Los trabajadores quedan frente a una reforma laboral que avanza entre fallos, recursos y fueros distintos, sin una definición de fondo de la Corte Suprema sobre la validez de los artículos cuestionados. El rechazo al per saltum presentado por el Gobierno no anuló la reforma ni resolvió su constitucionalidad: dejó la discusión en la vía ordinaria de la Justicia laboral, donde la CGT mantiene una acción declarativa contra el Poder Ejecutivo.

La decisión fue firmada el 7 de mayo por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte declaró “inadmisible” el recurso extraordinario por salto de instancia que había interpuesto el Estado nacional. El Gobierno buscaba que el tribunal interviniera antes de que avanzara el trámite regular del expediente. El máximo tribunal sostuvo que “no se observan los requisitos” previstos por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para habilitar esa vía.

El fallo tuvo una extensión breve, pero ordenó el conflicto de otra manera. La Corte no dijo si la reforma laboral es válida o inválida. Tampoco fijó el alcance final de los artículos discutidos. El tribunal cerró el acceso directo que pretendía el Ejecutivo, mientras la controversia sobre condiciones laborales, contratación, salarios, aportes e indemnizaciones sigue abierta. El expediente vuelve a quedar sujeto a los tiempos de la instancia ordinaria, donde la CGT busca que la Justicia se pronuncie sobre la legalidad de una medida del Poder Ejecutivo en materia laboral.

El per saltum es una herramienta excepcional. Sólo procede ante supuestos de gravedad institucional y daño irreparable que no admitan demoras. La Corte entendió que esas condiciones no estaban verificadas. La representación del Estado estuvo a cargo de Mayra Rafaela Cosentino, de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

Para el Gobierno, el recurso apuntaba a obtener una resolución favorable de la Corte antes de que se pronunciara el juez de primera instancia. Para la CGT, la discusión central es la legalidad de la reforma laboral y su impacto sobre derechos de los trabajadores. El dato jurídico pesa sobre la vida laboral: mientras no haya sentencia de fondo, las reglas que ordenan despidos, aportes, registración y negociación salarial quedan bajo disputa.

La reforma ya está vigente en el fuero contencioso, aun después del rechazo del per saltum por parte de la Corte. Ese punto impide leer el fallo como una suspensión general de la reforma. El tribunal sólo resolvió que no aceptaba intervenir por la vía extraordinaria elegida por el Ejecutivo.

Los documentos disponibles no detallan en esta instancia la lista completa de artículos suspendidos, vigentes o cuestionados, ni la cantidad de trabajadores alcanzados por cada norma. Ese dato falta para medir con precisión el efecto material de la reforma sobre ingresos, aportes, indemnizaciones y condiciones de contratación. Lo que sí surge del expediente es que la pelea no quedó cerrada: cambió de carril judicial.

La decisión de la Corte se conoció en una jornada en la que el Gobierno también recibió una señal favorable en otra causa con impacto directo sobre salarios. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra una cautelar que lo obligaba a cumplir de inmediato con artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. Esos artículos están vinculados a salarios docentes y no docentes y a la actualización de becas.

En ese expediente, la Cámara habilitó que el caso llegue a la Corte Suprema. La resolución fue firmada por Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira. El fallo no revierte la cautelar vigente, pero abre la puerta para que el máximo tribunal decida si interviene y qué alcance le otorga al planteo del Ejecutivo.

El conflicto universitario también tiene una traducción salarial inmediata. La cautelar había ordenado cumplir artículos referidos a salarios y becas. El Gobierno cuestiona la ejecución de la ley con el argumento de que no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas para financiarla. La Cámara ya había rechazado ese argumento el 31 de marzo, cuando confirmó la cautelar dictada en primera instancia.

El Estado insistió con el recurso extraordinario ante la Corte. La Casa Rosada sostiene que la implementación de la ley debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria para evitar un impacto sobre el equilibrio fiscal. La Cámara, al mismo tiempo, rechazó el planteo oficial sobre una supuesta gravedad institucional y señaló que el Estado tampoco demostró una frustración real y concreta de un derecho federal.

La diferencia entre los dos expedientes muestra el mapa judicial del Gobierno. En la reforma laboral, la Corte no aceptó el atajo procesal. En el financiamiento universitario, la Cámara abrió el camino para que la Corte evalúe el caso. En ambos frentes, la discusión presupuestaria y legal cae sobre trabajadores: empleados alcanzados por la reforma laboral, docentes, no docentes y estudiantes que dependen de becas.

Dentro del sistema universitario hay expectativa por los tiempos y la forma de implementación. Sectores de la Universidad de Buenos Aires prevén que cualquier erogación eventual pueda realizarse de manera escalonada y no mediante un desembolso retroactivo total e inmediato. También consideran posible que la ejecución vuelva a demorarse por el nuevo recorrido judicial del expediente.

La Corte todavía no se pronunció sobre el fondo de la reforma laboral. Sólo dijo que el Gobierno no cumplió los requisitos para saltear instancias. La Cámara, en cambio, habilitó que la discusión por financiamiento universitario avance hacia el máximo tribunal. Los salarios, las becas y las condiciones laborales quedan entonces sujetos a decisiones judiciales que todavía no tienen cierre definitivo.

JJD

Fue este mismo lunes. Mientras los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron en un acto formal un proyecto de reglamento que busca acotar la discrecionalidad política en la selección de magistrados, el Poder Ejecutivo remitió al Senado los pliegos de los candidatos para ocupar más de 50 cargos federales vacantes con un nombre que se destacó entre los postulantes: Emilio Rosatti, hijo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, fue propuesto para el tribunal federal de juicio de Santa Fe.

En total, el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, envió 52 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. La operación busca poner fin a más de dos años de parálisis en la cobertura de vacantes y marca el primer movimiento concreto del gobierno de Javier Milei para remodelar el mapa judicial del país. Se especula que en los próximos días ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.

Actualmente hay más de un tercio de los cargos federales vacantes, además de la propia Corte Suprema, que tiene dos sillas vacías. Los más de 300 cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

Lo sugestivo del envío de los pliegos fue el momento. Mientras el proceso de envío de pliegos –entre ellos el del hijo de Rosatti– que activó este lunes el Ejecutivo está regido por el reglamento vigente, en la misma jornada la Corte Suprema presentó un proyecto para modificar el modo en que se seleccionan los jueces.

El pliego Rosatti

El diploma de Emilio Rosatti llegó al Senado en la segunda tanda de la tarde de este lunes, junto a las otras candidaturas. Fue propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Según trascendió, el presidente de la Corte no participó de la votación de su terna en el Consejo de la Magistratura, que además encabeza el propio Rosatti. 

Tanto el pliego de Rosatti hijo como del resto de los candidatos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano libertario Juan Carlos Pagotto, pero no podrán tratarse hasta que tomen estado parlamentario en una sesión de la Cámara Alta. La intención de Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, es acelerar el proceso para la semana que viene, luego del doble feriado del 2 de abril y Semana Santa.

Más allá del apellido Rosatti, la lista de pliegos contiene varias designaciones de alto valor político-judicial. Tres nombres para los Tribunales Orales Federales de La Plata –Carlos Fabián Cuesta, María Verónica Michelli y María Julia Sosa, todos para el TOF N° 3– concentran especial atención: ese tribunal tiene competencia sobre causas de lesa humanidad en la región bonaerense, algunas de las cuales involucran a militares y civiles, en el contexto de un gobierno que tiene un fuerte sesgo negacionista.

En el fuero Penal Económico, hubo dos vocales propuestos para la Cámara de Apelaciones –Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway– y un fiscal para el mismo fuero: Juan Andrés Moldes. El Penal Económico es el fuero donde tramitan causas de lavado de dinero, evasión y corrupción empresarial. La composición de sus cámaras tiene impacto directo sobre investigaciones que involucran a sectores del poder económico y financiero.

En la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional –el tribunal de segunda instancia que revisa las sentencias penales más relevantes del país– figura Nicolás Grappasonno. Y para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Santiago Quian Zavalía. Ambas designaciones tienen peso institucional: quiénes integren esos cuerpos determinarán, en buena medida, el rumbo de los procesos penales de mayor trascendencia pública en los próximos años.

