A un año del disparo de una granada de gas lacrimógeno a manos del gendarme Héctor Guerrero que hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Grillo durante una cobertura en el centro porteño, familiares, amigos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa y colectivos culturales realizaron un festival en Plaza de Mayo para reclamar avances en la causa judicial y exigir mayores garantías para el ejercicio de la labor periodística en contextos de protesta.

La actividad incluyó intervenciones artísticas, música en vivo de la mano de La Bersuit, Willy Bronca, Peteco Carbajal y Ariel Prat, entre otros, y la lectura de un documento consensuado entre las entidades convocantes. El lema fue “Revelando la Libertad, un festival por la verdad y la justicia” y el eje la denuncia de la violencia institucional y la demanda de políticas públicas que protejan a trabajadores y trabajadoras de prensa frente a agresiones que se volvieron más frecuentes en los últimos años según informes de diferentes organizaciones.

El mismo Pablo Grillo, en plena rehabilitación, difundió un video junto a su familia para convocar al Festival: “El jueves se cumple un año y hacemos una gran festichola. Vengan a la plaza, están todos invitados y copemos las calles”, desafió el fotógrafo.

La causa

Pablo Grillo busca que la Justicia avance no solo en la responsabilidad del gendarme Héctor Guerrero, sino también en la cadena de mando del operativo donde en el vértice superior está quien era entonces la ministra de Seguridad en pleno auge del protocolo antipiquetes, Patricia Bullrich.

De acuerdo a la información que publicaba días atrás Mauricio Caminos para elDiarioAR, la jueza federal María Servini está cerca de elevar a juicio oral al cabo de la fuerza federal por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades. Es que Guerrero disparó de manera antirreglamentaria en reiteradas oportunidades: en línea horizontal y violando el protocolo de hacerlo a 45 grados. La magistrada descubrió en la investigación que el disparo que impactó sobre Grillo fue el cuarto, exactamente a las 17.18, cuando cayó Grillo. Y en esa secuencia de la represión hay un detalle que quedó registrado en las pruebas que recolectó la Justicia y que podrían aventurar que se avance sobre la cadena de mando: Guerrero, entre tiro y tiro, recibe una palmada en su espalda de uno de sus superiores. 

También hay videos donde se ven a distintos jefes tanto de la Gendarmería como de la Policía Federal alrededor del grupo represivo, y que nada hacen para detener las maniobras ilegales de Guerrero.

Servini procesó al gendarme a fines del año pasado y la Cámara de Casación confirmó la medida. La última instancia ocurrió esta semana, donde el tribunal de alzada rechazó un planteo de queja de los abogados de Guerrero, defensores puestos por el Gobierno. Pero un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron los seis disparos de Guerrero, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo.

“El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”, denunciaron las abogadas de Grillo, Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y Agustina Lloret (del CELS) en un escrito presentado el 10 de febrero pasado al que accedió elDiarioAR.

En esa presentación, la querella puntualizó a los jefes de la Gendarmería del operativo, así como de la Policía Federal –fuerza que dirige el comando unificado del protocolo antipiquetes– y a Bullrich como máxima responsable política.

“Fue un tiro bien hecho”, declaró Bullrich sin ruborizarse el 28 de enero pasado en el streaming del diario El Cronista. Allí no le repreguntaron sobre la cantidad de disparos de Guerrero ni sobre el peritaje que realizó la Unidad de Balística de Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la Justicia. Esa investigación determinó que el tiro de la pistola lanzagases –calibre 38.1mm, serie n° 00660– que hirió a Grillo fue realizado de manera antirreglamentaria. 

El pedido de investigar la cadena de mando del operativo no es un planteo solo de la querella o de Servini, sino también del tribunal de alzada. En la confirmación del procesamiento de Guerrero, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Roberto Boico, exigió puntualmente que se profundice la investigación hacia todas las autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. “Los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó”, escribió el magistrado.

“Se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, denunció la querella.

La investigación sobre la cadena de mando aún está en ciernes y la querella estima que se profundice una vez que la causa sobre Guerrero sea elevada a juicio. El juzgado de Servini además tiene un expediente abierto sobre todo el operativo represivo del 12 de marzo, cuando también fue herida la jubilada Beatriz Blanco –recibió un golpe de un policía– y Jonathan Navarro –perdió la visión de un ojo por un disparo en la cara que efectuó un prefecto, sobre el lado de la avenida Rivadavia–. 

A un año de la represión, este jueves habrá un festival musical en el Congreso encabezado por la Bersuit. Grillo todavía se recupera en el hospital de rehabilitación Rocca, aunque ya puede dormir los fines de semana en su casa en Escalada, Lanús. Desde allí fue que le grabó el video que le dedicó a Bullrich y le dijo a la revista Mu de LaVaca: “Quiero verla presa”.

IG/MC

La Justicia Federal decidió procesar a Héctor Guerrero, el gendarme acusado de herir gravemente al fotógrafo Pablo Grillo, al dispararle un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. 

El incidente ocurrió el pasado 12 de marzo, durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires.

La jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, firmó el fallo que imputa a Guerrero por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad.

El expediente judicial no solo se centra en la herida a Grillo, sino que también revela un patrón de uso indebido de la fuerza. El Juzgado determinó que Guerrero efectuó el disparo que impactó en Grillo de manera prohibida y que, además, realizó otros cinco disparos con el mismo accionar irregular.

Como consecuencia del procesamiento, la jueza Servini ordenó el embargo de los bienes del gendarme.

Este caso se suma a una serie de investigaciones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante protestas públicas, reavivando el debate sobre los protocolos de uso de la fuerza y la protección de los periodistas y trabajadores de prensa.

En su breve declaración de pasado mes, Guerrero se declaró inocente, dijo que disparó como indican los manuales, que no tenía buena visibilidad y que fue atacado por manifestantes, según la exposición en el expediente que lleva adelante la jueza María Servini.

El cabo de la fuerza federal que conduce Patricia Bullrich –miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional Argentina– fue identificado como el agresor de Grillo gracias a un cruzamiento de imágenes y testimonios realizado por la plataforma Mapa de la Policía.

