El país atraviesa una escalada persistente de conflictos sociales y laborales como respuesta a la fuerte pérdida del poder adquisitivo de quienes trabajan. En un contexto de ajuste, congelamiento salarial y desregulación, diversas organizaciones sindicales y movimientos sociales comienzan hoy una nueva etapa de movilizaciones, con epicentro en el Congreso Nacional, donde se debate el proyecto oficial de reforma laboral.

La protesta arranca a las 17 horas con una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso y continuará con una radio abierta en la vía pública. Participan sindicatos de base, movimientos piqueteros, agrupaciones de jubilados y representantes de medios de comunicación que presentarán un petitorio para preservar el Estatuto del Periodista Profesional, amenazado por la reforma.

El plan de lucha fue votado durante el fin de semana en distintos plenarios obreros y piqueteros. La articulación incluye a trabajadores despedidos de Lustramax, la Mesa Coordinadora del Norte del Conurbano, la UTEP y sindicatos como UOM, Bancarios y ambas CTA. Las organizaciones impulsan un paro nacional activo el día que se trate la reforma en la Cámara alta.

Caída del salario y conflicto abierto

La protesta se da en paralelo a un deterioro salarial extendido. Entre enero y noviembre de 2025, los salarios registrados subieron 25,6%, frente a una inflación del 27,9%, según datos del Indec. La caída real supera los 2 puntos porcentuales en promedio y golpea con más fuerza al empleo público nacional, donde el alza fue apenas del 19%.

En sectores como el transporte, la pérdida es mucho mayor. Los choferes de la Línea 60, por ejemplo, acumulan una caída real del 61,87% en dos años, con salarios congelados y sin reapertura paritaria. “Estamos por debajo de la canasta. El salario está devaluado y no alcanza para lo básico”, denunció Esteban Simonetta, delegado gremial.

Frente a este panorama, cada vez más trabajadores abandonan actividades formales para buscar ingresos en la informalidad o en plataformas digitales, según advierten desde los sindicatos.

Una reforma en debate y resistencias

El Congreso sesiona en período extraordinario hasta el 27 de febrero, y la reforma laboral es uno de los proyectos centrales. El texto enviado por el Ejecutivo plantea cambios en la jornada de trabajo, la modalidad de contratación, las indemnizaciones y el régimen de sanciones.

Uno de los puntos más cuestionados es la figura del “banco de horas”, que permitiría a las empresas modificar unilateralmente los tiempos de trabajo sin pagar horas extra. “Ese esquema lo decide el patrón, no el trabajador. Es inconstitucional y elimina toda previsibilidad”, advirtió Jorge Sola, cosecretario de la CGT.

En la misma línea, el secretario general de los Aceiteros, Daniel Yofra, sostuvo que se trata de una “modernización al servicio de los empresarios” y llamó a salir a la calle: “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya demostraron que pueden votar en contra de los trabajadores”.

Golpe a provincias y estatuto del periodista

Otro eje de conflicto es la modificación del impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto. Los gobernadores peronistas y aliados se reúnen hoy en CABA para evaluar su impacto, ya que la rebaja implicaría una caída en la coparticipación nacional y, por ende, en los recursos provinciales.

En simultáneo, se presentará en el Congreso un petitorio firmado por periodistas de diversas orientaciones políticas que rechazan la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional. Denuncian que la iniciativa oficial implica una derogación encubierta del régimen laboral específico del sector.

Los plenarios preparatorios se realizaron en Lomas de Zamora, Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con participación de delegados, activistas y referentes políticos como Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian Castillo. La exigencia común fue clara: parar el país el día que se trate la ley y rodear el Congreso con columnas de trabajadores.

El conflicto de Lustramax, donde la empresa despidió sin telegrama a 24 trabajadores –incluidos dos delegados gremiales– y desconoció la conciliación obligatoria, se convirtió en caso testigo de la ofensiva antiobrera. “No vamos a esperar pasivamente. Este conflicto busca sentar un precedente contra la organización sindical”, advirtió Leandro Gómez, delegado de la planta de Tortuguitas.

JJD

Los gobernadores de la oposición moderada discuten con el gobierno de Javier Milei por las rebajas impositivas que están incluidas en el proyecto de flexibilización laboral y que les afecta sus ingresos coparticipados. La CGT centra su rechazo a lo que los libertarios llaman “modernización” en el hecho de que se debilitan los sindicatos, figuras claves para defender los derechos de los trabajadores más allá de que muchos gremialistas se hayan dedicado más a enriquecerse ellos que a proteger a sus representados. Pero más allá de los reclamos genuinos de gobernadores y sindicalistas la iniciativa de reforma laboral que el Gobierno quiere votar el 11 de febrero en el Senado incluye una serie de puntos polémicos que afectan la vida cotidiana de los empleados, tanto los que están registrados como aquellos que no pero que también suelen recurrir hasta ahora a los tribunales a exigir su indemnización por despido con el resarcimiento por los derechos violados.

Por eso, presentamos acá esos ítems que más afectan los derechos de los trabajadores en relación de dependencia formal, encubierta o informal, a partir del análisis pormenorizado que elaboró la consultora de asuntos públicos BLapp y otro en conjunto entre el Instituto Argentina Grande, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Grupo Paternal, el programa Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad de San Martín, el Centro de Estudios Derecho Al Futuro (Cedaf), la Fundación SES y el colectivo Futuros Mejores:

AR/MG

La Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió sobre el impacto negativo que tendría el banco de horas laborales, una figura que el Gobierno incluyó en su proyecto de reforma y que permitiría a las empresas reorganizar las jornadas según sus necesidades, acumulando o trasladando horas de trabajo sin pagar horas extra. La central sindical sostiene que se trata de una herramienta que debilita el poder de negociación del trabajador, lo deja a merced de decisiones unilaterales del empleador y rompe con el principio de protección consagrado en la Constitución Nacional.

“El banco de horas lo decide siempre el que organiza el trabajo, que es el empleador. ¿Qué trabajador puede elegir cuándo trabajar o descansar? Esa no es una relación entre iguales, por eso no puede presentarse como modernización”, afirmó Jorge Sola, cosecretario general de la CGT y dirigente del sindicato del seguro, en una entrevista con AM 580 Somos Radio. Para el dirigente, la lógica del proyecto desconoce que la parte más débil de la relación laboral necesita protección y previsibilidad, no mayor precariedad.

¿Qué es el banco de horas?

El banco de horas es un sistema que permite distribuir las horas de la jornada laboral de manera desigual a lo largo de un período determinado —generalmente mensual o trimestral—, de modo que las horas trabajadas de más en un día puedan compensarse con menos horas otro día. En teoría, el objetivo es dar flexibilidad, pero en la práctica la CGT alerta que se trata de una forma de eliminar el pago de horas extra y de romper la regularidad de la jornada laboral, que garantiza derechos básicos como el descanso, la planificación familiar y la posibilidad de tener múltiples ingresos.

“El banco de horas que propone el Gobierno no prevé mecanismos reales de acuerdo o consulta con el trabajador. Lo que termina ocurriendo es que se eliminan los límites diarios o semanales, y se otorga al empleador la potestad de imponer jornadas más extensas sin pagar compensación adicional”, explicó Sola. Desde su mirada, la reforma planteada por el oficialismo responde a intereses de grandes estudios jurídicos que asesoran a empresas con alta carga laboral, y no a las necesidades reales de las pymes o los trabajadores registrados.

Sola remarcó que la oposición de la CGT al proyecto es integral. “No estamos discutiendo algunos artículos. El espíritu de esta reforma va contra el principio protector del derecho laboral. Quieren instalar una supuesta igualdad entre empleador y trabajador que no existe, ni debe existir. La Constitución establece que debe protegerse a la parte más débil, y eso no está presente en ninguna parte del proyecto”, sostuvo.

Entre los puntos que la CGT considera regresivos, además del banco de horas, se incluyen:

Frente al tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias, Sola explicó que la CGT lleva adelante una estrategia de presión política sobre el Senado, con reuniones con gobernadores y bloques legislativos provinciales. “Nuestra tarea no es solo marchar. Convencimos a senadores de que no había consenso en diciembre y se cayó el tratamiento. Eso también es plan de lucha”, señaló.

Aunque evitó confirmar una fecha, anticipó que el Consejo Directivo de la CGT se reunirá en los próximos días para definir nuevas acciones si el oficialismo insiste con tratar la ley en febrero. “Vamos a protestar si esto avanza, pero también peleamos en todos los frentes: la calle, la política, la legalidad y la sociedad”, resumió.

El dirigente también cuestionó el origen técnico e ideológico del proyecto. “Esto no lo escribieron las pymes. Lo hicieron estudios jurídicos que trabajan para grandes grupos económicos, y que buscan licuar derechos laborales para bajar costos. No hay ninguna evidencia de que eso genere empleo”, denunció.

Para Sola, la ausencia de diálogo previo con los sectores involucrados es una muestra del enfoque unilateral del Gobierno: “No se consultó a los trabajadores ni a quienes más empleo generan en la Argentina, que son las pequeñas y medianas empresas. Eso revela que no hay vocación de modernizar nada. Lo que hay es un intento de disciplinar y debilitar a quienes trabajan”.

Sola también negó versiones periodísticas sobre supuestas internas dentro de la CGT y aseguró que el nuevo triunvirato funciona de manera cohesionada. “Yo creo en la unidad, pero con muchas voces hacia adentro y una sola hacia afuera. Las decisiones estratégicas se discuten en el Consejo Directivo, y las puertas están abiertas para todos los sectores del movimiento obrero”, afirmó.

También defendió el rol político de la CGT en un contexto de crisis: “Representamos a trabajadores de todos los sectores, incluso a los que votaron este Gobierno. Eso nos exige más responsabilidad. Tenemos que construir propuestas, no solo oponernos”.

JJD

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el primer encuentro del año con los principales operadores legislativos del oficialismo, en una reunión que buscó afinar la estrategia para aprobar la reforma laboral en el Congreso antes del inicio del período ordinario. La mesa política se reunió durante más de dos horas en la Casa Rosada y contó con la presencia de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el operador Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

El objetivo inmediato es que el Senado habilite el tratamiento del proyecto a fines de enero. La discusión se concentra en dos ejes sensibles: el capítulo tributario —vinculado a cargas sociales y al Impuesto a las Ganancias coparticipable— y el futuro del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que garantiza cobertura ante despidos y suspensiones. La eliminación o modificación de este fondo podría representar un recorte directo en las protecciones mínimas para trabajadores en situación de conflicto laboral o desvinculación forzosa.

Entre los puntos en análisis se encuentran la eliminación de multas por empleo no registrado, la reformulación del régimen de indemnizaciones, cambios en los regímenes de licencias y restricciones a la representación gremial. La propuesta también apunta a modificar las condiciones de negociación colectiva y reemplazar el FAL por un esquema alternativo con menor alcance. Todo el paquete tiene como eje una flexibilización del mercado de trabajo, que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores y facilitar contrataciones más precarias, sobre todo para sectores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo.

Desde los sindicatos se advierte que la iniciativa implica una regresión en derechos adquiridos, con especial impacto en sectores laborales desprotegidos. El reemplazo del sistema de sanciones y la eliminación del FAL implican, en los hechos, menos incentivos para registrar trabajadores y menos herramientas para enfrentar despidos arbitrarios. La CGT ya anticipó que no descarta medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustantivos.

El Gobierno, a su vez, estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma laboral. Según la agencia Noticias Argentinas, uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los representantes provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del impuesto a las Ganancias que afecta la recaudación del tributo que es coparticipable.

Son varios los mandatarios provinciales aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios y fue un tema que se debatió en la reunión de mesa política que convocó Adorni.

Lo cierto es que hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo. Los menos permeables a ceder ante las tensiones sostienen que los representantes provinciales responden ante los argumentos y que se beneficiarán del impacto de la reforma en sus provincias.

Sobre la mitad del mes, el Poder Ejecutivo aceita los mecanismos que le permitan al equipo negociador compuesto por los Menem, Bullrich, Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, concertar la línea que desplegarán para intentar anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Santilli sigue de gira

El ministro del Interior, Diego Santilli, debió reprogramar por segunda vez la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien tenía previsto visitar Casa Rosada el viernes por la tarde.

El mandatario provincial argumentó “problemas personales” para cancelar la audiencia en agenda para las 14 y, si bien la idea original era relizarla el pasado miércoles, los planes se vieron truncados por fuertes lluvias en La Pampa.

