Los trabajadores vuelven a quedar alcanzados por la reforma laboral completa mientras la Justicia estudia si sus artículos vulneran derechos laborales y sindicales. La decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no resolvió el fondo del conflicto, pero cambió el efecto práctico del expediente: los artículos suspendidos por el juez Raúl Horacio Ojeda recuperan vigencia durante el trámite de la apelación del Estado nacional. Para quienes viven de su salario, el cambio no es una mera cuestión procesal. Afecta directamente a las reglas sobre contratación, indemnizaciones, jornada laboral y representación gremial, cuatro zonas donde se define cuánto vale el trabajo, cómo se organiza el tiempo y qué herramientas quedan disponibles frente a un despido o un conflicto colectivo.

La resolución fue dictada en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, iniciado por la CGT contra la Ley 27.802. La Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, revisó la cautelar que había dictado Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, y modificó el efecto del recurso presentado por el Estado. La consecuencia directa es que la cautelar deja de aplicarse mientras la Cámara analiza la apelación.

Con efecto devolutivo, la suspensión de los artículos cuestionados seguía vigente hasta que el tribunal revisara la decisión de primera instancia. Con efecto suspensivo, la apelación del Estado paraliza la cautelar y permite que la reforma vuelva a regir. El tribunal fundó su decisión en la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado, y sostuvo que, cuando una cautelar suspende total o parcialmente una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo salvo supuestos excepcionales vinculados a derechos especialmente protegidos. Según la Cámara, esas excepciones no aparecían configuradas de manera inicial en este caso.

El cambio le da al Gobierno una victoria jurídica de corto plazo y desplaza el centro del conflicto. El debate ya no pasa por si la reforma puede aplicarse ahora, sino por cuánto tiempo regirá mientras los tribunales revisan su constitucionalidad. La CGT sostiene que una parte sustancial de la ley afecta derechos laborales y sindicales. En su planteo incluyó modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical. Esos puntos concentran el impacto material de la reforma: despidos, créditos laborales, duración del trabajo y poder de negociación dentro de los lugares de empleo.

Ojeda, el juez de primera instancia, había suspendido preventivamente los artículos cuestionados porque consideró acreditados la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable. También señaló que la aplicación inmediata de la reforma podía generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. La Cámara no descartó esa discusión. La postergó. El fondo del expediente sigue abierto y deberá definir si esos artículos son compatibles con la Constitución, los tratados internacionales y los principios protectores del derecho del trabajo.

La decisión llega después de un derrotero judicial irregular para el Gobierno y para la CGT. Primero, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 suspendió buena parte del núcleo de la reforma a partir de la acción colectiva de la central obrera. Después, el propio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55, que regula la actualización de los créditos laborales en juicios sin sentencia definitiva. El magistrado entendió que mantener frenado ese mecanismo podía perjudicar a los trabajadores, porque un crédito laboral sin criterio claro de actualización puede perder valor durante un juicio. Ese punto muestra que la pelea judicial no se reduce a una pulseada institucional: define concretamente cuánto cobra una persona después de perder el empleo y litigar durante años.

También hubo fallos en otras jurisdicciones contra artículos específicos de la reforma. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, con el argumento de que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo Nº 3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de créditos laborales en juicios en trámite, porque podía reducir el monto que reciben trabajadores después de años de litigio. La vigencia plena dispuesta ahora por la Cámara convive con un mapa de causas abiertas, planteos gremiales y sentencias que revisan caso por caso el impacto de la ley.

El Gobierno celebró la resolución como una validación política. Javier Milei compartió en redes un comunicado oficial y escribió: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!” (sic). La frase resume la lectura del oficialismo: la reforma laboral forma parte de su programa económico y de su diagnóstico sobre los costos laborales. Para el Ejecutivo, la ley apunta a reducir litigiosidad y promover la formalización del empleo. Para la CGT, implica una reducción de derechos y una alteración del sistema de protección laboral vigente.

La central obrera había presentado la cautelar como un primer paso dentro de una estrategia más amplia. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo después del fallo de primera instancia que el reclamo de fondo era la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Según el dirigente, la suspensión inicial había reconocido que los planteos sindicales tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia. También afirmó que el impacto excedía a la CGT porque alcanzaba a todos los trabajadores comprendidos por la legislación laboral.

La Cámara alteró ese escenario sin cerrar la discusión. El expediente continúa y el tribunal deberá pronunciarse sobre la cautelar y, luego, sobre los planteos de fondo. El Gobierno también recurrió a la Corte Suprema mediante un per saltum para intentar acelerar la revisión de la suspensión. Mientras esa pelea avanza, la ley vuelve a operar sobre relaciones laborales activas, despidos, reclamos judiciales y negociaciones colectivas.

El costo de esa espera no se reparte de manera abstracta. Recae sobre trabajadores que ya enfrentan salarios presionados por la inflación, consumo debilitado y gastos fijos en aumento. En ese cuadro, cada regla sobre indemnizaciones, jornada o representación sindical modifica la relación entre ingreso, tiempo de trabajo y capacidad de defensa. La reforma recuperó vigencia, pero su constitucionalidad sigue sin definición. La novedad para los trabajadores es que deberán atravesar esa incertidumbre con la ley aplicada sobre sus contratos, sus juicios y sus condiciones de empleo.

JJD

El juez laboral Raúl Horacio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral (27.802), uno de los puntos que había quedado suspendido tras la cautelar que frenó provisoriamente 82 artículos de la reforma impulsada por el Gobierno a partir de una presentación de la CGT. La decisión reactivó una norma que regula cómo deben actualizarse los créditos laborales en los juicios que todavía no tienen sentencia definitiva.

La resolución modificó parcialmente el alcance de la medida cautelar dictada semanas atrás por el mismo magistrado. En aquel fallo, Ojeda había considerado que existían indicios suficientes de que varios aspectos de la reforma podían vulnerar principios constitucionales del derecho del trabajo y por eso decidió suspender preventivamente su aplicación mientras se resolvía la cuestión de fondo.

Ahora el juez revisó uno de esos artículos y llegó a una conclusión distinta: mantener suspendido el mecanismo de actualización de las indemnizaciones podía generar un perjuicio para los propios trabajadores. Según explicó la periodista Daniela Mozetic en El Cronista, el magistrado entendió que dejar sin efecto ese criterio de cálculo podía afectar el valor real de los créditos laborales durante el tiempo que dura un juicio.

El artículo 55 establece que los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa anual del 3% en las causas que se encuentren en trámite y todavía no tengan sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley.

Ese punto no es técnico ni menor. La forma en que se actualiza una indemnización determina cuánto dinero termina cobrando un trabajador después de un juicio laboral, especialmente en procesos que suelen extenderse durante años. En un contexto de inflación, el mecanismo de actualización puede preservar o deteriorar el valor real de ese crédito.

La discusión judicial sobre este artículo aparece justamente en ese cruce entre derecho laboral e inflación. En marzo, por ejemplo, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad de la misma norma al considerar que el esquema fijado por la reforma podía reducir el valor real de las indemnizaciones durante el proceso judicial.

En ese fallo, los jueces analizaron un caso concreto de despido y concluyeron que el nuevo sistema de actualización podía implicar un recorte del crédito laboral respecto de los mecanismos utilizados anteriormente por distintos tribunales. La resolución puso el foco en el carácter alimentario de las indemnizaciones y en la necesidad de que mantengan su poder de compra mientras se desarrolla el litigio.

La decisión de Ojeda ahora introduce un matiz distinto dentro de esa misma discusión. El juez no cambió su postura general sobre la reforma laboral, cuya aplicación sigue suspendida en gran parte por la cautelar dictada tras la presentación de la CGT. Lo que hizo fue revisar un artículo puntual y considerar que su suspensión podía generar efectos contrarios a los que buscaba evitar.

El argumento se apoya en una característica estructural del sistema judicial laboral: la duración de los procesos. Los juicios por despido o reclamos salariales suelen extenderse durante varios años. En ese lapso, el monto reconocido en la sentencia necesita un mecanismo de actualización para no perder valor frente a la inflación.

Si ese criterio no está definido o queda suspendido durante el proceso judicial, el crédito laboral puede deteriorarse antes de que el trabajador llegue a cobrarlo. Esa fue la preocupación que llevó al magistrado a restablecer la vigencia del artículo 55.

La resolución no implica, sin embargo, que la reforma laboral haya quedado plenamente habilitada. La cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sigue vigente, a la espera de que la Justicia resuelva el planteo de fondo sobre su constitucionalidad.

Ese proceso judicial recién comienza y ya produjo decisiones contradictorias en distintos tribunales. En pocas semanas, varios fallos cuestionaron aspectos centrales del nuevo esquema indemnizatorio, desde el pago en cuotas de las sentencias laborales hasta el propio sistema de actualización de los créditos.

En ese escenario, la discusión dejó de ser solamente jurídica o política. El eje de los litigios empezó a concentrarse en un aspecto material del derecho del trabajo: cuánto dinero cobra efectivamente un trabajador después de ganar un juicio.

La actualización de los créditos laborales define si una indemnización mantiene su valor frente a la inflación o si se licúa durante el proceso judicial. En un país con largos litigios y variaciones constantes de precios, ese cálculo puede modificar de manera sustancial el monto final que recibe quien perdió su empleo.

La decisión de Ojeda se inscribe en ese debate. El juez consideró que suspender el artículo 55 podía agravar el problema que la cautelar buscaba evitar: que un trabajador termine cobrando menos de lo que le corresponde cuando finalmente se resuelve su juicio.

