El Gobierno de Javier Milei utilizó este martes su cuenta de la “Oficina de Respuesta Oficial” en redes sociales para responder a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras su declaración indagatoria en Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos y después de un texto en el que la exmandataria aseguró que cuando el Poder Ejecutivo “no le da pan y trabajo al Pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo” y describió la actualidad de la gestión libertaria como una “catástrofe económica y social” con “fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad”.

En su respuesta, el Gobierno acusa a Cristina Fernández de Kirchner de intentar “describir una supuesta 'catástrofe social y económica' en la Argentina como excusa de su condena y prisión domiciliaria”. “Nada de esto es casualidad. Es parte de una ofensiva política y mediática coordinada contra un Gobierno que por primera vez está haciendo lo que el kirchnerismo nunca quiso hacer: ordenar la economía argentina y terminar con décadas de despilfarros”.

Y en el texto, desanda el camino de los planteos de la expresidenta para responder “una por una sus afirmaciones”:

De acuerdo al posteo del Gobierno, el oficialismo asegura que CFK “omite lo más importante de cualquier análisis de la actual situación económica: el punto de partida. Este Gobierno recibió una economía con inflación de tres dígitos, reservas negativas y casi una década y media sin crecimiento de la actividad ni del empleo registrado. Pretender revertir en dos años el desastre acumulado durante décadas es simplemente negar la realidad. Este Gobierno está reconstruyendo orden fiscal, estabilidad macroeconómica, respeto por la ley y condiciones para el crecimiento. Y por sobre todas las cosas, convirtiendo a la Argentina en el país más libre del mundo”.

La puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Oficial marcó un nuevo capítulo en la relación del Gobierno con los medios de comunicación y, al mismo tiempo, formalizó el ingreso al Estado de uno de los principales operadores digitales del oficialismo: Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como “Juan Doe”.

La nueva dependencia fue presentada este jueves a través de la red social X con un tono marcadamente confrontativo. El organismo tiene como objetivo “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y defendieron la iniciativa como una forma de “combatir la desinformación brindando más información”, en contraposición a lo que calificaron como prácticas de censura de “sectores políticos vinculados a la izquierda”.

En su comunicado inaugural, el Gobierno aseguró que la creación de la Oficina de Respuesta Oficial no vulnera la libertad de expresión, sino que la refuerza. “Estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, señalaron.

El argumento central se apoya en el cambio de la política de medios: al dejar de “financiar relatos con pauta oficial”, las críticas y versiones falsas se habrían vuelto “más ruidosas”, lo que —según la mirada oficial— vuelve necesario “desmentir con claridad y sin rodeos”.

En ese marco fue designado Carreira, una figura identificada con el núcleo duro de la militancia libertaria en X y con el dispositivo digital que respalda al presidente Javier Milei. Desde ese espacio, Carreira interactúa de manera constante con referentes como Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, y el diputado bonaerense Agustín Romo, todos alineados políticamente con el asesor presidencial Santiago Caputo y su estructura denominada “Las Fuerzas del Cielo”.

Con formación en ingeniería industrial, Juan Pablo Carreira construyó su identidad pública como un outsider del Estado. Incluso, poco más de un año atrás había expresado en redes sociales que nunca aceptaría un cargo público, una publicación que fue eliminada tras su desembarco en la administración nacional. Antes de asumir, trabajaba en el sector privado con ingresos dolarizados, un dato que él mismo utilizó para reforzar el relato de compromiso ideológico con el proyecto libertario.

Su participación en la estrategia comunicacional oficial antecede a su nombramiento. Durante la campaña presidencial fue señalado como parte del núcleo que diseñó la ofensiva digital del oficialismo, en estrecha relación con el consultor Fernando Cerimedo, uno de los principales arquitectos del entramado comunicacional libertario. Junto a él impulsó La Derecha Diario, un portal orientado a la difusión de ideas de derecha y del ideario liberal.

La llegada de Juan Pablo Carreira a la Oficina de Respuesta Oficial se dio, además, en un contexto de reconfiguración interna en el área de comunicación, tras la salida de otros referentes del ecosistema libertario como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón. A diferencia de esos perfiles, su designación supone la institucionalización de una práctica que hasta ahora se movía en el terreno informal: la confrontación directa y sistemática con el periodismo desde una estructura estatal.

Al anunciar su incorporación, Juan Pablo Carreira eligió un tono épico y militante. Habló de “entrar a la cancha” luego de años de preparación y se definió como parte de una gesta destinada a “salvar al país”. La Oficina de Respuesta Oficial aparece así como el marco institucional de un estilo comunicacional que abandona la mediación y asume la disputa frontal con los medios, ahora desde el propio Estado.

Con información de medios

JIB

El lanzamiento de la denominada Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo foco de tensión entre la Casa Rosada y el periodismo, con una contundente reacción del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió sobre riesgos institucionales y un posible avance del Estado sobre la libertad de expresión.

La nueva herramienta comunicacional fue presentada este jueves a través de la red social X y tendrá como objetivo “contestar públicamente noticias falsas”, “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la iniciativa surge ante un escenario en el que, tras el retiro de la pauta oficial, las críticas y falsedades se volvieron “más ruidosas”.

En su comunicado inaugural, la Oficina afirmó que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y remarcó que su accionar no implica censura, sino “combatir la desinformación brindando más información”. “Estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, señalaron, al tiempo que aclararon que no buscan “convencer ni imponer una mirada”, sino aportar herramientas para que la ciudadanía pueda “distinguir hechos de operaciones”.

Sin embargo, la reacción de FOPEA fue crítica. A través de un comunicado, la entidad manifestó su “profunda preocupación y rechazo” ante la creación de la cuenta oficial, al considerar que el Gobierno pretende arrogarse la facultad de definir una “verdad oficial” desde una posición de poder. “La búsqueda de la verdad es una tarea profesional del periodismo, basada en el rigor, el chequeo y la multiplicidad de fuentes, no en la imposición de un dogma”, advirtió la organización.

FOPEA alertó además sobre la “gravedad institucional” que implica montar desde el Estado lo que calificó como un “tribunal de la verdad”, y remarcó que la difusión de la iniciativa desde la cuenta oficial confirma el uso de recursos públicos para “vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”.

El pronunciamiento también contextualizó la medida dentro de un escenario más amplio de restricciones al acceso a la información pública, al recordar cambios recientes por decreto en esa normativa, la falta de conferencias de prensa regulares y la ausencia de una vocería presidencial activa. “El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”, sostuvo FOPEA.

Con este nuevo cruce, la relación entre el Gobierno y el periodismo suma un capítulo más de tensión. Mientras el Ejecutivo defiende la Oficina de Respuesta Oficial como una herramienta para enfrentar la desinformación, la entindad advierten que el límite entre desmentir y condicionar el debate público puede volverse difuso, con consecuencias directas para la libertad de expresión y la rendición de cuentas en una sociedad democrática.

Con información de NA y FOPEA

JIB