Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), agrupados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), realizan este viernes, desde las 10, clases públicas frente a Casa Rosada y montan una feria de ciencias en Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone un aumento del 50% en los salarios docentes y no docentes, equivalente a la diferencia entre la inflación y los incrementos otorgados desde diciembre de 2023.

La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, señaló que los salarios “están en los mínimos históricos” y que, por ese motivo, los docentes “renuncian o buscan completar sus ingresos” con otros empleos, lo que afecta el funcionamiento de las clases.

“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento. La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo”, señaló Carboni en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. 

Dicha Ley de Financiamiento Universitario, votada en cuatro oportunidades por el Congreso Nacional, “dos veces antes del veto presidencial y otras dos para su ratificación”, fue nuevamente autorizada por ambas cámaras en las sesiones en las que se trató el Presupuesto Nacional 2026.

Asimismo, la semana pasada, además, el Poder Ejecutivo Nacional recibió un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó su aplicación inmediata.

Dentro de las clases públicas que se desarrollarán este viernes, habrá una serie de charlas y una feria de ciencias que se llevará a cabo junto a ATE Conicet, en una jornada de lucha “en defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad”.

Por último, confirmaron que continuarán hasta este sábado con cese de actividades en cada unidad académica, con el epicentro en el Ciclo Básico Común (CBC), que se iniciaba esta semana.

El comunicado de AGD-UBA

“Mientras transcurría la tercera semana de paro (la segunda de carácter nacional) y en medio de las clases magistrales en una de las propiedades de Adorni, salió un nuevo fallo en favor de la aplicación de la Ley de financiamiento universitario por parte de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Un fallo que fue posible también producto de las medidas de fuerza en reclamo de la aplicación de la ley y, consecuentemente, del presupuesto universitario y aumento salarial.

Esta semana –Del 6 al 11 de abril– y con el inicio de clases del Ciclo Básico Común, continuamos con la medida de fuerza porque, aún cuando la justicia nos da la razón, el gobierno sigue sin aplicar la ley. Además, insiste con la presentación de una modificación a la ley que, como eje central, busca mantener los salarios a la baja.

El gobierno bate el parche con el equilibrio en las cuentas públicas como excusa para no aplicar una ley cuyo costo es previsible y no genera ningún desmán en materia fiscal. Recordemos que en el presupuesto 2026, el capítulo XI, dedicado a las universidades, se mantuvo. Lo hace en medio de un mar de denuncias de corrupción y posible enriquecimiento ilícito de funcionarios de alto rango, de descubrimientos sobre sus conexiones con el caso Libra, de créditos del Banco Nación con condiciones preferenciales otorgados a sus funcionarios.

Las presiones contra las medidas de fuerza no son pocas. Tanto desde el gobierno nacional, como de las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –los rectores de las universidades nacionales– y de la UBA, aprovechan cada oportunidad para convocar a tener las aulas abiertas, aún a costo de nuestra propia salud y economía doméstica, en suma de nuestras condiciones de vida. Todos se preocupan por el éxodo docente, pero llaman a los trabajadores a no hacer olas. En ese mismo sentido, en la misma semana que festejabamos el fallo, la UBA amenazaba con descuentos a la docencia de los preuniversitarios. Todos en el mismo tren.

Para desactivar el reclamo, el gobierno nacional acaba de otorgar de manera unilateral un aumento del 6,7% (2,5 % en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo) y sus respectivos retroactivos. “Aumentos” por debajo de la inflación de esos respectivos meses –lo que acentúa la baja salarial–, y tan miserable que en el caso de quienes cobran garantía salarial, ni siquiera lo sintieron. Con ese insignificante aumento, el gobierno nacional debe al día de hoy a cada docente y no docente universitario un 48,8% , casi como si no hubiéramos cobrado 11 meses de trabajo. Por eso, la asamblea de AGD UBA resolvió continuar con las medidas de fuerza, con paros y acciones, por un paro por tiempo indeterminado.

Porque seguimos defendiendo la Universidad y exigiendo la aplicación de la Ley de financiamiento universitario, coronamos la semana de lucha en la Plaza de Mayo, con clases públicas que se desarrollarán desde las 10 hs hasta las 17 hs junto a organismos de ciencia y tecnología y abiertas a toda la docencia y estudiantes que quieran participar“.

Con información de NA.

La presidenta de la Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), Daniela Díaz, puso de relieve que “casi mil docentes han dejado las aulas de la Universidad Tecnológica Nacional a nivel país”.

La dirigente precisó que “muchos de ellos han tomado licencia sin goce de sueldo, o renunciado en el caso de que no tienen la antigüedad para tomar esa licencia sin goce de sueldo”.

Las declaraciones fueron formuladas en el marco de la finalización de una semana completa de paro.

Díaz aclaró que “esta semana van a ser jornadas de clases, pero también de visibilización, de concientización, de trabajo con los alumnos sobre nuestra problemática. Y la semana que viene, 30 y 31 de marzo y 1 de abril, y el 8 y 17 de abril, paro nuevamente de actividades”.

En ese sentido, señaló que los alumnos universitarios finalmente, terminan siendo las “víctimas” del modelo de vaciamiento de la educación superior pública que empuja a los trabajadores a la huelga.

