El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU anunció este jueves una serie de medidas regulatorias diseñadas para eliminar la atención médica de afirmación de género para menores.

Son las medidas más profundas que esta Administración tomó para restringir el uso de bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal e intervenciones quirúrgicas para niños transgénero e incluyen el recorte de la financiación federal de Medicaid y Medicare a los hospitales que brindan atención de afirmación de género a niños y la prohibición de que los fondos federales de Medicaid se utilicen para financiar dichos procedimientos.

“Esto no es medicina, es negligencia médica”, dijo el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., sobre los procedimientos de afirmación de género en niños: “Los procedimientos que rechazan el sexo privan a los niños de su futuro”.

Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió cartas de advertencia a una docena de empresas que comercializan chalecos de sujeción pectoral y otros equipos utilizados en procesos de afirmación de género.

Entre los fabricantes se encuentran GenderBender LLC, de Carson, California, y TomboyX, de Seattle. Las cartas de la FDA establecen que las fajas pectorales solo pueden comercializarse legalmente para usos médicos aprobados por la FDA, como la recuperación tras una mastectomía, informa The Associated Press.

Las normas propuestas amenazarían la atención de afirmación de género para jóvenes en los estados donde sigue siendo legal.

Los programas de Medicaid cubren actualmente la atención de afirmación de género en poco menos de la mitad de los estados. Al menos 27 estados han adoptado leyes que restringen o prohíben esta atención. La reciente decisión del Tribunal Supremo, que confirmó la prohibición de Tennessee, abre la puerta a que la mayoría de las demás leyes estatales permanezcan vigentes.

Los anuncios de este jueves ponen en peligro el acceso en casi dos docenas de estados, donde los tratamientos farmacológicos y los procedimientos quirúrgicos siguen siendo legales y están financiados por Medicaid, con fondos federales y estatales.

Las propuestas anunciadas por Kennedy y su equipo no son definitivas ni legalmente vinculantes, recuerda AP.

El Gobierno federal debe pasar por un largo proceso de elaboración de normas, que incluye períodos de consulta pública y revisión de documentos, antes de que las restricciones se vuelvan permanentes. También es probable que enfrenten impugnaciones legales.

Sin embargo, las normas propuestas probablemente frenarán aún más la atención a la afirmación de género a niños, y muchos hospitales ya han cesado dicha atención.

Casi todos los hospitales de EEUU participan en los programas Medicare y Medicaid, los planes de salud más grandes del gobierno federal que cubren a personas mayores, personas con discapacidad y personas de bajos ingresos. Perder el acceso a estos pagos pondría en peligro a la mayoría de los hospitales y proveedores médicos de EEUU.

Las mismas restricciones de financiación se aplicarían a un programa de salud más pequeño, el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños, para la atención a menores de 19 años, según una nota de la Administración.

Las medidas contradicen los consejos de organizaciones médicas y defensores de las personas trans.

El doctor Mehmet Oz, gerente de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, calificó este jueves los tratamientos para personas transgénero como “una tirita en una patología mucho más profunda”, y sugirió que los menores trans están “confundidos, perdidos y necesitan ayuda”.

Este enfoque contradice las recomendaciones de la mayoría de las principales organizaciones médicas estadounidenses, incluida la Asociación Médica Americana, que ha instado a los estados a no restringir la atención a la disforia de género, informa AP.

Los anuncios se suman a una serie de medidas que el presidente de EEUU, Donald Trump, su Administración y los republicanos en el Congreso han tomado para atacar los derechos de las personas trans en todo el país.

En su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba que el Gobierno federal reconocería únicamente dos géneros: masculino y femenino. También firmó órdenes destinadas a recortar el apoyo federal para las transiciones de género de personas menores de 19 años y prohibir a los atletas trans participar en deportes femeninos y femeninos.

Además, un proyecto de ley que expondría a los proveedores de atención médica trans a penas de prisión si atienden a personas menores de 18 años fue aprobado este miércoles por la Cámara de Representantes de EEUU y va camino del Senado. Otro proyecto de ley que se está considerando en la Cámara el jueves busca prohibir la cobertura de Medicaid para la atención de afirmación de género para niños.

En EEUU, los jóvenes que se identifican con un género diferente al sexo asignado al nacer son evaluados primero por un equipo de profesionales. Algunos pueden intentar una transición social, que implica cambiar de peinado o pronombres. Otros pueden recibir posteriormente fármacos bloqueadores hormonales que retrasan la pubertad, seguidos de testosterona o estrógeno para lograr los cambios físicos deseados.

La cirugía es poco frecuente en menores de edad.

El Gobierno de Donald Trump está socavando la independencia de los organismos que velan por la salud, la estabilidad financiera y el mercado de trabajo de Estados Unidos y que tienen una tradición de autonomía desde hace décadas. Los últimos despidos y presiones públicas y privadas para imponer la agenda antivacunas, decidir los tipos de interés o alterar la presentación de los datos de empleo son señales de una ofensiva que no tiene precedentes en la historia de estas instituciones.

