Torreciudad: ¿fe o negocio? Ambos conceptos, que en el caso de la Iglesia suelen estar entrelazados, vuelven a mezclarse en el caso de la disputa entre el Opus Dei y el Obispado de Barbastro-Monzón, en España, a cuenta de la titularidad del 'complejo' (así lo denomina el Vaticano) construido por orden de Escrivá de Balaguer y que, desde hace décadas, custodia la talla de la Virgen de Torreciudad, que antaño se conservaba en una pequeña y desvencijada ermita situada a pocos metros de la polémica construcción.

Y es que mientras la Santa Sede, a través del comisario plenipotenciario, el decano del Tribunal de la Rota Alejandro Arellano, habrá de tomar una solución que ambas partes deberán acatar, el Opus Dei se ha lanzado a una estrategia basada en el impacto económico de Torreciudad. ¿Con qué objetivo? El de hacer ver que, sin la presencia de la Obra en la zona, se acabarían las peregrinaciones que cada año, según la Memoria de la Conferencia Episcopal, llevan a Torreciudad a doscientos mil fieles y que, según un informe elaborado por la Cámara de Comercio de Huesca (y en la que han colaborado destacados miembros del Opus Dei, pero no de la diócesis) tiene un impacto anual de 97 millones de euros.

La estrategia, que no ha sentado nada bien en el Vaticano, busca presionar al delegado del Papa para ceder el complejo a la Obra, con la velada amenaza de abandonar el recinto, en plenas celebraciones por el 50 aniversario de su fundación (y de la muerte de Escrivá). De hecho, el propio Arellano hizo una visita fugaz al complejo el pasado 7 de diciembre, sin pernoctar –como habían anunciado las autoridades del Opus– en el mismo, y visitando a su vez al obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo. Y todo sobrevolado por el futuro de la todavía prelatura en el aire, después de que Roma echara por tierra sus proyectos de estatutos.

En todo caso, lo que ha revelado la polémica es que Torreciudad no es un 'santuario' (lo que permitiría la celebración de romerías, peregrinaciones o acuerdos con otras rutas de peregrinación, como Lourdes o El Pilar), sino un 'oratorio semipúblico'. Un término que, en teoría, no ofrecería la posibilidad de construcción de hospederías, hoteles o venta de objetos litúrgicos sin el permiso del obispo del lugar (que es con quien el Opus mantiene el conflicto).

En la práctica, tal y como desvela el informe encargado por la Asociación Patronato de Torreciudad (integrada por miembros de la Obra), el 82% de los visitantes realiza pernoctaciones en el territorio, estimándose una estancia media de 4,4 días con un gasto medio de 73 euros por persona y día, lo que da buena muestra del negocio que ofrecería una declaración del terreno como 'santuario'. De hecho, el citado informe se titula 'Estudio de impacto socioeconómico del santuario de Torreciudad'.

La cuestión de la nomenclatura es tan relevante que un error en la elaboración de la 'Memoria 2023' de la Conferencia Episcopal ha provocado un profundo disgusto entre buena parte del episcopado español. En el documento que los obispos presentan anualmente al Gobierno para justificar el uso del dinero recibido por la Iglesia española a través de la Renta, se incluía información e imágenes de la construcción inspirada por Escrivá de Balaguer dentro del apartado 'Santuarios'. Y lo hacía con todo lujos de detalles, y dando por buenas las cifras aportadas por el patronato de Torreciudad, sin contrastar con la diócesis.

Un error que fue rápidamente puesto en conocimiento de los responsables de la CEE, y que obligó a la Oficina de Comunicación de la Conferencia (dirigida por el sacerdote navarro Josetxo Vera, perteneciente a la Prelatura) a emitir una 'Nota aclaratoria sobre los santuarios en la Memoria de actividades de la Iglesia' en la que admite que “erróneamente se ha incluido” entre los 639 santuarios españoles “el templo nuevo de Torreciudad (Huesca), que hasta ahora no es tal santuario sino un oratorio semipúblico”.