“El alumno, por ahí, también ve que a la universidad, sea como sea, la seguimos sosteniendo. Tenés tu ascensor que funciona, tenés tus sanitarios, tus aulas en buenas condiciones; entonces cuesta entender qué es lo que estamos pasando”, dijo al medio Conclusión.

Añadió que “también se tienen que dar cuenta que, por ejemplo, otros compañeros alumnos que tienen becas, han quedado algunas de 35.000 pesos, que es una locura. Ni siquiera para el colectivo le alcanza. Entonces también tienen que ver que no solamente los docentes, sino también ellos se ven perjudicados”.

Crisis presupuestaria y salarial

La casa de estudios, una de las más emblemáticas del país, con treinta sedes en todo el territorio nacional, atraviesa, al igual que el resto, una crisis de presupuesto y salarial por el incumplimiento del Gobierno de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

La remuneración de los profesores del sistema de educación pública superior se redujo alrededor del 56% en dos años, pérdida de poder adquisitivo que determina su alejamiento de las aulas.

La titular del Sindicato de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) llamó la atención sobre que “un docente para trabajar en la universidad tiene que tener un título de grado, tiene que tener muchas veces un posgrado, son docentes de años, de trayectoria. Y realmente con el sueldo, es increíble”.

En los últimos cuatro presupuestos (2023-2026), el gasto en salarios fue, por lejos, el componente más importante del presupuesto de las Universidades Nacionales, dado que representa en promedio el 86,9% del total, mientras que los gastos de funcionamiento explican el 13,1%.

En este contexto, al comparar en términos reales el presupuesto de 2026 con el de 2023 se advierte que el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente de Universidades Nacionales. Entre esos años, el gasto salarial se redujo 43,2%.

Desfinanciamiento de la educación superior

En consecuencia, el desfinanciamiento de la educación superior por parte del Gobierno nacional, incluso luego de que se aprobara una ley en el Congreso con ese fin, pone a los profesores universitarios en la encrucijada de soportar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios o escalar el largo conflicto con la Casa Rosada.

El Centro CEPA elaboró un informe en el cual muestra que el presupuesto de las Universidades Nacionales (Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”) registró un fuerte ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza.

Entre 2023 y 2025, la caída en términos reales alcanzó el 28,7%. Si se compara con el presupuesto vigente en 2026 en pesos constantes (proyección de la inflación hasta diciembre basada en la mediana del REM), el crédito asciende a $4,87 billones.

En términos reales, esto implica una reducción acumulada del 45,6% respecto de 2023.

El gremio subraya que si se hubiera aplicado la Ley insistida, el presupuesto de Universidades Nacionales en diciembre de 2025 habría ascendido a $8,63 billones a valores de 2026, lo cual habría implicado un crecimiento real de 35,1% respecto del presupuesto vigente en 2025 y lo habría dejado apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023.

En cambio, el Proyecto del Gobierno incrementaría el presupuesto vigente de las Universidades Nacionales en 2026 en 12,4%, alcanzando $5,48 billones a valores de 2026. Incluso con ese aumento, el resultado sería una caída real de 14,2% frente a 2025 y de 38,8% en comparación con 2023.

La conclusión que extrae el Centro CEPA es que, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por la Administración Milei, el Proyecto del Gobierno consolida ese recorte en términos reales, lo que implica un presupuesto de Universidades Nacionales 36,5% inferior al que hubiera correspondido bajo la Ley insistida.

Otros cinco días de paro

La federación gremial de docentes de la UTN –FAGDUT– informó este martes que realizará un paro de 5 días en reclamo de salarios dignos para educación de calidad y para que el Ejecutivo cumpla la vigente Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza se llevará a cabo a lo largo de tres semanas, con el fin de visibilizar el reclamo y no perjudicar a los alumnos, y comenzará los tres primeros días de la semana próxima; 30 de marzo, 31 de marzo y 1 de abril. Luego este plan de lucha continuará los días 8 y 17 de abril.

Por este motivo en tales fechas no habrá actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales que posee la Universidad Tecnológica Nacional y en su órgano preuniversitario, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

“Enseñar no debiese ser un sacrificio”, enfatizó el Secretario General de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi. “Está ocurriendo un éxodo de colegas docentes que no pueden tolerar más ver la heladera vacía”, precisó el titular de los docentes “tecnológicos”, y dijo estar “muy preocupado” por el futuro de las universidades.

Asimismo, desde el sindicato se refirieron al ajuste que realizó el Ejecutivo para los trabajadores de las casas de altos estudios; en el instructivo de liquidación de sueldos del mes de marzo se incluyen aumentos retroactivos acumulativos de 2,5 % y 2,2 % para enero y febrero y un 2,0 % para marzo.

Desde FAGDUT explicaron que se trata de “ajustes unilaterales por debajo de la inflación”, y que con los mismos “siguen castigando a las universidades públicas”. En este sentido, la inflación acumulada desde el comienzo del presente gobierno asciende al 280% frente a un ajuste en materia salarial del 155 % en el mismo período.

“Hemos cobrado casi 9 salarios menos de los que hubiésemos percibido si los ajustes hubiesen seguido el ritmo inflacionario”, enfatizó Ricardo Mozzi, y lo tildó de “vergonzoso”.

