Mientras sigue adelante una causa que ya tiene 13 imputados por la muerte de al menos 124 personas, la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados resolvió este martes citar a funcionarios del Ministerio de Salud y de la ANMAT para que den explicaciones sobre lo ocurrido con el medicamento. Además, los legisladores también decidieron que una comitiva viaje a Rosario para reunirse con familiares de las víctimas.

Los diputados resolvieron citar a los funcionarios para el próximo 13 de noviembre. Sin embargo, la citación no generó demasiadas expectativas ya que hasta ahora, el ministro de Salud, Mario Lugones, se negó a asistir al Congreso.  “Es muy difícil construir política cuando desde el Poder Ejecutivo hay silencio”, se quejó Pablo Yedlin (UP), presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

La reunión de Comisión se realizó con la presencia de los familiares de las víctimas quienes pidieron incluir sus propuestas al informe final que los legisladores deberán presentar el próximo 9 de diciembre.

Entre las propuestas mencionaron una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral; registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente; obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real, garantizando auditoría pública y judicial; y estudiar modelos internacionales para que no haya violación dentro de los controles cruzados. Además, pidieron la digitalización y centralización de la información sanitaria; garantizar la interconexión de las historias clínicas electrónicas a la trazabilidad clínica de los medicamentos administrados; crear un sistema nacional de alerta y notificación inmediata; incorporar sanciones específicas para los establecimientos de salud o laboratorios que omitan, demoren o falseen información; y fortalecimiento de la ANMAT y control de la industria farmacéutica; entre otras.

“No se resume solamente a un laboratorio que operaba en pésimas condiciones, ni a un organismo de control que no hizo lo que tenía que hacer, sino que reflejó una crisis institucional que se debía a la falta de fiscalización”, dijo Alejandro Ayala, quien perdió a su hermano a causa del fentanilo contaminado. Y remarcó que existieron “fallas del sistema de control, fallas en los mecanismos de reporte de información y fallas en la fiscalización sanitaria”.

Victoria Tolosa Paz (UP) explicó que la Comisión espera una segunda tanda de respuestas de la ANMAT y también que el Ministerio de Seguridad responda un pedido de informes.

Silvana Giudici (Pro) aseguró que “la función más importante que tenemos es el backstage, lo que no se ve del trabajo que venimos realizando, sobre toda la documentación, para que los informes finales reflejen no solo la posibilidad de mejorar las leyes que vamos a proponer, sino también dónde estuvieron las fallas, tanto en el control público como en las incumbencias profesionales y de los dueños de los laboratorios”.

Con informacion de Parlamentario

Hubo cafés de medianoche compartidos y negociaciones por alianzas electorales. Hubo ultimátums de aliados y propuestas postergadas del Gobierno. Hubo ofertas de pasarse de bando y arrepentimientos de último momento. En la reunión de la comisión investigadora $LIBRA hubo de todo, excepto una resolución. La Libertad Avanza logró empantanar la comisión con la ayuda de sus aliados, que se abroquelaron en defensa de Javier Milei. La maniobra, sin embargo, sólo sirvió para ganar tiempo. La oposición ya trabaja en la contraofensiva y se prepara para dirimir la pelea con los votos en una mega sesión especial.

Los diputados opositores llegaron casi sin dormir al Anexo A de la Cámara de Diputados. Estaban satisfechos: el día anterior habían interpelado, durante casi 10 horas, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el caso $LIBRA. Habían logrado conseguir el quórum, la sesión no se había desmadrado y Francos, al exponer, había dado cuenta de muchas de las grietas en la defensa del Gobierno con respecto a la posible estafa de la criptomoneda que Milei había promocionado con un tuit el Día de los Enamorados. 

