Apenas unas horas después de que la Cámara Federal de San Martín le concediera la excarcelación a Eva Mieri, la concejal de Quilmes detenida durante 20 días por haber participado de un escrache en la casa de José Luis Espert, la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados protagonizó una jornada dedicada a denunciar la violencia política y la persecución judicial contra mujeres.

“La familia de Mieri se tuvo que retirar porque es inminente la excarcelación”, anunció la presidenta de la comisión, Mónica Macha, y los diputados y diputadas presentes estallaron en aplausos. Apenas quedaban legisladores, sin embargo: la comisión se había reunido hacía unas horas y la mayoría de los diputados había definido abandonar la reunión poco después de que se repudiara el ataque homofóbico contra Esteban Paulón. Sólo seguían algunos dirigentes del peronismo, la izquierda y el socialismo. El resto, en cambio, no quiso formar parte de un encuentro que tenía como objetivo denunciar la actuación de José Luis Espert y la jueza Sandra Arroyo Salgado.

“Parece que la solidaridad tiene sesgos. Es un mal presagio”, advirtió la subsecretaria de Políticas de Género bonaerense, Lucía Portos, poniendo el dedo en la llaga. Portos fue invitada por Macha para contar la historia de Eva Mieri y Alexia Abaigar, dos de las militantes y funcionarias peronistas que habían sido detenidas por participar de un escrache en la casa de Espert.

Tanto Mieri como Abaigar fueron apresadas, hace casi un mes, por colocar un pasacalle y tirar bosta en la entrada de la casa del diputado libertario. Estuvieron detenidas durante más de 20 días: Abaigar logró la prisión domiciliaria pero con tobillera electrónica. Mieri, la concejala de Quilmes, pasó casi todos los días detenida en una prisión federal. Su familia y compañeros de militancia se enteraron de su detención por un tuit de Patricia Bullrich.

“Tuvimos que salir a buscar a Alexia por las comisarías. Nadie sabía de su detención, nadie sabía de qué se la acusaba. Y de repente nos enteramos que estaba presa Alexia, estaba presa su mamá, y estaba presa una ex pareja de Alexia porque tenía una cédula azul. Es un delirio”, relató Portos, quien celebró que hubieran liberado a Eva, pero le pidió a la Cámara de Diputados que formalizara un repudio por lo que había sucedido: “¿Cuánto tiempo de prohibición de salida del país van a soportar? ¿Cuántos martes de firmar en el juzgado? ¿Cuánto tiempo le vamos a dejar a Arroyo Salgado hacer lo que quiera?”, inquirió.

A unos metros, más tímida, estaba la madre de Alexia Abaigar. “A mi me allanaron, me encarcelaron y esposaron para ir a declarar por ser madre de una militante peronista”, relató Eva Teresa Pietravallo, quien explicó que el único motivo por el cual le habían concedido prisión domiciliaria a su hija fue porque padecía una enfermedad que requería controles y medicamentos. Originalmente, Arroyo Salgado, jueza de la causa, habia exigido 30 millones de pesos de caución, pero terminó moderando sus exigencias: el martes, cuando ya se estaban cumpliendo los 21 días de detención, la Cámara Federal le ordenó bajar la fianza a 2 millones de pesos.

“Esperemos que Alexia pueda estar pronto en libertad”, se limitó a agregar su madre.

Más críticas a Espert

La denuncia por la situación judicial de Mieri y Abaigar no fue, sin embargo, el único cuestionamiento que se le hizo a Espert durante la reunión. Más temprano, las diputadas del peronismo avanzaron con dictaminar, con apoyo de la Coalición Cívica, una serie de proyectos de repudio contra el diputado libertario por lo que dijo respecto a Florencia Kirchner en una cumbre de Comunicación Política de la UCA. “Cómo no vas a estar amargada si sos una hija de una gran puta”, la insultó Espert, entonces.

“Espert es un cobarde. Atacar a la hija de un dirigente político no es otra cosa que cobardía”, cuestionó la camporista Florencia Carignano, que ya se había trenzado a los gritos con Espert en la última sesión de la Cámara de Diputados, que se terminó cayendo por falta de quórum cuando un grupo de diputadas peronistas se acercaron a gritarle a Espert en su banca.

