En la nueva fase de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza, reaparecen los nombres de siempre, aunque nadie los mencione oficialmente. La foto no circuló, pero existió: Tomás Vidal, gerente de Move Group y socio de Santiago Caputo, se reunió la semana pasada en Casa Rosada con dirigentes del armado libertario en la provincia de Buenos Aires. El encuentro tuvo lugar en las oficinas de Eduardo “Lule” Menem, en el primer piso de Balcarce 50. Fue el gesto inaugural de una tregua: tras semanas de roces y exclusiones, el asesor más influyente de Javier Milei vuelve a tener presencia activa en la campaña que buscará consolidar poder territorial el 7 de septiembre.

La intervención de Vidal marca el regreso operativo de Move Group al escenario electoral bonaerense. Según fuentes al tanto del acuerdo, Caputo se ocupará de la estrategia discursiva mientras Sebastián Pareja retendrá el control territorial. “Nada de actos ni liturgia vieja. Todo territorio y medios”, sintetizan en el comando de campaña. La consigna busca conectar con la experiencia exitosa del 18 de mayo en la Ciudad, donde el vocero presidencial, Manuel Adorni, capitalizó el voto propio y el acompañamiento directo de Milei.

Tras el convulsionado cierre de listas del 19 de julio, el armado bonaerense había sido blindado por Karina Milei y Lule Menem, con el objetivo de dejar afuera cualquier intervención externa. El corrimiento de Caputo formó parte de esa lógica. Pero con el correr de los días, el malestar entre las bases digitales y la caída en la competitividad electoral en secciones clave del conurbano activaron alarmas. El jefe de Gabinete Guillermo Francos ofició de mediador. Milei habilitó el acuerdo.

Move Group, cuya razón social es Green Consult SRL, nació en 2013 de la mano de Rodrigo Lugones y Guillermo Garat, dos discípulos de Jaime Durán Barba. Ese mismo año se sumó Caputo como junior. Según el libro El Monje, de Maia Jastreblansky y Manuel Jove, a partir de entonces “las identificaciones ideológicas quedaron a un lado y la nueva filosofía del grupo pasó a ser trabajar para el que mejor pagara. O, mejor dicho, para todos los que pagaran”.

La consultora que hoy vuelve a escena no figura como tal. Ninguno de sus fundadores aparece vinculado formalmente a la empresa. En los papeles, los únicos gerentes registrados de Move Group son Vidal y Diego “Derek” Hampton. Pero los vínculos con sus antiguos socios están lejos de haberse roto. En El Monje, los biógrafos de Caputo detallan el modelo interno: “Los asociados de la consultora jamás figuraron en ningún papel porque los vínculos comerciales entre los consultores estaban sellados mediante convenios privados. Si alguien traía un cliente, las ganancias se distribuían con el siguiente esquema: el 50% quedaba para la empresa, el 25% iba a los bolsillos de quien había conseguido el negocio (el finder’s fee) y el 25% se distribuía entre quienes efectivamente se ocuparían de desarrollar la campaña”.

Historias cruzadas

Lugones fue el mentor inicial de Caputo y es considerado hoy el más influyente de los exsocios fundadores. Aunque vive en Madrid desde 2022 –a donde se mudó para darle una educación europea a su hija mayor–, sigue siendo una figura gravitante en múltiples decisiones del gobierno libertario. “Rolo” sobrevuela el área de Salud –donde su padre, Mario, es ministro–, escucha a las prepagas y también opina sobre los destinos de activos estatales que Milei busca privatizar: IMPSA, Arsat, Trenes Argentinos, Correo Oficial. También se lo menciona como influencia sobre el Enacom, el PAMI, la SIDE, y en conflictos estratégicos como la disputa entre laboratorios nacionales e internacionales. Su campaña consagratoria, según El Monje, fue en 2009, cuando diseñó la comunicación de Francisco De Narváez en la elección que enfrentó a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

Garat, en tanto, ocupa hoy un lugar clave en el entramado comunicacional del Gobierno. Exsocio de Caputo y cofundador de Move Group, fue designado como vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF. Desde allí, “Guillo” maneja una estructura de asignación publicitaria que combina auspicios, patrocinios y convenios con fundaciones, todo por fuera del radar del control público. En 2024, bajo su órbita, YPF destinó $97.110 millones en publicidad, un 39,9% más que en el último año del gobierno de Alberto Fernández. Solo en el primer semestre de gestión libertaria, la cifra trepó a $33.000 millones. El dato, revelado por el investigador del Conicet Agustín Espada, encendió las alarmas: esa caja se convirtió en la vía paralela para financiar medios afines, luego de que la Jefatura de Gabinete recortara la pauta directa.