Desde la cartera que lidera el exdiputado del PRO revelaron: “El gobernador se comunicó con el ministro y pidió, por cuestiones personales de último momento, reprogramar la agenda. Acordaron una reunión para los próximas días”:

El encuentro se enmarca en una serie de contactos que el funcionario nacional protagoniza en la búsqueda de acuerdos que le permitan sancionar la Reforma Laboral que obesesiona al presidente Javier Milei.

Como contó esta agencia, el peronista Ziliotto se muestra abierto al diálogo, pero no oculta sus reparos al articulado que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Santilli ya se reunió con gobernadores con diálogo con la Casa Rosada, como el chubutense Ignacio Torres, y el lunes visitará Salta para entrevistarse con otro de ellos, Gustavo Sáenz.

JJD

La Plaza de Mayo fue más fuerte que el calendario parlamentario. Aunque el gobierno de Javier Milei había anunciado que su reforma laboral sería debatida y votada antes de fin de año, el Senado la postergó hasta febrero, luego de una jornada donde la presión sindical y las tensiones internas en el Congreso marcaron el pulso político.

El dictamen de comisiones se firmó el miércoles por la tarde, pero el tratamiento en el recinto se reprogramó para una próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de febrero. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo comunicó personalmente, tras un plenario que estuvo al borde del colapso político y que solo pudo destrabarse con gestos hacia la oposición dialoguista.

“Hubiese sido un desastre”, reconoció un senador radical. Las negociaciones estuvieron frenadas buena parte del día, y la decisión de demorar el debate —inédita para un oficialismo que hace bandera de la velocidad legislativa— fue el resultado de una relación de fuerzas que excede al recinto.

La CGT en la calle: advertencia y plan de lucha

A esa misma hora, en el centro de Buenos Aires, la CGT protagonizaba su primera gran marcha contra el Gobierno, con todo el Consejo Directivo presente, columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La consigna fue clara: rechazar una reforma que consideran “entreguista” y “a favor de las grandes empresas”.

“No se genera trabajo sacando derechos, ni con jornadas más largas”, advirtió Octavio Arguello, cosecretario general, ante una multitud. El mensaje fue directo al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los van a demandar”. La movilización cerró con una advertencia: si no hay marcha atrás, habrá paro nacional.

No fue una marcha testimonial, sino un gesto de fuerza y unidad. Estuvieron Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, y dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois y José Mayans. Hubo incidentes menores, pero el mensaje de fondo fue político: la reforma no pasará sin resistencia.

Qué propone el proyecto: entre la flexibilización y la transferencia de recursos

¿De qué se trata la reforma que el Gobierno busca sancionar? Según el análisis de Juan Manuel Telechea en una publicación del portal Cenital, el proyecto busca reducir cargas patronales, abaratar despidos, limitar la protesta sindical y favorecer la flexibilidad horaria. Pero no hay garantías de que eso genere más empleo formal.

Uno de los puntos clave es el fondo de cese laboral. Las empresas aportarían un 3% mensual del salario, que se usaría para pagar futuras indemnizaciones. A cambio, dejarían de aportar esa misma proporción a la seguridad social. “La indemnización, en los hechos, la financiaría el sistema jubilatorio”, advierte Telechea.

Además, el proyecto amplía de tres a seis meses el período de prueba, quita del cálculo indemnizatorio ítems como el aguinaldo y otros adicionales, y mantiene un blanqueo laboral con perdón de deudas y multas que, según los datos disponibles, no logró resultados significativos.

La reforma también introduce un “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral sin pagar horas extra. Pero, sin protección gremial efectiva, el control sobre el uso del tiempo quedaría en manos del empleador. Es un esquema que debilita la negociación colectiva y diluye uno de los pocos márgenes de autonomía que tienen los trabajadores sobre su vida cotidiana.

La informalidad, excusa o problema

El argumento central del Gobierno es que la rigidez del sistema laboral actual impide la creación de empleo formal. Pero el propio texto del proyecto omite que el 90% del empleo no registrado se concentra en micro y pequeñas empresas, y que la gran mayoría de las medianas y grandes ya cumple con las normas.

¿Por qué entonces se proponen reducciones de cargas para todas las empresas, sin segmentación? Telechea sostiene que eso convierte una reforma supuestamente técnica en una medida regresiva: “Se transfiere recursos del Estado y los trabajadores hacia las empresas, sin generar incentivos efectivos para el blanqueo”.

Tampoco se incluyen reformas básicas que podrían mejorar la calidad del empleo: licencias por nacimiento, por ejemplo, siguen igual que hace 50 años. Para el padre, dos días. Para la madre, trece semanas.

Derecho a huelga y libertades sindicales en jaque

Uno de los puntos más controvertidos es la limitación al derecho constitucional de huelga. El proyecto establece un “servicio mínimo” del 50% en casi todas las actividades —alimentación, bancos, comercio electrónico, medios de comunicación—, lo que en la práctica implica vaciar de fuerza la protesta gremial.

Es un salto cualitativo en la conflictividad estructural: el Gobierno intenta regular la protesta desde una lógica empresarial, desconociendo su función social y su resguardo legal. En este punto, la reforma no busca solo cambiar normas laborales: busca disciplinar políticamente al movimiento obrero.

Lo que se posterga (por ahora)

El tratamiento en el Senado quedó fijado para febrero, en un nuevo período de sesiones extraordinarias. La postergación fue un revés parcial para el oficialismo, que logró el dictamen gracias a un acuerdo con sectores del radicalismo, el PRO y algunos peronistas disidentes. Pero la grieta parlamentaria está abierta, y el conflicto social escalando.

La CGT anunció que el plan de lucha continuará, con protestas y posibles paros sectoriales. El Gobierno, por su parte, apuesta a ganar tiempo para acumular votos, mientras avanza con otras reformas paralelas, como el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”.

¿Una reforma laboral sin trabajo?

El telón de fondo es más profundo que un proyecto de ley. Lo que se discute no es solo cómo despedir, contratar o registrar, sino quién define las condiciones del trabajo en la Argentina del siglo XXI: si el mercado, el Estado, o los trabajadores organizados.

La experiencia muestra que con este mismo régimen laboral, entre 2004 y 2011, la economía generó más de 2 millones de puestos formales y redujo la informalidad. No fue por una reforma laboral, sino por crecimiento económico sostenido y políticas públicas activas.

La reforma Milei puede terminar siendo un nuevo episodio de una vieja historia: flexibilizar sin crecer, ajustar sin incluir. Por ahora, la calle impuso un límite. Pero la disputa recién empieza.

JJD

La llaman “modernización laboral”, pero seguro que el presidente Javier Milei, su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y su secretario de Trabajo, Julio Cordero, no se habrán inspirado para nombrar el proyecto de ley en la película “Tiempos modernos”, aquella en la que Charles Chaplin evidenció la deshumanización capitalista. Quizás sería mejor llamarla flexibilización. En sus 197 artículos, modifica más de 50 de la ley de contrato de trabajo de 1973 y deroga siete leyes –desde los estatutos del periodista o del viajante hasta la del teletrabajo–, en lo que constituye la mayor reforma desde la decretada por la última dictadura en 1976, superior a la del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), según Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas.

La iniciativa reduce costos de despido mediante topes indemnizatorios y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con contribución del 3% del salario que en lugar de ir a pagar jubilaciones se utilizará para financiar despidos. A las obras sociales, en lugar de destinarse el 6%, se bajará al 5%. “FAL es un poco violento”, bromeó sobre la sigla este jueves la senadora y exministra de Trabajo y de Seguridad Patricia Bullrich en el seminario ProPymes, con el empresario Paolo Rocca como anfitrión satisfecho por el proyecto, pero insistidor con el reproche por la ausencia de política industrial. Lo violento sería que el dinero del FAL termine erosionado por comisiones y malos rendimientos, como sucedió en su momento con las AFJP (administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones).

El proyecto también descentraliza la negociación colectiva dando prioridad al convenio de menor ámbito y la limitación de la ultraactividad (prórroga automática de un convenio colectivo de trabajo una vez vencido su plazo), flexibiliza los horarios laborales y el salario con la ampliación de componentes no remunerativos, amplía servicios esenciales y limita el derecho de huelga, formaliza a los trabajadores de plataformas como “prestadores independientes” y crea incentivos tributarios y de formalización en un país donde el 43% de los empleados trabaja sin derechos, el mayor nivel desde 2008.

La modernización traslada riesgos laborales a los trabajadores. Se supone que así se crearán más empleos formales, pero hasta economistas ortodoxos y grandes empresarios admiten que ese efecto depende de dos condicionantes ausentes: una macroeconomía estable –por más que se haya eliminado el déficit fiscal y descontrol de la emisión monetaria, la Argentina aún padece la quinta mayor inflación del mundo y su gobierno repudia la receta de sus vecinos de acumular reservas en el banco central– y una institucionalidad laboral capaz de sostener derechos básicos de manera efectiva. Esto último quiere decir que un país como Alemania bajo un gobierno socialdemócrata, con el que suelen identificarse los sindicatos, flexibilizó el trabajo en 2003 y 2005, pero después controló a rajatabla que nadie mantuviera empleados en la informalidad. No es como Perú, donde pese a las cuatro reformas laborales desde 2001, incluida una rebaja de contribuciones patronales, el trabajo no registrado supera el 70%.

La reducción de costos laborales puede estimular la contratación formal sólo cuando la demanda de trabajo crece, advierten expertos y empresarios, que temen más destrucción de empleo en 2026. En contextos de alta informalidad y estancamiento productivo, la experiencia demuestra que tiende a expandirse el empleo de baja duración y sin mejoras salariales.

El nuevo régimen establece topes a la indemnización: un máximo de tres veces el salario promedio del convenio, con piso del 67%. Después de que la ley Bases derogara las multas por trabajo no registrado, proliferaron en los tribunales las demandas civiles de empleados informales por daños y perjuicios contra sus patrones. Por eso, el proyecto excluye daños del Código Civil, declarándose la indemnización como “única reparación procedente”, aunque puede que este aspecto termine judicializado. El FAL, con cobertura desde los 12 meses de antigüedad, reduce la protección para trabajadores con poca antigüedad. La combinación de estos elementos disminuye los costos empresariales, pero debilita la protección contra el despido arbitrario, especialmente en los segmentos más vulnerables del mercado laboral.

La descentralización de la negociación laboral, ya no entre cámaras y sindicatos sino entre cada empresa y sus empleados, tiene efectos complejos. Permite ajustar los acuerdos a las realidades de productividad de cada compañía, pero en mercados laborales duales –con exceso de oferta de trabajo en segmentos de baja y media calificación, informalidad como alternativa de subsistencia y barreras a la movilidad– se refuerza el poder de mercado de los empleadores. Claro que las pymes, a diferencia de las firmas grandes, negociarán con menor poder y mayores riesgos de reducción del salario real (ajustado por inflación).

Empresas medianas y grandes pueden actuar como oligopsonios locales: pocos demandantes frente a muchos trabajadores oferentes. El resultado previsible son salarios por debajo de su productividad, con captura de rentas por parte de las firmas más productivas y un aumento de la dispersión salarial. Esta experiencia en Reino Unido, Nueva Zelanda y países europeos periféricos se tradujo en aumento de la desigualdad de sueldos.

La flexibilización del horario laboral mediante bancos de horas (el patrón dispone que hoy se descansa pero mañana y pasado se compensa con 12 horas diarias), el establecimiento de la jornada promedio (en lugar de un tope diario) y contratos parciales puede mejorar la organización del trabajo donde existe representación laboral fuerte y control sobre horas extras. Pero sin esas garantías, se encubre subempleo (empleados que desearían trabajar más horas) y se presiona a la baja de los ingresos. Incluso la norma permitirá que los horarios sean pactados de manera individual ente el empleador y el trabajador, con el lógico desbalance de fuerzas. A su vez, la ampliación de componentes no remunerativos del sueldo, como los valores alimentarios, reduce la base de cálculo tanto para indemnizaciones como para aportes jubilatorios, lo que afecta la seguridad social de largo plazo.

Se limita el derecho a parar. Si se trata de actividades esenciales, se debe mantener 75% de trabajo mínimo y si es de “importancia trascendental”, el 50%. Esto último incluirá sectores como educación básica y transporte terrestre –maestros, colectiveros y maquinistas, abstenerse de parar–, construcción, minería y comercio electrónico –respira Marcos Galperin–. También actividades que afecten el “equilibrio fiscal”. “¿Eso incluirá un kiosko que cobra el IVA?”, se pregunta Cremonte. Habrá que ver si esta aspecto cumple con la normativa de rango constitucional que implican los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera esencial a aquellas tareas en las que esté en juego la salud y la vida.

