“Digo hechos, no palabras.” Así definió esta mañana el ministro de Defensa, Carlos Presti, en una entrevista con Radio Rivadavia, el anuncio de que la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia arrancará en enero. El funcionario precisó que la obra completa demandará una inversión de US$450 millones a lo largo de cuatro años, que incluirá un muelle en forma de L de 580 metros, edificios, obradores y caminos de acceso, y agregó que “el proyecto de Presupuesto 2027 contempla nuevas partidas para continuar la construcción”. Pero las palabras no aparecen en el papel: en el proyecto de gastos que anoche ingresó al Congreso no hay ninguna mención a la plataforma de la Armada, según pudo constatar elDiarioAR en el propio documento y en fuentes especializadas.

En una revisión completa del texto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados —el proyecto de ley y sus anexos— no se encuentra la expresión “Base Naval Integrada” ni una sola vez, ni ninguna partida, proyecto de inversión o línea de crédito que pueda identificarse con la obra de Ushuaia. Lo único que el proyecto menciona sobre Ushuaia es una frase de objetivos de política de Defensa, sin monto asociado: el interés en desarrollar el “Eje Ushuaia – Base Antártica Conjunta Petrel” para el sostén logístico antártico.

La única obra austral que sí tiene partida concreta en el proyecto 2027 es otra —el muelle de la Base Antártica Conjunta Petrel, en la Antártida, $30.433 millones entre 2027 y 2028—, un hallazgo que confirmó también, por su cuenta, el medio especializado Pucará: “Resulta llamativo que no se asignan nuevos fondos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, que la Armada ha estimado en un costo total de unos 300 millones de dólares y en la actualidad se ha asignado alrededor de un 30%”.

Fuentes del Ministerio de Defensa, sin embargo, aseguraron a elDiarioAR que la base naval será financiada por partidas que están en el proyecto firmado por Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. Pero cuando este medio pidió detalles, no hubo respuestas. “Va dentro de presupuesto”, fue lo único que recogió este medio.

Antes del Presupuesto 2027 sí hubo un movimiento concreto de plata. La noche del 4 de septiembre, horas después de que Milei anunciara por cadena nacional el paquete de medidas por Malvinas, el Gobierno firmó el DNU 867/2026, que amplió en $217.954 millones el presupuesto vigente de Defensa para lo que restaba de 2026. De ese total, $206.373 millones se clasificaron bajo un concepto específico: “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”. El desglose de ese ítem: $114.732 millones para el Ministerio de Defensa central, $60.429 millones para el Ejército y $31.211 millones para la Fuerza Aérea. El resto, $11.581 millones, se destinó a gastos corrientes y de capital.

El propio Gobierno reconoció que ese dinero iba para esas dos obras, pero lo giró como un adelanto genérico a proveedores y contratistas, a nombre de las fuerzas, sin decir cuánto correspondía a cada base. Si la obra costará unos $400.000 millones de pesos, los $114.732 millones que giró el DNU 867 representan apenas el 29% de ese total. Del costo total que el propio Gobierno admite, falta cubrir alrededor de dos tercios.

La comparación con otras dos operaciones navales de gran escala que sí figuran en el Presupuesto 2027 marca la diferencia de tratamiento. La planilla anexa al artículo 50 del proyecto, donde se autorizan operaciones de crédito público, incluye un préstamo de US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión con base en Puerto Belgrano y otro de US$2.300 millones para tres submarinos convencionales con base en Mar del Plata, con monto, plazo y destino explícitos.

El propio presupuesto de la Armada para 2027 no tiene margen para una obra de la escala de la Base Integrada. De los $1.305.942 millones que el proyecto le asigna a la fuerza para el año que viene, el 85% —$1.107.565 millones— son gastos en personal. Todo lo que la Armada puede invertir en bienes de capital en 2027, la categoría “Bienes de Uso”, asciende a apenas $42.474 millones, y ya está comprometido en su totalidad: $37.616 millones son los cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, y el resto es maquinaria menor. La fuerza ni siquiera tiene, en la tabla que desglosa su presupuesto por tipo de gasto, una línea de “Construcciones”. La única partida de “Construcciones” de peso en todo el proyecto de Presupuesto 2027 —$418.416 millones— pertenece a otra jurisdicción, el Ministerio de Economía, por Energía y Transporte, y no tiene ninguna relación con Defensa.