Su declaración en la que asegura que disparó a reglamento y que fue atacado por manifestantes se contradijo con hechos verificados en el expediente. Por caso, de la propia descripción que hace el Juzgado está claro que al momento de sufrir el impacto, Grillo estaba de cuclillas, tomando fotos “sin representar ningún tipo de peligro ni amenaza para terceros”.

También la versión de Guerrero chocó con respecto a la manera de disparar y el Juzgado le imputó haber efectuado un disparo en ángulo horizontal y en dirección a Grillo “a sabiendas de que con su accionar, podía poner en riesgo la vida o la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él”. Y quedó descartado, por peritaje de la Policía de la Ciudad, que haya disparado con un ángulo de inclinación ascendente de 45° o con una inclinación descendente de 30° y 45°, como debiera haber realizado conforme los protocolos contra disturbios vigentes.

Como tercer punto, la querella destacó que las fotos y videos tomados ese día demuestran que el cordón de gendarmes tenía visibilidad de los manifestantes que tenían enfrente, entre los cuales estaba Grillo.

Al declarar su inocencia, Guerrero agrego: “Yo presté servicios en el destacamento móvil 6 por aproximadamente 7 años. En el 2017 hice un curso de operaciones urbanas. El día 12 de marzo de 2025 nos ordenaron equiparnos y custodiar el Congreso de la Nación que estaba de espalda nuestro. Es decir ubicarnos de frente a los manifestantes. En un momento comenzaron a arrojarnos muchísimas piedras, de las cuales 5 recibí en mi torso y otros 12 compañeros quedaron heridos. Cuando los manifestantes se acercaron a nosotros, hicimos uso de la granada de mano de gas lacrimógeno. Ese día con el humo y el agua del hidrante, se complicaba la visión además que tenía puesta mi máscara anti gas. El lanza gas no tiene aparatos de puntería y su cañón no tiene estrías, es un anima lisa, por lo cual no puedo hacer un segundo disparo hacia un mismo lugar porque el cartucho sale expulsado de manera irregular y todos los disparos que yo realicé fueron a lugares seguros. Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona, y el lanza gas lo usé a medida que me instruyeron y de acuerdo al manual del uso de lanza gas”.

Con información de agencias.

IG

El fotógrafo Pablo Grillo fue dado de alta este martes del Hospital Ramos Mejía, donde estuvo internado desde el 12 de marzo pasado, cuando fue herido de gravedad por el impacto de bala de un gendarme durante la violenta represión en una marcha de jubilados frente al Congreso. Tras 83 días de recuperación y varias operaciones para reconstruir sus heridas en el cráneo, fue trasladado al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca para continuar con su tratamiento a la espera de la protesis que necesita en su cabeza.

Minutos antes del alta, su padre, Fabian Grillo, describió el momento como “una alegría increíble, es un renacer. Parimos de nuevo. Es de fierro, es muy fuerte Pablo”, dijo. Además, agradeció al centro de salud y remarcó que hay insituciones “que están a la altura del amor de la gente y el hospital público está a la altura de ese amor. Realmente salva vidas”.

En contraposición, Grillo apuntó al Gobierno: “No expresa lo que siente la mayoría de la gente. Del otro lado del amor está el odio, está la motosierra, el símbolo que eligieron, la destrucción”.

Minutos después de las 10 y en medio de la emoción de los médicos del hospital Ramos Mejía, de los familiares y de los amigos presentes en el lugar, Pablo Grillo salió del centro de salud en camilla y fue traslado en una ambulancia hacia el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, donde continuará con sus tratamientos médicos a la espera de una nueva intervención para colocarle una prótesis en la cabeza para reemplazar los huesos del cráneo que perdió tras el disparo del gendarme Guerrero.

La causa, día por día

21 marzo 2025

La familia se presentó en la causa

La familia de Pablo Grillo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida como querellante en la investigación judicial sobre las circunstancias que dejaron a Pablo en estado crítico en un hospital (Expte. 1039/2025). La investigación tiene que determinar las responsabilidades penales sobre esos hechos, que ocurrieron durante la marcha de jubilados y jubiladas. La familia cuenta con el patrocinio legal de los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS. 📄 Pedido

A partir de una serie de registros pudimos identificar al autor del disparo como el Cabo Guerrero, miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional Argentina. El accionar del efectivo violó normas nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales, que prohíben disparar proyectiles en línea recta hacia personas, especialmente a la cabeza o rostro. Por eso solicitamos que se lo convoque a declarar en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También solicitamos que se investigue la responsabilidad penal de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; del director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; del jefe del Destacamento Móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en las inmediaciones del Congreso contra manifestantes.

Además solicitamos medidas probatorias como la recolección de los registros audiovisuales de canales de televisión, filmaciones oficiales, listados de personal desplegado, protocolos de actuación, comunicaciones radiales, órdenes de servicio, detalles de armamento y tipo de municiones utilizadas.

Los hechos

En lo que va de 2025 hubo cinco movilizaciones protagonizadas por el colectivo de jubiladas y jubilados. Todas enfrentaron operativos violentos de las fuerzas de seguridad. En cada una de estas protestas observamos una actuación ilegal, abusiva y poco profesional de los efectivos, quienes produjeron detenciones arbitrarias y atacaron a manifestantes, personas mayores y trabajadores de prensa con gas pimienta, gases lacrimógenos, carros hidrantes, palos y tonfas. El 12 de marzo estuvieron presentes la Gendarmería, la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Policía de la Ciudad en la represión a manifestantes, trabajadoras y trabajadores de prensa. El despliegue escaló rápidamente en los niveles de violencia. Más de cien personas fueron detenidas y otro centenar resultaron heridas. En el operativo hubo además participación de personal de civil, y una importante cantidad de vehículos identificables y no identificables.

La manifestación había sido convocada para las 17. Una hora antes y sin que se registrara ningún hecho de violencia por parte de las y los manifestantes, comenzó la represión de las fuerzas policiales y de seguridad. El operativo tenía por único objetivo dispersar a la gente del lugar.

