La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por María Carolina Moises (Convicción Federal), realizó este martes una reunión informativa en el Salón Illia para receptar un proyecto de ley de un nuevo Estatuto del Periodista. El encuentro contó con la participación de legisladores, profesionales de prensa y entidades gremiales de la comunicación.“Este es el primer paso para lograr que el periodismo recupere su estatuto; es un deber de la política y del Poder Legislativo. El proyecto presentado hoy no se limita a restaurar lo que ya existía, sino que busca legislar sobre nuevos derechos, considerando los cambios tecnológicos y sociales”, afirmó la senadora Moises al abrir el encuentro.

La propuesta, presentada este martes por gremios y asociaciones sindicales de prensa, busca actualizar la normativa histórica que regula la actividad periodística. Para ello, preserva principios centrales como la libertad de expresión y la protección específica de los trabajadores de prensa. Asimismo, regula los nuevos derechos vinculados al uso de plataformas y al teletrabajo, define el rol de la inteligencia artificial en las tareas de prensa, reconoce derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la labor en las coberturas periodísticas. La iniciativa surge como respuesta a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, la cual establece la derogación del estatuto vigente a partir del 1 de enero de 2027.

La jornada contó con las exposiciones de Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y secretaria adjunta segunda del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); María Ana Mandakovick, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (CISPREN) de Córdoba; Diego Miner, secretario general de la Asociación de Periodistas de Corrientes; Pablo Jiménez, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe y los periodistas Mariano Obarrio y Gabriela Pepe.

Al inicio de los testimonios, Gabriela Pepe justificó la importancia de avanzar hacia un nuevo marco legal y reflexionó sobre la actualidad de la profesión: “La relación del periodismo con el poder de turno siempre es de tensión y hoy atravesamos un momento muy complejo. Nuestro trabajo cuenta con una protección especial y la libertad de expresión está amparada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Esto tiene como contracara el derecho a la información de la sociedad; por eso es fundamental garantizar la diversidad de voces y de líneas editoriales”.

A su turno, Mariano Obarrio coincidió con la senadora Moises y sostuvo que es necesaria la regulación de la inteligencia artificial, argumentando que “está plagiando y usurpando contenidos de los medios periodísticos, lo que afecta tanto a las empresas del sector como a los propios periodistas”. Asimismo, consideró preocupante el actual tráfico de información y, tras el cierre de la agencia oficial de noticias Télam, señaló que el Gobierno Nacional busca centralizar el manejo informativo, motivo por el cual disolvió el organismo con el agravante del despido de sus trabajadores.

Por su parte, María Ana Mandakovick advirtió que la crisis internacional de la prensa se debe a la concentración de medios, al impacto del capital financiero sobre las empresas locales y a la dependencia extrema de las plataformas digitales. Sostuvo que la sobreabundancia de información y la precarización laboral caracterizada por bajos salarios y polifuncionalidad, configuran un escenario desolador que urge resolver mediante este nuevo marco regulatorio.

La representante sindical Carla Gaudensi destacó el espíritu de la iniciativa: “Este estatuto contiene los aspectos protectores más importantes que tenía nuestra norma, en el sentido de que los periodistas no podamos ser presionados por ejercer nuestra labor. Esa es la protección federal y la base que nos da el estatuto, a la vez que incorpora aspectos de modernización”. Concluyó enfatizando la urgencia del debate: “Necesitamos que el 1 de enero esta norma esté vigente, porque es una protección indispensable para seguir informando a la sociedad”.

Por último, los senadores presentes formularon preguntas y expusieron sus posturas frente a la propuesta del nuevo estatuto. “El proyecto quedará en circulación para que los senadores puedan verlo, analizarlo y firmarlo estableciendo un plazo hasta el próximo viernes para, luego, poder ingresarlo formalmente y realizar el giro correspondiente a las comisiones”, concluyó Moises.

Meses después de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional como parte de la ley de Modernización Laboral, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta se reunirá este martes a las 15 en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta para la presentación de un nuevo proyecto de Estatuto de Periodista Profesional, con la presencia de expositores invitados de organizaciones sindicales de prensa como SIPREBA y FATPREN.

El proyecto de ley para crear el nuevo Estatuto del Periodista Profesional será presentado por la titular de la comisión, Carolina Moisés (Convicción Federal).

“Además de preservar la libertad de expresión, la iniciativa regula los nuevos derechos asociados al uso de plataformas, el teletrabajo, el rol de la IA, los derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la tarea en las coberturas periodísticas, entre otros aspectos”, adelantó un comunicado del equipo de prensa de la senadora jujeña.

