El juez Víctor Pesino, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, presentó una medida cautelar para impedir que el próximo 27 de julio, cuando cumpla 75 años, se active el procedimiento de cese de sus funciones si antes el Senado no aprueba su nuevo acuerdo. Pesino pidió que se ordene al Ministerio de Justicia abstenerse de comunicar al Consejo de la Magistratura la vacancia del cargo que ocupa hasta que finalicen las sesiones ordinarias del Senado de este año.

El magistrado quedó en el centro de la discusión política luego de que su sala dejara sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Un día después de ese fallo, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Pesino para extender su permanencia en el cargo por cinco años, una decisión que generó cuestionamientos de la oposición y de la CGT por la cercanía temporal entre ambos hechos. Ahora el pliego de Pesino para habilitar su continuidad está en agenda para una sesión que se espera en el Senado para la semana próxima.

El camino del pliego en el Senado

El 9 de junio, Pesino asistió al Senado para defender su postulación ante la Comisión de Acuerdos. Luego de un debate marcado por críticas de senadores peronistas, el pliego obtuvo dictamen con los votos de La Libertad Avanza y sus aliados. Ese día admitió que se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pero negó recibir favores del Gobierno a cambio de sus fallos.

Sin embargo, el expediente no llegó aún al recinto. La actividad parlamentaria quedó condicionada por el conflicto político generado alrededor del caso Adorni y la sesión prevista para tratar distintos temas finalmente no se realizó.

Ante la posibilidad de que el Senado no avance antes del receso invernal, Pesino recurrió a la Justicia para intentar conservar su cargo mientras espera una definición legislativa. La idea del oficialismo es apurar esa sesión en los días próximos, pero aún no fue confirmada.

El cuestionamiento al límite constitucional

Además de solicitar la cautelar, el camarista anticipó que cuestionará la constitucionalidad del inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces deben dejar sus cargos al cumplir 75 años, salvo que obtengan un nuevo acuerdo del Senado y un nombramiento presidencial.

En su presentación, sostuvo que esa norma no establece plazos para que el magistrado solicite la renovación, ni fija tiempos para la actuación del Poder Ejecutivo o del Senado. También planteó que no contempla qué ocurre cuando la demora responde a circunstancias ajenas al desempeño del juez.

El escrito repasa las reuniones que mantuvo con funcionarios del Ministerio de Justicia y el recorrido de su pliego en el Senado. Sobre la falta de tratamiento, Pesino sostuvo que respondió a “razones políticas” ajenas a su responsabilidad.

El antecedente de la Corte Suprema

En su planteo, Pesino también se diferenció de los antecedentes en los que la Corte Suprema analizó el límite de los 75 años para los magistrados, entre ellos los casos de Leopoldo Schiffrin y Ana María Figueroa.

En el caso de Figueroa, la Corte resolvió que la magistrada había perdido su investidura judicial al alcanzar la edad límite sin contar con un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado.

El máximo tribunal estableció entonces que, para continuar en funciones, los jueces deben contar con el nuevo acuerdo legislativo y el decreto presidencial correspondiente antes de alcanzar los 75 años.

Pese a esa resolución, el kirchnerismo impulsó posteriormente la aprobación del pliego de Figueroa en el Senado y el entonces presidente Alberto Fernández firmó un decreto para renovar su mandato. Finalmente, la jueza decidió jubilarse luego del cambio de gobierno.

“En los pasillos de Tribunales se escuchan rumores, ¿usted recibió dinero por dictar sentencia? ¿Sabe que en Tribunales a usted y su colega se los nombra como ‘Bonnie y Clyde’?”, arremetió, tranquilo, provocador, el senador kirchnerista Mariano Recalde apenas comenzó la reunión de la comisión de Acuerdos en el Senado. En frente lo tenía a Víctor Pesino, el juez que dejó sin efecto la cautelar que suspendió la reforma laboral y que intervino, además, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). No hizo falta que se defendiera: fue el oficialismo el que salió, a los gritos, en su defensa y se comprometió a juntar los votos para aprobar su pliego la semana que viene en el Senado. 

“Acá lo que pasa es que el Dr. Pesino tomó una decisión muy importante: que las leyes que este Congreso vota, se respetan. No avaló, como otros jueces, de manera corporativa, la defensa de intereses judiciales por sobre lo que el Congreso había decidido”, saltó Patricia Bullrich, quien aprovechó para sobreactuar oficialismo luego de la crisis que abrió en el Gobierno, la semana pasada, con el pliego de Verónica Michelli. 

Luego del escándalo de la sesión de la semana pasada, en la que Bullrich optó por negociar con el peronismo para incluir el pliego de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, la senadora aprovechó la nueva jornada de debate en la comisión de Acuerdos del Senado para reencauzar su rol como jefa de bloque libertario. Defendió a Pesino, le prometió que contaba con el apoyo –y los votos– de todo el oficialismo para continuar como juez cinco años más y, de paso, apuntó contra el sindicato combativo que el juez había decidido intervenir. 

