei en su discurso de presentación del DNU 70/2023 que continúa vigente.

La situación no es mejor para quienes cobran la beca Progresar, destinada a los pibes y pibas que quieran terminar la secundaria, o la universidad, o formarse para un oficio. En el presupuesto 2025 no se plasma un recorte en cantidades de becas pero en monto se estima un desplome adicional de 21% vs 2024, consolidando un derrumbe de 66% respecto a 2023. Además, si dividimos el monto de 2025 ($431.154 millones) en 1,52 millones de becarios que estiman alcanzar, el monto por mes ($23.638) es muy inferior al monto actual de la beca ($35.000). Algo no cierra.

Sobre el principal programa de la Secretaría, vinculado al financiamiento a las Universidades Nacionales (66,6% del total del presupuesto), se prevé en 2025 mantener el nivel de desfinanciamiento actual: -33,8% respecto a 2023 en términos reales.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, intentó ocultar lo evidente: sostuvo que “no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria”. Terminó confirmando lo que venimos sosteniendo: el ajuste recae sobre los salarios docentes, y en 2025 no mejorará, ya que la partida destinada específicamente para ese fin caerá 38,8%. Continuará así con la situación de 2024: mientras que los salarios crecieron 102% desde noviembre, la inflación fue de 161% -estimando en octubre 3,3% del REM-BCRA-, consolidando una pérdida enorme del poder adquisitivo de 22,6%.

CB/JJD

“Lo vi todo con mis propios ojos y conozco a todos”. Apostado en su despacho del Palacio Sarmiento, Alejandro Álvarez le dice a quien quiera escucharlo que se preparó toda la vida para el cargo que hoy ocupa. Los que alguna vez tuvieron la oportunidad de visitar la oficina del subsecretario de Políticas Universitarias, ubicada en el segundo piso de la histórica sede del Ministerio de Educación, aseguran que sobre su escritorio siempre pueden observarse papeles desordenados, dispuestos en un semicírculo. A pocos metros, una imagen de una virgen católica reposa junto a una taza violeta con la inscripción “No hay plata” y una gorra negra con la frase “LAS FUERZAS DEL CIELO” en dorado.

Álvarez es un ferviente defensor de Javier Milei y tiene línea directa con la mesa chica del Gobierno, en un ida y vuelta incluso más fluido que el ostentado por el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell. “Es un cruzado de la causa y no va a parar hasta terminar con todos los curros”, lo ensalzan en el oficialismo. El funcionario encargado de la relación con las universidades se jacta de ser un fiel “seguidor” de “las ”ideas de la libertad“. Se describe ”peronista y libertario“, una etiqueta que recuerda el giro político de figuras como Daniel Scioli. Es que ”el Galleguito“, como se lo conoce, no es ningún recién llegado.

Hijo de Alejandro “El Gallego” Álvarez, fundador en los años 70 de la agrupación peronista de derecha Guardia de Hierro, el hoy funcionario está lejos de ser un advenedizo. Su historia en la política, aunque poco conocida, es vasta. Moviéndose con astucia entre los pasillos del poder, siempre desde un segundo plano, supo sobrevivir a múltiples gobiernos y reinventarse a tiempo en cada uno de ellos. Hoy, sin embargo, la historia lo puso en la primera línea de combate, desde donde busca imponer su visión “libertaria” y católica en un sistema históricamente plural.

“El Profe”

Con una militancia de base en el gremio Aduba, Álvarez edificó su carrera en la política universitaria de manera estratégica: supo ganar influencia bajo la sombra de nombres importantes, en medio de un contexto político tan polarizado como oportuno para su causa. Su red de contactos incluye personajes influyentes en la actualidad, como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con quien compartió en la Universidad Nacional de La Matanza, donde también da clases.

