El Gobierno nacional aseguró haber identificado a la persona que filmó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes de abordar un avión privado rumbo a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, en un episodio que generó fuerte incomodidad interna y abrió una serie de sospechas en la Casa Rosada.

Según la versión oficial, la autora del video sería Victoria Correa, una delegada sindical de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que cumple funciones en el Aeropuerto de San Fernando desde 2019. La identificación llegó tras dos semanas de especulaciones, cruces internos y versiones contradictorias sobre el origen de las imágenes.

El material, que muestra a Manuel Adorni junto a su familia en la pista, se viralizó días atrás y fue interpretado como un golpe al discurso de austeridad que promueve el oficialismo. La demora entre la grabación y su difusión alimentó las sospechas de una posible operación interna o filtración intencional.

En ese contexto, el propio funcionario había deslizado que el video debía haber sido registrado desde dentro de instalaciones oficiales, lo que encendió las alarmas dentro del Gobierno. “Tenemos un problema interno”, reconoció en su momento, en medio de un clima de creciente tensión.

Durante los días siguientes, circularon múltiples versiones sobre posibles responsables. Entre ellas, se mencionó al asesor presidencial Santiago Caputo, señalado por su influencia en áreas sensibles del Estado, aunque esa hipótesis fue rápidamente descartada por su entorno. También surgieron sospechas sobre la ministra Patricia Bullrich, debido a sus vínculos con fuerzas de seguridad, pero sin sustento concreto.

Finalmente, desde el Ejecutivo optaron por desestimar las teorías más complejas, incluyendo la posibilidad de espionaje interno. “Tienen que dejar de comer películas”, afirmó un funcionario de alto rango, al negar la capacidad del Estado para montar ese tipo de operaciones.

El foco se trasladó entonces a Victoria Correa, la trabajadora señalada por la Casa Rosada. Se trata de una delegada gremial con presencia en el aeropuerto desde hace varios años, donde representa a los trabajadores de Atepsa, el sindicato que nuclea a técnicos y empleados vinculados a la navegación aérea.

De acuerdo con fuentes oficiales, Correa habría sido identificada por sus propios compañeros, quienes aseguraron haberla visto registrando las imágenes en el momento en que Manuel Adorni se encontraba en la pista. Esa versión fue clave para orientar la investigación interna hacia su figura.

Además, desde el Gobierno intentaron vincularla con el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), espacio referenciado por el diputado Nicolás del Caño. Sin embargo, desde ese sector rechazaron de plano la acusación y la calificaron como “ridícula”, al tiempo que interpretaron el señalamiento como una maniobra para desviar la atención del episodio.

Más allá de su eventual pertenencia política, en el Ejecutivo sostienen que el accionar de Correa podría implicar un incumplimiento de sus funciones laborales. “No está puesta para filmar a funcionarios”, indicaron fuentes oficiales, que adelantaron la posibilidad de iniciar un sumario administrativo.

Por el momento, no se confirmó la existencia de un delito penal en la filmación ni en su posterior difusión. Sin embargo, el caso dejó expuestas las tensiones internas dentro del Gobierno y la sensibilidad que generan episodios que contradicen el relato oficial.

El caso de los vuelos de Manuel Adorni a Punta del Este

El viaje de Manuel Adorni a Punta del Este durante ese fin de semana tuvo un costo total superior a los 9.000 dólares, según informaron fuentes judiciales a elDiarioAR. El dato surge de las primeras medidas de prueba impulsadas en el marco de la investigación que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.

De acuerdo con esa información, el tramo de ida, realizado el 12 de febrero desde el aeropuerto de San Fernando, fue facturado a nombre de la productora Imhouse SA, perteneciente al periodista Marcelo Grandio —quien también viajó—, por un monto cercano a los 6,9 millones de pesos, equivalentes a unos 4.830 dólares.

En tanto, el regreso, efectuado el 17 de febrero desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, tuvo un costo algo menor y se contrató bajo otra modalidad, a nombre de un tercero. Ese tramo formó parte de un paquete prepago de 42.000 dólares por diez vuelos, lo que arroja un valor estimado de 4.200 dólares por viaje.

