En el valle del río Neuquén, en los alrededores de las localidades petroleras, el aire se puede “ver”. Lejos de toda metáfora, durante la madrugada es posible divisar una nube gris en el horizonte. No es un efecto óptico, sino la acumulación de gases emitidos a la atmósfera por la industria hidrocarburífera. Así, la población aledaña convive con una serie de contaminantes que ponen en riesgo su salud, mientras los Gobiernos Nacional y Provincial promueven con ahínco una actividad que, por sus impactos, busca erradicarse en todo el mundo. 

Esto es parte de lo que se vive en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, el epicentro de la industria fósil en la Argentina donde ciudades como Añelo crecen año a año por la llegada de familias que buscan mejores oportunidades, aumentando así la población expuesta a la contaminación.

En los yacimientos no convencionales, como Vaca Muerta, la extracción de petróleo y gas mediante fractura hidráulica libera metano, un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono, aunque permanezca menos tiempo en la atmósfera. Cuando ese gas no puede captarse por falta de infraestructura, se puede recurrir a dos prácticas: el venteo (liberación directa) o la quema en antorchas (flaring). Ésta última práctica se considera “preferible”, ya que al combustionar el metano se transforma en dióxido de carbono, reduciendo su potencial de calentamiento inmediato. En la provincia Neuquén, el venteo directo está restringido por la Ley provincial N° 2175, salvo excepciones técnicas.

Gran parte de las emisiones, como el metano y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), son incoloras e inodoras, lo que dificulta su detección sin tecnología específica. Patricia Rodríguez es analista de Imágenes Ópticas de Gas (OGI en inglés) en la ONG estadounidense Earthworks y viajó a la Cuenca Neuquina en 2023 para documentar las emisiones de gas. Las imágenes se capturan con una cámara que tiene un filtro espectral y sensores que, al bajar a temperaturas criogénicas (menos 200°C o 300 C°), permiten visibilizar ciertos gases, incluyendo metano y otros 19 gases más como benceno y tolueno. “En muchos lugares donde se apunta la cámara no se ve nada a simple vista y de repente se ve (en la cámara) que se está quemando”, explica la analista a Climate Tracker.

De esa manera, Rodríguez detalló los hallazgos durante aquel viaje: “Vimos contaminación en toda la cadena de valor del petróleo y el gas: desde el proceso de upstream (exploración y producción), de midstream (transporte y procesamiento), y también visitamos algunas refinerías, es decir, el downstream (refinación y comercialización), que es el proceso donde se hace algo con el petróleo y el gas”.

Además de ser difícil de percibir para cualquier ciudadano, en Neuquén son las mismas empresas las que declaran sus niveles de quema o fuga ante el Estado. Este modelo de autodeclaración empresarial también está vigente en Estados Unidos. Según un estudio, las emisiones de metano por venteo o quema son hasta cinco veces superiores a lo esperado en el país norteamericano, por lo que advierte que los reportes de emisiones a través de este tipo de mecanismos tienden a subestimarse. La dificultad de cuantificar las emisiones, según el análisis, se debe a la intermitencia de estas actividades y a la falta de un monitoreo y reporte adecuados. Según la investigación publicada en la revista GeoHealth, “el uso exclusivo de los volúmenes de gas declarados por los propios productores podría conducir a una subestimación de las emisiones procedentes de la quema y la ventilación”.

El procedimiento de la quema tampoco garantiza una combustión completa. “Con la cámara podemos ver que esa quema muchas veces no está completa. Si la quema fuera eficiente, no veríamos los humos de gases subiendo a la atmósfera que deberían estar siendo quemados. Y eso nos dice que, posiblemente, todavía haya metano junto con los otros gases que vemos en las imágenes”, sostiene Rodríguez. 

Luego del último viaje, en el que además de analizar imágenes en Vaca Muerta midieron en refinerías y otros puntos de Dock Sud y Bahía Blanca, Earthworks reportó sus hallazgos: “Los estudios de imágenes ópticas de gases mostraron niveles de emisiones de medios a altos en tres lugares de fracturación hidráulica, seis instalaciones de compresión o almacenamiento, ocho plantas de procesamiento, cuatro centrales termoeléctricas y tres refinerías, muchas de las cuales estaban muy cerca de viviendas”.

El impacto en la salud, un hecho

Los efectos en la salud de la contaminación del aire por uso de combustibles fósiles están documentados en numerosos estudios científicos. Una investigación de 2023 publicada en la revista científica BMJ estimó que “5,13 millones de muertes adicionales anuales a nivel mundial son atribuibles a la contaminación del aire ambiente derivada del uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, podrían evitarse eliminando gradualmente los combustibles fósiles. Esta cifra corresponde al 82% del número máximo de muertes por contaminación del aire que podrían evitarse controlando todas las emisiones antropogénicas”.

Una estimación similar reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando reconoce a la contaminación atmosférica como uno de los principales riesgos para la salud, responsable en 2019 de 6,7 millones de muertes prematuras, más de 380.000 ocurridas en América.

Por otro lado, un estudio de 2020 realizado en los yacimientos del sur de Texas asoció la exposición frecuente a eventos de quema nocturna con el aumento en un 50% de las probabilidades de partos prematuros, en comparación con poblaciones no expuestas.

Finalmente, otro estudio publicado en 2022 estableció el “vínculo causal” entre la quema de gas natural y la salud respiratoria en Dakota del Norte, también en Estados Unidos, entre 2007 y 2015. En él se demostró que un aumento del 1% en la quema de gas aumenta la tasa de hospitalización por problemas respiratorios en un 0,73% y que los efectos negativos en la salud se detectan hasta 60 millas (aproximadamente 96,5 km) de distancia de la fuente de quema. El estudio también revela que la quema de gases perjudica la salud de bebés lactantes y mayores de 65 años. 

En la Cuenca Neuquina, la Confederación Mapuche y el Observatorio Petrolero Sur vienen alertando sobre la prevalencia de afecciones respiratorias en niños y adultos. El escenario se complejiza en zonas donde el crecimiento demográfico se acelera por la actividad industrial y aumenta la cantidad de habitantes expuestos a la contaminación. Un ejemplo de esto es la localidad de Añelo que tuvo un aumento poblacional del 140% entre 2010 y 2022, pasando de 2.600 habitantes a 6.400, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Lefxaru Nawel es integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, que viene planteando la problemática en distintos espacios de debate colectivo. En diálogo con Climate Tracker sostuvo que la contaminación del aire y sus efectos en la salud son una realidad que viven muchas familias de la comunidad en la meseta neuquina. “Lo que se ve en la zona es una gran afectación de la calidad del aire a partir de la explotación petrolera. La contaminación de ahí no es solamente por la infraestructura hidrocarburífera sino también por la presencia de las plantas de arena y por el gran tránsito que hay y la falta de los caminos”, afirma.

Respecto a la contaminación, Nawel explica cuándo se puede percibir: “Los mecheros por lo general queman más de noche. Es una estrategia que ellos tienen para invisibilizar más ese tipo de contaminación, que a la vista siempre es difícil de percibir. Entre Fortín de Piedra, Loma de la Lata, Tratayén, además del olor, en la madrugada, cuando amanece, se ve una nube de contaminación. Pese a que hay viento de manera persistente, acá en la zona se puede ver y, más que nada, se puede sentir el olor como a combustible”. 

La Dra. Marisa Cogliati, directora del laboratorio de climatología y calidad del aire de la Universidad Nacional del Comahue, explica el fenómeno: “Estamos en un ambiente árido con viento intenso en algunas épocas del año, con lo cual lo que emiten se dispersa rápidamente y no tenemos tantos problemas. Pero en invierno durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, la atmósfera se aquieta y todo lo que se emite queda desde los 2.000 metros hacia abajo. Entonces, eso genera una zona con mucha contaminación y todo eso se va a quedar hasta que la atmósfera se ponga en movimiento. Para eso se necesita calor, o sea, que hasta que no salga el sol o corra viento no va a ocurrir y el viento de la noche es mucho más bajo”.

En ese sentido, Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, aporta otra problemática derivada de la quema: las dioxinas, compuestos químicos que se liberan durante la combustión incompleta de hidrocarburos y que, al ser contaminantes orgánicos persistentes, no se degradan fácilmente. Sobre su comportamiento en el territorio, explica: “Toda la quema libera dioxinas que el viento transporta. Por ejemplo, nosotros tenemos una zona de mucho viento y de cambio de dirección del mismo. En el valle entra todo eso y queda ahí, por debajo de las nubes. Ese traslado de las dioxinas tiene el agravante de que se fijan en los cuerpos de agua”.

Para las comunidades que conviven con los pozos, los efectos de la contaminación en la salud se viven en carne propia. Las afecciones respiratorias, según Nawel, son una constante que se agudizó en los últimos años. “Hay problemas respiratorios de todo tipo, de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), sobre todo en la infancia. Y hay una situación donde el Estado no provee la información, donde no se realizan tampoco informes epidemiológicos ni estadísticos relacionados al impacto acumulativo de la contaminación”. 

Nawel destaca, como un posible indicador a observar, la merma en la asistencia de los estudiantes en las escuelas y el aumento de demanda en las salitas de salud durante los meses más fríos: “Basta con ver las salitas de la meseta, la enorme cantidad de afecciones respiratorias a partir del otoño. En la escuela misma te dicen: ‘Hay un gran porcentaje de ausentismo a partir del descenso de la temperatura por la estación del año por las afectaciones respiratorias’, pero el Estado, los gobiernos, impiden que haya un informe estadístico, epidemiológico”.

Una característica de esta contaminación es el impacto acumulativo que tiene la salud. “Es estar de manera permanente recibiendo contaminación, no es que vos si el día de mañana venís acá y pasás al lado de un basurero, te vas a desmayar porque hay olor feo, sino que el estar de manera constante sometido a la contaminación es un impacto que termina horadando la capacidad vital con hipertensión pulmonar, por ejemplo, o la afectación al sistema nervioso y al sistema inmunológico y además del respiratorio y todo lo que tiene que ver con con la depuración de las toxinas como es el sistema urinario, hepático”, sostuvo Nawel.

“La perversidad de los gobiernos dice que (las afecciones a la salud) son porque se calefaccionan quemando cualquier cosa que pueden, cosa que no deja de ser cierta y que muestra también la desigualdad social. Mientras por un lado está la riqueza y la opulencia que en ciertos sectores se detenta en Neuquén, por otro lado, la población no tiene gas, no tiene luz y no tiene agua. Pero no es solamente esa situación, sino que también es la contaminación del aire que es permanente: hoy contrasta con que esa misma gente a la noche en el horizonte ve todo el gas que se ventea para que no explote el gasoducto”, dijo el integrante de la comunidad Mapuche de Neuquén.

Climate Tracker se contactó con tres empresas hidrocarburíferas que operan en Vaca Muerta. Se les consultó por sus protocolos de medición de emisiones, estudios de calidad de aire y salud, y porcentajes de captura de gas. Desde Tecpetrol, del grupo Techint, respondieron no tener información al respecto. Shell alegó no poder responder por temas de corresponsalías. Por su parte, YPF se limitó a enviar el enlace a su reporte de sustentabilidad de 2024. 

Compromisos climáticos de Argentina y estimación de beneficios

Argentina adhirió al Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley nº. 27270. Y en diciembre de 2020, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se firmó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de la República Argentina en la que el país se comprometió a una meta aplicable a todos los sectores de la economía de no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) en el año 2030, representando una reducción del 19% respecto al máximo histórico de 2007. 

Sin embargo, el camino para alcanzar el objetivo se estancó. A diferencia de lo que se pretendía en la COP30 de 2025, Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, no actualizó su NDC, manteniendo una política climática que Climate Action Tracker calificó como “críticamente insuficiente”. En su último reporte, la ONG dimensiona los efectos de la falta de compromiso de Argentina con la reducción de emisiones: “En 2022, las emisiones en Argentina repuntaron por encima de los niveles de 2019 tras una fuerte caída en 2020 debido a la COVID-19. Esto sitúa las proyecciones de emisiones de Argentina para 2030, bajo las políticas actuales, aproximadamente un 15 % por encima de su ya poco ambicioso objetivo para ese año”.

Un informe del Ministerio de Salud de Argentina y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), obtenido por Fundación Ambiente y Recursos Naturales mediante un pedido de información pública de 2025, estimó los beneficios sanitarios de cumplir la NDC. Los resultados son contundentes: una ganancia de casi 36.000 años de vida por prevención de muertes prematuras. También se evitarían 2.350.000 días de actividad restringida (en todas las edades) y 600.000 días de trabajo perdidos (población en edad económicamente activa) anuales. Además, el número de asma en niños se reduciría en 280.000 casos anuales. El informe concluye: “Estas y otras ganancias en salud también resaltadas por la herramienta brindan un co-beneficio económico que implicaría un ahorro de US$ 1.860.000.000 anuales”.

Nawel coincide con que la contaminación tiene efectos en la sobrecarga al sistema de salud pública: “Si uno habla en términos presupuestarios, que son los que le gustan al Gobierno, la afectación también va a ser por ese lado y la salud pública es la que se resiente a partir de recibir cada vez más gente enferma por esta situación. Esto tiene un correlato directo, por ejemplo, con situaciones que se viven en el país hoy como el sistema de salud o el (hospital) Garrahan, que hay muchos niños y niñas de las comunidades mapuches que se han ido a atender ahí a partir de la contaminación que han padecido y las enfermedades que muchas veces son raras, como casos de malformación. El sistema de salud pública es el que recibe esa carga y es el que, justamente, estos gobiernos que son pro extractivismo están desmantelando”.

La comunidad mapuche organizada llevó adelante distintas medidas para visibilizar el daño a la salud por contaminación a lo largo de los años. “Hicimos numerosas gestiones para que eso se atienda, pero lo que hay es ese abandono de la obligación que tienen de cuidar la salud pública, como el caso del basurero petrolero que tiene ese impacto en la población. Pero, lamentablemente, los sucesivos gobiernos no lo toman como una prioridad, solamente lo mencionan como si fuera algo al pasar y no como la huella que está dejando Vaca Muerta y que va a dejar en las futuras generaciones”, afirma Nawel.

Un marco regulatorio fragmentado

La regulación de las emisiones en Argentina está fragmentada entre las normativas nacionales y las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. La Ley Nacional Nro. 20284 de contaminación atmosférica es el marco vigente y data del año 1973. En ella se establecen las normas de calidad del aire y concentración de contaminantes y fija los deberes de las empresas, como asegurar que los parámetros de emisión no excedan los establecidos.

En 2023 se presentó la Resolución de la Secretaría de Energía nro. 970/23 que buscaba implementar el Programa Nacional de Medición y Reducción de las Emisiones Fugitivas Derivadas de las Actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Sin embargo, la resolución nunca se reglamentó.

