La jueza federal María Servini elevó a juicio oral el tramo principal de la causa que investiga el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión de la marcha de jubilados frente al Congreso, ocurrida el 12 de marzo de 2025. La decisión alcanza al gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de haber disparado de forma antirreglamentaria una pistola lanzagases que impactó en la cabeza del reportero gráfico y le provocó lesiones gravísimas.

El expediente fue enviado por sorteo al Tribunal Oral Federal N°6, mientras que la magistrada también ordenó extraer testimonios para continuar investigando la posible responsabilidad de superiores jerárquicos y funcionarios involucrados en el operativo de seguridad desplegado aquel día en las inmediaciones del Congreso.

Desde la querella, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), habían solicitado la semana pasada que Guerrero fuera enviado a juicio por tentativa de homicidio agravado contra Pablo Grillo y abuso de armas agravado, al considerar que realizó otros cinco disparos prohibidos durante la represión.

Por su parte, el fiscal federal Eduardo Taiano acompañó el pedido y sostuvo que los efectivos actuaron “de manera desproporcionada e irracional”. Según el requerimiento fiscal, Guerrero disparó seis veces “sin que existiera un contexto de agresión” y utilizó el arma “de forma antirreglamentaria”, apuntando en ángulo horizontal hacia los manifestantes.

Los peritajes incorporados a la causa establecieron que el disparo que hirió a Grillo fue realizado desde la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís, hacia la zona donde se encontraban los manifestantes. El fotógrafo estaba agachado, detrás de una barricada improvisada, registrando el accionar de las fuerzas de seguridad a unos 47 metros de distancia.

Para la fiscalía, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina actuó con pleno conocimiento de que infringía los protocolos establecidos para el uso del armamento. “No existe posibilidad alguna de que desconociera las normas”, señaló Taiano en su dictamen, donde remarcó que el accionar del efectivo representó “un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes”.

A raíz del impacto de la granada de gas en su cabeza, Pablo Grillo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Desde entonces debió atravesar múltiples intervenciones quirúrgicas y continúa con tratamiento médico.

CRM

A un año del disparo de una granada de gas lacrimógeno a manos del gendarme Héctor Guerrero que hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Grillo durante una cobertura en el centro porteño, familiares, amigos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa y colectivos culturales realizaron un festival en Plaza de Mayo para reclamar avances en la causa judicial y exigir mayores garantías para el ejercicio de la labor periodística en contextos de protesta.

La actividad incluyó intervenciones artísticas, música en vivo de la mano de La Bersuit, Willy Bronca, Peteco Carbajal y Ariel Prat, entre otros, y la lectura de un documento consensuado entre las entidades convocantes. El lema fue “Revelando la Libertad, un festival por la verdad y la justicia” y el eje la denuncia de la violencia institucional y la demanda de políticas públicas que protejan a trabajadores y trabajadoras de prensa frente a agresiones que se volvieron más frecuentes en los últimos años según informes de diferentes organizaciones.

El mismo Pablo Grillo, en plena rehabilitación, difundió un video junto a su familia para convocar al Festival: “El jueves se cumple un año y hacemos una gran festichola. Vengan a la plaza, están todos invitados y copemos las calles”, desafió el fotógrafo.

La causa

Pablo Grillo busca que la Justicia avance no solo en la responsabilidad del gendarme Héctor Guerrero, sino también en la cadena de mando del operativo donde en el vértice superior está quien era entonces la ministra de Seguridad en pleno auge del protocolo antipiquetes, Patricia Bullrich.

De acuerdo a la información que publicaba días atrás Mauricio Caminos para elDiarioAR, la jueza federal María Servini está cerca de elevar a juicio oral al cabo de la fuerza federal por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades. Es que Guerrero disparó de manera antirreglamentaria en reiteradas oportunidades: en línea horizontal y violando el protocolo de hacerlo a 45 grados. La magistrada descubrió en la investigación que el disparo que impactó sobre Grillo fue el cuarto, exactamente a las 17.18, cuando cayó Grillo. Y en esa secuencia de la represión hay un detalle que quedó registrado en las pruebas que recolectó la Justicia y que podrían aventurar que se avance sobre la cadena de mando: Guerrero, entre tiro y tiro, recibe una palmada en su espalda de uno de sus superiores. 

También hay videos donde se ven a distintos jefes tanto de la Gendarmería como de la Policía Federal alrededor del grupo represivo, y que nada hacen para detener las maniobras ilegales de Guerrero.