El presidente de Estados Unidos repite, con palabras casi idénticas a las utilizadas en su primer mandato, que su posición le da derecho a “hacer lo quiera”. Una portavoz de la Casa Blanca asegura que está cumpliendo con su promesa de acabar con el poder de “burócratas no elegidos”, pero en la práctica el Gobierno está desplazando a expertos que no responden a dictados políticos con personas sin preparación específica y dispuestos a cumplir directrices externas.

Después de los castigos y los despidos masivos en ministerios que tiene más directamente bajo su control como el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, Trump se ha centrado en las últimas semanas en las entidades más autónomas del Gobierno y que tienen influencia en el bienestar cotidiano de los ciudadanos. Además de despedir a responsables de organismos habitualmente independientes, ha eliminado con varios decretos protecciones laborales básicas para poder despedir a servidores públicos por toda la Administración sin justificación.

Anti-vacunas

Este jueves, Trump despidió a Susan Monarez, la recién nombrada directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en ingles) y doctora especialista en enfermedades infecciosas, después de que ella se negara a echar a expertos de la agencia y a aceptar todas las recomendaciones para la restricción del acceso a las vacunas y la vuelta atrás en los procesos de aprobación de los nuevos miembros del comité impuestos por el secretario de Sanidad, Robert Kennedy, según Stat News, un medio especializado en información sanitaria.

Al menos tres médicos en puestos directivos de CDC han renunciado en protesta por el despido y lo que han visto en los últimos meses.

“La salud pública no se limita a la del individuo, sino que abarca la de la comunidad, la nación y el mundo. La seguridad sanitaria del país está en riesgo y ha quedado en manos de personas centradas en su propio interés ideológico”, escribió en su carta de dimisión el doctor Demetre Daskalakis, que aconseja casi entre lágrimas a los ciudadanos se dirijan a su médico personal en busca de orientación en lugar de al organismo hasta ahora de referencia.

Los dimisionarios salieron de su oficina rodeados de aplausos y flores de apoyo de sus compañeros, que improvisaron una concentración. El personal está especialmente tocado desde el tiroteo contra su sede de Atlanta a principios de agosto que mató a un policía. El asesino era un hombre con problemas mentales, que, según su padre, creía que las vacunas tenían la culpa de sus males.

Esta semana el regulador de medicamentos y alimentos (FDA, en sus siglas en inglés) autorizó con restricciones las vacunas actualizadas contra el COVID, que hasta ahora estaban disponibles en Estados Unidos para todos las personas a partir de los seis meses. La autorización para personas mayores de 65 años o con enfermedades de riesgo se parece a las recomendaciones en Europa, pero, además del mensaje anti-vacunas, el resultado es que las vacunas no estarán cubiertas por el seguro médico y que farmacéuticos y médicos afrontan posibles querellas si las administran para grupos no recomendados.

El panel de CDC todavía tiene que emitir recomendaciones, y de momento no tiene una reunión prevista hasta dentro de tres semanas. Pero en medio de la incertidumbre el impacto inmediato ha sido que la cadena de farmacias CVS, la mayor del país y lugar habitual de la vacunación, ha parado la administración de dosis en 16 estados a cualquier persona, también de los grupos de riesgo, en un intento de evitar posibles litigios. La otra gran cadena del país, Walgreens, no confirmó su decisión, pero ha puesto nuevas restricciones, como la petición de una receta, según pudo comprobar el New York Times.

El nuevo panel de recomendaciones de la agencia no tiene “legitimidad”, según el senador Bill Cassidy, republicano de Louisiana y presidente de la comisión de Sanidad del Senado que tiene que aprobar los nombramientos del Departamento. Cassidy, que es médico, ha criticado como otros republicanos a Kennedy, pese a que aceptó su nombramiento. “Hay acusaciones graves sobre la agenda, los miembros y la falta de un proceso científico”, dijo Cassidy, preocupado como otros por el caos en la agencia.

“Creo que van a acabar cerrando la agencia CDC. No creo que exista dentro de un año. Querrán distribuir las responsabilidades entre los estados”, decía Vincent Racaniello, virólogo, profesor de la Universidad de Columbia y presentador de un popular podcast especializado sobre virus, al conocer la noticia del despido.

Controlar tipos y datos

A principios de agosto, el presidente también echó de la noche a la mañana a Erika McEntarfer, directora de la Oficina de Estadística Laboral y cuya agencia estaba haciendo su trabajo al publicar como cada mes los datos sobre la creación de empleo. En julio, el dato mostró menos puestos de trabajo nuevos en un contexto de guerra comercial e incertidumbre.

Al principio de esta semana, Trump ha intentado despedir también a Lisa Cook, una de las gobernadoras en la junta de Gobierno de la Reserva Federal que votó en una reunión en contra de bajar los tipos de interés por el miedo a una nueva subida de precios.