En su currículum, Álvarez destaca una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, aunque prefiere presentarse como “profesor” de Ciencia Política de la UBA. Su cargo no es el de Titular, sino que se desempeña como Profesor Adjunto Interino ya que “no registra cargos concursados en la UBA”, según se desprende de un reciente pedido de informes realizado por el legislador porteño Gabriel Solano.

Álvarez trajinó durante décadas los pasillos del Congreso, donde actualmente figura con licencia “por cargo de mayor jerarquía” y ostenta un contrato como agente de planta permanente, según la página web del Senado de la Nación. Su carrera transcurrió en roles poco visibles, como asesor en diversos ministerios y comisiones legislativas, como por ejemplo en la Bicameral de Inteligencia. En 2008 trabajó junto a Gustavo Marconato, que por entonces era legislador del Frente para la Victoria. Ante los suyos, suele relatar que fue el pacto con Irán, en 2013, lo que terminó de alejarlo del kirchnerismo.

Años más tarde, se refugio en el despacho del peronista jujeño Guillermo Snopek, por entonces senador nacional. En 2018, durante el primer debate sobre la legalización del aborto, Álvarez se embanderó de celeste para impedir que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo avanzara. Fue en ese contexto que el ahora subsecretario conoció a quien terminaría de acercarlo a lo que tiempo después se convertiría en La Libertad Avanza: Santiago Santurio, actual diputado nacional y férreo activista católico, quien se desempeñaba como asesor del bloque del PRO.

Pero el recorrido de Álvarez previo a recalar en las filas libertarias no se limitó a los despachos legislativos. Como funcionario público, también pasó por las carteras de Educación y Defensa durante los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Mauricio Macri, saltando de un puesto a otro sin interrupciones. Su rol siempre fue el de asesor, o como se denomina en la jerga ministerial, de “fiel servidor” de su jefe político de turno. Quizás sea por esa trayectoria que Álvarez cultiva una profunda desconfianza, lindante con la paranoia: posee cuatro celulares y al menos una vez por semana ordena una revisión a su despacho para asegurarse de que no le hayan instalado micrófonos.

Blindado

Milei respondió a la multitudinaria movilización del 2 de octubre de 2024 redoblando su ofensiva contra el mundo universitario. Como rostro visible de esa cruzada, Álvarez profundizó su discurso combativo y tildó a las tomas en las facultades de no ser representativas de la voluntad del conjunto de los estudiantes. “Estoy seguro de que en la marcha hubo mucha gente de buena voluntad que se arrepintió cuando vio los monstruos que la rodeaban”, lanzó durante un debate televisivo que mantuvo con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, su enemigo público predilecto.

En el tiempo que lleva al frente de su cargo, Álvarez implementó un programa agresivo de ajustes sobre el sistema universitario. Entre sus medidas más polémicas están la eliminación de las paritarias docentes y la congelación del presupuesto universitario, además de la presión para la realización de auditorías con el fin de revisar, bajo el pretexto de un supuesto mal manejo político, el uso de los fondos públicos con lo que son financiadas las casas de altos estudios.

El Gobierno decidió también intervervenir universidades creadas por gestiones anteriores, como la icónica Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, en donde nombró autoridades afines a su visión política. Y, como si eso fuera poco, también alimentó la idea de “adoctrinamiento” en las aulas, al crear un correo electrónico para que los estudiantes denuncien a docentes que, según los criterios oficiales, difunden “ideologías”.

En abril del año pasado, sin embargo, “el Profe” llegó a ser apartado de la mesa de negociación con las universidades. Según pudo reconstruir elDiarioAR, fue luego de que sus autoridades se quejaran ante Pettovello por los llamados intimidantes que recibían de parte de Álvarez. La ministra debió disculparse personalmente con ellos y les aconsejó que no le atendiesen más el teléfono. Varios de los rectores conocen al subsecretario de la militancia en la Juventud Universitaria Peronista. Lo recuerdan como “el más peronista entre todos los peronistas”, siempre con la misma personalidad “agresiva” y “grotesca”.

