Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan este jueves un paro en todo el país y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo para rechazar los 240 despidos que, según denuncian la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y profesionales del organismo, ponen en riesgo funciones críticas como el servicio meteorológico aeronáutico, el sistema de alertas tempranas y la red de observaciones climáticas del país.

La medida arrancó por la mañana en la sede del organismo ubicada en el barrio porteño de Palermo y se extiende con cese total de actividades, asambleas permanentes y movilización, después de que delegados gremiales afirmaran que la lista de cesantías ya estaba definida y que equivale a más del 30% del plantel actual.

El núcleo del conflicto no pasa sólo por la magnitud de los despidos sino por el impacto directo sobre quienes sostienen un servicio público que funciona las 24 horas, los 365 días del año. La conducción sindical de ATE en el organismo sostiene que el recorte afecta personal de estaciones meteorológicas y de la sede central, y advierte que, si se concreta en esos términos, obligará al cierre de 40 estaciones en distintos puntos del país y dejará sin mediciones nocturnas a parte del sistema, con consecuencias sobre el servicio aeronáutico. Sostienen que la lista habría sido confeccionada por la dirección del organismo a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabezó Federico Sturzenegger.

La preocupación de los trabajadores tiene un fundamento operativo concreto: el SMN no sólo elabora el pronóstico diario que consume la población sino que también integra la infraestructura que produce observaciones, datos y alertas para la aviación, la navegación, el agro y la gestión de emergencias.

En su sitio oficial, el propio organismo muestra que sostiene pronósticos a siete días, pronósticos semanales y trimestrales, radiación UV, modelos numéricos, monitoreo climático, observaciones y boletines especiales; además, su repositorio técnico describe el papel de las alertas meteorológicas ante fenómenos que pueden representar riesgo para la población.

Esa estructura depende de trabajadores especializados cuya tarea no resulta sustituible de un día para otro. En materiales institucionales del SMN aparecen pronosticadores de alertas, servicios sectoriales y pronósticos regionales que explican su trabajo en la elaboración de alertas, pronósticos marítimos y seguimiento de eventos severos. Por eso, cuando delegados y meteorólogos hablan de “apagón meteorológico”, no usan una fórmula retórica: describen el riesgo de perder observaciones locales, discontinuar series de datos y reducir la capacidad de respuesta frente a tormentas, inundaciones u olas de calor.

La dimensión del ajuste ya había sido anticipada semanas antes por los propios trabajadores, cuando empleados del organismo denunciaron la preparación de hasta 700 despidos en un servicio que ya funcionaba por debajo de su dotación necesaria.

ATE y el Centro Argentino de Meteorólogos enmarcan el conflicto en el vaciamiento de áreas estatales estratégicas. El sindicato sostiene que el recorte no constituye una mera reducción administrativa sino un desguace de un organismo clave para la prevención de riesgos y la seguridad pública. El ajuste compromete una función pública sensible: sin observaciones de superficie, sin estaciones operativas y sin planteles completos, el Estado pierde capacidad para producir información indispensable en tiempo real.

En el caso del SMN, esa política impacta sobre tareas cuyo valor social excede largamente la discusión presupuestaria. Menos personal significa menos observación territorial, menor capacidad para sostener turnos y mayor fragilidad para un organismo que debe responder tanto a la vida cotidiana como a eventos extremos. En un país atravesado por tormentas severas, incendios, olas de calor, actividad agropecuaria intensiva y una red aérea que requiere información meteorológica permanente, el ajuste no cae sobre un área administrativa marginal sino sobre trabajadores que producen datos esenciales para anticipar riesgos.

JJD, con información de NA

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó la decisión de la CGT de convocar a un paro sin movilización ante el tratamiento en Diputados de la reforma laboral y sostuvo que la estrategia debilita la capacidad de presión del movimiento obrero. “Con este tipo de medidas va a ser muy difícil frenar a un gobierno que está completamente decidido a arrasar con todos y cada uno de nuestros derechos”, afirmó.

