La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), aliada de Elisa Carrió, sumó un escrito a la denuncia penal contra Cristian Ritondo por el entramado de sociedades offshore y de Florida, Estados Unidos, vinculadas a la esposa del diputado, Romina Diago. Es a partir de una reciente revelación de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), de acuerdo a fuentes judiciales. 

Frade adjuntó una denuncia que ella misma ya había presentado este martes ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Poder Ejecutivo, donde Carrió también denunció a Ritondo el 12 de diciembre último. 

La legisladora analizó en el escrito presentado movimientos del patrimonio declarado por Ritondo ante la Oficina Anticorrupción (OA) y enumeró una serie de supuestas inconsistencias. Solicitó investigarlas.

Frade afirmó que Ritondo tiene participación en seis empresas. Una de ellas es una constructora que fundó junto a su padre, ya fallecido. Se trata de Emprendimientos Rivadavia SA, que, sostiene la diputada, habría sido investigada en 2013 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La empresa habría sido blanco del fisco por supuestos “inmuebles subvaluados, adecuación de declaraciones juradas de ganancias, no poseer ingresos bancarizados y tener sólo una empleada registrada, que habría sido la secretaria” de Ritondo en la Legislatura porteña, cuando se desempeñaba como vicepresidente del cuerpo (entre 2011 y 2015), denunció la diputada de la Coalición Cívica.

En el documento que ahora está en poder del fiscal, Frade sostuvo que “el cruce informativo de inmuebles a nombre del Diputado, su cónyuge, su hermana (Livia Ritondo) y su cuñado, Martín Diago, balances y declaraciones presentadas en la Oficina Anticorrupción (OA) y la (ex)AFIP, así como informes a IGJ podrían ser esclarecedores del verdadero e íntegro patrimonio del Diputado y sus interpósitos, así como la legalidad del origen” de los fondos. 

Tras la investigación periodística, el jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja fue denunciado el 9 de diciembre ante los tribunales federales de Retiro. El expediente quedó a cargo del fiscal federal Taiano, quien deberá decidir si desestima la denuncia del abogado Jeremías Rodríguez o si impulsa la investigación con medidas de prueba.

Ritondo y su esposa fueron denunciados por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los presuntos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso del diputado.

El patrimonio de Ritondo

Al entramado de sociedades offshore y propiedades en Florida, Frade sumó 72 inmuebles y 10 vehículos presuntamente vinculados a la constructora de Ritondo y le adjudicó a la empresa la construcción de numerosas torres en la Ciudad de Buenos Aires y un complejo de lujo en Pinamar. Además, aseguró que la firma Solares de Donato pertenecería a Emprendimientos Rivadavia SA.

La diputada mencionó que en 2022 Ritondo fue coautor con Sergio Massa de un proyecto de ley que proponía la “prórroga de la Ley 27.623 Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda y blanqueo”. “El diputado tuvo aquí una participación estelar en la defensa de sus propios intereses”, aseguró Frade.

La legisladora pidió que se investigue una chacra en San Antonio de Areco, denominada La Alameda, y supuestamente vinculada al diputado.

elDiarioAR se comunicó con voceros de Ritondo, quienes afirmaron que el diputado se presentará a dar las explicaciones pertinentes ante la Justicia, si es que es citado. En diálogo con La Nación, el jefe de la bancada del PRO dijo este miércoles: “Todas mis empresas están todas declaradas en la declaración jurada, hay algunas que tienen movimiento, otras que no tienen movimiento, pero son todas viejas, salvo una que no tiene movimiento de hace dos años, pero están todas declaradas, no sé de qué hablan”.

ED/MC

Elisa Carrió denunció al diputado del PRO Cristian Ritondo ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Poder Ejecutivo, de acuerdo a los documentos a los que accedió la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. La presentación de quien fue socia del macrismo en Cambiemos se basó en la investigación publicada por este medio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre el entramado de sociedades offshore vinculado a la esposa del jefe de la bancada amarilla en la Cámara baja, Romina Diago. 

En un escrito dirigido al presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, Carrió planteó el jueves 12 de diciembre pasado que “existen elementos que ameritan que se inicie una investigación respecto a este grupo de personas y sociedades comerciales con el objeto de precisar las vinculaciones entre las personas físicas involucradas y el entramado societario descripto”. Además, solicitó que se analice el patrimonio del matrimonio Ritondo-Diago, su actividad, estados contables, vinculaciones, cuentas bancarias y colocaciones en instituciones nacionales y extranjeras, así como el monto de adquisición de bienes inmuebles. 

Mónica Frade amplió la presentación

Tras la denuncia de Carrió, Mónica Frade, diputada y aliada de la líder de la Coalición Cívica (CC) realizó una segunda presentación en la que amplió la información sobre el patrimonio de Ritondo, de acuerdo con el escrito al que accedió elDiarioAR. 

Frade enumeró una serie de supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo y datos obtenidos de una investigación propia de la diputada. Al finalizar su presentación solicitó que se inicie la investigación por presunto lavado de dinero en contra de la espada de Mauricio Macri en Diputados.

La diputada señala en su escrito que mediante una firma, Emprendimientos Rivadavia, se realizan obras de construcción de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, que no están registradas en la declaración jurada de Ritondo y le generan sospechas de supuesto lavado de dinero, según publica el diario La Nación.

Para Frade, “claramente, este movimiento mobiliario e inmobiliario y su expansión no sólo no están reflejados en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino que pueden estar indicando maniobras de lavado de dinero, de origen incierto, aunque se tendrá que tener presente que su única actividad fue siempre a través de la función pública. Naturalmente, las declaraciones que haya presentado en el organismo recaudador ARCA, ex-AFIP, permitirán una conclusión más certera al respecto”, remarcó la legisladora.

Asimismo, asegura que Ritondo posee las firmas Emprendimientos Rivadavia, Maderera San Agustín, Waterford, Sugarcane, Bull Business, Agrolink. Pero señala que en las declaraciones juradas de bienes, de 2021 a 2023 Emprendimientos Rivadavia sufrió un retroceso en el valor de sus acciones. Luego menciona supuestas inconsistencias en la declaración de dólares heredados y el congelamiento del valor de las acciones de Waterford en tres años en $3.252,000. Tampoco modificaron su valor las acciones de Agrolink y de Bulls Business.