Habrá que avisar cinco días antes de cada huelga y acordar los servicios mínimos en las 24 horas previas o si no, la autoridad los fijará. Se considerarán infracciones muy graves los piquetes y ocupaciones de establecimientos o los daños a personas y bienes.

Para organizar una asamblea de trabajadores, habrá que pedir autorización a la patronal y no se cobrará el salario por el tiempo que duren. Esto también deberá ser compatible con los estándares de la OIT sobre libertad sindical, de modo de evitar litigios internacionales. Otros puntos conflictivos: sólo estarán protegidos los delegados sindicales titulares, no los suplentes ni los congresales. Tampoco los que hayan sido elegidos con menos del 5% de los votos de sus representados.

Las cuotas obligatorias a los gremios, que establecen algunos convenios colectivos, seguirán vigentes sólo mientras duren estos acuerdos. Es decir, si vencen y no se pactan nuevos marcos, habrá ultraactividad de las normas pero ya no regirán esos aportes. Además, el empleador podrá reusarse a cumplir la tarea de girar las cuotas voluntarios u obligatorias a los sindicatos. Además, podrá haber gremios por empresa, al estilo el de Flybondi, y los delegados sindicales sólo podrá usar 10 horas mensuales de su jornada laboral para sus tareas como tales.

La modernización argenta formaliza el trabajo en plataformas mediante la figura de “prestador independiente”, con lo que se aparta de la tendencia global que avanza hacia mayor reconocimiento y protección de choferes y repartidores. El régimen traslada los riesgos al prestador del servicio, con apenas un seguro de accidentes con responsabilidad negociable y sin derechos laborales básicos. Nada que ver con lo que legisló la Unión Europea, California y otras regiones que avanzan hacia un vínculo laboral híbridas o pleno con las grandes empresas del negocio. Para los países desarrollados, parece que la modernidad es distinta. En la Argentina libertaria se le dará al trabajador derecho a desconectar, elegir su ruta, podrá quedarse con el 100% de las propinas y la app le deberá proporcionar equipo de seguridad.

La Argentina sufre hace una década y media de una incapacidad estructural para crear empleo de calidad, o sea, registrado, estable y con salarios medios y altos. Detrás del problema está la baja productividad de la economía, la informalidad persistente como forma o excusa de supervivencia de algunas empresas y el desacople entre formación y demanda laboral, según ciertos expertos. De acuerdo con esta visión, flexibilizar costos sin elevar la productividad puede producir más empleo, pero no mejor empleo. El riesgo es profundizar la precariedad en la base de la pirámide y la captura de productividad por parte de las empresas sin derrame salarial.

Por eso, hay quienes proponen como alternativa una política pro pymes para que accedan a tecnología, crédito, cadenas de valor y expansión, otra de formación y reconversión laboral ligada a la demanda del sector privado, una reforma tributaria que favorezca la contratación –los empresarios temen que la que preparan Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se demore y quede reducida a medidas anecdóticas sin impacto productivo–, una fiscalización del trabajo no registrado –la gran ausente de la última década, ya casi no hay noticias de inspecciones relevantes– y un piso salarial que contraste con el poder oligopsónico. No son ideas de zurdos empobrecedores sino de capitalistas basados en la experiencia mundial.

La reforma laboral de Brasil de 2017, tan elogiada en su momento por Galperin, redujo la protección del trabajadores, le dio prioridad a los convenios por empresa, amplió la tercerización –como también lo contempla la flexibilización de Milei– y creó los contratos intermitentes. Resultado: aumentaron la informalidad y los sectores de baja productividad. La de España en 2012 abarató el despido y modificó la negociación colectiva, con lo que se recuperó el empleo tras su crisis, pero a costa de profundizar un mercado laboral dual entre empleados temporales y fijos, con caída de sueldos reales en las actividades poco productivas.

La flexibilización de México de 2012 redujo costos para contratar y despedir y creó contratos por horas y temporarios. Logró aumentar el empleo formal, pero en sectores de baja productividad mientras la informalidad persiste en el 60% y los sueldos tampoco mejoran. En Alemania se reestructuró el seguro de desempleo y se expandieron los minijobs, con lo que bajó la desocupación, pero a fuerza de trabajo a tiempo parcial, precario, de bajos salarios y sin seguridad social completa.

La historia reciente demuestra que flexibilizar generó empleo temporal, a tiempo parcial o tercerizado en España, Alemania, Brasil y México. No logró terminar con la informalidad y la desigualdad, en parte porque no mejoraron la productividad ni el control del trabajo no registrado ni la política pro pymes, como ocurrió a lo largo de Latinoamérica. En países que atravesaban una recesión, como Grecia y Portugal, no sirvió para recuperar el empleo sino para despedir, reducir el ingreso de la población, desalentar así el consumo y, por último, otra vez la creación de trabajo, en un círculo vicioso. Eso lo que se teme en esta Argentina con industria, comercio y construcción estancados o en baja.

La negociación descentralizada favoreció a las grandes empresas, como en Reino Unido y Nueva Zelanda. Los casos exitosos como Alemania se combinaron con crecimiento económico, instituciones fuertes y controladoras y una base productiva diversificada, aunque también dejaron su tendal precarizador.

Sin un consenso amplio por la oposición sindical, se corre el riesgo de que la reforma se revierta cuando gane otro partido político, en 2027 o 2031. También puede que provincias opositoras, como la de Buenos Aires, donde vive casi el 40% de los argentinos, no adhiera a los regímenes voluntarios que se crea para trabajadores agrarios o accidentes laborales. La Argentina ya tiene una historia de leyes laborales aprobadas pero no aplicadas.

AR/MC

La Ley de Modernización Laboral ya tiene letra chica. El texto completo, filtrado en las últimas horas, revela un proyecto de 182 artículos que apunta a redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. Incluye cambios sustanciales en el régimen de contratación, indemnizaciones, licencias, convenios colectivos y condiciones fiscales. También deroga normas con más de medio siglo de vigencia, como el Estatuto del Periodista Profesional.

La filtración del borrador se produce mientras el oficialismo acelera negociaciones parlamentarias. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, anticipó que la reforma será tratada en sesiones extraordinarias junto al Presupuesto 2026. “Vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, prometió.

1. Exclusiones: quién queda fuera del paraguas de la ley laboral

Uno de los cambios más estructurales es el recorte del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según el texto, quedarán fuera:

Este punto legaliza figuras laborales hoy consideradas fraudulentas o encubiertas, como los monotributistas dependientes, y deja a miles de trabajadores sin amparo sindical, vacaciones ni licencias.

2. Redefinición del principio de favor

El nuevo artículo 9° de la LCT establece que la interpretación más favorable al trabajador solo se aplicará por “instituciones” (es decir, bloques normativos), y no por cada cláusula o norma aislada. Esto debilita un principio clave del derecho laboral argentino, que históricamente prioriza la protección individual.

3. Cambios judiciales y “castigo” por reclamar de más

El proyecto introduce un nuevo criterio para costas judiciales: si un trabajador reclama un monto “excesivo” (pluspetición inexcusable), deberá pagar las costas junto a su abogado. Para gremios y juristas, esto desalienta el acceso a la Justicia y criminaliza la demanda laboral.

4. La pata fiscal: incentivos, exenciones y baja de impuestos

El capítulo fiscal busca atraer inversiones con alivios impositivos. Entre las medidas más destacadas se incluyen:

También se crea un Régimen de Incentivo para Inversiones Productivas (RIMI) destinado a MiPyMEs, con beneficios fiscales específicos.

5. Derogaciones: normas históricas que caen

El Título XXV del proyecto deroga artículos clave de la Ley 20.744, entre ellos:

La eliminación del estatuto de prensa implica un golpe directo a la organización sindical en medios de comunicación, y abre la puerta a regímenes más precarios de contratación.

6. El “modelo productivista”: convenios por empresa y salarios por mérito

La reforma impulsa la negociación colectiva descentralizada, permitiendo convenios por empresa. A su vez, elimina la “ultraactividad” (vigencia automática de convenios vencidos) y promueve aumentos por productividad individual, por encima de paritarias sectoriales.

Se habilita además la fragmentación de vacaciones, que podrán tomarse por períodos mínimos de una semana, lo que atenta contra el descanso continuo y la salud laboral.

7. Jornada extendida y fondo de cese: trabajo más largo, despido más barato

Aunque el Gobierno relativizó este punto en público, el borrador incluye la posibilidad de extender la jornada diaria de 8 a 12 horas mediante acuerdos y de implementar “bancos de horas” (compensación con francos en lugar de pago extra).

Respecto a los despidos, el proyecto:

Para la CGT, esto implica un “traslado del costo del despido al trabajador” y rompe con la lógica protectoria del sistema actual.

8. Escenario político y resistencias

Mientras el oficialismo se encolumna detrás de la narrativa de “modernización”, los sindicatos anuncian movilizaciones y denuncias judiciales. CTA, ATE, UTEP y la CGT ya anticiparon su rechazo y preparan medidas de fuerza.

Desde el oficialismo, Bullrich considera que el proyecto es “necesario para que los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que no será “de un día para el otro”.

Una reforma que busca cambiarlo todo

La propuesta oficial desarma pilares del derecho laboral argentino y redibuja el mapa de relaciones entre capital y trabajo. Para sus impulsores, es el paso necesario hacia un sistema más “eficiente y competitivo”. Para sus detractores, es una ofensiva sin precedentes contra los derechos laborales.

Como advirtió la CGT, “una reforma sin diálogo puede rebotar en la Justicia y generar más incertidumbre” . El Congreso, mientras tanto, se prepara para una batalla legislativa que marcará un antes y un después en el mundo del trabajo.

JJD

La senadora Patricia Bullrich confirmó este jueves que ya están en marcha las negociaciones en el Senado para avanzar con la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. Desde su rol como presidenta del bloque oficialista de La Libertad Avanza, la exministra de Seguridad marcó la hoja de ruta legislativa para diciembre y aseguró que el proyecto, junto con el Presupuesto 2026, será prioridad para el oficialismo en el Congreso.

“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que algunos no la van a votar, entonces tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich en declaraciones radiales. La legisladora consideró que el proyecto permitirá que “los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que “no será de un día para el otro”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa ingresará al Congreso por la Cámara alta, y el oficialismo prevé postergar para una segunda etapa los debates sobre el nuevo Código Penal, la Ley Tributaria y la Ley de Inocencia Fiscal .

Bullrich también buscó desdramatizar las tensiones internas tras la jura de los nuevos legisladores, cuando trascendieron diferencias con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. “Mi objetivo no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes que necesitamos”, aclaró. Y agregó: “Las cosas van a cambiar en el Senado, vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”.

En sus declaraciones, la jefa del bloque oficialista también apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de oponerse “por reflejo” a cualquier reforma. “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo. No hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”, afirmó.

Qué propone el proyecto de reforma laboral

Si bien el texto aún no se presentó públicamente, el Gobierno adelantó que buscará reducir los costos laborales no salariales, limitar las multas por trabajo no registrado y reformar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. Para los gremios, se trata de una avanzada contra los derechos laborales y una reedición de reformas que la Justicia laboral ya declaró inconstitucionales en 2023.

Centrales sindicales como la CTA Autónoma, ATE y la UTEP ya anunciaron un plan de lucha conjunto, que incluye paros, movilizaciones y una contrapropuesta técnica con eje en la recuperación salarial, la reducción de la jornada laboral y la regulación de nuevas formas de empleo.

Desde el oficialismo, el discurso busca instalar la idea de una “modernización” del mercado laboral. Bullrich defendió la necesidad de reformas estructurales como condición para reactivar el empleo, en especial entre los sectores jóvenes e informales.

Una reforma en medio de tensiones sociales

El anuncio de Bullrich llega en un clima de creciente conflictividad. Desde el 4 de diciembre, movimientos sociales, sindicatos estatales y organizaciones territoriales comenzaron una serie de protestas con eje en la resistencia al ajuste, la defensa de la Ley de Glaciares y el rechazo a la reforma laboral.

“Diciembre puede ser un mes caliente”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP, al señalar el impacto del ajuste en los barrios populares y la falta de contención estatal. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está totalmente pulverizado”, denunció.

En paralelo, Bullrich se refirió a la continuidad del Ministerio de Seguridad, tras su salida para asumir la banca en el Senado. Dijo que su sucesora, Alejandra Monteoliva, es “una gran profesional” que ya conocía las políticas del área. “Estoy contenta porque hay continuidad en la forma de hacer las cosas”, expresó.