Mientras la discusión de fondo sigue abierta en los tribunales, la reforma laboral continúa fragmentándose caso por caso en decisiones judiciales que revisan su impacto concreto sobre las relaciones de trabajo.

La constitucionalidad de la ley todavía no fue resuelta y los tribunales siguen analizando cómo afectan sus artículos al cobro efectivo de indemnizaciones y créditos laborales.

JJD

La reforma laboral de Milei avanzó con un objetivo obvio: abaratar el costo del despido y del litigio laboral. Pero ese diseño empezó a chocar con un límite concreto: su aplicación real sobre trabajadores despedidos. Y ahí aparecieron los fallos.

En pocos días, los tribunales empezaron a desarmar dos piezas centrales del esquema: el recorte en la actualización de indemnizaciones y el pago en cuotas. La discusión dejó de ser política o técnica y pasó a ser material: cuánto y cuándo cobra un trabajador después de un despido. Ahí es donde la reforma empezó a crujir.

La reforma laboral se aprobó como un paquete cerrado, con fuerte impulso político y negociaciones orientadas a reducir costos empresariales. Pero su aplicación concreta empezó a desarmarse en tribunales casi de inmediato. En menos de dos semanas, la Justicia ya cuestionó cuánto se paga y ahora también cuándo se paga una indemnización.

Lo que el Congreso sancionó como “modernización” empezó a ser reescrito caso por caso en los juzgados. No por una discusión abstracta, sino por el impacto directo sobre trabajadores que, después de perder su empleo, ven reducido o diferido el cobro de un derecho básico.

Un trabajador que ganó su juicio por despido no cobrará su indemnización en cuotas, aunque la nueva ley lo habilitara. La Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 56 de la reforma laboral y dejó sin efecto el mecanismo que permitía a las empresas pagar sentencias en hasta seis o doce meses, según su tamaño.

La decisión impactó de manera directa sobre uno de los momentos más críticos para cualquier trabajador: el cobro efectivo de su indemnización tras un despido. El caso “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, resuelto el 17 de marzo de 2026 por la Sala VII, rechazó el intento de la empresa de aplicar el pago en cuotas previsto en la nueva normativa.

El tribunal no se limitó a un aspecto formal: cuestionó de fondo la lógica del artículo 56. La norma, incorporada por la Ley 27.802, modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y habilitó que las sentencias laborales se cancelaran en cuotas mensuales, incluso cuando ya existía una resolución firme.

Para los jueces, ese esquema desnaturalizó el sentido mismo de la indemnización. En la resolución sostuvieron que permitir el pago en cuotas resultó “irrazonable” y violó el principio protectorio del derecho laboral, el derecho de propiedad y las garantías constitucionales que protegen al trabajador.

El punto central del fallo fue el carácter alimentario del crédito laboral, una categoría jurídica clave que define su función concreta en la vida de quienes trabajan. La Cámara remarcó que el salario y las indemnizaciones no son una deuda cualquiera: son el ingreso que permite cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y vestimenta.

Desde esa perspectiva, dividir el pago en el tiempo implicó afectar directamente esas condiciones de subsistencia. El tribunal advirtió que diferir el cobro de la indemnización, en un contexto de inflación sostenida, produce un desfasaje que reduce su valor real y compromete la reparación que la ley debe garantizar.

“No se vislumbra una sola razón atendible para justificar el pago en cuotas”, señalaron los jueces. Y agregaron que esa modalidad impide garantizar el cumplimiento oportuno de una sentencia firme, lo que vacía de contenido el derecho reconocido al trabajador.

La resolución también cuestionó la razonabilidad de la norma en el contexto económico actual. Indicó que la variación constante de precios, frente a ingresos que no se actualizan al mismo ritmo, vuelve insuficiente cualquier compensación diferida en el tiempo.

En ese marco, el tribunal sostuvo que el artículo 56 vulneró el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que garantiza protección contra el despido arbitrario—, así como el derecho de propiedad y los principios de progresividad y no regresión en materia de derechos laborales.

El fallo se sumó a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar el núcleo indemnizatorio de la reforma laboral a pocos días de su entrada en vigencia. La semana anterior, un tribunal de La Plata y un juez de Córdoba declararon inconstitucional el artículo 55, que limitó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite.

En esos casos, la Justicia ordenó calcular las indemnizaciones con el régimen anterior, sin los topes introducidos por la nueva ley. La discusión no fue técnica: definió cuánto dinero efectivamente cobraron trabajadores que atravesaron años de litigio.

Con el nuevo fallo, el cuestionamiento dejó de centrarse solo en el monto de la indemnización y avanzó sobre el momento del cobro. Es decir, no solo cuánto se paga, sino cuándo se paga.

Ambos aspectos —actualización y forma de pago— forman parte de un mismo problema para quienes trabajan: la posibilidad real de acceder a una reparación plena tras un despido. La reforma intervino sobre esas dos variables al mismo tiempo.

La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, introdujo cambios que buscaron reducir los costos asociados al despido y a los juicios laborales. Entre ellos, la exclusión de ciertos conceptos del cálculo indemnizatorio, la modificación de la actualización de créditos, la creación de mecanismos alternativos como fondos de cese y la habilitación del pago en cuotas.

En ese esquema, el artículo 56 operó como una herramienta para trasladar en el tiempo el costo de las sentencias, incluso después de que la Justicia hubiera reconocido el derecho del trabajador.

La Cámara de Córdoba rechazó ese criterio y dejó sin efecto el intento de la empresa de acogerse a ese beneficio. En la resolución, además, declaró abstracto el pedido de aclaratoria presentado por la demandada, justamente porque la norma en la que se apoyaba fue considerada inconstitucional.

Los fallos dictados en menos de dos semanas mostraron que la aplicación de la reforma laboral ya entró en disputa en los tribunales. Tanto el monto como el cobro de las indemnizaciones quedaron bajo revisión judicial.

Hasta ahora, la ley sigue vigente, pero su capítulo indemnizatorio comenzó a fragmentarse en su aplicación concreta. En el caso Ceballos, el trabajador no cobrará en cuotas.

JJD

El Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral y ordenó que un trabajador despedido cobrara su indemnización sin el recorte impuesto por la reforma. La sentencia dispuso aplicar el régimen anterior de actualización del crédito y dejó sin efecto el tope fijado por la nueva norma.

La decisión impactó de manera directa sobre cuánto dinero percibió el trabajador tras el despido, en un contexto donde la inflación deterioró el valor de los créditos laborales durante los procesos judiciales. El caso, “Martin c. Costa s. despido”, tuvo sentencia el 13 de marzo de 2026 y se conoció a partir de su difusión pública. Los jueces consideraron que el esquema impuesto por la reforma vulneró los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.

El punto en disputa definió si la indemnización mantuvo o no su valor real durante el juicio. El artículo 55 estableció que, para causas en trámite sin sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley, los créditos laborales se actualizaran con una tasa pasiva con techo en IPC más 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo. Ese criterio reemplazó el régimen previo utilizado en muchos tribunales.

Ese cambio afectó directamente a trabajadores que iniciaron juicios antes de la reforma y quedaron expuestos a cobrar menos por la misma indemnización. La actualización de los créditos no es un aspecto técnico: define cuánto de ese dinero conserva su poder de compra después de años de litigio.

El antecedente inmediato lo marcó un fallo en Córdoba, que también declaró inconstitucional el artículo 55. El juez Ricardo Gileta sostuvo el 10 de marzo que el trato diferencial entre juicios nuevos y en curso vulneró el principio de igualdad y afectó créditos de carácter alimentario. En ese caso, también se ordenó recalcular la indemnización con el régimen anterior.

Con la decisión de La Plata, el cuestionamiento judicial dejó de ser aislado y comenzó a consolidarse sobre uno de los núcleos de la reforma: el recorte en los costos asociados al despido. La norma buscó limitar la actualización de los créditos laborales en causas ya iniciadas, lo que trasladó el impacto de la inflación hacia los trabajadores que reclamaron judicialmente.

La discusión sobre indemnizaciones se inscribió en un paquete más amplio de cambios en las condiciones laborales. La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, modificó el cálculo indemnizatorio, habilitó esquemas como el banco de horas, alteró reglas de negociación colectiva y estableció nuevas restricciones sobre la actividad sindical.

En ese marco, el artículo 55 operó como una cláusula que redefinió cuánto cobraron los trabajadores en juicios ya en marcha. Según el fallo de Córdoba, su aplicación podía reducir significativamente el monto final respecto de los criterios anteriores, lo que explicó la rápida judicialización del tema.

JJD

La reforma laboral no es ya un proyecto en disputa sino una pieza casi cerrada del engranaje institucional. A cuatro días de su sanción definitiva, el oficialismo transformó el calendario legislativo en una flecha recta, inquebrantable, como pocas veces se ha visto en democracia. Sin ir más lejos, es la reforma laboral más abarcativa desde las modificaciones estructurales de fines de los años 90, cuando el paradigma de flexibilización marcó la última gran reconfiguración del derecho del trabajo argentino, con todo lo engorroso y peliagudo que supone enmendar una ley marco, un texto largo, con muchísimos artículos y regulaciones que afectan a cientos de miles de trabajadores. Si el Senado valida la modificación incorporada por Diputados en el artículo sobre descuentos salariales por enfermedad, Javier Milei llegará a su tercer 1º de marzo con la ley convertida en norma vigente.