A diferencia de otros bloques, los diputados de La Libertad Avanza sí participaron de la reunión, pero no dijeron ni pío en defensa de Espert. Solo se limitaron a presentar un dictamen de rechazo. Ninguno quiso tomar la palabra en su defensa.

MC/MG

La Cámara Federal de San Martín ordenó la excarcelación de la concejala de Quilmes Eva Mieri, detenida por haber participado junto a otras dirigentes kirchneristas de un escrache en la casa del diputado José Luis Espert. Además, los jueces redujeron de $30 millones a $2 la fianza para Alesia Abaigar, quien se encuentra con prisión domiciliaria.

Los jueces señalaron que “el riesgo procesal de fuga tampoco aparece” en el caso de Mieri y valoraron que haya aportado “voluntariamente su teléfono celular que, incluso, carecía de una clave de desbloqueo”. Por esa razón, concluyeron que “no se explican cuáles serían, por caso, aquellas diligencias probatorias que podrían verse frustradas o entorpecidas en caso de que la causante recupere su libertad ambulatoria”.

Mieri y Abaigar fueron detenidas junto con otros dirigentes peronistas luego de haber participado en un escrache en la casa del diputado libertario en el que le arrojaron bosta. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado tiene a su cargo la causa por la que fueron acusados de “atentado contra el orden público en concurso real con amenazas coactivas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas, a través de la malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley”.

Los magistrados de la Cámara remarcaron que en el caso de Mieri “debe ponderarse el comportamiento asumido por Mieri al allanarse su domicilio en cuanto se identificó correctamente y, en concreto, no evidenció una intención elusiva”,

Mieri, presidenta del bloque del Partido Justicialista en Quilmes, fue detenida el 2 de julio junto con Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes quienes ya fueron excarcelados.

El operativo, que incluyó procedimientos en el edificio municipal de Quilmes y domicilios particulares de varias localidades bonaerenses, derivó también en la detención de tres militantes de La Cámpora, acusados de participar en la planificación y ejecución del hecho. Según la investigación, una de las mujeres estaría directamente relacionada con una camioneta Chevrolet S-10 presuntamente utilizada durante el episodio.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habia celebrado la detencion y en su cuenta de X publicó : “La concejal tira caca, detenida. De día, concejal de Quilmes. De noche, planificaba y ejecutaba ataques a opositores y sus familias. Ella y todos sus cómplices ya lo saben: las hacen, las pagan”.

Las detenciones a cinco jóvenes militantes en la “causa Espert” -con el trasfondo de múltiples allanamientos y detenciones a organizaciones sociales desde 2024 y la reciente detención y proscripción de Cristina Fernández- forman parte de un conjunto de acciones y mensajes de los poderes del Estado dirigidos a generar una conciencia extendida de que las prácticas organizativas y expresivas de los activismos están en un horizonte de riesgo y son pasibles de ser ilegalizadas.

En estos últimos 40 años existieron intervenciones estatales autoritarias contra la acción política, entre las que se destacan la represión y la criminalización. Así entendimos las respuestas judiciales y/o políticas contra acciones colectivas, generalmente protestas sociales. Esta criminalización es una forma de regulación político-penal de la acción política: el procesamiento judicial de activistas, manifestantes y referentes sociales, políticos o sindicales por participar en protestas, a los que se acusó con figuras penales para reprocharles las formas o los tiempos de sus acciones. El esquema típico arranca con una imputación no grave (de expectativa de penas bajas), pero que exige que el o la referente esté sometido a proceso, que su organización se retire de la calle a los tribunales y destine recursos de todo tipo a sostener la libertad del acusado o acusada. Todo con un costo reputacional para la persona y su espacio social y político. La sospecha que queda es mayor cuando se suma una acusación de corrupción. En general, la acusación original se desmorona en la instrucción o en el juicio por ausencia total de pruebas. Pero el daño ya está hecho, el mensaje al conjunto de la militancia enviado y el control penal de la acción política, realizado.