De este modo, el costo total del traslado aéreo del funcionario —entre la ida y la vuelta— rondó los 9.000 dólares, una cifra que contradice la versión que habían dado públicamente tanto Adorni como Grandio tras la difusión del episodio.

El viaje, que fue revelado el 11 de marzo por el mismo medio, incluyó a Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti, dos familiares y el propio Grandio, conductor de programas en la TV Pública desde la asunción de Javier Milei.

Con información de medios

JIB

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inician este jueves un paro escalonado de cinco días consecutivos que afecta vuelos comerciales en todo el país. La medida se aplica por franjas horarias hasta el lunes 2 y alcanza a la aviación general y comercial, con excepción de vuelos sanitarios, traslado de órganos, vuelos de Estado y de seguridad.

El cronograma comienza este jueves de 15 a 18, continúa el viernes de 19 a 22, el sábado 28 de 13 a 16, el domingo 1 de 9 a 12 y el lunes 2 de 5 a 8. “Hoy es de quince a dieciocho, hora local, con toda la aviación, ya sea aviación general y comercial”, afirma Juan Carlos Arias, secretario de prensa de Atepsa, en diálogo con AM 530.

El sindicato sostiene que el conflicto se arrastra desde agosto y que el Gobierno y la empresa incumplen un acta firmada en el Ministerio de Trabajo. Según Arias, tras tres días de medidas el año pasado, las partes acuerdan revisar en un plazo de 15 a 20 días distintos puntos del convenio colectivo, entre ellos antigüedad y densidad del tráfico, con el objetivo de mejorar ingresos sin salir de la pauta salarial oficial. “Eso es lo que no se cumplió”, señala.

La última conciliación obligatoria termina hace 25 días sin avances. “No nos llamó nadie, absolutamente nadie”, sostiene el dirigente. Atepsa presenta formalmente la medida el miércoles de la semana pasada ante la empresa, el área de Trabajo y las compañías aéreas, como exige la normativa para un servicio público esencial. “Esperábamos que nos digan algo dentro de las cuarenta y ocho horas”, agrega.

El sindicato denuncia que la falta de actualización salarial empuja a trabajadores a buscar otros ingresos fuera de su jornada habitual. “Tenemos compañeros controladores de Aeroparque, de San Fernando o de Ezeiza que se bajan de un vehículo de una aplicación, en el cual están trabajando durante ocho o diez horas, y se suben a una torre de control a controlar”, afirma Arias. Y advierte: “Ya tuvimos inconvenientes. Afortunadamente no pasó nada, pero ya tuvimos inconvenientes”.

La medida de fuerza afecta necesariamente a los vuelos comerciales porque el control del tránsito aéreo es una función obligatoria para autorizar despegues, aterrizajes y circulación en el espacio aéreo. Sin servicio de controladores en torre y centros de control, las aeronaves no pueden operar con normalidad, lo que obliga a reprogramar o cancelar partidas y arribos durante las franjas horarias anunciadas.

Además, al tratarse de una actividad considerada servicio público esencial, la interrupción parcial genera demoras encadenadas: un vuelo que no despega en el horario previsto impacta en la rotación de aeronaves y tripulaciones en otros aeropuertos. La restricción horaria en 54 aeropuertos altera la programación comercial incluso más allá de las tres horas formales de paro en cada jornada.

Atepsa aclara que la medida no incluye vuelos sanitarios, traslado de órganos ni operaciones vinculadas a seguridad o Estado. “Nosotros somos un servicio público esencial. No afectamos vuelos sanitarios, traslado de órganos, vuelos de Estado, de seguridad”, precisa Arias.

El dirigente vincula el conflicto con la política oficial hacia los convenios colectivos. Ante la consulta sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, responde: “Ninguna duda, no tengo ninguna duda”. Según afirma, los cambios ya comienzan a aplicarse en la práctica dentro del sector.