Entre las propuestas de reducción de emisiones de metano figura el proyecto de Ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Gestión de Emisiones de Metano en el Sector de Hidrocarburos”, impulsado por el diputado Martín Maquieyra en 2024 con apoyo de otros bloques. A pesar de la urgencia sanitaria y ambiental, el proyecto, que busca proteger la salud humana, reduciendo emisiones en el sector hidrocarburífero, corre el riesgo de quedar en la nada. De perder estado parlamentario este año por falta de tratamiento, el Congreso renunciaría a establecer un marco regulatorio nacional que guíe a las provincias y proteja a las comunidades.

En Neuquén conviven leyes de 30 años de antigüedad con algunas más actuales. La Ley Nro. 2175 de 1996 prohíbe el venteo directo y fija una tasa ante la superación de las emisiones permitidas mientras que en 2024 se sancionó el “Régimen Provincial de acción climática” bajo la Ley Nro. 3454. Esta última dispone la creación de un Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero. Entre sus objetivos figura “establecer estrategias, políticas y medidas de mitigación del cambio climático, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de sumideros de carbono, así como la mejora de su capacidad de absorción”. 

A partir de la última ley, y bajo la Resolución 258/2025 se creó el “Programa de Monitoreo en el Sector Hidrocarburífero”, de la Secretaría de Ambiente, que reglamenta estas acciones específicas para la industria del petróleo y gas. El último avance en ese sentido fue el pasado 10 de abril, cuando se publicó en el boletín oficial provincial el “Procedimiento de Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al sector Upstream”.

Climate Tracker consultó a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén si existían mecanismos de auditoría externa a las empresas para validar las declaraciones juradas de las operadoras. Asimismo, se le consultó si había estadísticas sobre la afectación de la salud por contaminación del aire. Al momento del cierre de esta nota, no hubo respuesta por parte del organismo.

La postal de la contaminación invisible

La expansión de Vaca Muerta se proyecta sobre un territorio que ya evidencia efectos sobre la salud pública. Nawel pone el foco en la falta de estadísticas: “Como decimos, es la contaminación más difícil de percibir y la que menos se ha controlado, porque el gobierno provincial nunca ha invertido en controlar ese tipo de contaminación, pero la vez que hemos podido acceder a esa tecnología (las imágenes de Earthworks) ha sido concretamente muy impactante. Es una contaminación que, como decimos, no se ve, pero que está ahí de manera permanente”.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

El informe anual de World Weather Attribution (WWA) que analiza la relación entre cambio climático y sucesos extremos examina 22 fenómenos que afectaron al planeta en 2025 dibujando “un panorama desolador” ante riesgos “cada vez mayores” que, advierte, son consecuencia “no de una amenaza futura, sino de una realidad actual”.

El documento reconoce que el año que ahora concluye fue “ligeramente más frío que 2024 a nivel mundial” debido a La Niña -el fenómeno que enfría las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial- que provocó un descenso de las temperaturas marinas, pero, aún así, fue “mucho más caluroso que casi cualquier otro año registrado”.

Las emisiones de gases de efecto invernadero, asegura, “hicieron que las temperaturas globales fueran excepcionalmente altas” e intensificaran prolongadas olas de calor, además de empeorar las condiciones de sequía y los incendios forestales, así como aumentar las lluvias y vientos extremos y las inundaciones graves, con miles de víctimas mortales y millones de desplazados.

Sube la temperatura

El estudio constata que desde la firma del Acuerdo de París en 2015 la temperatura media ha aumentado en 0,3 ºC, un incremento “aparentemente pequeño”, pero que ha provocado que el calor extremo sea “significativamente más frecuente” al añadir 11 días calurosos adicionales al año como término medio.

Las políticas contenidas en el Acuerdo, añade, han contribuido a reducir el calentamiento previsto desde 4 ºC hasta 2,6 ºC, una “disminución sustancial que no obstante crearía un mundo peligrosamente caluroso”, e insiste en que, “por primera vez en la historia, la media de tres años ha superado el umbral de 1,5 ºC”, lo que alimenta fenómenos meteorológicos extremos con consecuencias “devastadoras”.

El informe señala que en 2025 estos impactos fueron determinados por vulnerabilidades locales específicas, pero. agrega, “en muchos casos encontramos los mismos patrones en todo el mundo”, lo que apunta a la necesidad de “alejarnos urgentemente de los combustibles fósiles” y, además, invertir en medidas de adaptación.

Sucesos como el huracán Melissa, ejemplifica, revelan que cuando una tormenta intensa azota pequeñas islas caribeñas como Jamaica “ni siquiera unos niveles relativamente altos de preparación pueden evitar pérdidas y daños extremos”.

Hasta 157 fenómenos

En 2025, la WWA contabilizó un total de 157 fenómenos, de los cuales los que se produjeron con mayor frecuencia fueron las inundaciones (49) y las olas de calor (49), seguidos de grandes tormentas (38), incendios forestales (11), sequías (7) y olas de frío (3).

De ellos, estudiaron en profundidad 22 sucesos -7 en América, 6 en Europa, 5 en Asia, 3 en África y 1 en Oceanía- de los cuales 17 mostraron “una clara huella del cambio climático”.

“Las olas de calor, tormentas y eventos de lluvias intensas que estamos presenciando hoy están muy por encima de lo que la variabilidad natural podría prever”, según Sjoukje Philip, del Instituto Meteorológico Real de los Países Bajos, quien figura entre los analistas que han elaborado el informe y quien insiste en que “lo que antes era una anomalía se está convirtiendo rápidamente en la norma”.

Calor e incendios

Entre los peores problemas, el texto destaca a las “asesinas silenciosas”, las olas de calor, que considera los fenómenos “más mortíferos” cuyo peligro “no se denuncia ni se valora lo suficiente”, como muestra el dato de las 24.400 personas que el año pasado perdieron la vida entre junio y agosto en 854 ciudades que representan al 30 % de la población europea.

Ese calor extremo afectó también a países americanos como México, Argentina o Brasil: en este último caso, grandes regiones sufrieron uno de los años más secos registrados, lo que impactó directamente en el agua disponible y por tanto la producción agrícola, además de los fuegos forestales.

Los incendios han sido catastróficos en países como Corea del Sur -2025 fue el peor año en el país asiático desde 1997- y, en el sur de Europa, como el noroeste de España y de Turquía y también Chipre.

En el caso de la península Ibérica afirma que las condiciones meteorológicas extremas propicias para estos fuegos fueron 40 veces más probables de lo que habrían sido sin el cambio climático.

Finalmente, el informe señala las desigualdades existentes entre el Norte y el Sur Global en materia científica, puesto que la falta de datos meteorológicos y las limitaciones de modelos climáticos en el Sur (incluidos los países iberoamericanos) dificultan los análisis de atribución al limitar la capacidad de demostrar con precisión el impacto del cambio climático.

EFE

El año 2025 se perfila para igualar a 2023 como el segundo año más cálido del que se tenga registro, mientras que el mes pasado fue el tercer noviembre más cálido a nivel global, según informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S).

“Es prácticamente seguro que 2025 terminará como el segundo o tercer año más cálido jamás registrado”, señaló el organismo de monitoreo climático de la Unión Europea, informó Xinhua.

De enero a noviembre, la temperatura media mundial fue 1,48 grados Celsius superior al nivel preindustrial, idéntica a la registrada en todo 2023, actualmente el segundo año más cálido después de 2024, de acuerdo con el C3S.

Aunque 2025 por sí solo podría no alcanzar un aumento de 1,5 grados Celsius respecto al nivel preindustrial establecido en el Acuerdo de París, es probable que el promedio de temperatura global del período 2023-2025 supere ese umbral por primera vez desde que existen registros, indicó el servicio climático.

Solo en noviembre de 2025, la temperatura media global del aire en superficie fue de 14,02 grados Celsius, apenas 0,2 grados por debajo del récord de noviembre de 2023 y 0,08 grados por debajo de noviembre de 2024, añadió el C3S.

“Estos hitos no son abstractos: reflejan el ritmo acelerado del cambio climático, y la única manera de mitigar el aumento futuro de las temperaturas es reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero”, afirmó Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo.

Por su parte, las temperaturas de la superficie del mar también se mantuvieron inusualmente altas para un mes de noviembre, con un promedio de 20,42 grados Celsius entre los 60 grados de latitud sur y norte, el cuarto valor más alto registrado para este mes.

Además, la extensión del hielo marino en el Ártico se ubicó 12 % por debajo del promedio, la segunda menor para un noviembre, mientras que la del Antártico fue 7 % inferior al promedio, la cuarta más baja para ese mes, según el C3S.

De un lado del ring, el presidente Javier Milei y las empresas mineras que avanzan sin freno –algunas más que otras dependiendo de su emplazamiento–, a reformar la ley de protección de glaciares con un Congreso con más libertarios y provincias peronistas que apuestan a la minería. Del otro, están las organizaciones ecologistas que claman contra cualquier cambio a la norma de 2010. A ellas se suman los pequeños agricultores y ganaderos, bodegas y hasta empresas de agua embotellada que tienen sus temores sobre el impacto en las vertientes de la explotación de los metales en los Andes.

Pero también están los glaciólogos, quienes coinciden con las compañías en que la zona periglacial está mal definida en la legislación, y discuten sobre si la que realmente lo es, según su conocimiento, debe resguardarse o no, dependiendo de si cuenta con reservas estratégicas de agua.

Milei ha dicho hace dos semanas, envalentonado con el triunfo electoral, que no sólo impulsará las reformas laboral y tributaria sino otras como la de glaciares, además de la educativa y la penal. En cuanto a la que protege los heleros, el Presidente sostuvo que está mal definida la zona protegida periglacial, que no son los neveros blancos –zonas de montana donde la nieve se concentra durante todo el año, como el Perito Moreno– sino que el permafrost –suelo, tierra, rocas y sedimentos que permanece congelado a cero grados o menos durante al menos dos años consecutivos–, que puede tener hielo o no, y que incluye los glaciares de escombro, que a simple vista aparecen rocosos.

El Presidente, que niega el cambio climático y censura en el ámbito estatal –desde el área de medio ambiente a la científica– a quienes lo contradicen en este aspecto, sostiene que la legislación está frenando inversiones millonarias en litio, cobre y otros minerales. Y aboga por la idea del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de que cada provincia determine qué es glaciar, periglaciar y qué no está protegido, en lugar de que sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Cornejo es también el gobernador que revirtió la prohibición de la minería en Mendoza, que sigue vigente en Tucumán, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego.

El reclamo de las mineras

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne sobre todo a las multinacionales que manejan el negocio, alega que hasta el 75% de las áreas con riqueza minera queda vedada por la ley y que debe reformarse o reglamentarse porque la definición actual de áreas periglaciales podría, según su visión, frenar a futuros proyectos que ya tienen aprobación ambiental y avanzan. “Preocupan definiciones poco claras en la ley de glaciares tal como está redactada, que podrían derivar en que, tras realizar una inversión, que en la minería son de gran volumen y largo plazo de recupero, una interpretación distinta de la ley obligue a frenar un proyecto avanzado”, comentan en CAEM, mientras expertos advierten que lo que hoy no controla el gobierno de Milei o los gobernadores de diverso color mañana podrían revertirlo funcionarios con otra conciencia ambiental.

Hay un proyecto importante de cobre en San Juan, Pachón, que aún carece de esa autorización ambiental y que, según expertos, se encuentra en zona protegida. El CEO de la agrícola-minera suiza Glencore en la Argentina, Martín Pérez de Solay, dice que allí hay glaciares de escombros que “no tienen función hídrica contundente”.

Los glaciólogos están divididos. El Ianigla ha emitido la semana pasada un comunicado en el que informa que no ha sido ni siquiera consultado sobre una posible reforma. El instituto tiene un inventario de 16.968 glaciares (ver mapa), desde Jujuy a Tierra del Fuego, muchos de difícil acceso en la alta montaña límite con Chile, algunos justo donde hay potencial minero. Pero no hay una delimitación de las zonas periglaciales, que también están resguardadas por ley.

“El agua (superficial y subterránea) de la que dependen provincias como Mendoza es provista casi exclusivamente por el aporte de la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial”, advierte el Ianigla, que dirige Pablo Villagra, tiene sede en esa provincia e integra el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet). “El ambiente periglacial, definido por la presencia de permafrost y procesos de congelamiento y descongelamiento del suelo, representa asimismo una reserva de hielo subterráneo conservada durante largos períodos. Los glaciares de escombros, representativos del ambiente periglacial, pueden contener entre un 35% y un 70% de hielo en su interior. Por lo tanto, constituyen reservas hídricas potenciales y cumplen una función hidrológica esencial al regular el aporte de agua a la escorrentía, pudiendo aportar entre un 25% y un 50% del caudal total en cursos de agua en los Andes Áridos, especialmente en años de sequía”, agregó el Ianigla, que le marcó así la cancha al Gobierno, aunque aclarando que sólo elabora un inventario y que por ahora la autoridad competente es la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, en manos del incombustible Daniel Scioli.

Qué proteger

Pero no todos los glaciólogos están de acuerdo con el Ianigla. Silvio Pastore, que dirige el gabinete de estudios de glaciología de la Universidad de San Juan, provincia minera y de glaciares si las hay, se manifiesta a favor de la reforma: “Vemos favorable la modificación de la ley, o terminar de reglamentarla o solucionar ambigüedades porque prohíbe minería y explotación de hidrocarburos en ambiente periglacial. Hay que adecuar la norma para que los estados provinciales determinen qué es lícito sin desproteger el ambiente y las reservas de agua”.

“El ambiente glaciar es conocido: la ley protege cuerpos de hielo, pero debe proteger reservas hídricas”, opina Pastore. “Hay dos ambientes frios, el glacial, donde se desarrollan glaciares blancos, en general a mayor altitud y mayor latitud, y el periglacial. En el ambiente glacial se protege la geoforma. En el periglacial hay que proteger aquello que represente reservas hídricas estratégica para las provincias, que son las dueñas del recurso, y no proteger a aquellas reservas que no son estratégicas. La ley actual no define qué es reserva hídrica estratégica. Hay que ver su contenido de hielo y su aporte a la cuenca hidrológica local. Al menos durante dos veranos consecutivos hay que tomar datos, es un estudio mínimo de tres años.”

“En San Juan es zona periglacial todo lo que está a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar”, explica Pastore. “Eso incluye casi todas las minas de cobre: Pachón, Altar, Vicuña, Luna Huasi. Todo está en ese clima, pero no necesariamente hay allí reservas hídrica estratégicas. En cambio, en Mendoza, el proyecto de cobre San Jorge (a 2.400 metros sobre el nivel del mar, cerca de Uspallata) está por debajo de la zona periglacial, pero los de Malargüe, a más latitud (y a 2.600 metros), está por encima, lo mismo que Mara (a 3.300 metros) en Catamarca”, añade el glaciólogo sanjuanino.