El período de sesiones ordinarias del Congreso comienza el 1º de marzo y finaliza el 30 de noviembre. Las extraordinarias —convocadas por el propio Presidente durante el receso estival— funcionaron como un corredor legislativo acelerado para tratar una reforma que altera pilares históricos del derecho del trabajo argentino. Total, si durante el año parece haber importado muy poco el desguace del Estado, pese a cobrar los mismos impuestos para la gran mayoría de la población e inclusive de haberlos aumentado, menos importancia le darán a una discusión que realiza en febrero, en plenas vacaciones de verano. Todos felices.

Si el Senado confirma la redacción, la norma quedará sancionada antes del inicio formal del nuevo año parlamentario. Milei podrá presentar la ofrenda de sus héroes parlamentarios frente a la Asamblea Legislativa, el domingo próximo, como otra conquista política en el escenario institucional más solemne del calendario republicano, donde en un mismo sitio, el recinto de la Cámara de Diputados se reúnen las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y los gobernadores, entre otros altos cargos. Por eso es la jornada institucional más importante de la República.

La reforma laboral ya fue aprobada por ambas Cámaras en sus ejes estructurales. El Senado no vuelve a discutir el corazón del proyecto. Solo debe convalidar una modificación puntual sobre licencias médicas. El resto del texto —indemnizaciones, fondo de cese, período de prueba, banco de horas, negociación por empresa, regulación sindical— cuenta con aval parlamentario completo. En términos legislativos, la reforma laboral sale o sale.

Ese desenlace, sin embargo, no se produce en un vacío social ni jurídico. El Gobierno ya intentó avanzar con un paquete desregulador en la ley Bases y en el DNU, capítulo que fue rechazado por la Justicia. Este es el tercer intento. Nada garantiza que el nuevo texto no enfrente cuestionamientos judiciales, especialmente en los artículos que rozan derechos consagrados en la Constitución nacional, advierten juristas.

Pero el viernes no se discutirá eso. Se discutirá una redacción técnica. Y el 1º de marzo se celebrará un hecho político trascendental para el gobierno libertario y sus colaboradores, además de los grandes empresarios, por supuesto. Todo lo que venga después está por verse y, si hay fallos adversos, el gobierno de La Libertad Avanza, que ha demostrado más audacia en el manejo de la agenda-setting (la capacidad de un actor político de instalar y jerarquizar los temas que dominan la conversación pública) que cualquier otro gobierno en democracia, sabrá ponerse en víctima, decir que buscan ponerle palos en la rueda a “un presidente que vino a cambiar la historia del país”, y otras cosas que los argentinos ya las conocemos de memoria.

La reforma en concreto: qué cambia para quienes trabajan

Más allá de la escena simbólica, el impacto material es profundo.

En materia de despidos, la ley redefine el cálculo de la indemnización sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual, excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios. Se establece un tope máximo equivalente a tres salarios promedio del convenio colectivo y un piso del 67% del salario real. La indemnización pasa a ser la única reparación posible y se habilita el pago de sentencias en cuotas.

No es una modificación técnica menor: reduce el costo del despido y limita la reparación económica frente a la ruptura unilateral del vínculo laboral.

Se crea además el Fondo de Cese Laboral, financiado por aportes del empleador, que puede reemplazar completamente la indemnización tradicional. Si el convenio lo adopta, el trabajador no puede optar por el régimen anterior.

El período de prueba se extiende a ocho meses y puede llegar a un año en pymes. Durante ese tiempo, el despido no genera indemnización.

Se habilita el banco de horas mediante acuerdo individual o colectivo. La jornada deja de medirse estrictamente por día y pasa a promediarse. Si las horas se compensan dentro del período acordado, no se pagan como extras.

Se refuerza la negociación por empresa frente a la de actividad y se habilita que acuerdos individuales modifiquen adicionales y premios. La ultraactividad puede suspenderse por acuerdo de partes.

En registración laboral, la emisión de facturas excluye la presunción de relación de dependencia y la carga de la prueba recae sobre el trabajador.

En licencias por enfermedad, el texto reduce el salario durante períodos prolongados, endurece controles y exige alta médica definitiva para la reincorporación . Este es el punto que Diputados modificó y que ahora debe validar el Senado.

Cada uno de esos artículos altera equilibrios históricos entre capital y trabajo

Saturación, apatía y reforma estructural

El contexto cultural también importa. La reforma avanza en extraordinarias, convocadas durante el receso estival, en un clima de saturación informativa permanente. El debate convive con múltiples agendas superpuestas, conflictos judiciales, tensiones económicas y una exposición mediática constante.

Aquí aparece una referencia teórica que ilumina el momento: los sociólogos Paul Lazarsfeld y Robert Merton desarrollaron hace casi ocho décadas el concepto de “disfunción narcotizante”. Su hipótesis sostenía que la sobreexposición a información masiva podía producir el efecto inverso al deseado: en lugar de estimular la acción, generaba apatía. La ciudadanía se siente informada, pero no necesariamente movilizada. El conocimiento superficial reemplaza al compromiso activo.

La teoría, pese a su antigüedad, conserva una sorprendente actualidad, como la de Mirtha Legrand, quien esta semana cumplió 99 años. Sobre la disfunción narcotizante: en un ecosistema comunicacional donde todo ocurre al mismo tiempo, una reforma que modifica décadas de regulación laboral puede avanzar sin que la intensidad del debate refleje la magnitud del cambio.

El 1º de marzo como escena

Si el Senado convalida la modificación este viernes, Milei abrirá las sesiones ordinarias con una reforma estructural ya sancionada. El discurso presidencial no será entonces la antesala de una batalla legislativa sino la celebración de un resultado.

La escena estará cargada de simbolismo: un Presidente que utilizó las extraordinarias para aprobar una ley que redefine indemnizaciones, convenios, jornada y derechos sindicales; un Congreso que, antes de iniciar su período ordinario, ya habrá convalidado el nuevo marco laboral; y un país que discutirá en tribunales, en empresas y en sindicatos el alcance real de la norma.

El viernes se votará un artículo. El 1º de marzo se narrará una victoria. Lo que ocurra después ya no dependerá solo del Congreso. Pero por ahora el gobierno festeja.

JJD

La Libertad Avanza puso quinta y piso el acelerador en el Senado para convertir en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno el viernes próximo, así pueden ofrendársela a Javier Milei, justo dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que encabezará en carácter de presidente de la Nación y podrá jactarse del avance de su agenda gubernamental.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto al titular de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocaron para las 10:00 de este viernes, horas después de la aprobación del texto en Diputados, a un plenario de comisiones con el objetivo de emitir dictamen incorporando la modificación que introdujo la Cámara baja sobre el régimen de licencias por enfermedad y accidentes no laborales. El dictamen ya fue firmado.

El oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto el viernes próximo, 27 de febrero, dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias. La intención es tener ya sancionadas de manera definitiva tanto a la reforma laboral como al Régimen Penal Juvenil en esa misma jornada.

El Senado había aprobado la iniciativa en la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con respaldo del oficialismo y bloques dialoguistas. Sin embargo, como la Cámara de Diputados eliminó el artículo 44 —que reducía al 50% el salario durante licencias por enfermedad o accidentes ajenos al ámbito laboral—, el texto volvió a la Cámara alta para completar el trámite legislativo.

Qué cambios introduce la reforma

El proyecto que impulsa el Gobierno establece modificaciones estructurales en el régimen laboral vigente. Entre los puntos centrales figuran cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo y en la Ley de Asociaciones Sindicales, así como limitaciones al derecho de huelga en los servicios públicos.

La iniciativa también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos, reduce indemnizaciones y establece un esquema de banco de horas que habilita compensaciones de jornada sin pago de horas extras.

Estos aspectos generaron rechazo de sectores sindicales y opositores, que advirtieron que el nuevo esquema modifica el equilibrio de negociación entre empleadores y trabajadores. Las críticas apuntaron especialmente a la reducción de costos asociados a despidos y a la posibilidad de reorganizar la jornada laboral bajo el sistema de banco de horas.

El debate volvió a colocar en el centro la discusión sobre estabilidad, salario e instrumentos de defensa colectiva de quienes trabajan. La limitación del derecho de huelga en determinados servicios fue uno de los puntos más controvertidos, al igual que la reforma del régimen indemnizatorio.

Para que la reforma quede sancionada, el Senado deberá pronunciarse sobre la versión modificada por Diputados. Si acepta la eliminación del artículo 44, la ley quedará aprobada en forma definitiva. Si insiste con el texto original, se abrirá un nuevo escenario parlamentario.

JJD, con información de NA

El paro general convocado por la CGT, sin movilización al Congreso —aunque sí lo harán diversos sectores del gremialismo y de la sociedad civil—, está en marcha desde las 0 de este jueves y puede condicionar la jornada laboral en todo el país. La medida impacta especialmente en el transporte público, que funciona de manera dispar, y reorganiza la rutina de millones de trabajadores en las horas previas a la sesión en la que Diputados debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Desde temprano, el eje del conflicto está en la calle y en el Congreso. A las 14 comienza el tratamiento en la Cámara baja del proyecto que La Libertad Avanza dicta con mayoría y que el oficialismo modifica tras retirar el artículo 44 sobre licencias médicas, luego de reconocer “un error” en su redacción. Si se aprueba con cambios, el texto regresa al Senado, donde la conducción oficialista diagrama su tratamiento en el recinto para el viernes 27 de febrero. La intención política es que el Presidente cuente con la ley sancionada para la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo .

Para los trabajadores, lo que hoy se discute no es un trámite parlamentario sino un cambio concreto en sus condiciones laborales. El proyecto propone reducir el monto de las indemnizaciones, habilitar que las horas extras se compensen con tiempo en lugar de pago en dinero y crear el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con impacto en los aportes destinados a la Anses. También contempla la derogación del estatuto del periodista, lo que suma el rechazo de los gremios de prensa.

La CGT definió el paro en una reunión virtual de su Consejo Directivo y argumentó que es la cuarta huelga general durante la gestión de Javier Milei, para defenderse de las críticas por no haber convocado a una movilización. La central incluye a los sindicatos del transporte de pasajeros, por lo que se espera la paralización de colectivos, trenes, subtes y taxis.

Sin embargo, el Gobierno interviene de forma directa. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano intima a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad a abstenerse de realizar medidas de fuerza mientras se encuentren vigentes conciliaciones obligatorias. La advertencia contempla sanciones que pueden escalar hasta la pérdida de la personería gremial .

La presión oficial coloca a choferes y ferroviarios en el centro de la escena, porque su adhesión define el alcance real del paro. El Gobierno además anuncia que descontará el día a los empleados públicos que participen de la huelga, lo que introduce un costo directo para quienes deciden parar.

En el área metropolitana, la empresa DOTA comunica que sus colectivos están “a disposición de los conductores como todos los días”, lo que implica que no adhiere a la medida . La decisión genera un funcionamiento desigual del servicio y deja en manos de cada conductor la definición final.

El sistema financiero, en tanto, opera con normalidad. Las cuatro cámaras que representan a los bancos del sistema financiero local anuncian que hay servicios y, en consecuencia, mercados abiertos. La jornada combina así interrupciones fuertes en sectores clave con actividad plena en otros, lo que fragmenta el impacto de la huelga.

Mientras tanto, el Frente Sindical moviliza al Congreso. La convocatoria ocurre en medio de críticas internas a la CGT por haber planteado inicialmente un “paro de silencio” sin movilización, cuestionamientos que dirigentes de la UOM y ATE expresan en la previa del debate . La movilización busca incidir sobre los legisladores antes de la votación.

El trasfondo económico refuerza la tensión. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumula un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación en ese mismo período es de 27,9%, lo que implica una caída real de más de dos puntos . En un escenario de pérdida de poder adquisitivo, la reforma se percibe como un nuevo retroceso en derechos laborales.

En estas horas previas a la sesión, el paro se mantiene con transporte afectado, advertencias oficiales vigentes y una movilización en marcha hacia el Congreso. El Gobierno sostiene su decisión de descontar el día a quienes adhieran y no anuncia cambios en esa postura.

JJD

La reforma que modifica indemnizaciones, aportes sindicales y reglas de negociación colectiva ya superó el Senado con 42 votos afirmativos y quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley en las próximas semanas. El proyecto modifica más de 40 leyes y reconfigura aspectos centrales del régimen laboral.

Según el régimen aprobado, los empleadores que ingresen al esquema de formalización aportarán un 2% de contribuciones patronales y un 3% con destino a subsistemas de la Seguridad Social. Hasta hoy, esas contribuciones patronales a la Seguridad Social se liquidaron con alícuotas generales del 18% o del 20,40%, según el encuadre del empleador, de acuerdo con ARCA/AFIP.

Y en obras sociales, el proyecto mantuvo la contribución patronal del 6% prevista en la Ley 23.660, un punto que el dictamen original buscó reducir al 5%.

En paralelo, el Senado aprobó el capítulo de aportes compulsivos. El texto con media sanción estableció un tope del 2% de las remuneraciones para los aportes a favor de asociaciones de trabajadores, que hasta ahora variaron según cada convenio colectivo (por ejemplo, hubo acuerdos homologados con aportes solidarios del 1,5% o del 2,5%).

El proyecto también modificó alícuotas del Impuesto a las Ganancias, que pasaron del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Sin embargo, tras negociaciones con gobernadores, el oficialismo aseguró que no habrá recortes en Ganancias coparticipables, lo que preservó recursos provinciales . Sobre el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se resolvió postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación de asignaciones específicas que nutren su presupuesto .

Desde el sindicalismo y sectores académicos cuestionaron el alcance de la reforma. En un hilo publicado el 9 de febrero, el centro de estudios Fundar —organización dedicada al análisis y diseño de políticas públicas— advirtió que la ley habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas, permite fraccionar vacaciones a criterio del empleador, debilita la negociación colectiva al trasladarla al ámbito de empresa y limita el derecho a huelga . También señaló que se creará un fondo para pagar indemnizaciones con recursos de la seguridad social .

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “una ley abiertamente inconstitucional, que va a traer alta litigiosidad” . En el recinto sostuvo que “no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores” y cuestionó el tratamiento legislativo y la conformación de comisiones .

El impacto sobre quienes trabajan aparece como el núcleo del debate. La reforma habilita mecanismos de blanqueo sin sanción, reduce el cálculo de indemnizaciones y promueve esquemas como el banco de horas que, según dirigentes sindicales, trasladan poder de decisión al empleador. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo que el banco de horas “lo decide el patrón, no el trabajador” y que el esquema “pone al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional” .

La discusión se dio en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9%, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales . En ese escenario, la Federación de Aceiteros advirtió que convocará a medidas de fuerza si la ley avanza .

Mientras se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones del Congreso hubo represión y momentos de tensión con manifestantes. El Gobierno porteño informó que hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que fueron 60. También se registraron heridos.

¿Y cómo está la Cámara baja para la batalla final?

En la Cámara de Diputados el oficialismo intentará acelerar el tratamiento del proyecto, con la intención de sancionarlo antes del inicio del período ordinario. Según pudo saber trabajAR, La conducción libertaria ya organizó un cronograma acotado en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, lo que le permitiría llevar el dictamen al recinto en la última semana de febrero.

El Gobierno apuesta a consolidar una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El poroteo que circula en el oficialismo proyecta un número suficiente para alcanzar el quórum, aunque esa suma depende de acuerdos todavía abiertos con legisladores vinculados a gobernadores que plantearon reparos sobre el capítulo fiscal y sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Ese fondo —que se financiaría con una retención del 3% del salario— aparece como uno de los puntos sensibles en la negociación. Algunos diputados plantearon interrogantes sobre su administración y sobre el impacto que tendría en empresas que no realicen despidos, lo que podría introducir tensiones en el tramo final del trámite parlamentario.

La definición en Diputados no sólo será política. De su votación dependerá si el esquema de indemnizaciones, aportes y reglas de negociación colectiva aprobado en el Senado se mantiene sin cambios o si se incorporan modificaciones que obliguen a devolver el texto a la Cámara alta, con el consiguiente retraso en su sanción definitiva.

JJD

El Gobierno avanzó en las últimas horas en nuevas negociaciones con bloques dialoguistas del Senado para intentar aprobar la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, pero el acuerdo quedó atado a definiciones pendientes en el capítulo fiscal y a cambios que afectan de manera directa las condiciones de despido, el financiamiento sindical y la protección del empleo. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, evitó dar precisiones sobre los consensos alcanzados y postergó los anuncios para la sesión prevista para este miércoles.

Las conversaciones se desarrollaron mientras creció la resistencia de gobernadores dialoguistas a la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto central del paquete fiscal que acompaña la reforma laboral. Desde las provincias señalan a la Casa Rosada el impacto negativo en sus recursos coparticipables, en caso de avanzar el proyecto con esta baja incluida.

Tras más de tres horas de conversaciones, Bullrich sostuvo que el oficialismo mantenía “un acuerdo grande” pero aclaró que las definiciones se comunicarán recién durante la sesión. “Estamos todavía terminando el debate”, afirmó, y agregó que el bloque resolvió no adelantar los cambios hasta cerrar el poroteo final. La estrategia dejó en suspenso aspectos centrales del proyecto que afectan directamente a los trabajadores, como el esquema de indemnizaciones y los aportes sindicales.

Una sesión atravesada por tensiones políticas

La agenda legislativa de este martes incluye una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14, donde el oficialismo y el peronismo discutirán el formato de la sesión. Fuentes parlamentarias anticiparon momentos de alta tensión, tanto por el orden del debate como por los artículos que podrían quedar fuera del dictamen final.

En paralelo, trascendió el malestar con su propio gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de los encuentros entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Si bien estuvo presente el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, la interna política sumó ruido a una negociación ya condicionada por el frente fiscal.

A una reunión de rosca realizada el lunes en el despacho del senador radical Eduardo Vischi asistieron representantes de distintos bloques provinciales y federales, entre ellos miembros del PRO, de Provincias Unidas, del Frente Renovador de la Concordia (Misiones), de Despierta Chubut, de Independencia (Tucumán) y de Primero los Salteños. La diversidad de actores da cuenta de la fragilidad del acuerdo y la necesidad del oficialismo de ceder en puntos sensibles.

El capítulo fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos. El proyecto incluyó una rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 35% al 31,4% y para medianas empresas del 31% al 27%, una medida que gobernadores rechazaron por el impacto en sus arcas a partir de 2027, estimado por fuentes parlamentarias en casi $2 billones.

Un vocero oficial admitió ante NA que, si no se reunían los votos necesarios, ese punto podría eliminarse del proyecto y tratarse en una ley aparte. El capítulo fiscal también contempló la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, con amortización acelerada en Ganancias.

