La última semana dejó al Gobierno acorralado en el Congreso. El miércoles en Diputados se ratificó el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria por apenas tres votos, pero se ratificó la ley de emergencia en discapacidad. El jueves en el Senado se acumularon triunfos opositores con la sanción de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en el hospital Garrahan, junto el rechazo a decretos que disolvía Vialidad Nacional y degradaba el INTA, además de otros organismos autárquicos.

Las calles acompañaron cada votación con movilizaciones de jubilados, organizaciones de personas con discapacidad, trabajadores estatales, estudiantes y médicos. Todos ahora enfrentan el próximo round. Excepto el aumento jubilatorio, el veto a la emergencia en discapacidad aún tienen que pasar por el Senado. Por otro lado, Milei ya amenazó con vetar el presupuesto universitario y la emergencia en pediatría. Y, a su vez, pese a la caída del DNU sobre el INTA, el Ejecutivo pasó a disponibilidad a sus trabajadores.

Entre la bronca y la celebración parcial, convocados por elDiarioAR, distintas voces directas de los trabajadores e involucrados en cada uno de los sectores que están en pie de lucha contra el Gobierno dan su testimonio en primera persona, con una misma conclusión: los derechos conquistados en el Parlamento solo podrán sostenerse con más organización y protestas populares.

Manuel Gutiérrez, secretario de la Mesa Coordinadora de Jubilados

“El miércoles pasado fue importante el acompañamiento, sobre todo de dirigentes gremiales, las dos CTA presentes. Además hubo un acto unitario porque el equipo de sonido se bancó junto con los compañeros de las organizaciones de discapacidad. Tendría que haber sido de otra envergadura la marcha, pero fue importante en términos de representación política y social. Recordemos que en nuestro reclamo empezamos siendo 20 o 50 personas años atrás y el otro día ya fuimos unos 2000. Eso quiere decir que hay un crecimiento de la solidaridad con los jubilados.

La ratificación del veto la vivimos con una gran bronca y mucha decepción. Existía la posibilidad cierta de que se rechazara el veto. Fue solo por tres votos que no se logró. Estuvo cerca. Y también hay bronca por el sinceramiento del escenario hostil hacia los jubilados. Esto ratifica el camino de crueldad del Gobierno, allanado por la compra de votos.

Los jubilados quedamos en 370 mil pesos: es el congelamiento de la miseria de los jubilados. Una cosa es saber que te van a matar, pero cuando te matan se ve la cosa real. La bronca nos plantea a la Mesa cómo seguir, porque este sinceramiento de Milei debe llevarnos a reflexionar cuál será nuestra estrategia.

La pregunta del millón es cómo seguir: no hay que dejar lo hecho pero también hay que agregar nuevas acciones ante la necesidad de Milei de aplastar a los jubilados. El Gobierno no quiere negociar, el Parlamento está cerrado para nosotros, y entonces decimos que hay que reflexionar sobre que no hay una institucionalidad con la cual conversar. El Estado está cerrado para los jubilados.

Tenemos que buscar estrategias que logren arrancarle estas demandas al Gobierno. La acción tiene que radicalizarse sobre el principio de la soberanía popular y la legitimidad de la Constitución. Lo hecho hasta aquí no alcanzó. Hasta aquí nos ganó, ahora tenemos que radicalizar la lucha en el sentido y espíritu de la defensa constitucional de nuestro derecho, de un criterio humano de existencia y en defensa de un futuro mejor.

Dentro del cambio de actitud tiene que existir la unidad porque es un gobierno que viene por todo. Los miércoles se mantienen en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Catamarca, La Rioja, Córdoba, Rosario, Mendoza. En todo el país hay acciones de los jubilados. Sería bueno hacer una gran marcha nacional de los jubilados hacia la ciudad de Buenos Aires.“

Natt Rodríguez, referente de la Red en Discapacidad

“El rechazo al veto lo vivimos con alegría pero con sabor amargo porque acompañamos también a los jubilados. Sabíamos que había un bloque de gobernadores que se estaba separando del Gobierno y veíamos que había una posibilidad, mezclado entre el tratamiento de la ATN y el reparto a las provincias.

Con las movilizaciones en discapacidad a nivel nacional le fue más difícil al Gobierno. La protesta que pudimos hacer jugó el peso necesario para que saliera la ley y vimos cómo negociaron con los jubilados y los gobernadores. Pero vamos a seguir los miércoles con los jubilados para exigir el tratamiento en el Senado de la ley en discapacidad.

Ahora tiene que tratarse el veto en el Senado. Mantenemos la lucha hasta el final, hasta que se caiga por completo. Quisimos que se trate el jueves en el Senado pero no entró. Hay diez días para que los senadores convoquen, traten y derriben el veto. Ahí fue donde la ley más fuerza tuvo y creemos que puede caer el veto.

Pero dilatar tanto el proceso hace que la emergencia que pedíamos ya quede chica, porque sigue sin haber aumentos en el nomenclador. Con certificado hay unas 5 millones de personas, el 16% de la población total. Y alrededor de un millón son los que están cobrando pensiones contributivas, pero ya hay 60.000 recortadas. Las bajas son de quienes no se presentaron a chequear la pensión porque nunca les llegó la información.

La pensión está en 270 mil pesos con el bono congelado, como los jubilados. A eso la ley impone una actualización y también la posibilidad de que sea compatible con un trabajo, porque ahora directamente te dan de baja. El nomenclador de los profesionales —como los acompañantes terapéuticos— está en unos 3000 pesos la hora, que también la ley busca actualizar. Por último, se contempla la condonación de deudas, por ejemplo con el monotributo, y obliga a las empresas privadas a que contraten personal con discapacidad.

Ahora le explotó un escándalo de corrupción en la ANDIS y habrá que ver cómo se desarrolla, porque el caso llega hasta Milei. Veníamos denunciando a Spagnuolo desde que asumió: fue el de los insultos a Ian Moche. Ya ahí empezábamos a ver este perfil. Sin perspectiva ni trayectoria en discapacidad, estaba ahí más por una amistad con Milei que por una trayectoria en el sector. Hoy nos damos cuenta de que se están enriqueciendo a costa de las personas con discapacidad: no entregan sillas de ruedas ni bastones y recortan las prestaciones.“

Julieta Boedo, trabajadora delegada de ATE en el INTA

“El jueves tuvimos una victoria contundente en el Senado con el rechazo al DNU 462, pero en poco tiempo nos notificaron los pases a disponibilidad. A las doce de la noche tuvimos en nuestras casillas de mail notificaciones del pase a disponibilidad: 286 trabajadores del INTA, 8 en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Y este viernes a la mañana en el Boletín Oficial salió que en la Agencia de Seguridad Vial hay pase a disponibilidad de 97 trabajadores.

El pase a disponibilidad implica que quedás en una lista, una especie de bolsa, a la espera de que te anoticien si alguien requiere tu capacidad. Te sacan del escritorio y te ubican de acuerdo a tu antigüedad. Si tenés hasta 15 años de antigüedad, tenés seis meses en disponibilidad. Ellos nos convierten en ñoquis. Es un despido encubierto con unos meses de margen. Además nos sacan las funciones específicas, solo nos dejan las básicas y nos bajan el viático. Son improvisados y están fuera de la ley. Y no lo decimos solo nosotros: lo dice la Justicia y lo dice el Congreso.

Porque todo eso ocurrió no solo habiéndose volteado el decreto, sino dos días después de que la Justicia fallara a favor nuestro, porque el tribunal de San Martín exigió al Ejecutivo no innovar y abstenerse de pases a disponibilidad y traslados. Entonces, avasallaron la Justicia y el Congreso a pleno, no solo es contra los trabajadores del INTA. Es totalmente ilegal e irregular lo que hicieron.

Esto lo vamos a dar vuelta: tenemos con qué. Es una embestida contra la gran victoria en el Senado. Esta semana cambió el escenario político. Se viene una resistencia más dura. Están liberando otro escenario, hay denuncias de coimas hacia el Ejecutivo.

Pero en concreto desde el jueves a la tarde, cuando se cayó el DNU, el INTA volvió a ser autárquico: no dependemos de la Secretaría de Agricultura ni del Ministerio de Economía. Lo que hicieron con el pase a disponibilidad es totalmente ilegal. Este viernes pudimos entrar a trabajar; el lunes veremos qué sucede.“

Alejandro Lipco, delegado del Hospital Garrahan

“La sanción de la ley de emergencia en pediatría se vive como un triunfo. Es indudable que es resultado de una lucha que se dio en forma muy amplia pero con los métodos propios de los trabajadores y trabajadoras: paros, movilizaciones y organización tanto dentro del hospital como fuera.

Tuvimos un apoyo social enorme que se canalizó en movilizaciones, con la más significativa el 17 de julio con la Plaza de Mayo llena. No tenemos la opinión de que se trató simplemente de un gesto del Parlamento, que le viene dando la espalda a los reclamos populares, sino que acá la lucha impuso una agenda y que se vio reflejada en este proyecto de ley.

Que se haya aprobado la ley es una primera conquista. Al mismo tiempo no se nos escapa que con la sola aprobación de la ley no basta. Ahora se tiene que implementar y habrá que quebrar la política del Gobierno, que anticipa el veto. Estamos a la espera de que eso ocurra.

Tenemos un plan de acción sin esperar el veto. Primero, porque ya sabemos que está planteado. Segundo, porque no podemos esperar que el Gobierno lo vete y que las mayorías en el Congreso se cambien o se compren de acuerdo a la relación de los gobernadores con el Ejecutivo. Por eso este jueves 28 tenemos lanzado un paro: queremos que se implemente la ley cuanto antes.