Tal y como admite la nota, conviene aclarar que, conforme al derecho canónico, “con el nombre de santuario se designa una iglesia u otro lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles, con aprobación del Ordinario del lugar” (CIC 1.230). Para ostentar esa consideración, “corresponde al Ordinario del lugar aprobar los estatutos de un santuario diocesano; a la Conferencia Episcopal, los de un santuario nacional; y solo a la Santa Sede los de un santuario internacional”, subraya el comunicado de la CEE, que recalca que el uso del término “santuario” en su acepción tradicional y popular “no puede aplicarse a la calificación canónica”.

Una apreciación muy relevante toda vez que confirma que solo el obispo Pérez Pueyo tiene potestar para erigir un santuario diocesano, primer paso para el verdadero objetivo: conseguir el tratamiento de santuario internacional, para colocar Torreciudad al nivel de Fátima, Lourdes o Guadalupe. En lo pastoral, lo celebrativo y, lo que resulta más relevante, lo turístico... y lo económico.

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El Papa Francisco toma el control de Torreciudad, el icónico santuario ubicado en Huesca, España. Dos semanas después de que lo pidiera el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, la Santa Sede toma las primeras medidas, y nombró a Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota Romana, comisario pontificio plenipotenciario y delegado de la Santa Sede para el “complejo de Torreciudad”. Arellano será el encargado de dilucidar el futuro del santuario edificado por orden del fundador del Opus Dei, y que cada año recibe más de 190.000 fieles.

El nombramiento de Arellano sugiere que Francisco coloca a un hombre cercano al obispo para dilucidar uno de los frentes abiertos entre el Vaticano y el Opus Dei, después de que fracasaran todos los intentos por encontrar una solución dialogada entre la Obra y la diócesis. El obispo fue informado el pasado lunes durante una reunión en Nunciatura. Fuentes de la diócesis aseguran a elDiario.es que confían en que la intervención vaticana conseguirá dilucidar el mejor futuro para el santuario. Por su parte, el Opus Dei emitió un lacónico comunicado en el que indica que “las autoridades de la Prelatura estarán a total disposición de Mons. Arellano, colaborando en lo que sea necesario, con filial adhesión al Santo Padre”.

Una decisión que, en principio, valida las pretensiones del obispo de Barbastro-Monzón, que en las últimas semanas se ha visto asediado desde sectores ultracatólicos. De hecho, algunas fuentes sugerían que, una vez intervenido Torreciudad, el siguiente paso sería el cese de Pérez Pueyo. Algo que no parece que vaya a suceder.

Desde este momento, como plenipotenciario, Arellano tendrá toda la fuerza para investigar y tomar decisiones ejecutivas que afecten al santuario fundado por Escrivá de Balaguer. También, para acceder a toda la documentación económica sobre el mismo.

El 'lugar santo' de Escrivá

Torreciudad es todo un símbolo para el Opus Dei. Cuando tenía dos años, Escrivá de Balaguer fue llevado por sus padres a la ermita de Torreciudad para agradecer la curación de una grave enfermedad. Esa visita determinó de alguna manera para el fundador de la Obra que aquel lugar debía ser suyo. El 7 de julio 1975, dos semanas después de su muerte, abría las puertas un nuevo santuario gestionado por el Opus. 

Desde su creación, Torreciudad atrajo a gran cantidad de fieles, al punto de que aspiraba a convertirse en el Lourdes o Fátima español. También se convirtió en una fuente relevante de ingresos para el Opus. Cuando debían renovarse los estatutos, la diócesis se encontró con que la aportación simbólica que hacía el Opus Dei por este santuario –acordada a perpetuidad en un convenio suscrito en 1962– no se correspondía, ni de cerca, con los ingresos obtenidos únicamente por la presencia de peregrinos (190.000 en 2022, según datos de la Memoria, que habla de 1,2 millones de euros de recaudación). A ello se sumaron informaciones sobre que la fundación que gestionaba el recinto había adquirido terrenos colindantes con la intención de construir un macrocomplejo que pondría al santuario al nivel de los grandes santuarios europeos. Algo que desconocía la diócesis.

A partir de ese momento, el conflicto se enconó y la diócesis llegó a pedir un canon por peregrino –las fuentes lo sitúan entre 5 y 25 euros, lo que daría una cifra entre el medio millón y los cinco millones de euros al año– además de solicitar al Opus Dei una terna para designar al nuevo rector del santuario que actuara “en equipo” con un grupo de sacerdotes de la diócesis.

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