El reglamento que Rosatti no firmó, y Mahiques aplaudió

El acto de presentación del proyecto de nuevo reglamento que impulsan Rosenkrantz y Lorenzetti se realizó en la Sala de Audiencias de la Corte y reunió a buena parte del establishment judicial: consejeros de la Magistratura, camaristas, fiscales, presidentes de tribunales provinciales, académicos y representantes de colegios de abogados. Entre los presentes estaba el ministro Mahiques, quien escuchó en primera fila cómo Rosenkrantz proclamaba que el objetivo del nuevo reglamento es “eliminar la discrecionalidad” en la selección de jueces.

Las palabras de los dos jueces firmantes no dejaron margen para la ambigüedad. Rosenkrantz señaló que la propuesta busca “identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad”, y advirtió que el reglamento tiene una lógica sistémica que no debería modificarse en sus aspectos centrales. Lorenzetti, por su parte, fue más explícito sobre el diagnóstico: habló de “un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces” y describió la situación actual como “un puente que ya se transita demasiado entre los poderes ejecutivos y los judiciales”.

El mecanismo que proponen reemplaza el sistema vigente con exámenes de 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, corrección automatizada y anonimato garantizado por tecnología. La entrevista personal –históricamente la etapa más expuesta a presiones– queda limitada a solo 20 puntos sobre el total. El proyecto también incorpora concursos anticipados como regla y un legajo digital único para los postulantes. No requiere gasto extraordinario y, según sus impulsores, debería reducir los tiempos de selección, hoy extendidos durante años.

La acordada lleva únicamente las firmas de Rosenkrantz y Lorenzetti. Rosatti no la suscribió, a sabiendas de que encabeza tanto la Corte Suprema como el Consejo de la Magistratura, el organismo al que va dirigida la propuesta y que deberá tratarla en plenario. El contexto es relevante: en el Consejo ya hay 15 proyectos en discusión para reformar el sistema de concursos, presentados por consejeros de distintos sectores –jueces, abogados, académicos y representantes políticos–, ninguno de los cuales había llegado hasta ahora al plenario. La propuesta de la Corte se suma como un jugador externo que busca forzar la discusión.

Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo deberá aprobarlo. Mientras tanto, los 45 pliegos enviados este lunes por el Ejecutivo no pasaron por ninguno de estos mecanismos: provienen del sistema anterior, donde el Consejo elabora las ternas y el Ejecutivo elige a quién propone. La reforma es para el futuro. El presente, en cambio, quedó para el reparto.

El antecedente de “Coco” Mahiques

El gobierno de Milei llevaba más de dos años evitando cubrir vacantes en el Poder Judicial –más de 300 acumuladas–. Pero ahora, con Mahiques al frente del ministerio, decidió activar la maquinaria de golpe.

El apellido Rosatti es sugestivo entre los candidatos. Pero el propio ministro tiene un interés agregado: tiene a su propio padre esperando acuerdo en el tribunal penal federal más importante del país.

El 18 de marzo, hace dos semanas, el Senado dio ingreso al expediente de Carlos “Coco” Mahiques –padre del ministro de Justicia– para su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal. “Coco” Mahiques cumple en noviembre los 75 años, edad límite para ser juez, y necesita un nuevo nombramiento por cinco años para seguir en el cargo. Ya tiene la venia del oficialismo.

MC

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una causa por presunto lavado de activos vinculada a la compra de un departamento en Miami en 2011. La decisión, adoptada por mayoría, dejó sin efecto el cierre del expediente -que había sido confirmado en tres instancias- y ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal dicte un nuevo fallo atendiendo los planteos de la fiscalía.

La causa se originó a partir de la adquisición de un inmueble en el edificio Icon, en Brickell Avenue, por US$402.963,62, a través de la sociedad ICON UNIT 1704 LLC, constituida en Florida un mes antes de la operación. Según consta en el expediente, los fondos utilizados para la compra provinieron de dos préstamos: uno otorgado por el BAC Florida Bank por US$219.000 y otro por US$184.000 de la sociedad uruguaya Fawsley S.A.

En primera instancia, el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, sobreseyó a Macri al considerar acreditada la existencia y documentación de los préstamos y descartar relevancia penal en los hechos. Esa decisión fue ratificada por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín y luego por la Cámara Federal de Casación Penal, que entendió que los agravios del Ministerio Público Fiscal eran meras discrepancias sin sustento suficiente para reabrir la investigación.

Sin embargo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, recurrió a la Corte al sostener que el caso no había sido investigado en profundidad y que existían elementos que ameritaban continuar con las medidas de prueba. En particular, cuestionó la naturaleza del préstamo proveniente de la sociedad uruguaya, al señalar que podría tratarse de una maniobra simulada y que no se habría acreditado adecuadamente su cancelación. También mencionó la cesión parcial del crédito a una firma panameña vinculada a un familiar del funcionario.

La mayoría de la Corte -integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Guillermo Sánchez- consideró que el fallo de Casación no dio respuesta suficiente a los argumentos del fiscal y que algunos planteos habían sido “dogmáticamente soslayados”. En ese marco, resolvió descalificar la sentencia apelada y reenviar el caso para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

En su voto, el tribunal sostuvo que si bien no corresponde en principio a la Corte revisar cuestiones de hecho y prueba en un recurso extraordinario, sí puede intervenir cuando se verifica arbitrariedad o afectación de garantías constitucionales, como la debida fundamentación de las resoluciones judiciales.

El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Sostuvo que el recurso del fiscal carecía de fundamentación autónoma suficiente y que las instancias previas habían analizado de manera razonada la prueba documental y pericial. Recordó que tres tribunales coincidieron en descartar la hipótesis delictiva y que se acreditó la procedencia regular de los fondos, así como su declaración ante la AFIP y en el marco del sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.260.

Con la decisión del máximo tribunal, el sobreseimiento pierde por ahora efecto y la Cámara de Casación deberá dictar un nuevo fallo, esta vez abordando específicamente los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal.

Desde el entorno del jefe de Gobierno porteño señalaron que respetan la resolución de la Corte y reiteraron que las pruebas ya incorporadas acreditan la inexistencia de delito. También indicaron que, aun si se profundiza la investigación, el resultado será el mismo.

La causa, iniciada hace más de una década a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), vuelve así a escena y reabre el debate judicial sobre el alcance de la investigación y la suficiencia de la prueba en casos de presunto lavado que involucran a funcionarios públicos.

CRM/MC

La Corte Suprema de Justicia confirmó que el dirigente social y diputado nacional Juan Grabois continuará como querellante en la causa que investiga presuntas maniobras de estafa vinculadas al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en febrero por el presidente Javier Milei. El máximo tribunal rechazó un pedido de los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes buscaban apartarlo del expediente.

En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que el planteo presentado no se dirigía contra una sentencia definitiva, por lo que no cumplía los requisitos para ser tratado como recurso extraordinario. De esta manera, Juan Grabois seguirá representando a tres damnificados junto a los abogados Nicolás Rechanik y Carolina Palacio Roitbarg, con facultades para impulsar medidas de prueba y participar activamente en el proceso penal.

Tras conocerse el fallo, el dirigente celebró la decisión en sus redes sociales y aseguró que la Corte también desestimó “los intentos del gobierno y sus secuaces” para impedir su participación en otras causas. Además, recordó el caso de los alimentos acopiados por el Ministerio de Capital Humano, donde la Justicia había ordenado su distribución. “El que las hace las paga. Vamos a seguir litigando, vamos a seguir luchando contra este gobierno hambreador, estafador y criminal”, expresó.

La investigación por $LIBRA se inició luego de que un tuit del presidente Javier Milei impulsara, en febrero pasado, una escalada abrupta del valor del token: pasó de 0,01 a 5 dólares en cuestión de horas antes de desplomarse. En ese lapso, algunas personas lograron retirar alrededor de 100 millones de dólares, mientras que otras sufrieron pérdidas significativas, lo que alimentó las sospechas de una maniobra fraudulenta.

Además del jefe de Estado, la causa involucra a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; a Julian Peh y Hayden Mark Davis, vinculados al diseño y lanzamiento de la criptomoneda; a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores; y a los organizadores del evento “Tech Forum”, Novelli y Terrones Godoy, en el que Milei había hablado públicamente sobre criptoactivos en 2024.