El reclamo central apunta al incumplimiento de la revisión acordada del convenio colectivo y a la falta de recomposición en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. Arias sostiene que el sindicato presenta “más de cien notas con seguridad operacional” para advertir sobre el impacto de la situación laboral en el servicio.

La conducción gremial deja abierta la posibilidad de levantar las medidas si hay una convocatoria oficial antes del lunes. “Esperemos no llegar a todos los días”, dice Arias. Hasta el momento, no hay anuncio de una nueva instancia de negociación.

La medida expone un conflicto prolongado en un sector clave del transporte, donde la falta de acuerdo salarial y la sobrecarga laboral impactan de forma directa tanto en las condiciones de trabajo como en la operación cotidiana de los vuelos comerciales.

JJD

El conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) entra en una fase crítica: este viernes 19 de enero vence la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Si no se alcanza un acuerdo o una prórroga, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) podría retomar las medidas de fuerza, interrumpidas desde el 23 de diciembre.

ATEPSA exige la reapertura de paritarias, revisión de trayectorias laborales, condiciones operativas y mejoras en los adicionales salariales. El reclamo incluye más de 60 puntos que, según el gremio, fueron presentados formalmente sin recibir respuesta. La organización también denuncia despidos en aeropuertos con dotación crítica, falta de cobertura médica adecuada y omisiones de mantenimiento en infraestructura estratégica. La conducción sindical advirtió que muchos controladores deben tener doble o triple empleo para alcanzar ingresos básicos, situación que se agravó con la aceleración inflacionaria y el congelamiento salarial.

En un comunicado reciente, EANA anunció una nueva audiencia para el mismo viernes y anticipó que podría solicitar una prórroga de cinco días hábiles, tal como lo habilita la normativa vigente. El objetivo declarado es evitar interrupciones durante la temporada alta del turismo, donde la operación aérea alcanza picos de demanda. Esta posibilidad se encuentra contemplada en la Ley de Asociaciones Sindicales y la normativa de la Secretaría de Trabajo, que establece la conciliación como herramienta para evitar daños mayores en actividades sensibles.

“Desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto”, sostuvo la empresa, aunque volvió a calificar de “beligerante” la postura del gremio. En un tono confrontativo, aseguró que ATEPSA busca “generar daño” y no mejoras laborales, y defendió la vigencia de acuerdos previos. Esta narrativa fue replicada por el Ministerio de Capital Humano, que a través de la Secretaría de Trabajo definió las medidas como “ilegítimas y extorsivas” y vinculó la protesta con intereses políticos, sin detallar cuáles.

La secretaria general del gremio, Paola Barritta, sostiene que el actual escenario es consecuencia directa del vaciamiento institucional de los espacios de negociación colectiva. Según ATEPSA, la última instancia paritaria legítima fue desconocida de manera unilateral por EANA, y los acuerdos salariales firmados a fines de 2023 no fueron homologados formalmente. La conducción sindical también reclama una revisión de los protocolos operativos, ya que alertan sobre fallas crecientes en los sistemas de navegación, radarización y control técnico, que impactan directamente en la seguridad de trabajadores y pasajeros.

El conflicto ya tuvo expresiones previas. En julio de 2023, el gremio impulsó medidas de fuerza antes de las vacaciones de invierno, que fueron desactivadas por conciliación obligatoria. En agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional. En noviembre, ATEPSA focalizó su plan de lucha en vuelos de carga y capacitaciones técnicas, con nueve jornadas de acciones progresivas. Finalmente, en diciembre, las protestas afectaron por primera vez a vuelos de pasajeros y derivaron en la intervención administrativa que vence este viernes.

A diferencia de etapas anteriores, el conflicto actual traspasó el plano gremial y se dirime también en la Justicia federal. Se investigan dos causas paralelas: una por fraude administrativo en la firma de un acta paritaria de 2023, en la que están implicadas Barritta y la expresidenta de EANA, Gabriela Logatto; y otra por presuntas irregularidades en seguridad operacional, donde la empresa acusa al gremio de interferir con torres de control mediante elementos sindicales que obstaculizarían la visibilidad.