También habló sobre la investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la financiera Sur Finanzas, acusada de lavado de activos. “La Justicia está actuando rápido y eso es lo importante”, dijo, y recordó que el Ministerio había elevado denuncias por inconducta ante la FIFA.

Mientras tanto, en el Senado, Bullrich se prepara para librar su primera batalla parlamentaria, en un recinto fragmentado, con bloques en reconfiguración y una oposición que aún debate su estrategia frente a un paquete de leyes regresivas.

JJD

“Algunos me preguntaban: ”¿Por qué no nos van a dar el aumento si nos corresponde?“, y yo les decía: ”Porque no quieren. ¿Qué piensan ellos? La plata es mía, ¿por qué te la voy a dar a vos?“  (Daniel Yofra)

El 2015 iba a ser un año de definiciones. La Federación había ido consolidando la lucha por el salario digno y fortaleciendo varios sindicatos de base. Hacía dos años que profundizaban una construcción sindical que jerarquizaba el rol de los delegados de base y estimulaba el debate en las asambleas. Al mismo tiempo, continuaron desarmando los bolsones de trabajadores tercerizados, que sólo servían para generar división entre obreros y volver más precario e inseguro el trabajo dentro de las plantas. Ese recorrido les permitió empezar a hablar de la salud dentro de la fábrica.

En ese clima de desarrollo interno llegaron al Sexto Plenario de Delegados Aceiteros y Desmotadores de Algodón, que se hizo en febrero, en Villa Mercedes, San Luis. Ahí aprobaron la nueva metodología de cálculo para el salario mínimo vital y móvil, que se basaba en la composición del gasto de los hogares para una familia con un hijo que contemplaba la Encuesta Nacional de Gastos y Hogares (ENGHO) del año 2012/2013. Ese número se había ido actualizando año a año.

El cálculo para 2015 daba 14.931 pesos para la categoría inicial y significaba un aumento del 42,2% (el salario promedio de los trabajadores industriales registrados era de 7.697 pesos, según la Encuesta Permanente de Hogares elaborada por el INDEC). Lo anunciaron el 12 de marzo, cuando faltaban veinte días para el vencimiento del acuerdo paritario de 2014. Iba a ser una discusión difícil porque implicaba seguir mejorando los salarios, que habían tenido una recuperación importante. Sin embargo, ese incremento seguía siendo un tema menor para las finanzas de las patronales: la totalidad de la masa salarial representaba entre el 0,5 y el 1,8 % de las ventas declaradas del sector aceitero. “Desde 2004 en adelante pudimos ver incluso que no había significativas diferencias entre lo que ocurría en las grandes empresas y en las medianas, a partir de lo que decían sus balances. Todas manifestaban un escaso peso de la masa salarial respecto de las ventas que declaraban o de la totalidad de sus costos”, analizaron los asesores económicos de la Federación.

Esos cálculos, que mostraban claramente la capacidad de pago —sin tomar en cuenta prácticas de triangulación de exportaciones como las que habían denunciado con pruebas en 2004—, no iban a conmover el corazón patronal. Todo lo contrario. A diferencia de lo que había pasado en la última década, los hombres de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) habían abandonado sus posiciones individuales y decidieron actuar en bloque. Las mayores productoras y exportadoras de aceite y también las empresas de menor tamaño instruyeron a sus cuadros profesionales para trazar la nueva estrategia. La fueron puliendo entre enero y marzo, y para abril, cuando venció el acuerdo paritario, estaban abroquelados detrás de una consigna: “Poner un límite a una metodología inaceptable de negociación”. 

* * *

Las empresas ofrecieron 24% de aumento. Insistían, en línea con el gobierno, en que la inflación iba a ubicarse en torno a ese porcentaje para 2015. Se apoyaban en datos del INDEC, que mantenía intervenido el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y en mediciones de consultoras privadas. Pero lo que los aceiteros discutían era otra cosa: pedían lo mínimo que necesitaban un trabajador y su familia para vivir dignamente gracias a su trabajo. Además, reclamaban el aumento de un 6% en los turnos rotativos, un 10% adicional para los que rotan tercer y cuarto turno, mil doscientos pesos por trabajador para la obra social, la constitución de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene y el nombramiento de un delegado en plantas con menos de diez trabajadores.

Esos pedidos chocaban de frente con la decisión tomada por las patronales. No querían discutir más con esa conducción obrera integrada por “ex operarios de plantas importantes”, que estaban asistidos por abogados “con vasta experiencia en el asesoramiento de sindicatos”. 

“Todos ellos tienen un marcado pensamiento de izquierda con una concepción polarizada del capital y el trabajo. Su forma de tomar decisiones es a través de asambleas en las fábricas. Palabras como ‘lucha’, ‘arrancar’, ‘lucha de clases’, ‘explotación’, ‘guerra’, ‘ganadores’, ‘perdedores’, ‘conquista’ son comunes en su glosario. Todos ellos son negociadores duros que conciben la negociación como un ‘ganar-perder’, es decir, son altamente competitivos. Utilizan las subidas de tono, las chicanas, los golpes en la mesa y, sobre todo, las medidas de fuerza inmediatas, como estrategias de negociación”, los describió el gerente de Asuntos Legales y Laborales de la CIARA, Martín Brindici, en un paper donde analizó esa negociación que encabezó por el lado patronal. Casi todo lo que marcaba como aspectos negativos o bien eran enseñanzas directas de Horacio Zamboni o el producto del encuentro entre él y esos dirigentes sindicales criados en fábricas donde no podían tomar mate, hacían horas extras para mejorar su pobre salario y trabajaban bajo precarias condiciones de seguridad.

***

En la puerta

“Sin acuerdo salarial, aceiteros lanzan paro por tiempo indeterminado”, tituló El Cronista el miércoles 5 de mayo. Esa madrugada, cuando el diario empezaba a llegar a los quioscos de diarios y revistas, los trabajadores habían realizado los procedimientos de parada segura porque se esperaba que la huelga durara varios días y las puertas de las plantas empezaban a cambiar de aspecto: se montaban carpas para sostener la protesta.

Permanecer en la puerta de las fábricas durante una medida de fuerza permite que las y los trabajadores tengan un lugar donde reunirse mientras se lleva adelante el reclamo. Van cada día, mientras dura la disputa, a cumplir su horario de turno laboral, pero manteniendo la huelga. También es una forma de visibilizar que existe un conflicto en marcha, de generar solidaridad en otros sectores, de mantener la llama ardiendo.

En los días previos, el curso que tomaron las negociaciones paritarias había ido generando interés en los medios de comunicación. No era una cuestión que discutía solamente aceiteros, el tema atravesaba a los diferentes gremios: bancarios, metalúrgicos y empleados de comercio, entre otros. Ninguno pensaba en aumentos por debajo del 30%. La UOM, por ejemplo, pedía una suba del 36% y el sindicato de Comercio había logrado un acuerdo con las cámaras patronales por un 30%, pero el Ministerio de Trabajo se negaba a homologarlo.

En ese contexto, el reclamo de los aceiteros tenía brillo propio y empezaba a crecer. Lo habían notado claramente el 12 de marzo cuando anunciaron que irían a la paritaria a pedir un aumento del 42,2%. Ese mismo día, Yofra fue entrevistado por Jorge Lanata e Ismael Bermúdez en el programa Lanata sin filtro, que se emitía por Radio Mitre y lideraba muy cómodamente la segunda mañana: lo escuchaba el 46,6% de las personas que sintonizaban alguna radio AM durante los días de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

“Lo que pedimos es simplemente lo que dice la ley: un salario que nos garantice alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones. Todo lo que dice la ley. Si no es así, si no se puede dar ese salario, ¿cuál de esas necesidades tenemos que sacar de la ley?”, dijo al responder las preguntas. Y Bermúdez indagó.

—¿Los empresarios les van a dar lo que están reclamando?

—No, no creo —dijo Yofra y atajó una risa porque sabía que a las patronales les cuesta entender las necesidades obreras—. No creo que nos lo den en una negociación pacífica. Seguramente tendremos que ir a una medida nacional. 

***

Para ese momento, había puertos paralizados, contratos caídos y un centenar de buques anclados en diferentes puntos a la espera de que se resolviera el reclamo y poder cargar sus bodegas. Cada uno representaba un costo de entre veinte mil y treinta mil dólares por día.

Durante el fin de semana fue más fuerte la presencia de las familias en las puertas de las plantas. Iban a acompañar a los trabajadores. Lo venían haciendo prácticamente desde que comenzó el conflicto. Una de las mujeres que iba a diario era Jaquelina Matteucci, enfermera y esposa de Marcos Gasparri, operario de Extracción. 

Marcos había entrado a Dreyfus en octubre de 1999, cuando ellos iniciaban su noviazgo. Jaqui había empezado a ir sobre el final de la primera semana de huelga. Por un lado, era una forma de “estar con él”, pero también una manera de acompañar el reclamo. Iba a compartir el mate y para que sus dos hijos de dos y siete años se encontraran con el papá. Es que desde que había comenzado la protesta, Marcos iba poco a la casa. Pero cuando llegaba, lo percibían desde que abría la puerta: olía a humo y no a cereal.

El hijo mayor preguntó por qué el papá no volvía todos los días y por qué tenía ese olor a humo. Jaqui le explicó que estaba haciendo una huelga, que era una forma que tenían los trabajadores para reclamar que les pagaran el sueldo que necesitan para vivir dignamente. Su propia vida era expresión de esa pelea: compraron un lote, construyeron una casa, tenían auto. 

***

Cuando Yofra y Dávalos llegaron al quinto piso de Economía, junto a sus asesores Cremonte y Zamboni Siri, los estaban esperando Tomada, el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. En la oficina había varias pantallas donde se veía la cotización de bonos y acciones en tiempo real. Estaban conectadas directamente a la Bolsa de Buenos Aires.

La reunión empezó tensa. Sobre la mesa estaba el diario Clarín, abierto en la doble página que le había dedicado al conflicto. La ilustración de la nota era una foto de los barcos anclados en el puerto y el título decía que había casi cien buques varados. Subrayado con resaltador amarillo, se destacaba el párrafo del final: “Hay una intervención indebida y, por cierto, ilegal a la que nos tiene acostumbrados (el Ministerio de Trabajo). Por un lado, reclama la vigencia de paritarias libres y, por el otro, le opone un techo a los aumentos salariales que se negocian libremente. Resulta paradójico que, queriendo parecerse a Perón en el 45, la presidenta termine asemejándose a Isabelita, cuando en 1975 se opuso a la homologación de los acuerdos salariales conseguidos”.

La discusión volvió sobre el mismo punto de que los salarios podrían disparar la inflación y que eso afectaría al gobierno. Incluso hubo frases como “quieren cagar a Cristina”, que ya habían aparecido durante una reunión de Tomada con Yofra tras el acuerdo con las patronales. Les costaba entender el reclamo sindical, que tenía que ver exclusivamente con cuánto valía la fuerza de trabajo y cuánto era lo necesario para vivir dignamente.

Kicillof argumentó largamente para buscar algún cambio en los aceiteros. No lo logró. Yofra respiró hondo y cerró el debate. 

—El problema que yo tengo es que no puedo cambiar este reclamo. No puedo porque creo que es justo, pero tampoco podría ni aunque quisiera. Vivo en un barrio donde viven otros trabajadores aceiteros. Mis amigos son aceiteros. Mis hijos van a la misma escuela que los hijos de otros aceiteros. Si yo viviera en Puerto Madero, tal vez, podría. Pero no vivo ahí. Vivo igual que el resto de los trabajadores aceiteros.

El aire se tensó otra vez.

—Bueno. Déjennos que lo hablemos en frente. —Kicillof y Tomada se prepararon para cruzar a la Rosada.

Al día siguiente, se hizo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Duró casi todo el día y, finalmente, se firmó la paritaria salarial, pero faltaba resolver quién pagaría los siete días de huelga que continuaron tras el acuerdo inicial. A los obreros no les correspondía perder eso porque la medida de fuerza había continuado debido a la posición del gobierno y las empresas no querían hacerse cargo del pago. En un nuevo encuentro, el viernes 29, se acordó el pago.

La noticia llegó en formato de mensaje de audio a las puertas de las diferentes plantas. Lo escuchaban con los celulares conectados a los equipos de audio de los autos y la voz salía a todo volumen. Algunos lloraban. Casi que no terminaban de creerlo.

