Treinta y cinco candidatos, un número récord en Latinoamérica, aspiran a la presidencia de Perú en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en las que se prevé una segunda vuelta para renovar el poder político en un país donde ser presidente se volvió sinónimo de ceses tempranos e incluso de acabar en la cárcel.

Las últimas encuestas autorizadas por la Ley Orgánica de Elecciones coinciden en que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, se ubica a la cabeza de la intención de voto, con porcentajes que fluctúan entre el 13 y el 18%. Le siguen el comediante de centroderecha Carlos Álvarez (País para Todos) y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, quienes se disputan el segundo lugar para aspirar a la segunda ronda del 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar por un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades se elegirán en estos comicios cuyos primeros resultados oficiales deberían conocerse en la noche de este domingo. Los datos finales están previstos para el mediodía del lunes, según la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Ocho presidentes en diez años

El ganador de las elecciones presidenciales sucederá en la presidencia a José María Balcázar, el cuarto mandatario del periodo presidencial 2021-2026 que originalmente estuvo al mando del profesor y sindicalista de izquierdas Pedro Castillo, vencedor de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori. Sin embargo, una tentativa de autogolpe de Estado para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso llevó al cese y encarcelamiento de Castillo menos de un año y medio después de haber asumido funciones.

Lo reemplazó la abogada Dina Boluarte, quien gobernó entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 con una gran impopularidad —también fue objeto de numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía—. Una vez destituida por el Congreso, acusada de “permanente incapacidad moral” para gestionar la crisis de seguridad en el país, la relevó el abogado José Jerí, quien ocupó el puesto entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Su corto mandato acabó a raíz de unos sospechosos encuentros con empresarios chinos que fueron bautizados como “chifagate”. En su reemplazo, el Congreso eligió el 18 de febrero a Balcázar, abogado y exjuez, quien debería entregar el poder al ganador del proceso electoral el 28 de julio de este año para que gobierne entre 2026 y 2031.

Sin embargo, pocos se animarían a predecir que el gobernante entrante complete su periodo de cinco años. El último presidente en cumplir plenamente su mandato fue Ollanta Humala (2011 y 2016). En el siguiente quinquenio se sucedieron cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021). El primero de ellos renunció acorralado por su implicación en el escándalo Lava Jato. El segundo fue destituido por el Congreso, acusado de sobornos durante su paso como gobernador de la región de Moquegua. El tercero apenas aguantó cinco días en la presidencia antes de renunciar por las protestas sociales en su contra. El cuarto hizo la transición en la que se organizaron nuevas elecciones y entregó el poder a Castillo.

En total, durante los últimos 10 años, Perú fue gobernado por ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos en las urnas. De esos ocho, dos están en la cárcel. Además de Castillo, recluido desde diciembre de 2022 y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, Vizcarra cumple una condena en primera instancia de 14 años de prisión por cohecho pasivo. También están tras las rejas Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y 6 meses de reclusión por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y Humala, procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales. 

Un caso especial es el de Kuczynski, quien cumplió arresto domiciliario y continúa bajo investigaciones. No menos particular es el caso del dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando la policía peruana se aprestaba a detenerlo por su vinculación con el caso Odebrecht. 

El fenómeno de “captura del Estado”

Aun con estos antecedentes, que convirtieron la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo legal y administrativo, las elecciones de 2026 convocaron la cifra récord de 35 candidatos. 35 potenciales expresidentes antes de los cinco años.

“Existe esta visión de los partidos políticos casi como un ‘pequeño emprendimiento personal’, sin ninguna ideología cohesionadora o proyecto de país claro”, dice la politóloga y analista política Eliana Carlín, sobre la cantidad de postulantes. “En esta lógica, dentro de cada partido convergen intereses económicos que son los que movilizan a quienes se suman a estos proyectos políticos. El Estado es visto, la mayoría de las veces, como un botín”, añade. 

El investigador Hernán Chaparro apunta que las candidaturas obedecen a la necesidad de mantener cuotas de poder, ya sea desde el Ejecutivo o el Congreso. “Se usa al Estado para repartir puestos de trabajo, hacer clientelismo y negocios, pero también para copar el sistema judicial y/o legislativo y frenar los juicios o investigaciones que tienen”, dice el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica. “No por gusto la población considera que el principal problema del país es la corrupción”, sentencia. 

El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitazo inicial

José Carlos Requena — analista político

La proliferación desmedida de candidaturas tiene también una explicación más estructural. Carlín se remite a la reforma legislativa de 2019, año en que cambió la disposición de inscribir un partido político con más de 700.000 firmas de adherentes. “La reforma eliminó ese requisito y lo sustituyó por un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, aproximadamente 24.000 personas”, explica. “Eso facilitó una inscripción masiva de nuevas organizaciones políticas que llegaron al proceso de 2026”.  

El analista político José Carlos Requena recuerda que la reforma contemplaba originalmente dos etapas: la flexibilización de los requisitos para inscribir partidos y la organización de elecciones primarias. “La expectativa era que esta reforma tuviera una segunda parte, las elecciones primarias, que nunca se implementaron”, dice el también socio de la consultora Público.

Complementa esta interpretación Chaparro, para quien las primarias debían servir como filtro a fin de que en la etapa final solo se presentaran ocho a 10 agrupaciones políticas. “Como los grupos que están en el Congreso sabían que iban a tener bajos niveles de votación, vieron que lo mejor era promover la fragmentación”, aduce. A este factor, el catedrático añade otros dos: “La dificultad de quienes buscan renovar la política para juntarse y construir alternativas partidarias. Primaron los egos. Y que hay quienes solo fundan un partido para luego rentar los espacios al Congreso o incluso las candidaturas presidenciales. Lo que acá llamamos partidos vientres de alquiler”.

A segunda vuelta con Keiko

Los tres analistas consultados coinciden en que la segunda vuelta electoral es inminente. También comparten que, en su cuarta postulación a la presidencia, Keiko Fujimori tiene prácticamente asegurada su participación en la votación del 7 de junio. En lo que no muestran un consenso absoluto es en las posibilidades que tendría la hija del expresidente, también encarcelado por crímenes de lesa humanidad, para salir finalmente airosa de la contienda electoral.

Chaparro cree que el “antifujimorismo” aún tiene en Perú el peso suficiente para llevar a Keiko a una nueva derrota. “El antifujimorismo es muy grande. La mayor probabilidad es que vuelva a perder”, pronostica el investigador. Carlín coincide en que esa tendencia electoral “ha demostrado ser, en el Perú contemporáneo, una fuerza electoral más cohesionada que muchas identidades partidarias positivas”. Sin embargo, aclara, “en una segunda vuelta se vuelven a tirar los dados y nada está dicho”.  

Más cauto se muestra Requena. A su entender, los resultados dependerán de la orientación que Keiko le otorgue a su campaña para el segundo turno. “El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitido inicial”, plantea.

Los matices interpretativos entre los analistas vuelven a asomar cuando se trata de perfilar al eventual contrincante de Fujimori. Chaparro afirma sin tapujos que será Álvarez quien llegue al balotaje. Lo secunda Carlín: “Carlos Álvarez es un actor cómico con altísimo grado de conocimiento popular, masivo y transversal, que comprende al electorado, y con gran elocuencia debido a su profesión como artista escénico”. 

Requena no se juega por Álvarez ni por López Aliaga. Apunta a una tercera opción: el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), ubicado más al centro que los otros dos. “Creo que él es el que le puede presentar una competencia más complicada a Fujimori”, presume. “Es un personaje mucho más articulado en temas retóricos y, quiérase o no, transmite una imagen de renovación de la que carecen López Aliaga, que acaba de ser alcalde de Lima, o Álvarez, que tiene un par de años en campaña con un partido con sus respectivos pasivos”.