JIB

El exgobernador de Tucumán José Alperovich seguirá en prisión domiciliaria por decisión de la Corte Suprema, que dejó firme la decisión de encarcelar al exmandatario provincial desde el momento en que fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual agravado.

La defensa del exfuncionario, hoy en prisión domiciliaria por razones de salud, había llegado hasta el máximo tribunal en busca de la excarcelación que se le había negado hasta ahora en todas las instancias previas, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario por inadmisible.

El 18 de junio del 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, integrado unipersonalmente por el juez Ramos Padilla, condenó a Alperovich por considerarlo responsable de tres hechos de “abuso sexual simple” y seis hechos de “abuso sexual agravado por haber sido cometidos con acceso carnal”, cometidos entre 2017 y 2018.

Esa misma noche, el magistrado a cargo del juicio oral ordenó la inmediata detención y la prisión preventiva del exfuncionario, y contra esa decisión la defensa presentó un pedido de excarcelación.

Tras la oposición de la fiscalía y de la Cámara de casación, los abogados de Alperovich presentaron entonces un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia.

Los jueces del máximo tribunal rechazaron la presentación por considerarla inadmisible a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, según se informó en un comunicado,

La denuncia contra Alperovich fue radicada en 2019 por una sobrina, 35 años menor, que trabajaba para él en la campaña política electoral que intentaba reubicarlo por cuarta vez en la gobernación en las elecciones de 2019.

Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado nacional.

“En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, se sostuvo en la acusación.

Con información de la agencia NA

La Corte Suprema de Justicia condenó este martes al Estado nacional, a la norteña provincia de Jujuy y a dos empresas, por la contaminación del Parque Nacional Calilegua, que integra la Reserva de Biósfera de las Yungas -reconocida por la Unesco en 2002-, informaron fuentes judiciales.

En su resolución, el máximo tribunal ordenó al Estado argentino y al de la provincia de Jujuy ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental y frenar la actividad petrolera del yacimiento Caimancito y del pozo Ca.e3.

El fallo condenatorio también alcanza a la empresa estatal provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y a la firma Jujuy Hidrocarburos (JH).

“La continuación de la explotación hidrocarburífera resulta manifiestamente ilegal, razón por la cual debe cesar”, afirmó la Corte en el fallo sobre una causa por contaminación impulsada por un grupo de vecinos del parque nacional Calilegua.

Según el Supremo, el Estado nacional y la provincia no cumplieron con sus deberes de fiscalización. “Se ha acreditado la existencia de un daño ambiental ilícito derivado de la existencia y mantenimiento de los pozos petroleros inactivos en los que no se han implementado los mecanismos de abandono exigidos por las normas aplicables para evitar la contaminación ambiental”, afirma el fallo.

La explotación en el yacimiento Caimancito, ubicado dentro del parque nacional en mención, comenzó en 1969, antes de la creación del área protegida en 1979. En el yacimiento Caimancito hay una treintena de pozos activos e inactivos. El pozo identificado como Ca.e3 colapsó en 1997 y generó severos daños ambientales en la zona, que incluyeron la contaminación del arroyo Yuto.

En 2014, vecinos del lugar presentaron una acción de amparo judicial por daño ambiental contra la Administración de Parques Nacionales, el Estado nacional, la provincia de Jujuy, varias empresas petroleras y el Municipio de Yuto.

La Corte rechazó que la condena sea extensiva a las petroleras YPF y Pluspetrol y a la Municipalidad de Yuto, así como al demandado Felipe Frognier “pues no se ha demostrado que el pozo Ca.e3 del yacimiento Río Colorado se encuentre en tierras de su titularidad”.

Con información de la agencia EFE

El triunfo arrollador del peronismo en Formosa le allanó el camino a Gildo Insfrán para continuar al frente del poder local: tendrá la mayoría para reformar la constitución local y esquivar el límite que le impuso la Corte Suprema de Justicia cuando el año pasado declaró inconstitucional la reelección indefinida en la provincia. La clave de la nueva carta magna que el gobernador impulsa está en que el inicio de la nueva cuenta sobre los mandatos sea a partir de 2027; es decir, que no se tengan en cuenta los 30 años que lleva como mandamás local.

Insfrán asumió por primera vez en diciembre de 1995 pero está en el centro del poder local desde mucho antes, ya que entre 1987 y 1995 fue vicegobernador de Vicente Joga. La sombra de Insfrán se extiende tanto en el tiempo que para cualquier joven formoseño de 30 años fue el único gobernador que tuvo la provincia. Incluso sería el gobernador con mayor tiempo en el poder en toda Latinoamérica.

Con María Graciela de la Rosa como primera candidata, el oficialismo formoseño sacó el 67% de los votos. Quedó muy atrás el senador nacional Francisco Paoltroni, libertario pero distanciado de Javier Milei, que cosechó 20 puntos. Si bien el máximo tribunal le puso un límite al fallar en diciembre del año pasado, aclaró que tenía que ser la propia provincia la que corrija la cláusula reeleccionista mediante su propio sistema de reforma constituyente.

Es lo que empezará a discutirse de ahora en más en el ámbito de la Convención Constituyente dominada por el gildismo. El cuerpo deliberativo funcionará en el edificio de la Legislatura provincial y estará integrado por 30 convencionales. Cuentan con dos meses para redactar una nueva Constitución, con un mes más de prórroga.

El fallo que en su momento firmaron Horacio Rossati, Carlos Rosenkratz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda olió a acuerdo político, porque si bien fue muy crítico, le dejó una luz al final del túnel a Insfrán, que va por su octavo mandato y podría llegar a diez. La oposición más dura del radicalismo y de Paoltroni llegaron a pedir hasta la intervención provincial.

La medida judicial tenía otra trama detrás: en diciembre pasado aún estaba en juego como miembro de la Corte la candidatura de Ariel Lijo, juez federal que en tiempos del kirchnerismo pateó para la justicia provincial la causa de la consultora The Old Fund –en la que estaba involucrado Amado Boudou por la venta de Ciccone– que le había cobrado a Formosa una comisión por el canje de la deuda pública local por $312,9 millones.

Cuando Lijo expuso ante el Senado como candidato a la Corte, el senador Paoltroni indagó a Lijo sobre porqué se desligó de esa causa, enviándola a la Justicia provincial –supuestamente dominada por Insfrán–. “Yo cumplí con una orden de la Corte de enviársela al juez federal con asiento en Formosa porque el federalismo también incluye a la justicia federal. La especulación sobre cómo el gobernador o la provincia cómo iba a tratar la cuestión es una especulación que no me corresponde a mí hacer”, respondió Lijo en la Cámara alta.

“Si entraba Lijo, la sentencia cambiaba”, aventuró en su momento el diputado radical Fernando Carbajal. Finalmente la bancada peronista –que no por nada tiene entre sus espadas al formoseño José Mayans– terminó bajándole el pulgar al pliego de Lijo para la Corte. Ahora Unión por la Patria en el Senado es el que impulsa una reforma para ampliar el número de bancas de la Corte Suprema.

Los proyectos en debate proponen la ampliación de cinco a siete, nueve y hasta quince ministros de la Corte. Si bien el debate está abierto desde hace tiempo, se aceleró en las últimas semanas como una jugada política de Cristina Kirchner para horadar a Rosatti, quien impulsó la condena en su contra. La movida tiene, según pudo saber elDiarioAR, cierto acuerdo con el senador salteño Juan Carlos Romero, que es peronista pero dialoga con los libertarios. Anoche la expresidenta habló con Insfrán para “felicitarlo por el excelente resultado del peronismo en la elección de Convencionales Constituyentes y de legisladores provinciales”.

MC

Mientras vamos cursando lo nuevo en sus modalidades más siniestras, enajenados cada vez más de la experiencia del asombro, se acaba la semana en la que el cliché se hizo realidad: Cristina presa. Se cumple así la voluntad penitenciaria de los millones de argentinos intachables, impecables e insobornables que habían estado deseando ese castigo mucho más que su propia felicidad.