Trump asegura sin pruebas que Cook cometió fraude al pedir una hipoteca y el Departamento de Justicia ha lanzado una investigación aunque no ha presentado ningún cargo en lo que, según ella, podría ser un “error de papeleo”. Pero Cook no sólo se ha resistido, sino que ha denunciado a la Administración en un caso que puede sentar precedente sobre los poderes del presidente en relación a la Fed. En mayo, el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, dictó una sentencia que permitió a Trump los despidos en otras agencias federales, pero en la que sugirió que el banco central tiene una protección especial y el presidente no puede despedir a un miembro de la junta del Gobierno de la Fed por desacuerdos sobre la política monetaria.

Las protecciones están ahí para evitar decisiones partidistas que puedan perjudicar a la economía, como recuerdan economistas sean o no críticos con las decisiones de la Reserva Federal.

“Las instituciones clave de las que dependemos para tener una buena política económica están siendo atacadas”, decía esta semana Claudia Sahm, una economista que trabajó para la Fed y que es conocida por haber creado un indicador para detectar recesiones.

En una entrevista con el Financial Times, Sahm identificó el riesgo para la calidad de los datos sobre el empleo y más allá: “La información en Estados Unidos todavía es de buena calidad… Pero estamos yendo en una dirección muy mala cuando las estadísticas están siendo dinamitadas”. Y comentó que, en realidad, la presión sobre la Fed puede ser contraproducente para cualquier gobierno: “Cuando los políticos intentan controlar la política monetaria, esto lleva a malos resultados… Me preocupa que en un año o dos ya no tengamos una Reserva Federal políticamente independiente”.

Lo que pase con la Fed también preocupa en Europa. “Si la independencia del banco central se desmorona de verdad y la Reserva Federal empieza a tomar decisiones por motivos distintos a los principios de la política monetaria, por ejemplo, porque el presidente exige tipos de interés más bajos, la consecuencia inevitable será el repunte de la inflación”, dijo esta semana Olli Rehn, el gobernador del Banco de Finlandia y ex comisario europeo, durante una charla sobre democracia en Helsinki.

Independencia y presiones en la historia

La autonomía de estas instituciones públicas clave ha sido durante décadas una de las salvaguardias básicas en el sistema presidencial de Estados Unidos. Su autoridad y capacidad de resistencia al deseo de los presidentes pueden sorprenden en España y en otros países europeos donde la protección frente a las interferencias partidistas en los organismos públicos no está tan clara. En Estados Unidos, los directores de estos organismos no son políticos, sino profesionales del sector en cuestión, y no cambian por la victoria de un partido u otro sin un motivo justificado.

La Reserva Federal, en particular, está diseñada desde su creación en 1913 para no reaccionar ante los deseos de los gobiernos. Se financia de manera independiente, sin intervención del Congreso, tiene una junta de gobierno con miembros con mandatos de 14 años para que no coincidan con los mandatos de ningún presidente -que puede servir como mucho ocho años y que es elegido siempre cada cuatro-, y no responde a ningún político de sus acciones. Esto no quita para que los presidentes hayan intentado influir en sus decisiones.

Presidentes como Lyndon Johnson o Richard Nixon han tratado de presionar a algunos de sus miembros sobre las decisiones de política monetaria, pero nunca hasta ahora un presidente se había dedicado a dar órdenes y a amenazar al gobernador jefe de la Reserva Federal como ha hecho Trump. El intento de despedir a Cook le ha salido de momento mal, pero podría abrir una brecha para aumentar su capacidad de influencia.

Igualmente, la Oficina de Estadística Laboral, que se creó a finales del siglo XIX, tiene una larga tradición de transparencia y autonomía aunque ahora dependa del equivalente en Estados Unidos al Ministerio de Trabajo.

La publicación de sus cifras está regulada por ley. Tiene también algunas salvaguardias, como que la persona encargada tiene un mandato de cuatro años que no coincide con los ciclos electorales y no se cambia con la llegada del presidente. Esto está basado más en la norma habitualmente respetada por los presidentes que en una ley que haga imposible despedir a esa persona.

A lo largo de la historia, también ha habido sospechas de intentos de presión, como cuando Nixon ordenó cambiar de puesto al número dos de la agencia porque había comentado de manera crítica los números de desempleo en un testimonio ante el Congreso. Pero ni siquiera lo echó y es una de las actuaciones registradas en las grabaciones entonces consideradas escandalosas.

Entre estas tres agencias, la más vulnerable a posibles interferencias políticas siempre ha sido la de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades porque no tiene una estructura tan independiente de la Administración. Hay ejemplos concretos en el pasado, como la falta de acción temprana contra el SIDA a principios de los años 80, durante la Administración Reagan.

Pero no hay precedente de una toma tan radical de la agencia, donde el secretario Kennedy ha echado a todo el comité de expertos que lleva cinco décadas emitiendo recomendaciones sobre vacunación para nombrar a sus fieles, escépticos sobre la eficacia de la inmunización y a menudo con credenciales médicas dudosas o sin ninguna experiencia en el campo de la vacunación.