Este miércoles, en declaraciones a Radio con Vos, Frade sostuvo que Lilita Carrió “es una olfateadora nata respecto a temas de corrupción y nosotros seguimos sus enseñanzas. El funcionario Cristina Ritondo ha sido materia recurrente para la Coalición Cívica, sobre todo cuando fue ministro de Seguridad bonaerense. Tuvimos algunas objeciones y alguna información que le hacíamos llegar a la entonces gobernadora (María Eugenia Vidal) porque nos preocupaba”.

De acuerdo a Frade, “en la ampliación sobre las posibles inconsistencias de las últimas tres declaraciones patrimoniales de Ritondo, pusimos el ojo en la conversión de 133 mil dólaresde una supuesta herencia. Tomó el valor del dólar a un número muy inferior, lo que serviría para justificar dólares que no estaban registrados”, explicó, al tiempo que agregó: “La empresa madre es Emprendimientos Rivadavia S.A., fundada con su padre en el 2000. Adquirió numerosos rodados de alta gama en el 2024, unos diez autos de alta gama”, detalló.

Los autos en cuestión que se compraron desde 2004, según el escrito presentado por Frade, son dos Volkswagen New Beetle, una Peugeot Boxer, un Suzuki Sidekick JX modelo 1993, un Jeep Grand Cherokee, una Ford Ranger, un Mini Cooper, una camioneta RAM 1500 5.7 VB LARAMIE 4X4, un Mercedes Benz 240 GD/2850 y una Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG.

Antecedentes

El trabajo periodístico reveló que Diago, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore y de Florida armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos. Ritondo, referente central de Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigación. 

El matrimonio no respondió las consultas del equipo periodístico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versión de los hechos.

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002. La denuncia quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano. El denunciante, el abogado Jeremías Rodríguez, se presentó este martes a ratificar su presentación ante la fiscalía, por lo que Taiano ya está en condiciones de decidir si abre una investigación penal.

Rodríguez solicitó al juez del caso, Sebastián Ramos, que sea él quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejercía como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el juez rechazó esa posibilidad.

Estas son cinco claves para entender el caso de las sociedades y propiedades en el extranjero.

Las preguntas sin responder

Ritondo debería haber declarado los bienes de Diago en el exterior en el legajo reservado para bienes del cónyuge. Estas declaraciones juradas tienen que presentarse ante las instituciones a las que perteneció y pertenece, es decir, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. ¿Los declaró? No lo sabemos. Desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos.

¿Declaró Diago estos bienes ante la AFIP o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)? No lo sabemos. La información está resguardada bajo el secreto fiscal y el matrimonio no respondió ninguna de las consultas de la UDI de elDiariAR y CLIP con respecto a este punto. Aunque los bienes estén en el exterior, Diago debería declarar cualquier propiedad en Florida a nombre de las sociedades que controla como accionista, dueña o beneficiaria final.

ED/MC

La investigación sobre el entramado de sociedades offshore y propiedades en Florida, Estados Unidos, vinculadas a Romina Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja, dejó en evidencia la necesidad de dar transparencia a los patrimonios de los cónyuges de funcionarios y legisladores. Las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latioamericano de Investigación Periodística (CLIP) aún no han sido aclaradas por Ritondo y Diago, quienes fueron consultados antes de la publicación y declinaron responder.

Diago figura en documentos confidenciales de la filtración Pandora Papers, a las que accedió el equipo periodístico como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La documentación se encontraba en poder de un estudio jurídico de Panamá que fue uno de los blancos de la filtración, OMC.

Además, la UDI de elDiarioAR y CLIP consultaron los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida, Estados Unidos, de donde también surgen documentos públicos que conectan a Diago con más sociedades y propiedades. Pese a esa información, son varias las preguntas que aún quedan por responder por los involucrados en la trama.

Quedan tres puntos por conocer: 

La UDI de elDiarioAR consultó a tres expertas para intentar adelantar respuestas.

Cadena de favores

Ritondo debería haber declarado los bienes de Diago en el exterior en el legajo reservado para bienes del cónyuge. Estas declaraciones juradas tienen que presentarse ante las instituciones a las que perteneció y pertenece, es decir, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. ¿Los declaró? No lo sabemos. Desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos.

El caso demuestra que en Argentina los obstáculos legales para conocer el patrimonio de los cónyuges de los funcionarios públicos es una discusión que dejó de darse hace años pero nunca debió abandonarse. ¿Por qué no podemos conocer los bienes de los cónyuges de los y las funcionarias?

La participación en empresas, las propiedades muebles e inmuebles de los cónyuges y de los hijos no emancipados, tanto en el país como en el exterior, era información pública hasta las declaraciones juradas de 2012. 

En 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner motorizó cambios en la Ley de Ética Pública, logrando una modificación esencial, entre otras: el patrimonio de los cónyuges, convivientes e hijos menores no emancipados ya no serían de carácter público, como era hasta 2012.

Gracias a aquella modificación votada por el Congreso, el patrimonio de la esposa de Ritondo permanece resguardado en un legajo reservado al que ahora sólo se podrá acceder por una orden del juez federal Sebastián Ramos, el magistrado que interviene en el expediente contra el diputado y su pareja.

“Las declaraciones juradas deben servir para identificar evoluciones patrimoniales incompatibles con los ingresos de la función pública y de conflictos de intereses”, explicó a elDiarioAR Clara Lucarella, coordinadora del programa de Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Aquella reforma implicó un retroceso en la transparencia. Excluir esta información impide que la ciudadanía pueda llevar adelante un adecuado control de los actos de gobiernos y la prevención de la corrupción”, afirmó la abogada.

Un fallo sin efecto 

En 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró que este punto de la reforma de la ley es inconstitucional, luego de un planteo de la organización Poder Ciudadano. Sin embargo, no ha habido una modificación normativa que refleje esta decisión, explicó Lucarella. 

Germán Emanuele, abogado de Poder Ciudadano y coordinador del servicio jurídico gratuito de la organización, sostuvo ante la consulta de este medio que la declaración de inconstitucionalidad de 2018 quedó en la nada. “La excusa de la Oficina Anticorrupción para no cumplir el fallo era que no podían dar a conocer los anexos reservados de las declaraciones juradas si la ley seguía en vigencia”, aseguró. Entonces, gobernaba Mauricio Macri y la OA estaba al mando de Laura Alonso. 

“Con el cambio de gobierno en 2020 recibimos una nota de la Oficina Anticorrupción en la que nos invitaban a participar de una mesa de trabajo que tenía como fin cumplir con la sentencia de 2018. Debíamos pensar una nueva normativa”, explicó Emanuele. Un mes más tarde, llegó la pandemia del Covid-19 y todo volvió a truncarse. “La OA presentó un proyecto en el Congreso y quedó ahí, no se discutió más”.