Las coincidencias reaparecen a la hora de dimensionar el papel que tendrá el Congreso peruano en el próximo periodo de gobierno en Perú. Requena cree que su elección “es algo fundamental y va a ser determinante para la estabilidad de quien sea elegido presidente”. En un contexto de “presidencialismo parlamentarizado”, el Legislativo tiene un rol trascendental, advierte Carlín a manera de vaticinar perspectivas poco alentadoras. “Según Transparencia, el 85% de los peruanos percibe al Congreso como la institución más corrupta del país. Esa desconfianza no es arbitraria: responde a escándalos de corrupción documentados en los últimos años, pero también a un patrón de abuso institucional que este Congreso ha consolidado de manera especialmente agresiva”.

Un ejemplo del “abuso” al que alude es la aprobación parlamentaria de la restitución del Senado, una propuesta a la que el 90% de los peruanos se opuso en un referéndum de 2018. Aun así, en 2024 el bicameralismo fue repuesto por los legisladores sin necesidad de otra consulta ciudadana, aprovechando un resquicio legal y el abuso de la mayoría.

Este precedente lleva a Carlín a predecir que “el clima de inestabilidad puede mantenerse considerando que ninguna bancada obtendrá mayoría en el Congreso”. Ello daría pie a que los congresistas sigan abusando de sus facultades de fiscalización, “lo cual nos ha llevado a esta deriva democrática, con apariencia de institucionalidad en la cual se tuercen marcos legales para cesar presidentes, inhabilitar políticos opositores y demás golpes a la democracia”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, expresó Delcy Rodríguez en sus redes sociales.

También aseguró que el ahora exministro asumirá “nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, sin dar más detalles. Padrino era el eje militar del régimen chavista, y su continuidad al frente de Defensa garantizaba el control de los principales resortes del Estado y de las Fuerzas Armadas pese a la detención del líder venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, tras la intervención militar de Estados Unidos. Jefe de la cúpula militar y con una confianza por parte de la élite venezolana que se remonta a los albores del primer gobierno de Hugo Chávez, Padrino jugaba un papel central como puente entre los “años dorados” del chavismo y la incertidumbre de la actual administración.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro.

El nuevo ministro de defensa, Gustavo González López, se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez. Desde esa misma fecha fue también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). También fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024. Entre otros cargos, también fue ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez hizo cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Nicolás Maduro.

La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien llamó “socio y amigo”- y recibió en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

Con información de la agencia EFE

El 3 de marzo de 1816, cerca de Villar, actualmente Bolivia, una mujer lideraba un grupo de treinta jinetes que atacó las fuerzas del coronel español José de la Hera. Se llamaba Juana Azurduy y no dudó en quitarle el estandarte para hacer fusiles y municiones, un hecho por el que sería nombrada teniente coronel y pasaría a la historia como heroína de la independencia tanto boliviana como argentina, aunque su figura sería olvidada con el tiempo.

Luchó por ideales independentistas desde joven

Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en la zona de Chuquisaca, actualmente Bolivia, cerca de Sucre, en el seno de una familia adinerada y de propietarios. Sin embargo, desde pequeña supo lo que era el dolor de perder a sus familiares, pues sus padres murieron cuando era niña y fue criada por sus tíos, con los que tuvo una relación complicada. De hecho, quisieron que fuera monja, pero no la aceptaron en el monasterio y a los 17 años regresó a la hacienda familiar.

En 1802 se casó con Manuel Ascencio Padilla, amigo de la familia de su padre, y con quien tendría cinco hijos, aunque solo uno llegó a la mayoría de edad. El matrimonio se mantuvo unido por sus ideales independentistas, con los que arrancaron en la revolución de Chuquisaca, que tuvo lugar en mayo de 1809 y que finalizó con una violenta represión.

Su involucración en la revolución independentista hizo que el matrimonio estuviera en la lista de los buscados por los españoles, además de que alojaron a jefes del ejército. Tras el desastre de Huaqui en 1811 que llevó la pérdida de Alto Perú, el matrimonio Padilla perdería terrenos al ser confiscados por los españoles y se ocultarían, aunque Manuel fue identificado y arrestado. Fue entonces cuando Juana Azurduy reunió a más de 300 indígenas para asaltar la cárcel del Cabildo y liberar a su marido.

Se le unieron mujeres

El liderazgo de Juana fue como un imán para cientos de mujeres, que decidieron seguirla y unirse a ella, formando cargas desordenadas armadas con lanzas, arcos o palos, que sorprendían tanto a enemigos como a compañeros y que fueron apodadas como las “amazonas”. De hecho, el sueco Adam Graaner describió a la líder como: “Esa hermosa señora de veintiséis años que manda un grupo de cuatrocientos indios en la comarca de Chuquisaca”.

La leyenda asegura que había logrado organizar una milicia de diez mil indígenas, y fue entonces cuando llegó su gran momento. En la región de Chuquisaca, formaron un grupo de 3.700 personas que eran observados absortos por los españoles, sobre todo por la temeridad de “una mujer montada a caballo, armada con sable y pistoleras, que iba de un lado para el otro, animado a la tropa”.

El coronel José Santos de la Hera tenía el objetivo de tomarla prisionera y así fue como de un disparo apuntó a su caballo, pero Juana fue rescatada por los suyos, que prepararon una emboscada después de haber huidos y atacaron por los flancos con descarga de fusilería. Un desempeño de Azurduy hizo que fuera ascendida a teniente coronel de la división Decididos del Perú.

Su triste final

La batalla de la Laguna en septiembre de ese mismo 1816 fue, sin embargo, el principio del fin de los Pradilla. Juana fue herida de bala y su marido moría degollado tras recibir también dos disparos por la espalda. Una vez recuperada, ella tardaría días en recuperar la cabeza de su esposo, hasta que pudo reunir a un grupo que la ayudara.

Tras quedar viuda, no supo dónde ir y pasó primero un tiempo oculta en el Chaco junto a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes, que moriría en 1821 y volvería a dejar sin rumbo a Azurduy, que además había perdido a cuatro de sus cinco hijos debido a enfermedades como el paludismo o la malaria, de hecho, vivía de limosna.

Al volver a Chuquisaca, nadie la recibió y no pudo recuperar sus bienes, ya en manos de nuevos propietarios. No fue hasta que la visitó Simón Bolívar que le fue concedida una pensión vitalicia de 60 pesos, que fue aumentada, pero que dejó de percibir en 1830, aunque no tuvo a quién reclamar al haber fallecido todos los líderes con los que luchó. Así, murió el 25 de mayo de 1862 a los 82 años, viviendo en una humilde casa y sola. Su figura, además, no sería rescatada hasta años después, con pequeños homenajes, y también recuperaron sus restos, que habían sido llevados a una fosa común.

Cuatro años después, poco queda hoy del Gabriel Boric que llegó a La Moneda con espíritu renovador, deseoso de un cambio profundo y dispuesto a convertir Chile en la “tumba del neoliberalismo”. A las puertas de entregar la banda presidencial al ultraderechista José Antonio Kast, que asumirá el poder el 11 de marzo, el presidente saliente finaliza un mandato en el que las expectativas se fueron apagando poco a poco a base de golpes de realidad.

Rodeado de exlíderes del movimiento estudiantil de 2011 -como él-, Boric recogió, en marzo de 2022, la banda presidencial del conservador Sebastián Piñera (que gobernó en los períodos 2010-2014 y 2018-2022), tras vencer a Kast, que ya entonces aspiraba a la presidencia, y de la mano de una nueva coalición de izquierda formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pasó de la calle al poder en tan solo una década y, con 36 años, se convirtió en el mandatario más joven de la historia de Chile. “Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar”, expresó en su primer discurso oficial.