Esa ley es un primer paso para poner un freno al vaciamiento, por la recomposición salarial de todos los trabajadores, la actualización de los residentes y el refuerzo del presupuesto. En el Garrahan hay aproximadamente 4.500 trabajadores de planta y residentes hay unos 420. La ley plantea en el artículo 3 la recomposición salarial llevando la grilla a los niveles de noviembre de 2023: implica un 70% de aumento, clave porque es para todos los trabajadores.

La ley también deroga la resolución ministerial de Mario Lugones que degrada las residencias y las convierte en becas, precarizando ese plan laboral. La ley plantea además garantizar insumos, equipamiento y condiciones críticas para la pediatría. Y también la eximición del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en pediatría porque hay quienes entran a la cuarta categoría por cobrar apenas unos pesos.

El costo electoral para el Gobierno es un activo de la lucha que hay que explotar. Y hay que derrotar. Por eso no solo tenemos el llamado al paro la semana que viene, sino que nos mantenemos en asambleas. Si el veto ocurre, y se combina con el veto a las universidades —donde tenemos muchos vasos comunicantes con docentes, no docentes y estudiantes—, se está planteado que reventemos las calles.“

Nahuen Corbeletto, estudiante universitario, dirigente de la agrupación CEPA

“La ley de financiamiento universitario es un triunfo de la lucha por la universidad pública que viene desde el año pasado y ya logró por segunda vez una ley de financiamiento. Ahora nos preparamos para enfrentar de nuevo el veto. Porque el Gobierno, como hizo con todas las cosas que se conquistaron en la calle, anuncia que las va a vetar.

Queremos construir una gran marcha universitaria para mediados de septiembre y desde cada lugar del país volver a decirle al Gobierno que deje de atacar a la universidad pública. La marcha de septiembre está charlada en el gran frente: autoridades, gremios y estudiantes. Entre el 28 y 29 de agosto, la semana que viene, se pondrá fecha a la movilización. Sabemos que está la ley, pero tenemos que lograr que se rechace el veto.

Lo principal va a pasar por la capacidad de movilizar y demostrar fuerza de vuelta en la calle. El conjunto de luchas afectadas por las medidas del Gobierno hizo que en el Congreso se rechazaran varios vetos. El punto está en generar fuerza desde cada curso, facultad y universidad para que el Congreso escuche lo que viene de abajo, y no que haya diputados o senadores que están escuchando más al Gobierno que a los universitarios.

Los puntos clave de la ley son el aumento de las becas Progresar —congeladas en 35 mil pesos— y Manuel Belgrano —en 81 mil pesos—; la paritaria docente, con una pérdida salarial del 38% cuando el Gobierno no convocó a paritarias y dio solo un 5% de aumento; y las partidas para funcionamiento e investigación, que siguen congeladas. Estudiantes somos 2 millones y, en proporción, el presupuesto está en niveles de 2004, cuando había apenas un poco más de un millón de estudiantes.

Se empieza a escuchar que muchos que lo votaron con alguna esperanza están arrepentidos o decepcionados. Otros ya no creen que las elecciones puedan cambiar algo, por eso no van a votar. Pero la llave para resolver esto la tiene el Gobierno. Está en juego terminar o no el año académico, porque ahora los docentes van a paros rotativos, se afectan las mesas de exámenes y los estudiantes no podemos avanzar en las carreras ni recibirnos.“

Laura Jordan, trabajadora de Vialidad Nacional

“Yo tengo un cariño familiar por la repartición: en Vialidad trabajaron mi papá y dos tíos míos. Por eso viajamos desde varias provincias a Capital Federal para estar en la marcha por la votación en el Congreso con el DNU que disolvía Vialidad Nacional. Yo me había perdido la votación en diputados y quería estar en el Senado. Compramos el pasaje hasta Retiro y de ahí nos fuimos en subte hasta la sede, y de ahí salió la marcha al Congreso. A las diez y media de la mañana llegamos y a las diez y media de la noche ya nos volvimos.

El momento de la votación fue parecido a cuando salimos campeones en el Mundial: querer gritar, que se te va la garganta, saltar. Corríamos riesgo como repartición de dejar de existir. En los momentos previos, escuchando si ya se votaba el decreto nuestro o no, se nos cortaba la voz.

Tuvimos que aprender sobre cuestiones parlamentarias cuando salió el decreto del 8 de julio, que se anunciaba como que se quería fusionar Vialidad, pero en realidad la dejaba directamente sin existir. Preguntamos cómo llegar a diputados y senadores para que nos escuchen, buscamos el acta de votación y el orden de los oradores.

Ahora podemos decir que el decreto no tiene vigencia: Vialidad sigue existiendo como repartición. No nos van a desaparecer. Vamos a seguir teniendo el mismo convenio de trabajo. Al volver para atrás seguimos existiendo, aunque no quiere decir que no vayan a despedir gente o cambiar jefes, porque los jefes de distrito son políticos.

Los cambios con este Gobierno se hicieron de a poco: en Córdoba en agosto nos cambiaron el jefe de distrito. Nos pidió el legado de cada uno y pidió reuniones. La verdad es que necesitábamos que nos ordene, pero no echar gente, sino acomodar prioridades.

En Vialidad sí hay ñoquis, pero no nos tienen que meter a todos en la misma bolsa. Además, se minimiza el trabajo administrativo, que es base para los que van a rutas, campamentos u otros distritos. A nivel nacional somos 5.100 trabajadores; en Córdoba éramos 260, aunque unos diez renunciaron y otros se jubilaron. Hay que pensar lo duro que es que uno da 30 o 40 años de trabajo y el día que te jubilás te vas como si nada, habiendo entregado más de la mitad de tu vida. Eso somos para el país: tristísimo.

Después de esas primeras reuniones, en febrero nos cambiaron los horarios de trabajo. Nos avisaron por WhatsApp un jueves para el lunes siguiente. Fue terrible: mucha gente tuvo que pedir licencia para acomodarse con su familia.

Económicamente estamos sin guardia, así que la cubrimos entre compañeros. Hace un año no tenemos aumento. Siempre está la amenaza de que nos cortan luz, gas o internet. Ya nos cortaron en la oficina el agua potable, así que la pagamos entre nosotros.

Y la última bomba fue el 8 de julio, con el decreto de Milei. Por eso la alegría del jueves fue como salir campeones. Ya dijimos que si tenemos que volver a Buenos Aires, vamos a volver. Esta lucha entre compañeros, incluso con o sin los sindicatos, nos une más. Un día estás arriba y otro día abajo. En estos momentos es así, hay que estar juntos.“

MC

El sector universitario reactiva esta semana el conflicto contra el Gobierno por la falta de aumento salarial, el recorte en el gasto presupuestario y el escaso apoyo a los estudiantes. En un contexto de deterioro de la situación, con unos 10.000 docentes que habrían dejado sus cargos desde que asumió Javier Milei, los rectores, los gremios docentes y no-docentes planean una serie de acciones para protestar frente al ajuste de la Casa Rosada. Habrá paro de 48 horas el jueves y viernes, movilización a la sede de la Secretaría de Educación y la recolección de firmas para impulsar una nueva ley de presupuesto para las casas de altos estudios –que el Presidente vetó este el año pasado–.

Esta mañana el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) encabezó una conferencia junto con parte de los sindicatos y representantes para exponer públicamente su grave situación. Para la semana que viene la oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario. Ante la amenaza de Milei de volver a vetar esa ley, el proyecto tiene como eje de financiamiento la reasignación de impuestos para que no impacte en la regla de déficit cero libertario, establece un aumento de paritarias y más recursos para las becas estudiantiles.

“Estamos en una situación acuciante. Nuestro presente universitario habla de qué queremos como país”, denunció este lunes el titular del CIN, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy un salario en mano de un nuevo docente alcanza apenas los $178.000 y la beca Progresar está congelada en $35.000. Según datos oficiales, 10.000 docentes ya dejaron la universidad pública porque los jóvenes no tienen atractivos para dar clases y los mayores se jubilan.

Aunque se habla de una tercera marcha federal, en realidad en estos días habrá concentraciones descentralizadas. El 26 en la UBA habrá un abrazo simbólico en el hospital de Clínicas y se esperan protestas en Córdoba y Neuquén. Por la tarde los sindicatos de base harán un acto frente al Palacio Pizzurno con una marcha de antorchas, en el marco de la huelga por 48 horas.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) fue quien anunció el plan de lucha, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno, que continúa postergando la discusión paritaria. La consigna es “¡Prendete a defender la universidad pública!” y busca generar impacto público sobre la nueva ley de Financiamiento Universitario.

“Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, señalaron desde CONADU a través de un comunicado.

Desde sectores gremiales más combativos cuestionan el accionar del CIN porque entienden que la escalada debería ser mayor. “El plan Milei funciona al 100%: vaciamiento de la universidad, sin dinero para los estudiantes ni docentes, así como los fondos de investigación y de obras publicas son igual a cero. Si realmente no se puede pagar la luz o el gas, deberían dejar de pagarse esas facturas y esperar a que todas las empresas prestadoras busquen cortar los servicios. Que se arme quilombo en serio”, planteó un dirigente sindical de la Conadu Histórica a elDiarioAR.

Una fuente estudiantil que conoce el paño señaló que el ala radical del sector, tanto rectores como agrupaciones de alumnos, afirmó que no hay voluntad de concretar una gran marcha federal, como las dos que hubo en 2024, porque “miran con más expectativas a las elecciones de octubre que hacer algo ahora en la calle”.