Sabían, cuando llegaron, que el Gobierno tendría éxito en empantanar la comisión. Martín Menem había reformulado el ecosistema de la Cámara de Diputados, armando interbloques a piacere, para consolidar una conformación de la comisión que diera como resultado un empate inmovilizador: 14 integrantes opositores y 14 integrantes aliados y oficialistas. Esa división, la nueva grieta del Congreso, se vislumbraba hasta físicamente en la sala de la comisión: del lado derecho estaban todos los opositores (peronistas, pichettistas, radicales díscolos, lilitos y la izquierda) y del lado izquierdo el mileísmo con sus aliados (PRO, fuerzas provinciales, radicales “con peluca”, radicales de De Loredo y el MID). 

La noche anterior, sin embargo, los diputados de la oposición se habían reunido hasta altas horas de la noche, diagramando una estrategia para sortear la barrera de Menem. El oficialismo tenía un cabo suelto: los radicales “con peluca”, llamados así por ser los primeros en blanquear su salto a las fuerzas del cielo cuando Milei vetó el aumento a los jubilados. Más mileístas que los propios libertarios, este grupo de radicales se encuentra, de momento, atravesando una furiosa paritaria a cielo abierto con Karina Milei. 

Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, Francisco Monti: los radicales mileístas están enojados con la secretaria general de la Presidencia, que es quien se encarga de diseñar los armados electorales de LLA en las provincias. No están consiguiendo los lugares prometidos y, en algunos casos, hasta han sido dejados de lado (como el caso del misionero Arjol). Necesitaban aumentar sus acciones en la mesa de negociación y decidieron aprovechar las dos sillas que ocupan en la comisión investigadora. 

Los radicales con peluca le hicieron una oferta a la oposición: si proponían a un candidato de “centro” –eufemismo para decir “no kirchnerista” –y les daban la vice presidencia, ellos traicionarían al oficialismo y acompañarían la propuesta de la oposición. Cervi, incluso, había estado presente, la medianoche anterior, en una reunión-cena improvisada por la oposición a la medianoche luego de la interpelación. 

La oposición, sin embargo, no les creía. Sospechaban que los estaban utilizando para negociar y que, a último momento, volverían con el oficialismo. Que fue lo que finalmente ocurrió. Pero, por si acaso, probaron. Era el Plan A. Si fallaba, implementarían el Plan B.

El objetivo era destrabar la designación de las autoridades: una vez que consiguieran que un opositor ocupara la silla de la presidencia de la comisión ya podrían funcionar, ya que, ante cualquier votación futura de empate –como decidir a qué testigos traer, por ejemplo– se resolvía con el voto del presidente. 

Negociaciones a cielo abierto

Cuando los diputados de la oposición llegaron a la comisión, sin embargo, primero avanzaron con la estrategia original: proponer a Sabrina Selva, de UxP, como presidenta de la comisión. Selva, que forma parte del massismo bonaerense (aunque con terminales en el kicillofismo), tuvo un rol protagónico durante la interpelación a Francos y representa un ala “moderada” dentro de UxP. Nuevamente, “moderada” es un eufemismo que utiliza un sector de la oposición para decir no es de La Cámpora o muy kirchnerista. 

El oficialismo propuso, por su parte, al jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, para encabezar la comisión encargada de investigar a su jefe político. Como era de esperar, la votación terminó en un empate: 14 para Selva, 14 para Bornoroni. 

Ahí comenzó el momento de las negociaciones. Nicolás Massot, de Encuentro Federal, tomó la palabra: “Seamos prácticos. A nadie se le escapa que los que acompañamos a Selva representamos más de 140 voluntades en el recinto, y los que acompañan a Bornoroni no llegan a 120 voluntades”, remarcó y advirtió que, si no se resolvía el empate en la comisión, se resolvería con las mayorías en el recinto. “En unas semanas vamos a solicitar una sesión especial. Y lamentablemente, procrastinado esto por el Ejecutivo que quiere esconder la verdad, tardaremos unas semanas. Pero se resolverá ahí”, advirtió.