Casados con hijos

Si Diago y Ritondo están casados, ¿los bienes adquiridos por Diago en el exterior son bienes conyugales? ¿Debería Ritondo haber declarado el 50% de esos bienes en sus declaraciones juradas públicas, por ejemplo, cuando era legislador porteño, entre 2013 y 2015?

“Todos los bienes que uno recibe a título oneroso, es decir que no son por donación o herencia, son bienes gananciales, no importa que la titularidad sea de ella”, explicó Marisa Herrera, investigadora del Conicet, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y redactora del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Diago declaró ante el estudio OMC que al menos en el caso de una inversión inmobiliaria de US$650.000, los fondos provenían de su trabajo como abogada. Es decir que para la ley argentina, son bienes conyugales.

Esto determina, explicó Herrera, que si Diago se divorcia de Ritondo, el diputado tiene derecho al 50% de los bienes que ella tenga a su nombre tanto en el país como en el exterior. “Ella es la titular pero él tiene un derecho en expectativa por ser bienes gananciales, que se actualiza o se hace valer cuando se disuelva la comunidad” del matrimonio, agregó la experta. Esto se aplica de esta manera tanto en el viejo como el nuevo Código Civil.

Beneficiaria final

¿Declaró Diago estos bienes ante la AFIP o ARCA? No lo sabemos. La información está resguardada bajo el secreto fiscal y el matrimonio no respondió ninguna de las consultas de la UDI de elDiariAR y CLIP con respecto a este punto. Aunque los bienes estén en el exterior, Diago debería declarar cualquier propiedad en Florida a nombre de las sociedades que controla como accionista, dueña o beneficiaria final.

En los documentos revelados, Diago aparece como member o integrante de la sociedad de Florida: Bonita Holdings 39. Esta compañía es a su vez accionista de otra sociedad: Ilustre LLC (radicada en Delaware). Ilustre aparece hasta 2021 como la titular de un departamento en Hallandale Beach, Florida.

Además, en otro documento confidencial de Pandora Papers, Diago figura como beneficiaria final de Sunstar Point Ltd, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del Caribe. Así consta en documentos de OMC de 2014 y 2018. Esta compañía también figuraba como titular de un inmueble en Florida.

¿Qué es un beneficiario final? Es quien ejerce el control efectivo de una sociedad sin la necesidad de ser accionista. En inglés la figura se denomina “beneficial owner” o “dueño beneficiario”, y cumple el mismo rol: es quien controla la estructura y se beneficia de los bienes de la compañía.

Argentina sancionó en marzo de 2024 una ley que crea un Registro Público de Beneficiarios Finales en cabeza de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes AFIP. 

¿Quiénes están obligados a informar a ARCA si son beneficiarios finales de una sociedad? De acuerdo con la ley, todas aquellas personas residentes en el país aunque las sociedades estén radicadas en el extranjero. Lo mismo sucede con la participación en fideicomisos en Argentina o en el extranjero. Eso obliga a Diago a declarar su participación en Sunstar Point ante las autoridades argentinas, en caso de que siga siéndolo o lo haya sido en los últimos años.

¿Quiénes pueden acceder a este registro? “La norma señala que existirán distintos grados de acceso a este registro para los diferentes organismos públicos y particulares que requieran esa información y que no habrá secreto fiscal oponible en relación con la información del Registro y sobre los accesos otorgados”, explicó Maria Eugenia Marano, abogada integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE). 

Sin embargo, aclaró Marano, el registro no es de acceso público por fuera de determinados organismos de control. La publicidad total del Registro Público de Beneficiarios Finales es uno de los debates que organizaciones de la sociedad civil como Fundación SES –miembro de la red Latindadd– vienen dando desde hace años en el país. 

“La ley dejó en cabeza de ARCA la reglamentación del acceso a dicho registro y lejos de convertirse en una herramienta ágil y eficiente para las investigaciones, lo transformó en otro burocrático registro, donde el acceso es limitado a determinados funcionarios de los diferentes poderes habilitados”, afirmó Marano.

“El caso que nos ocupa visibiliza a la perfección como a través de múltiples entramados multijurisdiccionales y artilugios jurídicos, el uso abusivo de las cáscaras empresarias logró ocultar a quienes buscan pasar desapercibidos ante el Estado, ya sea para no pagar sus impuestos, lavar dinero o bien para ocultar sus bienes a otras personas”, sostuvo Marano. 

A más de una semana de la revelación sobre las sociedades y sus patrimonios en Estados Unidos, Ritondo y Diagosin responder esos detalles.

ED/MC

El diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la cámara baja, quedó en el centro de las críticas esta semana tras una investigación publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El trabajo periodístico reveló que Romina Aldana Diago, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore y de Florida armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos. El matrimonio no respondió las consultas del equipo periodístico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versión de los hechos.

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002. La denuncia quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, quien citó al denunciante, el abogado Jeremías Rodríguez, a ratificar su presentación este martes.

Rodríguez solicitó al juez del caso, Sebastián Ramos, que sea él quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejercía como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Ritondo, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigación. Estas son las claves del caso.

1. De dónde surgen los documentos 

Las conexiones de Diago con una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas y un fideicomiso en Florida surgen de una serie de documentos internos del estudio Overseas Management Company (OMC), que se filtraron gracias a Pandora Papers, una investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que integran la UDI de elDiarioAR y el CLIP. La participación del periodista argentino Iván Ruiz, del CLIP, fue central en la investigación. OMC es un bufete o estudio jurídico especializado en la conformación de sociedades offshore. 

Además, otros documentos públicos permitieron reconstruir las conexiones de Diago con otras sociedades a través de las consultas al registro público de sociedades de Florida. Este sitio es abierto y puede consultarse en internet. 

Otro registro público que aportó documentación es el registro de propiedades de Florida. Los documentos fueron hallados por la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas con las bases de datos de Estados Unidos. Allí fue clave el investigador Angus Peacock, quien asistió al equipo periodístico en la búsqueda.

2. Cuáles son las conexiones de Diago con las sociedades

La investigación sacó a la luz tres redes distintas de sociedades y propiedades, pero que están conectadas entre sí, no sólo por Diago sino también por una persona y direcciones que se repiten en ambos circuitos. 