El servicio de cadetería de la Corte Suprema de Justicia rubricó en nombre de la Ley y la República su poder de ejercer el arte de la literatura judicial, y las cuentas acerca de quiénes mandan acá quedaron saldadas.

Mientras El Laringófono de Dios de El Magnetófono (¡su maldad arquetípica de cómic al final era verdadera!), monitoreaba desde su cueva de Piedras 1743 el progreso del sueño cumplido, se iba imponiendo una non fiction de Estado, inclinada a reemplazar las pruebas contra la condenada por un principio de verosimilitud creado de antemano mediante la repetición a coro de tres palabras: chorra, chorra y chorra.

El suceso penal de deriva histórica ocurrió en ausencia del presidente Javier Milei, de nueva gira autocelebratoria por el mundo, cuyo promedio es una cada treinta días. Esta vez con cumbre en Israel, donde recibió el “Premio Nobel Judío”, citó a Borges y abrazó en el Muro de los Lamentos a su amor, el adorable matarife de Gaza Benjamín «Bibi» Netanyahu, para consolidar una política exterior “argentina” basada en un doble rimming bien gauchito, que tiene de destinatarias las zonas más oscuras de Netanyahu y Donald Trump.

Lo que cuenta Elisabetta Piqué en La Nación produce un cosquilleo de intranquilidad y vértigo. El presidente Javier Milei, que está haciendo de la Argentina su objeto transicional, firmó un Memorándum en Defensa de la Libertad y la Democracia contra el Terrorismo y el Antisemitismo que, según Piqué, no sólo es un “alineamiento incondicional y sin precedente con el Estado judío, sino que va mucho más allá”. ¿Se puede ir “mucho más allá” de un “alineamiento incondicional”? ¿Acaso me estoy quedando corto con el concepto de rimming?

Ese más allá consiste en una política de cooperación en contra del terrorismo, investigaciones en cibercrimen, el desarrollo de carriles aduaneros fast track, lanzamientos satelitales conjuntos e instalación de centros de tecnología hídrica en el río Paraná. Lo que debería traducirse, respectivamente, como un “¡Hola! ¡Acá estoy!” al terrorismo que no sabía que existíamos (la analogía que se me ocurre es la de estirar un dedo para meterlo en un ventilador gigante enchufado a 13 mil kilómetros de distancia), una cesión de los secretos de Estado (más bien que sin reciprocidad), un tráfico aduanero turbio, la licuación de los programas locales vinculados a satélites y -adivinen- ¿una colaboración para la pesca del dorado en bote o el abandono del control estratégico de la Hidrovía?

¿A quién le contó los términos del acuerdo -no mis fantasías infundadas- Axel Wahnish, Embajador de Argentina en Israel (¿o era al revés?) y rabino que “guía” espiritualmente al Presidente Milei? ¿A Elisabetta Piqué, que le pidió información para La Nación? No, con ella no quiso hablar. Se lo contó a The Jerusalem Post.

En los días en los que Javier Milei se acercaba a la Presidencia de la Nación -nadie que lo haya visto moverse en las penumbras de la inestabilidad puede decir que no lo advirtió-, sus “problemas” estaban maduros para algún tratamiento de estabilización. Era lo recomendable, visto que se trataba de un estado que podía describirse simultáneamente como grave y agudo. Hablo de un gesto de cuidado que no ocurrió y que, al no ocurrir, terminó afianzando esos “problemas”, al modo de una falsa cura “en medio” de la enfermedad del poder.

Verlo al Presidente argentino entregarse sin ningún calculo ni sentido del peligro a la fiebre de exterminio de Netanyahu (como podría entregarse a Hamás si se le invirtieran los polos eléctricos: el asunto es adherir a alguna locura), emocionado, llorando en nombre de la Argentina, y decidir un puente aéreo directo entre Tel Aviv y Buenos Aires pocas horas antes de los bombardeos de Israel a Teherán, y de los de Irán a Tel Aviv, produce un estremecimiento civil y una pena de piedad por él, cuya idiotez de profundidades abisales no es capaz de distinguir que el arreo de la Argentina hacia ese polvorín no es una mera misión personal.

El empequeñecimiento de la Argentina es galopante. El presidente Javier Milei camina con su paso de ritmo ilegible por la línea que va del complejo de inferioridad al delirio de grandeza. Por ahora -un ahora que empieza a compactarlo- tiene suerte, pero todo lo que hoy parece beneficiarlo y acompañarlo -menos el poder real, que lo engorda por gavage- es falso.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina es el corolario de un falseo, el “Premio Nóbel Judío” no es el Premio Nóbel de Suecia, el precio del dólar es falso, el crecimiento de la economía es falso, las entrevistas que Milei les concede a Luis Majul, Johnatan Viale, Horacio Cabak y Gabriel Anello son falsísimas (aunque quizás menos que ellos), Manuel Adorni está falseado, la “amistad” que le profesa Netanyahu es falsa como es falsa la “genialidad” de su ex “amigo” Elon Musk, Fátima Flores y Yuyito González fueron sus falsas novias, es falso que no tuvo nada que ver con el criptomejicaneo de $Libra, Santiago Caputo falsifica el noble acto de fumar, el vozarrón criptogay de José Luis Espert oculta falsetes, Agustín Laje es un falsario, los bracitos engordados del Gordo Dan tienen músculos refalsos, etc.

Los “problemas” del presidente se seguirán presentando como componentes de coraje mientras la crin de poder del que cuelga la espada que le apunta a la cabeza no se corte. Cuando eso ocurra, el desastre lo encontrará en una soledad que nadie desearía ni para sus enemigos, y la literatura pública argentina cambiará drásticamente de género. Mientras tanto, la realidad se manifiesta todavía en términos fantásticos.

JJB/MF

La Corte Suprema de Justicia se encuentra en una encrucijada institucional de alto voltaje político: debe resolver en los próximos días —aunque probablemente su pronunciamento no se produzca esta semana— si ratifica la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La decisión podría sellar su futuro electoral inmediato, ya que la exmandataria acaba de lanzar su candidatura a diputada nacional por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, y además podría ir presa.

El fallo de la Corte determinará si Cristina puede competir en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. La fecha que todos en el oficialismo miran con atención es el 19 de julio, cuando se cierran las listas. Si la condena se confirma antes de ese día, Fernández de Kirchner no podrá postularse. Si logra inscribirse a tiempo, quedará amparada por los fueros parlamentarios.

La condena, dictada por el Tribunal Oral Federal y ratificada por la Cámara de Casación, sólo necesita ahora el aval del máximo tribunal para quedar firme. Según pudo saber elDiarioAR, la Corte ya trabaja sobre el expediente, pero no habrá definición esta semana, a pesar de las versiones que circularon en los últimos días. Fuentes cercanas a los jueces descartaron la urgencia que intenta instalar Ricardo Lorenzetti, uno de los vocales que empuja un fallo inminente.

Aunque estos procesos suelen tomar años, la causa Vialidad se encuentra bajo revisión activa por parte de los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti. En el peronismo ya se encendieron las alarmas. Según supo este medio, en el Senado se convocó a legisladores a mantenerse en guardia ante una posible orden de detención. “Es inminente”, advirtieron en un despacho de Unión por la Patria. La tensión aumentó durante el fin de semana, luego del violento desalojo del Instituto Perón y la detención sin orden judicial de Juan Grabois, que fue liberado 12 horas más tarde.

En paralelo, los movimientos sociales, gremios y agrupaciones afines a la expresidenta se preparan para resistir una eventual avanzada de la Policía Federal. Cristina cree que el fallo de la Corte será adverso y que se ordenará su detención de inmediato, según fuentes de su entorno. Aun así, coincide con el diagnóstico del máximo tribunal en que la definición no llegará esta semana.

El exministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, hoy jubilado, explicó en una entrevista radial que existen tres caminos posibles para la resolución del caso. La primera opción sería que el tribunal haga lugar al planteo del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien pidió una sentencia más dura —de doce años— por considerar que la exjefa de Estado también debe ser condenada por el delito de asociación ilícita, y por lo tanto que se devuelva la causa a la Cámara de Casación para esa revisión.

La segunda alternativa es que la Corte utilice el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y confirme la condena sin mayores fundamentos, tratándola como una causa de derecho común y sin gravedad institucional. Esta vía permitiría un fallo rápido.