Una lógica pragmática atraviesa toda la historia de Move Group. En 2023, durante la campaña nacional, trabajó para todos los espacios competitivos. Mientras Caputo asesoró a Milei y Garat participó del operativo fallido para instalar a Eduardo “Wado” de Pedro como candidato presidencial del peronismo, el otro gerente de la consultora, Derek Hampton, comandó la estrategia de Patricia Bullrich. En la actualidad, trabaja para los gobernadores patagónicos Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, según escribió la periodista Giselle Leclercq en Perfil, y mantiene contacto directo con su primo Julián Ross Hampton, director de Estudios de la Gestión Gubernamental de la Jefatura de Gabinete, que responde a Caputo y tiene a su cargo la contratación de encuestas oficiales.

Algo similar ocurre con Tomás Vidal. Su primo, Manuel Vidal, es hoy uno de los operadores políticos más activos en el entorno de Caputo. Exasesor del PRO, intentó sin éxito convertirse en el principal articulador legislativo del oficialismo en la Cámara de Diputados tras el desembarco de Milei en el poder. La jugada terminó en un cortocircuito. En diciembre, cuando impulsó un intento por forzar sesiones extraordinarias antes de Navidad, fue desautorizado por el propio Guillermo Francos y frenado de plano por Martín Menem.

Desde entonces, “Manu” opera en las sombras, pero sigue siendo señalado por sus adversarios internos. En el entorno de los Menem lo responsabilizan por la difusión de los contratos entre Tech Security —la empresa que integraba el ahora diputado riojano— y el Banco Nación, un escándalo que golpeó también a la pareja del vicedirector del banco, Darío Wasserman, y a Pilar Ramírez, legisladora porteña y armadora cercana a Karina Milei.

En medio de la dinámica expansiva que caracteriza a Move Group, no sorprende que Garat hoy maneje la pauta oficial desde YPF. Ni que Lugones se haya convertido en un asesor omnipresente que piensa estrategias, escucha empresarios y da recomendaciones sobre qué hacer con las empresas públicas. Lo que parece haberse instalado es un modo de hacer política: sin designaciones, sin nombramientos, pero con presencia constante en la toma de decisiones. Ni dentro ni fuera del Gobierno. Y siempre disponibles para trabajar, si el cliente paga.

PL/MG

El golpe no fue solo judicial. Fue político, económico y diplomático. Este lunes, la jueza Loretta Preska resolvió que el Estado argentino debe entregar el 51% de sus acciones de YPF como parte de la sentencia por la estatización de 2012, al dar por acreditado que la expropiación fue irregular. El fallo, esperado pero no por eso menos grave, fija un plazo de 14 días para concretar la transferencia de ese paquete accionario en favor del fondo Burford Capital, actual titular de los derechos litigiosos adquiridos al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y ordena además el pago de US$16.000 millones.

Si el Estado no cumple en tiempo y forma, Burford quedará habilitado para avanzar con embargos sobre otros activos argentinos, tanto dentro como fuera del país. La decisión activó de inmediato los resortes del poder libertario: ayer, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete con todos sus ministros, la primera en casi dos meses. En el centro de la escena, una amenaza cada vez más difícil de neutralizar: perder el control de la mayor empresa del país.

La resolución de Preska fue el desenlace de un largo proceso judicial. En 2024, la jueza había habilitado el discovery, el mecanismo por el cual el fondo Burford Capital pedía acceder a correos, documentos y evidencia para intentar probar que YPF no es una empresa independiente, sino un alter ego del Estado argentino. Esa figura, clave en el reclamo del fondo litigante, busca demostrar que la petrolera no toma decisiones de forma autónoma, sino que actúa como una extensión operativa del gobierno, sea cual sea su signo político.

En otras palabras: si la jueza acepta ese argumento, Burford podría avanzar directamente contra los activos de la compañía, incluso después de que en 2023 la propia Preska la había exonerado formalmente del juicio. El vínculo entre el poder político y el manejo operativo de YPF es una de las bases de ese razonamiento. Muy lejos del relato de “pauta cero”, el crecimiento de la publicidad oficial durante el gobierno de La Libertad Avanza a través de empresas del Estado sostiene una matriz que el gobierno prometía desmontar.