Qué es la UTN

De acuerdo a su página web, la UTN “se distingue por ser la única universidad argentina de carácter federal, con presencia en todo el país”. Está conformada por el Rectorado, 30 Facultades Regionales, 53 Extensiones Áulicas, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico (INSPT), el Instituto de Ciencias, Energía e Innovación Tecnológica Sostenible (Cenits), el Centro Tecnológico de Desarrollo Regional (CTDR) y dos escuelas secundarias técnicas: Colegio Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional (Cutral Co) y la Escuela Tecnológica “Werner von Siemens” (Villa Ballester).

Actualmente, más de 112.000 personas estudian en la UTN, de las cuales 73.000 cursan carreras de ingeniería. La oferta académica comprende un total de 158 carreras, entre títulos de pregrado, grado y posgrado.

Las especialidades de ingeniería que se dictan son: Aeroespacial, Bioingeniería, Civil, Electromecánica, Electrónica, Energía, Energía Eléctrica, Industria Automotriz, Sistemas de Información, Telecomunicaciones, Ferroviaria, Industrial, Mecánica, Metalúrgica, Naval, Pesquera, Química y Textil.

Cada año, la universidad contribuye con más del 35% de personas graduadas en ingeniería y carreras tecnológicas a nivel nacional.

La investigación en la UTN se lleva a cabo a través de 127 Centros y Grupos. La universidad cuenta con miles de investigadores e investigadoras. Actualmente, están en marcha más de 700 proyectos de investigación, distribuidos y organizados en diferentes programas o campos de aplicación.

“Es misión de nuestra casa de estudios crear, preservar y transmitir los productos de los campos científico, tecnológico y cultural para la formación integral de las personas destinatarias de esa cultura y de la técnica, extendiendo su accionar a la comunidad para contribuir a su desarrollo y transformación. De ese modo, el desarrollo de proyectos culturales es impulsado por parte de las diferentes áreas de la Universidad, en gestión asociada con agentes y organismos del campo cultural”.

“En el mismo sentido, en el marco de una política de generación de conocimientos y capacidades tecnológicas en vinculación con el medio, la UTN colabora con la resolución de los problemas de la industria y la sociedad, prestando servicios a empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil”.

“Con el objetivo de fortalecer y consolidar su proceso de Internacionalización, la UTN potencia los vínculos académicos, científicos y humanos a través del intercambio y la comunicación con universidades, instituciones y asociaciones extranjeras; impulsa la inserción de estudiantes, docentes investigadoras e investigadores y demás miembros de la comunidad educativa en proyectos especiales de investigación, desarrollo y planeamiento; y promueve programas de cooperación internacional”. 

“La UTN ratifica su compromiso con el bienestar y la justicia social, su respeto por la ciencia y la cultura, y la necesidad de su aporte al progreso de la Nación y las regiones que la componen. Es por ello por lo que, la Universidad Tecnológica nacional consagra el derecho al ingreso irrestricto y a la gratuidad de la enseñanza en sus carreras de grado”.

El decálogo de principios de FADGUT

1. El Estado tiene la función de regular y organizar la sociedad, asegurando que se eviten arbitrariedades e injusticias derivadas de la acumulación de poder de ciertos sectores sobre otros.

2. Una redistribución equitativa de la riqueza, acompañada necesariamente con salarios justos, es indispensable para asegurar el progreso social y económico de cada individuo en un país.

3. Los indicadores macroeconómicos solo son relevantes si se traducen en mejoras tangibles para la vida cotidiana de la sociedad

4. La promoción de la producción nacional y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) son clave para la inserción laboral de los egresados universitarios, el fomento de empleos de calidad, el consumo interno y la recaudación nacional. Esto contribuye a un círculo virtuoso en la economía, evitando endeudamientos innecesarios.

5. Los sindicatos tenemos un papel fundamental en la defensa de buenas condiciones laborales y salariales. Somos actores responsables que trabajamos por bienestar social y no debemos ser vistos como instituciones que van en contra del progreso del país.

6. Es fundamental fomentar el crecimiento y la movilidad social ascendente de cada persona, tanto dentro de la comunidad argentina como a nivel global, reconociendo el papel irremplazable de la educación en tal sentido.

7. Las universidades deben ser reconocidas como espacios democráticos, dedicados al conocimiento, la libertad de expresión y el desarrollo científico-tecnológico. Las Universidades no somos centros de adoctrinamiento político sino centros de promoción del pensamiento crítico.

8. Es esencial que las mujeres sean reconocidas en la sociedad y tengan acceso a iguales oportunidades, sin limitaciones por razones de género.

9. Las minorías sociales, así como cada persona, deben gozar del derecho a desarrollarse y avanzar en la sociedad, sin ser objeto de discriminación alguna.

10. La paz entre los pueblos no los debilita ni los hace inferiores; por el contrario, fortalece su desarrollo. Debe ser una prioridad para cada gobernante fomentar la paz dentro de su país y contribuir a la paz mundial. Las personas tienen derecho a vivir en un ambiente de paz, acompañado de un desarrollo económico y social que promueva la fraternidad.