Servini procesó al gendarme a fines del año pasado y la Cámara de Casación confirmó la medida. La última instancia ocurrió esta semana, donde el tribunal de alzada rechazó un planteo de queja de los abogados de Guerrero, defensores puestos por el Gobierno. Pero un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron los seis disparos de Guerrero, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo.

“El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”, denunciaron las abogadas de Grillo, Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y Agustina Lloret (del CELS) en un escrito presentado el 10 de febrero pasado al que accedió elDiarioAR.

En esa presentación, la querella puntualizó a los jefes de la Gendarmería del operativo, así como de la Policía Federal –fuerza que dirige el comando unificado del protocolo antipiquetes– y a Bullrich como máxima responsable política.

“Fue un tiro bien hecho”, declaró Bullrich sin ruborizarse el 28 de enero pasado en el streaming del diario El Cronista. Allí no le repreguntaron sobre la cantidad de disparos de Guerrero ni sobre el peritaje que realizó la Unidad de Balística de Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la Justicia. Esa investigación determinó que el tiro de la pistola lanzagases –calibre 38.1mm, serie n° 00660– que hirió a Grillo fue realizado de manera antirreglamentaria. 

El pedido de investigar la cadena de mando del operativo no es un planteo solo de la querella o de Servini, sino también del tribunal de alzada. En la confirmación del procesamiento de Guerrero, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Roberto Boico, exigió puntualmente que se profundice la investigación hacia todas las autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. “Los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó”, escribió el magistrado.

“Se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, denunció la querella.

La investigación sobre la cadena de mando aún está en ciernes y la querella estima que se profundice una vez que la causa sobre Guerrero sea elevada a juicio. El juzgado de Servini además tiene un expediente abierto sobre todo el operativo represivo del 12 de marzo, cuando también fue herida la jubilada Beatriz Blanco –recibió un golpe de un policía– y Jonathan Navarro –perdió la visión de un ojo por un disparo en la cara que efectuó un prefecto, sobre el lado de la avenida Rivadavia–. 

A un año de la represión, este jueves habrá un festival musical en el Congreso encabezado por la Bersuit. Grillo todavía se recupera en el hospital de rehabilitación Rocca, aunque ya puede dormir los fines de semana en su casa en Escalada, Lanús. Desde allí fue que le grabó el video que le dedicó a Bullrich y le dijo a la revista Mu de LaVaca: “Quiero verla presa”.

IG/MC

“Qué decirte, Bullrich, que sos tremenda compañera”. Con esa sutileza Pablo Grillo le habló días atrás a la jefa libertaria en el Senado y quien fue ministra de Seguridad cuando el gendarme Héctor Guerrero disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza. El jueves próximo se cumple un año de aquella represión frente al Congreso y el fotorreportero busca que la Justicia avance no solo en la responsabilidad del cabo de la fuerza federal, sino también en la cadena de mando del operativo. En el vértice de arriba aparece, justamente, Bullrich.

La jueza federal María Servini está cerca de elevar a juicio oral al gendarme Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades. Es que el cabo disparó de manera antirreglamentaria en reiteradas oportunidades: en línea horizontal y violando el protocolo de hacerlo a 45 grados. La magistrada descubrió en la investigación que el disparo que impactó sobre Grillo fue el cuarto, exactamente a las 17.18, cuando cayó Grillo. Y en esa secuencia de la represión hay un detalle que quedó registrado en las pruebas que recolectó la Justicia y que podrían aventurar que se avance sobre la cadena de mando: Guerrero, entre tiro y tiro, recibe una palmada en su espalda de uno de sus superiores. 

También hay videos donde se ven a distintos jefes tanto de la Gendarmería como de la Policía Federal alrededor del grupo represivo, y que nada hacen para detener las maniobras ilegales de Guerrero.

Servini procesó al gendarme a fines del año pasado y la Cámara de Casación confirmó la medida. La última instancia ocurrió esta semana, donde el tribunal de alzada rechazó un planteo de queja de los abogados de Guerrero, defensores puestos por el Gobierno. Pero un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron los seis disparos de Guerrero, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo.

“El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”, denunciaron las abogadas de Grillo, Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y Agustina Lloret (del CELS) en un escrito presentado el 10 de febrero pasado al que accedió elDiarioAR.

En esa presentación, la querella puntualizó a los jefes de la Gendarmería del operativo, así como de la Policía Federal –fuerza que dirige el comando unificado del protocolo antipiquetes– y a Bullrich como máxima responsable política.

