La escena está cruzada por la preocupación. En el primer piso de la Casa de Misiones, sobre la porteña avenida Santa Fe, Facundo López Sartori recibe a elDiarioAR con una carpeta de números y un diagnóstico que atraviesa toda la charla: la economía yerbatera atraviesa una crisis profunda. El ministro del Agro de la provincia litoraleña habla pausado, mide las palabras, pero no suaviza el diagnóstico. “Desregular desde Buenos Aires es como manejar el tractor desde un escritorio”, grafica apenas empieza, como síntesis de su mirad sobre las políticas nacionales.

Ese punto lo conduce naturalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que desde la llegada de Javier Milei al poder perdió su rol central en el funcionamiento del mercado. No es la primera vez que López Sartori se refiere al tema: en conversaciones anteriores con este medio ya había señalado que quitarle su función ordenadora implicaría dejar al sector sin un precio de referencia. Hoy, afirma, ese escenario se materializó. El INYM continúa existiendo, pero sin su principal herramienta. “El gran pedido es que le devuelvan sus facultades al instituto”, señala.

En Misiones existen alrededor de 12.500 productores que venden hoja verde a un número reducido de molinos. Esa estructura, explica López Sartori, convierte al mercado yerbatero en una economía imperfecta, donde la asimetría entre compradores y productores se profundiza en ausencia de regulación. “No es un mercado equilibrado. Hay pocos compradores y miles de productores. Cuando el Estado se retira, la desigualdad en la negociación se agranda”, dice. Desde esa lógica, sostiene que el problema no es ideológico sino estructural: “El libre mercado te dice que cuando hay este tipo de patología se tiene que intervenir”.

—¿Cómo analiza el impacto de la desregulación de la yerba mate impulsada por el Gobierno nacional?

—La desregulación se usa como ejemplo a nivel nacional, pero creemos que hay un desconocimiento profundo de la realidad yerbatera. Se trata a la yerba como si fuera un mercado más, cuando no lo es. Es una economía regional sensible, con una estructura imperfecta. Lo que sí hubo fue coherencia: nunca dijeron que iban a mantener un organismo de regulación, y sabíamos que la yerba iba a terminar en esta situación.

—El INYM volvió a tener presidente tras dos años de acefalía. ¿Eso cambia algo?

—Es positivo tener una cabeza, alguien con quien dialogar. Pero el organismo perdió la facultad de fijar precios, así que hoy no puede cumplir la función que tenía antes. Sin esa herramienta, su capacidad es limitada.

El límite quedó expuesto nuevamente el viernes pasado, cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, mantuvo un encuentro con el flamante titular del organismo, Rodrigo Correa, con el fin de trasladar la preocupación por la situación de los pequeños productores. De la reunión también participó el referente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Sin embargo, desde el oficialismo nacional se encargaron de ratificar que no habrá marcha atrás en la política de desregulación del sector. Tampoco en el achicamiento del INYM.

En diciembre pasado, más de veinte trabajadores de larga trayectoria fueron despedidos, en medio de una reconfiguración interna que acompaña la pérdida de funciones del organismo. La decisión se produjo poco después de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa que financia al Instituto— y sin explicaciones públicas. Para López Sartori, ese movimiento no fue aislado, sino parte de la transformación iniciada con el DNU 70/2023 y profundizada luego por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, que terminaron de adecuar el funcionamiento del Instituto al nuevo marco normativo nacional. Con esos cambios, el INYM dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación productiva, y pasó a concentrarse en funciones técnicas de control, trazabilidad y certificación.

—Si tuviera que resumir lo ocurrido desde el DNU 70/23 hasta hoy, ¿qué diría?

—Fue una caída. La yerba tiene un precio ideal dolarizado en torno a 0,60. En diciembre de 2023 cerramos en 0,53, que era muy buen valor. Era una de las pocas economías regionales en verde según Coninagro. Hoy abrimos zafra entre 0,15 y 0,18 dólares el kilo de hoja verde. Es una caída abrupta.

Ese corrimiento del Estado, plantea el ministro, no sólo alteró la dinámica económica del sector, sino también su equilibrio político y social. Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado como regulador del mercado y como instancia de mediación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y modificó su propia estructura interna: áreas que antes seguían el comportamiento del mercado quedaron desactivadas, mientras el ajuste de personal aparece como consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Ese trasfondo institucional se superpone con un escenario productivo crítico. La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa, según describe, uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo, la pérdida de competitividad y la desregulación del precio de la hoja verde —que el sector considera el detonante de la crisis— alteraron toda la cadena productiva. El ministro lo sintetiza con un diagnóstico económico directo: “La yerba tiene una bajada en precio real de prácticamente un 60%”. Y agrega: “No es solamente la caída, sino también que los costos subieron. Hoy por hoy no es rentable”.

—¿Qué impacto tiene esto en la economía misionera?

—La yerba es nuestra principal economía regional. Estamos hablando de cerca de mil millones de kilos producidos. A precios razonables, eso mueve unos 700 mil millones de pesos. Hoy se mueven alrededor de 200 mil millones. Son 500 mil millones menos en la economía provincial. Esa plata no circula en el comercio, en el kiosco, en la farmacia. Nos golpea muchísimo.