El dirigente recordó que la semana anterior se realizó una movilización sin paro y ahora se resolvió un paro sin presencia en la calle. Y agregó: “Hay dirigentes gremiales que le tienen miedo a la calle y los trabajadores no pueden pagar el costo de ese temor”.

Aguiar vinculó la discusión sindical con las modificaciones al proyecto aprobadas en el Senado. Según explicó, se eliminaron artículos que afectaban a las organizaciones gremiales pero permanecieron aquellos que impactaron sobre las condiciones laborales. “Se quitan justo aquellos artículos que perjudican a los sindicatos pero quedan los artículos que perjudican a los trabajadores”, sostuvo en declaraciones a AM 530 Somos Radio.

En ese sentido, planteó un interrogante directo sobre la representación sindical: “No podemos quedar desde el sindicalismo como que cambiamos plata por explotación, plata por más precarización para aquellas y aquellos que tenemos que representar”.

El secretario general de ATE definió la reforma como un punto de inflexión. “Esta ley es un punto de inflexión, hay un antes y un después en este movimiento obrero argentino”, afirmó. Y advirtió que, si la norma se aprobó, “hay una CGT que va a salir de este proceso absolutamente debilitada”.

Para Aguiar, el debate trascendió lo estrictamente legislativo y se inscribió en una disputa cultural. “El Gobierno ha logrado reemplazar el concepto de derecho por el de privilegio”, sostuvo. Y formuló la pregunta que sintetizó su crítica: “¿Es un privilegio cobrar dos veces al año el medio aguinaldo? ¿Es un privilegio que si me enfermo de cáncer y tengo que pasar por un proceso de quimioterapia, me sigan pagando el sueldo para poder sostener a mi hogar y mi familia?”.

También cuestionó la lógica oficial de promover empleo mediante la flexibilización. “No podemos aceptar que el Gobierno nos diga que está proponiendo una ley para crear empleo y empiece facilitando los despidos”, afirmó. Y añadió: “Las normas no crean empleo. Lo que crea empleo es la economía”.

ATE confirmó que sostendrá el paro con movilización. “De nada sirve un paro para quedarse en la casa. Cuando todos nuestros derechos están en riesgo, como ahora, nuestra casa, la casa de los trabajadores, es la calle”, aseguró.

Aguiar integró el Frente de sindicatos que reúne a más de cien organizaciones y que anunció que continuará en sesión permanente para definir medidas. “Seguimos en sesión permanente”, señaló.

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El día en que puede cambiar la historia de la legislación laboral en la Argentina, con un giro que distintos gremios anticipan regresivo para los trabajadores y favorable a las empresas, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió convocar a un paro del silencio: sin movilización, sin presencia orgánica en las calles, sin una concentración frente al Congreso. A pocas horas de que la Cámara de Diputados trate la media sanción llegada del Senado al proyecto de reforma laboral elaborado por el Gobierno de Javier Milei, son cada día más, y más elocuentes y enfáticas, las críticas de dirigentes de primera línea del sindicalismo a la decisión adoptada por la conducción de la principal central obrera del país.

Las objeciones no apuntaron a la necesidad de una medida de fuerza sino a su modalidad. Referentes sindicales cuestionaron que, ante una votación que definirá cambios en indemnizaciones, convenios colectivos, períodos de prueba y derechos colectivos, la central no haya impulsado una movilización masiva para presionar a los diputados. Para quienes reclaman presencia en el Congreso, la ausencia en la calle debilita la capacidad de intervención directa de los trabajadores en el momento clave del debate parlamentario.

Las expresiones de la UOM y ATE no son las primeras y se inscriben en ese clima de creciente malestar interno. En los días previos, referentes de aceiteros, bancarios y camioneros ya habían cuestionado la estrategia de la CGT frente al avance del proyecto oficial, con distintos matices pero una coincidencia central: la necesidad de combinar paro y movilización para no resignar capacidad de presión en el Congreso.

Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT y dirigente de la UOM, confirmó que su organización no compartió la postura mayoritaria. “Creemos que hay que movilizarnos al Congreso, que es el lugar donde se va a discutir la ley, y se lo hicimos saber al consejo directivo”, afirmó en AM 530. La central resolvió el paro sin movilización tras un Zoom del consejo directivo en el que, según detalló, “mayoritariamente, no unánimemente, se tomó la decisión”.

Para Lobato, la eficacia de la conducción no se midió por la cantidad de paros sino por el resultado concreto de las medidas adoptadas. “Yo no creo que la capacidad de gestión de una organización como la Confederación General del Trabajo se mide por la cantidad de paros. Se mide por la efectividad de las decisiones y las medidas que toman”, sostuvo.

El dirigente advirtió que la reforma implica un retroceso estructural para quienes trabajan. “Hay puntos de la ley que son muy esenciales para la vida del movimiento obrero, para la vida del trabajador, y que si no hubiera sabido esto, directamente ni se discutirían”, planteó. También cuestionó la revisión anual de convenios colectivos: “Discutir convenios colectivos de trabajo todos los años es una locura. No podemos cerrar acuerdos salariales a veces en el año, vamos a estar discutiendo un convenio que tiene, no sé, quinientas páginas”.

En ese marco, Lobato rechazó la posibilidad de que esta CGT convoque a un paro por tiempo indeterminado. “Esta CGT no va a parar por tiempo indeterminado”, aseguró. Sin embargo, remarcó que la salida no es quedarse en la casa: “Yo creo que paro por tiempo indeterminado, pero hay que sacar la gente a la calle. Hay que mostrar el descontento. Si vos no mostrás el descontento, no llegás a nada. Hay que ir a la calle”.

La discusión no se limitó a la modalidad de la medida. Lobato también apuntó contra el rol de gobernadores y legisladores. “El gran responsable es el peronismo”, afirmó. Y agregó: “Gobernadores que son electos por el peronismo y después se hacen los personales y no les importa votar o mandar a los senadores o los diputados en contra de su propia gente”.

La disputa por la estrategia

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar fue aún más directo. El secretario general del gremio estatal calificó la estrategia de la CGT como insuficiente frente a lo que definió como “la mayor ofensiva que en democracia se recuerde contra los trabajadores y sus organizaciones”.

“Primero fue una movilización sin paro y ahora un paro sin movilización. Con este tipo de medidas va a ser muy difícil frenar a un gobierno que está completamente decidido a arrasar con todos y cada uno de nuestros derechos”, afirmó. Y agregó: “Hay dirigentes gremiales que le tienen miedo a la calle y los trabajadores no pueden pagar el costo de ese temor”.

Aguiar vinculó la discusión sindical con las modificaciones introducidas al proyecto en el Senado. Señaló que se eliminaron artículos que afectaban el financiamiento sindical, pero se mantuvieron aquellos que impactaron directamente en las condiciones laborales. “Se quitan justo aquellos artículos que perjudican a los sindicatos pero quedan los artículos que perjudican a los trabajadores”, sostuvo. Y cuestionó: “No podemos quedar desde el sindicalismo como que cambiamos plata por explotación, plata por más precarización”.

El dirigente estatal advirtió que la modalidad elegida dejó el escenario despejado para el tratamiento legislativo. “Parece hasta que estuviera acordado. Se la vamos a dejar servida a los diputados. Hay una clara intención de dejar vacías las calles para que puedan sesionar”, planteó.

En las últimas horas, el oficialismo consensuó con sectores aliados una nueva redacción del artículo que modifica las licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados del proyecto. El objetivo es introducir ese cambio y votar la reforma este jueves en la Cámara de Diputados. Como el texto eventualmente aprobado por esta cámara sería modificado, debería volver al Senado —donde la media sanción ya salió con una mayoría de votos contundente— para su sanción definitiva.