“Fue un tiro bien hecho”, declaró Bullrich sin ruborizarse el 28 de enero pasado en el streaming del diario El Cronista. Allí no le repreguntaron sobre la cantidad de disparos de Guerrero ni sobre el peritaje que realizó la Unidad de Balística de Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la Justicia. Esa investigación determinó que el tiro de la pistola lanzagases –calibre 38.1mm, serie n° 00660– que hirió a Grillo fue realizado de manera antirreglamentaria. 

El pedido de investigar la cadena de mando del operativo no es un planteo solo de la querella o de Servini, sino también del tribunal de alzada. En la confirmación del procesamiento de Guerrero, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Roberto Boico, exigió puntualmente que se profundice la investigación hacia todas las autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. “Los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó”, escribió el magistrado.

“Se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, denunció la querella.

La investigación sobre la cadena de mando aún está en ciernes y la querella estima que se profundice una vez que la causa sobre Guerrero sea elevada a juicio. El juzgado de Servini además tiene un expediente abierto sobre todo el operativo represivo del 12 de marzo, cuando también fue herida la jubilada Beatriz Blanco –recibió un golpe de un policía– y Jonathan Navarro –perdió la visión de un ojo por un disparo en la cara que efectuó un prefecto, sobre el lado de la avenida Rivadavia–. 

A un año de la represión, este jueves habrá un festival musical en el Congreso encabezado por la Bersuit. Grillo todavía se recupera en el hospital de rehabilitación Rocca, aunque ya puede dormir los fines de semana en su casa en Escalada, Lanús. Desde allí fue que le grabó el video que le dedicó a Bullrich y le dijo a la revista Mu de LaVaca: “Quiero verla presa”.

MC

La madre de Pablo Grillo, el fotoperiodista que lucha por su vida desde el 12 de marzo, decidió dirigirse directamente a la jueza María Servini. Lo hizo a través de una carta que fue leída en un programa de radio y que en pocas líneas condensa la dimensión personal, política y judicial de un caso que conmovió al periodismo y a los organismos de derechos humanos.

“Señora jueza: usted a mí no me conoce. Soy la mamá de Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue agredido por el gendarme Guerrero el 12 de marzo en Plaza Congreso. Mi hijo estaba ejerciendo el trabajo de fotógrafo al igual que el gendarme, con la diferencia de que él tenía en la mano una cámara y Guerrero un arma letal que casi lo mata”, comienza la carta, leída por Julia Mengolini en su programa de radio.

María del Carmen recuerda a su hijo como un joven solidario, estudioso, militante y soñador. “Siempre fue emprendedor, nunca se quedaba quieto, siempre con ganas de hacer y de vivir”, describe. Ese futuro quedó interrumpido el día en que una bala de gas lacrimógeno calibre 38 milímetros impactó en la cabeza de Grillo mientras cubría la represión de la Gendarmería contra una protesta de jubilados en Plaza Congreso.

La acusación contra Guerrero y Bullrich

En su texto, la madre responsabiliza directamente al gendarme Héctor Guerrero, señalado como autor del disparo, pero también a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Guerrero es el brazo ejecutor de las órdenes nefastas de Bullrich. Esta mujer y su banda nos cambiaron la vida como familia. Hoy, para mí, es una asesina, un personaje cruel y mentiroso al que poco le interesa la vida del otro”, sostiene con dureza.

La carta transmite el dolor de una madre que describe a su hijo como un hombre irreconocible tras la agresión: “Pablo dejó de ser Pablo. No come, se olvidó de comer y apenas puede hablar. Mi hijo puede ser el suyo o su nieto, que hoy tiene que estar en una cama de hospital”.

“Señora jueza -concluye María del Carmen-, sólo pedimos justicia. No busco venganza. Y sabe una cosa: él sólo tenía una cámara de fotos”.

El avance de la causa

En paralelo, la investigación judicial avanza en los tribunales de Comodoro Py. El 18 de septiembre, Guerrero declaró ante el juez Ariel Lijo, quien subroga a Servini en este expediente. Reconoció haber efectuado el disparo pero se declaró “inocente” y negó haber tenido intención de herir a nadie. Argumentó que estaba bajo una lluvia de piedras y con baja visibilidad por el humo y el agua de los camiones hidrantes.