Chile venía entonces de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, ocurrida en 2019, tras la cual una mayoría aplastante votó a favor de cambiar la Constitución vigente, instalada en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban

Cristóbal Bellolio — Analista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez

“Tenían el viento a favor porque asumieron [el poder] en un momento en el cual el estallido social y luego el proceso constituyente navegaban un poco en la misma dirección transformadora, refundacional”, recuerda el analista Cristóbal Bellolio, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Era una generación joven, añade, que venía a “renovar la política” y a “saldar las deudas” de las generaciones anteriores que, según ellos, “no fueron suficientemente corajudas para demoler el legado neoliberal de la dictadura”.

Hablaban de subir los impuestos a los más ricos, de refundar a los carabineros —un cuerpo policial con estructura militar—, indemnizar a las víctimas de la violencia policial de las protestas, y de que migrar es un derecho, recuerda el experto. Sin embargo, dice la académica Nerea Palma, de la Universidad Alberto Hurtado, “la luna de miel del Gobierno fue muy corta”.

Fracaso constituyente y fin de las expectativas

El mayor desafío del Gobierno de Boric fue gestionar los dos procesos constituyentes, casi seguidos, para sustituir la actual carta magna, de 1980, el primero con un texto de corte progresista, que cambiaba de raíz los sistemas privados de pensiones, salud y educación, y el segundo, de corte conservador. Pero ambos fracasaron. En el primer intento, y con menos de un año en el poder, el Ejecutivo se posicionó sin matices a favor de la nueva Constitución, y supeditó parte de su programa a su aprobación, pero una contundente mayoría de ciudadanía lo rechazó y, con ello, la propuesta de transformación del Gobierno.

“Chile era bastante más moderado y más conservador de lo que ellos esperaban”, dice Bellolio. El triunfo del “rechazo” al nuevo texto fundamental fue “un duro golpe” para Boric, comenta Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, quien cree que supuso “un antes y un después” para la coalición de izquierda. Figuras clave y cercanas a Boric fueron apartadas del gabinete y en su lugar entró la centroizquierda tradicional, lo que dio inicio al camino hacia la moderación, a la vez que las prioridades ciudadanas se centraban cada vez más en la economía y el orden público. “Desde entonces, el Gobierno se dedicó a administrar y hacer transformaciones en la medida de lo posible”, considerando que tampoco tenían mayoría en el Congreso, explica el académico.

Con la nueva coalición progresista, el Gobierno logró varias de sus grandes promesas de campaña, como la reforma de pensiones -el mayor cambio en 40 años del modelo creado durante la dictadura-; la reducción de la jornada laboral a 40 horas, un aumento histórico del salario mínimo (a poco más del equivalente a 500 y pico de dólares) o el fin del copago en el sistema público de salud. “Se impuso una lógica mucho más pragmática, más propia de los gobiernos de centroizquierda previos, de negociar y alcanzar acuerdos, aunque no permitieran cumplir con todo y generaran resistencias en el ala más de izquierda de la coalición”, explica Andrés Scherman, experto en Comunicación Política de la UAI.

Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida

María Cristina Escudero — Politóloga de la Universidad de Chile

El cambio de prioridades dejó en segundo plano varias de las propuestas estrella de la campaña que no lograron cumplirse, como la despenalización del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación o la reforma para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), una forma de financiación universitaria que endeudó a los estudiantes durante décadas. Otras, simplemente, fracasaron, como una reforma tributaria rechazada por el Parlamento para subir los impuestos a los más ricos y con la que iba a financiar parte de su programa.

Las expectativas terminaron de difuminarse tras conocerse un caso de presunta financiación irregular de varias fundaciones y por la cuestionada gestión de la denuncia por violación de una funcionaria contra el número dos del Ministerio del Interior.

“La narrativa de superioridad moral, de ser una coalición libre de corrupción y de que iban a ser un gobierno transparente no se logró”, opina Bellolio. Tuvieron, prosigue, “la necesidad imperiosa de adaptarse en el camino” y “administrar un país distinto al que, originalmente, pensaban que iban a gobernar”, dice, aunque ni el crecimiento económico ni la seguridad “fueran su especialidad”.

¿Boric 2.0?

Los expertos coinciden en que aún es pronto para saber cómo será recordado el Ejecutivo de Boric. Por ahora, su sucesor, que será el primer mandatario ultraderechista y pinochetista en democracia, instaló la idea de que Chile “se cae a pedazos”, por lo que diseñó un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano disminuyeron en este mandato.

Para Scherman, Boric será recordado como un presidente joven que intentó “construir una fuerza única de izquierda”, un objetivo que el propio mandatario admitió que quiere seguir persiguiendo desde fuera del palacio. El Gobierno, para Palma, perdurará en el recuerdo como el impulsor de un proceso de cambio “truncado” por falta de mayorías parlamentarias, cambios en la agenda y por los propios “errores importantes” que cometió.

Espinoza señala que, a pesar de su “falta de experiencia”, logró sacar proyectos relevantes como las pensiones, que tendrán efectos positivos en el tiempo, y mantener una aprobación en torno al 30%, una cifra que -dice- “no es despreciable, pensando en una futura candidatura presidencial”.

Con 40 años recién cumplidos y una larga trayectoria por delante, su figura se convirtió en uno de los liderazgos más fuertes de su sector. “Estamos acostumbrados a que las carreras políticas culminen en la presidencia, pero para Boric este ha sido el punto de partida”, apunta la politóloga María Cristina Escudero, de la Universidad de Chile. “Quedó posicionado como una de las figuras más importantes para, más adelante, volver a ser presidente”, concluye Bellolio.

El Supremo Tribunal Federal condenó este miércoles a los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão a 76 años y 3 meses de prisión por planificar y ordenar el asesinato de la concejala y activista social Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes en marzo de 2018 en Río de Janeiro.

Según la Fiscalía, la ejecución de Franco y Gomes fue motivada por acciones políticas de la concejala destinadas a obstaculizar los intereses de los hermanos Brazão, incluida la regularización de áreas controladas por milicias en Río de Janeiro, reportaron Globo.com y Agencia Brasil.

Según la Procuraduría General de la República, no hay duda de que los hermanos Brazão fueron los autores intelectuales de los crímenes.

En el pronunciamiento de la Sala Primera del STF, votaron a favor: el juez Alexandre de Moraes, relator del caso; los jueces Cristiano Zanin, Carmen Lúcia y Flávio Dino, presidente del tribunal.

Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, fue condenado a 18 años de prisión por los delitos de obstrucción a la justicia y corrupción. A pesar de ser imputado por los asesinatos de Marielle y Anderson, Barbosa fue absuelto de dicho cargo.

Ronald Alves de Paula, mayor de la Policía Militar, fue condenado a 56 años de prisión. Robson Calixto, expolicía militar, fue condenado a 9 años.

Franco fue acribillada el 14 de marzo de 2018 cuando regresaba de un acto político en el centro de Río de Janeiro, mientras se desplazaba junto a su chofer, Anderson Gomes, que también murió poco después del atentado, y su asesora Fernanda Chaves, quien sobrevivió.

Tenía 38 años y se había convertido en una poderosa voz en la denuncia contra las milicias en la ciudad carioca, bandas paramilitares integradas en su mayoría por expolicías y elementos con experiencia en seguridad.

Estos grupos se integraron originalmente en los años 80 para defender a los habitantes de las favelas de las pandillas de narcotraficantes, pero con el tiempo comenzaron a tener cada vez más participación en negocios inmobiliarios irregulares, beneficiándose de la confiscación ilegal de tierras.