Pablo Grillo es un fotorreportero que se había acercado a la zona de la protesta a registrar con su cámara la manifestación y el operativo de seguridad, como ya lo había hecho en numerosas oportunidades. Exactamente a las 17.18 de aquella jornada, Pablo Grillo recibió un impacto de munición de gas lacrimógeno en la parte frontal de su cabeza, que lo dejó tendido en el suelo. Inmediatamente fue socorrido por los manifestantes y, en cuestión de minutos, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Ramos Mejía. Frente a él había una hilera de gendarmes, desde donde salió el disparo, que marchaban escoltados por camiones hidrantes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina.

El protocolo anti-piquetes

Bajo la justificación de aplicar la resolución 943/23, conocida como el “Protocolo anti-piquetes”, la decisión de la ministra Patricia Bullrich fue arremeter contra quienes se manifestaban en la Plaza del Congreso para impedir el desarrollo de la protesta. Este protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar las manifestaciones cuando el tránsito sea interrumpido u obstaculizado. También contiene disposiciones que les permiten recabar información que luego utilizan para criminalizar, perseguir y estigmatizar a referentes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas. Como venimos diciendo desde diciembre de 2023, este Protocolo es inconstitucional.

27 marzo 2025

El presidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Mariano Llorens, resolvió la competencia de la causa y la dejó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini. 📄Fallo

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Ese juzgado está vacante y lo subroga Ariel Lijo, quien también declinó la competencia. El expediente regresó así al juzgado de Servini, que ya se había pronunciado. Por esta doble negativa, la definición de la competencia quedó en manos del presidente de la Cámara.

28 marzo 2025

El Juzgado Federal N° 1 acepta la competencia. Y a requerimiento del fiscal federal Eduardo Taiano, ordenó las siguientes medidas de prueba:

1) Al Ministerio de Seguridad de la Nación que tengan a bien remitir todas las actuaciones labradas a raíz del operativo desplegado por las fuerzas de seguridad el día 12 de marzo del corriente en las inmediaciones del Congreso de la Nación, debiendo incluir:

protestas sociales, como así también las guías de actuación para el manejo de armamento no letal que haya implementado el personal policial;

2) Al Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires idéntica información a la del punto anterior, en relación a la policía de la ciudad. 📄 Pedido completo

En otra resolución de la misma fecha, el Juzgado Federal N° 1 también ordenó:

1) A la Gendarmería Nacional Argentina que:

2) El Juzgado indica que está a la espera de las medidas dispuestas el 21 de marzo, acerca de los registros fílmicos que pudieran haber captado las cámaras pertenecientes a edificios, comercios y entidades públicas y/o privadas en las ubicaciones y horario allí indicados, como así también a su posterior análisis por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, la totalidad de los registros fílmicos obtenidos por los domos del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad. 📄 Pedido completo

Hasta el jueves 3 de abril, el Juzgado Federal N°1 estuvo a cargo del juez subrogante Sebastián Ramos.

7 abril 2025

El Juzgado informó que la jueza Servini continúa de licencia por lo que sigue a cargo el juez subrogante Ramos.

El gendarme Héctor Guerrero, integrante del Departamento Móvil 6, se presenta en la causa y designa como abogados defensores a Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi. 📄 Presentación

10 abril 2025

La jueza María Servini retoma su actividad en el Juzgado 1.

El Juzgado acepta a la familia Grillo como querellante en la causa, con el patrocinio jurídico de las abogadas Claudia Cesaroni y Agustina Lloret. 📄Resolución

11 abril 2025

Desde la querella solicitamos que, a casi un mes de ocurridos los hechos, se avance en las medidas de prueba urgentes e importantes que habíamos requerido el 28 de marzo pasado. Hasta el momento, las únicas medidas de prueba que ordenó el Juzgado son las que requirió el Ministerio Público Fiscal.

Entre las medidas de prueba, solicitamos que el Ministerio de Seguridad de la Nación remita el diseño del operativo de seguridad previsto para el 12 de marzo; los listados de quienes se encontraban en la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones; los audios de las modulaciones radiales entre fuerzas de seguridad y funcionarios presentes; el contenido de las órdenes que autorizaron el uso de armas menos letales; el listado con nombre, cargo y repartición del jefe del operativo y de todo el personal que intervino, discriminado por fuerza, inclusive quienes lo hicieron vestidos de civil; nómina completa del armamento del que fue dotado todo el personal interviniente; informes sobre los tipos de dispositivos de gas pimienta y lacrimógeno utilizado y de quienes lo portaban; la normativa específica que regula el uso y forma de implementación de esos dispositivos; crudos del archivo audiovisual registrado.

También, que se solicite a Gendarmería Nacional que remita las actuaciones administrativas iniciadas el 18 de marzo contra el cabo primero Héctor Guerrero. 📄 Solicitud completa

16 abril 2025

El Juzgado acepta el cargo de los abogados de Guerrero, Martín Luis Sarubbi y Claudio Pedro Nuncija, “manteniendo el domicilio procesal constituido en la Avenida Antártida Argentina 1480, piso 6 (Edificio ”Centinela“ – Dirección de Asuntos Jurídicos de la Gendarmería Nacional)”.

23 abril 2025

El Juzgado solicitó una serie de medidas de prueba, tal como lo habíamos requerido desde la querella el 11 de abril.

Al Jefe a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina: que informe la totalidad del personal que participó del operativo del 12 de marzo y que indique quiénes eran las autoridades a cargo. También, que informe la totalidad del personal de la Sección de Empleo Inmediato (SEI) que participó en el operativo.

El Juzgado requirió, además, que GNA informe qué personal de esa fuerza utilizó lanzadores de gases lacrimógenos, qué procedimiento/protocolo se aplica para la utilización de esas armas y la normativa específica que regula su uso y forma de implementación. También, el listado del armamento del que fuera dotado el personal, detallándose el tipo de armas, munición utilizada, indicándose el modelo y número de serie

También solicitó que se remitan las actuaciones administrativas que se habrían iniciado el 18 de marzo contra el cabo primero Héctor Jesús Guerrero (legajo n° 103.205).