Esa crítica lo lleva a cuestionar la ausencia de una estrategia nacional para las economías regionales. López Sartori señala que mantuvo una reunión reciente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que transmitió la preocupación del Gobierno misionero por la crisis yerbatera y la necesidad de recuperar herramientas de ordenamiento del mercado. Sin embargo, la línea política que rige la situación del sector se define en realidad en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El rumbo responde principalmente a la lógica impulsada por Federico Sturzenegger, arquitecto del proceso de reducción del rol estatal en las economías regionales.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial intenta amortiguar el impacto mediante acuerdos con cooperativas e industrias para sostener precios mínimos, aunque reconoce que el margen de acción es limitado. También lo es la repercusión que se pueda tener en la opinión pública. En ese sentido, López Sartori evoca lo ocurrido en la última Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos, donde la crisis yerbatera desbordó las fronteras de Misiones y se hizo visible a nivel nacional, con críticas directas de los presentes a la figura de Javier Milei. “Que llegue la crisis de los productores misioneros a un lugar donde no hay productores está bueno”, desliza.

El diagnóstico económico desemboca, hacia el final de la entrevista, en una lectura política. El ministro reconoce que el Gobierno nacional mantiene respaldo en parte del electorado yerbatero, pero advierte que la disconformidad crece. “Durante 20 años el INYM tuvo legitimidad, nació de los productores. Con el tiempo perdió credibilidad, pero hoy muchos reclaman que vuelva a regular. Cuando empezó 2024, parte del sector apoyaba al Gobierno nacional. Hoy el clima cambió, aunque el Gobierno sigue teniendo predicamento en varios sectores”, apunta López Sartori.

—¿Por qué el oficialismo misionero acompaña iniciativas de La Libertad Avanza si tienen tantos desacuerdos estructurales? Sin ir más lejos, sus dos senadores acaban de votar a favor de la reforma laboral.

—Porque Milei ganó cuatro elecciones en la provincia [las tres de 2023 y la legislativa de 2024]. Hay una responsabilidad institucional. Si la mayoría vota un rumbo, el representante debe tomarlo en cuenta. Eso no impide señalar los problemas: hoy todas las economías regionales del país están mal, desde el algodón hasta el tomate, pasando por la cebolla, el limón y hasta el vino, pero no vemos una estrategia clara del Estado nacional para resolverlo.

En línea con la tradición política del Frente Renovador de la Concordia, el espacio misionero que lidera el exgobernador Carlos Rovira, el ministro describe una relación con la Nación atravesada por el pragmatismo. La provincia, señala, procura sostener la gobernabilidad sin resignar márgenes de autonomía en la defensa de sus intereses productivos. Pero la crisis yerbatera empezó a introducir un factor de tensión en ese esquema: mientras el oficialismo local busca contener el impacto sobre el sector y evitar una escalada política, el malestar entre productores y actores de la cadena comienza a hacerse sentir con mayor intensidad.

—¿Qué espera del vínculo con Nación hacia adelante?

—Esperamos que el Gobierno nacional se interiorice más en las realidades provinciales. Hay diálogo político, creo que [el ministro del Interior, Diego] Santilli es un dirigente con mucha capacidad territorial, pero mientras el esquema económico sea el actual, no vemos soluciones claras para las economías regionales.

—¿Qué le pediría al Presidente?

—Que visite Misiones y conozca la realidad yerbatera, tabacalera y forestal. Corrientes la visitó varias veces, Misiones todavía no. Lo invitamos a ver de cerca cómo funciona nuestra provincia.

PL/MG

Las lágrimas aparecieron antes que las explicaciones. Este martes, en la vereda de las oficinas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sobre la calle Rivadavia casi Santa Fe, en pleno centro de Posadas, un grupo de trabajadores se quedó parado en silencio, algunos llorando, otros mirando el piso. Acababan de ser despedidos. No hubo reunión ni aviso previo: a varios les llegó un correo electrónico. A otros, un mensaje seco, administrativo. Casi ninguno quiso hablar con la prensa. El ajuste llegó un día antes de fin de año.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes directas, son más de 20 las desvinculaciones en el INYM, un organismo que atraviesa una reconfiguración profunda desde la llegada de Javier Milei al poder. La decisión sorprendió por el momento elegido y por el contraste con lo ocurrido días antes: el Directorio había avanzado con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa de fiscalización que financia al Instituto— con el argumento de reforzar la recaudación. Aun así, el recorte de personal se ejecutó sin transición ni explicaciones públicas.

Los despidos se produjeron apenas semanas después de la Resolución 146/2025, que terminó de adecuar el funcionamiento del INYM al nuevo marco normativo nacional. Esa resolución fue la traducción administrativa de un proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado por el Decreto 812/2025, que recortaron de manera sustancial las funciones históricas del organismo. El Instituto dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación de la producción, y pasó a concentrarse en tareas formales de control, trazabilidad y certificación de calidad.

Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado no solo como un regulador económico, sino también como un amortiguador político y social en la principal economía regional de Misiones. Su rol permitía canalizar conflictos, contener crisis cíclicas y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y, con ello, su estructura interna. Áreas que antes tenían un papel activo en el seguimiento del mercado quedaron virtualmente desactivadas, y el ajuste de personal aparece ahora como una consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Silencio y miedo

Puertas adentro, el impacto fue inmediato. Entre los trabajadores que permanecen en el organismo se instaló un clima de temor e incertidumbre. El método de comunicación, sin instancia previa de diálogo, funcionó como un mensaje disciplinador. El silencio posterior no fue casual: varios empleados evitaron hablar con la prensa por miedo a nuevas represalias o a quedar marcados en una estructura que se achica y se reordena bajo nuevas reglas. En un organismo históricamente atravesado por tensiones políticas y sectoriales, el ajuste introdujo un elemento nuevo: la sensación de que nadie está a salvo.