En el plano estrictamente laboral, uno de los focos de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes patronales destinados a ANSES. La UCR propuso que las pymes puedan utilizar ese fondo para financiar despidos, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos por trasladar el costo de las cesantías al sistema previsional.

Indemnizaciones, aportes y salarios

Sí hubo acuerdo en avanzar con un nuevo tope indemnizatorio: un sueldo por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio, pagadero en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes, con actualización por inflación más 3% anual, en lugar de tasas judiciales. El esquema implicó una reducción del costo del despido y una mayor previsibilidad para el empleador, a costa de limitar la reparación económica para el trabajador despedido.

Otro punto de conflicto fue la propuesta de volver voluntarios los aportes sindicales, rechazada por el sindicalismo por su impacto directo en la afiliación y en la capacidad de organización colectiva. También quedó abierta la discusión sobre eliminar contribuciones empresarias a gremios y cámaras, una medida que debilitó el financiamiento de la negociación colectiva.

Finalmente, el proyecto incluyó cambios en la forma de pago de salarios: se debatió si los sueldos deberán abonarse exclusivamente a través de entidades bancarias o si se habilitarán billeteras virtuales, una alternativa rechazada por las cámaras bancarias y que planteó interrogantes sobre la protección del salario y la trazabilidad de los ingresos laborales.

JJD, con información de NA

Los gobernadores de la oposición moderada discuten con el gobierno de Javier Milei por las rebajas impositivas que están incluidas en el proyecto de flexibilización laboral y que les afecta sus ingresos coparticipados. La CGT centra su rechazo a lo que los libertarios llaman “modernización” en el hecho de que se debilitan los sindicatos, figuras claves para defender los derechos de los trabajadores más allá de que muchos gremialistas se hayan dedicado más a enriquecerse ellos que a proteger a sus representados. Pero más allá de los reclamos genuinos de gobernadores y sindicalistas la iniciativa de reforma laboral que el Gobierno quiere votar el 11 de febrero en el Senado incluye una serie de puntos polémicos que afectan la vida cotidiana de los empleados, tanto los que están registrados como aquellos que no pero que también suelen recurrir hasta ahora a los tribunales a exigir su indemnización por despido con el resarcimiento por los derechos violados.

Por eso, presentamos acá esos ítems que más afectan los derechos de los trabajadores en relación de dependencia formal, encubierta o informal, a partir del análisis pormenorizado que elaboró la consultora de asuntos públicos BLapp y otro en conjunto entre el Instituto Argentina Grande, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Grupo Paternal, el programa Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad de San Martín, el Centro de Estudios Derecho Al Futuro (Cedaf), la Fundación SES y el colectivo Futuros Mejores:

AR/MG

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el primer encuentro del año con los principales operadores legislativos del oficialismo, en una reunión que buscó afinar la estrategia para aprobar la reforma laboral en el Congreso antes del inicio del período ordinario. La mesa política se reunió durante más de dos horas en la Casa Rosada y contó con la presencia de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el operador Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

El objetivo inmediato es que el Senado habilite el tratamiento del proyecto a fines de enero. La discusión se concentra en dos ejes sensibles: el capítulo tributario —vinculado a cargas sociales y al Impuesto a las Ganancias coparticipable— y el futuro del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que garantiza cobertura ante despidos y suspensiones. La eliminación o modificación de este fondo podría representar un recorte directo en las protecciones mínimas para trabajadores en situación de conflicto laboral o desvinculación forzosa.

Entre los puntos en análisis se encuentran la eliminación de multas por empleo no registrado, la reformulación del régimen de indemnizaciones, cambios en los regímenes de licencias y restricciones a la representación gremial. La propuesta también apunta a modificar las condiciones de negociación colectiva y reemplazar el FAL por un esquema alternativo con menor alcance. Todo el paquete tiene como eje una flexibilización del mercado de trabajo, que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores y facilitar contrataciones más precarias, sobre todo para sectores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo.

Desde los sindicatos se advierte que la iniciativa implica una regresión en derechos adquiridos, con especial impacto en sectores laborales desprotegidos. El reemplazo del sistema de sanciones y la eliminación del FAL implican, en los hechos, menos incentivos para registrar trabajadores y menos herramientas para enfrentar despidos arbitrarios. La CGT ya anticipó que no descarta medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustantivos.

El Gobierno, a su vez, estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma laboral. Según la agencia Noticias Argentinas, uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los representantes provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del impuesto a las Ganancias que afecta la recaudación del tributo que es coparticipable.

Son varios los mandatarios provinciales aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios y fue un tema que se debatió en la reunión de mesa política que convocó Adorni.

Lo cierto es que hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo. Los menos permeables a ceder ante las tensiones sostienen que los representantes provinciales responden ante los argumentos y que se beneficiarán del impacto de la reforma en sus provincias.

Sobre la mitad del mes, el Poder Ejecutivo aceita los mecanismos que le permitan al equipo negociador compuesto por los Menem, Bullrich, Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, concertar la línea que desplegarán para intentar anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Santilli sigue de gira

El ministro del Interior, Diego Santilli, debió reprogramar por segunda vez la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien tenía previsto visitar Casa Rosada el viernes por la tarde.

El mandatario provincial argumentó “problemas personales” para cancelar la audiencia en agenda para las 14 y, si bien la idea original era relizarla el pasado miércoles, los planes se vieron truncados por fuertes lluvias en La Pampa.

Desde la cartera que lidera el exdiputado del PRO revelaron: “El gobernador se comunicó con el ministro y pidió, por cuestiones personales de último momento, reprogramar la agenda. Acordaron una reunión para los próximas días”:

El encuentro se enmarca en una serie de contactos que el funcionario nacional protagoniza en la búsqueda de acuerdos que le permitan sancionar la Reforma Laboral que obesesiona al presidente Javier Milei.

Como contó esta agencia, el peronista Ziliotto se muestra abierto al diálogo, pero no oculta sus reparos al articulado que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Santilli ya se reunió con gobernadores con diálogo con la Casa Rosada, como el chubutense Ignacio Torres, y el lunes visitará Salta para entrevistarse con otro de ellos, Gustavo Sáenz.

JJD

Si se sanciona la reforma laboral en los términos que proyecta el Gobierno, las indemnizaciones por despido sin justa causa pueden llegar a resignar un 44% de lo que suma el cálculo actual.

Los especialistas vienen alertando sobre esa quita implícita en las nuevas reglas que abarataría a las patronales el costo de mandar trabajadores a la calle.

Si bien el proyecto de ley de Modernización Laboral, que cuenta con dictamen en el Senado y que el Gobierno negocia con gobernadores para alcanzar status de ley en el recinto, sigue tomando como base del cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada durante el último año o tiempo de prestación de servicio, excluye: 

De modo que el mejor sueldo prácticamente pasa a ser el punto de partida casi excluyente para cargar antigüedad en la liquidación final.

En este caso, se establece como máximo 10 sueldos para la indemnización total, lo que implica que, aunque un trabajador acumule 20 años, no cobrará más de 10 meses por los sueldos.

Pagos e intereses

Una cuestión no menor a los efectos de los reclamos judiciales es que se topean las actualizaciones, imponiéndose como límite la variación de la inflación (IPC) + un 3% de interés anual, con lo que se pretende eliminar el uso de tasas bancarias que disparaban los montos en litigios prolongados. 

En el cálculo vigente en la actualidad se suelen integrar todos los conceptos remunerativos y no remunerativos. 

Suponiendo que se partiera de $ 1.000.000, se agregaría una incidencia de 100 mil que surge de dividir por 12 meses el bonos de $ 1.200.000.

Y se le suma la doceava parte de los conceptos anteriores ($1.100.000 dividido 12), añade $91.666 por aguinaldo, con lo que se hacen los cálculos tomando $1.191.666.

Es casi un 20% más por mes que lo que daría al aplicarse el artículo 245 (despido sin justa causa) de la reforma laboral. 

Significa que queda como base solo el salario mensual, normal y habitual, eliminando explícitamente otros rubros.

De manera que ya no corre el proporcional del bono anual (aunque sea habitual) y se prohíbe taxativamente incluir el aguinaldo.

Antigüedad tope

Los empleados con más de 10 años de antigüedad no percibirán ni un centavo más por los años excedentes de ese límite, con lo cual las patronales podrán renovar las plantillas, aun cuando les falten muchos años para llegar a la edad jubilatoria, a un costo mucho menor.

La ley actual establece un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. No existe un límite a la cantidad de años a pagar.

La base neta de las extracciones de los rubros que dejan de considerarse para los cálculos tiene otro tope: no puede ser superado tres veces el promedio del convenio. O sea que si el promedio de convenio fuera de $300.000, el tope máximo de base sería $900.000. 

En 10 años, que es el límite de la antigüedad reconocido, el trabajador perdería 9 millones de pesos en la liquidación.

Forma de pago

Actualmente el pago debe ser íntegro y en un solo depósito dentro de los 4 días hábiles del despido. De lo contrario, corren intereses judiciales.

Con la reforma laboral, el empleador queda facultado para pagar la indemnización en un plan de pagos: hasta 12 cuotas mensuales, que en este caso darían de $833.333 por mes.

Ya no se toman las tasas activas o de capitalización que usaba la Justicia, sino que las cuotas se actualizan por IPC más un 3% de interés anual, lo cual reduce drásticamente el costo para la empresa si hay demora o litigio.

En el ejemplo del millón de base, el trabajador pasará de percibir una indemnización de $17.874.990 en un solo pago, a $10.000.000 financiados en un año.