El Juzgado requirió una vez más -ya lo había hecho el 28 de marzo- que en un plazo de 48 horas remita copia del legajo del Cabo Guerrero e informe quién es el efectivo individualizado con una identificación en la parte posterior de su casco con la inscripción “Picha”. 📄 Resolución

23 abril 2025

En la causa 12670/2025, iniciada a partir de la denuncia de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) por la represión del 12 de marzo, el Juzgado solicitó las siguientes medidas, que coinciden con las que oportunamente requerimos desde la querella:

Al Ministerio de Seguridad Nacional: que se remitan los listados y/o nóminas de las personas que se encontraban presentes en la sala de situación de la Dirección General de Operaciones (indicándose nombres, apellidos, jerarquías y cargos). Que adjunte copia de los audios “crudos” de las modulaciones radiales producidas entre el personal de las fuerzas de seguridad federales y los funcionarios presentes en la sala de situación.

Que informe cuáles fueron las directivas impartidas con relación a los procedimientos que fueran desplegados por las fuerzas de seguridad, más precisamente con respecto a las órdenes que autorizaron el uso de armas menos letales. También las órdenes de servicio que fueran impartidas a las fuerzas federales y el listado del armamento con el que se dotó al personal que intervino en el operativo.

Que se brinde información acerca de los dispositivos de gas pimienta/lacrimógeno que fueron utilizados y los datos completos de quienes los portaban, junto con la normativa específica que regula su uso.

Además, el listado completo discriminado por fuerza del jefe de operativo y la totalidad del personal que intervino, incluso quienes hayan actuado de civil, junto con las funciones asignadas a cada uno.

Por último, que se remitan los datos completos de las personas designadas para filmar los operativos y copia de los crudos del archivo audiovisual registrado, dándole prioridad a esta parte de la respuesta toda vez que deberá evitarse su borrado.

7 mayo 2025

A partir de los pedidos del Juzgado a requerimiento de la querella, durante la última semana la Gendarmería Nacional presentó en el expediente:

• Legajo del cabo Héctor Jesús Guerrero: Contiene dos certificados de aprobación de cursos sobre el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En el examen sobre este Código, responde 1) que no puede justificar el uso de la fuerza en una orden de un superior; 2) que un arma de fuego solo puede usarse cuando haya riesgo para la vida; y 3) que los funcionarios deben cumplir las leyes.

• Información sobre el uso de pistolas lanzagases: confirma que no se deben disparar en dirección a las personas porque puede lesionar gravemente o hasta matar. 📄Completa acá

• Reglamentos generales para el uso de armas no letales: confirma que el armamento como el utilizado por Guerrero sólo debe utilizarse en escenarios de agresión directa al efectivo que la utiliza o a terceras personas que implique una amenaza de riesgo. En este caso, no había escenario de riesgo ni agresión de ningún tipo hacia el gendarme Guerrero, mucho menos de parte de Pablo Grillo. 📄Completo acá

• Nómina de gendarmes que portaban pistola lanzagases: solo incluye dos personas (un hombre y una mujer), ambas de apellido Guerrero. Las filmaciones recabadas demuestran que quien disparó a Pablo Grillo era un hombre, por lo cual no quedan dudas que el autor del hecho es el gendarme Héctor Guerrero.

• Protocolo de actuación de Gendarmería en manifestaciones: este documento incluye un glosario de términos estigmatizantes vinculados a la protesta, los manifestantes y las organizaciones. También establece las distintas formas de intervención frente a las multitudes, entre ellas, la dispersión, remoción de barricadas, la carga y el golpe ofensivo. En todas ellas, el rol del jefe del operativo o supervisor es central ya que es quien da las órdenes a los gendarmes en terreno. 📄Completo acá

16 mayo 2025

Esta semana, la jueza Servini solicitó:

• Un trabajo pericial, a cargo del Cuerpo Médico Forense y con la participación de peritos médicos de la querella y la defensa, para que analice toda la documentación médica sobre el estado de salud de Pablo Grillo y determine el grado de las lesiones que presenta, el tiempo de curación y toda la información médica que pueda ser de interés. Deben responder 1) si las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro la vida de Pablo; 2) si las lesiones producidas por el disparo son pasibles de ocasionar secuelas permanentes en sus esferas neurológicas; 3) establecer si para ocasionar las lesiones comprobadas se requiere del impacto o disparo directo sobre la superficie lesionada; 4) establecer si las lesiones ocasionadas fueron producidas por un disparo con un proyectil de alta energía cinética sobre la superficie lesionada y 5) determinar la trayectoria médico legal de la lesión al momento del impacto sufrido por Pablo Grillo.

• Al Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que recupere fotos y videos de redes sociales, fuentes abiertas de internet, portales periodísticos y cámaras de seguridad de la calle, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la manifestación del 12 de marzo, para identificar a los efectivos de GNA y PFA que estaban en la zona donde Guerrero le disparó a Pablo Grillo.

Videos Gendarmería Nacional

Finalmente, y luego de una nueva solicitud de la jueza para que resguarde y envíe los registros propios del operativo, Gendarmería remitió las filmaciones realizadas el 12 de marzo en la zona donde fue herido Pablo Grillo.

• En las imágenes aportadas se observa, de parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad, el uso de lenguaje hostil y expresiones represivas tales como “no le perdonen” e “hijos de puta”.

• Predomina una narrativa de respuesta ante supuestos ataques con piedras que no se llegan a ver con claridad.

• Se observa una escalada en el uso de fuerza, incluyendo el carro hidrante y disparos de bala de goma, cuyo uso se combina como reacción automática y desproporcionada sin identificar agresores concretos.

• El uso desproporcionado de los gases es tal, que el propio gendarme que filma tose, se asquea, se queja, porque no puede respirar. Los policías y gendarmes que lo rodean, disparan sin parar sus escopetas en dirección a manifestantes y de manera horizontal.

• Después de producido el disparo que puso en riesgo la vida de Pablo Grillo, se escucha al gendarme que filma decir “estamos excelente, más que bien”.