Red 1: el fideicomiso. La primera red, hallada en Pandora Papers, está formada por la sociedad Sunstar Point Ltd, de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del Caribe. Diago aparece en los documentos activando esta sociedad en 2014 a través del estudio OMC de Panamá, de acuerdo con un correo electrónico.

El objetivo de la compañía es ser titular de una propiedad en Florida valuada en US$650.000, de acuerdo con los documentos.

La propiedad estaría ubicada en Hallandale, en el sur de Florida, en un condominio denominado Beachwalk Condominium, frente al mar, de acuerdo a un formulario del estudio OMC.

Sunstar Point era controlada por Diago como beneficiaria final de la sociedad y como presidenta y directora, pero su accionista es un fideicomiso creado en Florida, también en 2014. El fideicomiso, denominado Warwick Trust, fue creado por Diago para controlar esta sociedad.

Diago estableció que tras su muerte o incapacidad, Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos serían los dos hijos del matrimonio. La sociedad también tuvo un cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida. En 2018, en un formulario de OMC, aparece un vínculo con una cuenta bancaria en el Santarder Río, en Buenos Aires.

Diago aparece en los documentos de Sunstar Point al menos hasta noviembre de 2018.

Red 2: Ilustre y Bonita. El departamento de Hallandale aparece en 2015, un año después, a nombre de otra sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos, donde llegar a los verdaderos dueños de las compañías está plagado de obstáculos.

Conocer quién es el verdadero dueño de Ilustre LLC es requirió del análisis de documentos públicos de Florida, hallados en el registro de propiedades, ya que los documentos de la sociedad en Delaware no arrojaban esa información. En Florida, sin embargo, surge una declaración jurada. En agosto de 2021, Ilustre LLC decidió vender el departamento de Hallandale. Durante la venta del departamento, la agente inmobiliaria de la sociedad, María José Pérez-Millán, firmó un documento en el que declaró que la sociedad era propiedad de otra compañía radicada en Florida: Bonita Holdings 39. También sostuvo que Bonita Holdings 39 tenía un miembro: Diago. 

¿Qué significa ser “miembro” (member) de una sociedad en Florida? elDiarioAR consultó a un experto en este tipo de compañías. Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, explicó a este medio que mientras el manager de la sociedad es quien gestiona los negocios de la compañía, el miembro o “member” es equivalente a un accionista.

Red 3: Vamospormás o Goformore. En los documentos públicos, Ilustre LLC es representada por Pérez Millán. La agente inmobiliaria también aparece como manager de otra sociedad: Goformore LLC, radicada en Florida, y cuya traducción podría ser “Vamospormás”.

La investigación de la UDI de elDiarioAR y el CLIP estableció que la sociedad estuvo conectada a Diago hasta junio de 2013, cuando la abogada renunció a su cargo como “manager/miembro” de la compañía. La abogada desaparece de los documentos públicos y la agente inmobiliaria Pérez-Millán asume el cargo de manager (no el de miembro). Hasta la actualidad, Goformore LLC aparece representada en Florida por Pérez-Millán.

Esta compañía aparece como propiedatria de cuatro inmuebles en Miami, uno de ellos vendido en 2015. 

La primera propiedad fue adquirida el 14 de marzo de 2013. Se trata de un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Fue comprado a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo (denominada Harbour House 1533 Corp.). 

Un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendió la propiedad en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015. Los departamentos están valuados en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Hace pocos meses, Ritondo celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

3. La conexión con Juan Alberto Pazo, jefe de ARCA

Pazo es abogado y proviene del sector privado pero también es un hombre del espacio que lidera Macri. El flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue hasta principios de diciembre el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. 

Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Pazo ya había sido funcionario público: fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017, durante la gestión de Macri. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

En 2018, cuando era funcionario de Macri, Pazo era accionista de Harbour House 1533 Corp (la sociedad que vendió un departamento a Goformore LLC en 2013), de acuerdo con los documentos del estado de Florida, pero nunca lo declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), como reveló elDiarioAR en abril. El funcionario sostiene que la sociedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera, y está debidamente declarada por ella ante la exAFIP, según informaron voceros de Pazo ante la consulta de este medio.

Pazo fue denunciado esta semana por el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) ante la Justicia por presunta por “falsedad maliciosa de su declaración jurada”.

4. Ritondo y su patrimonio 

Ritondo es el diputado más rico de Argentina. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior. 

En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del patrimonio de Ritondo corresponde a su participación en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, fundada por el diputado y su padre en 2000 y de la que Ritondo es presidente. También tiene participación societaria en otras compañías como Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA.

Los funcionarios públicos, incluidos los legisladores locales, diputados y senadores, deben declarar el patrimonio de su cónyuge, pero en 2012 una resolución de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los bienes registrados a nombre de las parejas de los funcionarios son reservados. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos. Por esa razón, el patrimonio de Diago es reservado. Ritondo debía informarlo también cuando estas estructuras se montaron y él era legislador porteño, entre 2013 y 2015.

5. Qué dijeron Ritondo y Diago sobre la investigación

El matrimonio no respondió las consultas de la UDI de elDiarioAR y el CLIP sobre si estas sociedades y propiedades fueron declaradas por Diago ante la exAFIP -hoy ARCA-. Tampoco quiso dar su versión de los hechos al cierre de esta investigación ni luego de la publicación.

En abril, cuando surgieron los primeros documentos, ante una consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa sobre Goformore LLC, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

La mamushka de sociedades offshore y complejas estructuras financieras que llegan a un núcleo de departamentos en Estados Unidos -expuesta en la investigación de los periodistas Emilia Delfino e Iván Ruiz- conduce directamente al diputado nacional del PRO Cristian Ritondo. Con un paso intermedio: su esposa, Romina Aldana Diago, una desconocida abogada que cumplió funciones menores en el Estado porteño y que habría acumulado un gran patrimonio, aunque su declaración jurada de bienes todavía se desconoce.

La minuciosa investigación periodística permitió reconstruir una historia que transcurre en lugares como la Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida (sitios que indican alguna intención de, al menos, ocultar información), pero que ya tuvo sus implicancias en nuestro país. Más allá de la evidente cobertura que protege a Ritondo en los grandes medios de comunicación, lo cierto es que tanto el diputado como su partido político -el PRO- acusaron el golpe y, para dejarlo en evidencia, aún mantienen un silencio propio de aquellos que hacen ruido. Más allá de la política, ya fue presentada una denuncia ante la Justicia federal, y, se supone, que así se abrirá un capítulo en los tribunales.