El expediente, sin embargo, sostiene otra versión: la fiscalía y la querella remarcaron que Guerrero disparó de manera horizontal y antirreglamentaria, con conocimiento del riesgo de provocar lesiones graves. Para los abogados de Grillo, el gendarme mintió: el fotógrafo estaba agachado tomando imágenes, sin representar peligro alguno.

Por la gravedad de las heridas, la carátula pasó de “averiguación de delito” a “homicidio en grado de tentativa”. Grillo permanece internado en el Hospital de Rehabilitación Rocca, donde recibe un tratamiento interdisciplinario. Fue sometido a una craneoplastia bilateral y afronta secuelas neurológicas y motrices que condicionan su recuperación.

Una vida transformada

La carta de María del Carmen no sólo expone la situación de Pablo sino también el impacto devastador en su entorno. “Nosotros como padres no tenemos vida, sólo pensamos y actuamos de acuerdo a sus necesidades. Su hermano trata de retomar su vida con esposa e hija, pero es difícil. Los amigos, todos pendientes de él, al menos por ahora”, señala.

Ese retrato íntimo se entrelaza con un reclamo de dimensión pública: la necesidad de justicia para su hijo y para el ejercicio de la prensa en contextos de protesta social. “No se trata de venganza -escribió la madre-. Se trata de que mi hijo recupere su dignidad y que quienes dieron y ejecutaron las órdenes respondan ante la Justicia”.

El caso de Pablo Grillo se suma a una serie de denuncias sobre el accionar represivo de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales. Para su madre, cada día sin respuesta judicial es un día más de impunidad. Su pedido es claro: que el Estado reconozca responsabilidades y que la Justicia avance con celeridad.

CRM

El gendarme Héctor Guerrero declaró este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py en la causa que investiga el ataque a Pablo Grillo con un proyectil de gas lacrimógeno en la marcha del 12 de marzo pasado frente al Congreso. Fuera del edificio judicial su familia y compañeros realizaron una manifestación en apoyo al fotógrafo, quien aún está en rehabilitación por la grave herida en su cabeza.

En su breve declaración, el cabo dijo que es inocente, que disparó como indican los manuales, que no tenía buena visibilidad y que fue atacado por manifestantes, según la exposición en el expediente que lleva adelante la jueza María Servini, según supo elDiarioAR. El cabo de la fuerza federal que conduce Patricia Bullrich tiene prohibido salir del país, imputado por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Guerrero –miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional Argentina– fue identificado como el agresor de Grillo gracias a un cruzamiento de imágenes y testimonios realizado por la plataforma Mapa de la Policía.

Su declaración de que disparó a reglamento y que fue atacado por manifestantes se contradice con hechos verificados en el expediente. Por caso, de la propia descripción que hace el Juzgado está claro que al momento de sufrir el impacto, Grillo estaba de cuclillas, tomando fotos “sin representar ningún tipo de peligro ni amenaza para terceros”.

También la versión de Guerrero choca con respecto a la manera de disparar: el Juzgado le imputó hoy haber efectuado un disparo en ángulo horizontal y en dirección a Grillo “a sabiendas de que con su accionar, podía poner en riesgo la vida o la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él”. Y que está descartado, por peritaje de la Policía de la Ciudad, que haya disparado con un ángulo de inclinación ascendente de 45° o con una inclinación descendente de 30° y 45°, como debiera haber realizado conforme los protocolos contra disturbios vigentes.

Como tercer punto, la querella destacó que las fotos y videos tomados ese día demuestran que el cordón de gendarmes tenía visibilidad de los manifestantes que tenían enfrente, entre los cuales estaba Grillo.

Al declarar su inocencia, Guerrero agrego: “Yo presté servicios en el destacamento móvil 6 por aproximadamente 7 años. En el 2017 hice un curso de operaciones urbanas. El día 12 de marzo de 2025 nos ordenaron equiparnos y custodiar el Congreso de la Nación que estaba de espalda nuestro. Es decir ubicarnos de frente a los manifestantes. En un momento comenzaron a arrojarnos muchísimas piedras, de las cuales 5 recibí en mi torso y otros 12 compañeros quedaron heridos. Cuando los manifestantes se acercaron a nosotros, hicimos uso de la granada de mano de gas lacrimógeno. Ese día con el humo y el agua del hidrante, se complicaba la visión además que tenía puesta mi máscara anti gas. El lanza gas no tiene aparatos de puntería y su cañón no tiene estrías, es un anima lisa, por lo cual no puedo hacer un segundo disparo hacia un mismo lugar porque el cartucho sale expulsado de manera irregular y todos los disparos que yo realicé fueron a lugares seguros. Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona, y el lanza gas lo usé a medida que me instruyeron y de acuerdo al manual del uso de lanza gas”.

