Sin decir ni una palabra, Sara Martínez escuchó la sentencia de los tres jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 de Tucumán, en la Megacausa “Jefatura III”. Nada la inmutó pero se destacó en la sala colmada por sostener en lo alto las fotos de Alberto Martínez y de Noemí del Valle Ramírez, víctimas de la última dictadura cívico militar. Su profunda mirada estuvo clavada en los magistrados y en los imputados. Así siguió este lunes 30 de septiembre cada detalle de la lectura, de poco más de dos horas, de las nueve condenas a prisión perpetua, penas de entre 8 y 13 años y las siete absoluciones. 

A las 16.15, mientras afuera ardía la tarde con 37°, comenzó la lectura del veredicto, que fue firmado por los jueces Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y Federico Bothamley, tras un juicio que arrancó en mayo de 2023 y que decidió el destino de 24 acusados por hechos cometidos contra 232 víctimas –84 aún desaparecidas– en su mayoría jóvenes, algunos menores a 18 años, que eran obreros azucareros o estudiantes y que vivían en la capital tucumana, sobre todo.

A poco de que los secretarios comenzaran con la lectura, Sara extendió los brazos con las fotos y se paró. Tenía motivos. Alberto era su tío, fue secuestrado el 21 de julio de 1976 en Concepción, en el sur tucumano, el mismo día que Noemí. Sus nombres, sobre un total de 293, figuran en la “Lista de Clemente”, una prueba documental clave en este juicio, pues se trata de un listado que aportó un testigo, en donde figuran los datos de detenidos y torturados en la exJefatura de Policía de Tucumán, Centro Clandestino de Detención (CCD). 

Junto a los nombres de Alberto y Noemí, entre paréntesis, se escribieron las iniciales DF, sus condenas a muerte, “destino final”. En agosto de 2016, los restos de él fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la fosa común Pozo de Vargas, en Tafí Viejo, previamente extraídos por peritos del Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT). Ella permanece desaparecida, ese limbo lacerante que marcó las vidas de quienes aún esperan saber sobre sus seres queridos, secuestrados durante el Operativo Independencia y la última dictadura cívico militar.

Antes de llegar a la sentencia se produjeron 368 testimonios, se incorporó numerosa prueba documental e instrumental, entre ellas, las pericias de 17 personas desaparecidas cuyos cuerpos fueron identificados en el Pozo de Vargas y en otra fosa común; 107 hábeas corpus, 67 documentos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y otros 87 testimonios de víctimas ante la Comisión Bicameral investigadora de las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) en Tucumán, que funcionó entre 1984 y 1985. “Vine porque debo estar, por la memoria de mi hermano, porque mi madre murió sin saber a dónde estaba su hijo y porque no es justo tanto dolor”, sostuvo a elDiarioAr Ramón Rodríguez, con la fotografía de su hermano Enrique en sus brazos. Era trabajador de la actividad azucarera en Río Seco, en el sur de la provincia, e integraba la comisión directiva de la filial zonal de la otrora poderosa Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA). Una patota lo secuestró de la casa familiar la noche del 16 de agosto de 1976 y permanece desaparecido. Ramón siguió inmutable cada palabra del fallo y cuando terminó se retiró, en silencio, a su casa en Tafí del Valle. Nada para festejar. 

Las condenas

Los condenados, entre exmiembros del Ejército y expolicías tucumanos, fueron 17. Prisión perpetua para Mario Senco, Camilo Colotti, Ramón Cooke, Mario Dursi, Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Hugo Figueroa, Guillermo Ugarte y Augusto Neme. 13 años de prisión para Emilio Abec, Segundo Acosta, Miguel Nieva, Miguel Venturino, Juan Villacorta y Pablo Zárate; 12 años para Ramón Jodar y 8 años para Alberto Rivero. También hubo absoluciones, entre ellas, para Luis Ocaranza, María Luisa Acosta de Barraza, Ricardo Sánchez, Guillermo Ugarte, Camilo Colotti, José Abba, Olga Aguilar y Orlando Chaile. Las condenas fueron por violación, violación agravada, homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, torturas agravadas, abuso deshonesto y violación de domicilio, entre otros delitos. 

A las 18:03 finalizó la lectura y cuando los jueces se retiraban de la sala, familiares y víctimas cantaron “Cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles de Argentina”, mientras miraban a los imputados. Solo uno de ellos les dirigió un insulto. La presencia de gendarmes evitó que hubiera contacto también con los familiares de los condenados.

Quedó dando vueltas en la sala el interrogante sobre por qué tantas absoluciones, por lo que habrá que esperar la lectura de los fundamentos de la sentencia, prevista para el próximo 26 de noviembre, a las 15.