Precisamente en este aspecto (la lucha contra la corrupción), el caso deja expuestas algunas cuestiones que vale la pena analizar. La primera corresponde a la necesidad de aprobar una nueva Ley de Ética Pública. A esta altura, resulta inadmisible que la actual norma, sancionada en 1999, no haya sido actualizada. Desde aquellos años, explotó la utilización de la tecnología en los negocios; la circulación de la riqueza es inmediata; los instrumentos financieros son notoriamente diferentes; y hasta las estructuras jurídicas cambiaron. Una nueva Ley, además, debería considerar los acuerdos internacionales logrados desde aquel entonces. E, incluso, el desarrollo jurisprudencial de algunos aspectos también debiera tener su correlato en una nueva norma de integridad pública. Veamos:

La declaración jurada del cónyuge de quien ejerce la función pública debiera estar disponible para el acceso de la ciudadanía. Es inadmisible que no sea así, en este aspecto la versión original de la Ley lo contemplaba, pero, posteriormente, se limitó el derecho ciudadano a conocer estos datos. El caso ganado por Poder Ciudadano hace ya cinco años marca la línea a seguir.

La declaración jurada patrimonial de los legisladores debiera ser analizada como ocurre con los funcionarios del Poder Ejecutivo. Es necesario crear, por ley, una agencia similar a la Oficina Anticorrupción, pero con competencia para cuanto ocurre en el Congreso Nacional. Actualmente, los diputados y senadores presentan su declaración jurada y nadie las examina, lo mismo sucede con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, también inadmisible.

Para los funcionarios públicos debería existir la expresa prohibición de tener cualquier activo en paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas o Delaware. Denota una intención de evadir leyes y esconderse de eventuales investigaciones, administrativas o judiciales, que resulta contraria a cualquier noción de ética pública.

El sistema de presentación, análisis y publicidad debiera ser completamente digital. Con opción de un entrecruzamiento sencillo de información con las bases de datos destinadas a indagar sobre tenencias y propiedades.

Si bien no está vinculada con una nueva Ley de Ética Pública, habría que avanzar en la creación de un Registro de Beneficiarios Finales. Es necesario conocer qué personas físicas se encuentran detrás de las empresas, particularmente de las que se relacionan con el Estado. En la actualidad, por ejemplo, una empresa radicada en el exterior cuya titularidad es de la cónyuge de Ritondo podría participar de privatizaciones, beneficiarse con el RIGI o vincularse con el Estado de cualquier manera sin que nadie se entere de a dónde irán finalmente los beneficios del negocio.

Ahora bien, el discurso de Silvia Lospennato en el Congreso de la Nación cuando, al borde de las lágrimas, veía cómo se incumplieron las promesas que le hicieran sobre aportar quórum para el proyecto de “Ficha limpia”, tuvo un espectador de lujo: Cristian Ritondo. Sentado dos filas adelante, escuchaba la diatriba de su compañera de banca, indignada por la “impunidad de la corrupción”. Veremos hasta dónde llega la impunidad, si el fiscal que interviene en la causa contra Ritondo, Eduardo Taiano (con vínculos con quien debe investigar), se excusa de intervenir, o no. Será un buen parámetro.

Más allá de lo que pase en los Tribunales, hay consenso entre quienes trabajan –seriamente- en cuestiones de integridad pública: las acciones que deben tomarse contra la corrupción están muy lejos de la propuesta conocida como “Ficha limpia”. Una vez más, resulta recomendable resaltar lo expuesto en las conclusiones del estudio sobre integridad que realizó OCDE sobre Argentina. Tiene especial valor porque fue realizado por uno de los equipos de especialistas más reconocidos del mundo. Según el estudio, nuestro país debe implementar acciones preventivas, con un enfoque sistémico, integral, involucrando a la sociedad civil y con una inversión tecnológica acorde. Un rumbo que apunte fuertemente a trabajar sobre el rol del sector privado (con especial atención a los conflictos de interés y a la captura del Estado) y donde la articulación de los organismos de control sea inmediata y efectiva.

Además, el equipo de OCDE señaló, especialmente, una circunstancia que viene a cuento de lo que aquí relatado: la falta de políticas de integridad en el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Los recientes casos de las propiedades vinculadas a Ritondo, los dólares del expulsado Kueider, así como la exuberante fiesta organizada por el fiscal federal Ramiro González, parecen darle la razón.

Finalmente, la OCDE también recomendó, con énfasis, impulsar una nueva Ley de Ética Pública. Lamentablemente la agenda anticorrupción parece ir por otro lado.

El autor es abogado, especializado en políticas anticorrupción. Fue subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia en la Oficina Anticorrupción.

Luego de que la denuncia contra el diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Aldana Diago, quedara a cargo del juez federal Sebastián Ramos y de la fiscalía de Eduardo Taiano, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica)  advirtió en la red social X que un hijo del fiscal trabajó con el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Federico Nicolás Taiano fue nombrado por Ritondo en abril de 2016 como responsable ejecutivo del Programa Integral de Protección Ciudadana, con rango y remuneración equivalente a un director, de acuerdo con el escrito que lleva las firmas de Ritondo y la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.  

Federico Taiano renunció al puesto tras la salida de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2019. Fue concejal de Escobar por el mismo partido, entonces liderado por Mauricio Macri. En agosto de 2024, asumió como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad Bienes Decomisados”, en el Ejecutivo de Javier Milei. Depende de Jefatura de Gabinete.

elDiarioAR intentó contactarse con el fiscal Taiano para conocer su posición sobre un eventual conflicto de interés pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.

El caso

El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo. Los datos surgen de la investigación publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El trabajo periodístico sacó a luz documentos confidenciales de la filtración Pandora Papers que revelan un entramado de sociedades offshore y otras compañías radicadas en Florida, Estados Unidos, para adquirir propiedades en Miami y Hallandale, en el sur del estado de las palmeras.

La presentación judicial, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada en Comodoro Py 2002 por el abogado Jeremías Rodríguez.

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado ...o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”.

Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, está más que claro que ocultó información de manera intencional, en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188”, Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar también el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Retiro debido a que Ritondo es diputado nacional, además de los delitos de materia federal que se presumen en la presentación.

CC/JJD

El diputado Cristian Ritondo y su esposa, la abogada Romina Aldana Diago, fueron denunciados este lunes en los tribunales federales de Retiro, tras las revelaciones de una investigación sobre los vínculos de la pareja del jefe de la bancada del PRO en Diputados con sociedades en paraísos fiscales y Florida, y la adquisición de propiedades en Miami y el sur de la Florida, Estados Unidos. El caso fue revelado este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo.