La oposición a este tipo de negocios terminó costándole la vida de Franco, una mujer afrodescendiente, lesbiana, nacida en una favela de Río de Janeiro y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Con información de la agencia NA

'El Mencho' cayó. Nemesio Oseguera Cervantes era el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más importantes no solo de México, sino del mundo entero. El líder del cartel lo fue todo en el panorama del narcotráfico y el crimen organizado mexicano, tras fundar y llevar a su mayor cuota de poder al CJNG.

¿Y ahora qué? El abatimiento del líder del cartel por parte de las fuerzas mexicanas es de tal relevancia que amenaza con reconfigurar de manera violenta el statu quo del narcotráfico en todo el país.

Esto es así porque muchas de las grandes organizaciones criminales mexicanas se sustentan gracias a alianzas regionales y liderazgos personalistas, pero donde el clan familiar tiene un enorme peso. De hecho, el CJNG había logrado un notable crecimiento en los últimos años a costa de la guerra civil abierta en el rival Cartel de Sinaloa.

La caída de perfiles clave del Cartel de Sinaloa como 'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada abrió una crisis de enormes dimensiones en su seno, con pugnas descarnadas por la sucesión y control del grupo. En ese contexto, 'El Mencho' aprovechó la ventana de oportunidad para crecer a costa del Cartel de Sinaloa.

La competición por el control criminal de México

No es en absoluto la primera vez que 'El Mencho' se hace fuerte a costa del Cartel de Sinaloa, ya que precisamente el CJNG emerge gracias a miembros del Cartel del Milenio, facción del primero. Y con la implosión del Cartel de Sinaloa, especialmente tras la caída de 'El Mayo' Zambada en 2024, se consolida el poder de Jalisco.

Fueron los 'Chapitos', los herederos de 'El Chapo' Guzmán, los que se acercaron al CJNG cuando se desató la batalla en los últimos dos años frente a la Mayiza, el sector heredero de 'El Mayo' Zambada. La enemistad entre los dos sectores más importantes del Cartel de Sinaloa se saldó con un renovado auge del CJNG.

De esta manera, 'El Mencho' logró una mayor hegemonía criminal en México, de nuevo, a costa de sus rivales. Ya de por sí el CJNG insistió en el establecimiento de alianzas y el apoyo a diferentes disputas en estados cercanos a su feudo, especialmente en Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Algo más alejados de Jalisco, también pudieron penetrar con fuerza gracias a estas estrategias en Tamaulipas y Veracruz.

La difícil sucesión de 'El Mencho' en el CJNG

La caída de 'El Mencho' augura más inestabilidad. Si el CJNG no sobrevive a los siempre traumáticos procesos sucesorios del crimen organizado, la inestabilidad que sobrevoló la implosión de Sinaloa podría trasladarse también a este imperio criminal y a sus socios.

Junto a Oseguera Cervantes se encuentra fuera de combate una parte relevante de sus allegados. Con varios herederos familiares en prisiones estadounidenses —entre ellos su hijo y su hermano— también cayeron en esta operación 'El Sapo' y 'El Tolín'. El primero de ellos, importante peso en Puerto Vallarta, Jalisco, murió junto a 'El Mencho', según las informaciones estatales; mientras que el segundo fue arrestado, de acuerdo con la misma fuente.

“Los Cuinis” también son una facción emparentada con opciones de heredar el peso del CJNG, pero perdieron peso notable frente a nombres propios regionales desde la separación de 'El Mencho' con su esposa, Rosalinda González Valencia.

Pero en función de cómo de tumultuoso sea este proceso, el imperio de 'El Mencho' podría menguar. Y esto podría perjudicar también a los 'Chapitos'. Es decir, 'El Mayito Flaco', heredero de 'El Mayo' Zambada, y algunos clanes aliados en Durango podrían presionar en su disputa por los rescoldos del Cartel de Sinaloa y aprovechar para lanzar ofensivas frente al CJNG en el estado de Zacatecas.

También el territorio controlado por 'El Mencho' en Michoacán podría verse comprometido ante rivales regionales que tenían en común su animadversión al CJNG. E incluso en regiones más lejanas como Chiapas o Tamaulipas podrían desatarse ecos contra la presencia del CJNG o luchas contra sus socios, especialmente gracias a la pujanza del Cartel del Nordeste en el entorno de Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

El fin de una generación de delincuentes

Con la caída de 'El Mencho' se profundiza la transformación del panorama criminal en México, que lleva años atomizándose, con una nueva generación de narcos al cargo de distintos clanes y el fin de los carteles de gran tamaño. De hecho, el CJNG carecía de una estructura tan clara como otros carteles y su conformación descentralizada podría tener réplicas en la nueva realidad criminal del país.

Además, la operación en la que murió contó con participación de Estados Unidos en México, junto a la Secretaría de Defensa Nacional. Por lo tanto, Donald Trump podría vender que terminó con uno de los capos que se encontraba (en esta ocasión, sí) al cargo de la producción de fentanilo.

La reacción de los miembros del CJNG y de sus socios llevó a acciones armadas y narcobloqueos en muchas regiones del país, por lo que si la situación escalase, tampoco sería descartable que sirviese de pretexto para una operación de mayor calado por parte de EE.UU.

Existe una importante lucha de facciones también dentro de las fuerzas de seguridad, tanto mexicanas como estadounidenses. Por consiguiente, si se dieran nuevos combates, habría que observar sobre qué fuerzas se concentran los ataques del CJNG. O si emergen diferencias de estrategia a la hora de abrir negociaciones para establecer un nuevo statu quo con las autoridades u otros grupos criminales.

Y también habrá repercusiones sobre el entramado regional, ya que los carteles mexicanos ampliaron notablemente su presencia en rutas y alianzas por todo el continente e incluso en otras partes del mundo. Así que, desde luego, todo cambia con la caída del que hasta la semana pasada podría ser considerado el narco más importante del mundo.

Una coalición internacional de movimientos sociales y organizaciones sindicales y humanitarias acaba de anunciar el impulso de una “misión marítima” para llevar alimentos, medicinas y suministros “urgentemente necesarios a comunidades que afrontan una escasez aguda” en Cuba, en medio del recrudecimiento del cerco estadounidense sobre la isla.

La Flotilla, bautizada con el nombre “Nuestra América”, zarpará el próximo mes a través del Caribe “ante una situación que se deteriora rápidamente” y que afecta negativamente al funcionamiento “de los hospitales, de los sistemas de transporte y la vida cotidiana de la gente”.

El endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba interrumpió las importaciones de combustible, dejó vuelos en tierra y obligó a adoptar medidas de ahorro y emergencia en todo el país. “Este cerco provoca apagones y pone límites a la gasolina, lo que repercute en los hogares, en los centros médicos y en las infraestructuras esenciales”, indican los organizadores.

La Asamblea General de Naciones Unidas solicitó en una treintena de ocasiones el fin del embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba, la última de ellas en octubre de 2025 y la primera, en 1992. Esta semana varios relatores de la ONU denunciaron el nuevo embargo al combustible impuesto por Washington el pasado 29 de enero y alertaron de que “viola la ley internacional y supone una grave amenaza a un orden internacional basado en la igualdad y la democracia”.

Nos preparamos para navegar hacia Cuba por la misma razón que viajamos en la Flotilla Global Sumud a Gaza: romper el cerco, llevar alimentos y medicinas, y demostrar que la solidaridad puede cruzar cualquier frontera o mar

David Adler, colectivo Progressive International

Esta iniciativa internacional se inspira en la Flotilla Global Sumud hacia Gaza, que también prepara un nuevo viaje para el mes de marzo. Con ella se intentó llevar ayuda humanitaria a la Franja en varias ocasiones, la última de ellas en agosto y septiembre de 2025, con el objetivo de intentar romper el bloqueo israelí que provoca serios problemas en la población palestina, como malnutrición, escasez de medicinas e incluso fases de hambruna el pasado año. Algunas personas organizadoras de esta nueva Flotilla hacia Cuba viajaron en la última Flotilla a Gaza.