A diferencia de la hasta ahora directora, el nuevo jefe interino de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no es médico. El elegido por Kennedy es Jim O’Neill, un empresario e inversor de Silicon Valley que escribía discursos sobre sanidad para George W. Bush y que lleva años trabajando para el multimillonario Peter Thiel, el protector del vicepresidente JD Vance. En la pandemia, O’Neill promocionó en Twitter remedios sin evidencias científicas y difundió mentiras hasta sobre el nombre del virus. Es posible que el Senado no confirme su nombramiento, pero de momento él es el responsable en semanas clave para la vacunación.

Contra reguladores y funcionarios

Trump también ha despedido a miembros de consejos de reguladores que, aunque nombrados por los presidentes, tienen un mandato fijo y supuestamente no cambian con cada elección salvo infracción. El presidente lo ha hecho para afianzar su poder en el Consejo de Seguridad Nacional de Transporte, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo o el regulador de seguridad nuclear.

Más allá de los casos más notables, el Gobierno Trump ha despedido o limitado las responsabilidades de más de una veintena de inspectores generales, encargados de vigilar a la Administración dentro de los ministerios para prevenir e investigar posibles abusos.

Despedir a cualquier funcionario es ahora más fácil después de varios decretos de Trump para eliminar protecciones laborales a los servidores públicos. Algunas de esas acciones ya están en los tribunales, denunciadas por los sindicatos.

En otro decreto firmado este jueves, que también puede acabar ante la justicia, el presidente anuló la capacidad de negociar acuerdos sindicales de los empleados públicos de la NASA, el Servicio Nacional de Meteorología, la agencia de Comercio Internacional, y la Oficina de Patentes, entre otras agencias. La justificación del decreto es “aumentar la seguridad nacional”.

Robert F. Kennedy Jr. es un antivacunas. Y como buen antivacunas, ordenó despedir a los 17 miembros del comité científico (ACIP) que asesora a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre el uso de las vacunas. Y lo hará para colocar a otros 17 afines, de “su confianza”.

“Hoy damos prioridad al restablecimiento de la confianza del público por encima de cualquier programa específico a favor o en contra de las vacunas”, afirmó Kennedy en un comunicado difundido por su departamento: “El público debe saber que la ciencia imparcial, evaluada a través de un proceso transparente y aislada de conflictos de interés guía las recomendaciones de nuestra salud”.

Así, el Departamento de Salud afirma que “los nuevos miembros del comité garantizarán que las actividades científicas del Gobierno estén informadas por la evidencia científica más creíble, confiable e imparcial disponible”. Es decir, que para la Administración Trump, el anterior gobierno no se regía por la evidencia científica.

“Es necesaria una limpieza para restablecer la confianza pública en las vacunas”, concluye Kennedy: “Los nuevos miembros del comité priorizarán la salud pública y la medicina basada en evidencias. El comité ya no funcionará como un estampasellos para las agendas lucrativas de la industria. Antes, el mundo entero confiaba en los reguladores sanitarios de EEUU como una guía, inspiración, imparcialidad científica e integridad. La confianza pública se erosionó”.

Uno de los 17 miembros del comité saliente, todos elegidos por la administración Trump, Noel Brewer, de la Universidad de Carolina del Norte, explicó a Associated Press que se les había comunicado la destitución el lunes por la tarde, sin ofrecer ningún motivo. El científico defendía el trabajo realizado: “Hasta ahora, las recomendaciones del comité eran la guía de lo que los seguros médicos debían pagar, lo que los proveedores debían recomendar y lo que el público debía tener en cuenta”.

Bruce A. Scott, presidente de la Asociación Médica Americana (AMA), publicó un comunicado crítico con la decisión de Kennedy: “Durante generaciones, el comité asesor sobre prácticas de inmunización [ACIP, por sus siglas en inglés] fue una fuente de confianza y orientación científica. La decisión de destituir a los 17 miembros socava esa confianza y pone en peligro un proceso transparente que ha salvado innumerables vidas”.

Le llaman MAHA. Aquí aparecen, cada dos por tres, versiones del MAGA –Make America Great Again– para diferentes ramas de la administración de Donald Trump. En este caso, se trata de la sanidad, y el MAHA es hacer de nuevo unos EEUU saludables –Make America Healthy Again–. Al frente se encuentra Robert Kennedy Jr, sobrino de JFK, hijo de Bobby, un negacionista de muchas cosas, entre ellas las vacunas, que dirige el Departamento de Sanidad en el Gabinete de Donald Trump y que días atrás visitó la Argentina y se reunió con el presidente Javier Milei, motosierra en mano.