El contexto en el que se producen los despidos es particularmente sensible. La crisis yerbatera atraviesa su momento más crítico: los precios de la hoja verde no cubren los costos de producción, las cooperativas acumulan deudas y algunas ya suspendieron pagos, y la cadena productiva se concentra cada vez más en pocos actores con poder de compra. En paralelo, los productores sostienen protestas prolongadas y los tareferos sobreviven con ingresos atrasados y condiciones laborales precarias, sin un organismo con capacidad real para intervenir y equilibrar el mercado.

A mediados de diciembre, la nueva conducción del INYM quedó formalizada con la designación de Rodrigo Correa como presidente, tras casi dos años de acefalía. Contador público y dirigente de La Libertad Avanza, su llegada fue interpretada en el sector como el cierre de una etapa de transición y el inicio de una gestión alineada sin matices con la agenda libertaria de reducción del Estado y desregulación. En ese marco, el recorte de personal aparece como una de las primeras decisiones concretas de orden interno.

“En el marco de la normativa vigente, vamos a trabajar en la modernización del Instituto y también en armonizar esas normas; en un proceso de desburocratización que facilite la actividad de los operadores del sector yerbatero”, explicó Correa a través de un comunicado difundido este martes.

En ese sentido, el presidente del Directorio destacó que, al mismo tiempo, se apuntará a desarrollar controles más eficientes, que velen por la calidad del producto en los distintos eslabones de la cadena yerbatera donde tiene competencia el INYM. “Queremos mejorar todo aquello que pueda entorpecer la actividad, pero sin comprometer los estándares de calidad”, remarcó.

Sin embargo, la paradoja atraviesa todo el proceso. Mientras el Gobierno nacional celebra la desregulación del mercado yerbatero y el INYM pierde capacidad para ordenar la actividad, el organismo no solo sostiene sino que aumenta su esquema de recaudación a través de la estampilla. El ajuste no pasó por los ingresos, sino por las personas. Para los trabajadores despedidos, el mensaje fue claro: el nuevo instituto será más chico, con menos funciones y menor presencia territorial.

El recorte también tiene una lectura política más amplia. Los despidos en Posadas funcionan como una señal directa del Gobierno nacional hacia Misiones y hacia el conjunto de las economías regionales: la desregulación no es solo un cambio de reglas de mercado, sino una redefinición del rol del Estado, incluso en territorios donde históricamente cumplió una función de contención social. En un organismo que nació en 2002 tras una rebelión agraria, el ajuste ejecutado en silencio, por correo electrónico y en la antesala de fin de año, marca un punto de no retorno. No solo se achica una planta de trabajadores: se consolida un modelo en el que la mediación desaparece y el costo del reordenamiento cae, una vez más, sobre los eslabones más débiles.

PL/CRM

La reciente Resolución 146/2025 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no es solo una decisión administrativa: es la confirmación de que el organismo ingresó en una nueva fase política. Con la derogación y modificación de normas que durante más de veinte años estructuraron la actividad yerbatera, el Instituto terminó de alinearse con el mandato de desregulación impuesto desde la Casa Rosada y abandonó definitivamente cualquier pretensión de ordenar el mercado. El proceso había comenzado con el DNU 70/2023 y se profundizó con el Decreto 812/2025. Ahora, con resoluciones propias, el INYM ejecuta esa hoja de ruta desde adentro.

El mensaje es inequívoco: el Estado se retira como árbitro. Ya no hay precios sostén, ni regulación del stock, ni herramientas para intervenir cuando la oferta se desborda y los precios se derrumban. En nombre de la “modernización” y la “protección del carácter competitivo de la industria”, el Instituto se repliega a funciones técnicas —como la calidad, la trazabilidad y salubridad— y deja el resto en manos del mercado. El concepto que había justificado su creación en 2002, el de equilibrar fuerzas entre miles de pequeños productores y un puñado de grandes compradores, quedó explícitamente fuera del nuevo marco legal.

La resolución fue adoptada por el Directorio del INYM, ahora encabezado por Rodrigo Correa, dirigente de La Libertad Avanza designado tras casi dos años de acefalía. Con su llegada, el organismo dejó de flotar en una zona gris y pasó a ejecutar, sin ambigüedades, la política nacional para las economías regionales. La revisión normativa, que deberá completarse en un plazo de 30 días, no es una corrección marginal: es una depuración ideológica del rol del Instituto.

Las decisiones más sensibles tienen un fuerte contenido simbólico. La eliminación de la veda de cosecha de octubre y noviembre —una herramienta histórica para regular volúmenes y cuidar la brotación de la planta— marca el abandono explícito de cualquier política de ordenamiento productivo. Lo mismo ocurre con la flexibilización del régimen de infracciones y sanciones: menos controles, menos castigos, más responsabilidad individual. El nuevo INYM ya no corrige ni compensa, apenas observa, registra y certifica.