La presentación, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada en Comodoro Py 2002 por el abogado Jeremías Rodríguez y quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. El fiscal del caso será Eduardo Taiano, de acuerdo al sorteo informado por el Centro de Información Judicial (CIJ). 

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado ...o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”.

Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado Nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, está más que claro que ocultó información de manera intencional, en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188”, Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar también el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Retiro debido a que Ritondo es diputado nacional, además de los delitos de materia federal que se presumen en la presentación.

El caso

Diago aparece en los documentos públicos y confidenciales de una red de sociedades en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida vinculadas a la adquisición de departamentos por US$2,6 millones en Miami y Hallandale, en el sur de Florida. Voceros de Ritondo desligaron al diputado y su esposa de parte del entramado pero no respondieron si las sociedades estaban debidamente declaradas ante la exAFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La sociedad Goformore LLC podría traducirse del inglés casi literalmente como “Vamospormás”. Esta compañía nació el 4 de junio de 2012 en el estado de Florida, Estados Unidos. Tenía una manager/miembro: Romina Aldana Diago, la esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la cámara baja, de acuerdo a la investigación publicada este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El 14 de marzo de 2013, Goformore LLC adquirió un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Se lo compró a otra sociedad: denominada Harbour House 1533 Corp, presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, flamante titular a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hasta la semana última, Pazo era el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. El miércoles, Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Diago, que ejerce como abogada y asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, permaneció en los documentos públicos de la compañía hasta junio de 2013, de acuerdo a los registros públicos de Florida. Luego, jamás volvió a aparecer en los papeles abiertos de la sociedad, que pueden consultarse vía web.

Tras su salida de Goformore LLC, Diago fue sustituida por una agente inmobiliaria que actuó únicamente como manager de la sociedad, no como manager/miembro. La nueva manager es María José Pérez-Millán.

El departamento que Goformore adquirió a la empresa de Pazo -de la que además el abogado figura como accionista en 2018 fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust y había activado una sociedad en Islas Vírgenes Británicas (Sunstar Point) para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Otros bienes

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Goformore, Pérez-Millán es representante de otra sociedad: Ilustre LLC, radicada en Delaware en febrero de 2015.

Ilustre LLC es propiedad de una tercera sociedad, Bonita Holdings 39, de Florida, integrada por Diago, como reveló la investigación de la UDI de elDiarioAR y CLIP.

Además, la esposa de Ritondo aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y maneja un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust.

Hace pocos meses, Ritondo  celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Como un tema estrictamente “personal”. Así definen en Casa Rosada al entramado de sociedades offshore, departamentos en Miami por US$2,6 millones y complejas estructuras financieras que conducen directamente a la abogada Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo, información que reveló este domingo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.

“No tenemos nada decir, es algo de caracter privado”, apuntaron ante la consulta de este medio fuentes del gobierno de Javier Milei, que tiene al jefe del bloque PRO y referente de Mauricio Macri como a uno de sus aliados predilectos en la Cámara baja. Según los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers, a los que elDiarioAR pudo acceder junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Ritondo figura como heredero directo de las propiedades a nombre de Diago en caso de muerte o incapacidad de su pareja.

En su defensa, Ritondo argumentó este lunes que la información sobre las sociedades offshore está “mezclada” y que todas las operaciones tienen más de diez años. Antes de la publicación de la investigación el diputado fue contactado por elDiarioAR y, tal como solicitó, se le concedieron 10 días de plazo extra para responder las consultas, pero aún así decidió no dar explicaciones a este medio.

Un dato que se desprende de los documentos está marcado por la coyuntura: una transacción inmobiliaria en Miami, celebrada en marzo de 2013, que une a la abogada Diago con Juan Pazo, flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex-AFIP.

Hasta la semana pasada, Pazo fue un funcionario todoterreno del Ministerio de Economía que comanda Luis “Toto” Caputo. Pero el inicio de su historia en la función pública tuvo lugar en 2016, cuando se desempeñó en el gobierno de Mauricio Macri como director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo. Dejó ese puesto en 2017 para asumir como superintendente de Seguros de la Nación, donde permaneció hasta 2019.

Pazo además tiene vínculos directos con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, y con Mariano Federici, exjefe de la UIF de Macri. Su empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro, está muy bien conectada con el actual gabinete: Bausili fue su asesor financiero y un hijo de Caputo es el encargado de Administración y Finanzas. 

Aliados ambivalentes

Milei y Ritondo cultivan una buena relación a partir del trabajo que supieron compartir en el recinto de la Cámara baja. “Tenemos la oportunidad histórica de realizar los cambios rápidos y profundos que Argentina necesita para volver a ser un país normal. El momento es ahora”, publicó en marzo el dirigente del PRO en su cuenta de X, junto a una foto con el Presidente. El diputado había sido recibido en el despacho del libertario en Casa Rosada, en donde compartieron un almuerzo en un clima de extrema cordialidad.

La relación del jefe de bloque PRO con La Libertad Avanza trasciende el vínculo que mantiene con Milei. En octubre, Ritondo fue el anfitrión de un asado que tuvo como invitados especiales al asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pero lo que en un principio parecía representar un nuevo hito en el sinuoso proceso de acercamiento entre ambos espacios luego del acompañamiento de los amarillos al veto a la ley de Financiamiento Universitario, acabó por quedar en la nada tras la sesión frustrada para tratar el proyecto de Ficha Limpia.

“Lo que más duele es que nos quedamos pedaleando en el aire”, fueron las palabras de Ritondo luego de que no se alcanzó el quorum para tratar la iniciativa motorizada por el bloque del PRO y que expuso una vez más los desacuerdos entre el oficialismo y su principal aliado en el Congreso. Durante un evento sobre transparencia electoral, criticó la falta de acompañamiento de La Libertad Avanza y subrayó que, de haber sabido con antelación la postura del Gobierno, no habrían llegado a esa instancia con expectativas.

Además, Ritondo remarcó la importancia de que el PRO mantenga su identidad frente a los libertarios. “No perder la identidad significa seguir siendo amarillo”, señaló, aludiendo a los valores construidos gracias al liderazgo de Mauricio Macri, desde la oposición al kirchnerismo. Y manifestó que la relación con la Casa Rosada estará marcada por el apoyo a “medidas correctas”, pero sin tolerar supuestos acuerdos con Cristina Kirchner. “Si vas a votar algo con el kirchnerismo vamos a tener muchas dudas, porque creemos que es algo que no está bien”, apuntó.