El anuncio de hoy llega, además, en contraste con lo que ya había marcado este medio: mientras promete acelerar la obra, el Gobierno autorizó por el Decreto 764/2026 la venta de 38 hectáreas de terrenos de la Armada en pleno centro de Ushuaia —donde hoy funcionan la Legislatura provincial y el Ecoparque en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan—, valuados en apenas US$2,5 millones según había denunciado la senadora López. El propio Presti reconoció hoy el estado real del proyecto que recibió: “Literalmente no hay nada, es la nada misma. Hay un monolito y un contrapiso de cemento para un futuro parque; nada más que eso.”

MC

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se reunieron este viernes en Ushuaia con el gobernador de Tierra del Fuego, el peronista Gustavo Melella, en su visita a la capital provincial para recorrer el predio donde el Gobierno busca acelerar la construcción de la Base Naval Integrada. La obra fue frenada por el propio Ejecutivo desde la asunciónde Javier Milei pero ahora busca acelerar en el marco del nuevo discurso soberanista por las Malvinas. La visita se concreta en medio de una semana cargada de gestos oficiales sobre las islas: el último fue este mismo viernes el Gobierno oficializó la creación de un nuevo mecanismo que centraliza en la Cancillería toda actividad del Estado nacional que pueda incidir en el reclamo de soberanía.

Quirno y Presti llegaron a Ushuaia pasadas las 11, luego de despegar desde el Aeropuerto Militar de Aeroparque a las 6.30 en un avión Embraer RJ de la Fuerza Aérea. Los acompañan el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, junto con los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, y los senadores del mismo espacio Agustín Coto y Belén Monte de Oca. Al llegar, la comitiva recibía una exposición sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, Malvinas y la proyección antártica, y luego recorría el sitio junto a los equipos técnicos a cargo de la obra.

La agenda oficial contemplo una cumbre con el peronista Melella. El dato no es menor: tanto Melella como el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, venían reclamando en los días previos no haber sido convocados a participar del armado de esta visita, en un contexto de relación distante entre la Casa Rosada y la administración provincial a lo largo de los últimos tres años.

“Más allá de las diferencias que podamos tener en otros temas, en esto coincidimos: Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía. La Base Naval Integrada es una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años, junto al desarrollo del Polo Logístico Antártico”, tuiteó Melella sobre su encuentro con los funcionarios nacionales.

En términos de financiamiento, la iniciativa completa requiere una inversión estimada entre 400 y 500 millones de dólares. Hasta ahora, la única partida confirmada es una reasignación presupuestaria de US$142 millones, formalizada mediante una modificación publicada en el Boletín Oficial, que cubre apenas cerca del 30% del costo total calculado: el 70% restante todavía no tiene origen definido. La obra había arrancado en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, y permaneció prácticamente congelada durante el primer año del gobierno de Milei —con un 9,13% de avance físico que no se movió entre diciembre de 2023 y agosto de 2025—.

El otro movimiento llegó por decreto. Este viernes, el Boletín Oficial publicó el Decreto 983/2026, que crea el Sistema de Articulación de la Política Exterior “en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, coordinado por la Cancillería. El nuevo esquema tiene a su cargo “la implementación de los mecanismos de información, coordinación y asesoramiento oportuno” respecto de toda actividad internacional de organismos de la Administración Pública Nacional que pueda incidir en la política exterior argentina o, específicamente, en las acciones para “recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

En la práctica, el decreto obliga a todos los organismos del Estado nacional a informar a la Cancillería, con los alcances y plazos que esa cartera determine, cualquier reunión, comunicación, negociación o actividad internacional que involucre a autoridades extranjeras u organismos internacionales y que pueda fijar posiciones oficiales del país, incidir en negociaciones diplomáticas en curso, implicar la firma de acuerdos o declaraciones conjuntas, generar consecuencias jurídicas o políticas, comprometer los lineamientos de política exterior del Poder Ejecutivo o, de manera explícita, involucrar a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y la soberanía argentina sobre esos territorios. Quedan afuera del nuevo control las gestiones ante organismos financieros internacionales o bancos multilaterales de desarrollo que se limiten a cuestiones financieras, crediticias o de ejecución de programas.