Es que, más allá de su impacto sectorial, el caso del INYM vuelve a exponer una lógica que el Gobierno nacional viene aplicando de manera sistemática: no derogar organismos creados por ley, sino vaciarlos de contenido mediante decretos y resoluciones reglamentarias. El Instituto sigue existiendo formalmente, pero sin capacidad para cumplir el objeto para el que fue creado. No hay eliminación jurídica, sino desposesión funcional. Una figura cada vez más frecuente en la arquitectura libertaria del Estado, que evita el costo político y parlamentario de cerrar entes, pero logra el mismo resultado práctico: instituciones que sobreviven como cascarones administrativos.

Antecedentes y paradojas

Lejos de tratarse de un experimento inédito, la desregulación del mercado yerbatero remite a un esquema ya conocido por el sector. Durante los años noventa, la ausencia de precios sostén y de mecanismos de ordenamiento derivó en sobreoferta, derrumbe de valores y concentración en pocas manos. Los ganadores de aquel proceso no fueron abstractos: grandes molinos y grupos concentrados que hoy vuelven a operar con ventaja en un mercado sin árbitro.

Pero mientras el Instituto se achica en poder, se fortalece en recursos. Según pudo saber elDiarioAR, en su primera reunión de Directorio, Correa impulsó una suba del 28% de la estampilla yerbatera y avanzó en un presupuesto proyectado cercano a los 8.500 millones de pesos. La paradoja es evidente: un organismo que ya no puede fijar precios ni intervenir en el mercado refuerza su caja en medio de una crisis profunda del sector. La decisión deberá ser convalidada por la Secretaría de Agricultura, pero el gesto político ya quedó claro.

La contradicción atraviesa también al propio oficialismo nacional. Mientras el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente el vaciamiento regulatorio del INYM y prometió eliminar la estampilla como símbolo del fin del intervencionismo, el organismo conducido por un dirigente libertario hace exactamente lo contrario: mantiene el tributo y lo aumenta. Un Estado que se retira del mercado, pero no de la caja.

El impacto social de ese reordenamiento empezó a materializarse con crudeza en el territorio. La Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda., una de las entidades más emblemáticas del norte misionero, declaró formalmente una crisis financiera y suspendió los pagos a sus productores asociados. La decisión afectó de manera directa a unas 130 familias que entregan hoja verde a la cooperativa y encendió alarmas en Comandante Andresito, un municipio cuya economía gira casi exclusivamente en torno a la actividad yerbatera. El comunicado oficial habló, de manera elíptica, de la “situación económica actual”, pero evitó mencionar que el derrumbe de precios y la desregulación del mercado explican buena parte del colapso financiero.

Consecuencias

El caso Andresito funciona como síntoma. Desde la quita de los precios sostén, el valor de la hoja verde cayó más de un 50%, los tareferos cobran valores de subsistencia y el consumo interno se retrae. Sin mecanismos de ordenamiento, el ajuste se distribuye de manera regresiva a lo largo de la cadena: lo absorben primero los productores chicos, luego las cooperativas y, finalmente, los trabajadores rurales.

“Durante dos décadas, el INYM no solo funcionó como una herramienta económica, sino también como un dispositivo político de contención”, señalan fuentes del sector consultadas por elDiarioAR. En ese sentido, explican que “su rol como fijador de precios y regulador del mercado permitía canalizar conflictos, amortiguar crisis” y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. Al perder esas atribuciones, explican, no solo desaparece un regulador: se rompe una mediación. Sin un INYM con poder real, la bronca ya no tiene a dónde ir.

Ese quiebre institucional, sin embargo, no encuentra un correlato inmediato en el plano electoral. En los principales municipios yerbateros de Misiones, La Libertad Avanza obtuvo triunfos contundentes en 2025. El espacio que impulsó la desregulación fue respaldado electoralmente en los territorios más afectados por ella. Una paradoja: el costo político de la crisis yerbatera es bajo para el Gobierno nacional.

En ese escenario, el INYM deja de ser un instrumento de equilibrio para convertirse en una pieza de administración del nuevo orden libertario. Sin capacidad para fijar precios, ordenar la producción o amortiguar crisis, pero con una recaudación en alza y un presupuesto millonario, el organismo pasa a cumplir un rol funcional a la lógica del poder central. La experiencia de Andresito expone el límite de ese esquema y anticipa un dilema que empieza a recorrer la política: si el mercado manda y el Estado cobra, ¿quién asume el costo cuando la economía regional entra en colapso?

PL/MG

Cada 30 de noviembre Argentina celebra el Día Nacional del Mate, una fecha que rinde homenaje a una de las costumbres más arraigadas y federales del país. La efeméride fue instituida por la Ley 27.119 en 2015, en reconocimiento a la figura de Andrés Guacurarí y Artigas, gobernador guaraní de Misiones y uno de los principales impulsores de la producción y consumo de yerba mate en la región litoraleña.

El mate, que atraviesa generaciones y fronteras, es mucho más que una infusión: es un símbolo de encuentro, compañía y ritual cotidiano. Según datos del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate), el consumo anual supera los 280 millones de kilos, lo que lo convierte en la bebida más tomada por los argentinos, por encima del café, el té y las gaseosas.

Una tradición que evoluciona sin perder su esencia

A pesar de su fuerte raíz histórica, el hábito matero se reinventa: conviven el mate clásico, el de acero o vidrio, los blends saborizados, las yerbas orgánicas, los termos inteligentes y hasta aplicaciones que enseñan a “cebar bien”. La costumbre también se expandió fuera del país, especialmente en Uruguay, Paraguay, Chile y diversas comunidades migrantes en Europa y Estados Unidos.

