Avanza en estos días el plan de “modernización laboral”, eufemismo para nombrar lo que no es otra cosa que un plan para pulverizar nuestros derechos y nuestros ingresos. Vuelven en los mentideros de la TV, los diarios y las redes sociales los eslóganes engañosos, esos gráficos tendenciosos y datos falsos que intoxican nuestra comunicación. En mi columna anterior me ocupé de la idea falsa de que exista una “industria del juicio”. Hoy voy con otra: el eslogan del “costo laboral” (supuestamente alto) de la Argentina. Todos lo repiten, empezando por Milei. La implicancia es que los empresarios desearían contratar más, pero el malvado Estado les impone cargas imposibles. Sería una “cuña fiscal” o un “impuesto al trabajo”, como lo llama otro eslogan insidioso. Parece ridículo: si queremos que haya trabajo ¿Por qué ponerle un impuesto? Absurdo.

“Costo laboral” es la relación entre el costo total que paga un empleador cada vez que paga un salario y lo que el empleado recibe de bolsillo. En 2024, esa diferencia fue en la Argentina del 34,6%. Suficiente para la indignación: imposible contratar así, el Estado se queda con el salario del pobre obrero, en otros países el costo es mucho más bajo, la producción se vuelve poco competitiva. ¡Hay que bajar el “costo laboral”!

Primer engaño: buena parte de esa diferencia no es porque el Estado se la quede. No es ningún “impuesto”: es salario indirecto, dinero que va al trabajador, solo que no de manera inmediata, sino diferida. Por ejemplo, en la jubilación, que es parte del salario que se pospone hacia un momento futuro, o la obra social, que permite acceder a servicios de salud sin pagarlos, o la ART, que cubre los gastos en case de un accidente laboral. Nada de esto es un impuesto. Y los costos los pagan empleadores, pero también los trabajadores aportan su parte.

Este esquema que parte el salario en dos –salario de bolsillo + salario diferido– surgió hace mucho tiempo, por demanda de los trabajadores. De hecho, en sus inicios empezó como una iniciativa autónoma, fuera del Estado y sin que los patrones pusieran un peso: los trabajadores creaban asociaciones de ayuda mutua y acordaban entre ellos aportar cada mes una porción de su salario para tener luego alguna cobertura en caso de que fallara la salud o para pagar su propio sepelio. Era una forma colectiva de enfrentar los problemas que individualmente un trabajador pudiera tener. Luego, eso evolucionó hacia el esquema moderno: el Estado tomó esa función (a veces compartiéndola con los sindicatos) y pareció justo que los empleadores también pusieran una parte. Porque si se beneficiaban del trabajo de una persona, también tenían que contribuir a que esa persona no muriera de hambre al llegar a anciana o si se enfermaba. ¿Por qué hoy los empresarios quieren eliminar todo esto? Porque tienen una relación de poder que los favorece y saben que los trabajadores, sobre todo los jóvenes, se verían forzados hoy a resignar ese salario indirecto y a aceptar un salario de bolsillo “pelado” y ellos se ahorrarían un gasto. Ni más ni menos: quieren pagar menos a los trabajadores.

Pero el argumento es engañoso también por otros motivos. Para empezar, si vamos a hablar de la competitividad, veamos el costo total de emplear a alguien. No solo el “costo laboral”. Lo cierto es que los empresarios argentinos pagan salarios mucho más bajos que los que se pagan en países desarrollados. Peor aún, tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina (y no: los salarios promedio tampoco se destacan). Con o sin “costo laboral”, pagan una miseria. Así que a otro perro con el hueso de la “competitividad”...

Finalmente, ni siquiera es cierto que la proporción que estima el “costo laboral” sea muy alta en Argentina. La llamada “cuña fiscal” total en 2024, incluidas todas las cargas, contribuciones e impuestos que pesan sobre el trabajo, no dio un porcentaje particularmente alto. En una muestra de 39 países, la Argentina quedó en el puesto 26, por debajo de casi todos los países europeos y muy muy por debajo de Alemania, Bélgica o Francia. Nada del otro mundo.¿Podría la Argentina ser más competitiva bajando esa cuña, quitando todo derecho laboral y llevando los salarios a niveles de los que se pagan en Ruanda o Kenia? Claro que sí. Pero entonces que digan que el objetivo es que seamos como Ruanda o Kenia.

Pero vayamos más a fondo. Nos taladran con el problema del “costo laboral” y la competitividad. ¿Pero cuál es el “costo patronal”? ¿Cuánto les sale a las empresas sostener todos los gastos gerenciales, todo lo que le cuestan sus dueños y ejecutivos? ¿No habrá allí costos a ahorrar si de lo que se trata es de ganar en competitividad?

“Costo patronal” es un término que puso a circular el movimiento de empresas recuperadas luego de la crisis de 2001. En esos años, cuando cada mes quebraban cientos de fábricas, los obreros tomaron muchas de ellas y las pusieron a trabajar sin patrón, administradas por ellos mismos. Fábricas gigantes, como Zanón, quebrada por su dueño, se recuperaban, contrataban más trabajadores, florecían. Demostraban así que eran viables económicamente, incluso si los bancos no les daban créditos, incluso si los proveedores y clientes les tenían desconfianza. Bajo control obrero, eran viables. ¿La clave? Que lograban reducir drásticamente lo que comenzaron a llamar el “costo patronal”, la carga de los gastos gerenciales que aplastaba a muchas empresas. ¿Cómo definieron el “costo patronal”? Para empezar, por supuesto, la tajada que se llevan los accionistas, que es una enormidad. Sin eso las empresas podrían ser más competitivas y pagar sueldos mucho mejores. Pero dejemos eso de lado mientras vivamos bajo el capitalismo.

“Costo patronal” es también la cantidad de gastos que genera el modo de gerenciamiento habitual. En primer lugar, los salarios y bonos exorbitantes que se llevan los CEOs y ejecutivos, que vienen creciendo de manera injustificable. En Estados Unidos, donde hay estadísticas de todo, se ve claramente. En 1965, un CEO (Gerente General) cobraba en promedio 21 veces más que un trabajador. Para 2022 la brecha se había ampliado de manera fabulosa: ya ganaban 344 veces más. Pero además de eso hay que sumar toda una cantidad de prebendas gerenciales: comisiones, oficinas lujosas, choferes, pasajes en primera, viáticos, retiros a resorts lujosos, etc., una fortuna en costos que deben soportar las empresas. A eso hay que agregar lo que gastan en consultorías que, como mostró la famosa economista Marina Mazzucatto, muchas veces son poco menos que una gran estafa.

Y todavía nos queda estimar el costo de la corrupción empresarial. No me refiero solamente a las coimas que sistemáticamente pagan a jueces y funcionarios para asegurar sus privilegios –otra fuente de gastos enorme– sino a la corrupción interna de las firmas, que es rampante. Las empresas deben cambiar sus gerentes de compras cada pocos meses para evitar el cohecho de los proveedores, por el que las empresas pierden fortunas y tienen mayores costos (que obviamente paga el consumidor). Poca gente lo sabe, pero la corrupción en el sector privado es gigantesca.

¿No ganaríamos mucho más en productividad y competitividad discutiendo el costo patronal, en lugar de merodear obsesivamente en torno de un “costo laboral” cuya reducción no significa otra cosa que atacar el nivel de vida de quienes viven de su trabajo?

ED/MF