El controlador aéreo es un recurso humano insustituible. Cumple una función altamente especializada, que requiere formación técnica intensiva, certificaciones oficiales y una alta carga de responsabilidad operativa y psicológica. La presión laboral sobre estos trabajadores aumentó con la reactivación pospandemia y el crecimiento del tráfico aéreo, sin que esto se traduzca en mejoras estructurales ni salariales.

La línea económica oficial insiste en sostener el congelamiento del gasto, pero el sistema de navegación aérea necesita dotaciones mínimas, turnos adecuados y condiciones técnicas garantizadas para su funcionamiento. Los trabajadores denuncian que la parálisis no es el objetivo, sino el único recurso de presión ante el deterioro del servicio y el vaciamiento del diálogo.

De no concretarse un acuerdo o una nueva prórroga este viernes, ATEPSA podría retomar medidas de fuerza inmediatas, lo que afectaría a miles de pasajeros y pondría a prueba la capacidad del Estado para sostener un servicio esencial bajo conflicto.

JJD, con información de NA

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inició este miércoles 17 de diciembre un cronograma de paros escalonados que afectará los despegues de vuelos nacionales e internacionales en todo el país. La medida se mantendrá hasta fin de mes, en uno de los períodos de mayor tráfico aéreo del año, y ocurre tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El gremio reclama incumplimientos de acuerdos salariales, despidos injustificados en aeropuertos con emergencia dotacional, y la falta de respuestas a más de 60 reclamos operativos. También exige la reapertura de paritarias, revisión de trayectorias laborales y del monto por refrigerio.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia total de diálogo”, denunció Atepsa en un comunicado. La organización advirtió que muchos controladores necesitan dos o tres empleos para completar sus ingresos, y que la situación ya fue expuesta en reiteradas instancias oficiales sin solución.

El Gobierno, en cambio, respondió con dureza. La Secretaría de Trabajo calificó las medidas como “ilegítimas y extorsivas” y sostuvo que el plan de lucha responde a intereses políticos y no laborales. EANA, por su parte, acusó al sindicato de “tomar de rehenes a los pasajeros” en plena época de fiestas.

El primer paro se realizó hoy entre las 8 y las 11. El cronograma seguirá así:

Las medidas afectan únicamente los despegues de aeronaves, con restricciones en autorizaciones en tierra y transmisión de planes de vuelo. Están exceptuadas las aeronaves en emergencia y los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado o búsqueda y rescate.

EANA insiste en que el acuerdo paritario de noviembre aún está vigente, y que el gremio rompió unilateralmente la mesa de negociación, incluso antes de agotar las instancias de conciliación. Aún así, se convocó una nueva audiencia para el miércoles 17 a las 10, sin impacto en la huelga ya iniciada.

El conflicto amenaza con escalar si no hay avances. Para los trabajadores del sector, la parálisis operativa no es el objetivo sino la herramienta: buscan reabrir un canal de diálogo frente a lo que describen como desidia patronal y precarización silenciosa en un servicio estratégico para el país.

JJD

El paro dispuesto por los Controladores Aéreos nucleados en por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) como parte de un par de lucha que incluye varias jornadas de protesta, ya se hace sentir en los aeropuertos de todo el país con la reprogramación de los vuelos dispuestas por las compañías aéreas.

La medida de fuerza que este martes se hace en dos franjas horarias, de 7 a 10 y de 14 a 17, afecta a un total de 178 vuelos y a más de 15 mil pasajeros, de un total de 295 viajes programados por la compañía Aerolíneas Argentinas, y responde al fracaso de las negociaciones salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Los paros mparciales seguirán el próximo jueves 28, de 13 a 16, y el sábado 30, de 13 a 16 y de 19 a 22.

El rechazo y la advertencia del Gobierno

El Gobierno nacional advirtió este lunes mediante un comunicado que, ante el paro dispuesto para este martes por los Controladores Aéreos como parte de su plan de acción gremial, el servicio de navegación aérea es “esencial” y debe prestarse en al menos un 45 %.