En cambio, el glaciólogo Lucas Ruiz, que dejó este año el Ianigla para incorporarse a una consultora ambiental en Chile, arranca advirtiendo que “ningún cientifico de Conicet puede contradecir al Presidente” o se expone a la censura. También aclara que él trabajó en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, según sus siglas en inglés). A partir de ahí, opina: “No hay claridad sobe lo que es ambiente periglacial. La ley tuvo un buen objeto, pero no hay ambiente periglacial en la baja y media montaña, eso está mal”.

“En Ushuaia, a 1.500 metros sobre el nivel del mar sí hay alta montaña, hace frío, hay glaciar, hielo y permafrost”, explica Ruiz que esa misma altitud pero a mayor latitud no hay zona periglacial. “Periglacial es donde el frío puede fracturar rocas, donde hay permafrots a cero grados, haya hielo o no. Los mineros dicen que si tiene hielo y permafrost pero no significancia hídrica, se puede explotar. Si entramos en eso, hay zonas no glaciares que sí tienen relevancia hídrica y que habría que proteger.”

“Necesitamos minería para la transición energética”, se refiere Ruiz a la necesidad de litio y cobre para la movilidad eléctrica. “Pero con el menor impacto posible. Hay que evaluar la cuenca hídrica en su conjunto, no sólo lo glaciar y periglacial. Mantener el ambiente sano es el piso para hacer desarrollo. No es fácil definir la significancia hídrica. Hay que tener un estándar claro para evaluar y tener más control. Entre el sí o no a la mina, prefiero el no, no estoy con el vamos por todo”, alerta el experto, que advierte que en Chile la ley y la vigilancia son más protectores que en la Argentina.

La posición de los ambientalistas

Entre las organizaciones ambientalistas exponen sus argumentos en contra de una reforma de la ley. En un comunicado, Greenpeace sostuvo que modificarla “significa reducir la protección de las reservas de agua más importantes del país en plena crisis hídrica y climática”. “Esto no es un cambio técnico: es una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica nacional y en la vida de 7 millones de personas”, advierte la organización internacional y recuerda que “los glaciares y el ambiente periglacial constituyen una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, regulan el ciclo hidrológico al almacenar agua en invierno y la liberan gradualmente durante el verano, aportando agua a ríos y arroyos en cuencas de montaña, y y ayudan a estabilizar el clima global, reflejando radiación solar y amortiguando los aumentos de temperatura”.

“Argentina es uno de los países más dependientes del agua de los glaciares: alimentan 36 cuencas hídricas que cubren más de 1 millón de km² de nuestro país”, sostiene Greenpeace. “Gran parte del país se encuentra dentro de la Diagonal Árida Sudamericana, una región donde el agua es naturalmente escasa. En los Andes desde Jujuy a Mendoza, las zonas más amenazadas por proyectos extractivos, el ambiente periglacial es clave para sostener caudales estivales cuando ya no queda nieve. El retroceso ya es evidente: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Sur están en retroceso.La superficie con glaciares de los Andes Desérticos, de Jujuy al norte de San Juan se redujo 17% en la última década. La superficie de hielo descubierto en los Andes Centrales, en San Juan y Mendoza principalmente, cayó 36% entre 1986 y 2020.”

“Modificar la ley excluyendo glaciares pequeños o gran parte del ambiente periglacial es científicamente incorrecto y riesgoso”, alerta el grupo internacional sobre el contenido original de la ley Bases, que incluía esta reforma. Ahora se desconoce el proyecto exacto que enviará el Gobierno al Congreso. “¿Qué implica modificarla? Dejar fuera del área protegida a los glaciares menores a un hectárea. Dejar sin protección a gran parte de los componentes del ambiente periglacial. Abre la puerta a repetir casos de contaminación como los de Veladero (Jáchal), donde hubo múltiples derrames con cianuro y mercurio en los últimos años”, apunta a la mina de oro de la canadiense Barrick y la china Shandong a la que acusaron este de la mortandad de miles de peces por derrame de cloro para neutralizar cianuro.

Pero Greenpeace apunta no sólo al impacto en la salud humana y animal: “Modificar la ley de Glaciares tendría impactos económicos como la disminución del agua para agricultura, turismo y consumo local e implicaría la necesidad de reemplazar con infraestructura costosa funciones que hoy cumple la montaña naturalmente”. No por nada en Mendoza desde bodegas hasta Aguas Danone sostienen sus reparos a la minería.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) también se opone a cualquier cambio con el mismo argumento: “La afectación de los glaciares y el área periglacial tendría impactos ambientales, sociales y económicos, si consideramos su rol relevante para alimentar el caudal de los ríos, recurso del cual dependen múltiples actividades productivas. A su vez, los glaciares desempeñan un papel crucial en la regulación del clima, resguardan el 70% del agua dulce en forma de nieve o hielo. No podemos permitir que los intereses de las empresas privadas se sobrepongan frente a las fuentes de vida de todos los argentinos. Nos encontramos en un contexto de crisis climática, ecológica, social y económica, que requiere de una mirada integral y de un debate amplio para la construcción de políticas legítimas que contemplen no sólo las pretensiones de un determinado sector económico, sino también las dimensiones ambientales y sociales de cada medida y sus consecuencias para las futuras generaciones”.

AR/MG

Aunque el Pacto Verde Europeo se resquebraje tanto en la UE como en España por las alianzas entre el PP y Vox, la realidad es tozuda: España es el país de la Unión Europea que soporta más muertos por fenómenos meteorológicos extremos. En los últimos 45 años suman más de 100.000 personas, según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA).

Da igual cuánto proclamen los negacionistas, los científicos tienen demostrado que el cambio climático provocado por los humanos está detrás de este fenómeno. Los investigadores del World Weather Attribution (WWA) explican que su trabajo “demuestra que con cada tonelada de carbón, petróleo y gas quemada, todas las olas de calor se hacen más calientes y la mayoría de las lluvias torrenciales, sequías y huracanes se vuelven más intensos”.

Olas de calor, sequía, lluvias torrenciales e inundaciones: una batería que ya se convirtió en la normalidad climática del país. Solo respecto a los desastres más recientes, el cambio climático hizo 40 veces más probables las condiciones de calor y sequedad detrás de la ola de incendios de 2025 e hizo un 20% más fuerte la dana que dejó 200 muertos en octubre de 2024.

La base de datos de la EEA muestra que solo hay dos estados de la Unión con más de 100.000 víctimas mortales desde 1980: España y Alemania. Francia contabiliza 69.000 e Italia otros 54.000. Entre los diez eventos extremos más mortales en el mundo de los últimos 20 años recogidos en la base de datos del Centro para la investigación de la epidemia de desastres (EM-DAT), aparecen las olas de calor en Europa de 2015, 2022 y 2023.

Y junto a las pérdidas humanas, la Agencia calcula el golpe económico que causan estos episodios extremos que, en toda la Unión Europea, suman 822.000 millones de euros desde 1980. Es más, solo entre 2021 y 2024 costaron 208.000 millones (un 25% del total). En esa lista, España está en cuarta posición con 119.000 millones –el 14% de la Unión–. Por delante: Alemania, Italia y Francia.

Estas últimas cifras indican que se trata de un gran lastre económico y, sin embargo, el líder de Vox, Santiago Abascal, sostiene que “nuestra ruina son el Pacto Verde, los impuestos abusivos y la regulación woke impuesta por los mismos a los que el presidente Trump advertía de que se estaban poniendo en manos de Rusia al renunciar a la energía fósil”. Una energía fósil que el mismo Trump promociona para que EEUU venda más combustibles a Europa.

La cuestión es que los ultaderechistas han conseguido introducir esta agenda en Europa y en España. De momento, se ha concretado en el pacto de presupuestos para la Comunitat Valenciana al que Vox llegó con el ahora dimitido Carlos Mazón. La dirección de Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo validó ese pacto y esas medidas contra lo que llaman “dogmatismo climático”.

En este sentido, los datos demuestran que, aunque se niegue y promocione la idea de que el cambio climático no existe, los golpes se padecen igual. El Centro Nacional de Información Climática de EEUU (NCEI) ha llevado un registro sobre los episodios meteorológicos extremos que han causado daños de 1.000 o más millones de dólares en el país. En 1980 se computaron tres –con una factura de 45.000 millones de dólares–; en 2024 fueron 24 eventos y 182.000 millones. El NCEI informa actualmente de que “en línea con las nuevas prioridades”, ya no se actualiza esta base de datos. Los eventos extremos no han dejado de ocurrir aunque no se contabilicen.

Porque esas toneladas de carbón, petróleo y gas que promocionan Donald Trump o Santiago Abascal (y apoyadas tácitamente por el Partido Popular de Núñez Feijóo) de las que hablan los científicos del WWA, una vez quemadas, incrementan el CO₂ acumulado en la atmósfera que es lo que está recalentando el planeta. La concentración está en niveles nunca vistos por humanos.

Lo que se está evidenciando en estos últimos meses, precisamente en el décimo aniversario del Acuerdo de París de 2015 para limitar el calentamiento global, es un avance de las posiciones más negacionistas a pesar de que la ciencia muestra cristalinamente cómo la crisis climática se asienta.

El 13 de noviembre pasado, con la Cumbre del Clima COP30 ya en marcha, el Partido Popular Europeo votó por primera vez junto a la ultraderecha para rebajar las medidas ambientales a las empresas. Lo verde fue el campo escogido por los populares para estrenar su nueva alianza con la ultraderecha.

A eso se le unió en la misma jornada que los eurodiputados del PP español se adhirieron a los ultras para rechazar el plan europeo de reducción de un 90% de las emisiones de CO₂ para 2040. Esa reducción depende en su mayor parte de no utilizar los combustibles fósiles porque, como indican los científicos, “cada tonelada de carbón, petróleo y gas que se quema...”

El director del servicio de cambio climático de Copernicus, Carlo Buontempo, recuerda que, justo en este momento, “el mundo está más recalentado que nunca” y que “cada año, desde 2015, se ha colocado entre los diez más calurosos registrados”. El incremento del calor global es consecuencia del efecto invernadero que genera el CO₂ (y otros gases) acumulado en la atmósfera por el uso intensivo de hidrocarburos.

El siguiente gráfico enseña la escalada de la temperatura global hacia el límite máximo acordado por los países en el Acuerdo de París: 1,5ºC extra al final de siglo XXI. Cuando se cerró el Acuerdo de París ya se había alcanzado 1,04ºC de recalentamiento respecto a la época preindustrial y se proyectaba que el tope pactado se tocaría en 2042. Aunque ya ha habido superaciones de ese nivel, hoy se calcula que, a nivel global, ya estamos en +1,4ºC y que ese valor objetivo puede llegar en 2029. La situación se ha acelerado.

Visto el panorama, Buontempo advierte de que “el clima está cambiando a un ritmo que la humanidad no ha experimentado jamás”. “Cada fracción de grado sobre 1,5ºC causa incrementos claros en la intensidad y frecuencia de los episodios extremos de temperatura, lluvia y sequía”, según explica el informe de la ONU sobre la importancia de ese +1,5ºC.

Además, rebasar ese objetivo dispara puntos de no retorno como romper las circulaciones oceánicas, fundir el permafrost –la capa de suelo helado permanentemente que retiene gases de efecto invernadero– o el colapso de grandes ecosistemas con “abruptos, peligrosos e irreversibles impactos para la humanidad”.

Ante las evidencias acumuladas de la diferencia en daños y víctimas que hay entre llegar a un calentamiento global de +2,5ºC –como el proyectado con los planes climáticos recientemente presentados por los países– y el acordado por esos estados, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho que no conseguir ese objetivo “es un fracaso moral y una negligencia mortal”. Limitar este proceso es contra lo que votó el PP de Núñez Feijóo en Europa.

Los glaciares, la última línea de defensa de Chile ante las periódicas sequías, aportarán en 2100 la mitad de agua que ahora, por lo que perderán su capacidad de mitigación si el país sufre otra megasequía como la que se prolonga desde hace 15 años, según un estudio publicado este martes.

“El alza de las temperaturas en los escenarios que se proyectan para el siglo va a llevar a que los glaciares vayan perdiendo más masa de la que ganan. Digamos que, sostenidamente durante todo el siglo, van a ir retrocediendo”, explica a la agencia EFE Álvaro Ayala, del Instituto Federal Suizo de Investigación de Bosques, Nieve y Paisaje (WSL).

Este centro, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA) y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas de Chile, han concluido que si una sequía como la actual afecta al país en 2100, los grandes glaciares en el sur de los Andes, en el centro de Chile y en Argentina, sólo podrán contribuir con la mitad de agua que ahora, ya que habrán perdido entre el 50 y el 80 % de su actual volumen.

La situación de los más pequeños, no contabilizados en este estudio, será probablemente aún más grave y habrán desaparecido totalmente.

Incluso sin tener en cuenta cómo será la evolución del consumo de agua, la reducción a la mitad del aporte de agua de los glaciares será un importante problema adicional, advierte Ayala

Este ingeniero civil chileno explica que el estudio, publicado en la revista 'Communications Earth & Environment', parte de la pregunta de qué pasaría si una megasequía como la actual afectara a la misma zona a finales de siglo, cuando los glaciares sean bastante más pequeños.

La última reserva

“Encontramos que el aporte hídrico de los glaciares durante el verano va a ser alrededor de la mitad de lo que sucedió en los años recientes”, alerta este experto en hidrología.

Ayala destaca que una vez consumida el agua de la nieve caída en invierno y la almacenada en el subsuelo, “los glaciares son como la última reserva en la naturaleza” cuya contribución se nota especialmente al final del verano, cuando los ríos de montaña bajan ya con un caudal mínimo.

Este experto indica que la actual megasequía en Chile “llegó como una sorpresa”, en un país con episodios periódicos, pero más breves, de escasez de agua.

Una situación que se ha visto agravada porque apenas ha habido cambios en el uso del agua y sin políticas suficientes de ahorro o gestión del consumo.

Francesca Pellicciotti, ingeniera medioambiental, señala en un comunicado del ISTA que los climatólogos sólo se percataron en el año 2015 de la gravedad del actual periodo de sequía.

“La megasequía chilena nunca fue pronosticada en ningún modelo climático”, señala en esa nota, en la que plantea la cuestión de si estamos preparados para futuros desastres climáticos.

Ayala recuerda que ya desde hace años hay estudios que hablan de un progresiva desertificación desde el norte hacia el sur de Chile.

Además, el estudio de la megasequía en Chile, cuyo autor es también el chileno Eduardo Muñoz-Castro y otros investigadores de Chile, Austria y Suiza, ha servido para empezar a analizar ese fenómeno, aún poco estudiado, en Europa.