La tercera vía sería considerar el expediente como una causa federal o de naturaleza constitucional, lo cual implicaría un análisis más extenso. Para que haya decisión, los tres jueces deben coincidir, y si no hay acuerdo, se deberá convocar a conjueces.

Maqueda fue categórico al rechazar la idea de una proscripción. Afirmó que no existe tal figura en el derecho argentino y que “en la política se objeta todo, pero esto no tiene nada que ver con una proscripción política”.

Desde el oficialismo interpretan la maniobra judicial como un intento de frenar el regreso electoral de CFK. El anticipo de su postulación como diputada fue leído como un mensaje directo a la Corte, más que como una jugada contra el gobernador Axel Kicillof o los intendentes del conurbano. “Si me inscribo antes del 19 de julio, tengo fueros”, razona la expresidenta, según dejaron trascender sus allegados.

El reloj institucional ya empezó a correr. La Corte tiene en sus manos una definición que, más allá de su peso jurídico, condiciona la estrategia política del peronismo en el principal distrito electoral del país.

JJD

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó in limine la recusación que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner había presentado contra el juez Ricardo Lorenzetti en el marco de la causa Vialidad. El fallo, adoptado por unanimidad entre Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y el propio Lorenzetti, consideró que el planteo fue presentado fuera de plazo y sin fundamentos jurídicos sólidos.

Según la decision de la Corte, los argumentos de Fernández de Kirchner para recusar a Lorenzetti son “manifiestamente inadmisibles”, por lo que deben ser desestimadas de plano.

Con esta decisión, queda despejado el camino para que el máximo tribunal decida el futuro judicial de la expresidenta. Los tres miembros de la Corte deberán reunirse para decidir si confirman la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. De confirmarse el fallo del Tribunal Oral Federal 2, Cristina Fernández de Kirchner no podrá presentarse como candidata en las elecciones bonaerenses. Sin embargo, la Corte no tiene plazos para expedirse aunque su decisión está atravesada por cuestiones políticas en un año electoral.

La recusación, presentada el 5 de mayo, alegaba que Lorenzetti no garantiza imparcialidad por antecedentes de disidencias judiciales, declaraciones televisivas y una denuncia parlamentaria realizada por la senadora Anabel Fernández Sagasti. Los abogados invocaron que el comportamiento de Lorenzetti vulneraría los principios de imparcialidad judicial establecidos en los Principios de Bangalore y en precedentes jurisprudenciales como el caso “Llerena”.

La Corte, sin embargo, sostuvo que “la mayoría de los hechos alegados ya eran conocidos con anterioridad” al recurso extraordinario del 13 de febrero, y que por lo tanto debieron haberse planteado antes. Sobre las declaraciones más recientes —como la entrevista del 1º de mayo donde Lorenzetti opinó que el caso debía resolverse antes de las elecciones— el tribunal concluyó que “no constituyen una causal objetiva ni comprobable de recusación”.

“El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley”, afirma el fallo, que además remarca que no se ofrecieron pruebas ni se invocaron causales previstas por el Código Procesal Penal.

Por último, la Corte reiteró que las recusaciones contra sus propios miembros deben ser interpretadas de manera restrictiva, argumentando que su aceptación podría afectar el principio del juez natural y el normal funcionamiento institucional.

La Corte tambien deberá resolver si acepta el planteo del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien a mediados de mayo pidió que se eleve a 12 años de prisión la condena de la expresidenta por supuestamente encabezar una asociación ilicita para beneficiar a empresarios amigos en la obra pública en Santa Cruz.

Por primera vez desde que llegó a la Corte Suprema, el expediente de la causa Vialidad empieza a moverse. El máximo tribunal le dio vista al procurador general interino Eduardo Casal para que dictamine si respalda el pedido de la fiscalía del caso, de elevar la condena de Cristina Fernández de Kirchner de 6 a 12 años de prisión. Con este paso, se inicia formalmente el tratamiento de los 17 recursos de queja presentados en el expediente, incluido el de la defensa de la expresidenta de la Nación y el de Mario Villar, fiscal ante la Cámara de Casación Penal.

Villar insiste en que a la exmandataria se le debe aplicar también el delito de asociación ilícita, además del de administración fraudulenta por el cual ya fue condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa condena fue confirmada por la sala IV de la Cámara Federal de Casación, pero no incluyó la figura de asociación ilícita, por lo que el fiscal recurrió con una queja directa a la Corte.

La decisión de Casal es clave, porque su dictamen puede inclinar la balanza dentro del máximo tribunal. Aunque no tiene plazos para pronunciarse, una vez que lo haga, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán decidir si abren o rechazan los recursos. Si no los abren, la condena quedará firme y comenzará a ejecutarse no solo para Cristina sino para todos los acusados.

En su presentación, Villar calificó de “arbitraria” la decisión de Casación que ratificó la absolución por asociación ilícita tanto de la exmandataria como del empresario Lázaro Báez, y la calificó como una “decisión inválida”. También apuntó contra las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, cuyos sobreseimientos quiere revertir. Sobre todo esto también deberá pronunciarse Casal.

El fiscal advirtió que la causa Vialidad es un caso emblemático en materia de lucha contra la corrupción, y que por lo tanto su resolución tiene “interés institucional” y compromete la “responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Este es el primer movimiento de fondo que hace la Corte en el expediente, que entró en sus despachos por vía de recursos de queja directa. En el plano político, la definición sobre la eventual prisión efectiva de Cristina Kirchner y de otros exfuncionarios del kirchnerismo puede tener un alto impacto político, sobre todo en este año electoral, en el que se le atribuye a la exjefa de Estado la intención de ser candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires.

Si el tribunal decide rechazar los recursos sin abrirlos, las condenas quedarán firmes de inmediato. Si, en cambio, resuelve abrirlos, se abre un nuevo período de discusión que podría extenderse varios meses más antes de una sentencia definitiva.

JJD, con información de NA.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por la defensa del médico Aníbal Lotocki, en el marco de la causa en la que fue condenado por lesiones graves reiteradas y estafa. El máximo tribunal consideró que el planteo no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, y por lo tanto no correspondía su tratamiento.

El caso judicial que tiene como protagonista a Lotocki se originó a partir de intervenciones quirúrgicas realizadas a cuatro pacientes que denunciaron haber sufrido lesiones físicas de carácter grave. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 de la Capital Federal lo absolvió por el delito de estafa, pero lo condenó a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación especial para ejercer la medicina como autor del delito de lesiones graves reiteradas, en concurso real.

Esa sentencia fue apelada por la defensa, la fiscalía y las querellas. La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena por las lesiones y además condenó a Lotocki por el delito de estafa, lo que implicó elevar la pena a ocho años de prisión y diez años de inhabilitación profesional.

Frente a esa resolución, la defensa particular del médico interpuso un recurso extraordinario, que fue declarado inadmisible por la Cámara. En respuesta, presentó una queja ante la Corte Suprema, que ahora resolvió desestimarla, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La resolución de la Corte no implica ningún pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de Lotocki, ni confirma ni anula la condena. Se limita a señalar que el planteo no se dirigió contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, por lo cual el recurso fue inadmisible desde el punto de vista procesal.

Silvina Luna: la muerte que conmovió al país

Silvina Luna, modelo, actriz y figura mediática argentina, fue una de las pacientes operadas por Aníbal Lotocki, y su caso se convirtió en el más emblemático de las consecuencias trágicas derivadas de sus intervenciones quirúrgicas. En 2011, Luna se sometió a una cirugía estética de glúteos realizada por Lotocki, durante la cual —según denunció ella misma y confirmó la investigación médica posterior— el cirujano le inyectó metacrilato, una sustancia prohibida en muchos países por sus efectos nocivos en el organismo.

Tras la operación, Silvina Luna desarrolló complicaciones renales severas. Sufrió una hipercalcemia (exceso de calcio en sangre) y posteriormente una insuficiencia renal crónica, que la obligó a realizar tratamientos de diálisis durante años. Estaba en lista de espera para un trasplante de riñón cuando su estado de salud se agravó.

Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, tras pasar semanas internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano. Su fallecimiento generó una conmoción pública y reactivó el repudio social contra Lotocki, que ya enfrentaba varias denuncias similares.