El inicio del ciclo lectivo universitario quedó atravesado por un paro nacional y por escenas que empiezan a repetirse entre docentes: renuncias, pluriempleo y dificultades para sostener la actividad académica. Juan Materola, profesor de Historia de la Universidad de Moreno y General Sarmieno, combina su trabajo con la conducción en Uber desde 2024. “El desafío era llegar a fin de mes”, resumió.

Nahuel Vega, doctor en Física, directamente dejó la docencia en la Universidad de San Martín: “Terminaba gastando todo el sueldo en transporte y comida”. Por su parte, Haydée Pizarro, bióloga, investigadora principal del CONICET y docente jubilada de Exactas (UBA), describió casos de profesionales altamente formados que buscan ingresos fuera del sistema.

“Conozco biólogas que hicieron cursos de plomería y hoy son plomeras; están trabajando de eso”, señaló. Se trata, según explicó, de una salida para sostenerse económicamente ante ingresos que no alcanzan para cubrir gastos básicos, incluso en cargos con dedicación exclusiva.

La medida de fuerza, convocada por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, se desarrolla en dos tramos –del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30– y afecta a más de 60 universidades públicas. En la UBA, los docentes resolvieron un paro “por tiempo indeterminado” hasta que se aplique la recomposición salarial del 55,4% prevista por ley.

El trasfondo del conflicto remite al financiamiento: pese a la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por el Congreso y su ratificación tras la caída del veto presidencial, el Gobierno nacional no la aplica. Un fallo judicial ordenó recomponer los salarios docentes en torno al 51% de pérdida frente a la inflación, pero tampoco fue ejecutado.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa un nuevo proyecto que reduce esa recomposición a un 12% en tres tramos. “Desconoce a dos poderes de la República: al Congreso y al Poder Judicial”, señaló el rector Germán Pinazo. “El mensaje es que no cumple la ley porque no quiere”.

Salarios de pobreza

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la pérdida salarial acumulada equivale a 11,4 sueldos actuales, según el Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario. En términos reales, el índice cayó a 64 puntos, con una baja del 36% del poder adquisitivo.

Según un informe gremial de la UBA, el salario real se ubica en su mínimo histórico, con una caída del 35,6% respecto de noviembre de 2023 y por debajo de los niveles de 2004. Para recuperar ese poder de compra sería necesaria una recomposición cercana al 60%, y de más del 120% para volver a valores de hace una década.

“Desde diciembre de 2023 perdimos entre un 35% y un 40% del salario real”, señaló Patricio Santagapita, secretario de investigació de Exactas (UBA) y profesor de Migrobiología de Alimentos. “Eso se siente directamente en la vida cotidiana”.

Docencia y abandono de la actividad

El deterioro salarial impacta en la continuidad de las trayectorias docentes. En el caso de Vega, el ingreso por su cargo –alrededor de $240.000 mensuales por 10 horas semanales en 2025– no alcanzaba a cubrir los costos básicos. “Se te va el sueldo ahí”, resumió. “No se me ocurre volver a la docencia en estas condiciones”.

En paralelo, Materola sostiene jornadas nocturnas como conductor para complementar un salario universitario de $250.000. “Lo que empezó como algo transitorio se volvió permanente”, explicó. Los casos se multiplican en distintas facultades y niveles de dedicación, con docentes que suman cargos, clases particulares u otros trabajos fuera del ámbito académico.

Renuncias y dificultades para sostener las cátedras

La salida de docentes se consolida como tendencia. En la Facultad de Agronomía de la UBA se registraron 83 renuncias desde comienzos de 2024, junto con jubilaciones anticipadas. “Empezaron a renunciar muchos docentes, especialmente los más jóvenes”, indicó la decana Adriana Rodríguez. “El proceso se aceleró en los últimos meses”.

Los cargos iniciales, incluso con dedicación exclusiva y doctorado, se ubican en torno al millón de pesos, por debajo de otros sectores. “El motivo principal es salarial”, sostuvo Rodríguez. “Se van a empresas o a universidades de países vecinos, donde ganan entre tres y cuatro veces más. Estamos cubriendo los baches con más trabajo de quienes se quedan”, agregó. “Pero es una situación que en el corto plazo va a ser insostenible”.

El deterioro salarial se combina con la caída del financiamiento. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 5.750 puestos en el sistema científico público. “Se están desarmando equipos de investigación”, advirtió Santagapita.

En su grupo, dos investigadores dejaron sus posiciones: uno emigró y otro no aceptó continuar su carrera en estas condiciones. “Ya estamos viendo una fuga de recursos humanos”, señaló. A la vez, los subsidios nacionales están prácticamente congelados. “Muchos investigadores están poniendo dinero de su bolsillo para sostener experimentos”, agregó. “Es una doble presión”.

Infraestructura, insumos y funcionamiento cotidiano

El impacto también se traslada al funcionamiento cotidiano de la universidad. Según Pizarro, la falta de financiamiento afecta tanto la infraestructura como los insumos necesarios para sostener la actividad académica y de investigación. “Los equipos se rompen y no se pueden reparar, no hay fondos para insumos ni para trabajo de campo”, explicó.