En la práctica representa una quita nominal del 44% del capital, sin contar la pérdida de poder adquisitivo por la baja tasa de interés de las cuotas.

Detrás de las indemnizaciones

Lo que les cueste a los empleadores desprenderse de personal no es un tema menor al ser modificadas las reglas laborales.

Pero tampoco es un fin en sí mismo para las empresas que tienen que seguir funcionando, sino que las nuevas reglas alteran dinámicas internas, responsabilidades, formas de coordinación y criterios de decisión.

En la práctica, es en ese plano operativo donde se juegan buena parte de los resultados.

La experiencia en procesos de transformación organizacional muestra un patrón que se repite: el principal desafío no es cumplir la norma, sino rediseñar cómo se trabaja bajo un nuevo contexto.

Ante cambios regulatorios, muchas organizaciones reaccionan con medidas técnicas: revisión de contratos, adecuación de procesos o actualización de políticas internas. Son pasos necesarios, pero insuficientes si no se revisa el diseño real del trabajo.

Según McKinsey, el 70 % de las transformaciones no se sostiene en el tiempo por problemas de implementación, liderazgo y cultura, más que por estrategia o marco normativo. Entonces el foco está solo en cumplir, sin ordenar roles y flujos. Emerge la sobrecarga operativa, ambigüedad y fragmentación en la toma de decisiones.

Uno de los efectos menos visibles de los cambios normativos es el aumento de la carga operativa. Nuevas reglas mal traducidas al trabajo cotidiano generan más controles, tareas administrativas y coordinación.

De acuerdo a Gallup, el 44 % de los trabajadores globales reporta altos niveles de estrés diario, con América Latina entre las regiones más afectadas. En sistemas ya saturados, los cambios mal implementados aceleran el desgaste. 

El problema no es trabajar más horas, sino hacerlo con menos claridad y más fricción, plantea Agostina Pastoriza, Head de Recursos Humanos de Integralis Consulting. Y agrega: “La pregunta central para las organizaciones no es si acuerdan o no con una reforma, sino cómo impacta en su funcionamiento real y qué decisiones toman para adaptarse sin perder cohesión ni desempeño.

Con información de Noticias Argentinas.

La CGT confirmó que participará de las reuniones en el Senado previstas para la segunda quincena de enero, con el objetivo de impulsar cambios al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno. La modalidad de su intervención aún no está definida: evalúan enviar a dirigentes de segunda línea o directamente a sus asesores legales, según señalaron desde la conducción de Azopardo.

“No se definió todavía si van a ir los dirigentes o si al final van a mandar a sus representantes legales”, explicó a la agencia Noticias Argentinas una fuente de la central sindical, que en diciembre protagonizó una marcha a Plaza de Mayo en rechazo a la iniciativa oficial.

El proceso de negociación arrancará formalmente el viernes de la semana que viene, con la conformación de una comisión técnica en la Cámara Alta, que analizará los planteos tanto del movimiento obrero como del sector empresarial. La expectativa es que esa instancia derive en modificaciones al texto original, que luego se debatirá en el recinto el 10 de febrero.

Esta mesa de diálogo fue propuesta por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien en diciembre decidió postergar el tratamiento legislativo ante la resistencia sindical y la falta de consenso parlamentario.

La CGT rechaza varios puntos clave del proyecto, en particular el nuevo mecanismo de cálculo de las indemnizaciones, los artículos referidos a la actividad sindical y la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que considera regresivo.

Además, este martes, la central obrera sumó críticas al capítulo que modifica el régimen de obras sociales y los aportes patronales para la salud. Lo hizo a través de publicaciones en sus redes sociales, en las que alertó sobre el riesgo de desfinanciar el sistema solidario que sostiene la atención médica de millones de trabajadores y trabajadoras.

Si bien el oficialismo busca avanzar con parte del paquete laboral, la presión sindical logró abrir una instancia de negociación que podría limitar el alcance de la reforma. La decisión de la CGT de participar del debate —aunque sea con presencia técnica— responde a la necesidad de preservar derechos básicos y evitar retrocesos que afecten las condiciones laborales.

La estrategia también contempla una posible judicialización en caso de que el Congreso apruebe artículos considerados inconstitucionales por los laboralistas que asesoran a la central. A su vez, no se descarta que el plan de acción gremial incluya nuevas movilizaciones o medidas de fuerza en febrero si no se logran avances sustanciales en la comisión.

JJD

“La reforma laboral va a discutirse el 10 de febrero, no a libro cerrado”, anticipó Patricia Bullrich en su doble rol como vocera del Gobierno en el Congreso y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Con dictamen favorable desde diciembre y en plena tregua estival, el oficialismo prepara las condiciones para retomar el debate legislativo a partir de la segunda semana de enero y el objetivo de llevar el proyecto al recinto durante las sesiones extraordinarias, es decir antes de marzo.

El plan del Gobierno es aprobar en febrero una de sus reformas más ambiciosas: una modificación integral de la ley laboral con el argumento de “modernizar” las relaciones de trabajo y reducir los costos laborales. En los hechos, el proyecto avanza sobre derechos colectivos, elimina garantías vigentes y modifica de forma regresiva el régimen de contratación, indemnización y condiciones laborales.

El texto fue presentado como parte del paquete de reformas estructurales y tiene apoyo de varias cámaras empresarias. La CGT, en cambio, respondió con una movilización masiva en diciembre y prepara nuevos actos para febrero. Los sindicatos alertan que la propuesta oficial “rompe el equilibrio entre partes” y busca debilitar a las organizaciones gremiales al recortar financiamiento y limitar su rol en paritarias.

Uno de los puntos más conflictivos es la eliminación de las cuotas solidarias, el mecanismo por el cual los gremios reciben aportes de trabajadores no afiliados cuando existe un convenio colectivo firmado. El proyecto establece que los aportes solo podrán realizarse con consentimiento individual expreso, y los empleadores actuarán como agentes de retención únicamente para cuotas de afiliación voluntaria.

“Es un ataque directo a la sustentabilidad de los sindicatos”, advirtieron desde la conducción cegetista, que además ve con preocupación el intento de priorizar convenios por empresa por sobre convenios por rama de actividad. Esto atomiza la negociación colectiva, reduce el poder de los trabajadores y fortalece a las patronales en una relación estructuralmente desigual.

La reforma también propone eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir, la prórroga automática de sus efectos una vez vencido el plazo hasta que se firme uno nuevo. Este punto, considerado clave para preservar condiciones laborales frente a contextos de crisis, es presentado por el oficialismo como parte de una estrategia para “desburocratizar” el sistema de relaciones laborales.

En materia de despidos, el proyecto busca bajar el costo de las indemnizaciones, excluyendo ítems como aguinaldo, vacaciones u otros adicionales del cálculo compensatorio. Como alternativa, plantea la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que operaría como seguro ante la pérdida del empleo, a cambio de reducciones en las contribuciones patronales.

Además, la iniciativa incluye la implementación de un sistema de banco de horas, que permitiría a las empresas modificar los horarios laborales sin compensación previa. Para los gremios, esto habilita una disponibilidad permanente del trabajador sin garantía de previsibilidad, lo que impacta directamente en la vida cotidiana.

Otros puntos polémicos son el fraccionamiento de las vacaciones, la reducción de plazos de preaviso y la eliminación de la responsabilidad solidaria de empresas contratantes frente a tercerizadas, lo que abre la puerta a nuevas formas de precarización.

El Gobierno confía en su capacidad de negociación para conseguir los votos necesarios en el Senado, pero aún debe enfrentar la oposición sindical y social. La CGT anticipó que no se quedará de brazos cruzados y varias centrales provinciales ya preparan jornadas de protesta para febrero.

JJD

Este martes, el Consejo de Mayo formalizará ante el Congreso el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que hasta ahora circulaba en borrador entre senadores y referentes técnicos. La iniciativa, que incluye 182 artículos, busca modificar de raíz la estructura legal del trabajo en la Argentina. Y aunque el Gobierno la promueve como una “modernización”, los gremios y sectores de la oposición la señalan como una estrategia de flexibilización regresiva, individualización del vínculo laboral y disciplinamiento sindical.

El texto que se oficializa hoy incluye propuestas como:

• Convenios colectivos por empresa, que romperían la negociación por rama de actividad, debilitando el sistema de paritarias.

• Salarios por productividad o “dinámicos”, con criterios definidos por cada empleador.

• Banco de horas, que permitiría jornadas laborales de hasta 12 horas, a cambio de compensaciones futuras.

• Fondo de cese laboral, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnización por despido.

• Ampliación de los servicios esenciales, lo que en la práctica recortaría el derecho a huelga en más sectores productivos.

Desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien participará hoy de una reunión con el bloque de La Libertad Avanza para explicar el contenido del proyecto, se anticipa que el texto refleja “la visión oficial” pero podrá tener disidencias dentro del Consejo de Mayo.

Bullrich quiere presidir la comisión y se calienta el debate político

Aunque aún no comenzó el tratamiento legislativo, el debate político ya escaló. Según trascendió, Patricia Bullrich está presionando para presidir la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que tendrá a su cargo dictaminar sobre la reforma. La jugada generó tensión interna: “Bullrich se va a tener que adaptar a la salida del Ejecutivo. Los tiempos del Congreso no son iguales y sus compañeros de banca no son sus empleados”, deslizó una senadora, según el newsletter especializado Hecha la ley.

