La última semana dejó al Gobierno acorralado en el Congreso. El miércoles en Diputados se ratificó el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria por apenas tres votos, pero se ratificó la ley de emergencia en discapacidad. El jueves en el Senado se acumularon triunfos opositores con la sanción de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en el hospital Garrahan, junto el rechazo a decretos que disolvía Vialidad Nacional y degradaba el INTA, además de otros organismos autárquicos.

Las calles acompañaron cada votación con movilizaciones de jubilados, organizaciones de personas con discapacidad, trabajadores estatales, estudiantes y médicos. Todos ahora enfrentan el próximo round. Excepto el aumento jubilatorio, el veto a la emergencia en discapacidad aún tienen que pasar por el Senado. Por otro lado, Milei ya amenazó con vetar el presupuesto universitario y la emergencia en pediatría. Y, a su vez, pese a la caída del DNU sobre el INTA, el Ejecutivo pasó a disponibilidad a sus trabajadores.

Entre la bronca y la celebración parcial, convocados por elDiarioAR, distintas voces directas de los trabajadores e involucrados en cada uno de los sectores que están en pie de lucha contra el Gobierno dan su testimonio en primera persona, con una misma conclusión: los derechos conquistados en el Parlamento solo podrán sostenerse con más organización y protestas populares.

Manuel Gutiérrez, secretario de la Mesa Coordinadora de Jubilados

“El miércoles pasado fue importante el acompañamiento, sobre todo de dirigentes gremiales, las dos CTA presentes. Además hubo un acto unitario porque el equipo de sonido se bancó junto con los compañeros de las organizaciones de discapacidad. Tendría que haber sido de otra envergadura la marcha, pero fue importante en términos de representación política y social. Recordemos que en nuestro reclamo empezamos siendo 20 o 50 personas años atrás y el otro día ya fuimos unos 2000. Eso quiere decir que hay un crecimiento de la solidaridad con los jubilados.

La ratificación del veto la vivimos con una gran bronca y mucha decepción. Existía la posibilidad cierta de que se rechazara el veto. Fue solo por tres votos que no se logró. Estuvo cerca. Y también hay bronca por el sinceramiento del escenario hostil hacia los jubilados. Esto ratifica el camino de crueldad del Gobierno, allanado por la compra de votos.

Los jubilados quedamos en 370 mil pesos: es el congelamiento de la miseria de los jubilados. Una cosa es saber que te van a matar, pero cuando te matan se ve la cosa real. La bronca nos plantea a la Mesa cómo seguir, porque este sinceramiento de Milei debe llevarnos a reflexionar cuál será nuestra estrategia.

La pregunta del millón es cómo seguir: no hay que dejar lo hecho pero también hay que agregar nuevas acciones ante la necesidad de Milei de aplastar a los jubilados. El Gobierno no quiere negociar, el Parlamento está cerrado para nosotros, y entonces decimos que hay que reflexionar sobre que no hay una institucionalidad con la cual conversar. El Estado está cerrado para los jubilados.

Tenemos que buscar estrategias que logren arrancarle estas demandas al Gobierno. La acción tiene que radicalizarse sobre el principio de la soberanía popular y la legitimidad de la Constitución. Lo hecho hasta aquí no alcanzó. Hasta aquí nos ganó, ahora tenemos que radicalizar la lucha en el sentido y espíritu de la defensa constitucional de nuestro derecho, de un criterio humano de existencia y en defensa de un futuro mejor.

Dentro del cambio de actitud tiene que existir la unidad porque es un gobierno que viene por todo. Los miércoles se mantienen en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Catamarca, La Rioja, Córdoba, Rosario, Mendoza. En todo el país hay acciones de los jubilados. Sería bueno hacer una gran marcha nacional de los jubilados hacia la ciudad de Buenos Aires.“

Natt Rodríguez, referente de la Red en Discapacidad

“El rechazo al veto lo vivimos con alegría pero con sabor amargo porque acompañamos también a los jubilados. Sabíamos que había un bloque de gobernadores que se estaba separando del Gobierno y veíamos que había una posibilidad, mezclado entre el tratamiento de la ATN y el reparto a las provincias.