Derechos consagrados, en riesgo

Para Aguiar, la reforma implica un cambio conceptual profundo. “El gobierno ha logrado reemplazar el concepto de derecho por el de privilegio”, afirmó. Y ejemplificó: “¿Es un privilegio cobrar dos veces al año el medio aguinaldo? ¿Es un privilegio que si me enfermo de cáncer y tengo que pasar por un proceso de quimioterapia, me sigan pagando el sueldo para poder sostener a mi hogar y mi familia?”.

ATE confirmó que sostendrá el paro con movilización. “De nada sirve un paro para quedarse en la casa. Cuando todos nuestros derechos están en riesgo, como ahora, nuestra casa, la casa de los trabajadores, es la calle”, afirmó.

La fractura expuso un malestar que excedió la coyuntura. Lobato reconoció que la convivencia interna es posible “por ahora”. Aguiar anticipó que, si la ley se aprueba, “hay una CGT que va a salir de este proceso absolutamente debilitada”.

El eje del conflicto no es solo la reforma laboral sino el modo en que el movimiento obrero decide enfrentarla. Hasta el cierre de esta nota, la conducción de la CGT no modificó la modalidad de la medida.

JJD

La Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan denunció que el Gobierno nacional filtró el contenido de un sumario administrativo reservado para justificar públicamente sanciones contra trabajadores del centro pediátrico. La acusación fue realizada por Alejandro Lipcovich, secretario general del cuerpo de delegados, luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informara en redes sociales la existencia de medidas disciplinarias antes de que las personas afectadas fueran notificadas formalmente.

“El jefe de Gabinete anuncia algo que, en teoría, no era público. Ayer lo que nos llega a nuestro correo electrónico es un informe reservado, tiene esa leyenda, que es el pedido que la sumariante hace de sanciones”, explicó Lipcovich en entrevista con AM 530. El dirigente señaló que el expediente plantea la suspensión de casi treinta trabajadores y el despido de once, entre ellos delegados de ATE y representantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT).

“Lo que hay es una persecución política, una búsqueda de aleccionar, disciplinar y evitar que se repita una lucha como la del año pasado, a días de que se intenta aprobar una reforma laboral esclavista”, denunció el delegado.

Desde ATE sostienen que la medida apunta a sectores combativos que encabezaron la pelea gremial en 2025 por recomposición salarial, condiciones laborales y dotación de personal. Aunque esa lucha derivó en una mejora extraordinaria del salario de bolsillo, las y los trabajadores advierten que el vaciamiento no se detuvo: siguen los contratos precarios, la falta de ingresos y el recorte de servicios clave como el jardín materno del hospital.

“El hospital no ha cesado. Hemos conquistado un aumento extraordinario, con una lucha muy fuerte durante muchos meses, pero el vaciamiento continúa”, remarcó Lipcovich. También denunció que se intenta reemplazar contratos eventuales por monotributos, profundizando la precarización.

La ofensiva coincide con un proceso más amplio de reestructuración del sistema público de salud. Según los gremios, hay una política deliberada de congelamiento de vacantes, recorte de suplencias y desmantelamiento progresivo de equipos de trabajo en sectores sensibles. A esto se suma la falta de inversión en infraestructura y equipamiento, que impacta en la calidad de atención.

Entre las personas señaladas en el sumario se encuentra Norma Lesana, secretaria general de APyT, quien en 2023 mantuvo un cruce televisivo con el periodista Eduardo Feinmann. Lipcovich afirmó que también están involucrados otros voceros y delegados que participaron activamente del conflicto anterior. “Hay un mensaje político y público claro, no queda duda”, sostuvo.

La denuncia incluye además el uso de canales institucionales del hospital para difundir mensajes alineados con el discurso libertario. “Las redes del hospital se han convertido en una cloaca al servicio de estas operaciones, en una sucursal de los canales de streaming de los libertarios”, apuntó.

El sumario no fue concluido formalmente y aún no se abrió la instancia de descargo. Sin embargo, desde la Junta Interna consideran que la divulgación pública anticipada por parte del Poder Ejecutivo indica que las sanciones ya están definidas de antemano. “Un sumario administrativo es algo que ya tiene una condena antes de que se haga”, denunció Lipcovich.