Esta semana presentó con el presidente de EEUU un informe elaborado por la comisión MAHA, que tenía como objetivo analizar las enfermedades crónicas y las causas del descenso en la esperanza de vida de los estadounidenses. Y el hallazgo más llamativo contenido en ese informe del proyecto MAHA es que recogía estudios falsos, inventados, colados por la Inteligencia Artificial, en una muestra del rigor científico que acompaña a la Administración Trump. Y todo ello mientras recorta fondos para la investigación en agencias federales de salud e instituciones académicas, y rechaza el consenso científico en temas como las vacunas y la atención sanitaria de afirmación de género.

El medio Notus ha sido el primero en descubrirlo. “El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., afirma que el informe de su Comisión Make America Healthy Again se basa en ciencia de 'máximo nivel', con más de 500 estudios y otras fuentes que respaldan sus conclusiones. Sin embargo, esas citas están plagadas de errores, desde enlaces rotos hasta interpretaciones incorrectas de los resultados. Siete de las fuentes citadas, en realidad, no parecen existir”.

El secretario de Sanidad se negó a revelar detalles sobre quiénes fueron los autores del informe de 72 páginas, que ha apuesta por una mayor supervisión del calendario de vacunación infantil y describe a los niños de EEUU como sobremedicados y malnutridos.

En su información, Notus, por ejemplo, cuenta que la epidemióloga Katherine Keyes figura en el informe de la Comisión MAHA como autora principal de un estudio sobre la ansiedad en adolescentes. Pero cuando el medio se puso en contacto con ella, se mostró sorprendida al enterarse de la cita, y dijo que, si bien investiga la salud mental y el consumo de sustancias, no escribió el artículo mencionado: “El estudio citado no es un trabajo real en el que yo o mis colegas hayamos participado, no publicamos ningún artículo en JAMA Pediatrics sobre esto con ese grupo de coautores, ni con ese título”.

Notus también detectó graves problemas en la forma en que el informe interpreta algunos de los estudios que cita. Por ejemplo, en una sección dedicada a la medicación para la salud mental —tema contra el que Kennedy lleva años arremetiendo—, el informe menciona un estudio que, según afirma, demuestra que la terapia por sí sola es tan eficaz o más que los medicamentos psiquiátricos. Pero uno de los estadísticos que participó en ese estudio reconoció a Notus que esa conclusión no tiene sentido, ya que su investigación ni siquiera intentó medir o comparar la eficacia de la terapia como tratamiento para la salud mental.

Según un análisis de The Washington Post, de las 522 notas al pie de página que citan investigaciones científicas en la versión inicial del informe, al menos 37 aparecen varias veces. Otras citas incluyen autores incorrectos, además de que varios estudios mencionados en el extenso informe de salud no existen como destapó Notus.

Algunas referencias incluyen el término oaicite adjunto a las URLs, una señal clara de que la investigación fue recopilada utilizando inteligencia artificial, dice TWP. La presencia de oaicite indica el uso de OpenAI, una empresa estadounidense de inteligencia artificial. Una característica común de los chatbots de IA, como ChatGPT, es la repetición inusual de contenido que no suena natural o que es inexacto, además de la tendencia a idear estudios o respuestas que parecen coherentes, pero que en realidad no existen.

Casi la mitad de las 522 citas en la versión inicial del informe incluían enlaces a artículos o estudios. Pero en el análisis realizado por The Washington Post de todas las referencias del informe se encontró que al menos 21 de esos enlaces no funcionaban.

El gobierno de Trump encargó este informe para investigar las causas profundas de las enfermedades crónicas en EEUU. Desde la exposición a pesticidas y microplásticos hasta la radiación de los teléfonos móviles y los colorantes alimentarios, el documento señala numerosos posibles factores. La comisión también tiene previsto publicar en agosto un informe titulado “Estrategia para que nuestros niños vuelvan a estar sanos”.

Kennedy promovió el informe con entusiasmo, calificándolo de “hito” en X: “Nunca en la historia de Estados Unidos el gobierno federal había asumido una postura sobre la salud pública como esta”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y la portavoz del Departamento de Salud, Emily Hilliard, reconocieron inconsistencias en las citas, pero las calificaron como “problemas de formato”.

“Entiendo que hubo algunos problemas de formato en el informe MAHA que están siendo corregidos”, dijo Leavitt en la sala de prensa de la Casa Blanca este jueves, “y que el informe será actualizado, pero eso no invalida su contenido, que, como usted sabe, es uno de los informes de salud más transformadores que jamás haya publicado el gobierno federal y se basa en una ciencia sólida que nunca antes había sido reconocida por las autoridades federales”.

“Se han corregido errores menores de citas y formato, pero el contenido del informe MAHA sigue siendo el mismo: una evaluación histórica y transformadora del gobierno federal para entender la epidemia de enfermedades crónicas que afecta a los niños de nuestro país”, dijo Hilliard a Notus en un comunicado.

La administración actualizó el informe MAHA para eliminar las siete referencias a estudios que no existen.

El informe MAHA de Kennedy ya había generado preocupación entre los seguidores de Trump, incluidos agricultores que criticaron la forma en que el documento describía los químicos utilizados en los cultivos estadounidenses, informa Associated Press.