El estadounidense David Adler, del colectivo Progressive International –uno de los impulsores de la Flotilla a Cuba– señala que, “cuando los gobiernos imponen castigos colectivos, la gente común tiene la responsabilidad de actuar”. Adler viajó el año pasado a Gaza para intentar romper el bloqueo que provocó hambre y muertes en la población palestina. Lo hizo como judío estadounidense, queriendo subrayar la importancia de hablar desde ese lugar.

“Hoy nos preparamos para navegar hacia Cuba por la misma razón que viajamos en la Flotilla Global Sumud a Gaza: romper el cerco, llevar alimentos y medicinas, y demostrar que la solidaridad puede cruzar cualquier frontera o mar”, indicó Adler. “Las consecuencias del cerco estadounidense sobre Cuba se miden en farmacias vacías, vuelos cancelados y familias sin electricidad ni combustible”, añade.

Esta flotilla a Cuba llevará algo más que ayuda. Al romper el cerco estadounidense sobre la isla, la misión transmite el mensaje de que el pueblo cubano no está solo

Thiago Avila, Comité Coordinación de la Flotilla Global Sumud a Gaza

Thiago Avila, uno de los impulsores de la Flotilla Global Sumud a Gaza, destaca que, tanto en la Franja como en Cuba, es la población civil “la que sufre las consecuencias del castigo colectivo”. Avila explica que el objetivo de la misión no solo es llevar ayuda, sino “transmitir el mensaje de que el pueblo cubano no está solo”.

Otro de los integrantes del Consejo de la Internacional Progresista, el parlamentario británico Jeremy Corbyn, recalca que el bloqueo estadounidense “ha intentado, durante más de seis décadas, asfixiar el ejemplo cubano —un país que, pese a una presión económica implacable, construyó un sistema de salud universal y una esperanza de vida comparable o incluso superior a la de Estados Unidos”. Corbyn subraya que la Administración Trump intensificó “ese cerco con políticas punitivas”, ante lo cual “es preciso exigir el derecho de cada nación a vivir, desarrollarse y decidir su propio futuro libres de intimidación”.

La coalición internacional acaba de lanzar su página web para recabar apoyos y celebrará su primera asamblea este próximo domingo, “para avanzar en la planificación logística, coordinar a las personas voluntarias y la adquisición de los suministros humanitarios”. Sus impulsores explican que la iniciativa se apoya en las relaciones forjadas en la reciente conferencia Nuestra América en Bogotá, donde gobiernos, diputados y movimientos populares se reunieron “para fortalecer la cooperación regional y resistir la agresión de Estados Unidos bajo la bandera de la Doctrina Monroe”.

La congresista demócrata estadounidense Rashida Tlaib, la diputada colombiana María Fernanda Carrascal, de la coalición Pacto Histórico, o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, son otras de las voces que respaldan esta iniciativa. “La Administración Trump está asfixiando al pueblo cubano. Esta política de crueldad no representa al pueblo de los Estados Unidos”, dijo Tlaib.

“Espero que esta flotilla pueda ser una chispa para un movimiento global lo suficientemente fuerte como para impulsar a nuestros gobiernos a poner fin al bloqueo”, señaló Colau. Por su parte, Carrascal subrayó que, “cuando a uno de nuestros países hermanos se le niega combustible, medicinas y alimentos, la solidaridad se convierte en un deber”.

La inmensa mayoría de la Asamblea General de la ONU votó 30 veces en favor del fin del bloqueo a Cuba; la última de ellas, en octubre de 2025. Israel y EEUU son los países que se han opuesto de forma habitual al levantamiento del embargo

La Asamblea de la ONU, por el fin del bloqueo

En las treinta votaciones de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo a Cuba –celebradas entre 1992 y 2025– la inmensa mayoría de los Estados del mundo pidieron “el fin del bloqueo económico, comercial y financiero” y defendieron “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”.

En la última resolución de Naciones Unidas, 165 países votaron a favor y siete en contra: Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania. Otros doce se abstuvieron: Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, República Checa, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumania y Polonia.

Esa votación supuso un cambio con respecto a los últimos cinco años, en los que todos los países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe habían apoyado el fin del embargo a Cuba. En 2024 esa petición obtuvo 187 votos a favor, una sola abstención -Moldavia- y solo dos votos en contra: Estados Unidos e Israel, que son los países que se opusieron habitualmente al levantamiento del cerco.

El embargo de EE.UU. a Cuba comenzó en 1960 y se fue endureciendo en diferentes momentos históricos. A partir de 1992, con la promulgación de nuevas medidas por parte de EEUU, comenzó a aplicarse también sobre empresas no estadounidenses.

La Administración Trump levantó este viernes las sanciones al petróleo venezolano y autoriza a varias compañías a comerciar con Caracas. El levantamiento de las sanciones se produce tras la primera visita de un miembro del Gabinete de Donald Trump, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, a Venezuela, con reuniones con la presidenta, Delcy Rodríguez, y supervisando los lugares de extracción del país.

Así, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos aprobó este viernes un cambio en el reglamento de sanciones de Venezuela autorizando “transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela de ciertas entidades”. Y las empresas que recibieron la licencia por parte de la Administración estadounidense para comerciar con el petróleo venezolano son: Repsol SA, BP PLC, Chevron Corporation, Eni S.p.A. y Shell PLC.

La licencia, firmada por Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tiene varias condiciones. Les permite comerciar con “Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), o cualquier entidad en la que PdVSA posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o más (colectivamente, las ”Entidades de PdVSA“), que estén relacionadas con las operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela”. Pero siempre que: “Cualquier contrato para dichas transacciones con el Gobierno de Venezuela, PdVSA o Entidades de PdVSA especifique que las leyes de los Estados Unidos o de cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos rigen el contrato y que cualquier resolución de disputas en virtud del mismo se lleve a cabo en los Estados Unidos”.

La autorización también exige que “cualquier pago monetario a una persona sancionada, excluyendo pagos de impuestos, permisos o tasas locales, se realice en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros [controlados por EEUU], según lo especificado en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, o en cualquier otra cuenta según lo indique el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”. Además, “cualquier pago de impuestos o regalías sobre petróleo o gas al Gobierno de Venezuela, PdVSA o cualquier Entidad de PdVSA debe realizarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros o en cualquier otra cuenta según lo indique el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”.

El documento señala que la licencia no autoriza “condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, que impliquen canjes de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital, moneda digital o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petro [criptomoneda venezolana]; cualquier transacción que involucre a una persona ubicada en la Federación Rusa, la República Islámica de Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República de Cuba, la República Popular China o cualquier entidad propiedad de, controlada por, o en una empresa conjunta con dichas personas; el desbloqueo de cualquier propiedad bloqueada de conformidad con las sanciones a Venezuela; cualquier transacción que involucre un buque bloqueado”.

La licencia también exige que “cualquier persona que realice transacciones de conformidad con esta licencia general debe proporcionar un informe detallado de las partes involucradas; una descripción de las transacciones, incluyendo, según corresponda, las cantidades, valores y fechas de las transacciones; y cualquier impuesto, tasa u otros pagos realizados al Gobierno de Venezuela”.

Desde su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile de diciembre, el ultraderechista José Antonio Kast se dedicó a recorrer América Latina y el mundo para estrechar lazos con gobernantes afines y tomar apuntes de algunas políticas, sobre todo en materia de seguridad, que pretende estudiar para exportar a la realidad chilena.