Aunque Ayala señala que no puede afirmarse que los Alpes vayan a acabar pareciéndose a las montañas más secas del sur de Europa, sí indica que hay proyecciones de disminución de precipitaciones y de aumento de las temperaturas que apuntan en esa dirección.

Antonio Sánchez Solís, para la agencia EFE.

IG

Desde este lunes y hasta el 20 de noviembre, el mundo se reúne en la ciudad brasileña de Belém do Pará para la Cumbre del Clima de la ONU. La COP30 debe dilucidar si esta manera colectiva de afrontar la crisis climática, el llamado multilateralismo, está enchufada a un soporte vital tras el boicot activo de EEUU o si puede concretar acciones después de los discursos.

El mismo presidente brasileño, Lula da Silva, ha colocado alto el listón: “No es momento de más discursos”, pero la COP llega en una situación “de decrecimiento en la confianza hacia el multilateralismo” como fórmula para conseguir avances, como dice el jefe de estudios de energía y clima del Instituto Montaigne, Joseph Dellate. Así que se abre la duda de si esta cumbre sirve para salvar el multilateralismo y si, además, puede obtener avances en la lucha contra el cambio climático.

Multilateralismo es la palabra que revolotea todo el rato. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo a Lula nada más llegar a Brasil: “Gracias por tu firme compromiso con el multilateralismo ahora que es el mundo lo que está en juego”. ¿Pero qué es? En principio, algo tan simple como la colaboración entre países para afrontar problemas comunes.

Parece diseñado para atajar el gran problema común de la humanidad: el cambio climático. Y fue el modelo que permitió llegar a un acuerdo legalmente vinculante como es el Acuerdo de París de 2015. París se aprobó por consenso, sin votaciones, y establece que cada parte se compromete a hacer lo que esté en su mano para frenar el calentamiento global. Se autoobliga a cumplir al firmar el Acuerdo.

Fue lo que salvó la acción contra la crisis climática después del fracaso sin paliativos que supuso la COP de Copenhague 2009 que debía renovar el Protocolo de Kioto (al que nunca se adhirieron por ejemplo, EEUU o Canadá).

Sin embargo, y cumpliendo con el papel autoasignado de anatema de la colaboración, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha decidido no enviar delegados de alto nivel a la COP30. Aunque Trump anunció en enero que su país abandona el Acuerdo de París, la salida efectiva toma un año. Además, la COP es un evento de la Convención de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (UNFCCC) de la que EEUU sigue participando. Es decir, si no van es porque no quieren.

EEUU ha bombardeado directamente la negociación climática al declarar oficialmente que no admiten que ninguna medida ambiental pueda perjudicar sus intereses.

“Belém será la prueba definitiva de si el multilateralismo puede responder a la emergencia climática o si el sistema está capturado definitivamente por intereses corporativos y de los países más ricos”, resume el coordinador del área climática de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, horas antes de viajar a Brasil.

La respuesta parece que está en Europa, China y la anfitriona Brasil. “He sido negociador climático durante muchos años y lo que ha cambiado es el sentimiento de urgencia actual”, explica el presidente de la COP de Belém, André Corrêa, quien ha subrayado la importancia del sistema multilateralista.

Con todo, esos tres actores aterrizan con sus rémoras. La UE casi llega a Brasil sin plan climático común, China se ha comprometido a un leve recorte de emisiones una vez que alcance su pico y Brasil acaba de aprobar nuevas perforaciones petrolíferas.

¿Qué puede salir de Belém?

Llegados a este punto y con las delegaciones en la Amazonia, el Gobierno de Brasil pretende transformar la COP30 de Belém en la Cumbre Climática de las “implementaciones”. Apoyado en la autoridad moral de pueblos indígenas y en el talismán verde de la selva, el anfitrión planea dirigir su reconocida “diplomacia cordial” hacia el campo ambiental. Una mezcla de diplomacia y pragmatismo, irreverencia para modificar la hoja de ruta oficial y presión popular.

Brasil quiere colocar la deforestación en el epicentro de las discusiones. El Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, de sus siglas en inglés), es la propuesta estrella del gobierno Lula. El plan pretende captar fondos para que países como Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo, sean remunerados por los “servicios ambientales” prestados por sus selvas tropicales. En esta COP, Brasil aspira a que los recursos ofrecidos por el primer mundo no sean solo préstamos, sino donaciones.

Por otro lado, “un punto importante del TFFF es que el 20% de los fondos sean destinados directamente a comunidades tradicionales y pueblos indígenas”, asegura en entrevista telefónica Ciro Brito, abogado y analista de políticas climáticas del Instituto Socio Ambiental (ISA), negociador oficial en la COP30. Por otro lado, Brasil pretende conseguir otros hits paralelos: un acuerdo global para apoyar el uso de biocombustibles (el 22,5% del combustible usado en el país es bio) y la creación de un mercado único de carbono que ponga orden y corrija prácticas de greenwashing.

Lo que ocurre es que el gran asunto sigue siendo cómo desenganchar a la humanidad de los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el carbón y el gas, que son los que mandan el 75% de las emisiones de gases a la atmósfera. Reducir ese foco es lo que en las COPs se llama mitigación.

“En mitigación no vamos a poder tener mucho porque los planes nacionales, como el de la Unión Europea, han llegado mucho más tarde de lo que debían”, explica Javier Andaluz. “Lo que vemos es que Brasil, que quiere que salga algo positivo de su cumbre, puede conseguir varios acuerdos entre diversas partes sobre diferentes asuntos, pero no en el acuerdo global de todos los países. Y eso, que tiene mucha menos fuerza legal, nace casi ya como papel mojado”, remata.

Pueblos indígenas

Los pueblos indígenas tendrán una presencia histórica en la COP30. No sólo están representados en algunos paneles de la Blue Zone, sino que cuentan con una aldea propia levantada en la Green Zone reservada para la sociedad civil. Célia Xakriaba, única diputada indígena de Brasil, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), en declaraciones a elDiario.es considera que la COP en la Amazonia representa la oportunidad de conseguir un cambio real y concreto. “Nosotros, indígenas, no queremos ser más vistos como parte del paisaje, sino como sujetos políticos de un nuevo tiempo. Estamos listos para construir un pacto vivo entre pueblos, selvas y futuros posibles”, afirma Célia. La causa indígena contará con una manifestación propia, el día 17, cuyo lema es “A Resposta Somos Nós” (nosotros somos la respuesta).

Brasil incorporará al lado no oficial la COP30 uno de sus legados sociales más queridos: la Cúpula dos Povos (Cúpula de los Pueblos). Fundada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, pieza clave del ciclo del antiglobalización protagonizado por el Foro Social Mundial (nació en 2001 en Porto Alegre), la Cúpula dos Povos celebrará una verdadera contra cumbre en la que los movimientos sociales son los verdaderos protagonistas. “La presencia de cuatro mil indígenas de todo el mundo meterá presión a las negociaciones. La Cúpula dos Povos tiene una metodología: hacer debates temáticos y presentar al final una carta a la presidencia. Esa carta será crítica y nos ayudará a cambiar el escenario de las negociaciones”, matiza Ciro Brito.

El día 12, una manifestación de barcos sui generis saldrá desde la Cúpula de los Pueblos por el río Guama que baña Belém. Y el día 15, la Cúpula lidera la Marcha Global Unificada. Por si fuera poco, Belém aporta más novedades populares: las Yello Zones (puntos de debate en periferias y favelas) y una Black Zone para discutir cuestiones como el racismo ambiental. Ruth Ferreira, una las coordinadoras de las siete Yellos Zones de Belém, asegura a este medio que quieren poner sobre la mesa cómo el racismo ambiental y la crisis climática afectan a las periferias del mundo. “Cada zona tiene la particularidad de su propio territorio. Queremos que las personas se sientan dentro del debate climático y se vean como agentes de cambio”, afirma Ferreira a elDiario.es.

Así que la partida se juega en Belém, ciudad en la que antes de las alteraciones climáticas el chaparrón torrencial de cada tarde era tan fuerte que la gente quedaba sin hora concreta “depois da chuva”. A las puertas de la estación húmeda, la previsión del tiempo para los negociadores del clima es un verdadero recado de la Tierra: más calor y mucha menos lluvia de lo habitual para estas fechas.

El Impenetrable, un vasto territorio del norte de Argentina ubicado en la ecorregión boscosa más grande de Sudamérica después del Amazonas, enfrenta la doble amenaza de la deforestación y la ganadería, actividades que ofrecen ingresos de subsistencia para sus habitantes pero que generan daños difíciles de reparar.

Esta región, cuyo nombre proviene de las arduas condiciones ambientales que limitaron su accesibilidad, es parte esencial del Gran Chaco americano, que con su millón de kilómetros cuadrados repartidos entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil funciona como un 'pulmón' continental clave para contener el aumento de las temperaturas.

En las entrañas del bosque un viento cálido levanta el polvo fino entre la densa vegetación: añosos algarrobos de madera dura conviven con quebrachos y espinosos vinales, que con facilidad destrozan las ruedas de los camiones que recorren sus senderos, rodeados también por las flores amarillas de la brea y envueltos por el aroma del palo santo.

A su vez, esta zona de más de 128.000 hectáreas de superficie es una de las más olvidadas por los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales de Argentina, algo que se evidencia en el escaso servicio eléctrico, la ausencia casi total de señal de telefonía móvil y el limitado acceso al agua, dependiente en buena medida de las lluvias, que son impredecibles y solo llegan en verano.

Proteger el bosque o vivir de él

Las casi 60.000 personas que lo habitan son en su mayoría indígenas, campesinos y pequeños productores rurales.

Jorge Luna tiene 55 años, cuatro hijos y toda su vida transcurrió en parajes del Impenetrable como La Armonía, donde actualmente desarrolla tres actividades simultáneas: cría vacas, cerdos, cabras y caballos, guía a turistas por los senderos cerrados del bosque y es dueño de un camping a orillas del río Bermejito, uno de los dos cursos de agua primordiales para la zona.

Hace siete años, en momentos de crisis económica, aceptó una oferta de una empresa maderera que quería talar y llevarse toda la vegetación valiosa de sus 100 hectáreas de tierra.

“Acá tengo molles, algarrobos, palo santo, quebracho colorado y blanco. Son especies de madera buena. Por suerte rescindí el contrato”, relató a EFE desde la sombra verde de su arboleda, y explicó que recibió asesoramiento de la Administración de Parques Nacionales y de la Fundación Rewilding Argentina.

Desde 2014, gracias a una iniciativa de organizaciones ambientales locales, esta región forma parte del Parque Nacional El Impenetrable, por lo que se prohibió la tala y la caza en su interior y se asignaron guardaparques para protegerla.

Uno de ellos, Matías Almeida, dialogó con EFE en una de las puertas de acceso al parque, y advirtió sobre los crecientes peligros que enfrenta el bosque: “Hace tres años que estoy trabajando en el área protegida, y en este corto tiempo he visto grandes cambios. El paso de camiones de extracción maderera es constante”.

Durante sus patrullajes diarios bajo el agobiante sol del mediodía, Almeida y su equipo se topan con frecuencia con grandes extensiones de monte quemadas. “Todo se hace rápido, en el anonimato”, señaló, y denunció que a la extracción maderera se suma el avance de cultivos de soja, que produce “riqueza para unos pocos en poco tiempo, pero no equivale a los beneficios ecosistémicos que tiene este bosque con su biodiversidad”.

El problema de la deforestación ilegal no se limita únicamente al área protegida sino que afecta a buena parte de Chaco, la provincia argentina que lo alberga, donde, según un reciente estudio de la organización Greenpeace mediante imágenes satelitales, entre noviembre de 2020 y julio de 2025 esta práctica afectó 167.684 hectáreas.

“A mi papá y mi tío les dije '¿qué le quieren dejar a las generaciones siguientes? Si seguimos talando árboles, algún día no vamos a tener más lluvia o el calor va a ser insoportable'. Hemos tenido veranos de 50 grados”, aseguró Melina Ybañez, estudiante de guardaparque de 26 años nacida y criada en el Impenetrable.

Ybañez es además guía de turismo, una industria creciente en la zona y vista por cada vez más vecinos como una alternativa prometedora y sustentable.

En los últimos años, muchos pobladores comenzaron a adaptar sus viviendas para ofrecer alojamiento y comidas a viajeros que llegan para observar la fauna. El turismo, sin embargo, enfrenta todavía fuertes trabas producto de la difícil accesibilidad y la falta de inversión.

La ganadería, otra amenaza

Otro de los peligros que enfrenta El Impenetrable acecha a plena luz del día, masticando pastos y hojas con aire cansino: las vacas. Criadas 'a monte', como sus dueños locales le llaman a la práctica de soltarlas en zonas del bosque sin delimitar, consumen las escasas reservas de agua disponibles para los animales silvestres.

Si bien la zona se emplaza entre el Bermejo y el Bermejito, dos ríos sinuosos y cargados de sedimento que dan su característico color té con leche al caudaloso Paraná y al Río de la Plata, la cantidad y diversidad de fauna en el bosque es tal que el agua no siempre alcanza.

“El ganado genera una competencia hídrica. Las vacas y los caballos toman mucha cantidad de agua por día, lo que seca muy rápidamente las charcas”, alertó Almeida, que comprende que el ganado es un factor de subsistencia para los vecinos de la zona, pero que desbalancea tanto el frágil ecosistema que lo mejor sería erradicarlo.

En los márgenes inestables del Bermejo abrevan a diario decenas de especies de aves, así como tapires y pecaríes, mamíferos herbívoros que atraen a la creciente repoblación de yaguaretés, impulsada por la Fundación Rewilding.

“Los humanos somos los responsables de esa destrucción del bosque chaqueño, pero también podemos participar activamente de su recuperación”, afirmó a EFE Débora Abregú, integrante del equipo de la fundación, que trabaja en paralelo en la concienciación de la población en la idea de que proteger y “producir naturaleza” es más beneficioso que el negocio de la tala y la ganadería.

Por Sebastián Rodríguez Mora, para la agencia EFE.

Las pruebas y las evidencias científicas de que la Tierra se acerca al «caos climático» son cada vez más contundentes y la mayoría de los ‘signos vitales’ que miden la salud del sistema ecológico y climático del planeta continúan empeorando y se encuentran ya en niveles récord.

El 2024 fue el año más caluroso registrado, y con mucha probabilidad el más caluroso de al menos los últimos 125.000 años, y los principales indicadores que revelan la salud de la Tierra -la concentración de gases de efecto invernadero, la temperatura global media, la extensión del hielo en los polos y los glaciares, la deforestación, la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos o la pérdida de biodiversidad- siguen mostrando una tendencia muy negativa.