El conflicto ocurre en paralelo al debate legislativo sobre la reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso en diciembre de 2025. El proyecto incluye modificaciones en la jornada de trabajo, el período de prueba, el régimen indemnizatorio y el derecho a huelga. Aunque fue frenado en general en Diputados, el oficialismo anunció que insistirá con su aprobación por capítulos durante febrero.

Desde la Junta Interna de ATE se convocaron asambleas para definir los próximos pasos. No se descarta la presentación de medidas judiciales y la articulación con otros sectores gremiales. “Nos estamos empezando a organizar”, anticipó Lipcovich.

“Están jugando con fuego, porque acá no se trata de un conflicto minoritario o protagonizado solo por un puñado de personas. Acá se movieron fibras en toda la sociedad, se movilizó todo el país en defensa del Garrahan”, advirtió el delegado.

JJD

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, encabezado por ATE, anunció un paro nacional para el 11 de febrero, fecha en la que el Senado comenzará a debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La decisión fue tomada tras una reunión que reunió a representantes de diversos sectores del Estado, incluidas áreas sensibles como salud, justicia, energía, vialidad y educación.

La convocatoria no será una medida aislada. Los sindicatos adelantaron que se organizarán movilizaciones simultáneas en distintas provincias para presionar a los gobernadores que respaldan el proyecto oficial. “Tenemos que hacerles sentir todo nuestro rigor a los mandatarios. Nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El sindicalista remarcó que la huelga debe ser parte de un plan de lucha más amplio, que incluya acciones previas y posteriores. “No podemos esperar al 11 para reaccionar. Tenemos que estar en la calle antes de que el proyecto comience a tratarse”, sostuvo. En ese marco, ATE y los gremios que integran el frente evalúan establecer un cronograma de protestas escalonadas en las provincias que expresen apoyo al oficialismo.

La reforma laboral, uno de los ejes centrales del paquete de leyes que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias de febrero, propone modificaciones estructurales que también afectan al empleo estatal. A pesar de que el Ejecutivo sostiene que la iniciativa se orienta al sector privado, desde ATE advirtieron que numerosos organismos públicos se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, que el proyecto busca modificar.

Entre las dependencias involucradas mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, AFIP, Aduanas, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas.

Además de los cambios propuestos en indemnizaciones, jornada laboral y período de prueba, el frente sindical denunció un punto crítico que afecta directamente al Estado como empleador: la eliminación de la presunción de relación laboral en el caso de monotributistas. Según ATE, este punto busca “perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios” mediante el uso extendido de contrataciones precarias bajo esa figura tributaria.

“El Gobierno pretende quitarle protección a los trabajadores y multiplicar el poder de los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, alertó Aguiar. También señaló que se trata de un intento de retroceder “más de 100 años” en materia de derechos laborales, al socavar garantías básicas y principios constitucionales. “No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno hay que ponerle límites y decir basta”, afirmó.

En la reunión donde se resolvió la medida participaron también representantes de gremios judiciales, portuarios, docentes e investigadores universitarios, jubilados, abogados laboralistas, exjueces del fuero laboral y académicos especializados. Todos coincidieron en que la reforma representa un intento de “desestructurar el sistema de empleo público” y debilitar la organización sindical.

Mientras La Libertad Avanza avanza en las negociaciones con gobernadores y bloques aliados, y Patricia Bullrich inicia contactos en el Senado para garantizar la sanción del proyecto, el anuncio del paro eleva la tensión social y gremial. La jornada del 11 de febrero aparece como un nuevo hito de conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero.

JJD

Este martes, el Consejo de Mayo formalizará ante el Congreso el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que hasta ahora circulaba en borrador entre senadores y referentes técnicos. La iniciativa, que incluye 182 artículos, busca modificar de raíz la estructura legal del trabajo en la Argentina. Y aunque el Gobierno la promueve como una “modernización”, los gremios y sectores de la oposición la señalan como una estrategia de flexibilización regresiva, individualización del vínculo laboral y disciplinamiento sindical.

