Personas con discapacidad y sus familias, en alerta por la desregulación de los servicios de salud

Personas con discapacidad, prestadores, instituciones y familias están movilizadas en todo el país ante el riesgo de la desregulación de las prestaciones que promueve el gobierno de Javier Milei. En los últimos días circuló un proyecto de decreto que termina con el Sistema Único de Prestaciones Básicas, un nomenclador nacional que establece los precios tanto para las obras sociales como para el PAMI o Incluir Salud y garantiza el acceso igualitario. “Esto va a generar una selectividad negativa”, indicaron.

El miércoles se hicieron movilizaciones en varias provincias y una manifestación frente a la residencia oficial de Olivos, donde presentaron una carta para el presidente Milei. Se hicieron protestas en Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Chaco en las que también participaron prestadores de servicios educativos, terapéuticos y de rehabilitación, transportistas y propietarios de hogares y centros de día. El elemento unificador fue el rechazo al proyecto del Ejecutivo Nacional.

La referente de la comisión de “Psicologues trabajando en dispositivos de apoyo a personas con discapacidad” de Córdoba, Noelia Karaman, explicó que este cambio va a generar una selectividad negativa porque los pacientes van a tener distintos grados de acceso a las prestaciones. “Ese es el riesgo y la batalla que estamos dando. Cada uno de esos entes financiadores pasaría a tener un nomenclador independiente y no vinculante de los otros nomencladores. Habría diferentes valores para la misma prestación. Lo que va a pasar con el tiempo es que los prestadores van a priorizar las obras sociales o a aquellos entes financiadores que mejor pagan, sobre todo en este contexto inflacionario”, le dijo a elDiarioAR. 

En Argentina está vigente la Ley 24.901, sancionada en 1997, que establece un único valor de nomenclador para obras sociales, prepagas, PAMI e Incluir Salud. Todas abonan el mismo valor y de esa manera se garantiza la misma atención sin importar la condición económica de la persona con discapacidad. Genera obligatoriedad de acuerdo a lo que indica el Certificado Único de discapacidad. Se estima que este cambio afectará a 200.000 personas con discapacidad y tendría impacto en más de 150.000 puestos de trabajo.

Gabriela Bruno es una persona con discapacidad y referente del colectivo en Santa Fe y sostuvo que esta medida profundizará las desigualdades sociales y  precarizará la atención. “Es muy grave en muchos sentidos, esto viene a romper con esta garantía que brinda la ley que permite un trato igualitario y que permite que si tenés OSDE, si tenés una mutual de una cooperativa, o si te cubre el Estado tenés atención garantizada. Esto pone una vara”, afirmó a este diario.

La normativa actual, que lleva más de dos décadas, se basa en un modelo social que busca reducir las barreras sociales para las personas con discapacidad  y pensar en las prestaciones como un sistema de apoyo. La psicopedagoga e integrante de Trabajadores por la Inclusión Julia Domínguez explicó que va a generar diferencias dentro del colectivo según la cobertura médica y también entre los prestadores.

“A los trabajadores nos va a resultar difícil sostener nuestro trabajo que ya es precario y que tenemos que realizar otros para sostener nuestro ejercicio profesional. También la preocupación son las familias que se encuentran con más dificultades burocráticas para acceder a parte del sistema de apoyo. Nos parece importante salir a la calle a repudiar porque sabemos lo que implica un ajuste como este”, afirmó en diálogo con este medio. 

Esta medida profundizará una situación que ya es compleja. Pablo Molaro, coordinador del Foro Permanente Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y responsable de la Comisión de  Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires, explicó que hay servicios que ya dejaron de funcionar o que lo hacen de manera deficitaria, como es el caso del transporte. “Nos estamos manejando con aranceles cuyo costo al día de hoy no cubren la inflación. Están atrasados en la inflación del 45% para las prestaciones de aranceles institucionales o profesionales con respecto a la inflación desde diciembre a la actualidad. Los transportistas están pidiendo un aumento de un 100% para poder cubrir el costo y poder funcionar. Muchos dejaron de funcionar porque no pueden cubrir el costo de los combustibles”, detalló.

Además, Molaro alertó sobre la indefensión ante las grandes obras sociales. “Se va a tener que discutir en lugares distintos. Ya hoy cuesta discutir con las obras sociales a través de la Superintendencia, la presencia allí de lobby de las obras sociales es muy grande y las prepagas se han negado varias veces a querer dar este tipo de prestaciones y si no la tienen que pagar el Estado”, agregó. 

Esto se da en un contexto en el que 8 de cada 10 personas con discapacidad están en condiciones de vulnerabilidad económica. “Si lo que se busca es que las personas con discapacidad tengamos que costear nuestras prestaciones no lo vamos a poder sostener. Quienes perciben la pensión por invalidez tampoco llegan a fin de mes porque equivale al 70% de una jubilación mínima. Si todo lo que ganamos en salario lo tenemos que invertir en nuestra salud no hay proyecto de vida posible”, afirmó a elDiarioAR Juan Guardatti, de la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión de Córdoba. 

Ante este panorama, un grupo de diputados nacionales encabezado por Eduardo Valdés (Unión por la Patria)  presentó un proyecto en el Congreso para que el Poder Ejecutivo no avance con el decreto. Lleva también las firmas de Miguel Angel Pichetto y Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal, además de diputadas y diputados de Unión por la Patria.

Hasta el momento no hay ninguna respuesta del Gobierno Nacional, mientras tanto desde la Asamblea buscan generar un canal de diálogo con el nuevo Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Usan un término edulcorado como es desregulación, cuando sabemos que esto es la mercantilización de los servicios para personas con discapacidad. Los derechos no son servicios comercializables. el Estado tiene que garantizar los derechos”, afirmó la psicopedagoga Julia Domínguez.

CDB/DTC