En laboratorios que dependen de equipamiento complejo –como freezers a -80 grados–, la falta de mantenimiento implica la paralización de tareas. En ese contexto, materias que no comienzan, subsidios interrumpidos y limitaciones operativas configuran un escenario de funcionamiento restringido.

Menos ingreso a la carrera científica

El deterioro impacta en la formación de nuevos investigadores. Las becas doctorales rondan los $1,2 millones y el ingreso a la carrera científica pierde atractivo. “Muchos jóvenes directamente no quieren iniciar un doctorado”, indicó Santagapita. “Se perdieron 5.750 puestos en el sistema público en dos años”, agregó.

Las consecuencias alcanzan también a la cursada. La reducción de docentes se traduce en menos horarios y cupos en algunas carreras. “Las renuncias dejaron de ser un hecho aislado”, afirmó Tatiana, del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Según datos estudiantiles, se registran más de 10.000 renuncias en el país. “Hay facultades con pérdidas del 30% de su planta docente”, concluyó.

LN/CRM

Inició este lunes el paro nacional universitario, impulsado desde las dos federaciones nacionales mayoritarias (Conadu Histórica y Conadu), quienes convocaron el cese de tareas en dos tramos: el primero desde el 16 al 21 de marzo y el segundo desde el 23 al 30. 

Por su parte, los docentes de la UBA votaron parar “por tiempo indeterminado” hasta que les paguen “el 55,4% de aumento salarial” dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.

Esta medida tiene alcance nacional y afecta a la mayoría de las instituciones universitarias públicas del país; entre otras casas de altos estudios, confirmaron su adhesión la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ). 

La UTN informó también que no sólo sus 30 facultades regionales se suman a la huelga, sino también que lo hará el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, que pertenece a la universidad. En cuanto al UNCAUS, los docentes confirmaron que su suman al paro nacional, pero por 24 horas.

El mayor motivo de esta medida es el reclamo por la recomposición salarial, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación, al mismo tiempo que exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionados por el Congreso Nacional el año pasado, y que incluye un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las universidades.

Asimismo, los docentes de la UBA presentaron un informe de evolución salarial en el que destacan que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% “por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”.

Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), declaró que, desde noviembre de 2023, “perdieron el equivalente a 11,5 salarios” y explicó que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”. 

“En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades”, concluyó Carboni.

Profundización del Plan de Lucha por el Financiamiento Universitario

En su última reunión del pasado jueves, el Congreso de la CONADU resolvió la realización de paros progresivos para todo el semestre. Este es el comunicado competo del gremio:

Se profundiza el conflicto universitario: seguimos exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente y exhortamos a legisladores de todos los bloques del Congreso Nacional que rechacen cualquier intento de modificatoria de una ley apoyada y ratificada en varias instancias por una enorme mayoría plural y federal. Además, exigimos al Poder Judicial que deje de dilatar la sentencia sobre el tema de fondo, porque cada dos meses de incumplimiento perdemos un salario completo. El gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente. 

El pasado 12 de marzo el Congreso de CONADU resolvió la profundización del plan de lucha con la ratificación del paro de una semana que comienza el lunes 16 de marzo, y un paro de semana completa en las semanas que comienzan el lunes 30 de marzo y el lunes 27 de abril. Se facultó al Plenario para realizar un seguimiento de las acciones para darle continuidad al plan acordado para todo el semestre, en el marco de la progresividad de las medidas.

De forma unánime se acordó la realización de una marcha federal universitaria con fecha propuesta del 23 de abril a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general. El Congreso evaluó la importancia de retomar el contacto entre estudiantes y docentes para que esta nueva marcha sea la expresión masiva en las calles de un pueblo que defiende la universidad pública.

Además, se organizará una carpa por la universidad y la soberanía en un esquema que abarcará todo el país, con el objetivo de instalar en el espacio público y en articulación con actores del territorio no sólo el conflicto universitario, sino el carácter urgente de la unidad de las luchas.

Se ratificó lo actuado por el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales que continúa en sesión permanente, el cual está facultado a llamar a paro de manera urgente en caso de que comience el tratamiento en comisiones de la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario que pretende el gobierno de Milei.

Con la presencia de 30 sindicatos de base y más de 90 congresales, el Congreso sesionó en memoria del golpe cívico militar, bajo la presidencia honoraria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por el Nunca Más, y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y todos los presos políticos.

En el panel de apertura Clara Chevalier (CONADU), Pablo “el mono” Lombardi (Canillitas/CGT Oeste), Johanna Duarte (UTEP) y Sebastián Díaz (Sipreba) expusieron sobre las dificultades a las que nos enfrentamos hoy quienes militamos por un país más justo que tenga a las y los trabajadores en el centro, haciendo mención de las discusiones que nos debemos en el sindicalismo y en el espacio nacional y popular.

El Panel de cierre contó con la presencia de los referentes del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) Abel Furlan, Daniel Yofra, Rodolfo Aguiar y Hugo Yasky.

Con información de NA.

IG

 La titular de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier, afirmó que los sueldos del sector están entre “los más bajos desde la restauración de la democracia” en la Argentina, y dijo que algunos no superan los $ 500.000 mensuales.