Con las movilizaciones en discapacidad a nivel nacional le fue más difícil al Gobierno. La protesta que pudimos hacer jugó el peso necesario para que saliera la ley y vimos cómo negociaron con los jubilados y los gobernadores. Pero vamos a seguir los miércoles con los jubilados para exigir el tratamiento en el Senado de la ley en discapacidad.

Ahora tiene que tratarse el veto en el Senado. Mantenemos la lucha hasta el final, hasta que se caiga por completo. Quisimos que se trate el jueves en el Senado pero no entró. Hay diez días para que los senadores convoquen, traten y derriben el veto. Ahí fue donde la ley más fuerza tuvo y creemos que puede caer el veto.

Pero dilatar tanto el proceso hace que la emergencia que pedíamos ya quede chica, porque sigue sin haber aumentos en el nomenclador. Con certificado hay unas 5 millones de personas, el 16% de la población total. Y alrededor de un millón son los que están cobrando pensiones contributivas, pero ya hay 60.000 recortadas. Las bajas son de quienes no se presentaron a chequear la pensión porque nunca les llegó la información.

La pensión está en 270 mil pesos con el bono congelado, como los jubilados. A eso la ley impone una actualización y también la posibilidad de que sea compatible con un trabajo, porque ahora directamente te dan de baja. El nomenclador de los profesionales —como los acompañantes terapéuticos— está en unos 3000 pesos la hora, que también la ley busca actualizar. Por último, se contempla la condonación de deudas, por ejemplo con el monotributo, y obliga a las empresas privadas a que contraten personal con discapacidad.

Ahora le explotó un escándalo de corrupción en la ANDIS y habrá que ver cómo se desarrolla, porque el caso llega hasta Milei. Veníamos denunciando a Spagnuolo desde que asumió: fue el de los insultos a Ian Moche. Ya ahí empezábamos a ver este perfil. Sin perspectiva ni trayectoria en discapacidad, estaba ahí más por una amistad con Milei que por una trayectoria en el sector. Hoy nos damos cuenta de que se están enriqueciendo a costa de las personas con discapacidad: no entregan sillas de ruedas ni bastones y recortan las prestaciones.“

Julieta Boedo, trabajadora delegada de ATE en el INTA

“El jueves tuvimos una victoria contundente en el Senado con el rechazo al DNU 462, pero en poco tiempo nos notificaron los pases a disponibilidad. A las doce de la noche tuvimos en nuestras casillas de mail notificaciones del pase a disponibilidad: 286 trabajadores del INTA, 8 en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Y este viernes a la mañana en el Boletín Oficial salió que en la Agencia de Seguridad Vial hay pase a disponibilidad de 97 trabajadores.

El pase a disponibilidad implica que quedás en una lista, una especie de bolsa, a la espera de que te anoticien si alguien requiere tu capacidad. Te sacan del escritorio y te ubican de acuerdo a tu antigüedad. Si tenés hasta 15 años de antigüedad, tenés seis meses en disponibilidad. Ellos nos convierten en ñoquis. Es un despido encubierto con unos meses de margen. Además nos sacan las funciones específicas, solo nos dejan las básicas y nos bajan el viático. Son improvisados y están fuera de la ley. Y no lo decimos solo nosotros: lo dice la Justicia y lo dice el Congreso.

Porque todo eso ocurrió no solo habiéndose volteado el decreto, sino dos días después de que la Justicia fallara a favor nuestro, porque el tribunal de San Martín exigió al Ejecutivo no innovar y abstenerse de pases a disponibilidad y traslados. Entonces, avasallaron la Justicia y el Congreso a pleno, no solo es contra los trabajadores del INTA. Es totalmente ilegal e irregular lo que hicieron.

Esto lo vamos a dar vuelta: tenemos con qué. Es una embestida contra la gran victoria en el Senado. Esta semana cambió el escenario político. Se viene una resistencia más dura. Están liberando otro escenario, hay denuncias de coimas hacia el Ejecutivo.

Pero en concreto desde el jueves a la tarde, cuando se cayó el DNU, el INTA volvió a ser autárquico: no dependemos de la Secretaría de Agricultura ni del Ministerio de Economía. Lo que hicieron con el pase a disponibilidad es totalmente ilegal. Este viernes pudimos entrar a trabajar; el lunes veremos qué sucede.“

Alejandro Lipco, delegado del Hospital Garrahan

“La sanción de la ley de emergencia en pediatría se vive como un triunfo. Es indudable que es resultado de una lucha que se dio en forma muy amplia pero con los métodos propios de los trabajadores y trabajadoras: paros, movilizaciones y organización tanto dentro del hospital como fuera.