Los datos se ponen de relieve en el informe sobre ‘El Estado del Clima 2025’, un estudio anual realizado por una coalición internacional que ha sido dirigido por científicos de la Universidad Estatal de Oregón y en el que han participado, entre otros centros y universidades de numerosos países, el Instituto Americano de Ciencias Biológicas y el Instituto Potsdam para la Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático, de Alemania. Hoy publican los resultados en la revista BioScience.

“Sin estrategias eficaces, nos enfrentaremos rápidamente a riesgos cada vez mayores que amenazan con desbordar los sistemas de paz, gobernanza y salud pública y ecosistémica”, ha manifestado uno de los investigadores principales del estudio, el profesor en la Universidad Estatal de Oregón William Ripple , quien ha alertado de la «peligrosa» trayectoria en la que se han situado el planeta y la humanidad.

Soluciones para paliar los peores escenarios

El informe revela que 22 de los 34 signos vitales del planeta están ya en niveles récord, pero incide también en que no es demasiado tarde para limitar el daño incluso aunque no se alcanzara el objetivo de limitar el aumento de la temperatura que se estableció en el Acuerdo de París hace diez años, y en que la ciencia y las nuevas tecnologías han puesto ya sobre la mesa opciones y soluciones para paliar los peores escenarios.

Cada fracción de grado de calentamiento que se evita es importante para el bienestar humano y ecológico, han corroborado los investigadores en el informe, y han subrayado que retrasar la acción conllevará mayores costos e impactos más graves, mientras que medidas rápidas y coordinadas pueden generar beneficios inmediatos para las comunidades y los ecosistemas de todo el mundo.

Así, señalan que las fuentes de energía renovables como la solar y la eólica pueden suministrar hasta el 70 por ciento de la electricidad mundial en 2050; o que una rápida eliminación de los combustibles fósiles sería una de las mayores contribuciones a la mitigación del cambio climático.

También que la protección y la restauración de ecosistemas como bosques, humedales, manglares y turberas podría eliminar o evitar alrededor de 10 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono al año para 2050, lo que equivaldría aproximadamente al 25 por ciento de las emisiones anuales actuales.

O que reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, que actualmente representa aproximadamente entre el 8 y el 10 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y la transición hacia dietas más ricas en plantas, pueden reducir sustancialmente las emisiones, además de promover la salud humana y la seguridad alimentaria.

Mitigar es más barato que afrontar los impactos

El informe sobre el estado del clima revela que el pasado año el consumo de energía proveniente de combustibles fósiles alcanzó un máximo histórico; que el calor de los océanos y la pérdida de cubierta arbórea debido a los incendios forestales está también en máximos históricos; y que los desastres climáticos, mortales y costosos, han aumentado en 2024 y en 2025.

Y cita varios ejemplos: las inundaciones en Texas causaron la muerte de al menos 135 personas; los incendios forestales en Los Ángeles provocaron daños que superaron los 250.000 millones de dólares; y el tifón Yagi causó la muerte de más de 800 personas en el sudeste asiático.

Los científicos han incidido en el existen estrategias de mitigación del cambio climático, en que son rentables y urgentes, en que se puede limitar el calentamiento si se actúa con audacia y con rapidez, pero también en que «la ventana se está cerrando» y en que el costo de mitigar el cambio climático es mucho menor que los daños económicos globales que podrían causar sus impactos.

EFE.

Los habitantes de las islas pequeñas viven condicionados por un equilibrio frágil que se mantiene bajo tierra. Su abastecimiento de agua dulce procede casi siempre de reservas subterráneas que dependen de la lluvia y del grosor de las dunas o suelos arenosos que la retienen. Esta dependencia convierte cualquier alteración del nivel del mar o de las tormentas en una amenaza inmediata.

Los científicos que estudian la gestión hídrica en entornos aislados advierten que el cambio climático está reduciendo el margen de seguridad de estos ecosistemas, un proceso que se hace evidente en el Atlántico norte y que se manifiesta de forma clara en una isla remota de Canadá.

Un estudio canadiense revela un deterioro alarmante en las aguas subterráneas de Sable Island

Un equipo de la Universidad de Dalhousie ha analizado la evolución del agua subterránea en Sable Island, una franja de arena situada frente a las costas del país, y ha comprobado que su calidad se deteriora con rapidez. La investigación, publicada en la revista Advancing Earth and Space Sciences, comparó registros actuales con datos de los años 70 y constató un aumento considerable de la salinidad.

La autora principal, la investigadora Julia Cantelon, explicó que el seguimiento histórico de la isla ofrece una oportunidad excepcional para estudiar la relación entre las reservas de agua dulce y los cambios en la forma de las dunas. Esa relación, añadió, revela hasta qué punto los procesos costeros determinan la viabilidad del ecosistema.

El acuífero de Sable actúa como un depósito natural que alimenta los estanques interiores donde se refugian aves marinas y caballos salvajes. Los datos recogidos en los últimos cuatro años muestran que los temporales repetidos han desplazado hacia el interior el límite del agua salada, reduciendo la extensión del llamado “ente de agua dulce.

Cada vez que el oleaje inunda las playas, el agua marina se filtra hacia el subsuelo y eleva la salinidad de la capa freática. Las lluvias ayudan a arrastrar parte del exceso de sal, pero el ritmo de recuperación es demasiado lento para compensar la frecuencia de los episodios de tormenta. Según Cantelon, los grandes eventos meteorológicos modifican con rapidez la topografía de la isla y afectan sus recursos hídricos.

Esa alteración constante se traduce en una erosión progresiva de las dunas que antes actuaban como barrera protectora. El ecólogo de Sable Island, Dan Kehler, afirmó que las investigaciones hidrológicas iniciadas en los 70 siguen mostrando cómo los procesos costeros influyen de manera decisiva en la dinámica del agua. Explicó que el estudio confirma la importancia de mantener una vigilancia continua sobre este entorno cambiante, donde el mar y el viento transforman el terreno cada año. Los investigadores subrayan que la pérdida de agua dulce en Sable tiene valor más allá del caso concreto porque refleja un patrón global.

Otras islas del mundo, incluidas las españolas, repiten el mismo patrón de degradación de sus acuíferos

En el océano Pacífico, los atoles de Kiribati y Tuvalu afrontan un deterioro parecido. Sus acuíferos superficiales se están contaminando por la entrada de agua salada desde capas inferiores. Ingenieros han probado sistemas de drenaje mediante tuberías perforadas que permiten extraer el agua con suavidad antes de que se salinice, aunque se trata de soluciones costosas y de eficacia limitada.

En el Caribe, los científicos que trabajan en la isla de Gran Bahama han detectado una reducción acusada del volumen de su reserva subterránea principal. Los modelos que elaboran prevén que, si la lluvia no aumenta, la intrusión salina convertirá buena parte de esa agua en inutilizable en pocas décadas.

También en España se observan señales parecidas. En las Baleares y en Canarias, varios estudios han detectado un aumento de la salinidad en los acuíferos costeros y un descenso de la calidad del agua subterránea, provocado por la sobreexplotación y la presión del mar. Aunque no alcanzan la gravedad de los casos del Pacífico o el Caribe, muestran que las islas del Mediterráneo y del Atlántico oriental afrontan un problema que avanza con el mismo patrón.

Los ejemplos de estas regiones, junto al caso de Sable Island, evidencian que los procesos de erosión y ascenso del nivel del mar están modificando el equilibrio de los acuíferos insulares. La pérdida de reservas dulces compromete no solo la fauna y la flora, sino también la habitabilidad de muchas islas habitadas.

Los especialistas de Dalhousie insisten en la necesidad de crear programas amplios de cartografía y seguimiento de aguas costeras para anticipar los efectos del cambio climático. Lo que ocurre bajo las dunas canadienses, invisibles al paso de los vientos del Atlántico, resume la situación de numerosos territorios rodeados por el mar, donde el agua dulce se convierte cada vez más en un recurso frágil y disputado.

Alguien que se adentra en una zona apartada del Amazonas suele esperar un entorno intacto, libre de residuos humanos y selva en calma. La idea de pureza absoluta acompaña siempre a quienes llegan a un rincón inhóspito, como si la distancia garantizara protección frente a la contaminación.

Sin embargo, la basura se abre camino incluso en esos espacios alejados, donde una botella flotando o un envoltorio arrastrado por la corriente recuerdan la presencia de los desechos. La paradoja de encontrar plásticos en los sitios más reconditos obliga a mirar de frente la magnitud del problema ambiental. Esa constatación nos lleva a la Amazonia, convertida en ejemplo extremo de cómo la contaminación penetra en los lugares más inaccesibles.

Los rincones más remotos ya no escapan a la invasión de plásticos

Un estudio publicado en la revista Ambio revisó 52 investigaciones científicas realizadas desde 2000 y concluyó que la contaminación plástica está extendida en toda la cuenca amazónica. El trabajo documenta la presencia de fragmentos en peces, aves, mamíferos acuáticos, suelos y aguas de consumo, con muestras recogidas en los nueve países que comparten el bioma.

La bióloga Jéssica Fernandes de Melo, de la Universidad Estatal de Santa Cruz en Brasil, relató a Mongabay que incluso especies que viven alejadas de asentamientos humanos aparecen contaminadas por microplásticos. También describió cómo algunas aves llegan a usar piezas grandes de plástico para construir sus nidos, y cómo es habitual encontrar envoltorios flotando en arroyos donde la gente se baña.

La primera evidencia que vinculó plásticos con la muerte de un animal en la región se registró en 2009, cuando un manatí apareció asfixiado por una bolsa. A partir de entonces se publicaron decenas de trabajos que confirmaron contaminación en peces, tortugas, aves y mamíferos, lo que permitió reunir el corpus analizado por la revisión de 2025.

El informe advierte además de un impacto importante en las comunidades humanas. Dos tercios de las especies con trazas de plásticos forman parte de la dieta local, lo que abre la puerta a la ingestión de fragmentos por parte de la población. Aunque la mayor parte de los hallazgos se concentran en el aparato digestivo de los peces, que suele descartarse al cocinar, todavía queda pendiente comprobar si los fragmentos penetran en los tejidos musculares, lo que tendría implicaciones más serias para la salud.

Los investigadores piden ampliar los estudios y acelerar medidas para frenar el avance de la contaminación

Las publicaciones analizadas revelan que la mayoría de las investigaciones se han concentrado en Brasil y, sobre todo, en el cauce principal del río Amazonas. Amplias zonas del bioma siguen sin datos de campo, lo que deja abierta la incógnita sobre la magnitud real del problema en áreas periféricas.

Los investigadores recuerdan que los municipios más aislados carecen de programas de reciclaje y de sistemas adecuados de gestión de residuos. La acumulación de basuras termina inevitablemente en los ríos, que se convierten en autopistas para los desechos hasta llegar a los ecosistemas más alejados.

El vacío de información sobre nanoplásticos, los fragmentos más diminutos, resulta especialmente inquietante. La revisión subraya que todavía no se han realizado estudios sobre su efecto en la Amazonia, pese a que pueden atravesar tejidos animales y humanos con más facilidad.

Ante este panorama, los autores sostienen que ya existe base suficiente para impulsar políticas inmediatas que reduzcan la llegada de plásticos al medio natural. Reclaman ampliar la investigación a zonas inexploradas, evaluar con exactitud la presencia en aguas de consumo y analizar de forma prioritaria los riesgos de los fragmentos más pequeños.

Porque, como demuestra la basura en los rincones más apartados, lo que llega a la Amazonia acaba mostrando hasta qué punto la contaminación se cuela en todas partes.

“El estado general del medioambiente europeo no es bueno. El impacto del cambio climático se está acelerando y la degradación ambiental continúa, amenazando la salud, la prosperidad, la competitividad y la seguridad de Europa”. Esta es la conclusión del informe Medio ambiente y clima en Europa: conocimiento para la resiliencia, la prosperidad y la sostenibilidad, que realizó la Agencia Europea de Medioambiente.

“Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo. El clima está cambiando a un ritmo alarmante. Esto amenaza la seguridad alimentaria e hídrica, la salud pública, los ecosistemas, las infraestructuras y la economía. El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos cada vez más impredecibles y extremos. Todos lo hemos presenciado en los últimos años y estos impactos continuarán y empeorarán”, advirtió Leena Ylä-Mononen, directora de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

La vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera, señaló que “si Europa, su economía y su estilo de vida quieren sobrevivir y prosperar, debemos actuar con determinación y unidad antes de que sea demasiado tarde. Las crisis climáticas y de biodiversidad se retroalimentan, los ecosistemas desempeñan un papel esencial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la adaptación al cambio climático mediante soluciones naturales. Conservar y restaurar nuestros hábitats naturales puede protegernos contra sequías, inundaciones, incendios forestales y degradación del suelo, y nos ayuda a mitigar el cambio climático, así como a adaptarnos a él. La protección y la restauración de la naturaleza son esenciales para garantizar la viabilidad a largo plazo de nuestros sistemas alimentarios y recursos hídricos”.

Este informe se realiza cada cinco años y los datos son poco alentadores para la UE: más del 80% de los hábitats protegidos se encuentran en mal estado, con fórmulas de consumo y producción insostenibles. Los depósitos que ayudan a eliminar el carbono de la UE se redujo aproximadamente un 30% en una década debido a la tala forestal, los incendios de bosques y las plagas. El estrés hídrico ya afecta a uno de cada tres europeos y se agravará con el cambio climático. Las emisiones de gases contaminantes apenas cambiaron en las industrias del transporte o la alimentación. Los países no están haciendo lo suficiente para adaptarse a las condiciones meteorológicas extremas que está provocando el cambio climático.

“Debemos profundizar en el replanteamiento fundamental del funcionamiento real de nuestras economías. Hay que descarbonizar la economía. En segundo lugar, restaurar los ecosistemas naturales, no solo para proteger la biodiversidad, sino también para fortalecer la resiliencia climática y la seguridad alimentaria e hídrica. En tercer lugar, hay que adoptar la circularidad para reducir los residuos y la dependencia de los materiales, reforzando así nuestra autonomía estratégica. En cuarto lugar, reducir aún más la contaminación para proteger la salud de los ciudadanos y los ecosistemas europeos. Y en quinto lugar, reducir los niveles generales de consumo en toda Europa. En estos tiempos de incertidumbre, Europa no puede permitirse rebajar sus ambiciones en materia de clima, medio ambiente y sostenibilidad”, alertó Leena Ylä-Mononen.

“Tenemos una hoja de ruta, el plan de acción para el futuro. Al mismo tiempo tenemos que enfrentarnos a desafíos. Ahora hay un impulso político en torno a encontrar soluciones”, apuntó la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall. Sin embargo, a pesar de la mala situación del medio ambiente, Roswall anunció la semana pasada que había pedido al Parlamento europeo y al Consejo retrasar otro año la regulación contra la deforestación para “evitar la incertidumbre de las autoridades y las dificultades operativas relativas a la tecnología”.