“Lo conseguido es una aproximación a la justicia, no nos convence pero es parte de la búsqueda de justicia. Y a veces nos quedamos con sabor a poco, aunque está dentro de los parámetros”, reflexionó a este medio Martín Suter, hijo de Juan Carlos Suter, secuestrado y asesinado en julio de 1976, y Ana María Tejeda, secuestrada también unas horas después del velorio de su esposo, quien está desaparecida. “Es poco para el daño que causaron, les tendrían que haber dado 20 años, como mínimo, a quienes estuvieron implicados en la desaparición de mi padre”, sostuvo Viviana Jacobe. Su padre, Ricardo, fue secuestrado el 19 de agosto de 1976, en Río Seco. Trabajaba como electricista en el ingenio azucarero La Providencia. Está desaparecido.

Para los abogados que representaron al Ministerio Público Fiscal el fallo fue positivo, entre otras razones, porque se probó que se cometieron delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la exJefatura de la Policía de Tucumán y en el exingenio azucarero Nueva Baviera, en Famaillá, en cercanías de “La Escuelita”, el primer CCD del país. “También creo que lo fue por el tratamiento del derecho a la verdad, ya que es la primera vez que un tribunal tucumano habla sobre esto de manera positiva. Es decir, hubo sentencias sobre la existencias de los hechos, a pesar de que no había ninguna persona imputada”, sostuvo el fiscal federal Pablo Camuña. “Las 17 condenas son positivas porque siguen las líneas de los tribunales anteriores, resta ver los fundamentos de las absoluciones y ver si se va a Casación. Pero la aplicación de perpetuas y condenas a personas que antes no habían sido llevadas a juicio, es positivo”, agregó. Y cerró: “esperamos que el fallo traiga algo de alivio a las víctimas y sus familias, que tenga algún efecto reparatorio como se supone que produce un símbolo tan fuerte como condenas por hechos gravísimos”.

“Lo seguiré buscando”

Julia Castillo fue una de las primeras en ingresar a la sala del Tribunal y la única que cubrió su cabeza con el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo. Su hijo Hugo Pastor Juárez, que era empleado del ingenio Bella Vista, fue secuestrado el 11 de diciembre de 1976. Desde entonces, nunca más volvió a verlo aunque por testimonios se supo que estuvo en centros clandestinos de detención. “Este es un momento de mucho dolor aunque algo conseguimos, tendrían que haber tenido perpetua todos. Es un poquito de consuelo, como para darle un poco de confianza a los jueces, a la Justicia”, le confiesa a elDiarioAR. “Yo seguiré buscando a mi hijo, su nombre está en la 'Lista de Clemente' y a su lado las iniciales de DF, por lo que supongo que fue asesinado, pero continuaré buscando sus restos hasta mi último día porque necesito saber a dónde está para poder prenderle una vela, al menos”, dijo, con apenas un hilo de voz.

“Violencia contra la mujer”

En las 90 fojas del fallo el tribunal también declaró que las niñas, adolescentes y mujeres víctimas en la presente causa, “padecieron actos que constituyen formas de violencia contra la mujer”, un avance fundamental para la caracterización de los delitos de las causas que aún están pendientes y que se pondrían en marcha en los próximos meses. También determinaron los jueces Lilljedahl, Costa y Bothamley que se mantenga la situación procesal de los condenados que cumplen con prisión preventiva, a las que les agregaron las preventivas para Mario Senco, Ramón Jodar y Alberto Rivero, con cumplimiento domiciliario, cuyo control deberá efectuarse con tobillera electrónica.

Para la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, “el balance del juicio es positivo porque el Poder Judicial Federal funcionó, como es su obligación, en un juicio que demandó un año y medio y con una gran prueba documental, como la lista confeccionada por los propios perpetradores de los delitos”. “En lo personal, fue importante porque desde el Ministerio Público trabajamos con las víctimas y los equipos interinstitucionales, con profesionales de salud, también para acompañar a las víctimas”, cerró.

Con cautela, Caro Frangoulis, referente tucumana de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), señaló a este medio tener “un sabor amargo por las siete absoluciones”, aunque destacó que fue respetado el pedido de las cadenas perpetuas y prisión para otros, de entre 12 y 13 años. “Igual, me parece importante el fallo en este momento, en donde late tan fuerte el negacionismo desde lugares importantes del Estado. Por eso, haber llenado la sala, como lo hicimos los organismos, las víctimas y familiares, es una señal de esperanza, que no todo está perdido”, dijo. Aunque se mostró poco conforme con la actuación del tribunal -“nunca terminé de sentir un compromiso fuerte de sus miembros”- puso el acento en que fue un día histórico. “Es muy importante para Tucumán y ahora esperamos que se den vuelta las absoluciones en Casación. Para este Tribunal creo que le fue difícil entender el proceso de una provincia que fue diezmada por la represión”, añadió.

Lo que viene

Si no hubiera contratiempos, el 17 de febrero de 2025 comenzará el primer juicio en Tucumán en el que se analizará la responsabilidad empresarial por delitos de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado. Será en la causa Ingenio La Fronterita, que abarca crímenes cometidos contra 68 personas en las instalaciones de ese ingenio azucarero, de las 11 continúan desaparecidas

Los imputados son los exdirectivos del ingenio Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador; Eduardo Buroti y Fernando Cornú De Olmos, exmiembros del directorio. Los tres están procesados como cómplices de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio.

DC/MG