MC

El mismo cartel que instaló la gestión de Alberto Fernández, ahora en medio de gran cantidad de nieve. Esa es hoy la puerta de entrada de la anunciada Base Naval Integrada de Ushuaia, que este viernes visitarán el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, en el marco del repentino giro malvinense del gobierno de Javier Milei.

En el predio se ven dos carteles: uno del Ministerio de Defensa y la Armada Argentina que anunciaba el “Proyecto Base Naval Integrada Ushuaia”, y otro que identifica la “Etapa I” de la obra —“Movimiento de suelos, Galpones Modulares 24 A y B, Bases Galpón Modular 24 A”— y nombra como contratista a Tandanor S.A.C.I. y N., el astillero estatal que también está en el centro de otra polémica actual porque el Gobierno busca privatizarlo.

La Base Naval Integrada se ideó en los años 90, pero recién tuvo su “piedra fundacional” en marzo de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y bajo la gestión del entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana. La base está ubicada en terrenos navales próximos al aeropuerto internacional de Ushuaia, frente al Canal de Beagle. Y está muy cerca de 38 hectáreas de terrenos de la Armada que el Gobierno puso en remate público hace apenas un mes.

El proyecto prevé instalar a la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército en terrenos navales linderos al aeropuerto internacional de Ushuaia, con un muelle de unos 1.050 metros de desarrollo de atraque, un edificio de servicios marítimos de 2.540 m² y un complejo logístico antártico de 10.100 m² con galpones, talleres, depósitos, oficinas y cámaras frigoríficas. Una segunda etapa, todavía más lejana, sumaría otros 39.000 m² para el Comando del Área Naval Austral.

El problema es el ritmo. Según supo elDiarioAR de fuentes oficiales en Tierra del Fuego, la obra está a un 10%, el mismo avance que quedó de diciembre de 2023. El detalle de la ejecución física es del 9,13%. Lleva casi dos años sin avances medibles. El entonces ministro de Defensa Luis Petri había estimado en 2024 un costo total de unos US$300 millones para la obra completa, de los cuales solo US$163 millones estaban asignados para 2025. El propio Ministerio reconoció que el ritmo de la obra depende de la “disponibilidad financiera” del Estado, que se redujo todavía más el año pasado.

Ese estancamiento es el que Milei busca revertir con el giro que le dio a la agenda de Malvinas desde la cadena nacional: el DNU 867/2026 que amplió en $217.954 millones el presupuesto de Defensa, y ahora la visita de este viernes de Quirno y Presti a Ushuaia, que se hará sin haber convocado formalmente ni al municipio ni a la provincia. El Gobierno presenta la reactivación de la Base Naval como parte central de esa nueva agenda de “soberanía” en el Atlántico Sur, aunque todavía no precisó un cronograma de obra ni montos específicos para acelerarla.

La ingeniera a cargo de la obra, Alejandra Portatadino, de planta permanente en el astillero Tandanor, defendió públicamente el proyecto en diálogo con elDiarioAR, pese a que el Gobierno frenó el financiamiento de la obra. Señaló que en mayo de 2025 se terminó de construir una platea con partidas que había destinado la gestión anterior. “En Tandanor recibimos una partida de dinero que correspondía a los costos de realizar la platea, que es de alta complejidad por los tipos de galpones que va a tener y la complejidad del suelo: todo tiene que ser sismo-resistente. Trabajamos en verano de 7 a 20 sin parar, de sábado a sábado. Trabajamos codo a codo con la Armada y hay que reconocer el corazón que le ponen con los pocos recursos que tiene”, señaló.

“Es una base militar y tenemos que ser muy cuidadosos con la información”, planteó la ingeniera, que cumplió la etapa de construcción de la platea. La nueva dirección de ingeniería será definida por el ministro Presti. “Es una obra que atañe a la soberanía nacional”, aseguró Portatadino.

MC