En las últimas dos fotos de la secuencia de imágenes, se ve que luego de que Guerrero dispara su arma lanzagases en ángulo horizontal y en dirección a Pablo Grillo, otro gendarme con una cámara Go Pro incorporada a su casco, le toca el hombro en señal de aprobación. Sin embargo, las imágenes registradas por la cámara de este último efectivo no fueron presentadas por Gendarmería. Por eso, en el día de hoy, el Juzgado le dio 24 horas a la fuerza para que presente ese material.

📷 Secuencia del disparo de Guerrero, según la filmación de la propia GNA acá

21 mayo 2025

Tras la solicitud del juzgado a la GNA para que envíe el material filmado por la segunda cámara Go Pro que no informó en el primer envío, la fuerza respondió que “no fue activada” por lo cual no había registros para aportar. 📄Respuesta GNA acá

Luego de analizar el contenido de los videos aportados por la GNA y las modulaciones aportadas por la Policía Federal, queda en evidencia que existen en ellos inconsistencias, vacíos temporales y fragmentación. En el caso de los videos, se advierten tramos faltantes en momentos clave del operativo, así como la omisión de escenas de interés probatorio.

Por su parte, el único archivo de audio con modulaciones radiales entregado por la PFA presenta una duración sustancialmente menor al rango horario consignado en su título, sin explicación sobre el criterio de recorte ni acompañamiento de transcripción o indicación precisa de los horarios cubiertos. Estas irregularidades comprometen la completitud y confiabilidad del material probatorio, razón por la cual solicitamos que se libre oficio a fin de requerir las aclaraciones y documentación complementaria necesaria para conocer la totalidad de esta evidencia.

📄Solicitud completa acá

🎥 Video de disparo de Guerrero de forma horizontal filmado por la cámara Go Pro de otro gendarme. Acá

2 junio 2025

El Cuerpo Médico Forense presentó hoy el informe requerido en la causa.

El lunes 26 de mayo la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel M. Amar por la querella y María Jimena Pérez Pelliser por la defensa, visitaron a Pablo Grillo en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramos Mejía.

Luego de la visita y de analizar la historia clínica y partes médicos, presentaron su informe que responde una serie de preguntas formuladas, oportunamente, como puntos de pericia:

1. Sobre el grado de las lesiones que presenta Pablo, su tiempo de curación y cualquier otro tipo de información médica que pueda ser de interés, la perito médica oficial y los dos peritos de parte respondieron:

“a) Herida contuso compleja en rostro región mediofrontal; b) Fractura expuesta de cráneo fronto temporo parietal izquierda. Ambas producidas por golpe o choque con o contra objeto contuso que logra vencer la elasticidad de los tejidos (piel y tejido óseo) produciendo su rotura. Demandan un tiempo de curación de más de 30 días con igual tiempo de inutilidad laborativa. c) Hematoma subdural derecho con requerimiento de cirugía de descompresión, craniectomía y toilette quirúrgica (12/03/25) y Hematoma epidural izq. con requerimiento de cirugía craniectomía de descompresión (14/03/25). Los mecanismos de producción golpe o choque con o contra objeto contuso. Tiempo de curación de más de 30 días”.

2. A partir de esta primera información, los médicos establecieron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter “graves y gravísimas”, con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral.

3. Los médicos debían contestar “si las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro la vida” de Pablo Grillo. Los tres médicos respondieron unánimemente: “Sí, real y concreto”.

4. En cuanto a la cuarta pregunta, vinculada a la existencia de secuelas neurológicas derivadas del hecho, si bien no pudo ser contestada, es de gran importancia y conecta directamente con la noción de que la conducta del gendarme Guerrero puso en serio riesgo la vida de Pablo y que su estado de salud permanece en estado crítico. Concretamente, los médicos respondieron: “No puede apreciarse al presente momento siendo su pronóstico reservado, dado que al día de la fecha continúa internado en terapia intensiva”.

5. La quinta pregunta buscaba “establecer si para ocasionar las lesiones comprobadas se requiere del impacto o disparo directo sobre la superficie lesionada”. El grupo de médicos respondió contundentemente: “Sí, la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo”.

6. Finalmente, la sexta pregunta apuntaba a “establecer si las lesiones ocasionadas fueron producidas por un disparo con un proyectil de alta energía cinética sobre la superficie lesionada”. A esto, los médicos respondieron: “No se puede establecer la energía cinética que albergaba el proyectil que podría haber causado la lesión, pero sí se puede decir que la apertura de la piel frontal y la fractura de la tabla interna y externa del hueso frontal del cráneo requiere de una importante fuerza de impacto para romper la elasticidad de los tejidos lesionados”.

En definitiva, el trabajo pericial médico permitió echar luz y traducir, en un lenguaje simple, las páginas y páginas de terminología médica desplegada en la historia clínica y los sucesivos partes médicos que fueron siguiendo la cronología, avances y retrocesos, en el estado de salud de Pablo Grillo a lo largo de estos casi 3 meses desde ocurridos los hechos.

La difusión de las supuestas imágenes del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela aceleró la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Este viernes hubo fuertes pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El caso del gendarme Gallo constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, afirmó la OEA en un comunicado que se difundió apenas poco después de que la CIDH otorgara medidas cautelares a favor del efectivo de seguridad argentino, detenido desde el pasado 8 de diciembre, cuando intentó cruzar de Colombia a Venezuela para visitar a su familia.

La OEA habla de una “detención arbitraria de Gallo” y la califica como “una clara violación de normas internacionales y de los principios fundamentales de humanidad y justicia”. Afirma que las imágenes difundidas por medios locales son “una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano”.

En ese marco, la Secretaría General de la OEA “exige que el régimen de Venezuela cumpla con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y relaciones internacionales; que certifique y garantice su seguridad física; que provea garantías de asistencia legal y contacto con su familia; y que libere inmediatamente a Nahuel Gallo”.

Las medidas de la CIDH

Más temprano, por pedido del Gobierno argentino a través de la Cancillería se pronunció la CIDH, con medidas cautelares a favor del gendarme. “La Comisión observa que no existe, a nivel interno, posibilidades de pedir protección a favor del beneficiario”, señala el documento oficial del organismo internacional.

