Santiago Caputo se apoyó en la “campaña antiargentina” para el DNU que lleva la batalla cultural a la política migratoria
Modificar por decreto una ley migratoria ya era, de por sí, una decisión destinada a generar controversia. Hacerlo apenas un mes después de que la Cámara Nacional Electoral declarara inconstitucional otra reforma impulsada por Javier Milei sobre la misma norma elevó todavía más la apuesta política de la Casa Rosada. El Gobierno sabía que volvería a enfrentar cuestionamientos constitucionales, que el texto sería examinado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y que probablemente terminaría otra vez en los tribunales. Aun así, decidió avanzar.
La explicación no aparece en un cambio repentino de la política migratoria ni en una situación de emergencia en las fronteras. Tampoco en un informe elaborado por la Dirección Nacional de Migraciones o por las fuerzas de seguridad sobre un aumento de delitos vinculados con extranjeros. Según reconstruyeron distintas fuentes oficiales, el impulso para modificar la Ley de Migraciones surgió por otro carril: la convicción, instalada en el círculo más cercano al Presidente durante las semanas posteriores al Mundial, de que la Argentina estaba siendo blanco de una ofensiva internacional organizada para desacreditarla.
Esa lectura comenzó a tomar forma en el despacho que Santiago Caputo ocupa en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. Desde allí, el asesor presidencial impulsó durante las últimas semanas la necesidad de que el Gobierno respondiera con herramientas institucionales a lo que definía como una “campaña antiargentina”. La idea fue ganando terreno al ritmo de las críticas que distintos artistas, periodistas y figuras públicas formularon contra la Argentina tras la final que la Selección perdió contra España y de la escalada diplomática que el propio Milei alimentó al denunciar, sin presentar pruebas, que detrás de esos cuestionamientos se encontraban los gobiernos de Brasil y México.
Ese clima de confrontación también estuvo atravesado por fuertes polémicas protagonizadas por referentes del propio oficialismo. Mientras el Gobierno denunciaba una campaña internacional que buscaba instalar la idea de que la Argentina era un país racista, algunas de las figuras más cercanas al Presidente quedaron envueltas en controversias por publicaciones en redes sociales.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó a la selección francesa tras el partido frente a Paraguay al referirse a ella como un “equipo africano” y lanzar descalificaciones contra Kylian Mbappé, comentarios que despertaron acusaciones de discriminación. Un día más tarde, el propio Caputo escribió en su cuenta de X: “Qué piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”, un mensaje publicado inmediatamente después de la derrota de Brasil frente a Noruega que también generó una fuerte repercusión.
Lejos de retroceder, en el entorno presidencial interpretaron que esos episodios confirmaban la existencia de una disputa cultural de alcance internacional. En la Casa Rosada comenzó a consolidarse la idea de que las campañas de desinformación y desprestigio impulsadas desde el exterior debían ser consideradas una amenaza para los intereses nacionales y que el Estado debía desarrollar herramientas para responder a ese tipo de acciones. El decreto migratorio terminó convirtiéndose en la primera traducción normativa de ese diagnóstico.
Caputo fue uno de los principales impulsores de esa narrativa. “Se pasaron meses diciendo que no existían las campañas de desinformación extranjeras. Me alegro que se unan a la defensa de los intereses argentinos finalmente”, escribió días atrás en sus redes sociales. Horas después compartió un mensaje de Agustín Laje, quien sostuvo que la “campaña anti-Argentina” constituía “la última manifestación ideológica de la agenda woke” y que “nunca se trató de fútbol, sino de una agresión cultural y política contra lo que hoy representa Argentina en el mundo”. Apenas una semana después, esa interpretación política terminaría convertida en uno de los fundamentos centrales del DNU 681/2026, cuya confección estuvo a cargo de los equipos de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.
La instrumentación quedó ahora en manos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Distintas fuentes oficiales señalaron que fue ella quien se ocupó de contactar personalmente a los distintos ministros para explicar el alcance de la iniciativa y coordinar la firma del decreto. La elección tampoco fue casual. Desde fines de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones depende del Ministerio de Seguridad, luego de haber sido transferida desde la órbita del Ministerio del Interior. La cartera que conduce Monteoliva será ahora la encargada de aplicar una norma que amplía de manera significativa las facultades del Estado para impedir ingresos o cancelar residencias.
De la “batalla cultural” a la ley
El cambio no es menor. Históricamente, las restricciones migratorias estuvieron vinculadas a cuestiones relativamente objetivas, como antecedentes penales, terrorismo, narcotráfico, documentación irregular o amenazas concretas para la seguridad pública. El nuevo decreto incorpora una lógica diferente: habilita consecuencias migratorias por expresiones públicas realizadas por extranjeros. A partir de ahora, quienes “inciten mensajes de odio” contra el pueblo argentino por motivos de nacionalidad o “ultrajen” los símbolos patrios podrán ver rechazado su ingreso al país o incluso perder la residencia.
Ese corrimiento explica buena parte de la controversia que rodea al decreto. El texto no define qué constituye exactamente un “mensaje de odio”, tampoco fija parámetros objetivos para diferenciarlo de una opinión política, una crítica periodística o una manifestación artística, ni establece un procedimiento específico para determinar cuándo una conducta encuadra dentro de esa categoría. En los hechos, esa valoración quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, que deberá interpretar conceptos deliberadamente amplios sin intervención judicial previa.
A esa discusión se suma otra todavía más delicada: la constitucional. Apenas un mes atrás, la Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del DNU 366/2025, mediante el cual el Gobierno había intentado modificar la misma Ley de Migraciones para transferir a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina. En aquella resolución, los jueces concluyeron que el Poder Ejecutivo no había acreditado circunstancias excepcionales que justificaran apartarse del procedimiento legislativo previsto por la Constitución. El nuevo decreto vuelve a apoyarse en el mismo artículo 99 inciso 3 y reabre un debate que parecía recién saldado.
Más allá de cuál sea finalmente su suerte en el Congreso o en la Justicia, el DNU 681/2026 constituye un nuevo paso en una estrategia que el mileísmo viene profundizando desde su llegada al poder: convertir diagnósticos nacidos en el terreno de la batalla cultural en políticas públicas con efectos jurídicos concretos. Si hasta ahora la denominada “campaña antiargentina” era una explicación política frente a las críticas internacionales, desde este jueves pasó a formar parte del propio ordenamiento migratorio argentino.
PL/MC
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