Para la dirigente, los salarios del sector universitario “no llegan a cubrir los gastos básicos como alquiler y alimentos”.

Chevalier dijo que esta situación no solo refleja un deterioro del poder adquisitivo, sino “una ruptura del consenso histórico sobre la importancia de invertir en educación pública como política de Estado”.

Destacó que muchos docentes hoy perciben menos de medio millón de pesos mensuales, una cifra que, en términos reales, no resulta suficiente para garantizar condiciones de vida mínimas.

“Nos encontramos con un Gobierno que viene a romper con el consenso de que un país debe invertir en educación y socava las bases de la idea del Estado-Nación argentino”, subrayó.

La sindicalista expresó que “bajo el argumento de que ‘plata no hay’ el Gobierno recorta las funciones del estado básicas como la educación. Hay docentes universitarios que no están pudiendo cubrir ni el alquiler ni la comida”, agregó.

Chevalier aseguró que “hay un ensañamiento con la Universidad y con la Ciencia, que tiene un componente no económico, sino un enfrentamiento puramente ideológico”.

Con información de agencias.

IG

El titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Moriñigo, también rector de la Universidad Nacional de San Luis, reclamó al Gobierno de Javier Milei una oferta salarial de cuatro meses que recupere “todo lo perdido en el 2024”.

“Soy de los que cree que ojalá que en este 2024 hayamos aprendido tanto el gobierno como las universidades y quizás en el mes de febrero, marzo, el Gobierno pueda tener una propuesta salarial que haga que no empiece el año 2025 de manera tortuosa”, planteó en una entrevista para Radio Rivadavia.

En la misma línea, puntualizó: “Ojalá esta oferta salarial venga con una oferta de tres o cuatro meses, que no sólo le gane la inflación del mes que estamos viviendo, sino que empiece a recuperar todo esto que te contaba del año 2024 que se ha perdido”.

Según especificó Moriñigo, el diálogo entre los representantes de las altas casas de estudio y el Poder Ejecutivo está abierto, incluso reconoció que se llevan mejor en privado que en público y planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo paritario en una mesa de negociación.

“Me parece que todo esto empieza a solucionarse cuando entre Capital Humano y Economía pongan sobre la mesa una oferta salarial entre febrero y marzo que sea al menos de tres o cuatro meses y que vaya recuperando, aunque estén cuotas, todo lo perdido en el 2024”, aseguró.

Por su parte, sostuvo que por los aumentos otorgados en 2024, por debajo de la inflación, y luego de haber perdido el 30% del poder de compra en un año, los docentes universitarios e investigadores eligen cambiar de trabajos o ejercer en otros países.

“Eso lo estamos notando sobre todo en las universidades que están en las ciudades más grandes, donde hay mucha más oferta de trabajo, como Rosario, como Córdoba, como Mendoza, por supuesto Buenos Aires y Gran Buenos Aires”, reveló.

“Estamos teniendo conversaciones con los rectores de que va a ser muy difícil, por ejemplo, abrir distintas sedes áulicas que las universidades grandes tenían en otros lugares y se están replegando a tenerlas solo en sus sedes centrales”, alertó el titular del CIN.

Asimismo, ejemplificó: “Eso está pasando con los docentes de corta edad pero que ya vienen muy bien formados y no los vamos a tener en el mediano plazo. También está pasando con los investigadores que empiezan a aplicar para sistemas científicos tecnológicos de Chile o de Brasil, donde ahí la diferencia es abismal con el salario y ganan dos o tres veces lo que ganan aquí en Argentina”.

“Las universidades privadas pueden hacer algo que nosotros no, que es ofrecer un contrato mucho más oneroso porque se pueden salir del nomenclador”, afirmó, y explicó: “Es como los clubes de fútbol, si quiero el jugador del equipo tal. Como universidad privada me puedo salir del nomenclador y pagarle lo que yo quiera, nosotros, a nivel público, respetamos un nomenclador y un salario, por eso las universidades privadas se vuelven atractivas porque al ver un buen elemento le ofertan por arriba de la media”.

Por último, reveló que un grupo de legisladores tiene intención de reinstalar el tema del financiamiento universitario a través de una consulta popular en el Congreso.

“El Gobierno ha ganado un año de gestión, en derribar un poco el desconocimiento que se traía sobre la gestión universitaria y también han derribado ciertos prejuicios”, concluyó.

Con información de NA.

IG

La secretaria general de la Conadu Histórica, Francisca Staiti, afirmó este lunes que el salario de los docentes universitarios perdió en un año “más del 50 por ciento” y que en el Gobierno “no existe” voluntad de solucionar esa situación, por lo que alertó que 2025 “será un año de lucha” para ese sector.

“La voluntad política no existe, solo encontramos imposiciones y diálogos cancelados, esa es la impronta del Gobierno. Para ellos, o apoyás en todo o sos el enemigo, y hoy a la docencia universitaria la consideran como un enemigo”, dijo la dirigente gremial.

La titular del sindicato de docentes universitarios explicó en declaraciones a Radio Splendid que desde el Gobierno reconocen “un 40 por ciento de pérdida salarial, pero no alcanza con un reconocimiento, se necesitan respuestas concretas y no han existido a lo largo de este año”.

