Juicio por YPF: publicidad y caja política, el costoso talón de Aquiles del gobierno de Milei
El golpe no fue solo judicial. Fue político, económico y diplomático. Este lunes, la jueza Loretta Preska resolvió que el Estado argentino debe entregar el 51% de sus acciones de YPF como parte de la sentencia por la estatización de 2012, al dar por acreditado que la expropiación fue irregular. El fallo, esperado pero no por eso menos grave, fija un plazo de 14 días para concretar la transferencia de ese paquete accionario en favor del fondo Burford Capital, actual titular de los derechos litigiosos adquiridos al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y ordena además el pago de US$16.000 millones.
Si el Estado no cumple en tiempo y forma, Burford quedará habilitado para avanzar con embargos sobre otros activos argentinos, tanto dentro como fuera del país. La decisión activó de inmediato los resortes del poder libertario: ayer, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete con todos sus ministros, la primera en casi dos meses. En el centro de la escena, una amenaza cada vez más difícil de neutralizar: perder el control de la mayor empresa del país.
La resolución de Preska fue el desenlace de un largo proceso judicial. En 2024, la jueza había habilitado el discovery, el mecanismo por el cual el fondo Burford Capital pedía acceder a correos, documentos y evidencia para intentar probar que YPF no es una empresa independiente, sino un alter ego del Estado argentino. Esa figura, clave en el reclamo del fondo litigante, busca demostrar que la petrolera no toma decisiones de forma autónoma, sino que actúa como una extensión operativa del gobierno, sea cual sea su signo político.
En otras palabras: si la jueza acepta ese argumento, Burford podría avanzar directamente contra los activos de la compañía, incluso después de que en 2023 la propia Preska la había exonerado formalmente del juicio. El vínculo entre el poder político y el manejo operativo de YPF es una de las bases de ese razonamiento. Muy lejos del relato de “pauta cero”, el crecimiento de la publicidad oficial durante el gobierno de La Libertad Avanza a través de empresas del Estado sostiene una matriz que el gobierno prometía desmontar.
Los números son contundentes. En 2024, YPF gastó $97.110 millones en publicidad, un 39,9% más que en el último año del gobierno de Alberto Fernández. Solo en el primer semestre de gestión libertaria, la cifra trepó a $33.000 millones. La cifra fue revelada por el investigador del Conicet Agustín Espada, quien analizó los balances oficiales y advirtió que ese dinero se convirtió en la nueva “caja” del gobierno de Milei para financiar medios afines, una vez cortada la pauta directa desde la Jefatura de Gabinete. “Es un monto muy alto que, en buena medida, reemplaza lo que Milei recortó en gasto publicitario del gobierno central”, explicó. Espada también cuestionó la falta total de transparencia: no hay datos públicos sobre qué medios, periodistas o productoras cobraron esos fondos.
En el corazón de ese esquema aparece Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF y exsocio del asesor presidencial Santiago Caputo en la consultora Move. En ese estudio también figura Rodrigo Lugones, hijo del ministro de Salud. Garat, que en 2023 participó del operativo fallido para instalar a Wado de Pedro como candidato presidencial del peronismo, hoy maneja desde la petrolera una estructura de asignación publicitaria que combina auspicios, patrocinios y convenios con fundaciones. Todo por fuera del radar del control público.
Es que mientras el Gobierno insiste en que la pauta oficial fue eliminada, la Justicia empieza a desmentirlo. En marzo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de la periodista de PERFIL, Giselle Leclercq, y ordenó a Aerolíneas Argentinas entregar los datos sobre sus gastos en publicidad. La empresa estatal había intentado blindar esa información invocando “secretos comerciales”. Pero tras perder en segunda instancia, se comprometió a publicar los datos en su portal de Transparencia Activa. En total, informó que destinó USD 2,58 millones a pauta durante 2024.
La sentencia marcó un precedente. Hasta entonces, Aerolíneas, YPF y otras empresas con participación estatal se habían negado a informar cómo distribuyen sus fondos de publicidad. La presión judicial forzó un cambio. Y aunque la aerolínea no respondió todas las preguntas, reveló montos y beneficiarios principales, incluyendo cifras millonarias asignadas a plataformas digitales y medios.
Alcance del discovery
La avanzada judicial de Burford Capital tuvo un punto de inflexión en agosto del año pasado, cuando el fondo solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York ampliar el alcance del discovery para acceder a correos electrónicos y mensajes personales de 26 funcionarios argentinos, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor presiencial Santiago Caputo y Sergio Massa. El pedido incluyó la revisión de comunicaciones transmitidas a través de cuentas no gubernamentales como Gmail, WhatsApp o Slack, en un intento por probar que entidades como YPF, el Banco Nación y el Banco Central no operan de forma autónoma, sino como instrumentos directos del Poder Ejecutivo. “La República se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno”, planteaba el escrito presentado por los demandantes.
En ese mismo documento, Burford argumentó que “el descubrimiento de méritos demostró que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a través de cuentas de correo electrónico no gubernamentales en sus capacidades oficiales”, y que las discusiones internas sobre YPF y el BCRA también son esenciales para probar el control estatal sobre esas entidades.
Un mes más tarde, el Estado argentino envió una carta a Preska argumentando que es “imposible” e “ilegal” entregar las conversaciones de funcionarios a través de mensajes de WhatsApp o correos electrónicos de Gmail, en un nuevo intento por limitar un pedido de acceso a información oficial. Los abogados de la Argentina insistieron además a Preska que deje afuera del proceso a los funcionarios. Y también que limite la divulgación de información solo a “comunicaciones gubernamentales externas”, y deje afuera las deliberaciones internas.
El Gobierno ya anunció que apelará el fallo, luego de que Milei culpó públicamente a Axel Kicillof por la expropiación de YPF en 2012. Pero mientras el Presidente publicaba insultos en redes, en la Casa Rosada se activaba el modo crisis. El mismo lunes, altos funcionarios con llegada a Washington y asesores jurídicos se reunieron en privado para delinear los próximos pasos. El vocero Manuel Adorni sostuvo anoche que el fallo es “jurídicamente inaplicable”: aseguró que contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada, y “desconoce la inmunidad soberana”.
La defensa judicial, sin embargo, quedó golpeada. El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, tuvo que excusarse del caso por haber integrado previamente el estudio de Alberto Bianchi, uno de los juristas que colaboraron con Burford en la demanda. La salida del funcionario, que fuera nombrado por Santiago Caputo a principio de año, dejó al Estado sin su abogado principal en una causa que podría marcar un hito en el sistema legal internacional.
PL/JJD
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