La muerte del anestesista Alejandro Zalazar y el robo de fármacos del Hospital Italiano derivaron en dos causas judiciales que avanzan en paralelo, pero cada vez muestran más puntos de contacto. Ambas investigaciones, atravesadas por el hallazgo de drogas anestésicas, allanamientos y la mención de “fiestas controladas”, esperan ahora pericias clave para determinar responsabilidades y dimensionar el alcance del caso.

El punto de partida fue el hallazgo, a fines de febrero, del cuerpo sin vida de Zalazar en su departamento del barrio porteño de Palermo. Según el parte policial, el profesional -que trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez- tenía una vía conectada en uno de sus pies y una marca similar en el otro, un dato que desde el inicio orientó la investigación hacia el consumo de sustancias.

El giro decisivo llegó con el resultado de la autopsia, que determinó que la muerte se produjo por una congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico. Los investigadores presumen que el cuadro está vinculado a una sobredosis de propofol y remifentanilo, dos potentes anestésicos de uso hospitalario.

En paralelo, el Hospital Italiano denunció el faltante de fármacos tras detectar irregularidades mediante filmaciones internas. A partir de esa presentación judicial, se abrió una causa por hurto calificado que permitió avanzar sobre un circuito de sustracción de insumos médicos. Con el correr de los días, un allanamiento en la vivienda de Zalazar confirmó que parte de las sustancias halladas correspondían a los lotes robados en ese centro de salud, lo que terminó de conectar ambas pesquisas.

El análisis de dispositivos electrónicos aportó otro elemento clave: la existencia de un grupo de WhatsApp integrado por profesionales de la salud que participaban de las denominadas “fiestas controladas”, encuentros en los que se utilizaban estos anestésicos fuera del ámbito médico.

En ese marco, la Justicia imputó por administración fraudulenta a Hernán Boveri, ex integrante del área de Anestesiología del Hospital Italiano, y a Delfina Lanusse, residente de tercer año en la misma institución. Ambos fueron indagados pero se negaron a declarar.

La causa por la muerte de Zalazar está a cargo del fiscal Eduardo Cubría, mientras que la investigación por el robo de fármacos quedó en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento.

En ese expediente, la Policía de la Ciudad llevó adelante el 13 de marzo tres allanamientos -dos en Capital Federal y uno en Tigre-—en los que se secuestraron dispositivos electrónicos como celulares, notebooks, tablets y pendrives. Además, en uno de los domicilios se encontraron elementos de uso médico: tubos con anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos, lo que complicó la situación de los imputados.

Allanaron la sede de la Asociación de Anestesia

La investigación también avanzó sobre instituciones vinculadas a la actividad profesional. En ese contexto, fue allanada la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación, en el barrio de Caballito, con el objetivo de secuestrar documentación y actas que permitan reconstruir posibles vínculos o responsabilidades. Desde la entidad señalaron que acompañaron la denuncia desde un primer momento y que están colaborando con la Justicia, además de remarcar que no tenían antecedentes que hicieran sospechar de los acusados.

En paralelo, la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación difundió un duro comunicado en el que buscó despegar estos hechos del ejercicio profesional. La entidad subrayó que se trata de situaciones del ámbito privado y advirtió sobre el riesgo de generalizaciones que puedan afectar la confianza en una especialidad “altamente regulada”. También reafirmó su disposición a colaborar con la investigación judicial.

Con información de la agencia NA

“Porque no hay justicia sin verdad, no hay duelo sin justicia, y no hay futuro seguro para la salud publica de los ciudadanos si se repite este crimen” familiares de pacientes que murieron tras ser inoculados con fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, marcharon este jueves para reclamar que avance la investigación y se castigue a los responsables.

La movilización fue “en silencio” frente al Hospital Italiano de La Plata, querellante del caso que tiene hasta el momento, según datos oficiales, 54 víctimas. Más allá de esta cifra, las personas organizadas detrás del reclamo estiman que podría haber más. Respalda esta teoría el hecho de que los lotes con ampollas contamidas fueron distribuidos a más de 300 hospitales del país.

En diálogo con elDiarioAR, Sol Francese, una enfermera de 42 años que perdió a su hijo Renato, de 18, por el suministro de fentanilo adulterado convocó a la manifestación y pidió consciencia: “Es importante que la gente nos acompañe”.

Renato fue derivado desde Chascomús a La Plata tras sufrir un traumatismo de cráneo en un accidente en moto. Las primeras 24 horas internado estuvo estable, pero una infección severa lo complicó. Durante su internación recibió fentanilo contaminado y esto derivó en su muerte. Ahora, Francese continúa el camino hacia la Justicia y, pese al dolor, es optimista.

“La causa se viene investigando bien, estamos conformes. Los procedimientos vienen dando resultados favorables. Esperamos nuevas pericias que saldrán en los primeros días de agosto. Hay 31 personas que están con ciertas inhabilitaciones así que aunque no están detenidos, eso nos da tranquilidad. Más allá de eso, pretendemos una condena hacia los responsables del laboratorio”, dijo.

La madre del joven también convocó a “quienes tengan un familiar fallecido entre febrero y mayo de este año a acercarse a las clínicas u hospitales a pedir las historias clínicas y preguntar si al paciente se le suministró fentanilo, de qué laboratorio y número de lote”.