El texto que se oficializa hoy incluye propuestas como:

• Convenios colectivos por empresa, que romperían la negociación por rama de actividad, debilitando el sistema de paritarias.

• Salarios por productividad o “dinámicos”, con criterios definidos por cada empleador.

• Banco de horas, que permitiría jornadas laborales de hasta 12 horas, a cambio de compensaciones futuras.

• Fondo de cese laboral, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnización por despido.

• Ampliación de los servicios esenciales, lo que en la práctica recortaría el derecho a huelga en más sectores productivos.

Desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien participará hoy de una reunión con el bloque de La Libertad Avanza para explicar el contenido del proyecto, se anticipa que el texto refleja “la visión oficial” pero podrá tener disidencias dentro del Consejo de Mayo.

Bullrich quiere presidir la comisión y se calienta el debate político

Aunque aún no comenzó el tratamiento legislativo, el debate político ya escaló. Según trascendió, Patricia Bullrich está presionando para presidir la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que tendrá a su cargo dictaminar sobre la reforma. La jugada generó tensión interna: “Bullrich se va a tener que adaptar a la salida del Ejecutivo. Los tiempos del Congreso no son iguales y sus compañeros de banca no son sus empleados”, deslizó una senadora, según el newsletter especializado Hecha la ley.

Bullrich fue una de las funcionarias más activas en la defensa pública del proyecto. En entrevistas recientes, aseguró que el sistema laboral argentino “expulsa trabajadores” y sostuvo que el salario por productividad “ya existe en muchos convenios”. También defendió la idea de avanzar con “servicios mínimos” más amplios para limitar las huelgas.

El Consejo de Mayo: apoyo empresarial, fisuras sindicales

El Consejo de Mayo, impulsado por el oficialismo como instancia multisectorial para dar respaldo a sus reformas estructurales, está integrado por figuras del empresariado, técnicos, legisladores y algunos dirigentes sindicales. Aunque no hubo una redacción consensuada, sus integrantes validaron la presentación del texto. Gerardo Martínez (Uocra) participó de las reuniones, pero ya advirtió que algunas propuestas no son compartidas por el sindicalismo dialoguista.

Del lado empresario, la UIA y otras cámaras apoyan con entusiasmo el paquete. Una de sus principales demandas es la baja del “costo laboral”, a través de una revisión de cargas patronales y del régimen de indemnizaciones.

Primer paro contra la reforma: ATE se moviliza el 9 de diciembre

El sindicato ATE, uno de los más activos en el rechazo al modelo laboral oficialista, convocó a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo lunes 9 de diciembre. La medida busca frenar el avance del proyecto y visibilizar el rechazo a una reforma “pro mercado”, según definió el secretario general Rodolfo Aguiar.

“No quieren mejorar la productividad ni hacer crecer la economía. Solo buscan disciplinar la fuerza de trabajo y debilitar los convenios colectivos”, advirtió el dirigente. ATE también denuncia que el proyecto excluye a trabajadores de plataformas y colaboraciones independientes de la Ley de Contrato de Trabajo, algo que se confirma en el borrador.

Un Congreso dividido y un escenario incierto

El tratamiento legislativo arrancará con reuniones informativas en el Senado, pero el oficialismo quiere aprobar la ley en sesiones extraordinarias durante el verano. Para eso necesita aliados. Gobernadores con bloques propios ya expresaron voluntad de diálogo, pero advirtieron que no convalidarán reformas “a libro cerrado”.

Mientras tanto, desde la CGT anticipan que toda modificación que afecte derechos adquiridos será judicializada. Incluso dentro del sindicalismo reformista hay dudas sobre puntos como el fondo de cese laboral, que puede convertirse en un impuesto al trabajo si no se financia adecuadamente, como advirtió el laboralista Julián de Diego en el programa A dos voces.

¿Modernización o ruptura del pacto laboral?