Bullrich fue una de las funcionarias más activas en la defensa pública del proyecto. En entrevistas recientes, aseguró que el sistema laboral argentino “expulsa trabajadores” y sostuvo que el salario por productividad “ya existe en muchos convenios”. También defendió la idea de avanzar con “servicios mínimos” más amplios para limitar las huelgas.

El Consejo de Mayo: apoyo empresarial, fisuras sindicales

El Consejo de Mayo, impulsado por el oficialismo como instancia multisectorial para dar respaldo a sus reformas estructurales, está integrado por figuras del empresariado, técnicos, legisladores y algunos dirigentes sindicales. Aunque no hubo una redacción consensuada, sus integrantes validaron la presentación del texto. Gerardo Martínez (Uocra) participó de las reuniones, pero ya advirtió que algunas propuestas no son compartidas por el sindicalismo dialoguista.

Del lado empresario, la UIA y otras cámaras apoyan con entusiasmo el paquete. Una de sus principales demandas es la baja del “costo laboral”, a través de una revisión de cargas patronales y del régimen de indemnizaciones.

Primer paro contra la reforma: ATE se moviliza el 9 de diciembre

El sindicato ATE, uno de los más activos en el rechazo al modelo laboral oficialista, convocó a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo lunes 9 de diciembre. La medida busca frenar el avance del proyecto y visibilizar el rechazo a una reforma “pro mercado”, según definió el secretario general Rodolfo Aguiar.

“No quieren mejorar la productividad ni hacer crecer la economía. Solo buscan disciplinar la fuerza de trabajo y debilitar los convenios colectivos”, advirtió el dirigente. ATE también denuncia que el proyecto excluye a trabajadores de plataformas y colaboraciones independientes de la Ley de Contrato de Trabajo, algo que se confirma en el borrador.

Un Congreso dividido y un escenario incierto

El tratamiento legislativo arrancará con reuniones informativas en el Senado, pero el oficialismo quiere aprobar la ley en sesiones extraordinarias durante el verano. Para eso necesita aliados. Gobernadores con bloques propios ya expresaron voluntad de diálogo, pero advirtieron que no convalidarán reformas “a libro cerrado”.

Mientras tanto, desde la CGT anticipan que toda modificación que afecte derechos adquiridos será judicializada. Incluso dentro del sindicalismo reformista hay dudas sobre puntos como el fondo de cese laboral, que puede convertirse en un impuesto al trabajo si no se financia adecuadamente, como advirtió el laboralista Julián de Diego en el programa A dos voces.

¿Modernización o ruptura del pacto laboral?

El oficialismo presenta su reforma como una actualización necesaria frente a “una legislación fosilizada” que no contempla el trabajo remoto, las plataformas o el multiempleo. Sin embargo, el texto va mucho más allá: reestructura el principio de favor en los juicios laborales, elimina artículos claves de la Ley de Contrato de Trabajo, deroga el Estatuto del Periodista Profesional y limita la responsabilidad solidaria entre contratistas.

Para el Gobierno, se trata de “salir de la cultura de la inflación y entrar en la de la eficiencia”. Para los gremios, se trata de una ofensiva antisindical, que atomiza a los trabajadores y los deja a merced de negociaciones desiguales con sus empleadores.

El Congreso tiene ahora la palabra. Y la calle, la primera respuesta.

JJD

La Ley de Modernización Laboral ya tiene letra chica. El texto completo, filtrado en las últimas horas, revela un proyecto de 182 artículos que apunta a redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. Incluye cambios sustanciales en el régimen de contratación, indemnizaciones, licencias, convenios colectivos y condiciones fiscales. También deroga normas con más de medio siglo de vigencia, como el Estatuto del Periodista Profesional.

La filtración del borrador se produce mientras el oficialismo acelera negociaciones parlamentarias. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, anticipó que la reforma será tratada en sesiones extraordinarias junto al Presupuesto 2026. “Vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, prometió.

1. Exclusiones: quién queda fuera del paraguas de la ley laboral

Uno de los cambios más estructurales es el recorte del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según el texto, quedarán fuera:

Este punto legaliza figuras laborales hoy consideradas fraudulentas o encubiertas, como los monotributistas dependientes, y deja a miles de trabajadores sin amparo sindical, vacaciones ni licencias.

2. Redefinición del principio de favor

El nuevo artículo 9° de la LCT establece que la interpretación más favorable al trabajador solo se aplicará por “instituciones” (es decir, bloques normativos), y no por cada cláusula o norma aislada. Esto debilita un principio clave del derecho laboral argentino, que históricamente prioriza la protección individual.

3. Cambios judiciales y “castigo” por reclamar de más

El proyecto introduce un nuevo criterio para costas judiciales: si un trabajador reclama un monto “excesivo” (pluspetición inexcusable), deberá pagar las costas junto a su abogado. Para gremios y juristas, esto desalienta el acceso a la Justicia y criminaliza la demanda laboral.

4. La pata fiscal: incentivos, exenciones y baja de impuestos

El capítulo fiscal busca atraer inversiones con alivios impositivos. Entre las medidas más destacadas se incluyen:

También se crea un Régimen de Incentivo para Inversiones Productivas (RIMI) destinado a MiPyMEs, con beneficios fiscales específicos.

5. Derogaciones: normas históricas que caen

El Título XXV del proyecto deroga artículos clave de la Ley 20.744, entre ellos:

La eliminación del estatuto de prensa implica un golpe directo a la organización sindical en medios de comunicación, y abre la puerta a regímenes más precarios de contratación.

6. El “modelo productivista”: convenios por empresa y salarios por mérito

La reforma impulsa la negociación colectiva descentralizada, permitiendo convenios por empresa. A su vez, elimina la “ultraactividad” (vigencia automática de convenios vencidos) y promueve aumentos por productividad individual, por encima de paritarias sectoriales.

Se habilita además la fragmentación de vacaciones, que podrán tomarse por períodos mínimos de una semana, lo que atenta contra el descanso continuo y la salud laboral.

7. Jornada extendida y fondo de cese: trabajo más largo, despido más barato

Aunque el Gobierno relativizó este punto en público, el borrador incluye la posibilidad de extender la jornada diaria de 8 a 12 horas mediante acuerdos y de implementar “bancos de horas” (compensación con francos en lugar de pago extra).

Respecto a los despidos, el proyecto:

Para la CGT, esto implica un “traslado del costo del despido al trabajador” y rompe con la lógica protectoria del sistema actual.

8. Escenario político y resistencias

Mientras el oficialismo se encolumna detrás de la narrativa de “modernización”, los sindicatos anuncian movilizaciones y denuncias judiciales. CTA, ATE, UTEP y la CGT ya anticiparon su rechazo y preparan medidas de fuerza.

Desde el oficialismo, Bullrich considera que el proyecto es “necesario para que los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que no será “de un día para el otro”.

Una reforma que busca cambiarlo todo

La propuesta oficial desarma pilares del derecho laboral argentino y redibuja el mapa de relaciones entre capital y trabajo. Para sus impulsores, es el paso necesario hacia un sistema más “eficiente y competitivo”. Para sus detractores, es una ofensiva sin precedentes contra los derechos laborales.

Como advirtió la CGT, “una reforma sin diálogo puede rebotar en la Justicia y generar más incertidumbre” . El Congreso, mientras tanto, se prepara para una batalla legislativa que marcará un antes y un después en el mundo del trabajo.

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La reforma laboral vuelve al centro del debate político. Aunque todavía no hay un proyecto presentado formalmente, voceros del Gobierno adelantaron que la iniciativa será tratada en sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre. Se enmarca en un paquete más amplio que incluiría reformas previsionales y fiscales. Desde el oficialismo aseguran que buscan acompañar el crecimiento con nuevas reglas. Desde la oposición y el sindicalismo, en cambio, advierten que no habrá generación de empleo sin una recuperación económica sostenida.

Una de las principales preocupaciones sindicales es la posible flexibilización de las condiciones de contratación y despido. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, planteó que “no se puede pensar una reforma laboral en un país en recesión” y recordó que las paritarias siguen pisadas, con aumentos limitados pese a la inflación. Según dijo, “la base de cualquier cambio debe ser el diálogo entre empleadores y trabajadores”.

El oficialismo, por su parte, insiste en que la legislación actual está “fosilizada” y no responde a las nuevas formas de trabajo. Durante el programa A dos voces, el laboralista Julián de Diego sostuvo que “hay convenios que no contemplan ni el celular” y defendió la idea de un “salario dinámico” que permita combinar básicos de convenio con premios por productividad. Este esquema, según explicó, “ya funciona en algunos sectores” y busca “salir de la cultura de la inflación para entrar en la de la eficiencia”.

Uno de los puntos que más controversia genera es el fondo de cese laboral, pensado como un sistema alternativo a las indemnizaciones. El proyecto contemplaría su financiamiento a través de reducciones impositivas. De Diego advirtió que, mal diseñado, el fondo podría convertirse en un nuevo “impuesto al trabajo”, pero destacó que se está discutiendo cómo sostenerlo sin afectar el salario ni la formalidad.

En relación con las indemnizaciones tradicionales, el Gobierno desmintió que vaya a imponer un tope, al menos para las relaciones laborales actuales. Según aclararon voceros cercanos al proyecto, el cálculo seguiría siendo un mes por año trabajado, con base en la mejor remuneración y un tope vinculado al convenio colectivo. “No se tocan los derechos adquiridos”, aseguraron desde La Libertad Avanza. Sin embargo, desde la CGT insistieron en que cualquier recorte “sería judicializado”.