Leonel, el docente que fue al médico por “un dolor de panza” y murió “de un día para el otro”

Era docente de educación artística, músico e inspector. Tenía 32 años y vivía en Florencio Varela. Un dolor de panza el 3 de marzo, que pensó era originado por estrés, fue el síntoma que lo llevó por sus propios medios a la clínica de Ranelagh, el 5 de marzo, sin imaginar que todo se complicaría y moriría poco más de un mes después, el 7 de abril, por contaminación con fentanilo adulterado.

Se llamaba Leonel Ayala y fue diagnosticado con pancreatitis. Lo internaron. Cursó una recuperación lenta pero alentadora hasta que un endoscopista le lastimó el páncreas, el 12 de marzo, cuando ya casi estaba por recibir el alta. El cuadro se agravó. Por esta razón, y por decisión de la familia, el 15 de marzo fue derivado al Hospital Italiano de La Plata sin ningún conocimiento de lo que había pasado en Ranelagh, solo por la necesidad de una terapia intensiva de alta complejidad. Allí fue intervenido quirúrgicamente.

El 7 de abril recibió fentanilo adulterado. Después, casi no pudo moverse, su vientre estaba hinchado y debieron volverlo a operar. Horas más tarde, murió. Lo precipitado del desenlace llevó a su hermano Alejandro a investigar más allá de lo que decían los médicos. Quería saber si podría haber pasado algo más y qué. Supo de los casos de fentanilo adulterado en otros centros médicos, pero desde el hospital le negaron que Leonel lo hubiera recibido. La familia decidió que interviniera un abogado y así supo la verdad. Hoy llaman a marchar y exigir que se condene a los responsables.

La causa

En las últimas semanas hubo avances en la investigación contra los responsables de los laboratorios. Se inhibieron los bienes de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, sus hermanos Damián Roberto y Diego, y su madre, Nilda Furfaro, pero no hay imputados ni detenidos, lo que enoja particularmente a los allegados de las víctimas.

Entre las irregularidades comprobadas se enumeran las alertas y prohibiciones por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El 8 de mayo, como respuesta a la investigación en curso impulsada por la denuncia del Hospital Italiano, la ANMAT prohibió “el uso de FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml.”.

Previamente, el 24 de febrero, había circulado el primer llamado de atención “por incumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación en Laboratorios Ramallo S.A”. El 6 de marzo, la ANMAT prohibió los productos “Dopamina HLB, dopamina clorhidrato 40 mg/ml inyectable IV” y “Dopamina HLB 100 mg AMP 5 ml”. Lo hizo luego de haber detectado que no poseían en sus rótulos las etiquetas de trazabilidad correspondientes. El mismo día, se ordenó a la firma HLB PHARMA GROUP S.A. el recupero de “Propofol HLB, propofol 10 mg/ml emulsión inyectable IV, lote 60000, vto. 30/09/2026 50 frasco ampolla de 20 ml, Cert. N° 43.900” por no contar con la etiqueta de trazabilidad.

El 16 de abril, a más de un mes de la última advertencia, se le ordenó a dicho laboratorio el retiro del mercado de todos los lotes del producto “Propofol HLB, propofol”. El documento indicaba: “Se incluye a productos elaborados bajo el Certificado N° 43.900, debiendo presentar ante el Departamento de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Medicamentos la documentación respaldatoria de dicha diligencia”. Casi 10 días después, el 24 de abril, se prohibió el uso, comercialización y distribución de los productos “DICLOFENAC HLB / DICLOFENAC SÓDICO” y “MORFINA AL 1% HLB”.

El 18 de junio, el Hospital Italiano de La Plata informó que fue admitido como querellante. “Esta decisión judicial reconoce al Hospital como víctima directa de un delito que atentó contra la salud pública y afectó gravemente el normal funcionamiento de nuestros servicios sanitarios”, dijo en un comunicado.

Según sus autoridades, “desde el primer momento”, el centro de salud “actuó con responsabilidad y transparencia” y “su propio equipo” fue el que, “al detectar un comportamiento clínico inusual”, comenzó “una investigación rigurosa que permitió identificar el lote contaminado”.

En un escrito se explicó que el caso “comenzó cuando, desde el Sector de Microbiología, se advirtió la presencia de dos bacterias no habituales en la flora intrahospitalaria, detectadas en pacientes internados en las Unidades de Terapia Intensiva, Cuidados Intensivos Vasculares y Pabellón de Trasplantes e Inmunocomprometidos. Ante esta situación, se activó de inmediato el protocolo de investigación de brote infeccioso por parte del Equipo de Control de Infecciones, con el objetivo de determinar el origen de las bacterias y evitar nuevos casos”.

Como consecuencia de ser aceptados como particulares damnificados en el caso, el Hospital Italiano señaló que “le permitirá colaborar activamente en la investigación y exigir justicia por lo ocurrido”.

“Lamentamos profundamente cada una de las pérdidas humanas y renovamos nuestro acompañamiento y compromiso por el pedido de justicia de todos los pacientes y familias afectadas”, agregaron.

MM/MG