Ante los incendios que han asolado el sur de Europa este verano, Ribera remarcó que “un grupo de alcaldes de países del sur de Europa está pidiendo no comprometer la acción climática de la UE porque no quieren que sus ciudadanos tengan que vivir con 45-50 grados de temperatura durante largos períodos del año. La primera medida de adaptación que necesitamos asegurar es la reducción de emisiones. También hay que aprender y anticipar escenarios por estos eventos catastróficos”.

La directora de la Agencia Europea de Medio Ambiente admitió que “los grandes emisores de gases de efecto invernadero en Europa son el transporte y la agricultura, dado que el sistema energético ya se transformó. Transformar la agricultura a más climáticamente neutra es un gran desafío. Al mismo tiempo, los agricultores europeos están luchando contra los impactos del cambio climático, la escasez de agua o el calor extremo, etc. Es un gran problema”.

La capa de ozono que protege la Tierra se está recuperando y el agujero de la capa en 2024 fue más pequeño que en años recientes, informó una agencia meteorológica de la ONU en un informe publicado el martes.

El bajo nivel de agotamiento del ozono observado en 2024 se debió en parte a factores atmosféricos naturales que provocan fluctuaciones de un año a otro. Sin embargo, la tendencia positiva a largo plazo refleja el éxito de la acción internacional concertada, según señaló el Boletín sobre el Ozono de la Organización Meteorológica Mundial.

El informe, que ofrece alentadoras noticias científicas tanto para la salud humana como para la del planeta, fue emitido para conmemorar el Día Mundial del Ozono, celebrado el martes, y el 40º aniversario de la Convención de Viena, que reconoció el agotamiento del ozono estratosférico como un problema global y proporcionó el marco para movilizar la cooperación internacional en investigación, observaciones sistemáticas y evaluaciones científicas.

“Hace cuarenta años, las naciones se unieron para dar el primer paso en la protección de la capa de ozono, guiadas por la ciencia y unidas en la acción”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres.

“La Convención de Viena y su Protocolo de Montreal se convirtieron en un hito del éxito multilateral. Hoy, la capa de ozono se está recuperando. Este logro nos recuerda que cuando las naciones escuchan las advertencias de la ciencia, el progreso es posible”, afirmó.

Hasta la fecha el Protocolo de Montreal ha llevado a la eliminación de más del 99 por ciento de la producción y consumo de sustancias controladas que agotan la capa de ozono, utilizadas en refrigeración, aire acondicionado, espumas contra incendios e incluso lacas para el cabello.

Como resultado, la capa de ozono está en camino de recuperarse a los niveles de la década de 1980 hacia mediados de este siglo, lo que reducirá significativamente los riesgos de cáncer de piel, cataratas y daños a los ecosistemas debido a la exposición excesiva a los rayos UV.

Con información de agencias.

IG

El pingüino africano, una de las aves marinas más emblemáticas del continente, suma una nueva amenaza a su delicada situación de conservación. Investigadores han detectado la presencia de contaminantes químicos persistentes en ejemplares de colonias de Sudáfrica, lo que plantea serias dudas sobre el impacto de estas sustancias en la salud, la reproducción y la viabilidad futura de una especie ya considerada en peligro de extinción. El hallazgo, publicado en la revista PLOS Biology, apunta a que la exposición a compuestos industriales de uso extendido añade presión a unas poblaciones que en el último siglo han sufrido un declive de más del 97%.

Contaminantes detectados en todas las muestras

Los científicos centraron su atención en dos grandes familias de contaminantes: los compuestos perfluoroalquilados y polifluoroalquilados (PFAS, por sus siglas en inglés), y los retardantes de llama organofosforados (OFRs). Ambos grupos de sustancias, presentes en productos de consumo cotidiano y en procesos industriales, son conocidos por su persistencia en el medio ambiente y por sus efectos nocivos sobre la salud de los seres vivos. Lo preocupante es que los investigadores encontraron trazas de estos contaminantes en todos los ejemplares analizados, confirmando que los pingüinos africanos no están al margen de la contaminación química global.

El equipo de investigación del estudio analizó muestras de sangre de aves procedentes de colonias reproductoras en islas como St. Croix y Robben Island, en Sudáfrica. Los resultados mostraron concentraciones detectables de varios tipos de PFAS, entre ellos el PFOS, considerado uno de los más tóxicos y ya restringido en numerosos países por su capacidad de bioacumulación. Asimismo, se identificaron retardantes de llama organofosforados, empleados habitualmente en plásticos, textiles y aparatos electrónicos, lo que confirma la entrada de estos compuestos en la cadena alimentaria marina.

Una amenaza que se suma a la sobrepesca y al cambio climático

La presencia de PFAS y retardantes de llama en los pingüinos africanos no es un hallazgo aislado. Estos contaminantes han sido descritos en múltiples especies de fauna marina a nivel global, desde peces y tortugas hasta mamíferos como ballenas o focas. Sin embargo, su detección en un ave que ya se enfrenta a amenazas directas como la sobrepesca, el cambio climático, la pérdida de hábitat y los derrames de petróleo multiplica la vulnerabilidad de la especie. Según los investigadores, la combinación de factores puede acelerar aún más el declive poblacional si no se toman medidas de conservación más ambiciosas.

Los autores del trabajo advierten de que estos químicos pueden afectar procesos fisiológicos clave, incluyendo la función inmunitaria, el equilibrio hormonal y la capacidad reproductiva. Aunque el estudio no evaluó de forma directa los efectos sobre la salud de los individuos, se sabe por investigaciones en otras especies que la exposición crónica a PFAS y retardantes de llama puede traducirse en menor éxito reproductivo, mayor susceptibilidad a enfermedades y alteraciones en el desarrollo de las crías.

Un desplome poblacional difícil de revertir

Los pingüinos africanos se reproducen en pocas colonias a lo largo de la costa de Namibia y Sudáfrica, lo que hace que cualquier impacto ambiental se sienta con fuerza en la dinámica de toda la especie. A mediados del siglo XX, la población rondaba el millón de parejas, mientras que en la actualidad apenas se contabilizan unos 20.000 ejemplares reproductores. Este desplome ha llevado a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a catalogar a la especie como en peligro de extinción. Los contaminantes químicos, que se acumulan lentamente pero permanecen durante décadas en los organismos y en el medio, suponen una amenaza añadida que dificulta los esfuerzos de recuperación.

Los investigadores subrayan además que la situación de los pingüinos africanos pone de manifiesto un problema más amplio: la dificultad de controlar la dispersión global de sustancias químicas persistentes. Aunque algunos compuestos como el PFOS ya han sido prohibidos o restringidos, sus sustitutos no siempre presentan un perfil de seguridad más favorable. La falta de información sobre los efectos a largo plazo de los retardantes de llama organofosforados es un ejemplo de los vacíos de conocimiento que persisten en materia de toxicología ambiental.

Centinelas de la salud de los océanos

El estudio concluye con una llamada a la acción para reforzar la investigación y el monitoreo de contaminantes en aves marinas y otros organismos vulnerables. Los pingüinos africanos, al ocupar un lugar intermedio en la cadena trófica y alimentarse de peces pequeños, actúan como centinelas de la salud de los ecosistemas marinos del Atlántico sur. Protegerlos significa también avanzar hacia océanos más seguros y sostenibles. En un momento en que el planeta se enfrenta a múltiples crisis ambientales, la contaminación química se suma como una amenaza silenciosa que no puede seguir siendo ignorada.

La oleada de incendios que asola a España en agosto continúa activa y se ceba especialmente con el noroeste peninsular. El fuego continúa avanzando en los incendios de León y Ourense y veinte focos continúan en el máximo nivel de alerta. En lo que va de 2025, las imágenes por satélite muestran la destrucción de al menos 400.000 hectáreas por el fuego.

El siguiente mapa muestra los focos activos en los dos últimos días que han detectado los satélites VIIRS de la NASA en España. La agencia aeroespacial norteamericana utiliza imágenes satelitales para identificar incendios activos y anomalías térmicas por todo el planeta.

¿Cómo está siendo 2025 comparado con años anteriores?

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) señala que este 2025 está siendo la temporada de fuegos más devastadora desde la puesta en marcha del sistema en el año 2000. Este cálculo solo incluye los incendios de más de 30 hectáreas que se han podido identificar por imágenes de satélite y de los que se ha medido la superficie. Solo en 2022 se habían superado las 300.000 hectáreas calcinadas detectadas desde el espacio, como en los meses que llevamos de 2025.

Aunque los datos son todavía provisionales ya que las estimaciones del EFFIS calculan las áreas quemadas a partir del perímetro del incendio y pueden incluir dentro de esos límites zonas que se han salvado de las llamas, las áreas quemadas en 2025 hasta agosto ya superan (por mucho) a todo 2022. Consulta la evolución, día a día, en el siguiente gráfico.

La comparativa de los datos de Copernicus (Sistema Europeo de Incendios Forestales) con las cifras de superficie quemada del Ministerio de Transición Ecológica señalan que este 2025 sería la peor temporada de fuegos desde al menos 1994. Ese año ardieron miles de hectáreas en un infierno de humo y llamas que se cebó especialmente con las provincias del Mediterráneo.

El siguiente gráfico compara la superficie quemada por incendios forestales en España según las estadísticas del Gobierno y las comunidades hasta 2024, más exhaustivas pero actualizadas con más retardo, y el área calcinada que ha detectado el programa Copernicus, que solo incluye los incendios de más de 30 hectáreas que se han podido rastrear a través de imágenes satelitales entre 2000 y lo que llevamos de 2025.

La mayoría de hectáreas quemadas este verano han coincidido con días en que España estaba en ola de calor. En Ourense, las máximas no bajaron de los 37 grados en los días en que se iniciaron y propagaron más los fuegos, según los datos de Aemet analizados por elDiario.es, y la provincia concentra más de 150.000 hectáreas calcinadas en agosto.

¿En dónde se ha quemado más?

Los fuegos de 2025 se han cebado especialemente con el noroeste peninsular. Con los últimos datos, los incendios iniciados en tres provincias (Zamora, Ourense y León) concentran tres de cada cuatro hectáres calcinadas en 2025. Consulta en el siguiente mapa la superficie arrasada por los fuegos en cada territorio, según los últimos datos disponibles a partir de imágenes satelitales.

Gran parte de estas áreas calcinadas se explican por incendios de alta intensidad y dimensiones como el de Zamora-León o el de A Rúa (Ourense), que superan las 40.000 hectáreas calcinadas y ambos apuntan a ser de los mayores de la historia reciente. Estos fuegos señalan un fenómeno que se ha intensificado en las últimas décadas en España: el auge de los grandes incendios forestales (de más de 500 hectáreas). Son pocos, pero devastadores.

¿Cuáles han sido los mayores incendios?

En el siguiente mapa puedes consultar los grandes incendios que llevamos en 2025 a partir de los cálculos realizados a través de las imágenes de satélite.

La información provisional de Copernicus señala que varios incendios de este año se colocarían en el ranking de incendios con más superficie quemada desde 1968.

Aunque los datos son provisionales, ya que las estimaciones del EFFIS calculan las áreas quemadas a partir del perímetro del incendio y pueden incluir dentro de esos límites zonas que se han salvado de las llamas y superficies no forestales, las cifras colocan en cabeza cuatro incendios ocurridos este verano: el de Zamora-León (Uña de Quintana), el de A Rúa (Ourense), el de Benuza (León) y el de Mazaneda (Ourense).

Por ejemplo, Federico Grillo, jefe de Emergencia del Cabildo de Tenerife, ya avisó del fenómeno de los megaincendios durante los fuegos de Gran Canaria en 2019. “Está sucediendo en otros lados: incendios que no se han visto nunca, con unas longitudes de llamas y una velocidad de propagación que parecen más tormentas de fuego que un incendio convencional y cada vez nos cuesta más”, según recogió Canarias Ahora.

Para ver cómo estos grandes incendios calcinan hectáreas de vegetación en pocos días o incluso horas, en los siguientes gráficos puedes ver una secuencia en imágenes de satélite que reconstruyen la rápida secuencia de los grandes incendios que han calcinado miles de hectáreas en 2025.

Incendio de Zamora-León

El incendio forestal que se inició el pasado domingo en Zamora y que ha traspasado la frontera de León apunta a ser el mayor incendio jamás registrado en España. En apenas 3 días, las llamas arrasaron con al menos 40.000 hectáreas, según la última estimación del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Las imágenes desde el espacio muestran la rápida expansión de las llamas entre el lunes y el miércoles.

Incendio en Zamora-León

Comenzó el 10 de agosto en Molezuelas de la Carballeda y ha dejado unas 40.000 hectáreas quemadas

Fuente: Copernicus

Aunque los datos son todavía provisionales ya que las estimaciones del EFFIS calculan el perímetro del incendio y no descartan las zonas dentro de esos límites que se han salvado de las llamas, la comparación con los fuegos que arrasaron la sierra de la Culebra en 2022 (de los más grandes registrados jamás en España) muestra la magnitud del fuego que ha asolado las provincias de Zamora y León en 2025.

Incendios en Ourense

Aún con varios incendios activos, en Galicia la ola de fuegos se concentra principalmente en la provincia de Ourense, donde se han registrado evacuaciones, confinamientos y varios heridos. Los mayores incendios son los declarados en Chandrexa de Queixa-Manzaneda, A Rúa y Oímbra, todos por encima de las 20.000 hectáreas calcinadas.

Todavía sin controlar, varios focos del fuego continúan activos y la devastación de las áreas quemadas se muestra en las fotografías recogidas por el sistema Copernicus.

Los focos de incendios en Ourense, Zamora y León

Los grandes incendios ocurridos principalmente en Ourense en agosto de 2025

Fuente: Copernicus

Todos los incendios del noroeste peninsular

La mayor parte de zonas calcinadas este verano se concentran en una parte muy concreta del territorio: las provincias interiores del noroeste de la península. Entre Ourense, Zamora y León se encuentran el 70% de las hectáreas quemadas este año, repartidos en una veintena de fuegos que han arrasado al menos 500 hectáreas.

Un discurso político contra la evidencia científica. Los postulados de la ultraderecha respecto al cambio climático y sus consecuencias irrumpen desde hace años de manera estruendosa en el debate público sobre cómo deben abordar las instituciones una emergencia de sobra acreditada. La banalización de los efectos del aumento de la temperatura del planeta, sea en forma de lluvias torrenciales o de incendios cada vez más virulentos, es ya un rumor de fondo habitual en el combate dialéctico parlamentario. Y no solo eso. Porque la cada vez mayor capacidad de influencia de Vox en el PP gracias, principalmente, a sus acuerdos en comunidades y ayuntamientos, ha logrado impregnar la acción de administraciones que recortan sistemáticamente en políticas verdes al mismo tiempo que la crisis climática se acentúa.