El oficialismo presenta su reforma como una actualización necesaria frente a “una legislación fosilizada” que no contempla el trabajo remoto, las plataformas o el multiempleo. Sin embargo, el texto va mucho más allá: reestructura el principio de favor en los juicios laborales, elimina artículos claves de la Ley de Contrato de Trabajo, deroga el Estatuto del Periodista Profesional y limita la responsabilidad solidaria entre contratistas.

Para el Gobierno, se trata de “salir de la cultura de la inflación y entrar en la de la eficiencia”. Para los gremios, se trata de una ofensiva antisindical, que atomiza a los trabajadores y los deja a merced de negociaciones desiguales con sus empleadores.

El Congreso tiene ahora la palabra. Y la calle, la primera respuesta.

JJD

“Se trata de una reforma promercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, denunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. Con ese argumento, el gremio estatal convocó este viernes a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre, cuando se espera que ingrese formalmente el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

La medida anticipa el tono del conflicto que se avecina. ATE es uno de los sindicatos más combativos frente al gobierno de Javier Milei y viene protagonizando movilizaciones junto a otras centrales. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló esta semana y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal .

El telón de fondo: salario mínimo congelado y pérdida de poder adquisitivo

El anuncio de ATE se dio un día después de que el Gobierno convocara a sindicatos y empresas a una reunión del Consejo del Salario, que llevaba cuatro meses sin actividad. El salario mínimo actual es de $322.200 y no se actualiza desde agosto. En ese tiempo, la inflación acumulada —según estimaciones del Banco Central— provocó una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy, también de ATE, al señalar que la canasta básica supera los $600.000. Para el gremio, el congelamiento no solo afecta a quienes están fuera de convenio, sino que deprime toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias. Por eso, la crítica al congelamiento salarial y a la reforma laboral comparten raíz: un modelo que, según los sindicatos, busca reconfigurar el mundo del trabajo debilitando las instituciones colectivas.

Sin negociación ni consenso: otro frente abierto

El contraste entre la convocatoria al Consejo del Salario —una instancia institucional de diálogo tripartito— y el impulso unilateral de la reforma laboral deja al descubierto una doble vara del Ejecutivo. Mientras una parte del Gabinete (como la Secretaría de Trabajo) busca canalizar demandas por cauces formales, el proyecto de reforma ingresaría al Congreso sin participación sindical ni mesas de discusión.

ATE lo advirtió con claridad: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo Aguiar. En línea con otras organizaciones gremiales, el sindicato sostiene que la verdadera intención del Gobierno es fragmentar, flexibilizar y debilitar la capacidad organizativa del movimiento obrero.

La jornada de lucha del 9 de diciembre será un nuevo termómetro de la calle. Coincidirá con las protestas de las CTA en la Secretaría de Trabajo y con la movilización de jubilados al Congreso, lo que anticipa una semana de alta tensión en el centro porteño. Con el proyecto en camino y sin señales de retroceso por parte del Ejecutivo, la reforma laboral podría convertirse en el eje central de la conflictividad social durante el verano.

JJD

Con ollas populares, marchas, cortes y asambleas públicas, los movimientos sociales y las centrales sindicales iniciaron este jueves un ciclo de protestas que marcará el ritmo del mes. El epicentro fue en La Plata, donde desde las 10 se realizó una asamblea de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto a gremios estatales y organizaciones piqueteras. La consigna común: resistir el ajuste y frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

La movilización en Plaza Belgrano —ubicada entre las calles 13 y 40— fue la primera expresión de lo que los convocantes anunciaron como “un diciembre caliente”. Las agrupaciones participantes —Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)— buscarán confluir en un plan de lucha nacional, que incluirá jornadas de protesta, actividades territoriales y movilizaciones callejeras.

“El eje estará en los problemas vinculados al trabajo, el hambre y el avance del narcotráfico en los barrios”, adelantó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

El rechazo principal es a la reforma laboral que prepara el Ejecutivo, a la que los gremios denuncian como un intento de flexibilización y precarización, “al servicio del FMI y de los grandes grupos empresarios”. Desde el Partido Justicialista se sumaron a la convocatoria con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que advierten sobre el deterioro del mercado de trabajo y la ofensiva contra los convenios colectivos.