Tuvimos un apoyo social enorme que se canalizó en movilizaciones, con la más significativa el 17 de julio con la Plaza de Mayo llena. No tenemos la opinión de que se trató simplemente de un gesto del Parlamento, que le viene dando la espalda a los reclamos populares, sino que acá la lucha impuso una agenda y que se vio reflejada en este proyecto de ley.

Que se haya aprobado la ley es una primera conquista. Al mismo tiempo no se nos escapa que con la sola aprobación de la ley no basta. Ahora se tiene que implementar y habrá que quebrar la política del Gobierno, que anticipa el veto. Estamos a la espera de que eso ocurra.

Tenemos un plan de acción sin esperar el veto. Primero, porque ya sabemos que está planteado. Segundo, porque no podemos esperar que el Gobierno lo vete y que las mayorías en el Congreso se cambien o se compren de acuerdo a la relación de los gobernadores con el Ejecutivo. Por eso este jueves 28 tenemos lanzado un paro: queremos que se implemente la ley cuanto antes.

Esa ley es un primer paso para poner un freno al vaciamiento, por la recomposición salarial de todos los trabajadores, la actualización de los residentes y el refuerzo del presupuesto. En el Garrahan hay aproximadamente 4.500 trabajadores de planta y residentes hay unos 420. La ley plantea en el artículo 3 la recomposición salarial llevando la grilla a los niveles de noviembre de 2023: implica un 70% de aumento, clave porque es para todos los trabajadores.

La ley también deroga la resolución ministerial de Mario Lugones que degrada las residencias y las convierte en becas, precarizando ese plan laboral. La ley plantea además garantizar insumos, equipamiento y condiciones críticas para la pediatría. Y también la eximición del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en pediatría porque hay quienes entran a la cuarta categoría por cobrar apenas unos pesos.

El costo electoral para el Gobierno es un activo de la lucha que hay que explotar. Y hay que derrotar. Por eso no solo tenemos el llamado al paro la semana que viene, sino que nos mantenemos en asambleas. Si el veto ocurre, y se combina con el veto a las universidades —donde tenemos muchos vasos comunicantes con docentes, no docentes y estudiantes—, se está planteado que reventemos las calles.“

Nahuen Corbeletto, estudiante universitario, dirigente de la agrupación CEPA

“La ley de financiamiento universitario es un triunfo de la lucha por la universidad pública que viene desde el año pasado y ya logró por segunda vez una ley de financiamiento. Ahora nos preparamos para enfrentar de nuevo el veto. Porque el Gobierno, como hizo con todas las cosas que se conquistaron en la calle, anuncia que las va a vetar.

Queremos construir una gran marcha universitaria para mediados de septiembre y desde cada lugar del país volver a decirle al Gobierno que deje de atacar a la universidad pública. La marcha de septiembre está charlada en el gran frente: autoridades, gremios y estudiantes. Entre el 28 y 29 de agosto, la semana que viene, se pondrá fecha a la movilización. Sabemos que está la ley, pero tenemos que lograr que se rechace el veto.

Lo principal va a pasar por la capacidad de movilizar y demostrar fuerza de vuelta en la calle. El conjunto de luchas afectadas por las medidas del Gobierno hizo que en el Congreso se rechazaran varios vetos. El punto está en generar fuerza desde cada curso, facultad y universidad para que el Congreso escuche lo que viene de abajo, y no que haya diputados o senadores que están escuchando más al Gobierno que a los universitarios.

Los puntos clave de la ley son el aumento de las becas Progresar —congeladas en 35 mil pesos— y Manuel Belgrano —en 81 mil pesos—; la paritaria docente, con una pérdida salarial del 38% cuando el Gobierno no convocó a paritarias y dio solo un 5% de aumento; y las partidas para funcionamiento e investigación, que siguen congeladas. Estudiantes somos 2 millones y, en proporción, el presupuesto está en niveles de 2004, cuando había apenas un poco más de un millón de estudiantes.