El planteamiento es sencillo y tiene cada vez más eco: el cambio climático no existe, es un invento de la izquierda global para alimentar “chiringuitos” y los desastres naturales pasan porque han pasado “toda la vida”. Un discurso que la extrema derecha suele ornamentar con todo tipo de descalificativos y planteamientos deslumbrantes. En sede parlamentaria se ha escuchado a Vox, por ejemplo, hacer constante mención al “fanatismo climático” o al “ecologismo radical” de Pedro Sánchez por el despliegue de unas políticas de transición ecológica tildadas de “aquelarre”. Y también ha desarrollado teorías propias sobre la evolución del clima y sus consecuencias, no ya al margen de la ciencia, sino directamente de espaldas a ella.

“El cambio climático no es una amenaza para la supervivencia. ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad fuera la de 1850? Cuando suba 2,6 grados más a lo largo del siglo XXI los efectos no tienen por qué ser desastrosos. Hoy en día mueren de frío 17 veces más personas que de calor. Que se caliente un poquito más el planeta, para empezar, evitará muertes por frío”. El autor 'intelectual' de esa línea de 'no investigación' fue Francisco Javier Contreras, diputado de Vox, que se expresó así en el Congreso de los Diputados durante una reunión de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Pero también se pueden encontrar discursos equivalentes entre las filas del PP. La ya exconsellera del Govern valenciano de Carlos Mazón, Nuria Montes, llegó a atreverse a predecir el impacto positivo del aumento de las temperaturas desde un punto de vista económico. “Si algo bueno trae el cambio climático es precisamente la extensión de la temporada turística”, afirmó.

Porque, de manera más o menos explícita, lo cierto es que el principal partido de la oposición también ha transitado en lo discursivo hacia posicionamientos que cuestionan la evolución climática del planeta para tomar distancia de grandes consensos en los que también le costó aterrizar. Antes incluso de llegar a la Moncloa, el propio Mariano Rajoy ya ironizó en su día con la capacidad de predecir el aumento del clima en aquella exposición sobre un primo meteorólogo. “Si nadie garantiza ni qué tiempo hará mañana en Sevilla ¿cómo van a decir lo que va a pasar dentro de 300 años?”, dijo entonces.

El Partido Popular, posteriormente, sí se ha sumado a la defensa de las líneas maestras de una agenda verde demonizada ahora por la ultraderecha, pero que forma parte del corazón de las políticas de la Unión Europea. Y que de un tiempo a esta parte también los populares han puesto en diana por la influencia de Vox.

Negacionismo y recortes

Esta misma semana, de hecho, y en plena ola de incendios que han quemado Castilla y León por los cuatro costados, el presidente Mañueco restó relevancia a la posibilidad de invertir más en la prevención del fuego y en el impacto que el aumento de las temperaturas o la sequía tiene sobre la virulencia del mismo. “Los incendios forestales son cíclicos y las condiciones meteorológicas, imprevisibles”, sentenció, para dibujar un panorama poco menos que inevitable.

Al presidente de la Junta de Castilla y León, precisamente, le achacan desde el PSOE ser uno de los presidentes autonómicos que simbolizan la política de recortes en la prevención de incendios y en la precarización del cuerpo de bomberos. La oposición castellana y leonesa acusa al ejecutivo autonómico de eliminar puestos de control en los montes y vuelca sus críticas en la figura del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en una entrevista en 2018 llegó a calificar de “despilfarro absurdo” la inversión en la prevención de incendios para cuidar los montes durante el invierno. Desde el PSOE también recuerdan que este pasado curso político la mayoría de PP y Vox en las Cortes de Castilla y León tumbó una iniciativa “para proteger y regular el trabajo” de los bomberos forestales.

En realidad, la disminución de los recursos para luchar contra el fuego es una tónica general entre las administraciones públicas, según denuncia la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo). En un estudio reciente basado en datos oficiales de ayuntamientos, comunidades y ministerios implicados, la asociación concluye que la partida destinada a la prevención de incendios se ha desplomado a la mitad desde 1999 hasta 2022. Si la suma de los recursos de todas las administraciones ascendía a 364 millones de euros en 2009, con los datos más recientes de 2022 el montante se reducía a 175,8 millones de euros.

De manera global, de los aproximadamente 1.100 millones de euros que se destinan al año –entre Gobierno nacional y comunidades autónomas– a incendios forestales, “en torno al 60%-70% están dedicados a la extinción”, según el cómputo general que hace la organización WWF tras rastrear los presupuestos más recientes.

Y todo ello a pesar de algunos pasos dados por el Gobierno nacional desde el departamento de Transición Ecológica. En 2024, por ejemplo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el estatuto que regula la profesionalización de los agentes forestales para garantizar unas condiciones de trabajo dignas. Una norma que a día de hoy no aplica ni una sola comunidad autónoma y que tampoco ha instaurado siquiera el propio departamento de Transición Ecológica en los agentes que forman parte de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales.

En junio, además, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 115 millones de euros contemplada en el Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales de 2025. Y hace justo tres veranos el Gobierno emitió un decreto para regular la prevención y lucha contra incendios forestales que incluía obligaciones para propietarios de terrenos forestales, además de un fondo de compensación para cubrir los gastos derivados de los incendios forestales.

La tendencia de las administraciones gobernadas por el PP en las que Vox resulta imprescindible para la gobernabilidad es, sin embargo, acercarse al negacionismo institucional. Varios líderes territoriales populares, de hecho, han abjurado en público del Pacto Verde europeo diseñado para combatir la crisis climática y cuyos programas reciben partidas de los fondos de la UE para la restauración de ríos, rehabilitación de casas, transporte sostenible o recuperación del litoral.

Tras la DANA, Carlos Mazón llegó a calificar el Pacto Verde como un “dogmatismo climático” que “va directamente contra la esencia de nuestra economía”. El murciano Fernando López expresó en la Asamblea su “rechazo” explícito al Pacto Verde europeo. Y el aragonés Jorge Azcón se refirió a políticas “equivocadas, que son erróneas y que son objetivamente un disparate”. Unos postulados bendecidos por la dirección nacional del partido, que llegó a secundar el rechazo de Vox en el Senado a una moción sobre ese Pacto Verde.

En lo que va de año han sido arrasadas por el fuego más de 100.000 hectáreas en toda España. A última hora de este jueves se mantenían activas decenas de focos por todo el país en una crisis que se ha cobrado por el momento la vida de tres personas. La Organización Mundial de la Meteorología y las Naciones Unidas alertan, además, de que los próximos cinco años serán los más cálidos jamás registrados, con una probabilidad del 80% de que al menos uno de esos años supere el récord actual de temperatura.

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El gigantesco incendio que arrasa el sur de la provincia española de León desde el norte de la de Zamora provocó la mayor evacuación que se recuerda en la historia reciente, más de 8.000 personas en la provincia leonesa, ante la peligrosidad de las llamas que cercaron a una treintena de localidades, además de un vecino fallecido cuando intentaba evitar lo peor del fuego. Pero la resistencia precisamente de los vecinos a irse y luchar contra el fuego ha sido decisiva, denuncian todos de forma unánime, para salvar los pueblos. El controvertido lema “Solo el pueblo salva al pueblo” ha prendido tan rápido como se propagó el fuego, repetido hasta la saciedad por los vecinos que nos hemos encontrado.

En Castrocalbón 'El Barrio' fue parcialmente pasto de las llamas. Este conjunto de casas un poco alejadas del núcleo urbano ha visto como un tercio de sus edificaciones han ardido. Entre ellas varias casas habitadas. Madre e hija contemplan con una gran entereza el desastre de la suya. La vivienda ha quedado reducida a paredes semiderruidas y escombros, y estaba recién reformada. Fueron desalojadas, pero regresaron para ver el desastre ya que hasta el último minuto intentaron pararlo con una pequeña bomba y ayuda de otros vecinos que fue del todo insuficiente.

“Tú que tienes aquí una casa para vivir y ahora esto”, se lamenta la hija. La madre observa su huerto aledaño, intacto, mientras explica cómo era su vivienda y señala que se ha quemado la nueva y otra que poseen no se ha visto afectada, “otra casa más abajo no se quemó, podía haberse quedado esta”. “Ha sido muy muy gordo, teníamos el fuego por dos lados”, relata la hija mientras recuerdan cuando les avisaron, “sacar las mangueras que viene pintando mal”. “Tienen que pillar al que lo hizo porque está hecho a propósito”, reivindica.

En Castrocalbón se creó un punto de encuentro para organizar los grupos que vigilan las reproducciones para intentar apagarlas. No hay apenas cobertura salvo aquí, incluso hay algunas zonas del pueblo sin luz porque los transformadores reventaron por el fuego. Su sube al Palacio y se puede observar toda la contorna. Grupos de jóvenes se organizan conformando patrullas de varios por seguridad para acudir desde donde llegan avisos de pequeñas reproducciones. Señalan la insuficiencia de medios, aquí si hubo brigadas en lo peor –la tarde y noche del lunes al martes–, y que si no es por los vecinos que no se quisieron ir hubiera ardido todo el pueblo. Había que salvar las casas y las instalaciones agrarias en las que muchas familias tienen su empleo. Solo se pudo lograr parcialmente. “Nunca he tenido miedo en mi vida, pero ayer lo tuve”, resume uno todavía con el susto en el cuerpo.

Pese al desalojo masivo ordenado por las autoridades este martes los pueblos de la zona han ido volviendo a una rara normalidad. Un día dedicado a repasar el perímetro y sofocar reproducciones. El fuego ha quemado algunos de ellos de forma parcial, como Palacios de Jamuz, y en el resto se ha quedado a las puertas o incendiando edificaciones y viviendas, como en Pinilla de la Valdería. El terror permanece en los vecinos y vecinas que se quedaron.

Comunicaciones imposibles

Las comunicaciones móviles se vinieron abajo la tarde del lunes y no se han recuperado. En algunos pueblos funcionaba el fijo gracias a la fibra. Pero este martes ya no funcionaba tampoco. Un recorrido por las carreteras afectadas deja un panorama bastante desolador. El fuego avanzó en modo lengua arrasando cultivos y bosques, de forma irregular por los continuos cambios de tiempo. Este martes al final de la tarde se han vivido grandes chaparrones, pero no afectaron de forma decisiva alguno de los frentes todavía activos.

En San Esteban de Nogales, una localidad de León pegada a la provincia de Zamora, la intervención de los vecinos, de una brigada de la Junta y la UME fueron decisivas para evitar que se arrasara el pueblo, que se vio cercado por dos frentes, señala uno de los vecinos. Se salvó incluso una granja de pollos en la que hubo que emplearse a fondo, con la pista de pádel a punto de ser pasto de las llamas. “Los jóvenes nos fuimos al monte a apagar un poco lo que veíamos hasta las 3 o 4 de la mañana pero al día siguiente fue horrible”, relata. “La UME y las brigadas están desbordadas porque es que está toda España igual”, resume destacando su intervención para salvar su localidad.

Este miércoles la jornada ha sido más tranquila, de control, pero al finalizar la tarde todo el valle se ha vuelto a llenar de humo proveniente de una reproducción cercana que podría convertirse en frente. El Ayuntamiento ha organizado un punto de avituallamiento y descanso para proporcionar agua y comida a las brigadas y desde allí se van organizando las brigadas para volver a luchar contra el fuego, pese al cansancio acumulado por jornadas interminables.

Vigilancia vecinal

La carretera que une Alija del Infantado está llena de vehículos en el alto desde el que se observa todo el valle. Allí acuden los vecinos y vecinas para detectar las reproducciones y dar el aviso correspondiente. Desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde mientras el sol y el humo dejen ver algo. Preocupa una reproducción en la zona de Bécares, cuya columna de humo se ve perfectamente desde primera hora de la tarde. Un grupo de vecinos intenta extinguir otra reproducción más pequeña cercana.

Lo mismo ocurre en Destriana, en la comarca de La Valduerna donde el fuego se extendió arrasando cientos de hectáreas de pinares, parte del sustento de la zona. Los vecinos se organizan con lo que pueden, tractores, mangueras y cubos, mientras observan como tres helicópteros usan su piscina para recargar agua contra un frente cercano. El humo se apodera del cielo y todo se vuelve de color amarillento.

En Genestacio de la Vega dos mujeres, Feli y Chon, descansan a la puerta de su hogar. Relatan la tarde y noche de horror que vivieron el lunes, “Doy gracias a Dios que fue diurno, si es nocturno no sale como salió”, resume. “Ya teníamos todo apagado y con la noche solo veíamos focos y focos y focos. Si prende una casa adiós todas, tienen todas madera en el tejado”. “En los pueblos todos teníamos animales y paja para ellos, y como se vendieron los animales, luego eso si prende, es un auténtico polvorín”.

En La Nora del Río otro grupo de vecinos intenta extinguir un conato reproducido a 500 metros de la localidad. No hay tiempo que perder. Con sulfatadoras y garrafas de agua media docena de vecinos refrescan la zona para evitar que esta pequeña zona boscosa termine por arder entera. Avisan al 112 pero no llega nadie. Incluso pasa el vehículo del guarda forestal sin ni siquiera parar a preguntar si se necesitaba algo, atestigua este periodista. “Una vergüenza”, resumen sin perder tiempo en volver a la tarea. La indignación ha prendido entre el vecindario.

La oleada de incendios que azota a España en agosto no da tregua y sus consecuencias son palpables: al menos tres víctimas mortales, miles de evacuados, pueblos devorados por las llamas y miles de hectáreas de bosques y espacios naturales asoladas por el fuego. Un impacto que se puede divisar desde el espacio. A través de las imágenes de los satélites del programa europeo Copernicus, podemos reconstruir la rápida secuencia de los grandes incendios que han calculando miles de hectáreas en 2025.

Incendio en Zamora-León

El incendio forestal que se inició el pasado domingo en Zamora y que ha traspasado la frontera de León apunta a ser el mayor incendio jamás registrado en España. En apenas 3 días, las llamas arrasaron con al menos 37.000 hectáreas, según la última estimación del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Las imágenes desde el espacio muestran la rápida expansión de las llamas entre el lunes y el miércoles.

Incendio en Zamora-León

Comenzó el 10 de agosto en Molezuelas de la Carballeda y ha dejado unas 40.000 hectáreas quemadas

Fuente: Copernicus

Aunque los datos son todavía provisionales ya que las estimaciones del EFFIS calculan el perímetro del incendio y no descartan las zonas dentro de esos límites que se han salvado de las llamas, la comparación con los fuegos que arrasaron la sierra de la Culebra en 2022 (de los más grandes registrados jamás en España) muestra la magnitud del fuego que ha asolado las provincias de Zamora y León en 2025.