Durante semanas, el nombre de Álvarez estuvo en la cuerda floja, pero su desplazamiento finalmente nunca llegó. Por el contrario, a partir de aquel episodio, su status puertas adentro del Gobierno se consolidó. Apoyado por Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial, Álvarez vio cómo su figura se blindaba a partir de esas tensiones. Un claro indicio de este respaldo se dio el día posterior a la marcha federal, cuando Milei lo invitó a compartir un almuerzo junto a Pettovello, como muestra de su apoyo incondicional.

Álvarez ocupa un puesto codiciado al interior del aparato oficialista. Hasta el propio Mauricio Macri presionó a Pettovello, con quien llegó a mantener un diálogo semanal, para que lo reemplace y coloque en su lugar a una figura más amigable para el líder del PRO. Es que, en contraste con el apoyo que obtiene de Casa Rosada, el vínculo del subsecretario con el resto de los funcionarios de Capital Humano es por demás tormentoso. Un ejemplo es su relación con Torrendell. Para que ambos funcionarios interactúen, es necesario un tercero: Matías Zubiría Mansilla, actual director nacional de Gestión Univeritaria, quien hace las veces de puente.

“Adoctrinamiento socialista”

Uno de los lugares donde Álvarez se siente como pez en el agua es en las redes sociales. El mundo virtual le permite dar rienda suelta a su “incorrección” y no oculta su afinidad con figuras como el diputado José Luis Espert o el actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), Juan Bautista “Tata” Yofre. Poco antes de asumir al frente de su cargo, compartió en X un enlace a su ensayo publicado en el libro El Resurgir de la Argentina, en el que Álvarez reflexiona acerca de las universidades públicas como cajas de resonancia política y propone su reconfiguración.

“Mi conocimiento del funcionamiento del sistema universitario nacional es desde sus entrañas, cada artimaña, gambeta y avivada la he visto con mis propios ojos”, afirma el subsecretario en el apartado final de su texto, publicado en 2023, donde se encarga de sostener teorías conspirativas sobre una “corporación universitaria” que, según él, ha secuestrado la misión de las universidades públicas.

En medio de su cruzada contra lo que denomina el “adoctrinamiento socialista” en las universidades, Álvarez encontró una tribuna en Carajo, el canal de streaming libertario cuya cara principal es la de Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan, un soldado clave de la estrategia digital diseñada por Santiago Caputo. Declarado admirador del programa La Misa, “el Profe” es invitado recurremente y tratado como un héroe del oficialismo. “El kirchnerismo se montó en las universidades como si fuera una estructura soviética donde ellos determinan qué es lo correcto”, lanzó en agosto, en la que fue su primera participación.

La pertenencia de Álvarez al círculo cercano a Milei no solo se refleja en su retórica, sino también en los nombramientos estratégicos dentro de de su equipo de trabajo en Políticas Universitarias. Desde el inicio de su gestión, cuenta con el respaldo de su asesora jurídica, María Belén Casas, flamante esposa del Gordo Dan. Este vínculo entre Álvarez, Parisini y Caputo refuerza la cohesión del equipo que lidera la “batalla cultural” dentro del gobierno libertario.

Es que las reiteradas apariciones de Álvarez en Carajo no son casuales. Se trata de una reafirmación por parte del Gobierno de su rol en la defensa de las “ideas libertarias” en el ámbito académico. Con el respaldo total del entorno de Milei y sus terminales directas con los principales actores de la comunicación oficialista, Álvarez se mantiene firme en su misión de transformar las universidades en un nuevo campo de disputa ideológica.

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La escalada en el conflicto universitario tras el veto presidencial a la ley que pretendía recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios parece no ser una preocupación para el gobierno de Javier Milei. Frente a la ola cada vez más grande de protestas estudiantiles en facultades y calles, en Casa Rosada prefieren reducir los reclamos a expresiones “radicalizadas” de la izquierda y el kirchnerismo. “Siempre la gente que nada tiene que ver con la calidad educativa participa de este tipo de acciones”, sostuvo el vocero Manuel Adorni en su conferencia de prensa de este martes.