PL/JJD

La sociedad Goformore LLC podría traducirse del inglés casi literalmente como “Vamospormás”. Esta compañía nació el 4 de junio de 2012 en el estado de Florida, Estados Unidos. Tenía una manager/miembro: Romina Aldana Diago, la esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara Baja, de acuerdo a la investigación publicada este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El 14 de marzo de 2013, Goformore LLC adquirió un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Se lo compró a otra sociedad: denominada Harbour House 1533 Corp, presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, flamante titular a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hasta la semana última, Pazo era el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. El miércoles, Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Pazo ya había sido funcionario público, si bien proviene del ámbito privado: fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro.

El abogado fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017, durante la gestión de Mauricio Macri. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Diago, que ejerce como abogada y asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, permaneció en los documentos públicos de la compañía hasta junio de 2013, de acuerdo a los registros públicos de Florida. Luego, jamás volvió a aparecer en los papeles abiertos de la sociedad, que pueden consultarse vía web.

Tras su salida de Goformore LLC, Diago fue sustituida por una agente inmobiliaria que actuó únicamente como manager de la sociedad, no como manager/miembro. La nueva manager es María José Pérez-Millán.

En 2018, cuando era funcionario de Macri, Pazo era accionista de Harbour House 1533 Corp, de acuerdo con los documentos del estado de Florida, pero nunca lo declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), como reveló elDiarioAR en abril. El funcionario sostiene que la sociedad es de su esposo, la empresaria Josefina Helguera, y está debidamente declarada por ella ante la exAFIP, según informaron voceros de Pazo ante la consulta de este medio.

Paso de manos

El departamento que Goformore adquirió a la empresa de Pazo –de la que además el abogado figura como accionista en 2018– fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Aquella transacción inmobiliaria de 2013 conecta a la esposa del diputado Ritondo con el flamante titular de ARCA. 

Sin embargo, ante una consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa con Goformore realizada en abril de 2024 por parte de elDiarioAR, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

Otros bienes

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Goformore, Pérez-Millán es representante de otra sociedad: Ilustre LLC, radicada en Delaware en febrero de 2015.

Ilustre LLC es propiedad de una tercera sociedad, Bonita Holdings 39, de Florida, integrada por Diago, como reveló la investigación de la UDI de elDiarioAR y CLIP.

Además, la esposa de Ritondo aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y maneja un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust. Esta información surge de documentos de la filtración Pandora Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Hace pocos meses, Ritondo  celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Un entramado de sociedades offshore, departamentos en Florida, Estados Unidos, y complejas estructuras financieras conducen directamente a la abogada Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo y ex asesora de funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers, a los que la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR accedió junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

Las sociedades vinculadas a Diago conducen a cinco propiedades en Miami que suman un total de US$2,6 millones. Acceder a los documentos confidenciales y públicos de estas compañías extranjeras fue posible gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y a la colaboración del equipo ID de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas en la búsqueda de documentación.

La esposa de Ritondo, de 48 años, es una abogada que se ha desempeñado en el Estado porteño en diversas funciones. Trabajó como asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (noviembre de 2015). Además, aparece como empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (junio de 2017) y en la Auditoría General de la Ciudad (septiembre de 2014), donde se desempeñó como asesora del auditor del PRO Alejandro Fernández, según fuentes del organismo. Fue nombrada “investigadora senior” del Instituto Superior de Seguridad Pública del gobierno porteño. 

Ritondo es el diputado más rico de Argentina, de acuerdo con un ranking realizado por Chequeado. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior. En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del patrimonio de Ritondo corresponde a su participación en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, fundada por el diputado y su padre en 2000 y de la que Ritondo es presidente. También tiene participación societaria en otras compañías como Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA.

Los funcionarios públicos, incluidos los diputados y senadores, deben declarar el patrimonio de su cónyuge, pero en 2012 una resolución de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los bienes registrados a nombre de las parejas de los funcionarios son reservados. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos. Por esa razón, el patrimonio de Diago es reservado.

La omisión maliciosa en la declaración de bienes ante la OA es un delito con penas de prisión de hasta dos años –excarcelable–, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado.

Diago debe declarar su patrimonio en el exterior ante la ahora Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) –antes AFIP–. La UDI del elDiarioAR y CLIP consultaron al matrimonio a través de voceros de Ritondo si Diago declaró ante las autoridades del fisco su patrimonio en Estados Unidos durante los últimos diez años. También se les envió un cuestionario para conocer su versión de los hechos. El equipo periodístico aguardó 10 días las respuestas pero al cierre de esta edición, aún no habían respondido.

Redes offshore

Las conexiones de Diago con sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos surgen de una serie de documentos internos de Overseas Management Company (OMC), un bufete especializado en la conformación de sociedades offshore, y de los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida. 

El 3 de noviembre de 2014, Álvaro Castillo, del estudio jurídico Castillo & Associates, de Miami, escribió un correo electrónico a una ejecutiva de OMC en Panamá, en el que le adelantó que le está enviando una serie de documentos para activar una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del Caribe. En ese momento, Ritondo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Legislatura porteña, en representación del bloque del PRO. 

En el correo electrónico, Castillo afirma que envía todo los solicitado para el trámite: formularios, copia certificada de pasaporte, prueba de domicilio, una carta de referencia de un banco y una carta de consentimiento de quien asumiría como directora de la sociedad: Diago. Dos formularios detallan datos centrales de la firma que se estaba activando: Sunstar Point Ltd.

Sunstar Point fue adquirida por Romina Aldana Diago a principios de 2014 para conformar una compleja estructura financiera, de acuerdo con los documentos. En el formulario de aplicación, la abogada informó en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de la compañía offshore, radicada en Islas Vírgenes Británicas. El objetivo de la firma era “ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida”, Estados Unidos, valuado en US$650.000. 

La compañía Sunstar Point también tenía una cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida, según quedó asentado en otro formulario interno. “Origen de los fondos”: “Ingresos por negocios”, declaró Diago. También afirmó que su trabajo era “administradora de un estudio jurídico”. El formulario lleva la firma de la esposa de Ritondo.