“Actuó contra un sindicato con altos niveles de corrupción, contra la industria del juicio”, exclamó, tajante. Todo era una puesta en escena, sin embargo. Cinco minutos después de pronunciar esas palabras, Bullrich se acercó al titular desplazado de la UOM, Abel Furlán, que se encontraba presente en el público, y se puso a cuchichear. Furlán le explicó que todo lo que Pesino decía era mentira y la senadora libertaria simuló sorprenderse por la noticia. Acordaron reunirse en los próximos días para conversar del tema. 

“Patricia va a hacer todo lo posible por aparecer en la tapa de los diarios todos los días”, ironizó un dirigente peronista, quien aseguró que no creía que Bullrich impidiese la aprobación del pliego de Pesino, pero que sí haría todo lo posible para encontrar nuevas formas de diferenciarse del Gobierno. Una nueva provocación, luego de la publicación del videoclip musicalizado por La Joaqui con el tema “Dicen de mí”, con el que buscó desdramatizar los rumores sobre su ambición presidencial de cara a 2027.  

La provocación le costó caro: este jueves se reúne la mesa política del Gobierno, de la que participa siempre, y todavía no la invitaron. Karina Milei desconfía de Bullrich desde que ganó las elecciones en octubre, y viene amenazando con echarla de las reuniones de la mesa chica desde que salió a pedir en público la declaración pública de Manuel Adoni. En el equipo de Bullrich sospechan que la invitarán a último momento. “Que no rompan las bolas”, se la escuchó despotricar, irónica, a la jefa del oficialismo en los pasillos del Senado. El jueves, además, cumple 70 años. 

Pese a la interna que tiene con el Gobierno, Bullrich está focalizada en retomar la actividad legislativa y evitar, así, que los Milei dejen de responsabilizarla por el estancamiento de los proyectos del Ejecutivo. La reforma electoral aún es un dolor de cabeza, pero la ex ministra confía en que podrá sesionar la semana próxima e incluir el nuevo régimen de zonas frías y la nueva ley de salud mental. 

El objetivo, además, es volver a intentar aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto de Federico Sturzenegger que iba a debatirse el jueves pasado pero que, en el marco del caos que se abrió con el pliego de Michelli, Bullrich tuvo que aceptar retirar para seguir negociando. La senadora se reunirá con los aliados a partir de las seis de la tarde para incluir modificaciones en el capítulo de la Ley de Tierras, que propone eliminar todos los límites para la venta de tierras a extranjeros en todo el territorio nacional.

Los aliados exigen unas mínimas restricciones a la venta de tierras en las zonas de fronteras (que, con el proyecto original de Sturzenegger, estarían liberadas a que cualquier extranjero pueda comprarlas sin ningún tipo de limitación). Piden que se establezca un doble conforme cada vez que se plantee la venta de una tierra en zona de frontera: no solo el de los gobiernos provinciales, sino también el del gobierno nacional. “Es un tema de seguridad nacional”, explica un senador aliado. 

Los pliegos judiciales

Los cruces con la oposición por el pliego de Pesino concentraron toda la tensión de la jornada. No solo Recalde lo cruzó por sus fallos en favor de la reforma laboral y la intervención de la UOM, sino también “Wado” de Pedro y el formoseño José Mayans. “Acá no va a haber sindicato que aguante porque si molestan los van a meter presos”, se quejó el jefe de interbloque peronista, quien discutió durante toda la mañana con la radical Carolina Losada y la libertaria Nadia Márquez. 

“Ahí está la defensora de pobres e incapaces”, le espetó a Losada, cuando empezó a cruzarlo porque estuviera extendiéndose en el tiempo durante el interrogatorio a los jueces candidatos. Y aprovechó para poner el dedo en la llaga de la interna libertaria: “Ya veo que varios le chupan las medias a Patricia porque ven que es el reemplazo de Milei, pero dejen hablar”, ironizó, aludiendo a Losada, pero mirando a Bullrich. La ex ministra, que hasta entonces conversaba animadamente con el correntino “Camau” Espínola, dejó de sonreír y lo miró irritada. 

Pesino, por su parte, logró cosechar el apoyo del oficialismo, pero abandonó el Senado sin tener el pliego listo para ser tratado la semana que viene. Las firmas del dictamen irían apareciendo a cuentagotas, protegidas bajo candado por el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, quien ya había escondido, previamente, el pliego de Michelli para que el Senado no pudiera tratarlo. 

Pese a las acusaciones, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no se inmutó. “A mis hijos les prometí que no me iba a morir antes de los cien años y espero poder seguir desempeñando la magistratura en forma razonable y aplicando sentido común”, deslizó, al comienzo de su alocución. Reconoció que se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el 7 de abril, antes de firmar el fallo que dejó sin efecto la cautelar que suspendió la reforma laboral. “Pero nunca hablo de política con nadie. No recibí presiones ni ofrecimientos”, se atajó.

MCM/CRM