Es que la postura esgrimida por el oficialismo, tanto en público como fuera de micrófono, coincide en culpar a esos sectores políticos de la oposición de “imponer” tomas “contra la voluntad de los alumnos y docentes que quieren ir a clases y dar exámenes en paz”. “Si un alumno no quiere una toma es golpeado y silenciado con violencia. Si hay violencia no hay democracia”, escribió en su cuenta de X el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, una de las principales espadas de La Libertad Avanza en su cruzada ideológica con las universidades.

La afirmación que realizó el propio Milei acerca de que la educación pública superior “no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta” es justificada en los pasillos de la Casa de Gobierno. Sin embargo, al igual que lo hiciera el Presidente durante su entrevista con LN+, matizan esa actitud al aclarar que la universidad “va a seguir siendo no arancelada”, aunque “de ninguna manera puede ser considerada gratuita”.

“La universidad la pagan, con sus impuestos, el que va a la universidad y el que no va a la universidad, la paga el que viene de una familia acomodada o el que viene de una familia que efectivamente puede pagar esos impuestos”, sostienen Balcarce 50. Y especifican que, para dar su posición, Milei se habría basado en la Encuesta de Equidad Social de la UCA de 2023. De ella, según indican fuentes oficiales, se desprendió que el 87,5% de los jóvenes pobres de entre 19 y 29 años no acceden a la universidad y el 1,6% adicional cursaron, pero abandonaron.

Son porcentajes que, sin embargo, contrastan parcialmente con la información obtenida por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Los del primer trimestre de 2024 demuestran que el 42,3% de los estudiantes universitarios proviene de los 4 deciles de menores ingresos. Por otro lado, entre el 46 y el 68% de los ingresantes son hijos de padres y madres sin estudios universitarios, información que corresponden al último Anuario publicado por la subsecretaría que comanda Álvarez, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Potestad para auditar

Cerca de Milei apuntan ante la consulta de elDiarioAR que la intención del Gobierno es “recuperar la universidad pública como herramienta de movilidad social ascendente”. Una meta que choca de frente con el deliberado desfinanciamiento al que somete el oficialismo a las casas de altos estudios, justificado tanto en el déficit cero como en el supuesto rechazo de las autoridades universitarias a ser auditados. “Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes”, lanzó Milei este martes en LN+.

Por ese motivo, en Casa Rosada celebraron el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Rodolfo Barra, que habilitó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para funcionar como órgano auditor de las universidades. “El Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente a cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN)”, escribió el subsecretario Álvarez a través de sus redes.

La AGN es el organismo designado por la Ley de Educación Superior para controlar las cuentas de las universidades nacionales. Su composición la define el Congreso y su titularidad corresponde a la principal fuerza de la oposición. Hoy la dirige Juan Manuel Olmos, exvice jefe de Gabinete de Alberto Fernández y una figura que de algún modo sintetiza a todas las tribus peronistas: es el apoderado del PJ a nivel nacional.

En abril, durante una entrevista radial, Olmos había explicado en detalle los pasos necesarios para ordenar las auditorias universitarias al precisar que el Poder Ejecutivo no tenía potestad para llevarlas a cabo. “Los planes de auditoria los aprueba la Comisión Mixta Revisora de cuentas con Congreso y ahí se determina. En este momento se están iniciando auditorias en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, el Nordeste, y en La Plata”, reveló en ese momento. 

¿Cuánto tuvo que ver la decisión de Barra con la demora en los nombramientos en AGN por falta de acuerdo del Gobierno con el PRO y los radicales? En los pasillos de Casa Rosada se limitaron a destacar que el dictamen del procurador revierte el criterio implementado en 2022 por su antecesor, Carlos Zannini. Hasta ese año, las universidades estaban sujetas al artículo 100 de la Ley de Administración Financiera, cuyas disposiciones abarcan a toda la administración nacional, incluidos los entes públicos con autarquía financiera. Ahora, el sistema de control sobre las casas de altos estudios incorporará nuevamente a la Sigen sin necesidad de un convenio específico con cada institución.