Se espera que el informe sirva para elaborar recomendaciones de políticas públicas. La Casa Blanca pidió al Congreso un aumento de US$500 millones en el presupuesto para la iniciativa MAHA de Kennedy.

A las doce en punto del mediodía, mientras los periodistas acreditados permanecían encerrados en la Sala de Prensa, sin posibilidad de circular por los pasillos y escoltados incluso para ir a almorzar, Javier Milei daba su clase. En el Salón Héroes de Malvinas de la planta baja de la Casa Rosada, con pizarra, marcador y una carpeta azul de Presidencia para cada asistente, el Presidente encabezó una charla con sus diputados sobre los fundamentos económicos del plan oficial y el paquete legislativo que buscará blindarlo: el proyecto de Reparación Histórica del Ahorro.

Fueron casi dos horas de exposición, en las que Milei mezcló números, convicciones y estrategia política. La escena condensó su forma de ejercer el poder: vertical, cerrado, pedagógico. La cita había sido convocada con discreción, bajo el título de “clase magistral de economía”, y solo para integrantes del bloque de La Libertad Avanza. Nada de bullrichistas. Nada de amarillos. Solo los fieles: Martín Menem, José Luis Espert, Lilia Lemoine, Gabriel Bornoroni, Carolina Píparo, Romina Diez, Santiago Santurio, Carlos Zapata, Lisandro Almirón, Rocío Bonacci y otros. Marcela Pagano, enemistada con la conducción de Diputados, no asistió.

El temario no se centró únicamente en el proyecto aún no ingresado al Congreso —que modifica la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para legalizar la tenencia de dólares sin declarar y limitar las acciones retroactivas del nuevo organismo recaudador, ARCA—, sino también en la hoja de ruta general. “La inflación va a dejar de ser un problema”, dijo Milei, según reconstruyó elDiarioAR. Y agregó: “La Argentina va a crecer fuerte”.

El blindaje, insistió, será por etapas. Primero con un DNU que entrará en vigencia el 1° de junio, luego con una ley que convertirá el “plan colchón” en doctrina de Estado. La Cámara baja, donde el oficialismo tiene más capacidad de maniobra, será la trinchera principal para sostenerlo. En paralelo, el Presidente también dejó en claro que las grandes reformas —laboral, previsional, impositiva— quedarán para 2026. Este año, la prioridad es consolidar el modelo con una única gran ley económica.

Pero el trasfondo de la charla fue también político. En el bloque libertario hay quienes sienten que la Rosada prioriza el diálogo con gobernadores o con los armadores electorales por sobre los legisladores propios. La clase funcionó, entonces, como un gesto de contención, una devolución de atención en tiempos de verticalismo extremo. Y como mecanismo de disciplinamiento a partir de la doctrina.

Visita internacional y restricciones

La jornada había comenzado con otra escena central: la visita del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., figura clave del gobierno de Donald Trump. La reunión con Milei, de la que también participaron el ministro de Salud, Mario Lugones, y asesores de ambas delegaciones, tuvo lugar en el despacho presidencial y duró más de una hora. Hubo fotos de ocasión y otras un tanto desopilantes: la imagen del funcionario norteamericano, motosierra en mano, fue claramente un ejemplo.

El paso de Kennedy Jr. por la Argentina no fue apenas sanitario. Fue también político. Milei busca consolidarse como el principal aliado regional del trumpismo en América del Sur. La Casa Rosada interpretó la reunión como parte de una alianza estratégica mayor, que excede los temas técnicos: vacunas, salida de la OMS, revisión de aditivos, transparencia en medicamentos y simplificación del sistema estatal de salud. Tanto Lugones como su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya trabajan en esa línea, bajo el paraguas del ideario libertario compartido.

Mientras tanto, fuera del despacho presidencial, el operativo de seguridad era inédito. A diferencia de las visitas norteamericanas anteriores —como la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, o la del jefe del Comando Sur, Alvin Holsey—, esta vez la Casa Militar no solo restringió la circulación a los periodistas, sino que los confinó físicamente a la Sala de Prensa. Se les prohibió caminar por los pasillos y solo pudieron ir al comedor si fueron escoltados por personal de seguridad. La orden fue explícita: nadie debía cruzarse con Kennedy Jr, pero tampoco con Milei.

La escena se produjo pocos días después de la publicación de la resolución 1319/2025 en el Boletín Oficial, firmada por el vocero Manuel Adorni, que impone nuevas reglas para la acreditación de periodistas en la Casa de Gobierno: cupos limitados, vestimenta formal, restricciones para grabar, y sanciones para quienes no cumplan.

Este martes, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sostuvo que la medida instaura una suerte de “derecho de admisión” por el que se evalúan los datos de audiencia de los medios representados, “el alcance territorial de cada medio en particular y los antecedentes de especialización de su cobertura periodística, y de los profesionales autorizados a cumplir esas funciones”.