El proyecto de aumento de los recursos de las universidades de la oposición contempla que el 1% del PBI se destine a esas casas de estudio. Además exige la convocatoria a paritarias para compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación de diciembre del 2023, y que se establezca un esquema de aumentos de acuerdo al incremento de precios establecido por el Indec.

Se espera una “súper-sesión” para el miércoles 2 de julio porque Diiputados buscará avanzar, además, con una reforma de la ley de DNU y la declaración de emergencia del hospital Garrahan. Son todos puntos rechazados por el oficialismo, además de que generan tensión constante en la calle.

MC

“De algo podemos estar seguros: este es el camino correcto”. De esta forma concluía la conferencia de prensa de Luis Caputo el 12 de diciembre de 2023, cuando se comunicaba por primera vez con la sociedad argentina para anunciar el nuevo plan económico.

El programa elegido por el gabinete combinaba elementos de ajuste ortodoxo clásico con otros menos tradicionales, sobre todo en el aspecto monetario. Así, la megadevaluación del peso no solo fue acompañada por un recorte fiscal agresivo (inédito en su magnitud), sino también con una reducción en las tasas de interés a la par que se mantenían los controles cambiarios y la fijación del tipo de cambio. Al mismo tiempo, el Gobierno emprendió una agenda de desregulación económica (tanto vía DNU 70, como con la Ley Bases y otros Decretos) que desactivó herramientas estatales relevantes para la protección de la sostenibilidad de la vida de las grandes mayorías. Los acuerdos de precios y salarios que podrían haber al menos mitigado la regresividad en la transferencia de ingresos brillaron por su ausencia.

Pasada esta primera fase el Gobierno encaró un nuevo proceso de apreciación cambiaria sostenido y altas tasas de interés en dólares (a pesar de ser originalmente negativas en pesos reales). Contrario a lo que argumentaba Javier Milei antes de ser presidente, no es novedad en la Argentina que la estabilidad cambiaria permita una desaceleración de los precios. El corazón de esta política económica es similar a otras experiencias históricas, como la tablita de Martínez de Hoz, la convertibilidad o el régimen de metas de inflación de 2016-2018 ejecutado por el tridente Macri-Sturzenegger-Caputo, con la particularidad de que en esta oportunidad está acompañada por severas regulaciones a los flujos financieros heredadas del gobierno anterior y hasta el momento sin un incremento del endeudamiento externo público.

El oficialismo se jacta frecuentemente de haber podido lograr en un mes lo que muchos sostenían que llevaría meses o años lograr: pasar del déficit al superávit fiscal. Lo que esconde es que eso solo fue posible licuando las jubilaciones en más de un 33%. En los primeros meses de gestión, el gasto previsional llegó a explicar casi uno de cada dos pesos ahorrados por el gobierno. En el acumulado del año, la caída del gasto en términos reales es de 28% y se encuentra explicada principalmente por cuatro rubros: prestaciones sociales (35% del ajuste), obra pública (24%), subsidios de tarifas (12%) y masa salarial del sector público (9%). Del lado de los ingresos, la recaudación tributaria se vio deteriorada por la caída en la actividad. Sin embargo, los impuestos vinculados al comercio exterior permitieron compensar parcialmente la caída en IVA (-10%) y Aportes a la Seguridad Social (-10%). 

Los perdedores

Esta distribución del ajuste fiscal, sumada a otros aspectos de la política económica (crucialmente, la política cambiaria), da lugar a una constelación de ganadores y perdedores que dista de la narrativa oficial y las promesas de campaña de Milei. 

Los principales afectados por el programa económico elegido son aquellos que viven (o vivían) de su trabajo. La discusión pública se concentró en los salarios reales, que incluso en el sector privado registrado sigue estando por debajo de los de noviembre (gracias a que el tipo de cambio real también retornó a niveles similares).  El salario de los trabajadores que aún conservan empleo registrado, se ubican aún un 4% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, que ya eran muy bajos en comparación con el pasado reciente: un 24% por debajo de diciembre de 2015 en el caso del sector privado y un 39% en el caso del sector público. Para estos últimos, la caída del poder adquisitivo desde que asumió Milei alcanza el 20%. 

Parte del deterioro del poder de compra se debe a los aumentos súbitos de las tarifas de los servicios públicos (tanto gas, como electricidad, agua y transporte) y privados (prepagas, telecomunicaciones) que afectan especialmente a la clase media. El foco en el salario real, sin embargo, da una mirada parcial sobre el deterioro de la situación de los asalariados. Incluso en los sectores donde la caída en los ingresos laborales ha sido menos pronunciada, la estadística (y el Gobierno) esconde que hay menos asalariados que antes, producto de una actividad económica que no termina de repuntar. Solo en el sector industrial, se perdieron 120.000 puestos de trabajo y se cerraron 2300 empresas. Hacia agosto la relevancia del efecto empleo en la pérdida de masa salarial ya era superior a la del efecto salario, y es esperable que esto se mantenga en los próximos meses. 

En medio de ese proceso de devaluación y vuelta al punto de partida, aumentó la desigualdad y la heterogeneidad del mercado de trabajo, con los ingresos de la economía popular mostrando menos capacidad para recuperar lo perdido. Además de no haber recuperado sus ingresos laborales tras la devaluación (se encuentran aproximadamente un 20% por debajo del nivel de noviembre), estos trabajadores fueron impactados por el congelamiento del salario social (ex-Potenciar Trabajo) y el ajuste a la asistencia social en general. Allí radica una de las claves para entender el aumento alarmante de la pobreza y la indigencia, más allá de los aumentos en la Tarjeta Alimentar y la AUH.

Otros grandes perdedores del modelo son los jubilados. En lo que va de 2024 perdieron 15,8% de poder de compra en comparación con el mismo período del año anterior. El ajuste a los jubilados no es un efecto colateral, sino un objetivo deliberado: el gobierno congeló el bono complementario para la jubilación mínima en los $70.000 que había dispuesto el gobierno anterior, cambió por decreto la fórmula de movilidad jubilatoria para evitar los aumentos que esta hubiera implicado, y vetó la fórmula alternativa votada por el Congreso. Ahora además le restringe el acceso a los medicamentos.

También se vieron especialmente perjudicados los jóvenes estudiantes y sus docentes, como resultado del ajuste sobre la educación pública. No sólo se recortó el presupuesto para los gastos de funcionamiento, sino también el vinculado a pagos de salarios. Cuando se propuso una alternativa que permitiera sostener las clases y su calidad, nuevamente el gobierno decidió vetar el proyecto. Una mención adicional requieren los recortes en las becas: el Gobierno decidió reducir más de un 60% el presupuesto congelando sus montos y cerrando su acceso.

Finalmente, una de las injusticias más marcadas del nuevo gobierno es la dramática situación de la mayor parte de los niños y niñas de nuestro país. El 67,1% de los niños, niñas y adolescentes se encontró por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre, lo cual representa un incremento de 8,6 puntos porcentuales en solo un semestre. Los menos privilegiados son los niños.

Los ganadores

Que existan tantos perdedores es en parte condición de posibilidad para que otros hayan podido ganar, y mucho. El lugar más destacado lo tiene el sector financiero y en particular los fondos de inversión especulativa, que se vieron fuertemente beneficiados por el esquema de tasas. Los rendimientos en dólares de los títulos públicos acumulan un 60% desde principio de año, las acciones de algunos bancos crecieron más del 200% en dólares y el valor de mercado de los títulos públicos en dólares más del 250% punta a punta. Se trata de retornos que se encuentran entre los más altos del mundo.

El Gobierno también premia deliberadamente a los evasores fiscales de hoy y del pasado. Tanto el blanqueo como la moratoria previstos en la Ley Bases, que ya se encuentran vigentes, condonan las penalidades por evadir impuestos. El blanqueo permite que quienes acumularon riquezas en dólares en el pasado dispongan de ellos como si no hubieran incurrido en un delito tributario al no declararlos. La acumulación de esas riquezas en el pasado es uno de los factores detrás de las dificultades para estabilizar la macroeconomía, es decir que hoy se premia a quienes en el pasado desestabilizaron la economía. 

Milei hizo del “no hay plata” un eslogan de gestión, pero lo cierto es que tanto estas medidas como otras políticas implementadas este año tienen alto costo fiscal. El caso más patente es la rebaja del Impuesto a los Bienes Personales, que implica una reducción de impuestos al 1% más rico del país justo cuando se le niegan alimentos a los comedores y medicamentos a los jubilados. 

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) perpetúa la rebaja impositiva para los sectores concentrados del poder económico, de manera que el “regalo fiscal” no sólo se aplica a hoy, sino también al futuro. Ganan las grandes empresas mineras y petroleras, mientras cierran las PyMEs. Y la carga fiscal caerá a futuro sobre otras partidas que deban compensar los beneficios que el régimen garantiza durante décadas. Por último, un beneficiario destacado es la SIDE, con el presupuesto para espionaje aumentando un 71% en términos reales.

Un modelo recesión-dependiente

El deterioro de la actividad, los salarios y las condiciones de vida de las grandes mayorías no son un efecto colateral de la política económica, sino su eje rector. En lo inmediato, permite mantener a raya las importaciones y reducir la inflación, disciplinando a los actores que participan de la puja distributiva. En el largo plazo, tiene como objetivo modificar estructuralmente la distribución del ingreso en la Argentina, achicando cada vez más la clase media al tiempo que una minoría concentra porciones mayores de la torta. 