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La multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre lejos estuvo de mover al gobierno de Javier Milei de su intransigencia. En las últimas horas, tras el veto a la ley de Financiamiento Universitario, desde el oficialismo concedieron que los que salieron a la calle se expresaron “legítimamente”, pero que ese reclamo se vio empañado por sectores que lo hicieron con alguna intencionalidad política de fondo. Por su parte, en el ámbito universitario creen que los recortes en los recursos van más allá del mero ajuste fiscal: están cada vez más convencidos de que responden a un deliberado posicionamiento ideológico de Milei contra las propias instituciones educativas.

Ante la consulta de elDiarioAR, en La Libertad Avanza consideraron que la protesta del miércoles pasado fue menos espontánea y “más chica” que la anterior, que tuvo lugar en abril. Más de cinco meses después, el oficialismo reaccionó de la misma manera: redoblando la apuesta en su disputa con el mundo universitario y poniendo al frente de esa cruzada al subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro “Galleguito” Álvarez, que en los últimos días salió a reivindicar públicamente su rol de soldado en la “batalla cultural” encabezada por Milei.

“Yo estoy seguro de que en la marcha hubo un montón de gente que fue de muy buena voluntad y que se arrepintió de ir cuando vio los monstruos con los que estaba rodeada”, lanzó el miércoles por la noche durante un debate televisivo en TN con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. En abril, con el conflicto en plena ebullición, Álvarez había sido apartado de las negociaciones con los representantes de las distintas instituciones educativas, pero esa desautorización lejos estuvo de valerle el cargo. Por el contrario, su figura pareció blindarse todavía más a partir de esas jornadas convulsionadas, de la mano de alguien que se convirtió en su principal sostén puertas adentro de la gestión libertaria: el todopoderoso asesor presidencial Santiago Caputo.

Hijo del histórico Alejandro “Gallego” Álvarez, fundador en los 70 de la agrupación peronista Guardia de Hierro, este profesor de Ciencia Política de la UBA goza de línea directo con la mesa chica del oficialismo, una conexión incluso mayor que la del propio secretario de Educación, Carlos Torrendell. Este jueves, sin ir más lejos, pocas horas después de la marcha, Milei compartió un almuerzo junto a él y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un gesto de respaldo total hacia ambos.

Amenaza de arancelamiento

“Queremos que quede clara nuestra postura de no movernos de nuestro objetivo del déficit cero”, apuntó esta semana una fuente de Casa Rosada, con el mantra del equilibrio fiscal abajo del brazo. Sin embargo, más allá de las definiciones macroeconómicas, en las filas del oficialismo no esconden que una decisión como la del veto a la ley de Financiamiento Universitario se trata sobre todo de una postura que busca demostrar “firmeza” política.

El último capítulo de esa cruzada tuvo lugar el jueves por la noche, cuando el Gobierno dejó trascender que ya tiene decidido avanzar con un proyecto para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que asistan a universidades públicas y que no cuenten con residencia en el país. La iniciativa sería enviada al Congreso en las próximas semanas. Sin embargo, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes, por lo que resta conocer la letra completa del proyecto que pretende presentar Milei para saber a qué universo se dirigirá puntualmente.

“Cuando decidí venir a Argentina a estudiar, lo hice porque sabía que aquí podía obtener una educación de calidad a un costo razonable”, comenta Clara, una estudiante ecuatoriana que cursa el segundo año de Veterinaria en la UBA. En diálogo con elDiarioAR, se mostró preocupada por eventualmente tener que pagar una cuota adicional por ser extranjera. “No sé cómo haría para cubrir esos gastos”, agrega, algo angustiada.

