Preocupación por un fallo que daría probation por una de las mayores contaminaciones de Vaca Muerta
Entre los interesados en que avance la causa judicial por una de los mayores contaminaciones de la explotación de Vaca Muerta crece la preocupación por las versiones que corren ese ámbito de que en las próximas horas el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, expuesto a diversas presiones del poder político y económico, le otorgue la probation a los responsables del caso y les evite ir a juicio oral.
La Sala Penal del TSJ neuquino a cargo de la causa está integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.
La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA). Investiga la acumulación ilegal sin tratamiento de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la explotación petrolera y gasífera de fracking en instalaciones de la empresa Comarsa, ubicadas en el Parque Industrial Neuquén Oeste. Los acusados son su dueño, Juan Manuel Luis, y dos ex directivos, Héctor Basilotta y Federico Ponce. Aquellos residuos fueron derivados de los pozos no convencionales explotados con fractura hidráulica –los convencionales no generan tantos desperdicios– por las petroleras que explotaban en aquel tiempo Vaca Muerta: YPF, Pan American Energy (PAE), Shell, ExxonMobil, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista Energía y Pluspetrol. Pero la responsable ante los tribunales es Comarsa.
La causa tiene dos vertientes: una en la que se analiza la contaminación y otra que abrieron las defensas de los acusados para evitar el juicio con una probation. En marzo pasado, un juez de garantías, Lucas Yancarelli, hizo lugar al pedido de los empresarios. Según su resolución, dos de los imputados sólo deberían sanear en el término de un año los residuos petroleros sin tratar y un plazo de tres años remediar el subsuelo, que, según los informes de la fiscalía, se encuentran también contaminados. Además deberían hacer una donación a un hospital público, abstenerse del consumo de estupefacientes, no abusar del consumo de alcohol ni cometer nuevos delitos. El otro acusado sólo debía donar $10 millones a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia.
El fiscal de Delitos Ambientales neuquino Maximiliano Breide Obeid, la AAAA y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, con el acompañamiento del Instituto Comparado en Ciencias Penales y Sociales y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), apelaron. En abril, un tribunal de impugnación revocó por mayoría la resolución de Yancarelli con el argumento de que la probation dejaría sobreseídos a Luis, Basilotta y Ponce, de que el fiscal, que lleva adelante la acción penal, se había opuesto y por tratarse de un “posible daño ambiental que puede afectar a la población actual de Neuquén y a las generaciones futuras”.
La semana pasada se hizo una audiencia de ampliación de argumentos ante el TSJ, que tiene plazo hasta el 5 de noviembre próximo para resolver, según una vocera del tribunal. “Aún no hay fallo”, agregó. Ese “aún” genera dudas entre los que temen que pronto Elosu Larumbe y Gennari ratifiquen la sentencia e Yancarelli, den la probation a los empresarios y los libren del juicio.
Los denunciantes temen que el “lobby petrolero” derive en un fallo “a favor de los poderosos y contra los derechos humanos y ambientales” que consagre la “impunidad”. Si hay probation, no habría juicio en el que se expongan ante la sociedad las pruebas acumuladas durante seis años de investigación judicial, ni condena ni pena. El pasado día 18, el juez que investiga la contaminación de Comarsa, Juan Manuel Kees, rechazó el sobreseimiento de los acusados y ordenó que el caso se eleve a juicio oral. Ahora todo queda supeditado al pedido de probation que analiza el máximo tribunal neuquino y que eventualmente podrá apelarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hasta el obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, se metió en la disputa con un comunicado este jueves titulado: “Por una justicia de cara a la comunidad, por un mensaje claro por el cuidado de la casa común”, tomando estas dos palabras últimas del léxico del anterior papa Francisco. “Hoy la Justicia neuquina se encuentra ante una encrucijada ética decisiva: permitir que los hechos investigados sean debatidos de cara a la sociedad en un juicio oral y público, donde se determinen las responsabilidades penales de los delitos corporativos que se han investigado durante años y se garantice el derecho de la ciudadanía a saber la verdad, o bien, tomar el atajo que implica habilitar vías alternativas como la probation, que diluyen las responsabilidades individuales y empresariales, cerrando el debate público y dejando una profunda herida de desamparo en las comunidades afectadas”. No es la primera vez que la Iglesia neuquina alza la voz contra la contaminación del fracking, así como en la última dictadura fue de las pocas jerarquías eclesiásticas que se opuso al terrorismo de Estado, con el obispo Jaime de Nevares a la cabeza.
AR/MG
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