Massot, sin embargo, optó por abrir primero una puerta a negociar convocando a un cuarto intermedio: si se lograba acordar antes una presidencia de “consenso”, evitarían ir al recinto. La oposición buscaba, así, exponer a los radicales con peluca. Si querían acompañar como decían, que lo hicieran entonces: se propondría al pichettista Oscar Agost Carreño o al lilito Maxi Ferraro para la presidencia y se dejaría la vicepresidencia a ellos, y cerrado el tema. Sabían, sin embargo, que el Gobierno no lo permitiría.

Mientras la bullrichista Silvana Giudici, Chipi Castillo (FIT), el libertario Santiago Santurio y el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, encadenaban discursos, el resto negociaba. En un costado, el libertario Lisandro Almirón acordaba con el radical Monti, buscando cerciorarse que no se correrían de la estrategia oficialista. Al lado, la karinista Nadia Márquez conversaba con la radical cornejista Pamela Verasay y Massot, que se había acercado a charlar con los radicales. 

A esa altura, LLA prefería tener a UxP en la vice presidencia de la comisión que al radicalismo aliado: “Mejor ellos (los peronistas), que podemos negociar Ficha Limpia, que los ‘moderados’ (los radicales) que con esto te cierran las listas”, admitió un dirigente libertario. 

Como era de esperar, al momento de la verdad, el radicalismo se mantuvo firme junto al Gobierno. No se logró salir del desempate y la comisión no pudo conformar sus autoridades. Era la señal que la oposición necesitaba para activar el Plan B.

La oposición, ahora, buscará conseguir su revancha en el recinto. En tres semanas irán a una sesión especial en la que buscarán tratar un conjunto de leyes sensibles para el Gobierno: la declaración de la emergencia en discapacidad, moratoria previsional, un aumento del bono para jubilados y, como frutilla del postre, una moción para definir las autoridades de la comisión $LIBRA.

La oposición planea cumplir con la amenaza de Massot. Irán al recinto y, con la mayoría con la que ya supieron aprobar las interpelaciones y la creación de la comisión, impondrán la presidencia a un opositor por la fuerza. Y, de paso, buscarán aprobarle a Milei dos leyes vinculadas a dos de los temas más sensibles que afectan al Gobierno: la discapacidad y los jubilados.

MC/MG

La segunda es la vencida. O al menos así lo espera la oposición, que el miércoles pasado tuvo que resignarse frente al muro de silencio que impuso Guillermo Francos sobre el caso $LIBRA en la presentación de su informe de gestión al Congreso. La excusa era que la semana siguiente respondería a todas las inquisiciones sobre el criptoescándalo que sacude el corazón del gobierno libertario. Ese momento se avecina: mañana el jefe de Gabinete volverá a visitar la Cámara de Diputados para asistir a la interpelación opositora, en la que deberá explicar cuál es la relación entre Javier Milei y la presunta estafa que se disparó el 14 de febrero pasado a partir de un tuit.

En la sesión de principios de abril la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de cuatro funcionarios por el criptogate: Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el director de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No fue fácil para la oposición conseguir el número para abrir la sesión y, ahora, todas las fichas están puestas en la visita de los funcionarios. 

Si bien se espera que vayan solo Francos y Cúneo Libarona, la oposición apuesta todo a este intercambio. Hace casi 30 años que no hay una interpelación a un funcionario en la Cámara de Diputados: la última fue en el 95’ a Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, quien había sido convocado para hablar de la privatización del Correo y terminó hablando durante más de 10 horas en un discurso que terminaría llegando a la Corte Suprema por haber acusado a Alfredo Yabrán de ser “el jefe de la mafia”. 

Será una oportunidad única para que el Congreso pueda ahondar con precisión sobre los detalles de la relación de los hermanos Milei con el empresariado cripto que entró y salió de Casa Rosada casi una decena de veces previo a la disparada y derrumbe de la criptomoneda. Será una sesión distinta a los informes de gestión clásicos del Jefe de Gabinete: en esta ocasión, el objetivo de la oposición es que haya menos oradores y se sintetice en unos pocos el ida y vuelta de las preguntas y repreguntas. 