Gasparri la llamó a Jaqui. Tenía un nudo en la garganta.

—Jaqui, ya está, terminó. Jaqui, lo logramos.

AR

Poco duró la baja del dólar después de la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA). Este lunes bajó de $.1515 a 1.460, pero este martes rebota 2,4% a 1.495 porque en la City porteña y en Wall Street también consideran que, aunque hayan ganado los candidatos de Javier Milei, el Gobierno tendrá que liberar el tipo de cambio y comenzar a acumular reservas internacionales. Entienden que eso derivará en un peso ni muy apreciado como a principios de año ni muy devaluado como antes de los comicios.

Pero Milei sostiene que no es depreciando el peso que conseguirá la competitividad de la economía argentina. Sino, bajando el costo laboral y tributario con las reformas de flexibilización del trabajo y de rebajas impositivas, que ya tiene casi listas. También con las privatizaciones para dejar muchas áreas en manos del sector privado: ya empezó con la ruta del Mercosur y continuará con otras, como las centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue, los trenes de carga y la Hidrovía del río Paraná.

Esta última en enero pasado se frustró en el medio de tensiones entre el asesor presidencial Santiago Caputo, sus amigos empresarios Juan y Patricio Neuss, y el expresidente Mauricio Macri, cada uno interesado en sostener a diversos oferentes.

“Un dólar libre y de equilibrio debería ser el valor del MEP (Mercado Electrónico de Pagos)”, opina el economista de un banco, que prefiere resguardar el anonimato. El dólar MEP, que se compra comprando y vendiendo bonos, está ahora a $1.475. “El MEP es lo más parecido que tenés a un dólar libre y de equilibrio. Para mí, esta demanda de dólares de hoy es súper transitoria, tiene que ver con cosas puntuales, como la demanda de bancos por la exigencia de efectivo mínimo en dólares que le hace el Banco Central a fin de mes, pero aflojará en los primeros días de noviembre”, añade.

“Hoy es muy prematuro pronosticar a cuánto debería irse el dólar”, coincide Juan Pablos Ronderos, socio de la consultora MAP. “Las elecciones cambiaron por completo el panorama, pero faltan un montón de definiciones, siendo la principal si con esto se logra abrir el mercado internacional de financiamiento voluntario para el Gobierno”, agrega Ronderos. Es decir, si consigue dólares endeudándose con inversores financieros, no sólo con el rescate de Estados Unidos.

Por ahora, siguen las dudas del mercado y por eso el índice de riesgo país bajó de la zona de default de más de 1.000 puntos básicos a 652 el lunes, pero rebota 5,8%, a 690 este martes. Este es un nivel que aún no permite emitir deuda afuera.

“A pesar de la victoria en las elecciones, el mercado ya no le cree al sistema de bandas cambiarias, y menos aún cuando el dólar está muy cerca de la banda superior ya que genera incentivos a reducir la oferta y aumentar la demanda privada para hacerse los dólares que venda el Banco Central”, comentan en otro banco de inversión. “Hasta que las autoridades no expliciten un sistema más flexible, las presiones seguirán. Dicho esto, en un mercado más libre y con el mercado más normalizado en términos de oferta y demanda, un dólar alrededor de los $1,500 me parece razonable”; añade.

En cambio, Juan Miguel Massot, analista económico, especula con que “un dólar del orden de $2.000 el día de hoy podría reducir o eliminar el exceso de demanda de dólares”. “Esto se sustenta a que un nivel más elevado permitiría cambiar la dinámica comercial externa, de importaciones, exportaciones, servicios reales, y la financiera, el atesoramiento de privados. Esto facilitaría que, a corto y mediano plazo, el país crezca sin el temor a una crisis de balance de pagos”, agrega Massot, que concluye: “Si con el paso de los años el crecimiento de la productividad permitiese que esta se ubique en niveles más parecidos al de nuestros principales socios, el tipo de cambio real debería reducirse paulatinamente a niveles cercanos al actual. En caso contrario, el país seguirá necesitando el financiamiento externo y por montos elevados, lo cual ha dependido, básicamente, de la buena voluntad política de gobiernos como Estados Unidos y de organismos internacionales, algo que es absolutamente extraordinario”.

La reforma laboral libertaria

Mientras, el Gobierno ya ultima el detalle del proyecto de ley laboral que enviará al Congreso en diciembre próximo. Eso sí, en el oficialismo descartan la idea de ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas, aunque sí se creará un banco de horas, por el que un día puede suspenderse el trabajo por falta de actividad en el negocio y ese tiempo se compensaría a lo largo de otros días.

Los otros puntos clave de la flexibilización que planea el secretario de Trabajo, Julio Cordero son:

Tras ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y cumplir su promesa de raparse la cabeza, Diego Santilli se explayó este martes con que promocionar un modelo laboral como el de Paraguay: menos contribuciones patronales para blanquear personal. Sin embargo, seis de cada diez trabajadores del país vecino siguen empleados en la informalidad, un tercio cobra menos que el salario mínimo y el 12% de su población sigue viviendo en el exterior, ya que emigró para buscar mejor trabajo, como quienes están en la Argentina. Paraguay es uno de los países con menos impuestos de Latinoamérica, pero también de los de menos cobertura de salud y jubilaciones.

AR/MC

Porteño de 47 años, economista graduado de la Universidad de Buenos Aires y con doctorado en la Rey Juan Carlos, de Madrid, Adrián Ravier vive hace 15 en Santa Rosa, allí tiene a sus tres hijos, da clase en la Nacional de La Pampa y ahora encabeza la lista de candidatos a diputado por la Libertad Avanza (LLA). Desde el año pasado es director académico de la Fundación Faro, con la que el gobierno de Javier Milei difunde sus ideas bajo la conducción del ultraconservador Agustín Laje y recauda fondos de la mano de Francisco Caputo, hermano del asesor presidencial Santiago. Por eso suele viajar a Buenos Aires. También porque enseña en la ortodoxa Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema), así como en la ultraliberal Francisco Marroquín (UFM), de Guatemala.

–¿Qué cambio laboral concreto quieren llevar al Congreso?

–No tengo todos los detalles porque no estoy en la cocina de de las reformas estructurales que se están preparando, pero estoy bastante alineado con lo que piensa Milei. La reforma laboral principalmente trata de atacar la industria del juicio. Para una empresa, contratar una persona prácticamente es adoptar un chico, esa persona va a acompañar la vida de la empresa por mucho tiempo y en el momento en que se la quiera despedir porque se la deja de necesitar, prácticamente hay que entregar la empresa. Vemos muchas empresas y tienen necesidad de personal. Pero por una cuestión de costos y por una cuestión de demandas en las que la justicia siempre falla en favor del empleado, condiciona al empleador. Nadie entra a un lugar del que no puede salir. La idea de Javier Milei es que la ley laboral sea más flexible, que sea más fácil contratar, que se puedan sentar las partes para generar las mejores condiciones y de esa manera atacar la informalidad, que está muy alta, alrededor del 50% (N. de la R.: las estadísticas oficiales muestran un 43%). Y esto es porque la legislación va a contramano de contratar. Es decir, si un empleado hoy recibe $1 millón en bolsillo, el empleador está pagando $1.650.000 más o menos. Esa carga son más elevadas que en otros países. La idea es un poco reducir el costo laboral, no tanto lo que recibe el empleado en bolsillo, sino la parte bruta.

–Pero si hay menos contribuciones patronales, ¿cómo se compensa la reducción del financiamiento de la jubilación y la prestación médica de la gente?

–Se va a ir reduciendo la informalidad. Si hay más gente en blanco, va a haber más aportes al Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

–En la ley Bases hubo una pequeña reforma laboral que trató de reducir la industria del juicio quitando las multas al trabajo informal y también hizo un blanqueo laboral. Pero la justicia laboral puso otras sanciones por daños y perjuicios, y entonces el costo del juicio siguió siendo alto. Y el blanqueo laboral casi no tuvo impacto. Unos 200.000 puestos de trabajo registrados desaparecieron en estos casi dos años...

–No está claro que se esté destruyendo empleo. Cuando uno mira la tasa de desempleo sigue estando abajo del 7%. Hubo un proceso de ordenamiento complejo, en el que a personas que estaban contratadas por el Estado y no se les renovó el contrato. Son situaciones que en el corto plazo generan algún desempleo y a partir de ahí habrá que generar empleo. Lo que entiendo es que la legislación laboral no va a cambiar para las personas que hoy están trabajando bajo la legislación presente, sino que cambia para adelante.

–He escuchado gente que incluso está a favor de este gobierno, pero que trabaja hace muchos años en una empresa y teme que le reduzcan la indemnización si los echan...

–Entiendo que es para los nuevos. No se trata de perjudicar a ese empleado de 30 años de antigüedad.

-¿Será más barato despedir?

–Eso seguro. Tuvimos un ejemplo muy claro en la pandemia que en Estados Unidos fueron dándole licencia a muchos empleados y a los dos o tres meses volvieron a ser contratados, el desempleo que estaba en el 4% saltó al 14% en los tres meses más duros y luego fue bajando al 6% y al 4%. Eso muestra un poco la flexibilidad de la legislación laboral en los Estados Unidos, que permitió sostener a los restaurantes y a muchos negocios. En Argentina, un restaurante no podía despedir a las personas y en muchos casos tuvieron que cerrar.

–Cuando yo le decía que había 200.000 empleos menos, son estadísticas oficiales, que muestran menos empleados registrados en el sector público, el privado y el doméstico, lo que crece son los monotributistas y los informales..

–Le estamos pidiendo a Milei que la economía crezca después de 50 años de estancamiento. Desde los años 70 de repente tuviste un período muy cortito de crecimiento y rápidamente lo perdés por los fundamentos de esa expansión. Entonces le estamos pidiendo a Milei un milagro económico para que Argentina finalmente pueda crecer como tantos otros países. Y para eso era necesario la ley Bases original. Que el Congreso le haya dado el no llevó a aprobar una ley más recortada. Esa nueva ley dio soluciones a muchos problemas, pero no a todos. Y unos de ellos son la reforma tributaria y la laboral, entre otras, que ahora ya se están presentando o pensamos presentar a partir de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.

–Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, han dicho que quieran bajar primero el impuesto al cheque, después las retenciones, pero también que las provincias eliminen Ingresos Brutos y los municipios, las tasas. ¿Cómo se compensarán esa falta de ingresos para sostener, por ejemplo, el gasto público provincial, que se concentra en educación, salud y seguridad?

–En esto sí te puedo dar un poco más de información porque lo he hablado bastante con Milei y este miércoles tuvimos en Buenos Aires una presentación del doctor (Manuel) García Mansilla, quien fuera nominado a la Corte Suprema, que hoy está trabajando en la parte técnica de esta reforma tributaria. Argentina tiene hoy 160 impuestos, según la Fundación Mediterránea, a nivel nacional, provincial y municipal. Un país normal tranquilamente podría operar con menos de diez. El mismo informe dice que con los ocho impuestos que más recaudan alcanzamos prácticamente el 90% de la recaudación. Esto quiere decir que podés eliminar 150 impuestos. Si nos pudiéramos sentar con las provincias, podríamos eliminarlos y más o menos mantener la recaudación. Además, hay un modelo que en el aula siempre le enseñamos a los alumnos, que es el de la curva de Laffer. Arthur Laffer recientemente estuvo en la Argentina y conversamos con él. Si uno reduce la presión tributaria, se incrementa la actividad económica y con más actividad, mejora la base imponible y la recaudación.

–¿Entonces el recorte tributario no va a tener que ser compensado con un ajuste de gasto público?

–La motosierra tiene que seguir. La parte más significativa ya se aplicó, pero todavía queda. El kirchnerismo llevó el gasto público del 25% al 48%. El presidente, cuando hizo el Pacto Fiscal, comprometió a las provincias a reducir el gasto al 25%, lo que genuinamente se puede sostener con una presión tributaria más normal. Ha habido una baja hasta el 31% o 34%, según la fuente.

–¿Y en qué rubros se podría recortar?

–Lo que queda va a ser que aumente el PBI de la mano de todas estas reformas, de las inversiones que vendrán. Y si aumenta el PBI y el gasto público se congel, también tendrías una reducción del gasto público sobre PBI. Lo que dice Milei es que a medida que la economía va creciendo, va mejorando la recaudación y cada punto de superávit fiscal que tengamos va a ser una reducción de la presión tributaria.

–¿Cuáles serían los primeros impuestos que bajarían?