El “modelo” de Milei no es en este sentido algo muy novedoso respecto a los que se ha hecho en la mayor parte de los últimos 50 años. Avanzar por un camino que promete arrasar con la industria argentina tendrá como correlato inevitable un país con desempleo masivo que en el mejor de los casos se combinará con una macro estable. Pero incluso esa estabilidad tendrá patas cortas, en tanto un peso en constante apreciación resulta insostenible en el largo plazo.

*El autor es diputado nacional de Unión por la Patria y director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.

MC

El 27 de mayo una reunión que encabezó la ministra Sandra Pettovello con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se selló una paz transitoria para el conflicto universitario, que había escalado a una magnitud inesperada con la multitudinaria marcha federal del 23 de abril. Ese día los rectores aceptaron el ofrecimiento del Gobierno de que haya un aumento del 270% para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios de todo el país. Si bien la ministra de Capital Humano puso la cara por la gestión libertaria junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el gran operador oficialista en las sombras no fue otro que el asesor estrella de Javier Milei sin cargo: Santiago Caputo.

Formado en Ciencia Política en la UBA, Caputo había acordado primero con el Emiliano Yacobitti –vicerrector, referente radical y mano derecha del senador Martín Lousteau– un desembolso para que la universidad más importante del país levantara su declaración de emergencia. Luego tuvo que ceder ante la presión del resto de los directivos, en especial el presidente del CIN, Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y también de extracción radical, y su segundo Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa, embanderado en el peronismo).

Sin la responsabilidad jurídica de ser funcionario, Caputo decidió hasta cuánto se abrió la billetera del Estado, que maneja su tío Luis Caputo desde el ministerio de Economía, para las casas de estudios. El acuerdo fue transitorio hasta que el conflicto volvió a escalar cuando Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario que atendía todos los reclamos del sector: desde las partidas para las universidades, hasta los salarios atrasados por inflación y los próximos de los docentes y no docentes, junto con las becas para los estudiantes. 

El conflicto desde entonces sigue latente con acciones puntuales en las calles y las universidades –se vio en las asambleas y tomas, y se está trabajando en una tercera marcha para el 5 de diciembre, como ya publicó este medio–, pero a nivel político quedó encajonado en el Presupuesto 2025 que se discute en la Cámara de Diputados. Hasta allí fueron los rectores en los últimos días buscando generar una entente opositora que les permita sumar volumen político para presionar al Gobierno, pero sobre todo para lograr que otra vez “Santiaguito” Caputo –como lo definió una autoridad universitaria– se digne a abrir otra vez la billetera.

El CIN reclama de máxima $7,2 billones para el 2025, estimando allí no solo los gastos de funcionamientos de todas las universidades del país, sino también la actualización permanente de los salarios de los trabajadores previendo ya una inflación para todo el año que viene. El Gobierno presupuestó para el sector apenas la mitad: $3,8 billones. Hay guiños de que ese gasto se expandirá, pero aún no hay nada oficial. La aspiración de los universitarios es que al menos la propuesta libertaria se acerque lo más que se pueda a los siete billones –es decir que aceptarían seis, pero también cinco y hasta cuatro y pico si no hay otra alternativa–.

Los rectores tienen trato abierto y cordial con “Galleguito” Álvarez, pero saben que el subsecretario no tiene la última palabra sobre cuánto podrá ceder la Casa Rosada. “Estamos trabajando en que se pueda estirar el presupuesto, pero hasta que no me lo diga Caputo Santiaguito no le creo a nadie nada”, dijo a elDiarioAR un encumbrado negociador por parte de las universidades. 

La reaparición de la carta Caputo demuestra de qué manera el Gobierno está abroquelado en el “triángulo de hierro”, que además del asesor conforman el Presidente y su hermana, Karina. El problema es que la estrategia del asesor choca con otros intereses, como quedó demostrado el miércoles cuando Martín Menem tuvo que dar de baja de manera sorpresiva un “importante anuncio” sobre el presupuesto.

La idea del oficialismo era anunciar a las 17.30 que se iban a aumentar los fondos para las universidades a costa de reasignar partidas que eran para las provincias. Entre las dos horas que pasaron desde las 15.10 –cuando en los WhatsApp de los acreditados en Diputados llegó el aviso de la conferencia de prensa– y las 17.21 –cuando se confirmó la suspensión–, hubo un choque de planetas en el universo mileísta. En Casa Rosada se molestó Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, por el destrato que iba a haber hacia las provincias. Y en el Congreso estalló el enojo del PRO –tanto del ala macrista como de los bullrichistas– porque no habían sido notificados de antemano de la jugada de Menem. Curiosamente ni el lunes ni el martes hubo reunión de la mesa política que encabeza Francos con los aliados amarillos.

En esa misma ventana de tiempo fue eyectada del cargo de la Cancillería Diana Mondino, lo que complicó aún más los planes de Caputo para jugar su carta de propagandista mileísta de mostrar que se gana perdiendo. Es decir, ceder al reclamo universitario pero darle una estocada a la “casta” de gobernadores. “Algún vivo quería poner más guita en universidades y sacársela a los gobernadores”, analizó un interlocutor con el Gobierno, que planteó que el oficialismo quería armar una nueva dicotomía: rectores versus gobernadores. 

Según el texto del proyecto, las transferencias automáticas de la Nación a las provincias alcanzarían en 2025 unos $57 billones, en tanto las no automáticas serían del orden de los $3,6 billones. Una jugosa friolera para financiar la educación pública, pero perjudicando la salud financiera de las jurisdicciones, que a su vez se tienen que hacer cargo de la educación, seguridad y salud provincial.

Otra de las alternativas que se ideó en la factoría Caputo fue eliminar las PASO y sacarle financiamiento a los partidos políticos. Ahí la dicotomía iba a ser “estudiantes vs. políticos”. Pero es una partida muy exigua: unos $3.624 millones, apenas el 0,12% del presupuesto total de las universidades, según calculó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

Los opositores dialoguistas tienen un consenso de que el Gobierno reasigne partidas del Presupuesto para fondear la educación pública, pero sus líneas son distintas a las de Caputo. Ferraro, por caso, planteó que se le quite dinero a la SIDE, que en términos porcentuales se le asignó el doble del presupuesto que el actual –para las universidades el incremento comparativo es del 28%–. La agencia de espías, que dirige un nominado por Caputo como es Sergio Neiffert, pasará de $101.816 millones de este año a $197.238 millones para 2025. 

En otros espacios como el radicalismo –pero también el bloque de Pichetto, que esta semana se reunió con los rectores– plantearon que se redirigan fondos de los llamados gastos tributarios, es decir aquellos programas de beneficios impositivos. Es la torta más voluminosa: unos $27 billones, en la que la promoción económica representa una porción importante de $3,3 billones. Ahí se incluye el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que tiene designado $1,3 mil millones en el presupuesto. Otro símbolo que parece difícil que Santiago Caputo entregue: el mandamás en la industria del sur es su otro tío, Nicky Caputo.

MC/JJD

El conflicto universitario entró en una nueva etapa. El paro de transportes de este miércoles 30 marcará otro hito en la disputa que los estudiantes y los gremios docentes y no docentes llevan adelante frente al Gobierno, aunque el desafío de extender la pelea choca con la negociación subterránea que el oficialismo abrió con el radicalismo –que tiene preponderancia entre los rectores–. Ya comenzó a notarse un desfase en la estrategia que cada sector en disputa busca llevar adelante. Por eso, a más de dos semanas del veto de Javier Milei y pese a las bravuconadas que el subsecretario de Política Universitaria nacional, Alejandro “Galleguito” Álvarez, lanzó en su exposición en Diputados, aún no hay acuerdo tripartito para convocar a una tercera marcha federal, aunque los sindicatos y las federaciones estudiantiles más combativas quieren que sea antes del 15 de noviembre.

El ajuste libertario provocó un inédito frente de lucha conformado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los sindicatos y las federaciones de estudiantes. Pero en esa entente ya no hay homogeneidad sobre las tomas y paros como herramientas efectivas en la protesta. Mientras las autoridades bregan por acotar la discusión en el ámbito del Congreso –donde se discute el presupuesto 2025–, las agrupaciones de alumnos tienen discusiones sobre qué acciones de visibilización emprender. Y, a su vez, el Ejecutivo oficializó un aumento unilateral de 6,8% a partir de noviembre para los trabajadores, junto con la cláusula de la garantía salarial, buscando descomprimir el reclamo puntual sobre los sueldos.

Sigue pendiente, sin embargo, la definición más importante: el financiamiento universitario para todo el año que viene. Los libertarios aún no se movieron de su propuesta original de $3,8 billones, la mitad de lo que reclaman los rectores –$7,2 billones–. Una propuesta de la oposición que está en el aire es echar mano a los llamados gastos tributarios, es decir los regímenes especiales que contemplan exenciones impositivas. Desde el lado del mostrador oficial no hubo, hasta ahora, contraoferta concreta. Milei juega al tiempismo: el fin del cuatrimestre hacia diciembre puede jugar a favor del Presidente.

El paro del 30 y más allá

La huelga que frenará el transporte terrestre y aéreo en todo el país tendrá el apoyo de estudiantes, docentes y no docentes. La definición de esos sectores llegó en cascada entre el jueves y el sábado, luego de diferentes reuniones gremiales y asambleas tanto en facultades como en la Plaza de Mayo. 

Los sindicatos se plegaron al reclamo que tiene a la cabeza al camionero Pablo Moyano. Si bien temprano el viernes se conoció la adhesión los trabajadores nucleados en la Federación de Docentes de la Universidades (Fedun), que forma parte de la CGT, el apoyo más importante se conoció durante la tarde con la participación de la Conadu Histórica y la Conadu, que responden a las dos ramas de la CTA y representan la mayor parte de la población de educadores. 