Por eso, en su escrito le exige a Maduro que informe si Gallo “se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención”, que precise si declaró “ante un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos” y que “permita la comunicación con su familia y representantes legales”.

Hace una semana el el chavismo avanzó con una causa penal contra Gallo porsupuesto espionaje y terrorismo, acusaciones que fueron enfáticamente rechazadas por la Casa Rosada.

La presentación de la administración de Milei a la CIDH resalta la “arbitrariedad” de la detención de Gallo y pide “medidas urgentes para garantizar su protección, ordenar su liberación inmediata y asegurar su retorno seguro a Argentina”. “Los derechos humanos y la democracia deben ser respetados y protegidos por todos”, apuntó el comunicado oficial argentiino.

Ayer, Argentina también presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la detención del gendarme.

Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina (policía de frontera), ingresó el 8 de diciembre al territorio de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, y cruzó el Puente Internacional Francisco de Paula Santander para dirigirse al estado venezolano de Táchira (oeste), con el propósito de visitar a su pareja, con quien tiene un hijo.

MC

Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la “detención arbitraria y desaparición forzada de Nahuel Gallo”, según se indicó en un comunicado difundido por la Cancillería.

“La República Argentina informa que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, señalando al fiscal general Tarek William Saab en el marco de este caso”, señaló el escrito.

El mismo, continuó: “Este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”.

“El Gobierno argentino continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional”.

Con información de la agencia NA

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, se atribuyó el envío de la carta al gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado en Venezuela, respaldó el accionar del exembajador de Caracas Oscar Laborde, denunciado por el Ministerio de Seguridad, y se mostró a disposición de colaborar con el Gobierno en el caso.

 A través de un mensaje de X, en calidad de abogado y dirigente de Argentina Humana argumentó que las gestiones fueron en coordinación con la familia de Gallo, y sostuvo que Laborde “colaboró, a pedido suyo, mediante sus relaciones del poder judicial de Venezuela”.

“La carta fue enviada a pedido de la familia que confió en mí - abogado especializado en derecho internacional público- para que le llegue. Cumplimos nuestro objetivo”, aseguró tras la denuncia por “traición a la Patria” que efectivizó el Poder Ejecutivo contra el ex diplomático.

Horas después de que Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera que encabeza Patricia Bullrich, responsabiliza a Laborde de “ser un colaborador de Maduro”, Grabois se mostró abierto a colaborar por la situación de Nahuel Gallo y afirmó que gracias a la participación del exdiplomático “se rompió el aislamiento”.

“El más elemental sentido del honor me indica solicitar a la ministra que por favor me denuncie a mi también; sería indigno de mi parte permitir que a uno hombre que intentó ayudar a causa mía se lo encause injustamente de un delito tan infame”, postuló el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) .

En la misma línea, agregó: “Incluso tal vez sea el único tema en el que estoy dispuesto a colaborar con nuestras autoridades por un objetivo nacional: el resguardo de los derechos del gendarme Nahuel Gallo”.

“Oscar Laborde envió una carta de la familia del gendarme Nahuel Gallo mediante sus relaciones del poder judicial de Venezuela a raíz de un pedido mío. Fue una de las tantas personas que contacté para esto y el único que pudo realizar la gestión con éxito”, detalló al tiempo que insistió en remarcar que la mediación fue a través del Poder Judicial de dicho país.

Asimismo, Grabois insistió en que la administración libertaria le asigne un representante jurídico al gendarme vía la diplomacia de Brasil, e insistió en que el ex presidente del Parlasur respondió a un pedido suyo e intercedió para hacerle llegar la misiva a Gallo.

“Teniendo en cuenta que finalmente las autoridades recibirán a los familiares para informarles los pasos a seguir para resolver la situación de nuestro gendarme, es posible y deseable que de aquí en más, el Gobierno Nacional asuma la representación de Nahuel y su familia; espero de corazón que el Estado cumpla sus deberes sin intención propagandística ni otro objetivo que el bienestar y el retorno de Nahuel”, puntualizó.

Por su parte, el abogado evitó expresarse sobre el proceso electoral que culminó con la autoproclamación de Maduro como presidente de Venezuela, y reiteró su sintonía con la administración libertaria en la causa que involucra al Cabo Primero perteneciente al Escuadrón 27 “Uspallata”.

“No me corresponde decir nada sobre circunstancias del caso ni manifestar posiciones personales sobre Venezuela. Si hablo, si adjetivo, luego no puedo ayudar. En todo caso, voy a decirlas cuando Nahuel esté en casa”, prometió, y concluyó: “Sobre el gobierno argentino, tengo muchos temas para pelear con Bullrich y Werthein, etc. Este no es uno de ellos”.

El Gobierno denunció este jueves a Oscar Laborde, el exembajador en Venezuela que intervino en el caso del gendarme Nahuel Gallo, quien está detenido en el país que conduce Nicolás Maduro.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, por orden de Patricia Bullrich“ acusa a Laborde de ”traición a la Patria“, de ”ser un colaborador de Maduro“ y de realizar acciones que van en contra de gestiones diplomáticas para lograr liberación de Gallo.

La denuncia detalla que “el obrar (de Laborde) solo tiene por objeto colaborar con el régimen que detuvo ilegalmente al Gendarme Gallo, presentando como 'humanitario' a un gobierno dictatorial, y como 'fascista' a nuestro gobierno democrático, al presentar el caso como un ingreso ilegal destinado a intervenir en un país extranjero mediante un 'servicio de espionaje' con una Fuerza de Seguridad en forma ilegítima”. 

Para Bullrich, Laborde es “un ex embajador argentino que se pone del lado de los victimarios, que hicieron desaparecer forzadamente a una persona, y se atribuye el rol de decir que Venezuela tiene razón y que Argentina hizo todo mal, cuando es exactamente lo contrario”.