Los números son contundentes. En 2024, YPF gastó $97.110 millones en publicidad, un 39,9% más que en el último año del gobierno de Alberto Fernández. Solo en el primer semestre de gestión libertaria, la cifra trepó a $33.000 millones. La cifra fue revelada por el investigador del Conicet Agustín Espada, quien analizó los balances oficiales y advirtió que ese dinero se convirtió en la nueva “caja” del gobierno de Milei para financiar medios afines, una vez cortada la pauta directa desde la Jefatura de Gabinete. “Es un monto muy alto que, en buena medida, reemplaza lo que Milei recortó en gasto publicitario del gobierno central”, explicó. Espada también cuestionó la falta total de transparencia: no hay datos públicos sobre qué medios, periodistas o productoras cobraron esos fondos.

En el corazón de ese esquema aparece Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF y exsocio del asesor presidencial Santiago Caputo en la consultora Move. En ese estudio también figura Rodrigo Lugones, hijo del ministro de Salud. Garat, que en 2023 participó del operativo fallido para instalar a Wado de Pedro como candidato presidencial del peronismo, hoy maneja desde la petrolera una estructura de asignación publicitaria que combina auspicios, patrocinios y convenios con fundaciones. Todo por fuera del radar del control público.

Es que mientras el Gobierno insiste en que la pauta oficial fue eliminada, la Justicia empieza a desmentirlo. En marzo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de la periodista de PERFIL, Giselle Leclercq, y ordenó a Aerolíneas Argentinas entregar los datos sobre sus gastos en publicidad. La empresa estatal había intentado blindar esa información invocando “secretos comerciales”. Pero tras perder en segunda instancia, se comprometió a publicar los datos en su portal de Transparencia Activa. En total, informó que destinó USD 2,58 millones a pauta durante 2024.

La sentencia marcó un precedente. Hasta entonces, Aerolíneas, YPF y otras empresas con participación estatal se habían negado a informar cómo distribuyen sus fondos de publicidad. La presión judicial forzó un cambio. Y aunque la aerolínea no respondió todas las preguntas, reveló montos y beneficiarios principales, incluyendo cifras millonarias asignadas a plataformas digitales y medios.

Alcance del discovery

La avanzada judicial de Burford Capital tuvo un punto de inflexión en agosto del año pasado, cuando el fondo solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York ampliar el alcance del discovery para acceder a correos electrónicos y mensajes personales de 26 funcionarios argentinos, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor presiencial Santiago Caputo y Sergio Massa. El pedido incluyó la revisión de comunicaciones transmitidas a través de cuentas no gubernamentales como Gmail, WhatsApp o Slack, en un intento por probar que entidades como YPF, el Banco Nación y el Banco Central no operan de forma autónoma, sino como instrumentos directos del Poder Ejecutivo. “La República se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno”, planteaba el escrito presentado por los demandantes.

En ese mismo documento, Burford argumentó que “el descubrimiento de méritos demostró que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a través de cuentas de correo electrónico no gubernamentales en sus capacidades oficiales”, y que las discusiones internas sobre YPF y el BCRA también son esenciales para probar el control estatal sobre esas entidades.

Un mes más tarde, el Estado argentino envió una carta a Preska argumentando que es “imposible” e “ilegal” entregar las conversaciones de funcionarios a través de mensajes de WhatsApp o correos electrónicos de Gmail, en un nuevo intento por limitar un pedido de acceso a información oficial. Los abogados de la Argentina insistieron además a Preska que deje afuera del proceso a los funcionarios. Y también que limite la divulgación de información solo a “comunicaciones gubernamentales externas”, y deje afuera las deliberaciones internas.

El Gobierno ya anunció que apelará el fallo, luego de que Milei culpó públicamente a Axel Kicillof por la expropiación de YPF en 2012. Pero mientras el Presidente publicaba insultos en redes, en la Casa Rosada se activaba el modo crisis. El mismo lunes, altos funcionarios con llegada a Washington y asesores jurídicos se reunieron en privado para delinear los próximos pasos. El vocero Manuel Adorni sostuvo anoche que el fallo es “jurídicamente inaplicable”: aseguró que contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada, y “desconoce la inmunidad soberana”.

La defensa judicial, sin embargo, quedó golpeada. El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, tuvo que excusarse del caso por haber integrado previamente el estudio de Alberto Bianchi, uno de los juristas que colaboraron con Burford en la demanda. La salida del funcionario, que fuera nombrado por Santiago Caputo a principio de año, dejó al Estado sin su abogado principal en una causa que podría marcar un hito en el sistema legal internacional.

PL/JJD