En el último mes y medio, viajó a Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana y El Salvador, y fue recibido por los presidentes de todos los países, con los que comparte ideología política. La semana pasada, además, también fue a Bruselas, Hungría e Italia en la que es su quinta gira como mandatario electo.

Kast, que a partir del 11 de marzo se convertirá en el primer mandatario de ultraderecha de Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es el presidente electo que más viajes internacionales hizo antes de tomar posesión.

“Es un esfuerzo deliberado por construir una imagen de liderazgo activo, resolutivo y ejecutivo desde el primer día posterior a la segunda vuelta”, explica Michelle Hafemann, académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Según ella, Kast intenta “proyectarse” como un presidente que “no se queda en las declaraciones ni en las promesas”, sino que “se reúne con mandatarios internacionales, comenta la contingencia política nacional y se involucra tempranamente en los temas que marcarán su agenda”. 

El futuro presidente, de 59 años, ganó las elecciones con la promesa de crear un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia, aunque las cifras de llegada de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en Chile disminuyeron en el Gobierno del progresista Gabriel Boric. 

Son gestos y señales que, según Hafemann, buscan “contrastar” la imagen que el Partido Republicano de Kast construyó sobre la Administración de Boric, a la que presenta como “lenta, ineficiente y con dificultades para responder a las urgencias del país”.

Alianzas y temas prioritarios

La primera salida al exterior llevó a Kast a la vecina Argentina, estrecho socio comercial, donde se reunió con el presidente Javier Milei, su aliado político y con quien se dejó fotografiar con la polémica motosierra. Luego viajó a Perú para proponer a José Jerí, sin éxito, la idea de crear un corredor humanitario que permitiera el paso de venezolanos que quisieran regresar a su país. En Ecuador, también trató de convencer a Daniel Noboa de lo mismo. 

A finales de enero visitó República Dominicana, donde llegó hasta la frontera con Haití y recorrió la “verja inteligente” instalada por el Gobierno de Luis Abinader; y Panamá, donde intervino en el Foro Económico de América Latina y el Caribe para pedir “unidad” en la región en el combate contra el crimen organizado. También sostuvo un encuentro con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien está ideológicamente en las antípodas.

Su gira por Centroamérica culminó en El Salvador, donde visitó por segunda vez (la primera fue en 2024) el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de alta seguridad levantada para aislar a los pandilleros, y se reunió con Nayib Bukele. “Queremos pedirles la colaboración para mejorar nuestro sistema penitenciario y conocer su derecho penal, no necesariamente haciendo lo mismo, pero de acuerdo a nuestra realidad”, dijo desde allí el presidente electo.

Su despliegue, en un contexto regional tensionado por la crisis venezolana, tiene dos líneas, según comenta Paz Milet, analista internacional de la Universidad de Chile. “Reforzar las alianzas que él había generado con anterioridad, pero también generar nuevos espacios de diálogo en la región”, dice. Según ella, el ultraderechista plantea que “la región se enfrenta a demandas y amenazas transnacionales, por lo que es fundamental actuar coordinadamente”.

Además del control de la migración y el combate al crimen organizado, Kast apuntó también a la reactivación económica, un objetivo que buscó en su gira por Europa. 

Acompañado del presidente de Vox, Santiago Abascal, estuvo la semana pasada en la VII Cumbre Transatlántica, un encuentro celebrado en Bruselas y organizado por la plataforma ultraconservadora Political Network for Values, que él mismo presidió entre 2022 y 2024 y que tiene al exministro español Jaime Mayor Oreja como su presidente de honor.

Luego se trasladó a Hungría para reunirse con el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en un encuentro centrado en la inmigración -mostró interés en las vallas de alambre fronterizas para evitar el ingreso de refugiados- y el apoyo a la familia. Finalmente, llegó a Italia, interesado en conocer más sobre el “sistema carcelario” impulsado por Georgia Meloni y atraer inversiones, sobre todo en el sector energético. 

Tras su regreso de las vacaciones, en febrero, planea una gira por Estados Unidos, según trascendió en la prensa local, para “acercarse” -dice Milet- al presidente Donald Trump, con quien Boric mantuvo varias tensiones.

Diferencias con el gobierno anterior

Los presidentes electos en Chile mantuvieron, tradicionalmente, un perfil más bajo en política internacional antes de asumir formalmente el cargo. “Kast rompe con esa tradición para reforzar la idea de un liderazgo eficiente y en acción”, dice Hafemann. 

Para el politólogo de la Universidad Diego Portales Rodrigo Espinoza, Kast está demostrando “que no hay que esperar hasta marzo y que en realidad las decisiones ya se están tomando”, además de querer dejar claro que “va a haber un giro desde el día uno en la forma en la que se está gobernando”. 

Habrá que ver cuál es el verdadero José Antonio Kast: el que pretende establecer un gobierno de unidad, o el que efectivamente adscribe a una mirada más radical

Rodrigo Espinoza — politólogo de la Universidad Diego Portales

Sin embargo, las salidas al exterior pueden abrir nuevos flancos al futuro mandatario, que hasta ahora -y durante toda la campaña- había mostrado su lado más moderado y evitó referirse a cuestiones de valores y libertades individuales. En la cumbre celebrada en Bruselas, retomó las riendas de la batalla cultural y pronunció su discurso más ideológico hasta ahora: “Hoy experimentamos los frutos de una cultura dominada por los -ismos (…) el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano, el animalismo radical que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano, el feminismo ideológico que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual, el indigenismo radical que reemplaza a la integración”, dijo.

Su discurso, dice Hafemann, “remite a un Kast marcadamente conservador, muy similar al que conocíamos antes del giro estratégico de la campaña”, por lo que “no queda del todo claro cuál de estas dos versiones será la que efectivamente gobierne”. “Se aprecia una tensión evidente con la idea de que los temas culturales e identitarios no serían una prioridad de su eventual gobierno”, añade la analista. 

Para Espinoza, “habrá que ver cuál es el verdadero José Antonio Kast: el que pretende establecer un gobierno de unidad, o el que efectivamente adscribe a una mirada más radical”. 

Los expertos recuerdan que aunque estos gestos ocurran fuera de Chile, la información llega completa al país, donde circula simultáneamente la imagen del líder conservador ideológico y la del presidente orientado a la gestión. “La cercanía con referentes internacionales abiertamente conservadores -concluye Hafemann- puede tensionar esa realidad y generar fricciones entre las promesas de moderación hechas en campaña y las señales ideológicas que hoy se proyectan hacia el exterior”.

El Gobierno cubano comunicó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país no tendrá combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según confirmó la agencia EFE.

El mensaje oficial Notam (aviso a aviadores) de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de combustible afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación es por un mes, del 10 de febrero y hasta el 11 de marzo.

Los aeropuertos afectados son el José Martí de La Habana (oeste), el Juan Gualberto Gómez de Varadero (oeste), el Jaime González de Cienfuegos (centro), el Abel Santamaría de Santa Clara (centro), el Ignacio Agramonte de Camagüey (centro), el Jardines del Rey de Cayo Coco (centro), el Frank País de Holguín (este), el Antonio Maceo de Santiago de Cuba (este) y el Sierra Maestra de Manzanillo (este).

Por el momento, las aerolíneas que operan vuelos a y desde Cuba –principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas– no anunciaron públicamente cómo van a afrontar esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

No obstante, la falta de combustible no es nueva en Cuba. En situaciones similares previas (tanto en el periodo especial, en los años 90 del siglo pasado, como en cuellos de botella temporales en los últimos meses) las aerolíneas habían salvado el problema reacomodando sus rutas de salida de la isla con escalas extra para repostar en México o República Dominicana.

La mayoría de vuelos que conectan la isla con el exterior cubren rutas a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún). Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela), entre otras capitales latinoamericanas.