Dependiendo el lugar del país, este miércoles habrá clases públicas, cortes, semaforazos y perfomances (cómo la que hubo en la terminal Once del tren Sarmiento). “Depende antes que nada de la existencia de transportes para llegar a las unidades académicas”, plantearon en la Conadu Histórica a elDiarioAR. El sindicato votó también que todas la semana haya actos, clases públicas y ferias de ciencias en plazas o lugares emblemáticos de las distintas ciudades. Y para presionar hacia una tercera marcha federal en Buenos Aires, buscarán realizar marchas regionales como paso previo.

Los estudiantes también protestarán con acciones de visibilización, pero hay diferencias en la extracción de las agrupaciones. La FUA (Federación Universitaria Argentina), dominada por la Franja Morada, no se pronunció hasta ahora. Pero la federación estudiantil más ligada al peronismo-kirchnerismo –el Frente Malvinas Argentinas– tiene pensado participar de los cortes de calles en Capital Federal y de la olla popular en Constitución que impulsa el gremio de la economía popular UTEP, alineado con Moyano. Hoy habrá una gran asamblea interfacultades en la Universidad Nacional de Quilmes, a la que fueron invitados el camionero y el resto de los sindicalistas de la Mesa de Transporte.

A su vez, las agrupaciones de izquierda ligadas al FIT tuvieron este sábado una asamblea interestudiantil con alumnos de distintas facultades de la UBA, la UTN y de universidades del conurbano bonaerense, junto con algunos secundarios. Además de apoyar el paro del 30 –sin movilización–, buscan ir más allá: presionar para una nueva manifestación el viernes 1 de noviembre y ya plantearon una fecha concreta para una tercera marcha: el 12 de noviembre.

Una problemática que se vislumbra es que la radicalización que propone el trotskismo no es compartida por las demás banderas estudiantiles. En las últimas asambleas no consiguieron la misma adhesión a nuevas tomas como semanas atrás, donde se dio el fenómeno de que las bases desbordaran a los centros de estudiantes dominados por la Franja Morada, como ocurrió en Derecho de la UBA. “Lo de la toma por tiempo indeterminado ya no cala, y menos sin clases. En general lo que se está definiendo son más las clases públicas”, admitió a este medio un dirigente estudiantil que forma parte de las conversaciones más sensibles en el conflicto. 

Desde la izquierda, por caso, denunciaron una estrategia oficial para hacer una cuña en el estudiantado: “El Gobierno está con una campaña deliberada tratando de dividir al movimiento estudiantil del resto de la sociedad”, cuestionó Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Una asamblea en la sede de Puán votó el jueves por unanimidad repudiar los dichos del titular del CIN, Victor Moriñigo, que entre semana cuestionó las tomas en diálogo con elDiarioAR y hasta admitió el efecto de la motosierra mileísta: “Les hicimos pagar el ajuste a los trabajadores”.

La negociación de los rectores

Las acciones de visibilización de los gremios y el estudiantado chocan de frente con el juego más político al que se prestaron los rectores del CIN, principalmente el ala radical, que es la que encabeza  su presidente, Moriñigo. Al calor de la visita del titular del bloque de la UCR en la Casa Rosada, Rodrigo de Loredo, las autoridades de las universidades quieren acotar el reclamo ante el Gobierno en el ámbito parlamentario.

Como un gesto, Moriñigo –rector de la Universidad de San Luis– evitó confrontar con los dichos de Álvarez, que el jueves en la comisión de Presupuesto acusó a los rectores de hacer lobby en el Congreso para conseguir más fondos. “Hemos aprendido que los funcionarios declaran una cosa en la prensa y después en privado con más amables y conversamos sin problemas”, señaló el rector.

Esta semana Moriñigo buscará encontrarse con los distintos bloques de la oposición para alinear una estrategia de negociación para que los libertarios acepten modificaciones en las partidas presupuestarias. En el CIN ya reconocen como casi imposible que puedan recibir los $7,2 billones que estimaron para 2025 –calculando salarios para los trabajadores por encima de la inflación–, por lo que admiten que el objetivo es elevar todo lo que se pueda la cifra de $3,8 billones que estipula el Gobierno en su proyecto. 

Una de las alternativas que propone la UCR es que se redirigan fondos de los llamados gastos tributarios, aquellos regímenes específicos que implican beneficios impositivos. Es un planteo que tiene consenso con otros sectores opositores. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, especialista en temas educativos, le puso números a esa propuesta el jueves pasado, cuando frente a Álvarez y al secretario de Educación, Carlos Torrendell, se preguntó: “¿De dónde podemos reasignar los recursos?”.

La oposición dialoguista propone reasignar para las universidades parte de los gastos tributarios, que alcanzan los $27 billones, el 3,54% del PBI

Los cálculos opositores estiman que los gastos tributarios alcanzan los $27 billones, que representan el 3,54% del PBI. Los regímenes de promoción económica suman $3,3 billones, o sea el 0,43% del PBI. Ese renglón se disgrega en: promoción industrial, $83 mil millones; promoción económica de Tierra del Fuego, $1,3 mil millones; promoción de economía del conocimiento, $466 mil millones; promoción de la actividad minera, $540 mil millones. 

Ferraro también detalló otros ítems del Presupuesto 2025 que Milei podría acortar para fondear la educación, no solo terciaria, sino de todos los niveles, por caso: Inteligencia, $198 mil millones; Defensa, maquinaria y equipo militar, $105 mil millones; y Construcciones, $14 mil millones. Entre el gasto tributario de los regímenes de promoción y el gasto de inteligencia y el gasto militar suman $2,7 billones, lo que representa el 45% del total del gasto de educación y el 136% del total de la inversión educativa, sin contar las universidades. “Se disponen los mismos recursos para bienes de uso militar y defensa que para educación. Es idéntico el gasto en construcciones y equipamiento militar que el de los programas de construcción de jardines, maternales, equipamiento e infraestructura educativa”, le espetó Ferraro a los funcionarios nacionales.

Tanto Álvarez como Torrendell evitaron públicamente dar señales de aceptar esas sugerencias. Por ahora, el Gobierno y el oficialismo en Diputados se manejan con reserva, aunque sí hubo conversaciones subterráneas, supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias radicales. Milei no quiere ceder antes de que los opositores que podrían acompañar su Presupuesto de déficit cero confirmen su apoyo. Mientras tanto, apostará a seguir dividiendo un espacio multisectorial como es el universitario para superar un conflicto que entró en una nueva etapa, pero aún está lejos de terminar.

MC

La extensión del conflicto universitario con paros, tomas y clases públicas parece haber hecho mella en el corazón del Gobierno. En la Casa Rosada tomaron nota sobre el reclamo educativo y en las últimas horas se comenzaron a ver movimientos oficiales buscando ceder, pese a la intransigencia política que quieren demostrar los libertarios. Sin embargo la disputa aún está lejos de zanjarse porque para las próximas horas hay en agenda nuevas acciones para visibilizar la problemática.

Una primera señal del nuevo rumbo que Javier Milei quiere impregnarle al conflicto ocurrió ayer en la reunión de la mesa política ampliada entre funcionarios y los bloques aliados de Diputados, no solo el PRO y el MID de Oscar Zago, sino también la UCR, con Rodrigo de Loredo a la cabeza. El Gobierno aceptó cambiar parte de la redacción del artículo del Presupuesto 2025 que destina $3,8 billones para las universidades. Por ahora se trata de un cambio cosmético, sin aceptar el reclamo de los rectores de $7,2 billones para que las casas de altos estudios funcionen el año que viene. 

Desde el oficialismo además juraron que no se suspenderán las leyes de financiamiento educativo y de investigaciones científicas, ítems que representan el 6% y el 1% del PBI, respectivamente. No trascendieron sobre qué partidas resignará Milei esos montos, ya que el proyecto de Ley de Leyes contempla una regla de déficit cero en las arcas del Estado. La oposición menos blanda salió con los tapones de punta sobre ese giro oficialista.

Pero el Gobierno está obligado a incorporar cambios al proyecto ante la necesidad de blindar el apoyo de los opositores blandos, como son los radicales y las fuerzas provinciales. Hay un apuro oficial porque la intención es sancionar la ley antes de fin de año. En ese marco es que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, expone este jueves en la comisión de Presupuesto de Diputados, donde está en tratamiento el Presupuesto 2025. 

La presencia de Torrendell en el Congreso se confirmó ayer temprano, quebrando la lógica autoimpuesta por La Libertad Avanza de que los funcionarios del Ejecutivo se presenten en la Cámara baja los días martes. Anteayer la protesta universitaria llegó a las puertas de Balcarce 50, cuando docentes y alumnos que estaban en clases públicas en la Plaza de Mayo increparon duramente a Milei al salir al balcón para saludar a algunos simpatizantes por su cumpleaños.

En paralelo a la exposición del funcionario, los estudiantes preparaban una clase pública en frente del Congreso. Por la tarde tenían pensado reunirse con la mesa de transporte y la UTEP para confluir en el paro del sector el próximo 30.

Educación y Ciencia

El radicalismo buscó hacerse con un triunfo el hecho de que el Gobierno aceptara cambios en materia educativa. La comitiva que encabezó De Loredo en la Rosada –en medio de la ruptura del bloque tras la conversión de cuatro de sus diputados que acompañaron el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario– ratificó un “semáforo” legislativo del bloque donde remarcaron en rojo que no se suspenda la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Ciencia y Técnica. 

Los libertarios aceptaron la sugerencia, según dejó trascender públicamente el propio De Loredo. Comandaron el cónclave por el Ejecutivo el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Pero ex socios de la UCR en Juntos por el Cambio salieron duramente a cruzarlos.