“En función a la proximidad del desarrollo de la tercera jornada de paro de los controladores aéreos, a realizarse durante el martes 26 de agosto de 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00, se recuerda que los servicios de navegación aérea son un servicio esencial establecido por ley y que se debe prestar un servicio mínimo del 45% de la operación aérea contemplada”, sostiene el comunicado difundido por la Secretaría de Transporte de la Nación.

Agrega que “el cumplimiento del servicio esencial será fiscalizado por la ANAC en todos los aeropuertos del país con inspectores de las direcciones de Inspección de Navegación Aérea, Transporte Aerocomercial e Infraestructura y Servicios Aeroportuarios. El organismo vigilará el cumplimiento efectivo de la normativa con el objetivo de garantizar el porcentaje mínimo de operaciones estipulado, prevenir situaciones que comprometan la seguridad operacional y asegurar la continuidad del sistema aéreo ante eventuales intentos de paralización total”.

Y sostiene que, “en caso de constatar incumplimientos, la autoridad aeronáutica podrá labrar actas de infracción a la empresa y definir las sanciones aplicables conforme a la normativa vigente, que podrán ser multas económicas o una eventual inhabilitación de la concesión”.

“Asimismo -añade-, la ANAC, en su carácter de autoridad aeronáutica, podrá labrar actas de infracción a los titulares de licencias, es decir, a los controladores en cuanto tales, por eventuales incumplimientos, transgresiones o por conductas que pudieran afectar la seguridad operacional”.

Hasta el momento, los paros realizados por el gremio (ATEPSA) liderado por Paola Barritta ya llevan cancelados más de 170 vuelos, y más de 250 reprogramados, perjudicando la vida a más de 44 mil pasajeros.

A su vez, desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), se evalúa realizar denuncias formales para activar sanciones económicas. Considera efectuar reclamos por daños económicos, “reservándose acciones judiciales ante la afectación al sistema aerocomercial, se analizan vías administrativas y legales”.

Advierten que “se podrían llevar adelante multas millonarias por el impacto operativo y financiero de las medidas gremiales, que afectan conectividad y seguridad aérea”.

“EANA mantiene un monitoreo legal y operativo activo, reservándose el derecho de avanzar con medidas legales adicionales si persiste el incumplimiento”, concluyen.

El paro de controladores aéreos volvió a golpear con fuerza este domingo al sistema aerocomercial argentino. Según estimaciones oficiales y de las compañías aéreas, casi 19.000 pasajeros se vieron afectados ayer por cancelaciones y reprogramaciones que alteraron la operatoria de los principales aeropuertos del país.

Las aerolíneas de cabotaje fueron las más perjudicadas, ya que concentran gran parte de sus operaciones en los horarios coincidentes con la protesta. En cambio, las compañías internacionales lograron reubicar vuelos en franjas alternativas, reduciendo el impacto en sus cronogramas.

El origen del conflicto

Las medidas fueron convocadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en el marco de un prolongado conflicto salarial con EANA.

Pese a que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria semanas atrás, las negociaciones paritarias no lograron avances. El gremio rechaza la pauta oficial, que prevé un aumento del 1% mensual, y reclama una “propuesta salarial decente” para suspender las medidas.

Cómo sigue el cronograma de paros

ATEPSA adelantó que continuará con el plan de acción durante esta semana. Las próximas restricciones a los despegues se aplicarán en los siguientes días y horarios:

Las medidas excluyen a los vuelos sanitarios, humanitarios y a los servicios de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR).

Impacto en los usuarios

La afectación sobre los pasajeros varía según la duración de las franjas de restricción. En cada jornada, se concentran demoras prolongadas en tierra y cancelaciones preventivas, que derivan en reprogramaciones masivas.

Desde las aerolíneas señalaron que trabajan en coordinación con EANA para minimizar el perjuicio a los pasajeros, aunque advirtieron que las alteraciones continuarán mientras no haya un acuerdo.

Con información de agencias.

IG