La lista de invitados se compone, entre otros, de Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); María Ana Mandakovick, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Cordoba (CISPREN); Diego Miner, de la Asociación de Periodistas de Corrientes; y Pablo Jiménez, de la Asociación de Prensa de Santa Fe. 

El Estatuto del Periodista Profesional, reglamentado en la Ley 12.908 de 1946 fue derogado en el Título XXVI de la Ley de Modernización Laboral aprobada y promulgada en marzo de este año.

En el marco de una negociación, los sindicatos lograron que al menos se mantenga la vigencia del estatuto hasta el 31 de diciembre de este año, para tener un tiempo que les permita aprobar una nueva norma que lo reemplace.

“Este año, Milei avanzó con la reforma laboral y sancionó la derogación del Estatuto del Periodista desde el 1 de enero de 2027, que garantizaba un piso de derechos y mayor estabilidad laboral. Además, continuó con el ajuste en los medios públicos”, cuestionó la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi. 

“No podemos quedarnos en la resignación: necesitamos organizarnos y pelear de conjunto para lograr una actualización del Estatuto, mejorar los salarios y conseguir nuevas conquistas”, señaló.

Una situación alrmante

En el marco del 7 de junio, Día del Periodista, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) presentó en las últimas horas los resultados de la Encuesta Integral 2026 sobre la situación socioeconómica de quienes trabajan en empresas y medios de comunicación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un contexto de ataque permanente desde la gestión de Javier Milei a la labor periodística en detrimento de la libertad de prensa.

El informe, en base a las respuestas de 1.014 periodistas, revela como dato saliente que el 67,8% de los consultados tuvo recurrir a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades básicas, pagar servicios o el alquiler durante el último mes.

De acuerdo al estudio, “el 77,7% de quienes tienen deudas destina al menos el 30% de sus ingresos a pagarlas, umbral considerado internacionalmente como sobreendeudamiento. Aun así, el 39,5% de los consultados reconoce que no llega a fin de mes y tuvo que recortar gastos, endeudarse o incluso reducir consumos alimentarios”, detalla el informe.

Según los datos de la encuesta, “el 65,6% de las y los trabajadores de prensa cobra por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo, medida por la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, que se calculó en $1.469.768 en abril”. Incluso si se suman todos los empleos e ingresos, “el 40,7% de quienes trabajan en la actividad continúa por debajo de esos valores. En el otro extremo de la pirámide, apenas el 6,2% afirma que puede sostener su nivel de vida con lo que percibe con su principal empleo en prensa”, reconstruye el estudio.

De acuerdo al gremio de prensa, “la percepción sobre las condiciones para informar también se deterioraron. El 86,8% consideró que la libertad de expresión empeoró con la gestión libertaria, y uno de cada cuatro trabajadores/as contestó que sufrió agresiones o amenazas por su trabajo”.

Aunque algunos indicadores registran leves mejoras respecto de los peores momentos de 2024 y 2025, “la situación salarial sigue siendo crítica y obliga a gran parte del sector a recurrir al pluriempleo”. Además, el informe revela que el 54,4% de las personas encuestadas tiene dos o más empleos remunerados, y el 86,4% de ellas afirma que se ve obligada a hacerlo “porque el salario no alcanza”.

“La necesidad alcanza incluso para los jubilados y jubiladas del gremio, donde el derecho al descanso es un lujo inalcanzable. El 68,8% de quienes respondieron y están en edad jubilatoria sigue trabajando, y casi el 40% tiene más de un empleo”, remarcaron desde SiPreBA.

El informe también destaca que la situación “es particularmente grave en las ramas radiales y de prensa escrita. En las emisoras, el 86,4% de los trabajadores cobra por debajo de la línea de pobreza, mientras que en prensa escrita ese porcentaje asciende al 75,7%”.

El informe abarcó a medios como Clarín, La Nación, Infobae, América TV, Olé, El Trece, TN, C5N, El Destape, Radio con Vos, Radio del Plata, Telefe, Ámbito Financiero, Diario Crónica, Crónica TV, Canal 9, Radio Nacional, Página 12, Perfil, El Cronista, la Televisión Pública y elDiarioAR, entre otros, y se presenta habitualmente desde hace años en coincidencia con la fecha conmemorativa y la creación del SiPreBA, que cumple este 7 de junio su 11° aniversario.

Trabajadores y trabajadoras de prensa realizaron este miércoles una acción simbólica frente al Congreso para rechazar la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, incluidos en el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

La protesta, convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y Periodistas Argentinas, en el marco de la jornada nacional de movilización, consistió en encadenarse frente al Congreso con máscaras que decían “alcahuete” para protestar contra la derogación del Estatuto del Periodista. Nancy Pazos, Claudia Acuña, Agustín Lecchi, secretario general del SiPreBA y Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, participaron en la acción.