La semana pasada, a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que “el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”. Desde el oficialismo, aseguraron a elDiarioAR que el principio de gratuidad continuaría vigente para los estudiantes argentinos y residentes permanentes, mientras que las universidades podrán establecer convenios con otros países e instituciones para fomentar intercambios educativos y otorgar becas a estudiantes extranjeros bajo ciertas condiciones.

Esteban es paraguayo y estudia en la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). “Para los extranjeros ya es un problema mantenerse en el país. Agregar una cuota solo haría las cosas más difíciles”, se lamenta, para después aclarar que reside en Posadas hace cuatro años, pero que toda su familia es de la ciudad de Encarnación. “Muchos no tienen las mismas facilidades que un argentino, y si encima imponen barreras económicas, creo muchos tendrían que abandonar sus estudios”, añadió.

Desenlace abierto

El Gobierno afirma que el diálogo con las autoridades educativas nunca fue interrumpido y que en los últimos meses la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, cumplió con los pedidos sectoriales. Pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas y a personal docente y no docente de las altas casas de estudio, niega que esto haya sido así y cruzan a la gestión libertaria por la falta de fondos, tanto actuales como en el previsto en el Presupuesto 2025 que acaba de ser enviado al Congreso. 

Los últimos días volvieron a recrear un clima similar al que se vivió en la previa a la gran marcha de hace cinco meses. En abril, al igual que el miércoles pasado, cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el país para reclamar por la falta de fondos para el elemental funcionamiento de las instituciones educativas. Un dato sorprendió en aquel entonces a los funcionarios libertarios: el carácter extremadamente transversal de quienes se manifestaron. Cerca de Milei acusaron el golpe, que no vieron venir, y tuvieron que enfatizar su “defensa” de la educación pública, luego de un intento fallido por deslegitimar la protesta.

Pero poco parece importarle al Gobierno que la última oferta salarial hecha a los docentes no alcance a cubrir el atraso que sufrieron sus ingresos desde la llegada de Milei al poder. A pesar de la narrativa oficial, que habla de aumentos superiores a los de los trabajadores del Estado Nacional e insiste en hacer el corte temporal excluyendo la megadevaluación de diciembre, los números muestran que el poder adquisitivo de la docencia tuvo una pérdida del 32,2% de noviembre a julio.

“Tenemos la única paritaria de todo el país con actualización por proyecto de ley. El Congreso abusa de su autoridad”, apuntó Álv/arez esta semana para justificar el veto presidencial, y denunció que la UCR y otros sectores opositores “usan algo que es real, como el atraso de salarios en universidades, para tratar de sobrevivir políticamente y poner al gobierno en problemas”. A las puertas del debate legislativo del Presupuesto 2025, la posibilidad de que la oposición logre revertir el veto de Milei en el Congreso es una amenaza real para el Gobierno. La “muralla” de diputados aún no está garantizada y el reloj corre de cara a la sesión del próximo miércoles.

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El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reconoció que los docentes cobran poco pero dijo que el objetivo del gobierno de Javier Milei es sostener el equilibrio fiscal. Por eso, confirmó que la decisión presidencial de vetar la ley de Financiamiento Universitario es total y que la movilización de este miércoles es inevitable porque, a su criterio, hay intenciones políticas en que se realice, a pesar de los esfuerzos que, según dijo, se hicieron desde el Poder Ejecutivo para evitarla.

En una entrevista que les concedió a los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen en Gambito de Datos, su programa de Radio Con Vos, el funcionario del gobierno libertario señaló que después de la protesta, el lunes 7, continuarán las negociaciones.

—¿Se va a poder evitar la marcha?

—No, de ninguna manera.

—¿Cómo de ninguna manera? ¿Ustedes no están trabajando para evitarla tampoco? También, digo, ¿hay conversación en marcha?

—Se hizo todo lo posible, pero me parece que hay intereses políticos en que se haga. Entonces, por más que nosotros hagamos un enorme esfuerzo para acercar posiciones y para llevar una propuesta viable, la permanente actitud, digamos, negativa, lo que nos muestra es que hay un interés político en que se haga, ¿no?