Este fallo es uno de los primeros con la Corte integrada por tres, después de el breve tiempo en que tuvo cuatro integrantes, por la jura del recientemente renunciado Manuel García-Mansilla. Como hubo acuerdo entre los tres, no fue necesario que el tribunal convocara a conjueces.

Según pudo saber elDiarioAR, la Corte, con esta integración, por ahora no tiene previsto abocarse al tratamiento y pronunciarse sobre casos de más grueso calibre político, como el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por la que está condenada.

JJD

Una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró la puerta a una estrategia judicial de Ricardo Echegaray, funcionario de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo de la Corte no está dirigido contra una sentencia definitiva, como dice la sentencia sino a un pedido de nulidad de la defensa. Según explicaron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal, en la práctica el exfuncionario nacional no va preso con esto porque quedan trámites pendientes ya que la Cámara Federal de Casación Penal, en su decisión original, reenvió la causa al Tribunal Oral Federal Nº3 para que determinaran la pena.

El exjefe de la AFIP fue condenado por administración fraudulenta agravada en la causa conocida como “Oil Combustibles”, tras el rechazo del recurso que había presentado su defensa. La acusación se centró en el rol que tuvo como jefe del organismo recaudador en el otorgamiento indebido de planes de facilidades de pago a una empresa ligada al empresario Cristóbal López, lo que derivó en una multimillonaria deuda tributaria impaga entre 2013 y 2015.

Cristóbal López es un empresario que desarrolló un conglomerado económico con fuerte presencia en sectores como el juego, el petróleo, la construcción, los medios de comunicación y el transporte (Oil Combustibles, Oil M&S, Clear Petroleum, C5N, Radio 10, FM Vale, Mega 98.3, Pop Radio, TKM, Minuto Uno, Ideas del Sur, Casino Club, Invernes, Alcalis de la Patagonia (ALPAT), Constructora CPC, Indalo Transporte, Autovía Buenos Aires-La Plata, South Media Investments). Durante los gobiernos kirchneristas, se consolidó como uno de los principales contratistas y concesionarios del Estado, lo que le valió el apodo de “el empresario K” por parte de la prensa.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia de Elisa Carrió, que puso el foco en la omisión sistemática de Oil Combustibles S.A. en pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles líquidos, con la anuencia de la AFIP durante la gestión de Echegaray. A través de planes especiales de financiación, la empresa retuvo montos millonarios sin transferirlos al Estado, lo que fue interpretado por los tribunales como una maniobra fraudulenta que perjudicó directamente a la administración pública.

El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión y lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, su defensa intentó distintos caminos procesales para revertir la sentencia, todos sin éxito.

Primero presentó un recurso de casación, que fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego planteó la nulidad de esa decisión, también desestimada. Al considerar agotadas esas vías, la defensa de Echegaray recurrió a un recurso extraordinario, que también fue declarado inadmisible por la misma Sala de Casación. Finalmente, en un último intento, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

Ese recurso fue rechazado por el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que el planteo no se dirigía contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable a tal, y por lo tanto no podía ser revisado por esa vía.

Por lo tanto, el caso no se cierra de manera definitiva, pues una vez que el TOF fije la pena, Echegaray podría volver con un recurso a la Corte.

Este fallo es uno de los primeros con la Corte integrada por tres, después de el breve tiempo en que tuvo cuatro integrantes, por la jura del recientemente renunciado Manuel García-Mansilla. Como hubo acuerdo entre los tres, no fue necesario que el tribunal convocara a conjueces.

Según pudo saber elDiarioAR, la Corte, con esta integración, por ahora no tiene previsto abocarse al tratamiento y pronunciarse sobre casos de más grueso calibre político, como el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por la que está condenada.

JJD

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, señaló que “es respetable” la opinión del Senado que el jueves rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal.

“El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los Candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”, expresó.

Además, tras asegurar que el futuro de García-Mansilla, el juez que asumió “en comisión” por un decreto del presidente Javier Milei, dependerá de una decisión personal, indicó: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

“Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Además, indicó: “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

Para Lorenzetti, “en estas situaciones, lo importante es ser claro, aplicar el Derecho, sino creamos una confusión muy perjudicial para la gente. Hay que ser muy serios”, sentenció. Y agregó: “La decisión del Senado hay que respetarla, no hay ganadores o perdedores. Soy muy respetuoso de las instituciones. Respeto al doctor Lijo”.

Sobre la decisión que debe tomar el máximo tribunal frente al recurso de queja que presentó Cristina Fernández de Kirchner y la recusación de García-Mansilla, en el marco de la causa Vialidad, por la que está condenada, Lorenzetti explicó: “Lo que entra en el tema de Vialidad es una queja porque no le concedieron un recurso. La Corte tiene que analizar si es correcto o no, y es un tramite interno muy transparente. Hay que dar una imagen institucional fuerte para la población”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

En un comunicado emitido apenas finalizó la votación, el Gobierno acusó al Senado de convertirse en “una máquina de impedir” que opera con el único fin de “obstruir el futuro de la Nación Argentina”. Según la versión oficial, los senadores rechazaron los pliegos propuestos por el presidente Javier Milei luego de dilatar la votación durante meses, priorizando sus “causas judiciales y las de sus dirigentes” por sobre el correcto funcionamiento de uno de los tres poderes de la República.

“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad”, subrayó el comunicado, apuntando al cuerpo legislativo como un “refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”.

La Casa Rosada remarcó que, durante el último año, los senadores tuvieron a disposición los pliegos de García-Mansilla y Lijo, participando en todas las instancias del proceso de selección establecido por la normativa vigente. Sin embargo, tras prolongar la votación durante meses, el Senado rechazó finalmente las propuestas.

El Gobierno señaló que esta decisión constituye una amenaza para la democracia y para la independencia judicial, al anteponer la “protección penal” de la clase política por sobre la normalización del sistema judicial. En ese sentido, el comunicado concluyó afirmando que el Presidente continuará utilizando “todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos” para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza en las instituciones.

JJD

Javier Milei sufrirá las consecuencias de haber firmado por decreto la designación a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Un bloque opositor formado entre el peronismo, los macristas Alfredo de Angeli y María Victoria Huala, el ex libertario Francisco Paoltroni y los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco consiguió quórum en el Senado y se prepara, ahora, para voltear los nombramientos en el recinto. El Gobierno, que fracasó en su intento por desactivar la sesión, no tiene el número para evitar el rechazo.

La Libertad Avanza se rindió casi sin luchar. La UCR le había advertido al Gobierno que, si no retiraba los pliegos, no tendría otra que dar quórum. Eduardo Vischi le pidió, le rogó, a Santiago Caputo que los retirara pero no hubo manera: el asesor todoterreno decidió ir a matar o morir en el recinto y definió que la decisión quedaría en manos de los senadores. Si bien hubo llamadas presionando para boicotear la sesión hasta último momento, parecía casi una rendición.

El jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, intentó un último manotazo de ahogado en la previa de la sesión. Reunidos en el despacho de la presidencia del Senado, aunque sin la presencia de Victoria Villarruel -que reemplaza a Javier Milei en el Ejecutivo mientras el presidente está de viaje-, Atauche le pidió ayuda a los aliados para suspender la sesión. Les dijo de firmar una resolución y aplazar el debate para dentro de dos semanas, de modo de poder ganar mayor tiempo para negociar. “Confíen en mi”, les dijo el jujeño, pero del otro lado solo recibió risas. Después de la decisión de Milei de designar a Lijo y García-Mansilla por decreto ya nadie creía en la palabra de Atauche.

El último clavo en el ataúd de la designación de los jueces por decreto lo había terminado de clavar, sin embargo, Mauricio Macri. El ex presidente había bajado línea de dar quórum en la sesión impulsada por el peronismo el día anterior: era el último gran dardo de Macri en medio de la guerra total con LLA por el control de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el PRO, en efecto, y no la UCR quienes terminaron volcando el escenario en contra del oficialismo.