PL/MG

El Gobierno de Javier Milei ratificó este lunes, en el marco de la visita oficial a Buenos Aires del secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., la decisión de que Argentina se retire de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Kennedy Jr. fue recibido por el ministro de Salud argentino, Mario Lugones, quien a través de un mensaje en redes sociales contó que entre ambos han definido una “agenda de trabajo en común”.

“Creemos en el futuro de la colaboración en salud global. Tenemos visiones similares sobre el rumbo a seguir, por eso vamos a profundizar el trabajo en conjunto entre ambos países”, afirmó Lugones.

Salida de la OMS

Tras concluir la reunión, el Ministerio de Salud argentino anunció en un comunicado una “serie de medidas que reafirman el rumbo sanitario adoptado por el país” suramericano y que se adoptan “en el marco de la visita oficial” del secretario estadounidense.

Estas medidas son cinco e incluyen la reafirmación por parte de Argentina de su decisión -anunciada en febrero pasado- de retirarse de la OMS, organismo al que pertenece desde su creación en 1948.

“Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países”, afirmó la cartera sanitaria argentina.

El Gobierno de Milei sostuvo que, “frente a esto, urge que la comunidad internacional repiense el sentido de los organismos supranacionales”.

“Si están financiados por todos, deben rendir cuentas, cumplir con los fines para los que fueron creados y no convertirse en plataformas de imposición política por encima de los Estados miembro”, añade el comunicado.

Milei anunció en febrero su intención de abandonar la OMS dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para retirar a su país del mismo organismo.

Vacunas y otras medidas

Tras la reunión con Kennedy Jr., Lugones también anunció que Argentina “pondrá el foco en los procesos de fabricación, aprobación y supervisión de vacunas, con el objetivo de garantizar que las decisiones sanitarias estén basadas en evidencia pública, verificable y con controles efectivos”.

“Revisar no es negar: es exigir más evidencia, no menos”, alegó el Gobierno argentino.

El Ministerio de Salud argentino también anunció que se profundizará una revisión estructural de los entes nacionales del sistema sanitario y que se buscará restringir el uso de aditivos sintéticos potencialmente de riesgo en productos alimentarios.

Además, se pondrá bajo revisión el uso de autorizaciones rápidas ('fast-track') para medicamentos de altísimo coste, especialmente aquellos destinados a niños y enfermedades poco frecuentes.

Según informaron fuentes diplomáticas, Kennedy Jr. también se reunió este lunes con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, y este martes será recibido en la sede del Ejecutivo por el presidente argentino, Javier Milei.

Kennedy Jr. es una de las figuras más controvertidas dentro del Gobierno de Trump y ha sido blanco de críticas por sus posiciones antivacunas, aunque en los últimos meses ha moderado su discurso y aseguró que sus hijos se encuentran inmunizados.

MM con información de la agencia EFE.

El gobierno de Javier Milei recibirá en los próximos días a Robert F. Kennedy Jr., ministro de Salud de la gestión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en medio de las negociaciones con el país del Norte para cerrar un acuerdo comercial que implique una baja de aranceles y modificar los requisitos para la protección de patentes en el sector farmacéutico, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a elDiarioAR.

A fines de abril, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), en su informe sobre la relación con la Argentina, puso al país en la vigilancia prioritaria por posibles incumplimientos de propiedad intelectual. Entre varios sectores de la economía cuestionados, EEUU sostiene que con respecto a los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, persisten preocupaciones sobre una variedad de restricciones relacionadas con la protección y aplicación de la propiedad intelectual, y el acceso al mercado.

En la reunión con Kennedy Jr., en la que participará el ministro de Salud, Mario Lugones, ambos gobiernos buscarán llegar a un acuerdo por el pedido de protección de patentes y el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual para productos farmacéuticos. Para EEUU, las políticas actuales de la Argentina, enmarcadas en la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, generan una “protección inadecuada contra el uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos de prueba y otros datos confidenciales que se presentan ante el Gobierno argentino como parte del proceso de aprobación para la comercialización”. El país norteamercano culpa a la Argentina de permitir a los laboratorios locales copiar fórmulas de remedios y no pagar las regalías correspondientes.

La negociación por los aranceles

Robert Garverick, el subsecretario de Política y Negociaciones Comerciales del Departamento de Estado, enviado del gobierno de Estados Unidos, estuvo en la Argentina a principios de mayo para analizar la suba de aranceles a las importaciones anunciada por el presidente Donald Trump.

Según se especula, la Argentina y Estados Unidos se exceptuarían recíprocamente 50 productos o algunos más, bajando a cero los aranceles (cero para entrar allá y cero para que los americanos entren en Argentina), lo que tuvo el visto bueno del Mercosur en la reunión de principios de mes.

Si bien Trump dispuso hace días una pausa 90 días para todos los países salvo China, el piso del 10% sigue vigente y las exportaciones argentinas ya pagan el arancel recíproco, según los especialistas. 