La expectativa es alta, dado que Francos y Cúneo deberán asumir la defensa oficial del Presidente atentos a que cualquier cosa que digan podrá después ser tomada en la causa judicial que está tramitando la jueza María Servini. El jefe de Gabinete dedicó el fin de semana a estudiar el caso, valiéndose de las mismas preguntas que habían enviado los diputados en ocasión de la sesión informativa (y que Francos nunca respondió bajo la excusa que lo haría en la interpelación del martes 22). 

El ministro de Justicia, mientras tanto, deberá dar cuenta del trabajo realizado por la Unidad de Investigación que creó el Presidente poco después de que se desatara el escándalo. La oposición buscará cuestionarlo, a su vez, por las declaraciones del propio Milei durante la entrevista que hizo Jonatan Viale en TN, en la que deslizó que Cúneo Libarona podría estar al frente de la causa judicial que lo investiga. Fue el famoso momento en el que Santiago Caputo interrumpe la nota para advertirle a Milei que decir eso podía perjudicarlo —ya que es ilegal que el ministro sea su abogado— y que se terminó eliminado de la transmisión oficial. 

La oposición esperaba que Silva también asistiera, dado que es quien podría dar una explicación más técnica sobre la circulación de criptoactivos en el país. Sin embargo, desde el Gobierno anticipan que, al no ser un ministro, Silva no está obligado a ir. 

Distinto es el caso de Caputo, que sí es ministro pero que desde Casa Rosada anticipan que tampoco cumplirá con la interpelación. El ministro de Economía viene esquivando ir al Congreso desde el debate por el Presupuesto 2025, que terminó empatanándose cuando Milei decidió prorrogar el de 2023. Caputo tampoco fue al Congreso a dar explicaciones por el nuevo acuerdo con el FMI y es poco probable que lo haga el martes. 

Si no va, el peronismo analiza pedirle el juicio político.

Parálisis en la comisión investigadora

La interpelación no será el único acontecimiento de la semana. El miércoles, un día después, se reunirá por primera vez la comisión investigadora del caso $LIBRA. Sin embargo, la comisión pasó de ser la atracción principal, la gran apuesta de la oposición, a una interminable fuente de frustraciones. Esto es así porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, llevó a cabo una serie de maniobras destinadas a quitarle el control a la oposición. 

El riojano demostró que prefería modificar todo el ecosistema político de la Cámara de Diputados, rompiendo bloques aliados y armando interbloques oficialistas, antes de arriesgarse a que la oposición pudiera hacerse con una mayoría en la comisión. Fue una maniobra de gran escala y terminó afectando a todas las bancadas que componen la Cámara.

Primero, unió al PRO con el MID para conseguir dos sillas más en la comisión. Luego, convirtió a su propia bancada en un interbloque para sumar una aliada y, con ella, dos lugares más. Rompió el bloque radical de Rodrigo de Loredo, fiel aliado del Gobierno, y mandó a los radicales más mileístas, como Mariano Campero o Francisco Monti, a armar un bloque aparte y anotarse así dos lugares más para el Gobierno. 

Le negó, a su vez, un lugar a la izquierda, que estaba atravesando la rotación anual de bancas: Mónica Schlotthauer había renunciado y, antes de que Vilma Ripoll pudiera reemplazarla, Menem cerró la conformación de la comisión como si el FIT tuviera solo 4 integrantes (lo que le quitaba la posibilidad de una silla). Tuvo que salir en su ayuda Unión por la Patria, que “cedió” dos diputadas, Julia Strada y Mónica Macha, para que fueran a armar un interbloque con la izquierda y, así, garantizarles un lugar en la comisión. 

La paridad de la comisión, de momento, es absoluta: 14 de la mutlipartidaria opositora —que engloba al peronismo de UxP, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda— y 14 del oficialismo. Este último grupo engloba sectores disímiles, con La Libertad Avanza y el PRO, pero también la UCR de De Loredo, el nuevo radicalismo oficialista de “los peluca” y los provinciales. 