A veces la racionalidad era restringir las protestas en las calles y en las rutas, pero cada vez más se usó la protesta como una oportunidad para involucrar a referentes en un proceso penal, poder interferir sus comunicaciones y afectar a su organización. Es decir, el efecto principal más que la libre circulación fue condicionar y limar la organización. Ya en el gobierno de Cambiemos, la protesta fue vista como una acción ilegítima, dejando de ser la gran escena de la democracia para ser cada vez más tildada de situación delictiva. La narrativa de los grandes medios combinó la acusación de violencia con la de manejo espurio de fondos o corrupción como la fórmula para desacreditar la legitimidad social y política de las organizaciones.

Esto que decimos que “es otra cosa” no es una novedad de 2025. Se viene padeciendo en varias provincias, a veces por iniciativa de los gobiernos locales, a veces impulsado desde Nación, a veces por activismo judicial. Lo hemos visto contra comunidades mapuche y contra movimientos sociales. Ahora llegó al centro del país, en concierto entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial, afectando a una organización política también central y eso emite un mensaje fuerte y generalizado a la militancia.

Las detenciones a cuatro mujeres y un varón, todos militantes jóvenes, en la causa Espert muestran este tipo de intensificación: se dicta la prisión efectiva sin que haya riesgo procesal, se imponen condiciones gravosas en la detención, se califica con tipos penales graves acciones exentas de violencia, se establece el secreto de sumario sin motivos legales, se habla de asociación sin elementos, se acusa de querer “imponer ideas por la fuerza” para describir una simple acción de escrache. Con absoluta inverosimilitud, se encuadra un mensaje de descalificación política como “amenazas agravadas” y se lo trata de hacer entrar en grandes figuras como el atentado contra el orden público e incitación al odio por motivos políticos.

Posiblemente fue con las acusaciones y la prisión efectiva a Milagro Sala, junto con el desguazamiento de la Tupac Amaru como organización e infraestructura social, que la lógica de la criminalización se transformó por su intensidad y su naturaleza. Ya no se trató de una modalidad de regulación penal sino de ilegalización y anulación de una organización popular. Al día de hoy, continúan los intentos de agravar sus condiciones de detención. A lo largo de su proceso quedó muy claro que el “bien protegido” no era el orden público, la integridad de nadie, ni la propiedad privada. Lo que quedó protegido y reforzado fue un proyecto de hegemonía política y de ordenamiento de la sociedad.

Las 33 detenciones del 12 de junio de 2024 en el centro de Buenos Aires en ocasión de la protesta contra la Ley Bases, mostraron la desinhibición de este gobierno y de parte del Poder Judicial para utilizar la fuerza policial, penal y penitenciaria. Detenciones arbitrarias al voleo, acusaciones de terrorismo y prisión preventiva en cárcel común. Para el momento en el que se cayeron todas las acusaciones y se dictaron las libertades, el mensaje a la sociedad ya había sido enviado: la protesta social será entendida como una acción directa, reprimida y castigada. No importa si no sos el que prende fuego un auto: más aún, importa que aunque no prendas fuego a los autos, tu presencia en los alrededores de una protesta será considerada ilegal.

Las detenciones de la causa Espert confirman esa desinhibición para el uso del aparato policial-penal-punitivo pero en lugar de dirigirse al activismo inorgánico que participa de movilizaciones, se dirige a la organización política. Esta vez no es al voleo, es dirigida, te van a buscar. El mensaje es también de intimidación: la organización no te blinda ni te protege de la embestida penal.

La escalada en los tipos penales también incluye la acusación de terrorismo, lo que sirve para hacer ingresar a las y los acusados en zonas de excepción y activar las máximas medidas penales y punitivas.

Una de las ideas fuertes de la democracia desde los 80 fue la de garantía penal. Era una cuestión seria, protegida por todo el sistema político y que se consolidó con la incorporación del derecho internacional a nuestro marco legal en los noventa. Que el repudio a estas detenciones sólo provenga de los sectores que ya están identificados como opositores expresa que esa valoración común de las garantías quedó muy atrás.

*La autora es Directora del área de Investigación del CELS

MC