–Los que quedarían que son los que generan recaudación, Ganancias e IVA. Hoy son muy significativo los derechos de exportación. Eso es un desafío muy grande poder eliminarlo. El planteo de Milei es ir logrando bajar retenciones poco a poco. La quita de retenciones te dispara la producción y después se recupera una parte de la recaudación vía Ganancias. Es muy importante que las provincias comprendan que Ingresos Brutos es el impuesto más distorsivo. Toto Caputo ha dicho en varias oportunidades que el IVA del 21% se dividiría en dos: un IVA nacional del 9% y un IVA provincial del 12%, y que las provincias tendrán la posibilidad de llevar ese 12 al 13, al 14, a un valor que les permita eliminar ingresos brutos.

–¿Y la reforma jubilatoria? ¿La idea es retrasar la edad de jubilación a los 67, a los 70 años o hacer un sistema de capitalización privado tipo AFJP (administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones), como rigió entre 1994 y 2008?

–Primero te doy una respuesta como liberal, más allá de lo que pueda pasar por el Congreso. A mí me parece un disparate que el Gobierno le diga a una persona cuándo tiene que dejar de trabajar. Cada persona en un sistema de capitalización individual decide cuándo dejar de trabajar si uno aportó 20 años. Si alguno quiere seguir trabajando hasta los 80 años, ahora que los trabajos son menos forzados que en otro tiempo, también podría seguir trabajando con tranquilidad. Dicho eso, hay una moda de discutir la edad jubilatoria, dado que la esperanza de vida está incrementándose rápidamente y las cajas no dan abasto. Y entonces un aumento de la edad jubilatoria de 65 a 70 años podría reducir el gasto en jubilaciones y pensiones. Esos planteos siempre son gradualistas. Ahora hombres y mujeres podrían jubilarse a la misma edad. Entonces, en un año el hombre pasaría de 65 años a 66 y la mujer de 60 a 62. Al otro 67 y 64, 68 y 66 y converger en 70 años. Pero son ideas que realmente no sé si están hoy en los planes acá. Sin duda hay una reforma previsional que hay que plantear. La privatización de un sistema de pensiones hay que pensarla muy bien en la transición. Cuando Chile lo logró, tenían un 5% de superávit fiscal que permitía tener caja para pagar a los jubilados en el mientras tanto. Hoy lo veo lejano llegar a una reforma de este tipo. En gran parte en la década del 90, por no haber pensado bien esa transición, es que tuvimos los problemas que tuvimos. Las jubilaciones y pensiones que recibían los jubilados no eran las mejores, pero además eso significó un endeudamiento que después te llevó a una crisis de deuda hacia 2001. Cuando uno mira integralmente la cantidad de reformas que la Argentina necesita, uno pueda pensar que en estos dos años que quedan de gobierno una privatización del sistema de pensione no la veo en carpeta.

–¿Cuándo el tipo de cambio será libre en su flotación, sin banda máxima, que se permita que las empresas puedan girar libremente sus utilidades al exterior, que la gente pueda operar en el mercado oficial y en el financiero?

–Es lo que todos queremos. El gobierno de Javier Milei el día 1, al soltar el precio del dólar a su valor libre, que pasó de $400 a 800, terminó con la brecha cambiaria y unificó los tipos de cambio. Y si bien seguimos hablando del blue, del MEP o del contado con liquidación, ha habido una uniformidad en un momento. Después hay volatilidad en la transición de la difícil herencia recibida. Vamos transitando medidas que van desarmando la cantidad de restricciones. Incluso se levantó el cepo, al menos parcialmente. Pero en un escenario preelectoral, con toda la volatilidad que conocemos y el comportamiento sociológico de los argentinos de resguardarse en el dólar, se lleva a una creciente demanda que genera volatilidad. Si soltamos el tipo de cambio, sube y baja y eso hace muy difícil el negocio de los emprendedores, las evaluación de proyectos de inversión, porque es un precio clave de la economía. Entonces, hoy en lo preelectoral abunda un pragmatismo del que los liberales no nos sentimos nada orgullosos. Es algo pragmático para la situación muy puntual. Después de octubre, cuando ya las cosas estén más claras y si el resultado electoral genera cierta confianza, empezaremos a ver un dólar que se comporta con más libertad. Es muy importante también el respaldo del presidente de los Estados Unidos y el Tesoro. El dólar podrá quedar entre bandas, creo que es lo que pretende el Toto Caputo.

AR/MG

En la edición 2025 del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata, los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y Chubut, Ignacio Torres, ambos de la tercera vía electoral que constituye Provincias Unidas, pronunciaron este jueves cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, pero apoyaron las rebajas de impuestos y la flexibilización laboral que planea el Ejecutivo y reclama el establishment. Ambos coincidieron en que la Nación concentra recursos, incumple compromisos con las provincias y mantiene un esquema impositivo que sofoca la producción y el empleo.

Llaryora sostuvo que no ve “desde el Gobierno una actitud clara y honesta en el debate” y afirmó: “Están recaudando mucho más y lo único que nos está pasando es que no cumplen con las obligaciones”. El mandatario del peronismo cordobés advirtió que esta situación afecta directamente al interior: “Ustedes habrán visto también el abandono de los jubilados del interior, se complicaron las prestaciones de salud”. Para el gobernador, el Gobierno debe propiciar una “discusión tributaria franca, equitativa y federal”, con un marco común de políticas productivas y fiscales. “Tiene que haber un modelo de país y sobre ese marco hacer la reforma tributaria y laboral”, propuso, planteando que las pymes hoy enfrentan “juicios laborales que te haen bajar la persiana”. Y agregó: “Todas las reformas tienen que tener una mirada a favor de la inversión y de la producción. Si el modelo no genera empleo, inversión y trabajo, a la larga en los países democráticos se cae”.

Torres, del PRO no libertario, reclamó “sinceridad” y un verdadero federalismo cooperativo. “El Gobierno no hace ahorro fiscal. Es subejecución presupuestaria”, denunció al señalar que las provincias cargan “con la seguridad, la educación, la justicia ordinaria y las rutas nacionales”. A su juicio, “muchas veces desde lo que se dice a lo que se hace hay contradicciones profundas”. El gobernador de Chubut pidió “no caer en la falsa grieta de los estados subnacionales versus el Estado nacional” y planteó que la Nación debe comprender que “no hay forma en que un país crezca si no hay una mirada específica sectorial a nichos que tenemos que cuidar”. Cuestionó además que “el presidente de la Nación se siente con el de Estados Unidos (Donald Trump) y no ponga en la agenda” temas productivos críticos como “los problemas con los limones y el aluminio”, y resumió: “Se trata de defender lo nuestro más allá de cualquier salvataje económico o financiero”.

Tras las críticas, ambos mandatarios y los empresarios presentes coincidieron en que la Argentina necesita una reforma integral que restablezca las condiciones de crecimiento. El Coloquio giró así sobre un mismo eje: cómo aliviar la carga fiscal y modernizar las normas laborales sin perder sostenibilidad social. Eso sí, nadie blanqueó la palabra “flexibilización” al mencionar la ley del trabajo ni aclaró qué gastos públicos deberían podarse para compensar las rebajas de gravámenes.

Torres relató medidas impulsadas en su provincia para favorecer la inversión. “Decidimos eximir de impuesto al sello a la capitalización y a la constitución de empresas para que puedan capitalizarse”, explicó, y destacó que también se lanzó “un esquema de alivio fiscal para nichos estratégicos como el turismo”, que derivó en “tres hoteles cinco estrellas en Chubut”. En la cuenca petrolera, “bajamos las regalías para las áreas marginales” y acordaron con los gremios una reducción del 30% en costos operativos. Con ese respaldo, la provincia propuso a la Nación “bajar retenciones con el compromiso de que ese ahorro fiscal se vuelque íntegramente a inversión”. Torres reclamó: “Cuando Toto (Luis) Caputo (ministro de Economía) dice 'hagamos patria, bajemos impuestos', hagámoslo juntos, pero sinceremos la realidad”.

En materia de empleo y productividad, el gobernador chubutense fue contundente: “Una reforma laboral es necesaria. Si no, no tendríamos la mitad del empleo prácticamente no registrado”. Calificó de “locura” la presión fiscal argentina, “de las más altas de la región”, y pidió avanzar hacia la “revolución de la normalidad”. “El equilibrio fiscal no hay que discutirlo más”, enfatizó. “Eso no es una premisa libertaria. Es discutir que el inodoro tiene que estar en el baño”. Torres planteó que la discusión debe servir para dotar al país de “previsibilidad, seguridad jurídica” y un esquema de “reglas básicas que no cambien cada cuatro años”.

Llaryora, por su parte, profundizó sobre el impacto de la estructura tributaria en las economías locales. “Que cada uno cobre o perciba los recursos necesarios para sostener las funciones que cada sector está sosteniendo”, pidió, ejemplificando que Córdoba cuenta con “leyes de promoción industrial donde los ingresos brutos son cero para una industria que aparece en Córdoba”. Reclamó, sin embargo, “una actitud nacional más sensata y cooperativa”. Resumió su visión: “Nosotros los cordobeses, imaginate cómo no vamos a querer la reforma fiscal. Imaginate lo que sería Córdoba sin retenciones. Imaginate qué sería Córdoba con la plata que pagamos en impuesto al cheque”.

Claro que nada dijo el cordobés de bajar sus propios tributos provinciales, como ingresos brutos, del que tanto se quejan los empresarios. Ellos recuerdan que las importaciones no cargan con este gravamen. Llaryora cerró con un mensaje de moderación: “Necesitamos empezar a llevar gente con sensatez de gestión y que empiece a encaminar un rumbo. No esto de irse a los extremos. Nosotros no somos dogmáticos”.

Evasión y costo impositivo

Antes de las exposiciones de los mandatarios provinciales, empresarios abordaron el debate de la competitividad y el costo impositivo. Andrés Cavallari, CEO de Raízen Argentina, la empresa anglobrasileña que refina y comercializa los combustibles Shell, advirtió: “Cuando hablamos de impuestos distorsivos en la industria, más allá de los debates técnicos, estamos hablando de cuánto le cuesta la vida al argentino”. Recordó que “casi 44 o 45% del precio en surtidor corresponde a una suba de impuestos” y que entre los tributos nacionales, provinciales y municipales “los municipales son un caso paradigmático” por su crecimiento “descontrolado en cantidad y monto”. Ejemplificó con que “una refinería, una estación de servicio y un distrito pueden llegar a pagar hasta ocho causas diferentes”. Cavallari valoró que “el abordaje del Gobierno para revisar todo el sistema es positivo”, y ratificó la voluntad de las empresas de “colaborar para tener un sistema impositivo competitivo, eficiente y que ponga al consumidor en el centro de la discusión”.

Eso sí, ni él ni ningún otro ejecutivo de compañías explica qué gastos deberían cortar la Nación, las provincias y los municipios para compensar el recorte de la recaudación que ellos ansían. Claudio Rodríguez, director de IDEA y socio de la empresa de pinturas Sinteplast, ilustró la pérdida de competitividad argentina con datos comparativos: “Agarramos tres países iguales: Uruguay, Paraguay, Bolivia. La materia prima en todos los países es la misma, la mano de obra cuesta lo mismo. Cuando agregamos impuestos, cambia todo radicalmente”. “Terminamos pagando en Argentina 152, 132 en Uruguay, 123 en Bolivia y 116 en Paraguay”. El resultado es un sobrecosto del “32% más caro que en Paraguay, 24% más caro que en Bolivia y 16% más caro que en Uruguay”. Lo que no contó Rodríguez es que ni el Estado boliviano ni el paraguayo ofrecen servicios de salud y educación, por ejemplo, del nivel del argentino.

Eso sí, Rodríguez fue directo: “Si queremos fomentar los grandes productores de trabajo, tenemos un problema”. Y concluyó que la salida pasa por “bajar el gasto público” y “reducir la evasión”, porque “si no logramos bajar la evasión no podemos bajar la pobreza”. Pese a que Milei elogia a los evasores, a los empresarios de IDEA se los escuchó mucho en este coloquio quejarse de la competencia que no paga tributos.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, llevó el foco a la presión sobre las firmas formales: “Tenemos comerciantes con 28% de carga fiscal sobre el PBI, ocho puntos más que la región. Si sacamos la evasión, los que están en blanco pagan 45%”. Dijo que “la presión que está puesta en el sector formal es increíble” y que en un contexto de baja inflación “la falta de competitividad que nos genera tanto para el mercado interno como para exportar es ilimitada”. Para graficar el problema, ironizó: “He conseguido un producto con una diferencia de 30 puntos. ¿Quién no cambia de marca de auto por diez o doce puntos?