Se empieza a escuchar que muchos que lo votaron con alguna esperanza están arrepentidos o decepcionados. Otros ya no creen que las elecciones puedan cambiar algo, por eso no van a votar. Pero la llave para resolver esto la tiene el Gobierno. Está en juego terminar o no el año académico, porque ahora los docentes van a paros rotativos, se afectan las mesas de exámenes y los estudiantes no podemos avanzar en las carreras ni recibirnos.“

Laura Jordan, trabajadora de Vialidad Nacional

“Yo tengo un cariño familiar por la repartición: en Vialidad trabajaron mi papá y dos tíos míos. Por eso viajamos desde varias provincias a Capital Federal para estar en la marcha por la votación en el Congreso con el DNU que disolvía Vialidad Nacional. Yo me había perdido la votación en diputados y quería estar en el Senado. Compramos el pasaje hasta Retiro y de ahí nos fuimos en subte hasta la sede, y de ahí salió la marcha al Congreso. A las diez y media de la mañana llegamos y a las diez y media de la noche ya nos volvimos.

El momento de la votación fue parecido a cuando salimos campeones en el Mundial: querer gritar, que se te va la garganta, saltar. Corríamos riesgo como repartición de dejar de existir. En los momentos previos, escuchando si ya se votaba el decreto nuestro o no, se nos cortaba la voz.

Tuvimos que aprender sobre cuestiones parlamentarias cuando salió el decreto del 8 de julio, que se anunciaba como que se quería fusionar Vialidad, pero en realidad la dejaba directamente sin existir. Preguntamos cómo llegar a diputados y senadores para que nos escuchen, buscamos el acta de votación y el orden de los oradores.

Ahora podemos decir que el decreto no tiene vigencia: Vialidad sigue existiendo como repartición. No nos van a desaparecer. Vamos a seguir teniendo el mismo convenio de trabajo. Al volver para atrás seguimos existiendo, aunque no quiere decir que no vayan a despedir gente o cambiar jefes, porque los jefes de distrito son políticos.

Los cambios con este Gobierno se hicieron de a poco: en Córdoba en agosto nos cambiaron el jefe de distrito. Nos pidió el legado de cada uno y pidió reuniones. La verdad es que necesitábamos que nos ordene, pero no echar gente, sino acomodar prioridades.

En Vialidad sí hay ñoquis, pero no nos tienen que meter a todos en la misma bolsa. Además, se minimiza el trabajo administrativo, que es base para los que van a rutas, campamentos u otros distritos. A nivel nacional somos 5.100 trabajadores; en Córdoba éramos 260, aunque unos diez renunciaron y otros se jubilaron. Hay que pensar lo duro que es que uno da 30 o 40 años de trabajo y el día que te jubilás te vas como si nada, habiendo entregado más de la mitad de tu vida. Eso somos para el país: tristísimo.

Después de esas primeras reuniones, en febrero nos cambiaron los horarios de trabajo. Nos avisaron por WhatsApp un jueves para el lunes siguiente. Fue terrible: mucha gente tuvo que pedir licencia para acomodarse con su familia.

Económicamente estamos sin guardia, así que la cubrimos entre compañeros. Hace un año no tenemos aumento. Siempre está la amenaza de que nos cortan luz, gas o internet. Ya nos cortaron en la oficina el agua potable, así que la pagamos entre nosotros.

Y la última bomba fue el 8 de julio, con el decreto de Milei. Por eso la alegría del jueves fue como salir campeones. Ya dijimos que si tenemos que volver a Buenos Aires, vamos a volver. Esta lucha entre compañeros, incluso con o sin los sindicatos, nos une más. Un día estás arriba y otro día abajo. En estos momentos es así, hay que estar juntos.“

MC

El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó este jueves que el Gobierno “apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”. El funcionario lo comunicó a través de su cuenta de X, luego de que la Justicia suspendiera por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio Sevina.

El propio Adorni había anunciado la semana pasada en la Casa Rosada el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, organismos que fueron definidos como el eje de “la corrupción en la obra pública”.

En aquel momento, el vocero explicó que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial, mientras que el control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Vialidad Nacional fue el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial en Argentina. Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.