“No hemos tenido ninguna conversación ni habilitamos a nadie que no esté dentro de los canales legales. Argentina hizo un reclamo para que muestren al gendarme y para saber dónde está. Solo se logró silencio total y absoluto, y Laborde, que trabaja para ellos, dice que le hizo llegar una carta de la mamá. Es una maniobra del régimen. Por representar a Venezuela y por atribuirse capacidades que no tiene, entrometiéndose y poniendo en riesgo la vida del gendarme, lo denunciamos por traición a la patria”, explicó este jueves la ministra de Seguridad en declaraciones a Radio Mitre.

Qué dice la denuncia

En el escrito presentado por los representantesa legales de la cartera de Serguridad “por orden expresa de la sra. Ministra, Dra. Patricia Bullrich”, se presenta una “denuncia penal contra Oscar Alberto Laborde,  por el delito de Traición a la Patria, previsto en el art. 214 del Código Penal de la Nación”.

Entre los argumentos, se explica: “Mientras la Cancillería intenta lograr la liberación del Gendarme Nahuel Agustín Gallo por vía diplomática a través de las misiones internacionales pertinentes, el ex embajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela Oscar Alberto Laborde -designado por el entonces presidente Alberto Fernández-, inició sin ningún tipo de autorización oficial, gestiones internacionales contactando a la familia del Gendarme en Argentina, a fin de entregarle ”una carta“ a Nahuel Agustín Gallo, con la colaboración del Gobierno de Venezuela”.

De acuerdo a la presentación del ministerio de Bullrich, “así lo da cuenta numerosas publicaciones de prensa que relatan cómo el denunciado se encargó de presentar como 'irregular' el ingreso del Gendarme en Venezuela, ya que no habría reunido los requisitos legales para ingresar a ese país”.

Asimismo, la denuncia expresa que el obrar del imputado Laborde “no fue una cuestión humanitaria, como él pretende presentarlo en los medios. Muy por el contrario, lejos de defender los derechos humanos del gendarme 'desaparecido', lo que hace es superponerse indebidamente a la gestión diplomática internacional de la República Argentina, a fin de justificar la abiertamente criminal conducta de las autoridades venezolanas, bajo el pueril pretexto de un supuesto 'ingreso irregular' que abonaría la inventada sospecha de 'espionaje', además de avalar las condiciones de detención, de desaparición, generando un supuesto conocimiento sin haber indicado las más mínimas pautas legales de su detención, avalando de ese modo el crimen de desaparición forzada”.

Y continúa: “Más que una 'gestión humanitaria', la conducta del ex embajador denunciado es todo lo opuesto, ya que actuó en contra de los intereses del país para sostener la justificación de la desaparición forzada de un nacional argentino, arrogándose facultades diplomáticas que solo pueden ejercer los representantes de la Cancillería Argentina”.

Según el escrito, “la información que se tiene del denunciado Laborde lo acerca a ser un colaborador del régimen de Maduro. El gobierno Argentino no le ha solicitado ninguna intervención ni gestión diplomática alguna al imputado Laborde, ni -por supuesto- ha autorizado ninguna acción para que realice gestiones ante el gobierno de Venezuela. Su obrar solo tiene por objeto colaborar con el régimen que detuvo ilegalmente al Gendarme Gallo, presentando como 'humanitario' a un gobierno dictatorial, y como 'fascista' a nuestro gobierno democrático, al presentar el caso como un ingreso ilegal destinado a intervenir en un país extranjero mediante un 'servicio de espionaje' con una Fuerza de Seguridad en forma ilegítima”. 

Para el Gobierno de Milei, Laborde “pretende dar vueltas las cosas, presentando como humanitario a un gobierno verdaderamente criminal, arrogándose facultades de representación internacional que, claramente, ya no posee, adecua su obrar al tipo penal de Traición a la Patria, tal como ahora lo denunciamos formalmente. Convierte al Victimario en Víctima y a la Víctima, en Victimario, cuando es exactamente al revés. Intenta justificar al gobierno venezolano como si fuera lógico y legal secuestrar a una persona por -supuestamente- no tener los 'papeles en regla'. Le pide explicaciones a la República Argentina, en lugar de pedirle explicaciones al gobierno que secuestra a un extranjero privándolo de la libertad en una 'desaparición forzada'. Sería como preguntarle a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet por qué viajaron a la Argentina en 1977, en lugar de cuestionar a Alfredo Astiz haberlas asesinado”, relaciona la cartera de Seguridad en la presentación. 

Por qué denuncian a Laborde por traición a la patria

Al final del escrito, los abogados que representan al Ministerio de Seguridad denuncian al exembajador Oscar Alberto Laborde “por haber traicionado los intereses de la Nación Argentina, en un caso que resulta de una gravedad institucional inusitada en el concierto internacional de los países, obrando con la evidente intención de exponer argumentos políticos para perjudicar el rol de gobierno argentino en la protección del Gendarme cuya desaparición forzada se reclama”.

Y argumentan:

Quién es Laborde

Laborde es director del Instituto de Estudios de América Latina (IDEAL), dedicado a la investigación y a la tarea académica en temas relacionados con problemáticas de la región. Publica periódicamente en medios y plataformas locales e internacionales.

Se desempeñó como diputado de la Provincia de Buenos Aires entre 1997 y 1999; intendente de Avellaneda (1999-2003); vicepresidente de Casdcos Blancos (2004-2007); embajador para la Integración Económica y la Participación Social para la Cancillería Argentina (2008-2015); diputado del Parlamento del Mercosur (PARLASUR), entre 2016 y 2020, año en que se desempeño como Presidente del organismo, donde también encabezó el Observatorio de la Democracia; y fue embajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela, designado por el presidente Alberto Fernández, entre 2022 y 2023.

El posteo de Laborde contra Bullrich antes de la denuncia

Días atrás, Laborde utilizó sus redes sociales para apuntar contra Patricia Bullrich. ¿Qué dijo?

“Ministra Bullrich, no evada el tema, conteste: ¿Quién autorizó a Nahuel Agustín Gallo a viajar a Venezuela? Patricia Bullrich, ¿qué dirá su jefe Milei sobre su uso de la ”falacia ad hominem“? En lugar de refutar argumentos o responder preguntas, prefiere atacar a la persona. Le repito: Pero no es la única pregunta que debería contestarles a los ciudadanos”.