Nicolás Braun, gerente general de los supermercados La Anónima y director de IDEA, sintetizó que “Argentina hace 15 años que no genera empleo” y reclamó, con una metáfora de hombre de campo, “reformas estructurales, las cuales estamos esperando con ansias para sacarle las riendas del caballo y que realmente corra”. Para el empresario, la distorsión fiscal es parte central de ese estancamiento. “El Estado se toma el 50% de la cerveza que compra el consumidor”, dijo Braun y Ticinese agregó: “Esto es el dos por uno”.

“No se vio reflejado en una baja importante en impuestos –se refirió el supermercadista a la motosierra fiscal de Milei–. Entonces es momento de que el Estado de alguna forma se ponga los pantalones y avance con una mejor fiscalización”, agregó otra vez contra la evasión. Braun planteó que una mayor eficiencia impositiva permitiría “ampliar la base tributaria, lograr equilibrio fiscal y tributario basado en impuestos menos distorsivos, que lo paguemos entre todos”.

AR/MG

A pesar de la sucesión de derrotas legislativas que el Congreso le viene asestando, el presidente Javier Milei anunció este viernes quiere impulsar una reforma laboral y tributaria, a las que definió como pasos necesarios para “dejar atrás estructuras de más de 70 años” y “dinamizar la economía”. Su intención incluye avanzar con la renegociación de los convenios colectivos de trabajo con el objetivo de adaptarlos “a los marcos contractuales y a la realidad productiva y laboral” actuales, dijo.

El Presidente encabezó este viernes un acto en la planta de Sidersa, en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Durante su discurso, planteó que buscará “quitarle poder a los caranchos laboralistas”, a quienes responsabilizó de provocar la quiebra de pequeñas y medianas empresas. También mencionó que se procurará eliminar lo que definió como “discrecionalidad de parte de jueces laborales a la hora de dictar sentencia” y que la reforma apuntará a permitir mayores libertades contractuales. “Si alguien quiere cobrar el 100% del salario en dólares, va a poder hacerlo”, prometió.

La reforma, dijo, apunta a lograr una mayor flexibilidad laboral: “Lo que estamos dando es la flexibilidad de ir a situaciones con mayores posibilidades para que se pueda así generar una mayor cantidad de puestos de trabajo y mejores salarios”. El Presidente no precisó si esa flexibilidad se alcanzará mediante condiciones más precarias para los trabajadores.

En la primera fila escuchaban Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación, su hermana Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, y Diego Santilli, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y quien lleva el peso de la campaña electoral tras la renuncia de José Luis Espert.

“Las cámaras y sindicatos se van a poder sentar a negociar. Quienes quieran volver a elegir los esquemas establecidos hace más de 70 años van a poder, pero eso tiene que ser fruto de la negociación que busque sacar al país adelante”, afirmó.

El mandatario indicó además que las reformas contemplan la reducción de trámites burocráticos mediante procesos digitales para “ahorrar tiempo y costos”.

Respecto de la reforma tributaria, Milei anunció que se eliminarán “cerca de 20 impuestos que entorpecen la economía argentina sin tener impacto recaudatorio”. Además, adelantó una modificación del régimen del Impuesto a las Ganancias para las personas humanas, con una ampliación de las deducciones. Según explicó, la medida busca “reducir la carga personal del impuesto y fomentar la facturación formal”.

El jefe de Estado vinculó la posibilidad de avanzar con estas reformas al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre. “El próximo Congreso será indudablemente más reformista que el actual”, señaló.

Durante el acto, Milei también se refirió al swap anunciado el jueves por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por U$S20.000. Definió la operación como “un apoyo histórico de Estados Unidos para proveernos de estabilidad en este momento de turbulencia política” y la calificó como “un hito fundacional de esta nueva era que, como país, estamos comenzando”.

Las medidas anunciadas

REFORMA LABORAL

- Mayor previsibilidad en las relaciones laborales: se pondrá fin a la “industria del juicio”

- Mayor flexibilidad y libertad para el trabajador

- Simplificación registral: emprender, contratar y registrar trabajadores debe ser más fácil y menos costoso.

- Modernización de los convenios colectivos: hay que dejar atrás las estructuras vigentes desde hace más de 70 años

REFORMA TRIBUTARIA

- Eliminar cerca de 20 impuestos nacionales que entorpecen la economía argentina

- Renovar el régimen de ganancias para las personas humanas

- Ampliar las deducciones de gastos para reducir las cargas personales de ganancias y, a su vez, fomentar la facturación

El programa económico libertario tiene contradicciones: una de las más cuestionadas es la intervención en los precios más importantes de la economía. El dólar, claro. Pero también los salarios. El gobierno del libre mercado, el que insiste con que la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, impone un techo a las paritarias para que los salarios no echen leña al fuego inflacionario. Y efectivamente, desde enero, logra que los acuerdos cierren por debajo de la inflación mensual. 

Sin embargo, el mismo Gobierno también celebra que los salarios le ganen a la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en twitter un gráfico en base a datos oficiales de evolución promedio de salarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el organismo que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país), con la leyenda: “El salario real privado registrado está en su máximo nivel desde agosto de 2018”. Y los libertarios respondieron: “Gracias toto, de a poco van recuperando el país del desastre kuka” (sic), “VLLC!” (sic), “Argentina será próspera”. 

Y en efecto, el último informe de la la Situación y Evolución del Trabajo Registrado que publica la Secretaría de Trabajo muestra que en febrero de 2025, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales del sector privado fue 7% mayor al nivel de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la actual gestión de gobierno. 

“¿Están creciendo los salarios aún cuando el Gobierno definió un techo muy estricto a los aumentos negociados en paritarias y no está homologando los acuerdos que superan esa pauta?”, se preguntan los investigadores del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETyD, que pertenece a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín. 

¿Qué festeja el Gobierno?

Spoiler alert: un aumento de intensidad laboral. Según el CETyD, entre fines de 2023 y 2024, el nivel de empleo cayó 2,3% pero crecieron un 5,1% las horas extra trabajadas.  

“Los trabajadores no están cobrando más porque hayan aumentado sustancialmente sus salarios, dado que las paritarias están pisadas. Por el contrario, sus ingresos se incrementaron porque están trabajando horas extra”, se responden desde CETyD. En efecto, si se excluye el crecimiento de las horas adicionales, el salario por hora trabajada creció apenas 2%, muy por debajo del 7% que festeja Caputo.

Esto puede deberse a que, en el actual contexto de inestabilidad, las empresas están optando por aumentar las horas de trabajo, más fáciles de desarmar en caso de parate del consumo, antes que contratar más trabajadores a sus plantillas. 

Este fenómeno no sólo visibiliza un aumento de la intensidad, sino que genera una mayor flexibilización del mercado laboral. Es que el aumento de ingresos basado en el incremento de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido si la actividad se estanca o se retrae. “A diferencia de los aumentos negociados en paritarias, las horas extra son el primer componente salarial que se elimina cuando el ciclo económico pierde dinamismo”, resume CETyD.

También se da el fenómeno del pluriempleo. Es decir, los mismos trabajadores aumentan la cantidad de horas trabajadas (en otros empleos) para poder compensar el salario bajo de su principal actividad. Todo eso aporta a la masa salarial que mide el SIPA. 

“Esta diferencia que observamos para fines de 2024, seguramente se haya profundizado a principios de 2025 (período para el cual no hay información disponible aún), considerando la acentuación del desacople entre los salarios efectivamente cobrados y los negociados en paritarias que ocurrió durante esa etapa”, aseguran desde CETyD.

Todo marcha acorde con el plan

“El propio ministro de Economía está diciendo que el salario efectivamente pagado, que incluye horas extras, aumentos fuera de convenios (NdR: como pueden ser cargos jerárquicos), fue con una velocidad mayor a la de la inflación, entonces el ancla no funcionó. ¿Para qué le pusiste el techo a las paritarias? ¿Cuál es la consecuencia? Más desigualdad en el mercado de trabajo”, asegura en diálogo con este diario el abogado laboralista y miembro del CETyD Juan Manuel Ottaviano.

En el marco teórico gubernamental, eso se llama competitividad: “Es decir, todo marcha acorde al plan. Pero el resultado es que tenés intensificación de la mano de obra, pluriempleo, trabajo informal, y gente que sale a buscar horas extras”, concluye Ottaviano.

El “logro” del que se jacta el Gobierno es una foto distorsionada: salarios que suben, sí, pero no por paritarias libres ni por una mejora genuina del poder adquisitivo, sino por más horas trabajadas, más precariedad y más desgaste. La estadística esconde la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de vida. Si la recuperación salarial llega de la mano del pluriempleo y la intensificación, el país no se encamina a la prosperidad sino a un modelo que reparte mejor las penurias que los derechos.

NR/JJD

No basta para el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la motosierra fiscal que aplicó Javier Milei en el primer año de gobierno. Hay que darle sustentabilidad a largo plazo. Ni le conforma demasiado la política de altas tasas de interés que permite la bicicleta financiera. Menos le satisface que el dólar oficial esté casi fijo, subiendo al 1% mensual. Aspira a más reformas económicas para que la economía argentina vuelva a crecer, tras hundirse en 2023 y 2024 y a pesar de que vaya a rebotar en 2025. No siempre esas reformas funcionan. El FMI siempre pide más flexibilidad laboral y cambios jubilatorios —suele sugerir atrasar la edad del retiro—.

Por eso, este jueves en Washington en la conferencia de prensa de la vocera del Fondo, Julie Kozack, no dio detalles de la misión que hizo el organismo a Buenos Aires en enero ni de las negociaciones para un nuevo préstamo, pero adelantó: “Puedo agregar que, para sostener los avances iniciales (del gobierno de Milei), existe un reconocimiento compartido entre el personal del Fondo y las autoridades argentinas sobre la necesidad de continuar adoptando un conjunto consistente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias y al mismo tiempo impulsar reformas que mejoren el crecimiento”. Fue la primera rueda de prensa tras la misión que siguió al encuentro de mediados de enero entre la directoria gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, y Milei en la capital norteamericana.

Sobre los avances del gobierno libertario, Kozack precisó cuáles serían: “Como destacó la directora gerenta después de su reunión con el presidente Milei el mes pasado, reconocemos el tremendo progreso de Argentina en la reducción de la inflación, la estabilización de la economía y el regreso al crecimiento”. El PBI cayó en 2024, pero a fin de año comenzó a recuperarse. “Y ahora que la pobreza finalmente comienza a disminuir, continuamos interactuando de manera constructiva con las autoridades y el personal argentino”, destacó la vocera que el índice de pobreza, después del salto inicial en el gobierno de Milei, haya bajado al aún elevado nivel que lo dejó la administración peronista.

“La misión visitó recientemente Buenos Aires para avanzar en las discusiones sobre un nuevo programa”, contó Kozack. Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que el futuro acuerdo no implica una liberación inmediata del cepo ni la consiguiente devaluación brusca del peso y por algo Milei prometió que el control cambiario terminará seguro para el 1° de enero de 2026, aunque no destacó que sea antes si el FMI presta fondos. Pero el staff del organismo no está dispuesto a financiar todo el dinero pretendido, unos US$11.000 millones, de una sola vez si la Argentina pretende salir de forma gradual del cepo, por lo que los desembolsos podrían ser también de a poco, en cuotas. Claro que los técnicos puede opinar una cosa y Georgieva, otra; el principal socio del FMI, EE UU, bajo el gobierno del aliado Donald Trump, una; y las otras potencias que dominan el directorio del organismo, como Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, otra.

“El nuevo programa tendrá como objetivo aprovechar los logros alcanzados hasta ahora y, al mismo tiempo, abordar los desafíos restantes que enfrenta el país. Continúan los debates constructivos y frecuentes y proporcionaremos más detalles sobre los próximos pasos cuando los tengamos”, se hizo la misteriosa Kozack. Estas conversaciones suelen ser a espaldas de la gente, gobierne quien gobierne. “Las discusiones continúan y ha habido buenos avances hasta ahora, queremos asegurarnos de que haya espacio para que el personal y las autoridades continúen estas discusiones constructivas. Y, por supuesto, nos comunicaremos más cuando tengamos más detalles”, completó la vocera. A diferencia del gobierno anterior, que solía comprometerse con el FMI en objetivos que incumplía, el actual está dispuesto a ajustar más de lo que le piden, a desregular todo lo que sea posible, pero no por ahora el tipo de cambio porque teme que hacerlo le arruine su plan antiinflacionario, clave para ganar las elecciones legislativas de octubre.