Días antes, se presentó formalmente una solicitada firmada por más de 3.000 periodistas que exige a los senadores que no acompañen la eliminación de esa normativa histórica. La actividad se desarrolló en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, frente al Palacio Legislativo.

El eje del reclamo es el artículo 193 de la denominada “Ley de modernización laboral”, que propone suprimir derechos específicos del sector, entre ellos la indemnización especial contemplada en el artículo 43 del Estatuto.

Para el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, el nuevo dictamen “da vía libre para despidos masivos en los medios” y deja en evidencia que el objetivo no es modernizar el régimen laboral sino eliminar garantías conquistadas por el gremio. “Del Estatuto solo querían eliminar la indemnización especial. No quieren modernizar nada. Es una vergüenza de la que van a tener que hacerse cargo”, sostuvo.

Durante la conferencia de prensa de presentación de la solicitada, Pazos enfáticamente la vigencia del Estatuto. “Estamos frente a un régimen”, afirmó en alusión al gobierno de Javier Milei. “No somos necios. Estamos dispuestos a dialogar y a acompañar procesos que fortalezcan la democracia, no que la debiliten”.

Esa actividad reunió a colegas de trayectoria y de posicionamientos ideológicos diversos, entre ellos Alejandro Bercovich, Mariano Obarrio, David Cayón, Silvia Mercado y Claudia Acuña. Bercovich destacó el amplio espectro político que respalda la solicitada y advirtió que la derogación del Estatuto pone en juego la libertad de expresión. En la misma línea, Obarrio afirmó que la medida “no es un hecho aislado” sino parte de “una política de ataque permanente a la libertad de prensa”.

Claudia Acuña, en representación de Periodistas Argentinas, alertó sobre el avance contra las voces críticas y llamó a sostener la unidad del sector. Silvia Mercado, por su parte, valoró que la conducción sindical vincule la defensa de los derechos laborales con la defensa de la libertad de expresión.

También participaron legisladores nacionales del bloque Justicialista —José Mayans, Florencia López, Mariano Recalde y María Teresa González— y diputados del Frente de Izquierda como Romina del Plá, Néstor Pitrola, Myriam Bregman, Gabriel Solano y Vanina Biasi, quienes expresaron su rechazo a la derogación.

CRM

Apenas diez días después de llegar a la Casa Rosada, el gobierno nacional presentó por primera vez su proyecto de supuesta “modernización laboral”. Detrás de ese nombre se esconde una regresión de un siglo en materia de derechos laborales, conquistas que fueron fruto de décadas de lucha de las trabajadoras y los trabajadores junto a sus organizaciones sindicales. Ese plan regresivo —que el gobierno logró aplicar parcialmente mediante la Ley Bases— es el que ahora pretende profundizar. Si lo aprueban, la vida de quienes trabajamos, tengamos un trabajo registrado o no, será muchísimo más difícil y estará más desprotegida.

Para quienes trabajamos en la actividad periodística, este gobierno impulsa un ataque directo: de la noche a la mañana, sin mediar debate alguno, busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Estas normas, sancionadas hace 80 años, son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo. Permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación. Incluso si el trabajador o la trabajadora no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación. Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo.

Además, el proyecto del gobierno deroga artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando los gravámenes a las señales audiovisuales con la que se sostienen los medios públicos, medios comunitarios y micropymes. De este modo, con una misma norma el gobierno beneficia doblemente a las grandes empresas de medios: le quita derechos a quienes trabajan en sus compañías y las exime de impuestos que fueron pensados para posibilitar un arco de voces plural y democrático en la información. Paradójicamente, esas grandes empresas de medios son voceras de estas normas que flexibilizan aún más el trabajo periodístico pero se niegan sistemáticamente a discutir una modernización laboral en cada paritaria, cuando desde el sindicato promovemos regular la inteligencia artificial, el teletrabajo, las nuevas funciones. En pocas palabras, encontraron en este proyecto un negocio redondo.

Todo se agrava al ser una iniciativa con la que avanzan de facto. En los últimos dos años, ni el gobierno ni las empresas de medios pusieron en debate el Estatuto del Periodista, su vigencia o anacronismo. Tampoco promovieron ninguna discusión al respecto.

Nuestra suerte está ligada a la del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina, a quienes este gobierno nacional nos convirtió en enemigos declarados. No existe otra explicación para la licuación de salarios y jubilaciones iniciada desde el primer día de gestión, con una devaluación que significó una transferencia brutal de recursos desde quienes trabajamos hacia los dueños de las empresas más grandes del país.