El grueso del quórum lo dieron los senadores de Unión por la Patria, que fueron entrando en banda poco después de que sonara la chicharra de inicio la sesión. El primero en sentarse, sin embargo, fue el radical Pablo Blanco, quien venía de librar una batalla interna en el bloque para rechazar los pliegos. Consiguió que Vischi y el resto de los radicales aliados del Gobierno se comprometieran a dar quórum y rechazar los pliegos, aunque al momento de la verdad solo bajaron al recinto él y Martín Lousteau. El resto de la UCR, en cambio, ingresó más tarde. 

“Vamos que las Malvinas son argentinas”, le gritó el puntano Fernando Salino, apenas ingresó al recinto. Blanco es fueguino y fue una de las figuras más críticas al discurso de Milei por el 2 de abril, en donde aludió al derecho de autodeterminación de los kelpers. Blanco sonrió, casi en soledad: su lado del hemiciclo estaba vacío. 

La presencia de Salino, que ingresó junto a Juliana Di Tullio, sirvió para poner fin a las especulaciones sobre lo que haría el flamante subbloque peronista Convicción Federal, que rompió recientemente con el resto de Unión por la Patria (aunque sin terminar de abandonar el interbloque) por sus diferencias con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Había dudas sobre si darían su respaldo para voltear los pliegos y, finalmente, se sentaron como el resto del interbloque peronista. Hubo una sola excepción: la jujeña Carolina Moises no dio quórum y solo sentó después de que hubiera comenzado la sesión.

Estuvo presente casi desde un principio, a su vez, el formoseño Francisco Paoltroni. El ex libertario había sido expulsado del bloque por sus críticas al nombramiento de Lijo y se cobrabra, así, su venganza ayudando al resto de la oposición para voltear los pliegos. Desde los palcos observaba el equipo de su némesis en el Gobierno, Santiago Caputo.

Ante la ausencia de gran parte del bloque radical y de la peronista Moisés, quien terminaró de definir el partido fue el PRO. El jefe de bloque amarillo, Alfredo de Angeli, fue uno de los primeros en bajar. Así como la pampeana María Victoria Huala. Ambos senadores que responden directamente a Macri y que demostraron, con su presencia, que el ex presidente había decidido jugar en contra del Gobierno.

Hubo varios que prometieron que darían quórum y, sobre el final, se ausentaron. La mayoría del bloque radical, con figuras críticas como Carolina Losada y Maximiliano Abad, por un lado. Pero también la cordobesa Alejandra Vigo, que integra el bloque que preside “Camau” Espínola y había tuiteado, hace un mes, que colaboraría para rechazar los pliegos y, al final, no dio quórum.

MC/MC

Javier Milei no tiene los votos para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado. No los tuvo hace un año, cuando propuso sus candidaturas y amagó con cerrar un acuerdo más amplio con el peronismo para completar la Corte Suprema. No los tuvo hace un mes, cuando decidió avanzar vía DNU y Horacio Rosatti solo le tomó juramento a uno: García-Mansilla, el decano de la Universidad Austral que prometió, antes de jurar, que nunca asumiría vía decreto. Y no los tiene ahora, cuando, a partir de las 14 horas, la oposición abra el recinto para voltear los pliegos. El Gobierno tiene una sola carta disponible y es vaciar la sesión antes de que comience. El quórum es una moneda en el aire y, hasta que suena la chicharra, todos los alfiles juegan.

Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Sergio Massa, Santiago Caputo, Guillermo Francos: todas los grandes líderes de la oposición y el oficialismo se pusieron a levantar el teléfono para medir voluntades. En Casa Rosada se mueven con sigilo: para afuera manifiestan querer dar la discusión por terminada —“Que se sienten y voten”, es una frase que se repite en las filas libertarias—, pero para adentro siguen conversando y negociando con los senadores del peronismo y del radicalismo. Saben que no tienen los votos para aprobar los pliegos —se necesitan los dos tercios—, por lo que el objetivo es impedir que Unión por la Patria llegue al mágico número de 37 para el quórum. 

Hay otra salida elegante, que es retirar los pliegos. Pero pese a las súplicas de los gobernadores radicales, el Gobierno se niega. Los mandatarios aliados insisten, ruegan: si el Ejecutivo retira los pliegos —como hicieron siempre los oficialismos ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo en el Senado— no había sesión y se acababa el asunto. La propia Victoria Villarruel, incluso, le había sugerido a su Gobierno que avanzara en esa línea: le prometía conseguir los votos para retirar los pliegos —que requieren una mayoría simple— y terminar con la novela. Pero no había manera: el Gobierno quería ir a matar o morir en el recinto y, en su cruzada, arrastraba a los aliados.

La UCR estaba en una encerrona: no podía acompañar la designación de los jueces por decreto pero no se animaba a oponerse abiertamente al Gobierno. Los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau presionaban, puertas adentro, para voltear los pliegos, pero el resto de la bancada se resistía. Especialmente aquellos que responden a los gobernadores radicales de Mendoza, Chaco y Corrientes. El jefe de bloque, Eduardo Vischi, se reunió con Caputo en su oficina de Casa Rosada y le explicó que, si no retiraban los pliegos, su bloque insistiría por el rechazo. Y así fue: unas horas después, luego de una breve reunión de bloque, la UCR definió que daría quórum para rechazar los pliegos de Javier Milei. 

Con la UCR en la cancha, la posibilidad de llegar al quórum resulta casi inevitable. Ya hace tiempo que el jefe de la bancada de UxP, José Mayans viene afirmando que tiene “más de 30 votos” para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Pero al momento de contar los votos para dar quórum el número se volvía, sin embargo, más elusivo. El problema eran los gobernadores peronistas, que se resisten a soltarle la mano a Lijo —ya sea por amistad o por temor a que hubiera consecuencias judiciales en Comodoro Py— y que amenazan con vaciar la sesión antes de que comience. 

De acompañar los radicales, sin embargo, el cristinismo podría suplir las cuatro o cinco ausencias propias —la mayoría provenientes del nuevo subbloque peronista llamado Convicción Federal, que rompió con UxP por su rechazo a la conducción de CFK— con las presencias radicales. Aunque varios peronistas sospechan: el recuerdo de la creación de la comisión investigadora por el caso $Libra está presente en la mente de muchos, que sospechan que si Vischi se animó a votar en contra de un proyecto de su autoría fácilmente podría ausentarse en una sesión que perjudica al Gobierno.

Los radicales, sin embargo, no son los únicos que juegan. En las últimas horas, varios senadores del PRO comenzaron a deslizar la posibilidad de dar quórum. Una es Guadalupe Tagliaferri, que es la presidenta de la comisión de Acuerdos y firmó uno de los dictámenes de rechazo al pliego de García-Mansilla. Pero no solo ella: Alfredo de Angeli, el presidente del bloque PRO, también advierte que podría bajar a dar quórum. De Angeli fue designado como jefe de bloque luego de la renuncia de Luis Juez, quien fue acercando posturas a Javier MileI, y responde directamente a Mauricio Macri. 

Macri ya había manifestado su rechazo a la designación de Lijo y, en medio de la guerra declarada por el control de la Ciudad de Buenos Aires, está dispuesto a subir la apuesta.

Los números para el rechazo

El principal desafío de la oposición será conseguir los 37 para el quórum porque, una vez iniciada la sesión, el rechazo a los pliegos será casi un trámite. Solo se necesitan 25 votos para rechazar los pliegos y, en ambos casos, UxP tiene el número para voltear a los magistrados. Aunque será un tetris compuesto de voluntades contrapuestas.

En el caso de Lijo, el mayor dolor de cabeza lo tendrán los peronistas. Especialmente quienes responden a los gobernadores y son quienes vienen negociando cargos en la Justicia Federal a cambio de no dinamitar los planes del Gobierno. Se espera que, en el caso del juez federal, haya al menos una docena de peronistas que no acompañen el rechazo. El cristinismo, sin embargo, podría conseguir fácilmente el número con el PRO y la UCR: dos partidos que nunca quisieron mucho a Lijo. 

El caso de García-Mansilla es más sencillo, ya que todo UxP está en contra de su designación. Se podría dar la situación paradigmática, incluso, de que el actual juez de la Corte Suprema sea rechazado por casi todos los bloques del Senado. Lo que abriría una incógnita que supera lo que pueda suceder el jueves, ya que el Gobierno advierte que García-Mansilla seguirá en el cargo hasta fin de año aunque se rechace su pliego. Es decir que podría haber un juez de la Corte cuya designación fue rechazada por el Congreso firmando fallos hasta fin de año. Un escenario que tiene todos los condimentos de una futura crisis institucional.