Por la misma represión del 12 de marzo ayer declaró ante la justicia el prefecto Sebastián Martínez, quien atacó en un ojo al manifestante Jonathan Navarro. Se declaró “inocente” y dijo haber cumplido con su deber, como publicó elDiarioAR.

En aquella manifestación, casi en simultáneo, Grillo recibió en su cabeza el impacto de una granada de gas lacrimógeno cuando tomaba fotos de la represión de la Gendarmería sobre la calle Yrigoyen, mientras que Navarro –hincha de Chacarita que fue a la protesta en solidaridad con su padre jubilado– recibió un balazo de goma en el ojo izquierdo cuando se manifestaba en el otro lado de la plaza, sobre la avenida Rivadavia.

MC

A más de cuatro meses de la represión policial contra jubilados en las inmediaciones del Congreso, la causa que investiga la grave lesión sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo avanza con las primeras imputaciones formales. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de María Servini, citó a declaración indagatoria al gendarme Jesús Héctor Guerrero, identificado como el autor del disparo del cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Grillo y lo dejó en estado crítico.

La audiencia fue fijada para el próximo 2 de septiembre a las 10 horas, y junto con la citación, la magistrada dispuso la prohibición de salida del país para el efectivo, que se desempeña como cabo primero en la Gendarmería Nacional.

En su resolución, Servini sostuvo que “surge la hipótesis de que el disparo del proyectil que derivó en las lesiones sufridas por Grillo provino por parte del personal de Gendarmería que se hallaba ubicado en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Solís, más precisamente del cabo primero Jesús Héctor Guerrero”.

Se trata del primer efectivo formalmente imputado en la causa que investiga el operativo represivo del 12 de marzo, y su citación fue dispuesta tras un nuevo impulso de la querella, que había solicitado la medida en tres oportunidades.

Una pericia clave

La jueza también ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir, con precisión técnica, la mecánica del disparo. Previamente, se llevará a cabo una inspección ocular en el lugar del hecho, que incluirá un relevamiento fotográfico aéreo y terrestre, y un croquis detallado de la escena.

Los objetivos de la pericia serán, entre otros: determinar la trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Grillo; establecer la posición del arma y el ángulo de tiro al momento del disparo; analizar si hubo algún rebote previo que haya alterado el recorrido del proyectil; y precisar las ubicaciones relativas entre Grillo y Guerrero en el instante del impacto.

Aunque Servini afirmó que ya existen elementos probatorios “contundentes” para avanzar en esta instancia procesal, consideró que la pericia es necesaria para reforzar la reconstrucción de la dinámica del hecho.

Una reconstrucción reveladora

Días atrás, la causa sumó un informe determinante elaborado por el equipo del Mapa de la Policía, que reconstruyó el disparo en base a imágenes audiovisuales, testimonios y análisis técnico. La investigación estuvo a cargo de los peritos Rodolfo Pregliasco y Martín Onetto, junto con el cineasta Alejo Fraile, y concluyó que el disparo fue realizado de manera “irregular”, con un ángulo horizontal y directo, sin rebote previo.

El informe destaca que no se trató de un hecho aislado ni accidental: durante el operativo se detectaron múltiples disparos realizados bajo el mismo procedimiento, violando los protocolos para el uso de armamento antidisturbios.

Gracias a nuevos aportes de imágenes, los investigadores lograron identificar a Guerrero por su vestimenta, equipo táctico e insignias, incluyendo una fotografía en la que se distingue su apellido. También se corroboró, a través de fuentes abiertas, que el efectivo pertenece a la Sección de Empleo Inmediato (SEI) de Gendarmería, y se verificó su número de legajo.

Pablo Grillo es reportero gráfico y fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría la protesta de jubilados frente al Congreso Nacional. El impacto en la cabeza lo dejó gravemente herido y su caso se convirtió en uno de los más representativos del uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta social.

Desde entonces, distintos organismos de derechos humanos, sindicatos de prensa y agrupaciones sociales reclamaron el avance de la investigación y la identificación de los responsables. La citación a indagatoria de Guerrero y las medidas dispuestas por la Justicia representan, para las partes querellantes, un paso importante en la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de responsabilidades individuales en el operativo.

Citación a indagatoria de Guerrero

CRM