El anuncio puede afectar al ya maltrecho sector turístico nacional, en crisis desde la pandemia de Covid, las sanciones estadounidenses y los problemas económicos del país, que lastran la calidad de la oferta y el servicio. Varios países habían advertido ya en fechas recientes a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Cuba en las actuales circunstancias, debido a los apagones y sus consecuencias, y la escalada de tensiones con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump firmó el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para EE.UU.

La decisión es una vuelta de tuerca más a la presión energética sobre Cuba, que comenzó el 3 de enero, tras la operación militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, cuando Washington anunció el fin del suministro de petróleo de Venezuela a la isla.

Cuba produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas. Para el resto recurría a importaciones de Venezuela (que en 2025 supusieron en torno a un 30% del total) y, en menor medida, de México y Rusia.

El Gobierno cubano anunció esta semana un duro plan de emergencia para tratar de subsistir sin importaciones de crudo y derivados, un paquete de restricciones que incluía el fin de la venta de diésel, la reducción de los horarios de hospitales y oficinas estatales y el cierre de algunos hoteles.

En el marco de ese paquete de medidas, empezó a cerrar algunos hoteles de la isla y a trasladar a los turistas a otras instalaciones este fin de semana, tal y como confirmaron a EFE fuentes del sector. Las fuentes, que pidieron el anonimato, avanzaron que desde el viernes se están cerrando hoteles y reubicando a los turistas internacionales en otros centros. Esto afecta principalmente a algunas instalaciones turísticas ubicadas en la localidad de Varadero (oeste) y de los cayos del norte de la isla.

Con información de la agencia EFE

Operación conjunta en suelo venezolano con el FBI para detener a Alex Saab. Saab, ex ministro afín al ex presidente venezolano Nicolás Maduro, cayó del Gobierno de Delcy Rodríguez el pasado 16 de enero cuando la presidenta, anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional para dar lugar a una “nueva instancia” que delegó en Luis Antonio Villegas.

Saab, colaborador cercano de Maduro, había sido detenido en Cabo Verde en 2020 por lavado de dinero, fue extraditado a EE.UU. y retornó a Venezuela en 2023 tras un acuerdo con la Casa Blanca.

Fuentes de inteligencia en Estados Unidos confirmaron a Caracol Radio que Saab, supuesto “testaferro” de Maduro, fue capturado en Venezuela para su extradición a Estados Unidos.

La captura, explica Radio Caracol, ocurrió en la madrugada en un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI.

Caracol también informa de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo tiene en su poder mientras se concreta su envío a EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le manifestó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que fue un “gran honor” conocerlo y que “ama a Colombia”, en una dedicatoria escrita en una tarjeta oficial de la Casa Blanca que le obsequió al finalizar una reunión bilateral de más de dos horas en Washington.

“Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia”, dice el mensaje que acompaña una fotografía de ambos mandatarios sonrientes, publicada por Petro en la red social X. El presidente colombiano compartió además la imagen de un ejemplar del libro Trump, the Art of the Deal, firmado por el mandatario estadounidense con la frase: “Sos genial”.

Con tono irónico, Petro acompañó la publicación con un comentario: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.

El encuentro, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, concluyó pasadas las 13:00 hora local y tuvo como objetivo relanzar la relación bilateral tras un año marcado por tensiones diplomáticas. Sin embargo, la visita no incluyó una recepción de alto perfil: Petro no fue recibido en la puerta del Ala Oeste ni contó con la tradicional guardia de honor militar, a diferencia de otros mandatarios latinoamericanos como el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei.

El presidente colombiano llegó a la Casa Blanca a bordo de un vehículo del Servicio Secreto estadounidense con la bandera de Colombia. Desde la administración norteamericana, la portavoz Karoline Leavitt aseguró en una entrevista con Fox News que Trump ingresó a la reunión “con muy buena disposición”.

La cita fue la primera reunión cara a cara entre ambos presidentes y se produjo cuando Petro transita la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia prevista para el próximo 31 de mayo.

El tema central del diálogo fue el narcotráfico. Washington sostiene que la producción de cocaína se incrementó durante el Gobierno de Petro, mientras que el mandatario colombiano defiende su política de sustitución de cultivos ilícitos como una estrategia exitosa y de largo plazo.

Por parte de Estados Unidos participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno. La delegación colombiana estuvo integrada por la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y el embajador en Washington, Daniel García-Peña.

La reunión se dio tras un año de fuertes desencuentros entre ambos gobiernos. La administración Trump retiró a Colombia la certificación como país cooperante en la lucha contra las drogas, revocó el visado de Petro e incluyó al mandatario y a parte de su familia en la denominada “Lista Clinton”, lo que implica sanciones financieras por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Petro, por su parte, ha sido un crítico abierto de la política migratoria y medioambiental de Trump, así como de su postura frente a la guerra en Gaza. No obstante, el pasado 7 de enero ambos mantuvieron una conversación telefónica y acordaron retomar el diálogo, lo que derivó en el encuentro de este martes. Para concretarlo, el presidente colombiano debió recibir un visado especial del Gobierno estadounidense.

Con información de la agencia EFE

El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 15 personas a bordo, fue hallado accidentado y sin sobrevivientes, confirmó la aerolínea.

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó este miércoles del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.

A bordo iban 13 pasajeros, entre ellos el congresista Diógenes Quintero Amaya, y dos tripulantes, agregó la aerolínea en un comunicado.

Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, “operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas”.

Satena agregó que el vuelo NSE8849 que “despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.

En el avión, además del congresista Diógenes Quintero Amaya, viajaba su asistente Natalia Acosta.

Los otros pasajeros fueron identificados como María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

La tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.

El congresista Quintero Amaya era representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo (Norte de Santander), y había llegado a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país.

Quintero, que fue defensor regional del Pueblo en Ocaña, buscaba la reelección en los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, esta vez como candidato del Partido de la U por Norte de Santander.

Ese movimiento político expresó “su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país” porque Quintero “fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”.

La historia se repite 50 años después con la misma aerolínea en la misma ruta

El accidente este miércoles de un avión de la compañía estatal colombiana Satena, que se estrelló cuando volaba entre las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, trajo a la memoria otra tragedia ocurrida hace 50 años de la misma aerolínea y en la misma ruta.

El avión accidentado este miércoles era un bimotor Beechcraft 1900, con matrícula HK4709, operado por Searca, que despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, con destino al de Aguas Claras, en Ocaña, pero se estrelló en una zona montañosa de la localidad de La Playa de Belén y no hubo sobrevivientes entre sus 15 ocupantes, según Satena.

Hace ya medio siglo, el sábado 3 de mayo de 1975, otro avión de Satena, un DC-3 con matrícula FAC663 que hacía el vuelo inaugural entre Ocaña y Cúcuta, despegó del aeropuerto de Aguas Claras con siete personas a bordo pero se estrelló contra el cerro La Cuchilla, en inmediaciones de la localidad de Sardinata (Norte de Santander) cuando le faltaban ocho minutos para llegar al Camilo Daza, según la página de la Flight Safety Foundation, con sede en EE.UU..

En ese accidente murieron los cuatro tripulantes, todos miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), propietaria de Satena, en una época en la que los aviones requerían más personal en vuelo, pero milagrosamente se salvaron los tres pasajeros.

Según una crónica del diario El Tiempo de la época los sobrevivientes fueron el actor Orlando Galás, cuyo verdadero nombre era Orlando Carrascal Claro; el periodista Jorge Rolón García y el abogado Héctor Sánchez.