De no superarse el empate, la comisión quedará paralizada y no podrá ni designar sus autoridades. Mucho menos aprobar oficios, pedir pruebas o citar testigos. Para todo necesita de una mayoría. 

La oposición baraja dos estrategias para destrabarla. El pichettismo apuesta a convencer a algunos de los “oficialistas” no tan oficialistas —como los provinciales o los radicales enojados con Menem por haberles roto el bloque— de designar a un presidente de “centro” que no juegue tan abiertamente para ninguno de los dos bandos. Se proponen, así, a sí mismos: o Nicolás Massot o Oscar Agost Carreño. O, si fuera imposible, a los lilitos de la CC.

El peronismo, en cambio, pretende forzar una interpretación del reglamento de la comisión que inhabilite los toqueteos de Menem a los bloques. Para eso necesitará de una mayoría en el recinto, por lo que algunos diputados proponen aprovechar la sesión por la interpelación de los funcionarios para resolver la situación de la comisión. La apuesta, sin embargo, es difícil: no saben si tendrán la mayoría y los últimos movimientos de Menem les revelaron que, cuando creían avanzar, las negras les mostraban que también jugaban.

MC/DTC

Por segunda vez en menos de una semana, el muro de contención del Gobierno falló y el Congreso logró asestarle un duro golpe a Javier Milei. En Casa Rosada intentaron evitarlo, pero no hubo manera: tras conseguir el quórum, la oposición logró en la Cámara de Diputados lo que no había podido el Senado y aprobó la creación de una comisión investigadora por el caso $LIBRA. Pero no fue lo único: con una mayoría aún más amplia, la oposición aprobó el pedido de interpelación de Luis Caputo, Guillermo Francos, Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Los funcionarios deberán, ahora, asistir al recinto el 22 de abril y someterse a la metralleta de preguntas de los legisladores opositores. 

La multipartidaria opositora que había impulsado la sesión celebró las votación con un aplauso. Había sido casi imposible conseguir el quórum y, hasta último momento, el Gobierno había presionado para evitar que el Congreso creara una comisión que se abocara a investigar, durante el resto de la campaña electoral, el mayor escándalo que sacudió a los hermanos Milei en el último año. El recinto era un caos de negociaciones a contrarreloj, pero finalmente, ante un Martín Menem ya resignado, la oposición vio el tablero y celebró: con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones, la comisión investigadora se había convertido en una realidad.

El número, conseguido con dificultad, había sido posible por una alianza del peronismo de Unión por la Patria, el pichettismo de Encuentro Federal y el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre. Acompañó a toda la Coalición Cívica y la izquierda, así como, en soledad, el radical Julio Cobos. Ex libertarios como Lourdes Arrieta o el MID de Oscar Zago optaron, en cambio, por enviarle una señal de alerta al Gobierno y se abstuvieron.

Solo el PRO y la UCR de Rodrigo de Loredo saldrían en defensa del gobierno libertario, cuyo blindaje legislativo volvía a mostrar fisuras. El contexto electoral, sumado a los sucesivos traspiés de los estrategas de Casa Rosada, habían dejado vulnerable a Javier Milei, que ahora deberá lidiar con una comisión liderada por el peronismo que ahondará sobre el caso $LIBRA durante los próximos tres meses. La primera reunión será el 23 de abril y los diputados ya están diseñando el organigrama interno, en donde la oposición tendrá mayoría. 

Todos contra Karina

Durante el debate, el peronismo decidió apuntar los cañones contra la hermanísima, a quien acusó de tener un “modus operandi” para cobrar “coimas”. Los diputados de UxP recordaron que había sido Karina Milei quien había funcionado como puerta de entrada de Casa Rosada para el grupúsculo de traders y empresarios cripto detrás de la moneda $LIBRA, como Mauricio Novelli y Hayden Davis. “Karina Milei realizó gestiones para permitir el ingreso de los principales responsables. Tuvo negociaciones, supervisó acuerdos”, insistió Sabrina Selva (UxP), una de las impulsoras de uno de los proyectos de interpelación a Karina Milei y al propio Javier Milei.