Origen y simbolismo

El mate nació en territorio guaraní, donde la yerba era utilizada tanto como bebida energética como con fines ceremoniales. Con la llegada de los jesuitas y el desarrollo productivo en Misiones y Corrientes, la infusión se consolidó como parte esencial de la vida cotidiana en el virreinato y, más tarde, en todo el país.

Hoy, la fecha del 30 de noviembre busca destacar no solo el consumo del mate, sino también la identidad cultural que representa: el gesto de compartir, la pausa en medio del trabajo, la ronda entre amigos o familiares y la noción de comunidad que se construye a partir de un objeto tan simple como una calabaza, una bombilla y un poco de yerba.

Un sector económico clave

La actividad yerbatera moviliza a miles de productores y trabajadores, principalmente en Misiones y Corrientes. En los últimos años, la cadena productiva incorporó tecnología, normas de calidad, nuevos cultivos y estrategias de exportación que posicionaron al mate como un producto con creciente valor internacional.

Javier Milei avanzó otro casillero en su cruzada contra los organismos estatales con capacidad regulatoria. La semana pasada, a través del decreto 812, modificó el marco vigente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y lo dejó sin atribuciones para intervenir en precios, volúmenes de producción o competencia dentro del mercado yerbatero. Nacido en 2002 tras la mayor protesta agraria en la historia de Misiones, el organismo fue despojado de su última herramienta política: la facultad, ya sea directa o indirecta, para equilibrar la relación entre miles de pequeños productores y un puñado de grandes industrias molineras.

Pero la letra jurídica del decreto es apenas la superficie. Lo que está en juego es una pulseada política que arrancó con el DNU 70/23 y que va de Misiones a Buenos Aires, con el mandamás Carlos Rovira como protagonista silencioso y el sector yerbatero como campo de batalla. Milei nunca designó un presidente para el INYM desde su llegada al poder y el organismo está acéfalo desde el 10 de diciembre de 2023. Una señal que en Posadas leyeron como deliberada: la Casa Rosada prefirió desactivarlo por inanición antes que intervenirlo frontalmente.

La posición que tomó en los últimos días el gobernador Hugo Passalacqua intentó equilibrar la tensión política: marcó públicamente su rechazo por el riesgo de mayor concentración, pero evitó volverlo un conflicto mayor con Nación. “Nuestra prioridad es cuidar a toda la familia yerbatera”, escribió. A través de las redes sociales, Passalacqua advirtió que “solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo”. Y remató: “Nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector”.

La medida llegó después de un año electoral en el que el Frente Renovador de la Concordia, la fuerza política que gobierna la provincia desde hace dos décadas, hizo campaña con un discurso crítico hacia las políticas nacionales, con el exgobernador Oscar Herrera Ahuad como principal candidato. La respuesta en las urnas fue categórica: La Libertad Avanza le ganó por siete puntos y dejó definitivamente a Rovira frente a un nuevo escenario político.

Los últimos dos años estuvieron signados por los sucesivos giros pragmáticos que caracterizan al conductor del espacio: si en diciembre de 2023 el exgobernador había anunciado la creación de un Instituto Misionero de la Yerba Mate para “defender la rentabilidad de los pequeños productores”, pocos meses después desactivó la confrontación, bajó la intensidad de las críticas y se alineó con el discurso de colaboración con la Casa Rosada. “Ir a la Corte no alcanza, no sirve”, dijo Rovira en una reunión privada, en abril de 2024, donde pidió pasar “de la queja a la acción”. Desde entonces, optó por evitar la bandera anti-Milei en el tema yerbatero y concentrarse en iniciativas de innovación provincial.

Hoy, Herrera Ahuad, ya sin centralidad electoral y tras haber sido derrotado en su propio territorio, también giró la lectura hacia una lógica de mandato popular. “Los misioneros eligieron otra cosa”, admitió tras la elección nacional, justificando su mesura. En el debate sobre la reforma laboral aplicó el mismo criterio: “Tengo que escuchar a la mayoría”. La Renovación, como también se conoce al oficialismo misionero, terminó admitiendo que la agenda libertaria cuenta hoy con un aval electoral directo de su propia base.

Voces cruzadas

El nuevo decreto reabre tensiones entre los distintos actores. Para la Casa Rosada, el INYM fue durante años un instrumento de “cartelización estatal”. “Por años se usó un ente público para cartelizar un mercado competitivo”, escribió en X Federico Sturzenegger, cerebro de la desregulación y uno de los impulsores de la medida. La propuesta del ministro es reconvertir al Instituto en un organismo de certificación de calidad y promoción, similar al INV en la industria vitivinícola.

En esa línea, fuentes del INYM señalaron que el nuevo decreto tiene “cero consecuencias” prácticas y que “no afecta en nada” la operatividad del Instituto, porque la pérdida de la potestad para fijar precios ya había sido dispuesta en diciembre de 2023 con el DNU 70/23. El 812/25, remarcan, solo modifica o anula artículos del decreto reglamentario y “ratifica una decisión previa”. Desde la Secretaría de Agricultura coincidieron en esa interpretación: el rol del INYM seguirá enfocado en “promoción y control de calidad” y no en intervención económica, en línea con el artículo 42 de la Constitución y la agenda de desregulación.