“El ‘supuesto acuerdo’ para no suspender las metas de inversión no tiene ninguna consecuencia real ni material. Son metas que se incumplen desde la sanción de la ley, que solo se respetó en 2015”, afirmó desde la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que le endilgó a De Loredo: “Rodrigo, es hora que termines con la farsa, el transfuguismo, el circo y la mentira política. No engañen a la sociedad para justificar sus actos de cinismo, que distorsionan la representación política que los ciudadanos nos confiaron”. 

Según el lilito, las metas de la Ley de Financiamiento Educativo (6% del PBI) y la Ley de Ciencia y Técnica (1%) se incumplen desde por lo menos 2016. “Será el presupuesto en educación más bajo en relación al PBI desde 2013”, apuntó Ferraro. Según el Observatorio de Argentinos por la Educación (OAE) calculó que las partidas nacionales serán del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y en 2023 (1,48%). 

El conflicto universitario

Fuentes parlamentarias aseguraron a elDiarioAR que la Casa Rosada también habría aceptado cambiar la redacción del artículo 17 del proyecto de Presupuesto que habla sobre el financiamiento universitario. La modificación puntual sería sobre el apartado que versa sobre las transferencias, que estipula que el ministerio de Capital Humano “podrá interrumpir las transferencias de fondos” en caso de que las universidades no presenten ante la subsecretaría de Políticas Universitarias información oficial “para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”.

Aún está en debate qué cantidad de recursos finalmente le asignará Milei a las universidades, porque las estimaciones del Ejecutivo distan mucho de lo que calculan los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los titulares de las casas de altos estudios reclaman que los $3,8 billones que les destina el Presupuesto 2025 deje de ser un límite infranqueable y se convierta en una base para discutir más fondos, que en su gran mayoría se destinan a los salarios de los trabajadores, tanto docentes como no docentes. 

La diferencia en porqué los rectores estimaron gastos de $7,2 billones para su funcionamiento el año que viene tiene que ver con que los sueldos que estipulan le ganan a la inflación, mientras el Gobierno hizo sus cálculos con los salarios correspondientes a este año, muy por debajo del índice de precios. Para el 2025 Milei estipula una inflación de apenas 18,3% interanual, una caída estrepitosa al índice de precios 2024, que bancos y consultoras nacionales e internacionales prevén que estará en el próximo diciembre en 141%.

“Que el techo del 3,8 sea un piso y no un techo me parece bueno. Lo más cercano que estemos al siete por ciento va a ayudar a destrabar el conflicto”, dijo a elDiarioAR el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, presidente del CIN y de extracción radical, una de las patas principales del frente armado con los gremios y los estudiantes nucleados en la FUA.

El rector analizó que el conflicto en las facultades “ya tuvo su peor momento”, y anticipó que irá decreciendo en los próximos días. “La lógica de las tomas no conduce a una solución en el corto plazo”, apuntó Moriñigo contra las bases de estudiantes más radicalizados, que en muchos casos superaron el deseo de los centros de estudiantes –en su mayoría controlados por la Franja Morada– para llevar adelante las tomas. Para hoy hay en agenda en facultades de universidades de todo el país nuevas asambleas de alumnos.

El académico reconoció que la expectativa de las universidades está en cómo se desarrolle el debate dentro de Diputados, aunque no hubo un diálogo formal con el Gobierno desde la última marcha federal del 2 de octubre. “Todavía estamos lejos de llegar a un acuerdo, pero estamos confiados de que en el presupuesto consigamos algún aumento”, señaló Moriñigo. Y admitió que el horizonte del conflicto es 2025, ya que con el veto Milei obturó cualquier posibilidad de que los actuales sueldos de los docentes y no-docentes le empaten a la inflación luego de otorgarles unilateralmente un aumento de 6,8%, lo que fue rechazado por los gremios. En ese marco, Moriñigo afirmó: “Lamentablemente los salarios este año no se van a poder recomponer; le hicimos pagar el ajuste a los trabajadores universitarios”.

MC/JJD

Química Biológica, Cálculo Avanzado, Álgebra Lineal, Epistemología de las Ciencias Sociales, Fitopatología, Tectónica andina, Historia de la Psicología, Genética Molecular, Elementos de Prehistoria, Historia Antigua de Oriente,  Sociología Rural, Antropología, Introducción al Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Genética, Mecánica y Termodinámica, Matemáticas y Semiología. Clases públicas de esas materias y de muchas más habrá este martes entre las 10 y las 18 en Plaza de Mayo en una nueva jornada de protesta contra el Gobierno por el recorte presupuestario a las universidades públicas.

Las inmediaciones de la Casa Rosada se convertirán en un gran espacio educativo y de debate como parte del conflicto abierto que rectores, gremios y estudiantes mantienen con el presidente Javier Milei desde que se vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Más de cien clases, charlas y paneles están confirmadas en la movida que organizan los docentes de la UBA nucleados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA). Es la tercera vez en casi veinte años que se realiza este tipo de reclamo, lo que denota el carácter histórico de la situación actual –las otras fueron en 2028 y 2016–.

La clases abiertas coincidirán con una importante movilización que protagonizarán trabajadores del sector de la salud contra la motosierra de Milei en hospitales públicos como el Garrahan, el Posadas y el Laura Bonaparte, junto con otros gremios docentes y agrupaciones estudiantiles. La Marcha Blanca de Salud y Educación está convocada para las 14 en el Congreso y recorrerá la avenida de Mayo hasta la plaza, donde concluirá pasadas las 16. 

La jornada de manifestaciones tendrá un contundente mensaje de rechazo a la gestión libertaria. Está la expectativa sobre cuál será la reacción oficial en la calle, a partir del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. Hasta ahora el operativo policial se vio desbordado por la masividad de las concentraciones universitarias. Tampoco hubo represión en la “marcha de las velas” del miércoles pasado. Sí hubo algunos incidentes menores en clases públicas en algunas facultades de la UBA y de provincias aliadas a Milei, como Tucumán y Mendoza, donde la policía buscó levantar los pupitres de las calles. El Gobierno pareciera tomar nota que ir al choque de frente contra docentes y estudiantes no tiene el mismo impacto que reprimir a los jubilados o a los piqueteros de izquierda.

Las clases públicas

La mitad de Plaza de Mayo entre el Cabildo y la Pirámide estará repleta de sillas y pizarrones para las clases públicas. Estarán dispuestas en rondas para abarcar la agenda de las al menos 109 exposiciones en ocho horas anotadas hasta el cierre de esta nota. Muchas serán en simultáneo. La convocatoria superó las expectativas de los organizadores, que estuvieron obligados a hacer un corte para finalizar la actividad puntualmente a las 18, para no entorpecer el ingreso de la Marcha Blanca a la zona. Que el reclamo educativo sea frente a la Casa Rosada es simbólico, porque después de la huelga del 23 de abril las acciones de protesta se trasladaron al Congreso. 

“El entusiasmo de los docentes con la convocatoria nos sorprendió. Es una muestra clara de la necesidad del movimiento universitario de llevar el reclamo hasta las puertas del responsable político de este ajuste”, planteó Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA. Además de las clases públicas, se realizarán asambleas de trabajadores de la ciencia; de no docentes; una charla sobre las jubilaciones de la docencia universitaria –muy afectadas por su vinculación con el salario de los trabajadores en actividad–; un debate sobre problemática ambiental y el RIGI; una radio abierta de los estudiantes que estuvieron ocupando las facultades y una feria de ciencias.

Además habrá un teórico que será dictado por el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento y algunas clases convocadas por docentes de la Universidad Nacional de San Martín. “La convocatoria y el reclamo exceden a la UBA. Estas clases públicas en la Plaza de Mayo le dan un canal de expresión al descontento de docentes, no docentes y estudiantes”, afirmó Celotto, y agregó: “La mayoría de los docentes que están frente a clase ganan menos de 150.000 pesos, se formaron y se siguen formando, preparan las clases, las dictan, corrigen exámenes, y forman futuros profesionales, no merecen sueldos por debajo de la línea de indigencia. Por eso vamos a seguir esta pelea”.

La Marcha Blanca

El reclamo de la saluda llegará a Plaza de Mayo al caer la tarde, luego de que la columna encabezada por los trabajadores del Garrahan, Posadas y Bonaparte salga del Congreso cerca de las 14. A esa manifestación se sumarán gremios docentes y agrupaciones estudiantiles de las universidades, muchas de las cuales llevaron adelante las tomas de las semanas pasadas.

Una vez que la columna llegue a las inmediaciones de la Casa de Gobierno habrá una mega demostración de RCP. La exposición de primeros auxilios será al ritmo de una canción para llevar el pulso y tendrán como consigna “Para defender a la salud pública, que está en estado crítico, al igual que la educación pública y los salarios de las y los jubilados”. Hace dos semanas hubo una manifestación con las mismas características bajo un estricto control policial. Milei buscó la contraofensiva al salir caminando de la Rosada hacia el ministerio de Economía y sobre la calle se subió a un colectivo de la Policía Federal para fotografiarse con los efectivos.

“El ataque a los hospitales nacionales, con cierre de servicios, despidos de trabajadores y amenazas constantes de traspasos a otras jurisdicciones o incluso el cierre de instituciones demuestra la profundización de la crisis sanitaria a la cual quieren llevarnos”, cuestionaron en un comunicado los organizadores de la Marcha Blanca. “Ante un gobierno que va por todo lo público, vemos la necesidad de coordinar y unificar de forma democrática, colectiva, los sectores en lucha de la salud, la educación y convocar a más sectores agredidos por la política de Milei”, dijo Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

En el emblemático hospital pediátrico exigen un 100% de aumento salarial contra una inflación de 240% en el último año, $1.500.000 pesos de sueldo inicial, aumento en las guardias de 24 horas, entre otros puntos. En la institución de salud mental apuntan contra la amenaza de cierre por decreto y en el Hospital Posadas reclaman por la reincorporación de más de cien despedidos.