Si bien Diago tenía control absoluto de Sunstar Point y era su beneficiaria final en los documentos, declaró que las acciones de la compañía offshore estarían a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes, el 8 de septiembre de 2014. Dejó asentada direcciones personales en el barrio de Palermo, su correo electrónico personal y su número de teléfono. También su número de pasaporte argentino.

El objetivo de Warwick Trust era administrar bienes de Diago en el extranjero. El fideicomiso es administrado por la propia Diago, quien figura como “grantor” (fideicomitente, quien constituye el fideicomiso para sus bienes sean administrados por un tercero) y “trustee” (el tercero, es decir, el administrador fiduciario). Se trata, además, de un contrato revocable en vida, por lo que Diago tiene el poder de modificarlo en cualquier momento. En septiembre de 2014, cuando lo constituyó, estableció que el bien en el extranjero que quería proteger con esta estructura era el 100% de las acciones de Sunstar Point (aunque la sociedad se terminaría activando legalmente unas semanas más tarde).

Diago estableció que tras su muerte o incapacidad, Cristian Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos serían los dos hijos del matrimonio.

Nuevo director

El formulario de Sunstar Point se actualizó en 2018, cuando Ritondo llevaba ya dos años como ministro de Seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ante el estudio OMC, la sociedad offshore declaró una nueva dirección física en un departamento del condominio Beachwalk Condominium, en Hallandale Beach, en el sur de Florida. La propiedad estaba entonces valuada en US$498.900, de acuerdo a las publicaciones del sector inmobiliario encontradas en documentos públicos gracias a la colaboración de la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

El edificio de Hallandale se construyó en 2014 –mismo año de constitución del fideicomiso y de la apertura de la sociedad offshore– y desde sus departamentos se pueden apreciar “amaneceres y atardeceres en la costa del Atlántico, acceso directo a la playa, terrazas con cristaleras panorámicas en todas las unidades”, según su sitio web.

En los documentos firmados en noviembre de 2018, Diago siguió siendo la beneficiaria final de la sociedad offshore y Warwick Trust –el fideicomiso constituido por Diago– continuaba siendo el titular de las acciones de la compañía. Pero, además de modificar la dirección, surgen dos cambios más con respecto a los documentos de 2014: la cuenta bancaria de la sociedad pasa a estar en una sucursal porteña del Banco Santander Río y asume un nuevo director: Javier Petrera, quien declaró ante OMC que era empresario y presidente de la empresa Dynamica, en Buenos Aires. Dejó asentados su número de teléfono celular y un correo electrónico. El equipo argentino intentó comunicarse con Petrera pero no recibió respuestas.

Enrevesado

La conexión entre Diago y la familia Ritondo con el fideicomiso y la sociedad Sunstar Point no es posible de establecer a través del rastreo de documentos públicos. Esa relación estaba bien guardada en los archivos privados de los estudios OMC y Castillo Associates. 

El entramado se complejiza aún más, cuando se suman otras dos compañías a la red de sociedades en el extranjero. En abril de 2015, aquel departamento del condominio Beachwalk quedó a nombre de una nueva sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos, de acuerdo a los documentos hallados por OCCRP. 

Llegar a los dueños reales de Ilustre LLC es difícil. La sociedad tiene como accionista a otra sociedad: Bonita Holdings 39 LLC, según los registros públicos de Miami. Se trata de otra sociedad pantalla que hace difícil conocer la identidad de los dueños del departamento. Sin embargo, en 2021 aparece una pista en un documento público: el nombre de Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39.

Ilustre y Bonita

La propiedad del condominio Beachwalk fue vendida seis años más tarde, el 16 de agosto de 2021, a una pareja.  Sunstar Point y Bonita Holdings 39 tiene un segundo domicilio donde mantiene los registros corporativos de la sociedad, en las oficinas del 1390 Brickell Avenue, apartamento 200. A pasos de allí, en el departamento 104, se guardan los documentos corporativos de Ilustre LLC. Bonita Holding e Ilustre LLC tienen, además, a la misma agente inmobiliaria a cargo de representar a los dueños de sus propiedades: María José Pérez-Millan. 

Pérez-Millan figura como la persona autorizada a operar en nombre de una tercera sociedad extranjera: Goformore (“Vamospormás”, en su traducción al español).

“Vamos por más”

Diago también figura en los registros públicos de Florida en una cuarta sociedad. La abogada aparece por única vez en un documento de la firma Goformore, radicada en Florida. La sociedad fue fundada en 2012. Diago aparece en un documento público del registro comercial del estado de las palmeras como administradora o miembro/administradora (manager o accionista manager, según los documentos). Un año más tarde, en junio de 2013, su nombre desaparece de los registros públicos de la sociedad.

Goformore LLC es actualmente dueña de tres propiedades en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. 

El primer departamento se encuentra en el 3301 NE, 1st Ave, Miami, y fue adquirido el 25 de enero de 2013 por US$467.843, según el registro oficial de Miami Dade. 

El segundo se ubica en el mismo edificio y fue comprado el 16 de septiembre de ese mismo año por un valor similar: US$446.900.

La tercera propiedad se ubica en el 460 NE, calle 28, Miami. Fue comprada el 22 de julio de 2015, dos años y medio más tarde. Costó US$656.900.

Goformore tuvo un cuarto inmueble, en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach, adquirido en marzo de 2013 por US$580.000. Fue adquirido a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo (denominada Harbour House 1533 Corp.). Pazo fue nombrado este sábado 7 de diciembre al mando de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, el organismo encargado del control tributario y la recaudación de impuestos.

Un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendió la propiedad en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Ilustre LLC y Goformore, Pérez Millán aparece en alrededor de 14 empresas en Florida, y su perfil público la identifica como una agente profesional que actúa en representación de terceros. 

Ante una primera consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa con Goformore realizada en abril de 2024, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

El equipo periodístico solicitó a la Legislatura porteña copia de las declaraciones juradas de Ritondo entre 2013 y 2015 para saber si el entonces legislador había declarado vínculos con algunas de estas sociedades y departamentos de Florida, pero en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respondieron que ya no cuentan con copias de los documentos. Ritondo debería haber declarado también el patrimonio de su pareja, pero esos documentos ya no pueden ser consultados. Para los legisladores que terminaron su mandato antes de 2020, la ley porteña plantea que pasados los 5 años desde la finalización del mandato, las declaraciones juradas “dejan de estar disponibles”, respondieron.

A pesar de la salida de Macri del gobierno, Ritondo mantuvo su influencia en la política argentina. El diputado es ahora un dirigente clave para la relación de su partido con Milei. Hace pocos meses celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).