A partir de la publicación del decreto, el Gobierno libertario también modificó la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasó a denominarse como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

La jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín Martina Forns suspendió por seis meses cualquier acto administrativo que derive del decreto que dispuso el cierre de Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina).

La magistrada hizo lugar parcialmente a la cautelar de no innovar y ordenó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo que se abstenga de “ejecutar cualquier acto administrativo, que derive” del decreto 461/2025 del 8 de julio pasado, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

El gobierno de Javier Milei no podrá disponer “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”.

“Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, afirmó la sentencia.

La magistrada argumentó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “con jerarquía constitucional -en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151- impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”.

Forns no se pronunció sobre el planteo para declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 461 porque para ello es necesario un “estudio mucho más complejo y profundo, con amplio debate y prueba, que en modo alguno podrían resolverse con los elementos hasta ahora incorporados”.

Con información de la agencia NA

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables hoy al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”, tras el anuncio del Gobierno del cierre “definitivo” de ese organismo.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.

Para la sindicalista, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.

En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”.

“El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”, cuestionó.

Por otra parte, la dirigente gremial alertó que, con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.

“Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y “su secuaz” Sturzenegger “son los responsables del genocidio en las rutas”.

Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que “valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE. Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, lamentó.

La referente de STVyARA explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que “significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.

Aleña desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.

También refutó que el organismo haya reducido sus tareas a un simple “desmalezamiento de las rutas”, y remarcó que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.

“No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia”, enfatizó.

Por otro lado, Aleñá combatió la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado.

“Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, dijo y agregó: “El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”.

En tanto, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto “aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”.

“La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”, advirtió.

Según Aleñá, “sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”.

El Gobierno dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el Presidente”, en referencia al cierre de Vialidad, que se oficializará mañana en el Boletín Oficial.

Con información de la agencia NA

El Gobierno dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente” Javier Milei, en referencia al cierre de Vialidad, que se oficializará mañana en el Boletín Oficial.

Así aludió también a las irregularidades en el área de Vialidad correspondientes los años del kirchnerismo y por las que recientemente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión, que cumple en su domicilio del barrio de Constitución.

El Gobierno tomó la medida en el último día de las facultades delegadas de las que hizo uso el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que la gestión de Milei no solicitará una prórroga, como era habitual en las gestiones kirchneristas.

“En virtud de todo esto, el presidente Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, remarcó Adorni.

Y agregó que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte”.

Además sostuvo que el Gobierno “dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país”.

Las facultades delegadas, que permiten al Poder Ejecutivo tomar medidas sin pasar por el Poder Legislativo, habían sido incluidas en la ley Bases, sancionada por el Congreso en junio del año pasado.

“Desde ya que muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se instituyeron en el mismo Congreso, decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y poco republicano, que atentaban contra la democracia”, planteó Adorni, aunque aclaró que el actual Gobierno “es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no pidió una prórroga” de esas facultades.

“En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que, al usarlas, el Presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad”, agregó.

Luego, el funcionario hizo un detallado repaso de todas las medidas de desregulación que se hicieron en el marco de las facultades delegadas que utilizó la gestión libertaria, entre ellas disoluciones o fusiones de organismos públicos y eliminaciones de permisos o trámites de carácter burocrático.

“Todo esto es la primera etapa del plan motosierra que es infinito. Les queríamos contar lo que hicimos con las facultades delegadas”, sostuvo Adorni tras utilizar varios minutos de su exposición para enumerar las medidas desregulatorias y de transformaciones en las dependencias estatales.

Recordó que “para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite; sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron”.

Sturzenegger adelantó que el presidente “va a agasajar” a “las 200 personas que trabajaron en este año de facultades delegadas”, una habilitación para el Poder Ejecutivo sancionada en la ley Bases y que vence mañana.

Con información de la agencia NA

Los responsables del Distrito 23 de Vialidad Nacional, quienes habían quedado en el ojo de la tormenta tras ser responsables de destruir el monumento del historiador Osvaldo Bayer, fueron cesanteados por el Gobierno de Javier Milei.