En el territorio, la lectura es opuesta. Para Jonás Peterson, de Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, el decreto “profundiza el daño que ya había hecho el DNU 70/23” consolidando el vaciamiento del organismo. En diálogo con elDiarioAR, el productor, que hasta abril de 2024 ocupó un cargo en el INYM, habla de “mucha bronca” porque, según afirma, la nueva norma “elimina por completo todo el capítulo de fijación de precios”, pero además le quita al instituto la capacidad de intervenir cuando hay desbalances en el mercado. “No sólo no puede fijar valores: tampoco puede generar herramientas para equilibrar oferta y demanda”, sostiene.

Peterson también cuestiona que el decreto “prohíbe generar calendario de cosecha” —el mecanismo usado durante dos décadas para evitar sobreproducción y cuidar los yerbales— y advierte que limita la posibilidad de “controlar la calidad de la yerba mate importada”. El resultado, afirma, será un impacto directo sobre los pequeños colonos: “A la larga nos va a ocasionar un daño enorme”. El fantasma que sobrevuela a los colonos es conocido: en los 90, sin regulación ni precios sostén, la sobreoferta de hoja verde licuó márgenes, aparecieron cheques sin fondo y desaparecieron industrias históricas.

Cerca de Passalcaqua insisten en que la postura frente al nuevo esquema no es pasiva. Facundo López Sartori, ministro del Agro misionero, aseguró a elDiarioAR que la provincia “va a exigir la restitución plena de todas las funciones del INYM”, al tiempo que buscará avanzar en la formalización del productor y mayor transparencia en la cadena comercial. En el gobierno provincial sostienen que el objetivo sigue siendo garantizar “un precio justo” y mantener el valor de la hoja verde “por encima de los 0,55 dólares por kilo”, una referencia que presentan como compromiso histórico con la “familia yerbatera”.

Sin embargo, lo que emerge detrás del decreto de Milei es un reacomodamiento político más amplio: la derrota electoral obligó al oficialismo misionero a recalibrar su relación con La Libertad Avanza, mientras la Casa Rosada profundiza el experimento desregulador en una economía regional estratégica. La pregunta ahora es si el mercado, que está en manos de pocos compradores y con miles de productores atomizados, puede sostenerse sin mecanismos de protección. La yerba mate vuelve a quedar atrapada entre la lógica de la libertad total y la memoria de las crisis que, hace más de 20 años, el INYM vino a contener.

PL/MG

“Vivimos a 80km de la represa hidroeléctrica de Yacyretá y no tenemos disponibilidad de energía”, dice el ingeniero Gerardo Grippo, presidente del Movimiento Industrial Misionero.

Y agrega: “Yacyretá genera 1.500 megavatios, lo que representa entre el 18 y el 25% de la matriz energética nacional, y hasta el mismo pueblo que si sitúa en la base de la represa, que se llama Ituzaingó, no tiene energía eléctrica”.

Misiones no es la única “paradoja energética” que se manifiesta en Argentina. La provincia de Chubut, por ejemplo, que produce más de diez veces la energía que consume, tiene más del 80% de su territorio por fuera del Sistema Interconectado Nacional y depende de sistemas aislados de energía, como generadores a nafta. Dos ejemplos puntuales: las poblaciones cercanas a la represa hidroeléctrica Futaleufú (cerca de las ciudades de Trevelin y Esquel) tienen problemas de abastecimiento energético; Comodoro Rivadavia, “Capital Nacional del Petróleo”, tiene al día de hoy muchos de sus barrios sin redes de gas natural y sus habitantes se calefaccionan en el rudo invierno patagónico con leña o garrafa.

Vivimos a 80km de la represa hidroeléctrica de Yacyretá y no tenemos disponibilidad de energía

En este caso, elDiarioAR entrevistó al ingeniero Gerardo Grippo, presidente del MIM (Movimiento Industrial Misionero), fundado formalmente en el año 2018, para ahondar en los problemas económicos generados por este tipo de “paradojas” en sectores como la industria. De los informes elaborados por dicha organización se desprenden cuatro conclusiones generales: 1) “Las industrias emblemáticas de Misiones —yerba mate, té, madera y tabaco— están fuertemente condicionadas por la ausencia de gas natural”. 2) “La dependencia del GLP (Gas Licuado de Petróleo) y de sistemas térmicos con leña genera sobrecostos mensuales de entre $800.000 y $1.300.000 por establecimiento”. 3) “Esta situación reduce la competitividad nacional e internacional, afecta la inversión productiva y encarece productos destinados a mercados de exportación”. 4) “La incorporación de Misiones al sistema nacional de distribución de gas permitiría ahorros anuales por empresa de entre $9,6 millones y $15,6 millones, impulsando empleo y mayor valor agregado”.

—¿Cómo está compuesta la industria en Misiones?

—Los principales componentes de la matriz productiva de la provincia son la yerba, el tabaco, la madera y el té. El 90% de la producción tealera se exporta. La madera también se exporta o se exportaba, además de atender el consumo interno de las fábricas de muebles de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. En el caso del tabaco se trata de grandes cooperativas, porque la matriz funcional de gran parte del interior del país se organiza en cooperativas para mejorar las condiciones de comercialización. Son tres o cuatro tabacaleras y gran parte del consumo es interno, una pequeña proporción se exporta. Cuando el mercado interno se mueve, estas industrias funcionan. Por otro lado tenemos la industria metalmecánica, que está totalmente relacionada con la generación de máquinas, herramientas e infraestructura como galpones. Toda la apoyatura de la industria y su capacidad productiva está relacionada con la metalmecánica. Nuevamente, cuando se mueve el mercado interno, esto genera demanda. Si produzco té o yerba mate, necesito de las cintas transportadoras, los silos, máquinas pesadas, etc.