Más que nunca, vamos a fortalecer junto a las organizaciones y centrales sindicales la defensa de nuestro derecho a tener derechos laborales. Lo haremos ante el Congreso, ante el Poder Judicial y en las calles. Convocamos a nuestros compañeros y nuestras compañeras a participar, afiliarse y poner freno a la contrarreforma laboral.

Comunicado de SiPreBA y FATPREN

La Ley de Modernización Laboral ya tiene letra chica. El texto completo, filtrado en las últimas horas, revela un proyecto de 182 artículos que apunta a redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. Incluye cambios sustanciales en el régimen de contratación, indemnizaciones, licencias, convenios colectivos y condiciones fiscales. También deroga normas con más de medio siglo de vigencia, como el Estatuto del Periodista Profesional.

La filtración del borrador se produce mientras el oficialismo acelera negociaciones parlamentarias. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, anticipó que la reforma será tratada en sesiones extraordinarias junto al Presupuesto 2026. “Vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, prometió.

1. Exclusiones: quién queda fuera del paraguas de la ley laboral

Uno de los cambios más estructurales es el recorte del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según el texto, quedarán fuera:

Este punto legaliza figuras laborales hoy consideradas fraudulentas o encubiertas, como los monotributistas dependientes, y deja a miles de trabajadores sin amparo sindical, vacaciones ni licencias.

2. Redefinición del principio de favor

El nuevo artículo 9° de la LCT establece que la interpretación más favorable al trabajador solo se aplicará por “instituciones” (es decir, bloques normativos), y no por cada cláusula o norma aislada. Esto debilita un principio clave del derecho laboral argentino, que históricamente prioriza la protección individual.

3. Cambios judiciales y “castigo” por reclamar de más

El proyecto introduce un nuevo criterio para costas judiciales: si un trabajador reclama un monto “excesivo” (pluspetición inexcusable), deberá pagar las costas junto a su abogado. Para gremios y juristas, esto desalienta el acceso a la Justicia y criminaliza la demanda laboral.

4. La pata fiscal: incentivos, exenciones y baja de impuestos

El capítulo fiscal busca atraer inversiones con alivios impositivos. Entre las medidas más destacadas se incluyen:

También se crea un Régimen de Incentivo para Inversiones Productivas (RIMI) destinado a MiPyMEs, con beneficios fiscales específicos.

5. Derogaciones: normas históricas que caen

El Título XXV del proyecto deroga artículos clave de la Ley 20.744, entre ellos:

La eliminación del estatuto de prensa implica un golpe directo a la organización sindical en medios de comunicación, y abre la puerta a regímenes más precarios de contratación.

6. El “modelo productivista”: convenios por empresa y salarios por mérito

La reforma impulsa la negociación colectiva descentralizada, permitiendo convenios por empresa. A su vez, elimina la “ultraactividad” (vigencia automática de convenios vencidos) y promueve aumentos por productividad individual, por encima de paritarias sectoriales.

Se habilita además la fragmentación de vacaciones, que podrán tomarse por períodos mínimos de una semana, lo que atenta contra el descanso continuo y la salud laboral.

7. Jornada extendida y fondo de cese: trabajo más largo, despido más barato

Aunque el Gobierno relativizó este punto en público, el borrador incluye la posibilidad de extender la jornada diaria de 8 a 12 horas mediante acuerdos y de implementar “bancos de horas” (compensación con francos en lugar de pago extra).

Respecto a los despidos, el proyecto:

Para la CGT, esto implica un “traslado del costo del despido al trabajador” y rompe con la lógica protectoria del sistema actual.

8. Escenario político y resistencias

Mientras el oficialismo se encolumna detrás de la narrativa de “modernización”, los sindicatos anuncian movilizaciones y denuncias judiciales. CTA, ATE, UTEP y la CGT ya anticiparon su rechazo y preparan medidas de fuerza.

Desde el oficialismo, Bullrich considera que el proyecto es “necesario para que los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que no será “de un día para el otro”.

Una reforma que busca cambiarlo todo

La propuesta oficial desarma pilares del derecho laboral argentino y redibuja el mapa de relaciones entre capital y trabajo. Para sus impulsores, es el paso necesario hacia un sistema más “eficiente y competitivo”. Para sus detractores, es una ofensiva sin precedentes contra los derechos laborales.

Como advirtió la CGT, “una reforma sin diálogo puede rebotar en la Justicia y generar más incertidumbre” . El Congreso, mientras tanto, se prepara para una batalla legislativa que marcará un antes y un después en el mundo del trabajo.

JJD