“A lo largo del año -agregó- hemos tenido reuniones con funcionarios, incluso con la ministra (de Capital Humano, Sandra) Pettovello, donde se nos ha reconocido la pérdida salarial”, pero el argumento es que “la paritaria no puede romper el axioma del déficit cero”, aunque se olvidan que “venimos de una bruta devaluación en diciembre 2023”.

Staiti afirmó que lo que pide el sector de docentes universitarios “es al menos el empate a la inflación o ganarle”.

La gremialista explicó que hoy “un salario de cargos iniciales está en 420.000 pesos de bolsillo, que es lo que cobra un docente con 20 horas de trabajo y una antigüedad de 10 o 12 años”, y añadió que este segmento abarca a “casi un 60 por ciento de la docencia universitaria”.

El comunicado de CONADU

“El día 12 de diciembre, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, envió a las Universidades Nacionales el Instructivo de Liquidación de Haberes para el mes de diciembre que contiene el 1% de incremento salarial para la docencia universitaria y preuniversitaria.

Tal como ocurriera en el mes de noviembre, el gobierno nacional decidió de manera unilateral, por decreto y desconociendo, una vez más, el ámbito paritario como la instancia para que resuelva la pérdida salarial que hemos sufrido durante este año. Además, conocido el índice inflacionario del mes de noviembre del 2,4%, el incremento impuesto del 1% continúa dejando nuestros haberes por detrás de la inflación.

Este año encabezamos las marchas universitarias más grandes de la historia y así fue que con la marcha del 23 de abril logramos el 270% de ampliación del presupuesto universitario y, en octubre, el pago de la garantía salarial para los cargos de menores ingresos en las universidades.

Además, tomamos conocimiento a través de un comunicado del pago de un bono para el sector de trabajadores no docentes, en una clara maniobra de quebrar la unidad que hemos construido a lo largo de este año. Ese bono no lo percibirá la docencia universitaria y preuniversitaria a la que no escucha y discrimina.

Está claro que plata hay, lo que el gobierno no tiene es voluntad política de sentarse a dialogar con el sector docente para resolver la recuperación de la pérdida salarial. Por ello, es que desde CONADU HISTÓRICA rechazamos las imposiciones salariales por decreto que pretende instalar este gobierno, en contra de las prácticas de buena fe negocial.

¡Exigimos paritarias ya por la recuperación de nuestro salario!“

Con información de agencias.

IG

Los universitarios buscan que las protestas por el ajuste del Gobierno no queden acotadas a la negociación parlamentaria por el Presupuesto 2025 y se vuelquen otra vez en las calles. Luego de sumarse al paro de transporte de este miércoles, los gremios de docentes y no docentes junto con el grueso del estudiantado trabajan en la arquitectura de una nueva marcha federal para diciembre, pero que exceda las consignas propias del sector, como fueron las del 23 de abril y la del 2 de octubre.

La fecha que se baraja para una tercera acción callejera es el 5 de diciembre, con el objetivo de que sea una movilización multisectorial. La consigna fue lanzada por las dos CTA –que están en proceso de unificación– y podría también estar capitaneada por parte de la CGT, supo elDiarioAR de fuentes al tanto de la disputa estudiantil con la Casa Rosada.

Para definir el posicionamiento universitario este viernes está en agenda una cumbre entre las dos centrales gremiales de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy con el estudiantado y los sindicatos. Llamativo no es que solo participarán las agrupaciones universitarias más peronistas y que abarcan a aproximadamente un tercio de los alumnos –nucleadas en el llamado frente Malvinas Argentinas–, sino también a la mayoritaria Federación Universitaria Argentina (FUA), que conduce históricamente el radicalismo a través de la Franja Morada, personificada en Piera Fernández. 

Esa marcha federal y multisectorial sería por varias consignas: contra el hambre, por trabajo, producción, salud y educación. “Se está trabajando para que confluyan distintos sectores”, dijo una fuente que forma parte de las conversaciones. Seguramente se sumarán los movimientos sociales y piqueteros, además de la izquierda.

Pero en esa reunión con las dos CTA de este viernes no serán de la partida las expresiones más combativas de la izquierda estudiantil, que este mismo viernes harán una manifestación: a las 17 se concentran en el Obelisco para luego movilizar a Plaza de Mayo y posteriormente a la sede de la CGT, en reclamo al llamado a un paro general. Las agrupaciones ligadas al trotskismo propusieron hacer una tercera marcha federal el 12 de noviembre, pero no tuvieron apoyo de sus pares.

Este viernes, a su vez, el frente sindical que reúne a los docentes y no docentes comenzará una serie de reuniones federales para sumar volumen hacia el 5 de diciembre. La jornada de este viernes será en la regional de La Plata y para los próximos días habrá acciones –con fechas a definir– en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Comahue, Misiones, Patagonia San Juan Bosco, Tucumán Córdoba, Conurbano Sur y Conurbano Noroeste. El 22 de noviembre habrá un cierre con un Festival de la Gratuidad Universitaria. “El Gobierno sigue sin escuchar las legítimas demandas por salarios dignos, presupuesto universitario que permita el sostenimiento de las actividades sustantivas, bienestar estudiantil e infraestructura para las actividades académicas”, cuestionó el frente sindical a través de un comunicado de las últimas horas.