Se trata de Paulo Croppi (Jefatura del Distrito 23) y Raúl Bórquez (División Conservación), a quienes la demolición del monumento del escritor y periodista el pasado 25 de marzo les valió el repudio desde muchos lugares del país que vieron el video que se viralizó en el cual se veía cuando una retroexcavadora destruía la obra del escultor Miguel Jerónimo Villalba, ubicado en el ingreso norte de la ciudad de Río Gallegos, a pocos metros del control policial de Güer Aike.

A través de una disposición, se conoció que el Gobierno solicitó “iniciar las actuaciones tendientes a formalizar la desafectación y consecuente rescisión del vínculo contractual que une a los ocupantes de la Jefatura del Distrito 23 Santa Cruz, Paulo Croppi y Raúl Borquez”, según la información de La Opinión Austral.

Además, en el mismo documento se le pidió a la abogada Andrea Lebrand que atienda el despacho de la citada jefatura, “hasta tanto se determine quién revestirá como titular de esa función jerárquica y/o se adopte una decisión equivalente”.

En tanto, desde la provincia patagónica aseguran que la decisión también tuvo que ver con una investigación interna que se llevaba a cabo contra Croppi y Borquez quienes, de acuerdo a una denuncia de una empleada de Vialidad, según informa el periodista Juan Ignacio Paradiso en su cuenta de Facebook, por el supuesto “uso indebido de equipos viales y combustible, e irregularidades en asentamientos de hojas de ruta, horas máquina y mantenimientos de caminos”.

La destrucción del monumento a Bayer generó también denuncias en la Justicia, mientras que además hubo un cruce entre el autor de la obra y los familiares del historiador, con las autoridades nacionales y con el gobierno provincial por la reubicación del monumento.

Además, en las últimas horas, en medio de la inauguración oficial de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2025, en medio de los discursos de las autoridades, hubo una intervención sorpresiva de un grupo de escritoras y escritores que levantaron carteles con la cara de Osvaldo Bayer, en un homenaje autogestivo para recordar al escritor fallecido en 2018 y mantener vigente el reclamo por la demolición del monumento en su honor en la provincia de Santa Cruz por una cuadrilla de Vialidad Nacional.

Qué pasó

El pasado 25 de marzo, al día siguiente de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, una cuadrilla de Vialidad Nacional, que en la provincia de Santa Cruz dependía hasta las últimas horas de Paulo Croppi y Raúl Bórquez (ahora despedidos) desde mayo de 2024, demolió el monumento creado por el escultor Miguel Jerónimo Villalba con la imagen del escritor Osvaldo Bayer y la frase “Bienvenidx, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”, que estaba ubicado desde el 24 de marzo de 2023 en la entrada por la Ruta Nacional 3 a la ciudad de Río Gallegos.

La medida llevada a cabo por la administración libertaria generó múltiples reacciones en redes sociales, mientras que a las horas, Pablo Grasso, el intendente peronista de Río Gallegos, anunció que van a restituirlo: “Ante este intento del Gobierno Nacional de borrar la historia de los santacruceños y de los patagónicos, hemos tomado la decisión de restituir el monumento a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde. Porque somos rebeldes por naturaleza”, escribió el 25 de marzo el mandatario en su cuenta de X.

En tanto, un día después, el periodista Esteban Bayer, hijo del escritor Osvaldo Bayer, dijo a elDiarioAR que nadie del Gobierno se comunicó con la familia. “Ni Vialidad Nacional ni ningún funcionario del Gobierno se comunicó con nosotros para dar una explicación. Absolutamente nada. Tampoco lo espero”.

Además, señaló que la versión que indica que Vialidad Nacional va a devolver el monumento y se lo va a entregar a la provincia es “un disparate mayúsculo”. “El monumento está hecho escombros y chatarra. No sé lo que pretenden devolver. Lo de entregárselo a la Gobernación es otro disparate, porque la Gobernación es defensora y aliada del Gobierno”.

Sí confirmó que el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se comprometió a levantar un monumento nuevo. “Él está reclamando los restos de la chatarra. Con él hablé y se comprometió a restituir el monumento en el Paseo de la Memoria que tienen ahí en Río Gallegos. Es un lugar muy lindo, una plaza grande, donde están los homenajes a los detenidos desaparecidos de la provincia de Santa Cruz. También están los homenajes a los huelguistas de la Patagonia Rebelde. Y ahí lo quieren poner”.

Con información de agencias.

IG