Javier Milei busca completar la vacante que dejó la expulsión de Rodolfo Barra de la Procuración General de la Nación. El Presidente piensa designar como jefe de los abogados del Estados a un teórico libertario que tuvo mucho juego en la Justicia durante la época menemista y más allá. Se trata de Ricardo Manuel Rojas, exsecretario de la Corte Suprema y exjuez federal.

El posible procurador tuvo este lunes en agenda una reunión con Santiago Caputo, el asesor presidencial estrella que maneja como un titiritero los hilos judiciales del mileísmo: está encima del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona, además de operar sobre la SIDE. El miembro del “triángulo de hierro” fue quien echó a Barra el viernes pasado, cuando Milei y su hermana Karina aún estaban de gira oficial en Europa. Sin embargo la confirmación de la designación deberá esperar a este martes.

 “Seguramente el Presidente llegará a una definición mañana por la mañana (por este martes). Hay más de un candidato para el cargo y se está evaluando”, consignó la agencia NA de una fuente reservada de Casa Rosada. Rojas pasó por la tarde por el edificio de Balcarce 50 y tuvo un breve encuentro con el asesor presidencial.   “El presidente Milei tiene una gran admiración desde hace muchos años hacia Rojas”, detalló el funcionario consultado. Pero de inmediato hizo alusión a una situación que hace dudar sobre si finalmente será el elegido para ese puesto: “Rojas es juez y el procurador por definición es abogado. Un abogado es parte en una situación judicial y el juez imparte justicia. Tiene que dejar de ser juez en lo conceptual”, planteó.

Si se confirma la llegada de Rojas al Gobierno, Milei habrá cambiado prácticamente un ultra por otro al frente de la tropa de abogados del Estado. Si Barra fue juez en la Corte Suprema en los '90, Rojas fue secretario Letrado del máximo tribunal entre 1986 y 1993 (es decir, entre los últimos años de Raúl Alfonsín y los primeros de Carlos Menem) y juez en lo Criminal de Buenos Aires (entre 1993-2008). Al mismo puesto retomó por concurso en 2011.

Pero sobre Rojas también se destaca su perfil de teórico libertario, costado por el que tiene una relación de antaño con el propio Milei. Doctor en Historia Económica (ESEADE), Rojas escribió libros de corte mileísta como “La inflación como delito”, “Individuo y sociedad”, y “La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad”, que tiene como prologuista a María Corina Machado, líder de la oposición antichavista en Venezuela.

Rojas llevó sus ideas fronteras afueras: fue profesor visitante y conferenciante en Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Italia, España, Turquía y Estados Unidos. Actualmente reside en Guatemala, donde da clases de derecho en la Universidad Francisco Marroquín, y llegó a Buenos Aires en las últimas horas.

Otro que suena como candidato para la Procuración del Tesoro es Santiago Castro Videla, de 43 años, abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral que se desempeña en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados. “Es un discípulo de Rojas”, destacó la fuente consultada al admitir que es otro de los que se tiene en la mira para el puesto. El tercer posible candidato es Carlos Laplacette, socio del estudio Cassagne, el mismo en el que trabajaba la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal.

El despedido Barra

El viernes pasado Milei y Caputo echaron a Barra de la Procuración tras acusarlo de firmar un dictamen contra el Gobierno y de vivir en el exterior. Fue una acción más del “purismo” que esgrime el oficialismo.

El conflicto con Barra se remontó a una disputa en torno a los Registros del Automotor, un tema neurálgico en la agenda libertaria. El Gobierno había clausurado más de 136 agencias en 2024 con la intención de digitalizar el sistema y eliminar estructuras costosas. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, el traspaso de los empleados de ACARA al Ministerio de Justicia desató conflictos laborales, incluyendo la reducción de incentivos salariales. Una empleada impugnó la medida, y fue este reclamo el que detonó la controversia sobre el rol de la Procuración.

El dictamen firmado por Marcos Serrano, segundo de Barra, reconoció el carácter remunerativo del incentivo eliminado, lo que abrió la puerta a que la justicia laboral falle en contra del Estado. Aunque el entones procurador del Tesoro no firmó personalmente el documento, en Balcarce 50 consideraron que su responsabilidad fue ineludible. Además, según comentaron fuentes oficiales, al ser apuntado por el hecho, el procurador intentó desligarse culpando a su subordinado, lo que generó mayor molestia en el entorno presidencial.

La situación de Barra se complicó además por sus constantes viajes al exterior. Según fuentes oficiales, pasó buena parte del 2024 en Punta del Este y España.

Con información de agencia NA

MC