El conflicto seguirá latente con clases públicas en las universidades, con la acción simbólica de que se instalarán pupitres frente al Congreso desde el martes próximo, mientras se discute el Presupuesto 2025. La intención es “educar a los legisladores”. El desafío del sector es mantener vigente el reclamo ante la cercanía del fin del cuatrimestre.

Hasta ahora el Gobierno no se movió un punto de su propuesta de $3,8 billones para las universidades, cuando el CIN calculó que necesitan $7,2 billones para funcionar todo el año que viene sin ningún inconveniente –incluyendo pagar salarios por encima de la inflación–. Este miércoles el oficialismo pisó en falso cuando canceló a último momento una conferencia de prensa de La Libertad Avanza en Diputados para hacer un “importante anuncio” sobre el presupuesto. 

Según pudo reconstruir elDiarioAR, la idea era reasignar partidas de las provincias hacia las universidades. Se dio de baja porque iba a generar un conflicto con los gobernadores. La discusión parlamentaria es el ámbito en el que los rectores del CIN están invirtiendo para conseguir que el Gobierno abra más la billetera. Esta semana se reunieron con el nuevo bloque disidente de la UCR y con los federales de Miguel Pichetto y la semana que viene tienen pensado verse con Unión por la Patria. 

El oficialismo está obligado a negociar porque sin el apoyo de los bloques del centro no tendrán los votos para darle media sanción al Presupuesto. Luego de un mes de tratamiento, los libertarios quieren ir al recinto hacia fin de noviembre, para que el Senado sancione la Ley de Leyes a más tardar en diciembre. En paralelo a esa discusión más palaciega, los universitarios quieren presionar en las calles. “Lo del Presupuesto va a ser lo que vaya organizando más actividades”, apuntaron a este medio. La idea que circula en los distintos actores universitarios es que haya una vigilia para el día en que Diputados se proponga votar el Presupuesto 2025 de Milei.

MC/JJD

En el marco del Congreso Ordinario de la Federación de Docentes de la Universidades (FEDUN), que contó con la participación de congresales y secretarios y secretarias generales de los todos los gremios de base de todo el país, la gremial resolvió “adherir en todas las universidades públicas al paro de 24 horas el 30 de octubre convocado por el sector del transporte y otros sindicatos”.

En el encuentro de FEDUN y como muestra de unidad de diferentes sectores frente al abanico de reclamos que se intensificó en los últimos por el avance del ajuste de la gestión de Javier Milei en áreas públicas, estuvieron presentes Pablo Moyano, secretario general de la CGT; Eduardo Tavani, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Walter Merkis, secretario general de FATUN; Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP; Pablo Flores, secretario general de AEFIP, Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes; y Fabiana Almeida, hija de Taty Almeida y militante por los Derechos Humanos.

En el Congreso del gremio que comanda Daniel Ricci se realizó “un balance positivo de las distintas acciones de visibilización del Conflicto Universitario que se realizaron durante el año, especialmente las Marchas Federales Universitarias del 23 abril y 2 de octubre, donde toda la sociedad se expresó en apoyo a la Universidad Pública”. 

Asimismo, se resolvió en asamblea:

El Gobierno firmó un piso de “garantía salarial” para el personal no docente

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) infoormó en las últimas horas que tras una reunión en la sede de la Secretaría de Educación de la Nación, la Comisión Paritaria de Nivel General del Sector NODOCENTE de las Instituciones Universitarias, “luego de diversos intercambios y deliberaciones, y a solicitud de la representación de la FATUN, acordaron reinstalar la garantía salarial” que había sido refrendada en el Acta Paritaria del mes de octubre de 2023.

Las condiciones del acuerdo

De acuerdo al gremio, “ante el complejo cuadro de situación que atraviesa el colectivo NODOCENTE producto de las políticas que plantea el Gobierno Nacional, la Federación en su permanente búsqueda de soluciones que permitan atenuar la pérdida real de los ingresos de las familias NODOCENTES, y honrando un mandato histórico de priorizar la necesidad más urgente del tramo inferior (categorías 6 y 7), logró reinstalar el concepto de garantía salarial mensual a través del pago de un adicional de suma fija no remunerativa y no bonificable, a partir del presente mes y con el justo resarcimiento retroactivo a abril de 2024 (6 meses)”.

Asimismo, desde FATN aclaran que para el tramo superior (categorías 1, 2 y 3) alcanzado mayoritariamente por el impuesto a las ganancias, “la estrategia judicial diseñada desde el Consejo Directivo Nacional ha sido desplegada con cuatro presentaciones de solicitud amparo. En tanto, para el tramo intermedio (categorías 4 y 5) se sigue trabajado en el ámbito de la negociación paritaria para encontrar un resarcimiento justo”.

En su comunicado, el sindicato asegura que el acuerdo firmado “es un paliativo necesario”, aunque advierten que “de ninguna manera resuelve la cuestión de fondo, que requiere de la recomposición real del poder adquisitivo de la totalidad de las y los trabajadores NODOCENTES, es que nuestra lucha continua en defensa de la universidad pública de calidad, no arancelada y con salarios dignos”.