AR/JJD

Para las casi 12 millones y medio de hectáreas que abarcan los Parques Nacionales en sus áreas terrestres hay alrededor de 2.000 trabajadores que se ocupan de su conservación. Al día de hoy, la mitad de ellos permanecen trabajando sin contrato: se trata de 400 brigadistas y 600 profesionales y administrativos. Todos aportan desde sus especificidades a la tarea de conservación del patrimonio natural nacional de la Argentina. 

Incluso, en medio de los ya difundidos incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los trabajadores no solo colaboran desde la primera línea a combatir el fuego sino también desde la gestión de alimentos y carpas para los brigadistas. Además, trabajan en la elaboración de reportes con las condiciones climáticas, para que quienes combaten lo hagan de manera segura.

La última ola de despidos en el organismo se conoció el pasado 30 de diciembre: de las tres decenas de trabajadores a los que no se les renovó el contrato, solo algunos de ellos recibieron llamados de sus jefes, que les transmitieron, a modo de gesto, los argumentos de las desvinculaciones; en otros caso, ni siquiera eso.

Andrea Torres, comunicadora social, brigadista y trabajadora del Parque Nacional Los Glaciares desde hace 13 años, recibió un llamado del intendente del organismo, Horacio Pelozo, para avisarle de la baja de su contrato. 

“Me llamó por teléfono el 30 de diciembre al mediodía y me dijo que desde la Presidencia le habían pedido recortar personal y que él me eligió a mí por lo que yo escribo en redes sociales. Sus palabras fueron 'porque soy antigestión y anticobro'”, dijo la rescatista y agregó: “Tuve que chequear mis redes sociales para ver qué puse. Tenía un posteo de una campaña de prevención para no perderse en el parque o para prevenir incendios; además, tenía una nota que había hecho un científico que trabajó en Arsat acerca de qué implicaba la liberación de internet de Elon Musk y después tenía un recordatorio de cuando la fui a ver a Cristina [Fernández de Kirchner] en 2015 a la Plaza de Mayo, no era mucho”.

Me llamaron por teléfono el 30 de diciembre al mediodía y me dijeron que desde la Presidencia les habían pedido recortar personal y que me habían elegido a mí por lo que yo escribo en redes sociales. Sus palabras fueron 'porque soy antigestión y anticobro'

Andrea Torres — rescatista despedida del Parque Nacional Los Glaciares, donde trabajaba desde hacía 13 años

Según contó, el intendente empezó a cobrar entrada en el parque Los Glaciares desde octubre del año pasado. “Pusieron una casilla literalmente en la montaña, en medio del bosque donde no tenés electricidad. Entonces compraron un generador eléctrico y tienen la antena de Starlink y con eso cobran en el acceso”. Su oposición al cobro de entrada habría sido uno de los motivos para desvincularla, aunque hubo cuatro despidos más y dos de ellos fueron de trabajadores que ayudaron a unificar los caminos para construir la casilla de cobro, según Torres, lo que le hace pensar que no hay una razón clara para todos los despidos.  

En diálogo con elDiarioAR, Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN) dio el mismo argumento que dan los funcionarios del gobierno de Javier Milei cada vez que son consultados por despidos en un área del Estado: que no son despidos sino que se trata de la no renovación de contratos. Además, indicó que las causas para determinar las desvinculaciones pueden ser por incumplimientos laborales.

“Hay 2.300 trabajadores distribuidos en 39 parques nacionales con lo cual, si vos lo ponés en ese contexto, las desvinculaciones son un dato menor, digamos que es menor en cuanto al número y no se ha producido en un área determinada, sino en distintas áreas”. Además el funcionario agregó: “Tiene que ver con incumplimientos, con determinadas sanciones disciplinarias. Los intendentes de los parques nos pasan reportes de que el personal no cumple sus funciones o que no está a la altura de los desafíos. También hay casos de presentismo. Hemos administrado el caso por caso y obviamente ha sido una decisión que no ha sido general”, afirmó. 

Hay 2.300 trabajadores distribuidos en 39 parques nacionales con lo cual, si vos lo ponés en ese contexto, las desvinculaciones son un dato menor, digamos que es menor en cuanto al número y no se ha producido en un área determinada, sino en distintas áreas

Cristian Larsen — presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN)

Al preguntarle si los puestos se pensaban reponer debido a las causas de los despidos, el funcionario sostuvo: “Hay que revisar si se necesita o no cubrir esos lugares. En 2019 había unos 1.800 trabajadores, en 2023 y a principios de 2024 había más de 2.400; se han incorporado más de 600 trabajadores”. Y agregó: “Nosotros decimos que en muchos casos no ha sido incorporación de personal teniendo en cuenta las necesidades de parques sino que va más por un tema de militancia política. Entonces lo que estamos haciendo es evaluar caso por caso: qué es lo que realmente Parques Nacionales necesita o no”.

Larsen agregó: “Si hay algo que creemos que es necesario es más presencia en territorio, más presencia de guardaparques y no tanto en los escritorios. O sea, no tanto en la parte de administración, hoy de las 2.200 personas que hay, sólo 550 son guardaparques”.

Luego del anuncio de los despidos, distintos gremios presentaron el reclamo de reincorporación de los trabajadores y se convocó a una mesa de diálogo de la que participó  ATE y miembros de Parques Nacionales. Según pudo conocer elDiarioAR de diversas fuentes, allí las autoridades de la APN hablaron de llevar el número de despidos a 600.

Marcelo Rojas, delegado de ATE-Bariloche, sostuvo en diálogo con este medio que el número de despidos anunciados se confirmó en aquel ámbito, que se suspendió por la salida de un nota de Página/12 acerca de los gastos por viáticos que presentó el presidente del organismo. Según Rojas: “En una especie de acto de infantilismo, levantaron la mesa de diálogo porque no les gustaba lo que se había difundido en una nota de un diario de tirada nacional respecto a los gastos del presidente”. 

El delegado gremial agregó: “Cabe aclarar que nosotros no hacemos operaciones políticas: estamos peleando por la recuperación de los trabajadores para que no haya más despidos y por las políticas de conservación, porque básicamente es nuestro trabajo”. Además, sostuvo: “Se nos acusa de manera falaz de algo y en represalia se levanta una mesa de diálogo que tenía como fin reincorporar a trabajadores que están despedidos. Y como para redoblar [la apuesta] dicen que quieren llegar a 600 despidos y que lo van a hacer junto con el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de [Federico] Sturzenegger”.

En diálogo con este medio, el presidente del organismo, Larsen, aclaró que las negociaciones no están finalizadas y que a fines de esta semana o principios de la próxima, se retomarán las conversaciones. 

Respecto de la posibilidad de continuar con la reducción de trabajadores, el funcionario de Milei sostuvo: “Vamos a ir viéndolo en el caso por caso, de acuerdo con el rediseño institucional y analizando si el desempeño de los trabajadores es correcto: si no pone palos en la rueda, si cumple básicamente su función, un trabajador no tiene por qué tener miedo”. Y concluyó: “Nosotros estamos creando un sistema de mérito: el que trabaja bien, va a tener su ascenso, el que trabaja mal, va a tener su sanción en el caso de planta permanente, y en el caso de quien esté bajo contrato, bueno, no se renovará su contrato de acuerdo al desempeño de cada trabajador”.

En juego, puestos de trabajo y una cosmovisión del rol de los Parques

Según Rojas, la medida de recorte, y el anuncio de trabajo en conjunto con el ministerio de desregulación del Estado busca flexibilizar la normativa para ampliar la explotación económica de los Parques Nacionales.

Para el delegado, la medida favorece el debilitamiento de la parte técnica de los parques, específicamente “de su análisis técnico para prevenir los impactos ambientales no deseados y para garantizar la conservación de las áreas protegidas, porque ellos entienden que la mayor generación de oportunidades de negocios mediante el uso público y la prestación de servicios es contraria a los análisis rigurosos técnico-ambientales”. Y aclaró: “Parques es un organismo de conservación, de uso sostenible y de aprovechamiento y disfrute sostenible. Nosotros queremos que la gente pueda disfrutar los parques. No estamos en contra de los privados ni de los prestadores de servicio, lo que queremos es que todo sea con rigurosidad técnica, que haya un análisis previo pertinente”.

En su visión como presidente de Parques Nacionales, Larsen sostuvo: “Parques Nacionales es un organismo de conservación y de Turismo, yo lo vengo diciendo desde que asumí. Perito Moreno, el prócer de los parques nacionales y la persona que donó tierras para que se constituya el primer parque nacional, el Parque Nacional Nahuel Huapi, decía que los parques nacionales tienen que ser para conservar esas tierras para el uso y goce de las presentes y las futuras generaciones”.

Asímismo apuntó contra la visión conservacionista: “Si solamente tenemos personas cuya idea es la conservación estricta y para quienes mientras menos personas ingresen a los parques es mejor, es porque la forma de conservación que conocen es prohibir. Bueno, esa no es nuestra forma”.

El rol de trabajadores de Parques Nacionales en el incendio de Nahuel Huapi

Ariel Datoli trabaja desde hace 12 años en la dirección de Lucha contra Incendios Forestales, que forma parte de Parques Nacionales a nivel nacional. Si bien antes se desempeñaba como brigadista en el Parque Nacional Nahuel Huapi, actualmente se encarga de la logística de los operativos de combate de incendios, como el que sucede actualmente. “Hacemos viandas, compramos mercadería y las trasladamos a los campamentos que están a 50 o 60 km de Bariloche, porque el incendio está lejos de la ciudad, dentro del Parque Nacional”, describió.

Datoli sostuvo que las jornadas de sus compañeros brigadistas son extenuantes, de alrededor de 10 o 12 horas de trabajo combatiendo el fuego: “Si bien cada tres o cuatro días hay un recambio de personal, a un incendio se entra alrededor de las 5 o 6 de la mañana para poder atacar el el fuego cuando hay baja temperatura y buena humedad, y se vuelve a las 7 de la tarde. Por eso es que en varios incendios se decide armar campamentos cerca, para no sumar las horas de traslado: hoy mis compañeros están acampando allá, se levantan a las 5 de la mañana, desayunan y ya empiezan a combatir”. Y agregó: “son cuatro días que se quedan sin ver a su familia, con desgaste físico, desgaste psicológico y pensando que todavía no tienen contratos para este año, y que el sueldo por ahí no alcanza”.

La búsqueda por mejores condiciones laborales, una constante

La lucha por la profesionalización de los trabajadores de Parques Nacionales y por mejores condiciones laborales lleva años, y en su historia, se han logrado algunos avances, como los contratos anuales, que hoy vuelven a ser trimestrales.

Sandro Leo Manríquez es brigadista en Parque Nacional Lanín desde 1996 y recuerda que como trabajador de Parques ha pasado por todos los formatos de contratación, incluyendo uno de los más precarios durante la década del 90. “Desde ese momento hasta hoy hemos logrado, en 2019, un reconocimiento gracias al convenio colectivo: el Estado reconoce a los brigadistas como una profesión, como un trabajo, como parte del Estado, pero no nos da la planta permanente sino que nos reconoce solamente en el sistema”. Dijo que “el gobierno anterior (el de Alberto Fernández, del Frente de Todos) iba a implementar una planta permanente y la carrera de brigadista, que también veníamos armando” y que “el convenio colectivo y la carrera es obra pura y exclusiva de los trabajadores”.

La profesionalización de la carrera de brigadistas, contó Manríquez, hizo que se pudieran dar herramientas a los trabajadores principiantes y se los acompañara para adquirir experiencia en abordaje de incendios de manera paulatina, hasta llegar a mayores responsabilidades y roles de liderazgo, como puede ser el jefe de cuadrilla. 

Los avances se han hecho por iniciativa de los trabajadores, que remarcan, casi como un mantra, que el trabajo que hacen lo realizan con un profundo compromiso por su profesión. “Lo hacemos porque nos gusta”, dicen.

Este miércoles a las 11 se realizará una conferencia de prensa y sirenazo convocada por ATE Parques Nacionales en la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, para informar “sobre la situación que atraviesa Parques Nacionales y sus trabajadores y trabajadoras”. Asímismo el sábado se realizará un abrazo simbólico al Parque Nacional Nahuel Huapi el sábado a las 19 en las letras de Bariloche, ubicadas frente al Centro Cívico en el puerto San Carlos. La convocatoria está abierta a toda la sociedad.

LG/JJD