Los movimientos populares también exigen una recomposición urgente del Salario Mínimo y del Salario Social Complementario, congelado en $78.000 desde la asunción del nuevo Gobierno. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está pulverizado. Hay hambre, bronca y odio. Si el Estado no actúa, diciembre va a estallar”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP.

Las acciones no se limitarán al AMBA. A lo largo del país, durante el día, organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y colectivos territoriales realizaron manifestaciones simultáneas para frenar el intento del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares. Hubo concentraciones en Plaza Congreso (CABA), Plaza Rivadavia (Bahía Blanca), Legislatura (Mendoza), Plaza Güemes (Salta), Monumento a la Bandera (Rosario) y más de 30 localidades desde Ushuaia hasta Jujuy.

“Vamos a estar en las calles denunciando la motosierra libertaria”, expresó Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur. Según explicó, el Presupuesto 2026 elimina la actualización automática de asignaciones, afecta a jubilados y recorta el salario familiar. “Milei y Pettovello le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump”, acusó, en referencia a los intereses financieros detrás del ajuste.

En paralelo, los sindicatos estatales como ATE y las dos CTA definieron un plan de lucha propio, que contempla paros escalonados, protestas conjuntas con movimientos sociales y la presentación de una contrapropuesta técnica a la reforma laboral. Entre los ejes propuestos figuran:

“La reforma que propone el Gobierno ya fue declarada inconstitucional por la Justicia Laboral en sus aspectos más regresivos”, remarcaron las dos CTA. Además, alertaron que el objetivo de fondo es fragmentar al movimiento obrero y dividir la representación opositora en el Congreso, en nombre de una modernización sin derechos.

Frente a este escenario, la estrategia de los sectores convocantes es articular resistencias, sumar reclamos parciales a una causa común y proyectar una unidad social, sindical y política. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sostuvieron en un documento conjunto.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que aplicarán el protocolo antipiquetes, lo que anticipa un escenario de tensión en las próximas jornadas.

JJD

“El Gobierno quiere disciplinar el Garrahan y el mundo del trabajo”, denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan, en una entrevista con AM 530. Según detalló, el Ejecutivo nacional inició 44 sumarios contra trabajadores que participaron de recientes protestas. El sindicato considera que se trata de una represalia por el aumento del 61% al salario básico que obtuvieron tras meses de lucha.

“Es revanchismo puro. Castigan a quienes se movilizaron”, señaló Lipcovich. Entre los afectados hay delegados de ATE, de APyT (otro sindicato del hospital), y trabajadores sin afiliación. Según el dirigente, los sumarios no responden a faltas concretas sino a la participación en medidas de fuerza. “El único crimen, entre comillas, que cometieron, fue protestar dentro del hospital”, dijo.

El conflicto se da luego de una victoria gremial que obligó al Gobierno a aplicar parcialmente una ley salarial que había rechazado, lo que derivó en el aumento. “Es un ejemplo peligroso para ellos, porque muestra que la lucha da resultados. Por eso ahora intentan descabezarla”, sostuvo Lipcovich.

Además del reclamo por las sanciones, desde ATE alertan sobre una crisis estructural en el Garrahan. “Desde que empezó esta gestión, renunciaron más de 300 trabajadores y no se reemplazaron las jubilaciones. Hay menos personal para las mismas tareas, y la situación es muy seria”, advirtió el dirigente.

En ese contexto, los gremios convocaron a una conferencia de prensa frente al hospital para exigir la anulación de los sumarios, el cese de las sanciones y la apertura de una discusión sobre la situación laboral en el centro de salud.

“El aumento fue un logro colectivo. Ahora quieren imponer sanciones para apagar esa celebración”, concluyó Lipcovich, quien remarcó que la pelea continúa no solo por los salarios, sino por la defensa integral del hospital y de los derechos laborales.

JJD