Cómo sigue el reclamo

La confluencia de la Marcha Blanca con las clases públicas en Plaza de Mayo será una nueva escalada al conflicto que el Gobierno mantiene con el sector universitario y de la salud. El clima del reclamo pareciera ir in crescendo, porque no hay señales oficiales de buscar un acuerdo. Ayer desde la secretaría de Educación, que comanda Carlos Torrendel, negaron que haya hasta ahora una nueva oferta de aumento de salario a gremios universitarios tras la decisión unilateral de que haya una suba de apenas el 6,8%, que fue rechazada por los sindicados. 

Por eso desde ayer hay un paro docente en todas las facultades a partir de una huelga convocada por la Conadu Histórica. La medida es para toda la semana. Además hay una convocatoria para que haya clases públicas semanales frente al Congreso para concientizar en el reclamo a los diputados que discuten el Presupuesto 2025. Y para mañana se esperan también asambleas en universidades de todo el país para definir posibles nuevas tomas. 

Si el conflicto persiste, es posible que el sector universitario busque plegarse al paro general de transporte que los gremios del sector convocaron para el próximo miércoles 30. Y a su vez, la entente de rectores-gremios-estudiantes ya está en conversaciones para una posible tercera marcha federal.

MC/JJD

“El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. La máxima de Juan Perón circuló por estos días entre los distintos actores que están articulando el reclamo universitario contra la gestión de Javier Milei. La frase revela el desafío que tiene para encauzar el conflicto el inédito frente que armaron los rectores, los gremios de trabajadores y los estudiantes. Son quienes capitanean una protesta que por momentos se ve desbordada por las bases –a la luz de las asambleas, tomas y clases públicas en facultades de todo el país– y que parece estar en vías de profundización por la intransigencia del Gobierno. Para toda la semana próxima está en agenda un paro docente, además de movilizaciones y clases públicas, y ya hay tratativas para una nueva jornada de marcha federal en noviembre.

La vigencia del conflicto universitario se explica en parte en la propia trama de la alianza interclaustros, que tiene todos los condimentos políticos. Es una mesa que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (el CIN, el órgano que reúne a los rectores), los sindicatos de docentes y no-docentes, y las agrupaciones estudiantiles que van desde la histórica Franja Morada (que conduce la Federación Universitaria Argentina, FUA) al peronismo-kirchnerismo y la izquierda en sus distintas expresiones. 

La heterogeneidad del espacio obliga a sus actores a la permanente rosca política –en la mejor acepción del término– para evitar que el Gobierno genere una cuña que pueda dividirlos. Hay mucho de ceder intereses particulares en pos de la causa común entre claustros que tienen diferencias históricas por antonomasia. Hasta ahora el último movimiento oficial no hizo más que abroquelarlos, ya que el blindaje del veto a la Ley de Financiamiento Universitario contemplaba medidas de reparación para los tres sectores –salarios, becas y gastos de funcionamiento–.

El frente está unificado pero no tiene una única conducción ni un funcionamiento formal. Suele tener reuniones periódicas, pero también hay mucha conversación bilateral entre sus patas, sobre todo entre los gremios y los estudiantes, históricamente aliados como en 2018 o 2001. La última reunión tripartita fue el martes pasado y allí se discutió un plan para continuar la protesta, pero no se definió puntualmente una nueva acción en conjunto, que por ahora está en pasos preliminares. Sí se coordinó la marcha de las velas del día siguiente hacia el Palacio Pizzurno y se plantearon propuestas futuras para visibilizar el debate. Desde este miércoles habrá clases públicas semanales frente al Congreso mientras los diputados tratan el Presupuesto 2025. 

“El frente universitario es inédito porque el ataque a la universidad es por todos los flancos”, explicó Francisca “Paquita” Staiti, de la Conadu Histórica, sobre la necesidad que tienen para articular el conflicto con múltiples intereses: “Las responsabilidades que tenemos los actores son distintas y amalgamar nuestras diferencias es un desafío, pero venimos caminando con bastante éxito. Las tensiones están, pero no son lo suficientemente profundas para que el frente colapse”, señaló.

 “Hay mucha unidad porque hay mucha intransigencia del Gobierno. Eso generó que todas nuestras diferencias quedaran en un segundo plano”, coincidió Nehuen Corbeletto, coordinador de la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA). “Hoy hay un repudio generalizado al veto que empalma con la defensa de la universidad pública. Es un frente muy variado y de acá salieron las jornadas del 23 de abril y del 2 de octubre. Milei genera que objetivamente tengamos que juntarnos”, apuntó.

Quién es quién en la lucha universitaria

De los tres actores que tienen el frente sindical, la participación del claustro de los rectores es clave porque es el canal de diálogo más institucional con el Gobierno. Hoy esa comunicación está congelada. Las autoridades le transmitieron a los gremios y estudiantes el martes que hasta ahora no hubo ni un atisbo de llamado al diálogo por parte de la Casa Rosada.

El CIN está dominado por el radicalismo, en línea con la tradición universitaria, aunque la apertura de unidades académicas en el conurbano durante el kirchnerismo hizo un contrabalance. En el país existen 61 casas de altos estudios con gestión estatal. Actualmente el claustro está presidido por Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis, de extracción reformista radical. Su segundo es Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y quien fue el secretario de Política Universitaria del Frente de Todos de Milei. El pulso lo marca la Franja Morada a partir de las figuras de Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, y Pablo Domenichini, rector de la Universidad de Guillermo Brown y quien encabezó recientemente una lista en la interna de la UCR bonaerense. Son parte de la estructura del senador Martín Lousteau.

El reclamo puntual del CIN al Gobierno tiene que ver con los gastos de funcionamiento de las universidades, tanto de mantenimiento como de salarios, el ítem que se lleva casi toda la torta. Por eso está puesto el foco en el Presupuesto del año que viene: mientras que los rectores estimaron necesitar $7,2 billones en 2025, el proyecto mileísta establece $3,8 billones, es decir casi la mitad. 

Los trabajadores están representados en el conflicto en lo que se llama Frente Gremial. Está compuesto por los sindicatos de docentes y no-docentes, con diferentes pesos relativos. La Conadu Histórica es la federación de gremios docentes con mayor injerencia, vinculada a la CTA de Hugo “Cachorro” Godoy. Además de “Paquita” Staiti, otra de las voces cantantes es Luis Tiscornia, que fue el anterior secretario general. 

Detrás aparece la Conadu, referenciada en la CTA de Hugo Yasky, con un perfil más kirchnerista. También juegan la Federación de Docentes de las Universidades (Fedum), que forma parte de la CGT, y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Ctera, por los pre-universitarios. Por último está el gremio de no-docentes Fatum, que son peronistas integrados a la CGT. 

El universo de los trabajadores alcanza a unas 200.000 personas, siendo los docentes aproximadamente unos 150 mil. Su reclamo principal es la pérdida del poder adquisitivo del salario ante la inflación. La Ley de Financiamiento les garantizaba una recuperación significativa para lo que fue el 2024 y también un piso alto para el año que viene. Ante el veto, rechazaron el aumento del 6,8% que anunció Capital Humano el día antes que se blinde la medida presidencial, junto con la decisión de activar la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas. No existe hoy una mesa paritaria.

El claustro estudiantil es el más heterogéneo a nivel político porque la histórica presencia de la Franja Morada en facultades de todas las universidades tiene como desafío cierta unidad de las agrupaciones peronistas-kirchneristas. Además es conocida la intensa militancia trotskista, que motivó muchas de las asambleas y tomas. La FUA está dirigida por Piera Fernández de Piccoli, de la agrupación radical. Y tienen una presencia menor el Movimiento Nacional Reformista (MNR) –brazo del Partido Socialista– y el Frente de Izquierda, más algunas agrupaciones más chicas del peronismo. 

Por fuera de la FUA actúa el frente Malvinas Argentinas, que abraza a un sinfín de agrupaciones alineadas a lo que en la política formal es Unión por la Patria: la Juventud Peronista, La Cámpora, el PCR, Miles. Fuentes al tanto de la realidad estudiantil explican que la importancia del frente peronista es tal que si bien está fuera de la FUA, es parte de la mesa tripartita con los rectores y trabajadores. Entre la Franja Morada y la versión estudiantil de UP estaría el 80% de los centros de estudiantes, mientras el resto son de agrupaciones ligadas a la izquierda –FIT o Nuevo Más, por caso– o independientes. En las universidades estatales hay 2.065.115 estudiantes, según la última estadística oficial de 2023.

Un conflicto multifacético

Si bien la toma de las facultades es la acción que tuvo más repercusión mediática, el conflicto tiene muchas facetas. Las tomas o vigilias conviven con clases públicas callejeras o en espacios abiertos de los campus. A su vez, las asambleas de alumnos han sobrepasado el posicionamiento de los propios centros de estudiantes, como por ejemplo Derecho en la UBA, donde autoconvocados de izquierda decidieron la toma por fuera del juego de la conducción de la Franja Morada. 