Las pymes también fueron parte del eje del debate. Según datos citados en el programa, el costo laboral de un salario de $1.300.000 de bolsillo puede llegar a $2.300.000 para el empleador. La alta carga impositiva —entre impuestos nacionales, provinciales y municipales— desalienta la contratación. En ese marco, oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de avanzar en una reforma tributaria que alivie a los empleadores sin afectar el salario diferido (jubilación, obra social).

El sindicalismo y parte de la oposición plantearon que “la variable de ajuste es el trabajador”, ante un escenario de caída de empleo y recesión económica. Desde la CGT señalaron que en los últimos dos años se perdieron más de 250.000 puestos registrados. “Sin crecimiento no hay empleo genuino, y sin empleo no hay blanqueo posible”, resumieron.

Pese a las diferencias, hubo coincidencias en que la legislación necesita actualización, en especial para contemplar nuevas modalidades como el trabajo remoto, el multiempleo y los oficios ligados a las plataformas digitales. Pero la pregunta sigue siendo quién define esa modernización y bajo qué condiciones: una reforma sin diálogo, advirtieron desde la CGT, puede “rebotar en la justicia y generar más incertidumbre”.

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Javier Milei confirmó su intención de impulsar una reforma laboral tras las elecciones legislativas de 2025. Según declaraciones públicas y borradores legislativos vinculados a su espacio, el objetivo oficial es “modernizar” las relaciones laborales para fomentar el empleo privado formal. Sin embargo, la propuesta ya generó un fuerte rechazo de la CGT y una discusión abierta sobre su posible impacto estructural.

Aunque todavía no se presentó un proyecto definitivo en el Congreso, los textos preliminares —como el de la diputada Romina Diez— y las declaraciones de funcionarios como el secretario de Trabajo Julio Cordero permiten delinear los puntos principales de la iniciativa, que también toma elementos del DNU 70/2023 (declarado inconstitucional por la Justicia) y de la fallida Ley Bases.

1. Jornada laboral: más horas, menos extras

Uno de los aspectos más controversiales es la posible extensión de la jornada laboral legal de 8 a 12 horas diarias, algo que, según el borrador, se habilitaría mediante el artículo 197 bis. Este cambio permitiría, además, implementar “bancos de horas” para que las horas extras se compensen con francos en lugar de pagarse con recargo.

Desde el Gobierno, Federico Sturzenegger negó que se planee formalmente ampliar la jornada, pero el texto impulsado por Diez sí lo contempla. Para especialistas del área laboral, como Joan Vezzato de Fundar, esta medida implicaría una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas.

2. Indemnizaciones: de una vez a cuotas

El proyecto oficial también busca cambiar el régimen de despidos. Se permitiría pagar las indemnizaciones judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, lo que abarataría el costo del despido para las empresas. Además, se avanzaría en el reemplazo del sistema actual por un fondo de cese laboral similar al que rige en la construcción, con aportes mensuales, aunque sin claridad aún sobre su financiamiento.

La CGT ya rechazó enfáticamente esta posibilidad, por considerarla un retroceso en derechos adquiridos. Empresarios, en cambio, señalan que estos cambios brindarían previsibilidad y facilitarían nuevas contrataciones.

3. Convenios colectivos: más empresa, menos actividad

Otra modificación sustancial es la posibilidad de negociar convenios por empresa, en lugar de hacerlo por actividad. Esta estrategia busca, según Cordero, adaptar los acuerdos laborales al tamaño y la localización de cada firma, y permitir aumentos por productividad.

Sin embargo, el proyecto también eliminaría la “ultraactividad”, es decir, la vigencia automática de los convenios vencidos hasta que se firme uno nuevo. Esto podría dejar sin efecto beneficios como adicionales por antigüedad, zona desfavorable o títulos académicos, salvo que se negocien nuevamente.

Para los sindicatos, esto fragmenta la negociación colectiva y debilita la capacidad organizativa de los trabajadores. Para las cámaras empresarias, en cambio, se trata de una medida necesaria para que el sistema laboral sea “más realista y competitivo”.

4. Vacaciones: más fragmentadas

El proyecto permitiría que las vacaciones se fraccionen en períodos más cortos, con un mínimo de una semana, en vez de tomarse en bloques más amplios como hasta ahora. La fragmentación flexibiliza la gestión interna de las empresas, pero reduce el descanso continuo de los trabajadores, una cuestión que también genera tensiones entre productividad y salud laboral.

5. Salarios: productividad por encima de paritarias

Finalmente, se propone modificar la lógica de aumentos salariales. En lugar de paritarias nacionales por rama, se plantean aumentos atados al rendimiento individual o por empresa. Esto implicaría la fijación de un piso mínimo, pero con escalas diferenciadas según la productividad de cada trabajador o unidad económica.

Para sectores gremiales, esto aumentaría la discrecionalidad y la presión interna, generando desigualdad entre trabajadores de una misma actividad. Para el Gobierno, en cambio, la medida apunta a incentivar la eficiencia y el mérito individual.

Posiciones enfrentadas

El Gobierno de Milei sostiene que la reforma busca reducir la informalidad y fomentar la contratación formal. La informalidad laboral alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según el Indec. Para el oficialismo, el actual marco legal desalienta el empleo privado, especialmente en PyMEs.

La CGT, en cambio, rechaza de plano el proyecto, al que considera una réplica del DNU 70/23. Según Gerardo Martínez (Uocra), se trata de “una reforma que precariza” y que ataca los pilares de la negociación colectiva, las indemnizaciones y los derechos laborales básicos.

El empresariado valora varios de los cambios propuestos. La eliminación de cargas impositivas sindicales obligatorias y la previsibilidad en materia de despidos son, para muchas firmas, medidas esperadas desde hace décadas.

La oposición política mantiene posiciones divididas. Algunos sectores del radicalismo o del PRO podrían acompañar partes del proyecto, mientras que el peronismo, el Frente de Izquierda y otras fuerzas expresaron su rechazo total.

Lo que viene

El texto final aún no fue presentado en el Congreso, pero se espera que el Ejecutivo lo impulse formalmente antes de fin de año, como parte de un paquete más amplio que incluiría también una reforma impositiva. El Consejo de Mayo, que reúne a sindicatos y empresarios, será clave para intentar acercar posiciones, aunque el conflicto parece inevitable.

La reforma laboral de Milei se inscribe en una disputa de fondo sobre el modelo de trabajo en Argentina. Sus efectos dependerán no solo de lo que diga la ley, sino también de su implementación y de la capacidad de organización de los actores involucrados.

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El Gobierno nacional avanzó este lunes en una reforma del mecanismo de indemnizaciones laborales al publicar el marco regulatorio del fondo que podrán crear empresas y trabajadores para atender las obligaciones que deriven de un despido.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 1071/2025 el marco regulatorio para lo que denomina “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”.

De acuerdo al gobierno, este sistema busca ofrecer una alternativa a la indemnización por antigüedad y otros rubros indemnizatorios por cese laboral.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, precisó que este mecanismo quedó aprobado por el “Artículo 96 de la Ley Bases 27.742 que permite a los participantes de una convención colectiva armar su propio sistema de indemnización (”Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744. En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina“).

“Lo pueden hacer como quieran, con una única condición: la participación es voluntaria tanto para empresas como trabajadores. Este último punto es esencial, solo con esta premisa sabemos que el sistema será beneficioso para ambos”, indicó.

Los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral son herramientas financieras diseñadas para acumular fondos que puedan reemplazar la indemnización por antigüedad, establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y otras compensaciones por desvinculación laboral.

La CNV los define como “Fondos Comunes de Inversión Abiertos” y establece que todos los instrumentos bajo este régimen deberán incluir obligatoriamente la expresión “Cese Laboral” en su denominación para una clara identificación.

El sistema de cese laboral se establece mediante Acuerdos o Convenciones Colectivas de Trabajo.

Los empleadores y trabajadores tienen la libertad de pactar el porcentaje de la remuneración o un monto fijo que el empleador aportará, así como la periodicidad de dicho aporte. Las contribuciones pueden ser realizadas por ambas partes, a nivel individual, a nivel de empresa o a nivel de sector.

Una característica especial de estos fondos es que son inembargables por los acreedores de los trabajadores o empleadores, por deudas de cualquier naturaleza.

Además, los bienes y rentas que componen el patrimonio de estos productos están exclusivamente destinados a generar las prestaciones de acuerdo con lo acordado en las Convenciones Colectivas de Trabajo y las normas aplicables.

Si los aportes provienen de empleadores, las cuotapartes o valores fiduciarios “estarán cedidos con condición suspensiva a favor de los trabajadores, de la empresa o del sector”, lo que significa que el trabajador adquiere derechos sobre ellos bajo ciertas condiciones.

La CNV es la como la “autoridad de control y supervisión” de las disposiciones relativas a este Fondo de Cese Laboral.

Su función es garantizar que las entidades administradoras o fiduciarias mantengan una “política de inversión adecuada”.

La resolución actual incorpora un “régimen especial de Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral” dentro de las Normas de la CNV.

El nuevo sistema contempla dos modalidades principales:

1 - Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Cese Laboral:

2 - Fideicomisos Financieros (FF) de Cese Laboral:

Qué dice la reforma laboral que se aprobó Diputados en abril de 2024

Entre las principales reformas del mundo del trabajo contenidas en el proyecto de ley Bases para la Libertad figuran las siguientes:

Con información de agencias.

IG