Personas con discapacidad marchan al Congreso y piden que se declare la emergencia

Recortes en las pensiones, suspensión de terapias, congelamiento y retraso en el salario de prestadores de servicios, desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), trabas burocráticas y ataques mediáticos son algunas de las razones por las cuales las personas con discapacidad, familiares y trabajadores del área se encuentran en estado de movilización.

El lunes 21 de abril, rodeados por un cordón policial, protestaron frente a la Casa Rosada, y este miércoles lo harán en el Anexo del Congreso de la Nación, donde exigirán también que se trate el proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

“Primero te insultan y te estigmatizan. Entonces te sacan la posibilidad de estudiar o aprender un oficio, con el cierre de distintos centros. Después te quitan la comida y los medicamentos. Por último, te reprimen”, dice Natalia Rodríguez, que tiene una discapacidad visual e integra “Discas en Lucha”, una asamblea dedicada a defender sus derechos.

Primero te insultan y te estigmatizan. Entonces te sacan la posibilidad de estudiar o aprender un oficio, con el cierre de distintos centros. Después te quitan la comida y los medicamentos. Por último, te reprimen

Natalia Rodríguez — Discas en Lucha

Los ataques a las personas con discapacidad comenzaron desde el inicio de la actual gestión. Desde la utilización por parte del presidente Javier Milei del Síndrome de Down como forma de insulto, pasando por los recortes presupuestarios, hasta la resolución 187 que, además de caracterizar de “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles” a individuos con ciertos grados de discapacidad, propone dejar de lado el modelo social-situacional y regresar al esquema médico-rehabilitador o capacitista, lo cual, según los expertos, viola la Constitución Nacional.

“En 2014 Argentina le dio rango constitucional a la Convención de la ONU, que sostiene que la discapacidad es situacional, es decir, ocurre entre el sujeto y un entorno inaccesible. Entonces, la responsabilidad no es de la persona sino del contexto”, explica Maive Fernández, trabajadora despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Con esta resolución, el Gobierno viola la Constitución porque se vuelve a la vieja perspectiva en la que el que tiene un problema es el sujeto, porque es inferior y se tiene que adaptar”, dice Fernández y señala que la ANDIS dejó de ser parte de la Secretaría General, donde tenía articulación con todas las áreas del Estado, para descender y quedar encerrada en el Ministerio de Salud. “Con el cambio del organigrama, cambia el enfoque de la discapacidad, pasando a ser sólo un asunto médico-rehabilitador”, dice.

Este marco conceptual es lo que permite dar sustento para lograr el objetivo inmediato de la resolución 187: “determinar la pertinencia del otorgamiento” de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral para realizar un ajuste en la cantidad de beneficiarios. Tras las auditorías realizadas, el Gobierno ahora analiza dar de baja a 220 mil pensiones, cada una de las cuales tiene un valor que representa el 70 % de una jubilación mínima, es decir, $240.000.

“Lo centran en una cuestión médica, o sea, si a una persona no se la ve lo suficientemente discapacitada, si ven que en apariencia puede trabajar normalmente, entonces no merece la pensión”, explica Fernández, especializada en accesibilidad comunicacional. “Para dar un ejemplo extremo, a menos que seas cuadripléjico, no te dan la pensión”. Maive Fernández, trabajadora despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Para dar un ejemplo extremo, a menos que seas cuadripléjico, no te dan la pensión

Maive Fernández — Trabajadora despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad

Personas como “Sanve” (pidió no utilizar su nombre real porque ha sufrido acoso), no podrían recibir una pensión ya que a simple vista parece no tener ninguna discapacidad. Tiene una EPOF (enfermedad poco frecuente), una discapacidad visceral que le ha provocado autismo, problemas en los intestinos, en articulaciones, en los ojos, entre otras áreas del cuerpo.

“No uso silla de ruedas ni soy ciega, entonces soy vista como alguien que no tiene problemas de salud. Es una violencia atroz, una crueldad tremenda. Es una política eugenésica lo que están haciendo”, opina Sanve, ilustradora de 30 años. No recuerda un momento en su vida en el que no haya sufrido algún problema de salud.

“Antes era complicado hacer cumplir los derechos en los centros privados y públicos. Pero ahora se habilitó algo del orden del ataque y la hostilidad. El discurso del Presidente está bajando a la sociedad, y muchos ya están viendo a las personas con discapacidad como individuos que están queriendo sacar alguna ventaja. Es muy cruel”, opina.

Otra de las situaciones que está provocando angustia y humillación dentro del universo de las personas con discapacidad y sus familiares son los trámites engorrosos que deben realizar en un sistema burocrático cada vez más lento por el desfinanciamiento que están atravesando muchos organismos públicos.

“Para tener una pensión te piden el Certificado Único Obligatorio, que debe ser expedido por organismos de salud que están siendo desfinanciados. Entonces, el sistema empieza a funcionar mal y los turnos no salen. Además, la notificación es por carta documento, que no es accesible para todo el mundo. Y si te llega, te mandan a direcciones muy alejadas con colas larguísimas para personas que no pueden estar mucho tiempo paradas”, detalla Fernández.

Los trabajadores que prestan servicios también están pasando por un momento delicado. En la última semana, instituciones y transportistas denunciaron el atraso en los pagos, desfasajes en los aranceles y recortes en las prestaciones. “Estamos en un punto límite”, denunciaron transportistas de A.TRA.ES (Asociación de Transportes Especiales). Según afirman, esta situación está generando que muchos ya no quieran brindar ese servicio.

Ana Tapia es jubilada y trabajó 20 años como transportista. Dejó de prestar ese servicio porque ya no pudo arreglar su camioneta. En comunicación con elDiarioAR, cuenta las diversas complejidades que implica el trabajo, desde la precarización hasta el compromiso afectivo que se genera con las personas con discapacidad.

“No puede existir nada si primero no hay un transportista. Nos ocupamos de trasladar a la gente, pero también hacemos de ambulancia y de solucionar muchos de los trámites porque los familiares no pueden hacer todo”, explica Ana. “Pero cada vez te comprometés más, te cala hondo, porque no podés dejarlos tirados. Y, al mismo tiempo, la precarización es muy alta. Siempre fue así, pero ahora es terrible, porque cobrás cada vez menos y con tres o cuatro meses de retraso”.

El área de Discapacidad es uno de los sectores más golpeados por la gestión actual. Por eso, este miércoles se realizará una nueva marcha para visibilizar, entre otras cosas, uno de los problemas más inmediatos, como son las auditorías, que tienen como fin “sacarles la pensión a la mayoría de los beneficiarios”, según sostienen distintas organizaciones.

“Nunca tanto como ahora las personas con discapacidad y su entorno se organizaron como lo están haciendo”, asegura Natalia Rodríguez, de Discas en Lucha. “Hemos hecho un instructivo de lucha para quienes no ven o no escuchan, o para que las personas con autismo puedan estar con bloqueadores de sonido; tenemos que poner la mente y el cuerpo, porque nadie lo va a hacer por nosotros”.

“Ahora cada vez más hay personas con discapacidad trabajando en su identidad política y ejecutando ellos mismos sus reivindicaciones en las calles”, concluye Maive Fernández.

LN/MG