Para los alimentos representa el doble de lo que pagaban antes, mientras la tarifa para productos vegetales y químicos se multiplicó por 10. 

La ampliación de excepciones arancelarias permitirá a Argentina negociar con mayor libertad con Estados Unidos, tras la pausa de 90 días en la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. “Estamos trabajando codo a codo para hacer que el Mercosur pueda seguir creciendo y poder generar oportunidades para mejorar el comercio dentro y fuera del bloque”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, al término de la reunión el 2 de mayo de cancilleres de Mercosur en Buenos Aires. En Cancillería estiman que esas 50 posiciones podrían representar el 80% de lo que la Argentina exporta a Estados Unidos, unos US$ 5.000 millones.

Quién es Robert F. Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr. es un abogado ambientalista con aspiraciones ambientalistas y conocido por su férrea postura antivacunas, que fue elegido por Donald Trump para liderar el Departamento de Salud en su segundo mandato.

Es hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy. Es el presidente de la junta directiva de Waterkeeper Alliance, un grupo ambiental sin fines de lucro que ayudó a fundar en 1999. RFK Jr. ha escrito o editado diez libros.

Fue candidato independiente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 hasta su retirada el 22 de agosto de 2024 dando su apoyo al entonces candidato Donald Trump. RFK Jr. ha promovido teorías de conspiración y desinformación sobre las vacunas, como el vínculo no comprobado entre las vacunas y el autismo.

Desde 1986 hasta 2017, RFK Jr. fue abogado sénior del Natural Resources Defense Council (NRDC), una organización ambiental sin fines de lucro. Desde 1984 hasta 2017, fue miembro de la junta y jefe de la fiscalía de Riverkeeper, organización ambiental no lucrativa dedicada a proteger el río Hudson. Durante más de treinta años, Kennedy ha sido profesor adjunto de Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pace. Hasta agosto de 2017, también ocupó el cargo de abogado supervisor y codirector de la Clínica de Litigios Ambientales de Pace Law School, que fundó en 1987. Actualmente es profesor emérito en Pace.

En 1983, Kennedy fue fiscal adjunto de distrito en Manhattan. En 1984, Kennedy se unió a Riverkeeper como investigador, y fue promovido a fiscal superior cuando fue admitido en el Colegio de Abogados de Nueva York en 1985.

Kennedy es especialista en derecho ambiental y socio en los bufetes de abogados de Morgan & Morgan PA y de Kennedy & Madonna, LLP, y es un defensor de la justicia ambiental.

A través de litigios, cabildeo, enseñanza y campañas públicas y activismo, Kennedy ha abogado por la protección de las vías fluviales, los derechos indígenas y las energías renovables.

En 2018, la Asociación Nacional de Abogados Judiciales otorgó a Kennedy y a su equipo de pruebas el Equipo de Juicio del Año por su trabajo ganando un veredicto con jurado de 289 millones de dólares en Dewayne “Lee” Johnson v Monsanto.

Trump pide a las farmacéuticas que bajen los precios de los medicamentos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que solicita a las farmacéuticas que reduzcan, en un plazo de 30 días, los precios de los medicamentos en el país.

El decreto instruye al Departamento de Salud, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., a negociar nuevos precios para los medicamentos y, si no se alcanza un acuerdo, entrará en vigor una normativa para igualar los precios en Estados Unidos con los de otros países donde son más bajos.

Durante la firma de la orden ejecutiva en la Casa Blanca, Trump denunció ante la prensa que los estadounidenses están subsidiando los medicamentos de otras naciones al pagar precios más elevados por los mismos.

“Europa tendrá que pagar un poco más. El resto del mundo tendrá que pagar un poco más y Estados Unidos pagará mucho menos”, afirmó.

El mandatario aseguró que los precios de determinados medicamentos en Estados Unidos se reducirán hasta en un 90 % y declaró que las farmacéuticas pueden hacerlo de forma “voluntaria” o la Casa Blanca utilizará “el poder del Gobierno federal” para garantizarlo.

Según la prensa estadounidense, no está claro el efecto que puede tener esta orden ejecutiva en los precios, ni qué autoridad tiene el Gobierno para influir en los precios que pagan otros países.

Trump puso el ejemplo de un amigo suyo, al que no identificó con el nombre pero definió como un hombre “muy neurótico, un empresario brillante y con un sobrepeso considerable”, que lo llamó quejándose de que el precio en el Reino Unido de una inyección para bajar de peso es mucho menor que en Estados Unidos.

En 2020, antes de concluir su primer mandato, Trump firmó un decreto para invocar el mecanismo de “nación más favorecida”, que exigía que Estados Unidos pagara los precios bajos que otras naciones abonaban por los medicamentos.

El decreto, sin embargo, enfrentó obstáculos en los tribunales por la oposición de las farmacéuticas y no pudo entrar en vigor durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), que lo revocó.

Con información de agencias.

IG