MC/JJD

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahíques y Diego Barroetaveña, hizo lugar, por unanimidad, al recurso extraordinario interpuesto por el fiscal general, el Centro de ex Combatientes de Malvinas, la Comisión Provincial por la Memoria y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en la causa por torturas durante la Guerra de Malvinas.

En el falllo, el juez Slokar, al justificar su voto, invocó “el alcance del Derecho de Gentes y los crímenes de lesa humanidad y de guerra” para decidir que la causa continúe abierta y sea elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los supremos deberán expedirse respecto al alcance de la categoría de lesa humanidad sobre los crímenes cometidos por los militares a sus compatriotas en Malvinas.

Las investigaciones por torturas sufridas por conscriptos en las Islas Malvinas durante la guerra se iniciaron en 2007 y recogió las declaraciones de 180 excombatientes como víctimas o testigos e involucra a 95 militares que se encuentran en calidad de imputados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió habilitar el tratamiento de la denuncia de los excombatientes contra el Estado argentino luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidara una resolución de la Cámara de Casación Federal dictada por los jueces Diego Barroetaveña y Danie Petrone.

Los recursos fueron dirigidos contra la resolución dictada por la misma sala de la Cámara Federal de Casación que , por intermedio de los mismos jueces -Barroetaveña y Petrone, con la disidencia del juez Mahiques- había resuelto favorecer al militar Gustavo Rodolfo Malacalza y anular el procesamiento que recaía sobre el nombrado por haber ejercido torturas y vejaciones sobre los conscriptos.

En su decisión, contrariando a las dos instancias anteriores, los magistrados sostuvieron que no se trataba de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, impunes al estar prescriptos.

El fallo de Casación

IG

El Gobierno ya reconoce que sostener vía decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema tiene sus dificultades. Fue apenas un día después de que el juez federal en uso de licencia diera la nota al ausentarse en la Asamblea Legislatvia, aún a la espera de prestar juramento como sí lo hizo a las apuradas y casi a escondidas el catedrático ultraconservador, que se mostró anoche junto a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.

El senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara alta y tercero en la línea sucesoria presidencial reveló que si el Senado rechaza los nombramientos de los jueces, estos “no deberían seguir en la función”. Todo pese a la designación en comisión a partir del dedazo y la firma de Javier Milei. Si eso ocurre sería un golpe a las aspiraciones imperiales que suele proclamar el mandatario libertario.

“Si los rechazan, estos caballeros se van a su casa y habrá que nombrar nuevos pliegos”, sostuvo Abdala en declaraciones a Radio Rivadavia. En la misma línea, especificó: “Entiendo que si son rechazados por el Senado no deberían seguir en la función”.

Si bien el legislador aseguró que “el decreto es sumamente necesario y oportuno”, determinó que la decisión de la Cámara de Senadores “es muy importante”. 

“Banco el decreto presidencial y trabajaremos para que el Senado le dé la conformidad que estos caballeros necesitan para que integren la Corte”, insistió, y añadió: “Mientras sean jueces, tienen la validez de todo lo que firman”. 

El Senado podría terminar de un plumazo con la maniobra de Milei para que Lijo sea juez de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo? Muy simple: votando en contra del dictamen de comisión favorable a su candidatura en una sesión. Los dos números a conseguir son 37 y 25. El primero es la mitad más uno de los miembros del cuerpo (72 senadores) sentados en el recinto, lo mínimo necesario para poder iniciar la sesión; es decir, que haya quórum. El segundo es, una vez iniciada la sesión, el tercio de votos que bloquea cualquier aprobación de un candidato a la Corte, ya que la Constitución Nacional dispone una mayoría calificada de dos tercios (48, si estuvieran todos presentes). El proceso parlamentario, contado así, es sencillo pero el avance depende de que haya voluntad política.

Es la amenaza que tiene entre manos el peronismo que conduce Cristina Kirchner y parte del resto de la oposición, como los radicales Martín Lousteau (CABA) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), muy disconformes con que los magistrados hayan entrado por la ventana. A ese pelotón de rechazo se sumaría el ex-LLA Francisco Paoltroni, acérrimo enemigo de Lijo.

La incertidumbre podría definirse luego del feriado de carnaval, porque UxP coquetea con una sesión exrprés para golpear al Gobierno, aunque no todo el peronismo está alineado porque hay gobernadores a gusto con Lijo, como es el caso del formoseño Gildo Insfrán.

La jura de Lijo en la Corte podría concretarse el jueves, día en que Rosatti decidió que el máximo tribunal debata su pedido de licencia. En principio esa demora en la definición se leyó como un límite a la Rosada, pero posponer esa foto le permitió al Gobierno evitar que Lijo se muestre dentro del Congreso anoche como una figura incómoda.

Sobre el cruce entre Milei y Villarruel

En otro pasaje de la entrevista con el programa Si Pasa, Pasa, Abdala le bajó el tono al cruce entre el presidente Javier Milei y la vice Victoria Villarruel. 

“Lo que sucedió es un tema menor. No es trascendente para el ciudadano argentino”, determinó, y explicó: “Victoria entendió que había terminado, Javier tenía algo más que decir, que fue justamente la última parte de la alegoría que suele usar, y me pareció algo que puede suceder. No es algo trascendente”.

Por último, el senador se manifestó en contra de la violencia, pero alertó que en la política se dan debates “pasionales”. “No vi que haya habido hechos de violencia, sí vi un diálogo alterado, pero no he hablado con las partes”, concluyó respecto al cruce entre el diputado Facundo Manes y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

NB con información de NA.

La decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces en comisión de la Corte Suprema de Justicia ha encendido las alarmas en distintos sectores. Uno de los pronunciamientos más contundentes provino de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que representa a más de 720 empresas que generan el 24% del PBI nacional y el 45% de las exportaciones.

Estas empresas incluyen tanto a compañías de capital estadounidense como a empresas argentinas y multinacionales que tienen intereses comerciales en Estados Unidos, el país con el que Milei decidió que la Argentina, durante su gobierno, mantenga un alineamiento incondicional.

En un comunicado emitido este miércoles, la organización advirtió que la medida presidencial, si bien tiene sustento constitucional, compromete la seguridad jurídica y la estabilidad institucional del país. “Cualquier decisión tomada por una Corte integrada de forma excepcional y temporaria quedaría expuesta a cuestionamientos sobre su validez y legalidad”, afirmó AmCham, que también subrayó que el nombramiento de jueces en comisión podría derivar en la nulidad de sus fallos.

El pronunciamiento de AmCham reviste especial relevancia por tratarse de una entidad que representa intereses empresariales estadounidenses en Argentina, con un fuerte impacto en la economía local. La Cámara alertó que la incertidumbre institucional “erosiona la confianza de los actores económicos y aleja las inversiones necesarias para el desarrollo del país”.

El decreto de Milei se fundamenta en que el Senado no aprobó los pliegos de los candidatos y se encuentra en receso, aunque restan pocos días para el inicio del nuevo período de sesiones ordinarias. AmCham enfatizó que la vía correcta sería que la Cámara alta trate las postulaciones dentro de los plazos razonables y que el nombramiento de jueces transitorios genera incertidumbre y desconfianza en la estabilidad del sistema judicial.

El comunicado también destacó los avances del Gobierno en materia fiscal y monetaria, pero advirtió que medidas como esta pueden “opacar estos esfuerzos” y afectar la previsibilidad que necesita el país. “La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y el crecimiento sostenido”, concluyó la Cámara.

El rechazo de AmCham se suma a las críticas que ya han surgido desde distintos sectores políticos y judiciales. La designación de jueces en comisión por decreto es un mecanismo previsto en la Constitución, pero su uso en el máximo tribunal de justicia del país sienta un precedente inédito en la historia institucional argentina, además de ser de dudosa legalidad. Con el inicio de las sesiones ordinarias a la vuelta de la esquina, la presión sobre el Senado para definir la conformación de la Corte Suprema será cada vez mayor.

JJD