—¿Por qué sostienen que están ante un “cuello de botella energético”?

—Misiones es la única provincia argentina que no cuenta con gas natural por redes. El problema de no estar conectados a esa red nacional es que tenemos que utilizar leña o el gas natural licuado, la garrafa. Acá toda la población, ya sea para el consumo o la industria, está con leña, garrafa. Esto trae muchos impedimentos, es muy difícil hacer andar una industria con estas formas de energía. Se han producido a partir de los desechos de la madera otras formas de energía, pero no son generalizadas. Históricamente se usa el gas y la leña para producir yerba mate o para secar el tabaco, y esto trae varios impedimentos, en primer lugar el encarecimiento de los insumos que necesita para producir. Las garrafas, por ejemplo, tienen un costo que incluye la logística. Pero además hay problemas con la calidad del producto: está comprobado que secar por leña un producto conlleva una serie de impurezas que se generan por los humos, y que conlleva un descrédito del producto final y le baja el precio. Pero a este “cuello de botella energético” se suman otras carencias estructurales que sufre la provincia: la postergada construcción de la Autopista Mesopotámica, la desconexión del sistema ferroviario nacional, las deficiencias de calado y señalización en el tramo norte de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y una conectividad aérea escasa y concentrada en Buenos Aires. Pero el problema energético es el más urgente y el más transversal: sin energía competitiva no hay industria posible. Además en estas provincias el combustible, la nafta convencional, son más caros, un 3%, 4%, hasta 6%. Para llegar a los centros de consumo tenemos entre un 15 y 25% de costo adicional por transporte, lo que nos saca absolutamente de competencia.

Para llegar a los centros de consumo tenemos entre un 15 y 25% de costo adicional por transporte, lo que nos saca absolutamente de competencia.

—¿Cómo afectó en el caso de la yerba la desaparición Instituto Nacional de la Yerba Mate?

—Las industrias tenían un precio sostén. Ha pegado muchísimo la desaparición del INYB (Instituto Nacional de la Yerba Mate). Lo que generaba el instituto era la reunión de industriales, productores asociados y el Estado. Se ponía un precio que permitía al productor un precio de subsistencia y aseguraba para el industrial un precio que no fuera excesivo. Al desaparecer el INYB desapareció el precio sostén, además de otro tipo de prestaciones sociales y de salud que ahora cubre la provincia. Es una novedad de las últimas horas la posibilidad de la creación de un Instituto Provincial de Yerba Mate, en la legislatura existen tres proyectos. De todas formas esto no es lo central, la posibilidad de energía más barata nos va permitir radicar industrias y comercios, nos va a permitir generar empleo, distribuir riqueza, mejorar la calidad de vida, no puede ser que las provincias se distingan entre provincias ricas y pobres. Tenemos que pasar del asistencialismo y la pobreza a la producción y el desarrollo, para eso necesitamos que el país nos tenga en cuenta, porque con la coparticipación no nos alcanza, Misiones tiene más población que Corrientes y el NOA, porque ha crecido muchísimo, y esto no se refleja en los fondos de coparticipación ni en la energía disponible.

—¿Por qué están reclamando por ser incluídos al sistema de gasoductos si tienen tan cerca la represa hidroeléctrica de Yacyretá?

—El gas, además del consumo domiciliario diario, es utilizado para producir energía eléctrica, existen muchas usinas combinadas entre gas y fuel oil para producir energía eléctrica. La población muchas veces desconoce esto. Prácticamente la mitad de la matriz energética eléctrica es producida por una combinación de gas natural. Acceder al gas nos permitiría reducir los costos de la industria. Pero respondiendo a tu pregunta, si bien ahora ya estamos interconectados al sistema eléctrico nacional, además de conexión a las redes de gas necesitamos obras de una magnitud de distribución de energía que excede la capacidad de inversión de la provincia, por ejemplo nodos, campos de transformación, redes de alta tensión. No hay que olvidar que la administración de la energía y su potencia depende de CAMMESA, que tiene una administración y dirección nacional. Son decisiones de política económica y productiva. El país permite que la zona industrial de el Grán Córdoba sea industrial, el Gran Rosario es industrial, y ¿A quién se le ocurriría no darle energía a los más de 30 de puertos que componen la industria granaria? Gran parte de esa energía parte de acá. Hay que sumar que en el caso de Misiones, que la Constitución de Misiones es de 1853, pero Misiones es provincia desde 1953, antes era territorio nacional. Evidentemente esto lleva que muchas de las vías de comunicación para promocionar la producción, vías de conexiones eléctricas, caminos, etc, vengan con cierto “retraso histórico”. Los gasoductos se han diseñado con el objetivo de llegar hasta acá, pero hasta el día de hoy nadie llegó. La idea era exportar gas a Brasil y por eso hacían una proyección hasta Corrientes, concretamente hasta Paso de los Libres, para de ahí pasar a territorio brasilero y poder exportar. Son 300 km desde Misiones hasta Paso de los Libres, no es una distancia demasiado importante como para no poder llegar.

no hay energía al pie de la represa que produce entre el 18 y el 25% de toda la energía del país

—Existe otro ejemplo de provincia con actividad industrial como Tierra del Fuego y el actual gobierno nacional sugirió que podían hacer ahí “un parque de diversiones”o. En el imaginario nacional Misiones es sinónimo de Cataratas del Iguazú y de turismo, ¿Es posible que Misiones ya esté “encasillada” como provincia turística?