Incendio en Las Médulas

El incendio iniciado en la localidad leonesa de Yeres ha acabado afectando al espacio natural de Las Médulas, declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1997 y corazón turístico de la zona. El incendio se descontroló a última hora de la mañana del pasado domingo por la fuerte acción del viento, de hasta 40 kilómetros por hora, las altas temperaturas y la nula humedad. Así, el fuego se ha ido extendiendo hasta calcinar 4.000 hectáreas provisionalmente. En 2022, la Junta de Castilla y León descartó ante la Unesco que el cambio climático supusiera un peligro para Las Médulas.

El incendio en Las Médulas

Más de 6.500 hectáreas calcinadas en la zona

Fuente: Copernicus

Incendios en Ourense

Aún con varios incendios activos, en Galicia la ola de fuegos se concentra principalmente en la provincia de Ourense, donde se han registrado evacuaciones, confinamientos y varios heridos. El mayor incendio es el declarado en Chandrexa de Queixa, que según los últimos cálculos con imágenes satelitales ya supera las 20.000 hectáreas arrasadas. Todavía sin controlar, varios focos del fuego continuaban activos ayer por la tarde, tal y como muestran las fotografías recogidas por el sistema Copernicus.

El incendio que asola Chandrexa de Queixa

Más de 20.000 hectáreas quemadas en Ourense

Fuente: Copernicus

Hay más fuegos ardiendo en la provincia gallega. El de Oímbra, que empezó en la parroquia de A Granxa, arrasa ya más de 6.000 hectáreas. En este incendio resultados heridos de gravedad tres trabajadores de la brigada municipal.

El fuego, todavía activo, provocó la evacuación de vecinos de algunos núcleos de Monterrei. Las imágenes satelitales muestran la rápida expansión de las llamas entre el lunes y el miércoles.

El incendio en Oímbra

Más de 10.000 hectáreas calcinadas en este incendio

Fuente: Copernicus

Otro de los focos más preocupantes es el del incendio de A Mezquita, que supera las 5.000 hectáreas y continúa activo en la provincia de Ourense, donde siguen desplazados 47 ancianos de una residencia. Las últimas imágenes captadas por el satélite muestran las columnas de humo que arrasaban con todo a su paso.

El incendio en A Mezquita

Más de 9.000 hectáreas calcinadas en este incendio

Fuente: Copernicus

Incendio en Lleida

Julio de 2025 comenzó con un incendio de sexta generación en la localidad de Torrefeta, Lleida. Dejó dos fallecidos y 6.500 hectáreas quemadas, en su mayoría agrícolas. Se propagó a a velocidades punta de 28 kilómetros por hora. El entorno seco, los campos de cereales y la formación de un pirocúmulo, o nube de incendios, favorecieron su extensión.

El incendio originado en Oliola

Más de 5.000 hectáreas calcinadas este 2025 en Lleida

Fuente: Copernicus

A pesar de que el cambio climático trae en no pocas ocasiones incendios inextinguibles, España todavía gasta bastante más dinero en apagar fuegos que en evitar que se produzcan.

De manera global, de los aproximadamente 1.100 millones de euros que se destinan al año –entre gobierno central y comunidades autónomas– a incendios forestales, “en torno al 60%-70% están dedicados a la extinción”, según el cómputo general que hace la organización WWF tras rastrear los presupuestos.

“Lo cierto es que no hay mucha transparencia a nivel autonómico así que no es fácil obtener información detallada”, explica la especialista en incendios de WWF, Lourdes Hernández. Además, “lo que alguna administración considera una medida de prevención, otra no, y eso resulta en diferencias que pueden distorsionar el análisis”, subraya.

Con todo, Hernández admite que “se ha visto un pequeño cambio en la tendencia, pero, en general, bastantes partidas que se catalogan como prevención podrían llamarse más bien de apoyo a la extinción”. En ese capítulo caen, detalla, el mantenimiento de caminos, pistas forestales o puntos de abastecimiento de agua, por ejemplo, “que son fundamentales – afirma la técnica–, pero que por sí mismas no son una prevención a escala de paisaje, sino medidas para que los equipos de extinción puedan trabajar mejor y de manera más segura”.

Se ha visto un pequeño cambio en la tendencia, pero, en general, bastantes partidas que se catalogan como prevención podrían llamarse más bien de apoyo a la extinción

Lourdes Hernández — Especialista en incendios de WWF

El análisis de Lourdes Hernández también ha detectado que una buena parte de las inversiones catalogadas como prevención “incluyen partidas de tratamiento selvícolas, pero eso al final es un pozo de sin fondo”. ¿A qué se refiere? Esos tratamientos selvícolas suponen, básicamente, desbrozar o clarear bosques, es decir, eliminar vegetación o sotobosque, y “eso no tiene fin porque el año siguiente tendría que repetirse otra vez, si no incluso más”.

De hecho, el investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf), Jordi Vayreda, explicaba a elDiario.es que “desbrozar es lo más caro y dura poco tiempo, porque esa vegetación reacciona rápidamente y recrece”. Una práctica que ven adecuada si está restringida a las zonas de contacto entre viviendas y monte.

Este mismo año, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha emitido un informe sobre la financiación europea contra los incendios forestales. Los auditores constataron que el dinero aportado por la UE a los países son “cada vez más utilizados para acciones preventivas, pero no hay pruebas sobre los resultados ni su sostenibilidad a largo plazo”. Se referían a que algunos planes se agotaban cuando la financiación europea terminaba.

La organización Greenpeace estima que con una inversión de 1.000 millones en auténtica prevención de incendios “se podría ahorrar hasta 99.000 millones en extinción”. Y utiliza para este cálculo las cifras de la Agenda Forestal Navarra que achaca un gasto de 10.000 euros por hectárea para apagar fuegos si intervienen medios aéreos, además del cálculo del Colegio de Ingenieros Forestales, que afirma que “cada euro preventivo reduce en 100 euros la factura de la extinción”.

“Fuera de la capacidad”

Estos días en los que los grandes incendios están abrasando simultáneamente diversos puntos de la península, los responsables políticos están repitiendo la expresión: “Fuera de la capacidad de extinción”. La han utilizado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco o el consejero de Medio Ambiente de Madrid, Carlos Novillo, por ejemplo.

Es la admisión de que, una vez que se han prendido las llamas (en un 85% por causa de la acción humana, ya sea debido a una negligencia o por intención), las condiciones que está creando el cambio climático antropogénico empeora los siniestros. También es un argumento para decir que no se ha podido evitar.

Sin embargo, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que reúne al Gobierno central con las comunidades autónomas, aprobó el 22 de julio de 2022 unas orientaciones para la gestión de incendios que decían: “En la defensa contra incendios es preciso trabajar con anticipación, considerando no solo los escenarios de clima cambiante, sino también un territorio forestal en permanente transformación ecológica y social. La gestión de los incendios debe adecuarse a estos cambios y considerar los escenarios futuros, con previsión de nuevos desarrollos de conocimiento y tecnológicos”.

Se mira mucho el final de los incendios, es decir, las personas afectadas, las hectáreas de vegetación quemadas, pero muy poco a las causas. ¿Cuánto se gasta en la investigación de las causas de incendios? ¿Cuánto se invierte en fiscalías y juzgados para cubrir un evidente punto de fuga en este asunto?

Miguel Ángel Hernández — Portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo Forestal Nacional

Se da la circunstancia de que el año 2022, cuando se publicaron estas orientaciones, fue especialmente malo en cuanto a incendios en España. En Portugal, un año funesto como fue 2017– cuando el fuego mató a más de 100 personas en Pedrograo Grande– hizo que se invirtiera la balanza y de gastar el 80% del presupuesto en extinción se pasara al 39% en 2022 para primar la prevención (aunque en Portugal los bomberos forestales siguen siendo voluntarios, no profesionales).

“Realmente no creemos que el quid de la cuestión esté en los medios”, reflexiona el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo Nacional Forestal, Miguel Hérnandez. “Deberíamos preguntarnos si estamos poniendo el foco donde se debe. Se mira mucho el final de los incendios, es decir, las personas afectadas, las hectáreas de vegetación quemadas, pero muy poco a las causas”.

Desde esa perspectiva, y sobre los fondos públicos, Hernández se pregunta: “¿Cuánto se gasta en la investigación de las causas de incendios? ¿Cuánto se invierte en fiscalías y juzgados para cubrir un evidente punto de fuga en este asunto? Tampoco conocemos los fondos para controlar actividades peligrosas en momentos de alto riesgo, ni si se está haciendo un trabajo social cuando la mayoría de los incendios tienen causa humana. Yo lo comparo en cierta medida con las cifras de siniestralidad en la carretera: ahí se activaron radares, campañas de concienciación y sanciones que han desincentivado ciertas prácticas. Aquí podría ser parecido”.

“La única forma en la que vamos a lograr que el territorio sea más resistente y resiliente es que sea usado y se cree un paisaje mosaico, pero con un criterio de sostenibilidad, es decir, estimular un sector primario bastante diferente al que se está promoviendo ahora, que es muy intensivo y da la espalda al medio natural”, considera Lourdes Hernández.

El vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Federico Grillo, añade que “la prevención, además, debe ir más allá del Estado o las comunidades autónomas”. Grillo –analista de incendios– avisa de que muchas veces las pequeñas elecciones multiplican el riesgo. “Ahora vemos cómo se rodean viviendas con setos de arizónicas que son inflamables cuando el fuego entra en zonas de casas. Y eso es un problema gordo porque, en vez de ir al bosque, hay que acudir a las viviendas y el sistema colapsa. La culpa puede ser de la administración, del dueño de ese monte, o el dueño de la vivienda que no ha hecho la tarea”, remata.

Ni un semana sin su incendio –o incendios– devastador. Según el calor extremo ha atenazado España, en buena parte impulsado por la crisis climática, se han sucedido grandes incendios forestales hasta tocar cúspide, de momento, este fin de semana cuando ardieron Las Médulas (León).

Si el 31 de mayo la estadística oficial mostraba un gran incendio forestal (GIF) declarado en España, es decir, con 500 o más hectáreas calcinadas, las cifras oficiales a 3 de agosto recogían ya 14, según el Ministerio de Transición Ecológica. En realidad, este lunes se ha llegado a los 22 siniestros altamente destructivos. La progresión del verano ha sido: de un gran incendio a 5 al terminar junio, 12 al acabar julio y 22 antes de la mitad de agosto.

Aunque en España actualmente se producen menos incendios que hace 20 años (la media entre 2015 y 2024 cayó un 35% respecto a la década anterior) “la proporción de grandes incendios forestales (GIF) respecto al total de siniestros no ha parado de crecer”, según el análisis de la organización WWF. “Apenas suponen el 0,26% del total, pero en ellos se registran los mayores impactos ambientales y sociales”, concluye la organización. De media, en esta década se han registrado 23 grandes incendios al año, una cifra a punto de ser alcanzada cuando quedan muchas semanas de temporada de alto riesgo.

“El cambio climático está haciendo que haya más oportunidades en las que estos paisajes pueden quemarse de forma más generalizada, intensa y peligrosa”, analiza la jefa del Departamento de Biodiversidad y Cambio Global del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (Universidad de Oviedo-CSIC), Cristina Santín, en un análisis para el Science Media Centre España (SMC).

Más oportunidades porque la alteración del clima provoca que las olas de calor sean más tempranas, frecuentes e intensas, es decir, crea las condiciones meteorológicas para que los fuegos se disparen: temperaturas muy altas, muy poca humedad y vientos fuertes. De hecho, el índice de riesgo meteorológico de incendios ha crecido en los países mediterráneos de manera que la temporada de incendios se ha estirado un 55% desde 1980.

Sin ir más lejos, al inicio de esta segunda ola de calor del verano de 2025, la agencia Estatal de Meteorología (Aemet) proyectó que para el pasado domingo, casi toda la península ibérica entraría en peligro extremo de incendio forestal. Un mapa bastante similar al que la Aemet dibuja para este martes.

Durante el primer episodio de calor extremo prolongado (a finales de junio e inicios de julio) se produjo el incendio, hasta el momento, más destructivo del año en Torrefeta (Lleida), con más de 6.000 hectáreas carbonizadas, muchas de terreno agrícola. Fallecieron dos personas ante unas llamas que avanzaron a velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora.

Santín añade que era “esperable” una situación así al llegar un calor extremo tras una primavera muy húmeda, a la que se le ha sumado que sea “relativamente fácil que en algún lugar haya una chispa que empiece un incendio. Tenemos todos los ingredientes para el cóctel molotov que estamos viendo ahora mismo”.

Hace diez años, en 2015, un informe oficial del Gobierno sobre impactos y vulnerabilidades de España frente al cambio climático advertía: “Se incrementarán las situaciones de mayor peligro así como la estación de incendios”. “Hasta mediados de siglo el cambio climático será poco variable por lo tanto la planificación debe basarse en el clima proyectado, no en el pasado”, destacaba. Es decir, los efectos del cambio climático iban a dejarse sentir por la inercia ya generada por los gases de efecto invernadero acumulados.

El informe también afirmaba que el cambio climático traería consigo un “incremento del peligro meteorológico medio, así como de las situaciones extremas”.

Una década después de ese informe, en este agosto de 2025, la catedrática de Análisis Geográfico Regional Cristina Montiel Molina subraya, precisamente, la relación entre la crisis climática y estos grandes incendios simultáneos: “Los registros extremos de temperaturas están generando este riesgo por el impacto concentrado y prolongado del calor en la vegetación y en el suelo, aunque las lluvias de la pasada primavera han impedido la sequía hídrica”.

Aunque el incendio en Las Médulas ha copado titulares por la destrucción de un paraje catalogado como Patrimonio de la Humanidad, la nómina de fuegos devastadores se ha distribuido por diversas zonas de la península. Así se han producido GIF en el Burguillo (Sevilla), Alcollarín (Cáceres), Talarrubias (Badajoz), Torrefeta (Lleida), Paüls (Tarragona), Méntrida (Toledo), Navaluenga (Ávila), Valdecaballeros (Badajoz), Trujillo (Cáceres), Cuevas del Valle (Cáceres), Caminomorisco (Cáceres), Terroso (Ourense), Navas del Marqués (Ávila), Chandrexa (Ourense), Aldea del Cano (Cáceres), Oliva de Mérida o Molezuela de Carballeda (Zamora).

“Es llamativo que estén ardiendo zonas del centro y noroeste, teóricamente menos proclives a fuegos severos en comparación con el litoral mediterráneo” analiza el profesor titular del departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna Jesús Santiago Notario del Pino para el SMC. Y remata: “Las condiciones de calor extremo y prolongado favorecen un escenario como el actual”.