El peronismo aprovechó, a su vez, para referirse a las denuncias de compraventa de candidaturas en las filas de La Libertad Avanza durante la campaña de 2023. Así como los reproches de algunas figuras públicas que, aún entonces, afirmaban que la hermana presidencial cobraba peajes para reunirse con el presidente, como denunció, por ejemplo, el orfebre Juan Carlos Pallarols. “De la estafa con cripto se deriva otro elemento que son las coimas de Karina. Que no sería un hecho aislado de $LIBRA sino un modus operandi sistemático. No estaríamos sólo ante una estafa particular, sino que si la Justicia avanza podría quedar en claro que estamos ante una asociación ilícita encabezando ese desgobierno”, lanzó, con dureza, Juan Marino (UxP). 

La Secretaria General de la Presidencia sería el foco de toda la sesión. Sin embargo, como parte de las negociaciones internas, el peronismo acordó resignar la citación de Karina y el presidente. Fue la concesión que Paula Penacca y Germán Martínez, los dos alfiles de UxP, tuvieron que hacer para conseguir el número para aprobar las interpelaciones, ya que los radicales de DPS no querían acompañar un dictamen que apuntara tan directamente contra la hermana presidencial. 

Fue solo así que, con 131 votos a favor y 96 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el pedido de citación de Luis Caputo, Guillermo Francos, Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Los funcionarios, ahora, tendrán que asistir al recinto el próximo 22 de abril, aunque ya hay sospechas en la oposición de que la mayoría optará por no hacerlo. El único que está obligado es el jefe de Gabinete, a quien el Congreso tiene la facultad de remover si se rehúsa. 

También se aprobó un pedido de informes al Ejecutivo, que tendrá que responder de manera escrita. Fue con 135 votos a favor, 84 en contra y 7 abstenciones. Un resultado similar al de las interpelaciones, aunque con algunas novedades. El ala macrista del PRO, como Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal y Germana Figueroa Casas, decidió abstenerse. Lo mismo hicieron algunos radicales, como Gabriela Brouwer o Lisandro Nieri. El grueso de la UCR de Rodrigo de Loredo, sin embargo, blindó al Gobierno. 

El oficialismo, cuando se vio sobrepasado, apenas si salió en defensa del Ejecutivo. Nicolás Mayoraz fue el encargado de hacer la defensa técnica y optó por oponerse a los proyectos bajo el argumento que iba en contra de la división de poderes. “Vemos una intromisión sobre el Poder Judicial. La propuesta ya de entrada muestra el sesgo, la direccionalidad. Dicen que buscan conocer la verdad pero ya están juzgando el hecho y condenando”, cuestionó el santafesino libertario, entre las risas opositoras, que le echaron en cara que defendiera la división de poderes luego de haber intentado designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte por decreto. 

La oposición, en cambio, optó por destacar el rol del Congreso. “Se llenaron la boca hablando de auditar las universidades, ahora el Congreso debe auditar si hay daño para la República después de lo que hizo el presidente de la Nación promocionando una criptoestafa”, señaló el titular de DPS, Pablo Juliano. “¿Qué están ocultando el oficialismo y los teloneros ocasionales del Congreso? Este Congreso se ha transformado en un antro de cobardes y oportunistas”, sumó, con mayor dureza, la lilita Mónica Frade, quien acusó a Karina Milei de haberle pedido dos mil dólares a Pallarols para reunirse con Milei. 

El encargado de cerrar fue Germán Martínez, cuyo bloque venía de protagonizar horas turbulentas debido a la interna a cielo abierto entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. UxP, finalmente, tuvo asistencia casi perfecta, aunque más de un diputado se miraba por encima del hombro y seguía atentamente el cruce de chicanas entre el “Cuervo” Larroque y Mayra Mendoza a través de los medios. “Bienvenido que haya habido quórum. El Congreso no está para arrodillarse frente a nadie, el Congreso no está para ser el felpudo de nadie”, lanzó. Y suspiró con alivio.

MC/JJD