—El turismo también es otra industria, está muy bien que vengan a visitar la maravilla del mundo que son las Cataratas del Iguazú, pero hay que conocer la producción de Misiones. Cada vez que un argentino toma un mate, directa o indirectamente está conectando con la industria misionera, porque gran parte de la producción de yerba mate está en Misiones, aunque algunas industrias estén ubicadas en Corrientes, las más grandes están en la frontera con Misiones. Además hay otros elementos interesantes en nuestra posición geográfica: Misiones tiene el 90% de sus fronteras con otros países. En un radio de 1000 km, a partir de la capital Posadas, tenemos una población de 35 millones de habitantes, entre Asunción (Paraguay), Porto Alegre, Sao Pablo (Brasil). Estamos en el corazón de lo que en su momento fue el Mercosur, que ahora no tiene tanta vigencia. Puesta a producir e intercambiar, Misiones sería una plataforma muy utilizada estratégicamente. Los brasileros ya tienen diseñada su conexión con el Pacífico, pasan por Paraguay, para tratar de ver cómo pueden comerciar con el mercado asiático, provocando un menor costo logístico, dejando de pasar por la Hidrovía.

—¿Este “cuello de botella energético” es un problema político?

—Parte de la concepción económica que hoy está vigente tiene a la industria pasando por una gran depresión, es un momento complicadísimo, la demanda de consumo cae, no en el caso de la yerba, pero en general la industria está impactada. Queremos pertenecer, ser parte de la planificación, aunque esa palabra no está muy en boga a nivel nacional. Que se nos provea de los elementos necesarios para tener equidad, y eso tiene que ver con la distribución de recursos, porque sabemos que la coparticipación no va a poder ser discutida de un día para otro, pero vía directa o indirecta tiene que haber una compensación para que podamos mantener cierta equidad con el resto del país, esto tiene que producirse, porque somos parte del país. Tiene que haber una distribución de energía a un precio razonable. En las boletas de energía eléctrica históricamente se pagaba un 6x1000 para brindar energía al sur del país. Estos fondos se juntaron durante mucho tiempo, todos los usuarios de energía pagamos esa tasa para compensar las obras que iban a llevar energía al sur, no estamos pidiendo exactamente lo mismo, pero pedimos completar la conexión con la red gasoductos y que se nos permita disponer de energía eléctrica como disponen otras provincias. Porque para poner cualquier taller tiene que bajar una conexión trifásica y ahí comienza la historia, no hay disponibilidad energética. En Ituzaingó, el pueblo en la base de Yacyretá, a las tres de la tarde con 40° de calor no tienen energía eléctrica. No hay energía al pie de la represa que produce entre el 18 y el 25% de toda la energía del país.

DTC

En Argentina, los pequeños productores de yerba mate están en pie de guerra. Tras la liberalización del sector dispuesta por el gobierno de Javier Milei, la industria que procesa las hojas de yerba mate les paga 67% menos.

Mientras, el producto final, para hacer la infusión favorita de los argentinos, cuesta 63% más.

Por eso muchos pequeños agricultores han dejado de vender y están bloqueando carreteras desde hace varios días.

¿Habrá marcha atrás?

Yerbateros anunciaron que en los próximos meses podría faltar la yerba mate ya que están en pie de guerra por el precio que se les está pagando por el producto.

Según explicaron, pretenden $390 por kilo, cifra a la que actualmente no llegan. En este contexto anticiparon un paro en la cosecha durante el verano lo que generaría desabastecimiento.

“Desde principios de año para acá venimos con la actividad desregulada, donde el productor tiene que tratar de encontrar al mejor comprador y demás. Esto hace que justamente nosotros, los pequeños y medianos productores estemos en una situación muy compleja”, explicó un productor en diálogo con el canal de noticias IP.

“Hay un tire y afloque donde termina ganando siempre el industrial que elabora el producto, no nosotros los pequeños productores que no tenemos la capacidad tampoco como para ponernos a elaborar nuestra propia materia prima y salir con una marca y un paquete al mercado”, señaló.

“Eso nos deja en una situación de vulnerabilidad muy compleja. Aparte también hay una cuestión no menor que el consumo de la yerba mate es inelástico, o sea, acá en la Argentina se viene hablando de seis kilos per cápita desde hace muchísimos años y no podemos lograr romper ese techo que se tiene, comparativamente hablando, por ejemplo, con Uruguay donde por ahí consumen 14 kilos per cápita”, añadió.

“Directamente el productor hoy está trabajando a pérdida y lo peor del caso es que, como decía hace un momento, somos más de 12.000 los pequeños y medianos productores que vivimos de la actividad”, dijo.

En este contexto, el viernes a las 18, productores yerbateros marcharán en la rotonda del kilómetro 8 de Andresito bajo el lema “Todos unidos por la yerba mate” en reclamo de “un precio justo” y “para defender la dignidad del sector productivo”. Además reclaman que el Gobierno nacional le restituya funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate, que dejó de regular la actividad.

MM