Y el exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández le hace a la titular de Seguridad una serie de preguntas:

De acuerdo a Laborde, “el estilo de liderazgo” de Bullrich “no sorprende”, y detalla diversas situaciones:

Y vuelve a preguntarse: “¿Es negligencia o estrategia? ¿Lava las manos y entrega a su gente o simplemente es incompetente?” En cada cargo político que ocupó, dejó un tendal de procesados. Parece que eso de 'entregar gente' lo aprendió desde chica, y se le hizo costumbre. Por último, le recuerdo: sigo viviendo en Avellaneda, pienso lo mismo de siempre y no salto de idea en idea por un cargo“, concluyó.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a un hábeas corpus presentado por Gendarmería Nacional y exhortó al gobierno de Venezuela a que informe de modo inmediato el paradero del miembro de esa fuerza detenido cuando intentaba ingresar a ese país, Nahuel Agustín Gallo, los motivos por los cuales está preso y a disposición de qué autoridad se encuentra.

Los jueces del Tribunal Manuel Pizarro, Gustavo Castineira de Dios y Juan Pérez Curci ordenaron además a la Fiscalía de Distrito de Mendoza que investigue si se cometió “la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas en perjuicio” de Gallo, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El Tribunal revocó un fallo de primera instancia que no había hecho lugar al hábeas corpus y dispuso que se envíe copia de la resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino para que a través de la vía diplomática pertinente notifique al gobierno de Venezuela.

También se resolvió “tener presente y ratificar las presentaciones efectuadas ante los organismos internacionales que fueran efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto de la República Argentina”.

Los jueces exhortaron a Venezuela a que informe “de modo inmediato el paradero del Sr. Nahuel Agustín Gallo” y además “ los motivos de su detención y a disposición de qué autoridad judicial competente se encuentra”.

En ese sentido, reclamaron que las autoridades judiciales de Venezuela presenten “física o telemáticamente al Sr. Nahuel Agustín Gallo ante las autoridad que designe a través de la vía diplomática el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina con el fin de ser asesorado por las mismas (art. 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares), facilitando asimismo el contacto con sus familiares”.

“Nos encontramos ante una situación en la que se ha privado de la libertad a un ciudadano argentino desconociendo por el momento los motivos de la misma y cuál ha sido la autoridad competente que la ha ordenado, contraviniendo palmariamente de ese modo lo reglado por el art. 3 inc. 1° de la Ley 23.098, situación que habilita la aplicación de este instituto de excepción”, explicaron los jueces.

Ante lo ocurrido, el Poder Judicial “debe dar una respuesta urgente y expedita ante la situación de incertidumbre en la que se encuentra el Sr. Nahuel Agustín Gallo y sus familiares”. “Entendemos que corresponde hacer lugar a la acción habeas corpus presentada por los representantes de la Gendarmería Nacional y proveer los medios conducentes a fin de dar con el paradero y conocer cuál es la situación procesal en la que se encuentra el mismo”, concluyeron.

Una carta para la madre

En tanto, Oscar Laborde, exembajador argentino en Venezuela durante los gobiernos Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner gestionó el envío de una carta de la madre del gendarme argentino retenido en el país caribeño, según detalló en declaraciones radiales.

“Lo que hubo fue el acercamiento de una persona allegada a la madre del gendarme. Me preguntó si podía hacerse llegar una carta. Se hizo la gestión solamente por una cuestión humanitaria, el envío de la carta de la madre al gendarme”, dijo Laborde a Radio 10. “Se pudo saber que el gendarme está en buenas condiciones”, agregó Laborde.

Según detallaron las autoridades argentinas, Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina (policía de frontera), ingresó el 8 de diciembre a Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, y cruzó el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para dirigirse al estado venezolano de Táchira (oeste), con el propósito de visitar a su pareja, con quien tiene un hijo.

El Gobierno venezolano dijo que el gendarme está siendo procesado por supuestos “planes terroristas” que “comprometen” -aseguró- al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, de cuyo ministerio depende la Gendarmería.

De acuerdo con la pareja, María Gómez, residente argentina hace seis años en Venezuela, el gendarme fue trasladado en una “camioneta negra” por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM). Laborde opinó que “fue muy irregular todo lo sucedido” y que hay “una responsabilidad muy grande” de Bullrich.

El exembajador coincidió con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un enfrentamiento abierto con Milei y consideró que lo ocurrido con Gallo “es la consecuencia tristemente obvia” de haberlo autorizado a viajar al país caribeño: “Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela”, respondió a un usuario de la red social X.

Laborde indicó que hay un procedimiento a cumplir cuando un integrante de las fuerzas de seguridad o militar viaja al exterior, por lo que concluyó que “alguien autorizó mal”.

Puso en duda la visita del gendarme argentino a su pareja e hijo en Venezuela al indicar que, en la carta que le hicieron llegar, “la madre le dice que está cuidando muy bien a su esposa y a su hijo acá. Entonces si tiene una esposa y un hijo en (la provincia argentina donde trabaja Gallo) Mendoza, ¿quién es la otra persona? No aparece en Instagram en ninguna foto con ella”.

Milei reclamó al Gobierno de Nicolás Maduro la “inmediata liberación” del gendarme y aseguró que su Ejecutivo agotará todas las vías diplomáticas para que Gallo regrese “sano y salvo” a Argentina. 

Con información de las agencias NA y EFE

El presidente Javier Milei exigió esta tarde la “liberación inmediata” del gendarme Nahuel Agustín Gallo, que fue detenido en Venezuela por “las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito se visitar a su pareja e hijo”.

Así se manifestó el mandatario al encabezar el acto de entrega de sables y medallas en el Colegio Militar.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró más temprano que el Gobierno no recomienda viajar a Venezuela debido a que en ese país “impera la dictadura” a la vez que remarcó que a quien vaya se lo puede “apresar sin ninguna razón”, en referencia a la detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, el 8 de diciembre, tras ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo.