En un contexto de fuerte retroceso de la actividad manufacturera y tensiones dentro del sector empresario, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, junto a los empresarios Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. El eje central del encuentro, según detalló el propio funcionario, fue la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

A través de sus redes sociales, Caputo calificó como “excelente” la reunión y señaló que conversaron especialmente sobre el Fondo de Aportes Laborales (FAL), las medidas para reducir lo que el oficialismo denomina “costo de la industria del juicio” y el nuevo régimen de empleo que prevé una reducción de aportes patronales al 2% durante cuatro años. También mencionó el RIMI para pymes y la denominada ley de Inocencia fiscal como parte del paquete estructural.

El ministro planteó que estas reformas serán “fundamentales” para consolidar el nuevo modelo económico, con mayor creación de empleo, mejores salarios y apertura comercial. Además, sostuvo que coincidieron en la necesidad de reducir la carga impositiva, especialmente a nivel provincial y municipal, para mejorar la competitividad de la industria. El mensaje buscó exhibir sintonía con la UIA en medio de un escenario donde el sector atraviesa una de las caídas más pronunciadas de los últimos años y persisten diferencias internas sobre el impacto de las reformas laborales.

La central fabril llegaba a la cita con propuestas concretas para reactivar la actividad económica, con especial énfasis en estimular el crédito al consumo, aliviar la carga fiscal y generar incentivos para sectores golpeados por la apertura comercial. Según trascendió, entre las medidas que la UIA le llevaba a Caputo figuran mecanismos de financiamiento similares al programa Ahora 12 para incentivar la demanda interna y estímulos para la construcción y otras ramas con efecto multiplicador en la economía.

El trasfondo de esta convocatoria es una industria operando muy por debajo de su potencial. Según datos del Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial cayó 3,9% interanual en diciembre de 2025 y el uso de la capacidad instalada se mantiene en niveles comparables a los de la pandemia, con efectos directos sobre empleo y decisiones de inversión. El sector textil, calzado y metalmecánica no automotriz son algunos de los rubros más golpeados.

En este contexto de fragilidad sectorial se produjo en las últimas semanas un choque de alta visibilidad entre el Gobierno y Paolo Rocca, al calor de la adjudicación de la provisión de más de 137.000 toneladas de caños de acero para un gasoducto estratégico que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro. El contrato fue ganado por la empresa india Welspun, que presentó una oferta más baja, pese a que la compañía de Rocca —a través de Tenaris, la siderúrgica del grupo— había intentado reducir su precio hasta un 24% por debajo de su oferta original para igualar a su competidor.

El empresario italiano-argentino sostuvo en una carta pública que la adjudicación pone en riesgo el empleo argentino y advirtió sobre prácticas de dumping —ofertas por debajo de costo para capturar mercados—, reclamando reglas claras de competencia y defendiendo que los precios de Tenaris estaban alineados con mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa. Desde el Gobierno, en cambio, destacaron que el diferencial de precios —aproximadamente un 40% más barato según diversas fuentes oficiales— justifica la decisión de adjudicar a la firma extranjera, argumentando que insumos más baratos reducen costos de proyectos de infraestructura clave.

El episodio escaló hasta una intervención pública del presidente Javier Milei, quien criticó con dureza a Rocca en redes sociales por la disputa y cuestionó la práctica empresarial que, según él, resiste la apertura comercial al proteger costos más altos. El mandatario lo llamó “Don Chatarrin de los tubitos caros”. Ese cruce encapsula las tensiones más profundas entre la política industrial de apertura defendida por el oficialismo y el reclamo de sectores fabriles por políticas que nivelen las condiciones para competir con importaciones, en un momento en que el derrumbe productivo y la caída del empleo industrial son variables difíciles de soslayar.

MC

El Consejo de Mayo tendrá este miércoles su última reunión, en medio de expectativas por el texto final de la reforma laboral y tensiones acumuladas tras la filtración de borradores. El encuentro marcará el debut de Manuel Adorni como coordinador político del espacio, tras la salida de Guillermo Francos, y se dará en simultáneo con la búsqueda de votos para el Presupuesto 2026, que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli.

El objetivo oficial es cerrar la etapa técnica antes del 15 de diciembre, fecha límite que se impuso la Casa Rosada para presentar el paquete de reformas en el Congreso. La sesión será en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y contará con los siete integrantes habituales del Consejo: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada y Cristian Ritondo (Poder Legislativo), Martín Rappallini (UIA) y Gerardo Martínez (UOCRA), por el sindicalismo.

“Hasta ahora solo hay esquemas generales sin precisión técnica”, advierten desde la CGT, que aún no recibió el texto preliminar. El Ejecutivo promete una versión consolidada para los próximos días, pero se reserva el contenido definitivo, que responderá a la línea política del presidente Javier Milei.

Entre los temas en discusión figuran la descentralización de convenios, el banco de horas, la ultraactividad, las cuotas solidarias y modalidades de contratación, algunos de los cuales ya estaban en el DNU 70/2023, invalidado por la Justicia en su capítulo laboral.

La CGT sigue en alerta, mientras espera una convocatoria formal de Santilli. El ala dialoguista busca negociar límites sin romper el canal de diálogo, pero sectores más duros acusan al oficialismo de intentar desarticular la organización sindical. La conducción central mantiene un equilibrio precario: abrir el juego sin ceder en lo que consideran derechos adquiridos.

Gerardo Martínez expondrá esa postura en la reunión del Consejo, mientras Santilli se posiciona como interlocutor clave del Gobierno. A su cargo está la doble tarea de asegurar los votos del Presupuesto y abrir un puente con los gremios, en un contexto donde la reforma laboral aparece como una de las apuestas estratégicas del oficialismo.

La última reunión del Consejo de Mayo también incluye en su temario las reformas tributaria y previsional, aunque el núcleo del debate será el capítulo laboral. La Casa Rosada quiere evitar nuevas filtraciones, pero la indefinición sobre qué puntos quedarán dentro del proyecto genera malestar entre los consejeros.

En el Gobierno reconocen que el cierre del Consejo no implicará consenso pleno, sino una base para avanzar en el diseño final del proyecto. El contenido específico se definirá en la Casa Rosada, con margen para ajustes políticos hasta febrero, cuando el oficialismo buscará tratarlo en sesiones extraordinarias.

Los gobernadores aliados se mostraron dispuestos a discutir, pero advirtieron que no avalarán cambios sin conocer los detalles. Por eso, el Gobierno necesita tiempo, acuerdos y precisión técnica para sostener su estrategia de reformas, sin agravar la conflictividad con los gremios ni perder apoyos legislativos.

JJD

Pese a que nunca hubo un presidente tan pro mercado como él, Javier Milei se ausentará del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que comenzó este miércoles en Mar del Plata, porque tras su viaje a EE.UU. prefirió irse de campaña a Santiago del Estero y Tucumán. No es la primera vez que desaira a IDEA: lo hizo también en la campaña de 2023. Mandó en su lugar a su vocero, Manuel Adorni. Su foco está en las elecciones legislativas del próximo día 26. No es el único.

Más allá de que el coloquio de IDEA se mantuvo en su primera jornada al margen de la coyuntura crítica, centrado en sus paneles en la falta de competitividad de la economía argentina a largo plazo, en los pasillos los empresarios no dejaban de comentar sobre el dólar, la renovada promesa de apoyo del gobierno de Donald Trump y el día después de los comicios. No hay con qué darle: los argentinos siguieron comprando moneda norteamericana, pese a que el Tesoro de EE.UU. continuó vendiéndola en el mercado criollo.

Uno de ellos fue el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, que en el escenario se quejó de que la presión tributaria de la Argentina es del 28% del PBI, pero calculó que sobre la economía formal llega alcanza el 50%. Las reformas tributaria y laboral es uno de los reclamos de la UIA, de IDEA –que incluye a empresas de otros sectores, como los servicios, el comercio, los hidrocarburos, la minería, el campo o la tecnología– y están en el acuerdo del gobierno de Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque necesitan de una mayoría en el Congreso. No por nada este jueves pasarán por el coloquio dos gobernadores de Provincias Unidas, el cordobés Martín Llaryora y el chubutense Ignacio Torres.

En el mismo panel de competitividad de Rappallini estuvo el CEO de la tecnológica Globant, Martín Migoya. No se refirió a los impuestos. Ya está beneficiado por la ley de economía del conocimiento, más allá de que el sindicato del sector denunció ante el Ministerio de Economía a su empresa y a otras 20 por incumplir la contraprestación para recibir las desgravaciones tributarias: mantener la dotación de personal.

Pero fuera del panel, en diálogo con la prensa, Rappallini fue más allá.

–¿Se imagina después del 26 de octubre un cambio de la política monetaria? ¿Qué puede pasar con el esquema de bandas cambiarias?

–No va a haber un cambio de rumbo, pero va a haber cambios en la política económica.

–La economía se estancó desde el segundo trimestre...

–Hubo un freno importante para actividades que estaban sin recuperación. Al subir las tasas se frenó más todavía. Entonces hay un impacto en muchos sectores como textil, calzado, metalmecánico, materiales de la construcción. Esperamos que, una vez que pasen estas tensiones cambiarias y del mercado global, se puedan bajar las tasas. Y que empecemos a pensar en generar líneas de crédito para las empresas, para aumentar el consumo o para que la economía y la actividad se empiecen a recuperar.

–¿Cómo termina la actividad de este año y qué expectativa tienen para el que viene?

–Vivimos un tercer trimestre duro por el freno, por las tasas y el último. Vamos a depender de lo que pasa en los próximos días para ver el último trimestre del año. Este año esperamos terminar más o menos empatados respecto a 2024, con un crecimiento de la economía en general de 2%, o sea un rebote técnico. Y 2026 veremos.

–¿Cómo ve el rescate de EE.UU.?

–El acuerdo ayuda a calmar las tensiones cambiarias que se estaban viviendo. También ayuda a que aumenten las reservas y esto de alguna manera da un espacio para que la Argentina pueda resolver todos los temas hasta que lleguen las elecciones y que después se puedan resolver los temas relacionados a los problemas de fondo.

–Usted ya viene diciendo que es preferible aliarse con EE.UU. que con China...

–Es preferible que la Argentina se relacione con Europa en el acuerdo de Mercosur y también con Estados Unidos, porque tenemos muchas más oportunidades para todos los productos y la integración es mucho más positiva para la industria argentina, sin lugar a dudas.

–¿Cuál es la diferencia?

–China es un país que tiene una política muy fuerte en términos de agresividad comercial. Tiene el 25% del PBI mundial y en casi todos los sectores industriales está ya llegando al 50%, 55%. Está expandiéndose y quiere ir por más. Es más, te diría que en algunos sectores de alta tecnología tiene el 90 o 95%. Lo que está pasando en el mundo es que hay una reacción de Estados Unidos, que está tomando el liderazgo, pero también en Europa, para que sus productores locales jueguen con las mismas reglas. Y uno ve que que China tiene todo un sistema de subvenciones que no juega lealmente. A la Argentina le conviene integrarse a nivel industrial con países en los cuales pueda tener posibilidad de exportar mucho más que un país como China. China compra materias primas.

AR/MG

El contexto de dólar planchado combinado con una apertura comercial que incentiva la entrada de importaciones, la actividad estancada y el empleo industrial cayendo no parece cambiar el orden de prioridades en la agenda de la Unión Industrial Argentina (UIA), que representa a uno de los sectores más golpeados por las políticas económicas de Milei. “Queremos competir, competir, competir”, plantó posición Martín Rappallini en su primera rueda de prensa luego de asumir como presidente de la institución. “No pedimos privilegios, pero la industria juega otro partido y no queremos quedar fuera por tener una mochila llena de piedras”, continúa el industrial en referencia a la carga fiscal que tienen las empresas que producen en el país. 

La bandera de la gestión del industrial bonaerense, que por el momento sigue siendo también titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), es la misma que flameó durante su gestión al frente de la entidad y lo hizo entrar en cortocircuito con el gobierno provincial: mejorar la competitividad, a través de la reducción de la presión fiscal –esa “mochila de piedras” que calculan en 52% para las socias de la entidad– y la modernización de las reglas laborales.  

Rappallini admite que el de la competitividad es un camino largo, que en otros países ha llevado hasta veinte años de conseguir. Un plazo que no marida con las urgencias del sector fabril generadas por el ingreso acelerado de importaciones, que aumentaron 38,7% interanual en marzo, o la caída de 30.600 empleos industriales registrados en 2024. Las estadísticas tampoco lo sacan de su discurso: “Me preocupa la entrada de importaciones en algunos sectores, pero tanto como conseguir las modificaciones necesarias para competir”, insiste Rappallini ante la pregunta de elDiarioAR al respecto. 

La nueva conducción entró con una puerta abierta en el Ministerio de Economía, ya que estiman mantener reuniones mensuales con Pablo Lavigne, el secretario de Coordinación Productiva, para evaluar el camino hacia la baja de impuestos para la industria.

También en concordancia con el Gobierno, Rappallini fue contundente sobre la posibilidad de que una corrección cambiaria pueda generar competitividad: “las devaluaciones no solucionan nada, siempre hay un corrimiento a precios y sobre todo en Argentina, que generan un proceso de caída de la actividad y pobreza”.

El plan

En este camino, la UIA pondera como su “gran desafío” el de “nivelar la cancha”, con medidas como el reclamo de la ley pyme, una reforma fiscal y la adecuación laboral, que se encuentran sobre la mesa. A corto plazo, las fichas están puestas en el decreto que el Gobierno publicará para eliminar los derechos de exportación a 1.000 posiciones arancelarias de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que actualmente pagan un arancel de entre 3% y 5%. 

 “En esta primera etapa, priorizamos posiciones arancelarias relacionadas con pymes. La idea es que a las pymes casi no le van a quedar retenciones de exportación”, explicó el economista jefe y director Ejecutivo de la UIA, Diego Coatz. “Esto implica una mejora importante a nivel de la microeconomía, pero un bajo impacto fiscal”, agregó.

“Sabe lo que es pagar quincenas”

Rappallini llega con dos cartas a su favor: el contraste generacional y de trayectoria frente a su antecesor. Tiene 56 años contra los 79 de Funes de Rioja. Y a diferencia del abogado defensor de empresas y titular de la Cámara de Industrias de productos alimenticios COPAL, con carrera desde el escritorio, ostenta trayectoria industrial. 

Rappallini se crió en una familia ligada a la fabricación de cosméticos (Gigot) y que, en 1993, adquirió Cerámica Alberdi, una compañía proveedora de la industria de la construcción con plantas en Buenos Aires, Santa Fe y Salta. En esta última planta, el Sindicato Obreros Industrias Ceramista comenzó una huelga por la muerte de un trabajador de una empresa tercerizada, que tuvo un accidente mientras realizaba tareas de mantenimiento y fue ignorada por el personal jerárquico que decidió mantener la planta en funcionamiento.

Gigot y Cerámica Alberdi se unieron en el Grupo Alberdi, al que se sumó Alberdi Energía y Alberdi Desarrollos, dedicado a construir y gestionar parques industriales. “Un tipo que sabe lo que es pagar quincenas”, lo pintaron a Rappallini en su sector. 

El Consejo de la T

La lista de consenso que presentó la central fabril incluye a Alejandro Gentile, director de relaciones institucionales de Techint junto con otros cercanos a la compañía como David Uriburu –uno de los directores de la fabricante de aceros Ternium Argentina, firma insignia del Grupo Techint–, y Rodrigo Pérez Graziano, del grupo automotriz Stellantis. 

La lista del Comité Ejecutivo de la UIA se completa con referentes de empresas que históricamente estuvieron en puestos decisivos como Martín Cabrales o Modesto Magadán, de Arcor. También con Walter Andreozzi (industriales de Santa Fe), Roberto Arano (UIA de Tucumán), Mauricio Badaloni (Andesmar), Miguel Calello (software CESSI), Elio Del Re (metalúrgicos ADIMRA), Marcelo Domínguez Molet (autopartistas AFAC), Isaías Drajer (farmacéuticos CILFA), Claudio Drescher (textil CIAI), Gonzalo Fagioli (cervecería Quilmes), Eduardo Franciosi (CILFA), Diego Leal (UIA San Luis), Franco Mignacco (minera EXAR), Guillermo Moretti (Químicos de Santa Fe), Héctor Sellaro (Cámara del Calzado), Luis Tendlarz (textil), Daniel Urcía (frigoríficos), y Javier Viqueira (insumos electromédicos). A la vez, se excluye a históricos como Miguel Acevedo de Aceitera General Dehesa (AGD).

Brillan por su ausencia las mujeres –la única en la lista es Cecilia Rena, de Arcor– y miembros de la UIA Joven, que protagonizaron a fines del año pasado un enfrentamiento con la cúpula de la gremial empresaria, resultante en el espacio “Movimiento Industrial”, que lanzaron este año y ya cuenta con 80 integrantes dueños de empresas. 

NR/MG