—¿Cuál es la propuesta que están poniendo sobre la mesa como para evitar el perjuicio que puede ser la no puesta en marcha de la ley de financiamiento universitario?

—Durante todo el año se hicieron actualizaciones salariales de acuerdo con el nivel que se estableció, que es igual para todo el Estado, pero incluso teniendo en cuenta la situación particular de los docentes universitarios, se dieron aumentos por encima del promedio de la totalidad del Estado. O sea, no es que no recibieron aumentos. O sea, por ejemplo, en el mes de julio el aumento general del Estado fue de 3,5% y en las universidades se hizo un aumento de 7,5%. Obviamente, esto no contempla el atraso respecto de la inflación, pero no lo contempla para nadie. O sea, nadie está teniendo actualización por inflación. Sin embargo, ellos quieren la actualización por inflación, lo cual hoy está fuera del alcance de las posibilidades del Estado. Y en esta última reunión de la paritaria, haciendo todavía un mayor esfuerzo en virtud de lo que estamos hablando y de evitar la conflictividad, se ofreció la última diferencia que quedaba, el 5,8%, para llegar a igualarlos al mejor aumento de todo el Estado, que es el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público), que representa entre el 17% y el 20% del Estado. O sea, vos tenés varios convenios distintos en el Estado. La pauta si bien es general, para el caso del SINEP fue una pauta diferenciada. Pero es solo el 17%, ¿no? Por eso ellos siempre estuvieron por arriba del promedio pero debajo del SINEP. Entonces la oferta era para equiparar con el SINEP.

—¿Cuánto cobra hoy un profesor titular de cátedra?

—Y hoy casi $2 millones. Un profesor titular, máxima antigüedad, full time.

—Cobran poco.

—Siempre es poco para la tarea docente. Eso nosotros no es que estamos diciendo que está suficientemente bien pago, ni mucho menos. Nosotros venimos reconociendo incluso desde el principio de año que existe un atraso con respecto de la inflación. Ahora, existe una limitación de tipo presupuestario, que eso a nosotros nos excede, y se ha hecho igual un enorme esfuerzo para acercar lo mejor posible-

—¿No hay también una voluntad por parte del gobierno de pararse en una situación también inflexible respecto del veto?

—No es inflexible porque nosotros venimos con el diálogo abierto, haciendo las reuniones parlamentarias y dando aumentos por arriba del promedio general del Estado. Así que inflexible no es. Lo que sí es claramente, de parte de los actores del proyecto [de ley de financiamiento universitario], una intención de crear una situación conflictiva, porque primero está mal redactado ese proyecto y entonces hay distintas formas de interpretarlo. Como lo interpretan ellos, son casi $2 billones de gasto en este año, lo cual hoy es excesivo y pone en riesgo el equilibrio fiscal que tanto costó acumular.

—¿El veto es un hecho?

—Sí. Es una decisión total del Presidente, pero por lo que yo tengo entendido, lo que él mismo comunicó y lo que fue ratificado por la ministra de Capital Humano, de la cual nosotros dependemos, es que sí, totalmente.

—Entonces, por lo que usted dice, no vemos que pueda haber un cambio de acá al miércoles para evitar el conflicto.

—Lamentablemente no. Nosotros estuvimos abiertos a todas las conversaciones, a seguir charlando, pero me parece que hay una intencionalidad de mantenerlo por razones políticas, digamos, que quieren dañar al gobierno.

—¿Y después de la marcha qué pasa? ¿Habrá alguna distancia de diálogo?

—Como hay mucho debate sobre los números, convocamos, a una comisión técnica dentro de la paritaria para establecer bien los índices de atraso. O sea, nosotros no negamos que respecto a la inflación hay un atraso. Así que el lunes 7 está convocada la reunión de la comisión técnica dentro de la paritaria.

JJD