El estado asambleario también tiene como desafío la democratización de la discusión y la porosidad de sus propios límites. En Rosario hubo un acalorado debate entre alumnos referenciados con la izquierda y con Milei –que no querían la toma–. Pero en Quilmes la situación tomó un cariz más violento: el lunes miembros de la juventud de La Libertad Avanza, que no eran alumnos, buscaron boicotear una asamblea y fueron expulsados. Entonces uno de los mileístas lanzó gas pimient: se trataba –como reveló elDiarioAR– de Tomás Fernando “Varela” Nierenberger, un militante de Gobierno que ya estuvo en otras provocaciones oficialistas.

También es un fenómeno en sí mismo la multiplicidad de los focos de acciones, cristalizando el carácter federal que tiene la universidad pública argentina. Es una escala que hace que las acciones particulares en cada facultad o universidad, por más que haya un reclamo macro, sean locales y hasta que se superpongan entre sí. Así es como hay una integración de las clases con las tomas, y una sinergía con los paros. En ese marco se entiende que el miércoles ocurrieron al mismo momento la marcha de las velas en Capital Federal y una movilización a la General Paz por parte de la Universidad de San Martín (Unsam), en el conurbano bonaerense. 

En otros puntos del país la dinámica de lucha tiene que convivir con un aparato estatal al servicio del Gobierno. El jueves hubo una importante marcha en San Miguel de Tucumán, un día después de que la policía local levantara por la fuerza una clase pública callejera. Una represión similar ocurrió en Mendoza, donde la policía custodió fuertemente una clase que se hizo sobre la peatonal céntrica de la capital. Tucumán y Mendoza son dos provincias gobernadas por aliados de Milei: el peronista Osvaldo Jaldo y el radical Alfredo Cornejo. En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) en Caleta Olivia, Santa Cruz, hubo un fuerte repudio a la intervención de la policía en el edificio.

“La lucha es general pero también fragmentada porque cada provincia tiene una dinámica particular”, reconoció Corbeletto, que habló con elDiarioAR desde Jujuy adonde viajó para seguir la protesta allí. “Lo que pasa en la UBA le da mucha visibilidad al conflicto, pero la realidad es que en todas las provincias hay situaciones que son importante tener en cuenta”, planteó Staiti, que es de la Universidad de Cuyo.

Ese rompecabezas explica la variedad e intensificación de las acciones de lucha para los próximos días. La Conadu Histórica lanzó un paro para toda la semana que viene, mientras los no-docentes harán una huelga el lunes y martes, junto con actividades de visibilización. Para el martes los docentes de la UBA convocan a clases públicas de 10 a 18 en Plaza de Mayo. Ese día los universitarios se plegarán a una protesta de la salud pública, que marchará del Congreso a Casa Rosada desde las 13.30. El miércoles al mediodía se iniciarán las clases públicas semanales frente al Congreso. 

Para la semana siguiente está en discusión plegarse al paro del 30 de octubre convocado por todas las ramas del transporte. Y hacia principios de noviembre está en tratativas una tercera marcha federal, con la particularidad de que podría ser escalonada en las fechas y por regiones. Hay un desafío en el frente universitario que es la finalización del calendario educativo en diciembre, fecha a la que también apuesta el Gobierno para que el reclamo se desinfle por sí mismo. Por ahora, como vaticinó Staiti, “la pelea por la universidad pública es una lucha de largo aliento”.

MC/JJD

Aplausos adentro, repudio y reclamos afuera. Javier Milei consiguió en Mar del Plata el abrazo empresario que vino a buscar al 60° Coloquio de IDEA, y que había despreciado un año atrás en plena campaña presidencial. Pero en paralelo, la comunidad universitaria local aprovechó su presencia en la ciudad para recordarle desde las calles que no en todos los frentes era considerado un visitante ilustre: estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) marcharon junto a investigadores y personal del Conicet hacia el hotel donde se desarrollaba el encuentro corporativo más importante del año, para exigirle que garantice el financiamiento universitario.

La movilización se dio en el marco de las medidas y acciones que se llevan adelante en distintos puntos del país contra el ajuste del Gobierno nacional sobre el sistema universitario. 

“Con la universidad pública no se jode”. Con esa frase en la bandera de arrastre, la marcha partió cerca de las 10 desde la sede de la Facultad de Ingeniería de la Unmdp y avanzó unas 30 cuadras hacia la zona de Playa Grande. Las columnas confluyeron al mediodía en las inmediaciones de la sede del coloquio. Minutos más tarde, Milei inició su intervención de cierre ante cientos de referentes del empresariado nacional. El Presidente decidió aceptar la invitación como orador principal del evento corporativo en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo el año pasado, cuando consideró que era territorio hostil por exceso de macrismo en plena campaña y optó por organizar una suerte de contracumbre en un restaurante cercano. 

En la edición 2024, el vallado de seguridad que blinda cada año el hotel ubicado frente al Mar del Plata Golf Club durante los días del encuentro reforzó su dotación de efectivos policiales este viernes, desde las 7, para mantener lo más alejados posibles a los manifestantes que querían llevar el mensaje contra el ajuste al mandatario. Los acreditados para el coloquio debían ingresar temprano al hotel, ya que luego se restringió el acceso en una zona perimetral de doce manzanas. 

El operativo de seguridad fue diseñado por Policía Federal junto a personal de Casa Militar que desembarcó en la ciudad 48 horas antes que el presidente. Milei llegó a media mañana en avión al Aeropuerto Astor Piazzolla y se trasladó en helicóptero hasta la Base Naval, en el puerto marplatense. Completó el trayecto hasta el hotel del coloquio por tierra. Los controles y vallados en las inmediaciones del lugar impidieron que las columnas universitarias se acercaran a menos de 200 metros del lugar.

En la movilización en reclamo por el financiamiento universitario participaron profesores nucleados en la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) —quienes llevan adelante un paro por 48 horas desde el jueves—, trabajadores no docentes –que dispusieron un cese de tareas para el próximo lunes y martes— y estudiantes de las diez facultades de la Unmdp. También se movilizaron investigadores y trabajadores del Conicet, y alumnos y docentes del Colegio Nacional Arturo Illia, que depende de la universidad.

“Le decimos no al ajuste en las universidades, defendemos la educación superior pública y gratuita, y rechazamos los vetos del Presidente”, dijo en diálogo con elDiarioAr el secretario general de ADUM, Pedro Sanllorenti. “Queremos que mientras habla cómodo en un cinco estrellas escuche el reclamo universitario y de la ciudadanía que nos acompaña”, agregó.

Antonia Muñoz, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Conicet, expresó: “Hoy marchamos junto a toda la comunidad universitaria en defensa de derechos fundamentales que están siendo gravemente amenazados”.

“Exigimos educación pública, gratuita y de calidad para todos. Reclamamos el cese de la paralización impuesta a las instituciones de ciencia y tecnología, y rechazamos el ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables, como jubilados y jubiladas, mientras se favorece a sectores ya poderosas con exenciones impositivas”, aseguró.

Catalina D'Aquino, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, dijo a elDiarioAR: “Como estudiantes rechazamos el veto al financiamiento del sistema universitario, porque creemos que nuestras universidades son un motor de movilidad social ascendente y permite que los hijos de trabajadores ingresen, estudien y aspiren a un puesto trabajo decente”.

“No creemos en quedarnos en nuestras casas –agregó—, por eso salimos, como lo venimos haciendo estas semanas, con acciones y tomas en las facultades, durmiendo en el suelo, con frío, con la convicción de que la universidad se defiende”. Expresó además que “estas movilizaciones masivas no solo le hablando al Gobierno”, sino además “a toda la sociedad”. “Les decimos a todos que si el presidente o sus intermediarios no nos escuchan, tenemos que seguir plantándonos en las calles”.

Mientras la movilización avanzó por la avenida Juan José Pasó hasta llegar a la zona del coloquio, automovilistas, vecinos y trabajadores de obras en construcción del barrio San Carlos, uno de los más caros de la ciudad, sumaban bocinazos y aplausos en apoyo en el mediodía soleado y caluroso. 

Aunque el foco principal fue el rechazo al veto presidencial de la ley de financiamiento universitario y la embestida del Gobierno nacional contra las universidades, a la convocatoria en las inmediaciones del encuentro empresario se sumaron además agrupaciones de jubilados y pensionados de la ciudad, movimientos sociales y las regionales marplatenses de las tres centrales sindicales –CGT, CTA y CTA Autónoma—. El secretario general de la CGT a nivel local, José Luis Rocha, dijo que la marcha fue “contra el ajuste en todos los frentes”.

Desde temprano, el boulevard ubicado frente al hotel del coloquio fue decorado con cruces con críticas a las políticas de ajuste, por parte de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados marplantese. “Milei, repudiamos la destrucción del Estado”, “Basta de jubilaciones y pensiones de hambre” y “Con el hambre de los jubilados no se negocia”, eran algunas de los mensajes.

Frente al vallado se manifestaron además estudiantes de la Escuela Nacional de Pesca que funciona en la ciudad, para expresar su rechazo al posible cierre de la institución, dependiente de la Armada Argentina, encargada de la formación de trabajadores de la industria pesquera.

Mientras esto ocurría afuera, adentro el presidente Milei insistía en quitarles importancia a las protestas de la comunidad universitaria en todo el país: “Utilizan la campaña negativa para que no les auditen”, señaló, pese a que las universidades públicas sí son controladas: lo hacía la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y ahora, por decisión de un funcionario nacional, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, lo hará la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Poder Ejecutivo.

“¿Ustedes están a favor de los chorros para afanar con la política?”, le preguntó el mandatario a la audiencia. “Las universidades van a seguir siendo públicas solo que van a ser auditadas y tengo que seguir respondiendo por esto”, recalcó Milei, como si se tratara de un anuncio, y despertó aplausos de los empresarios.

AVL/JJD