Rolón García era un conocido locutor de la emisora Radio Sonar, de Ocaña, afiliada a la cadena Caracol, que emitió mensajes fúnebres por la muerte del periodista, ya que la Fuerza Aérea en un primer momento informó que no había supervivientes y solo al día siguiente fueron hallados con vida los tres pasajeros.

A raíz de ese accidente, el periodista Rolón García fue llamado cariñosamente 'el Sateno' hasta su muerte, ocurrida en Cúcuta en septiembre de 2013, a los 69 años de edad. 

Con información de agencias.

IG

Familiares en Argentina de personas detenidas en Venezuela esperan novedades tras producirse este jueves anuncios sobre inminentes liberaciones de venezolanos y extranjeros presos en diferentes centros del país caribeño.

Poco después de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de “un número importante de personas”, familiares de argentinos y venezolanos detenidos en Venezuela se congregaron en el Centro Venezolano-Argentino de Buenos Aires a la espera de novedades de sus seres queridos.

“Ya quiero ese abrazo, ya quiero la noticia de que va a estar con nosotros. Es por lo que he estado luchando durante 13 meses”, dijo a EFE la venezolana María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, de 34 años, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.

Goméz, de 33 años, reclamó “la liberación de todos los presos políticos y no solo de un 'número considerable'”. “No tenemos ningún tipo de información todavía con respecto a Nahuel y su situación”, afirmó la mujer de Gallo.

El gendarme argentino fue detenido tras ingresar a Venezuela desde Colombia, acusado de actividades terroristas por presuntamente complotar para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de los Estados Unidos.

Entre la ansiedad y la fe

También espera buenas noticias Virginia Rivero, esposa del argentino Germán Giuliani, un abogado que fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por las autoridades venezolanas tras viajar al país caribeño por trabajo.

Rivero dijo a EFE que espera con “mucha ansiedad” que se cumpla el “sueño” y el “pedido a Dios” de que se concrete la liberación de su esposo.

“El domingo es el cumpleaños de Germán, así que tengo mucha fe y espero pronto recibir el llamado de él o de alguien que me diga que ya está afuera, ya está bien, ya está yendo para Argentina”, sostuvo Rivero.

Herida por sanar

La venezolana Gabriela Hernández, de 32 años, hija de Nélida Sánchez, detenida desde el 26 de agosto de 2024, también espera desde Buenos Aires noticias sobre su madre, coordinadora nacional del área de formación de la ONG Sumate, que tuvo un rol activo para la recolección de datos de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“Venezuela está comenzando una transición que, si se hace bien, puede ser muy productiva y, que si se hace mal, puede terminar muy mal. Sin embargo, como venezolana, tengo mi fe en alto”, sostuvo a EFE Hernández.

Según el último boletín de la ONG venezolana Foro Penal, en el país caribeño hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

Hasta el momento, han sido confirmada este jueves la liberación de cinco españoles: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

EFE

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó este jueves “la excarcelación de 99 personas” que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto de crisis política marcado por la denuncia de fraude por parte de la oposición en el resultado que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro. El gendarme argentino Nahuel Gallo no estará entre los liberados y su esposa denunció días atrás “tortura psicológica” y constantes “amenazas de muerte” dentro del penal El Rodeo I.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que estas personas permanecían detenidas por su supuesta participación en “hechos de violencia e incitación al odio” posteriores a las presidenciales de 2024, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral, institución que controlan funcionarios afines al chavismo.

“El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”, se asegura en el escrito.

El ministerio subrayó que el Estado venezolano “garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral”, aún en un escenario marcado -dijo- por el “asedio imperialista y las agresiones multilaterales” contra Venezuela, que permanece en tensión por el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, visto por Maduro como un intento para sacarlo del poder.

“El Gobierno bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”, concluye en comunicado.

En la jornada de este jueves, varias ONG informaron sobre la excarcelación de decenas de personas en medio de la celebración de la Navidad en Venezuela, lo que dio pie a nuevos llamados para la liberación de todos los presos políticos.

Desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad informaron que desde la madrugada del 25 de diciembre de 2025 “se están registrado liberaciones de personas detenidas en el contexto de las movilizaciones postelectorales. Hasta el momento tenemos confirmada la liberación de 65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira”.

“Esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta. Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General”, publicaron en su cuenta de Instagram.

Y agregaron: “Gracias a todas las personas que se han solidarizado y acompañado nuestra búsqueda de justicia. Su apoyo ha sido fundamental para mantenernos de pie en los momentos más duros. Por favor, no nos dejen solas. La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.

Más de 2.400 detenidos desde el 28 de julio de 2024

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de “terrorismo” y “vandalismo”, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian “represión”.

La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones, según un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

Las liberaciones de este jueves se reanudaron tras un período de suspensión desde el pasado marzo, según familiares de los detenidos.

El proceso de excarcelaciones, que comenzó el año pasado, ha permitido la salida de prisión, con medidas cautelares, de más de 2.000 personas, de acuerdo a la Fiscalía venezolana.

Sin novedad sobre la situación de Nahuel Gallo

Entre los presos que serán ñiberados por la Administración Maduro no figura el gendarme argentino Nahuel Gallo, situación que acrecienta la tensión en las relaciones casi nulas entre los gobiernos de Venezuela y Argentina.

Gallo permanece aislado en una prisión cercana a Caracas, donde las condiciones de detención son críticas, de acuerdo con las denuncias permanentes de su pareja, María Alexandra Gómez.

La mujer señala que el gendarme, quien fue detenido en Venezuela hace ya más de un año, es víctima de “tortura psicológica” y constantes “amenazas de muerte” dentro del penal El Rodeo I.

“Los derechos humanos están vulnerados por el grado de violencia que ejercen los custodios y directores”, alertó con desesperación.

La opinión de Monteoliva y las expresiones de la pareja de Gallo

Desde el Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó la situación como “inadmisible” tras reunirse con la familia, según una publicación del sitio Ciudadano.

María Alexandra Gómez recordó en los últimos días -fue entrevistada por una radioemisora local- que la familia no tuvo contacto físico ni telefónico con Gallo desde su captura, la que calificó como una desaparición forzada. “Nahuel está aislado e incomunicado; nosotros hasta la fecha de hoy nunca hemos tenido la oportunidad ni siquiera de tener una llamada”, reiteró la mujer.

“El director de ese recinto les está diciendo que si los gringos llegan a hacer algo dentro de Venezuela, los primeros que se van a morir van a ser los extranjeros”, expresó Gómez. Añadió que el detenido carece de defensa legal efectiva y no fue llevado ante ningún tribunal.

Pese a los cargos de terrorismo, espionaje e instigación al odio que el Ministerio Público venezolano mencionó en comunicados oficiales, Gómez asegura que no existe un expediente real ni pruebas en su contra. 

“Todo fue una farsa, una mentira; nunca consiguieron nada, no tiene causas penales abiertas en Venezuela”, afirmó.

Con información de EFE y NA.

El hondureño Nasry 'Tito' Asfura fue declarado este miércoles virtual presidente electo de su país, para lo que tuvo que esperar 24 días desde las elecciones del 30 de noviembre, que fueron salpicadas por denuncias de “fraude” desde antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y la supuesta “injerencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros problemas.

“Papi a la orden”, como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26% de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal quien sumó el 39,54%, escrutado el 99,93% de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión, por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, con el consejero oficialista Marlon Ochoa, quien el martes denunció que se gestaba un “golpe de Estado electoral”.

Ante la ausencia de Ochoa, este miércoles su puesto lo cubrió el consejero suplente Carlos Cardona.

Según la declaración del CNE, quedó tercera con el 19,19% la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien con anticipación reiteró que no aceptaba los resultados de los comicios, celebrados en paz y cívicamente el 30 de noviembre.

“No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano” dijo asimismo este miércoles Nasralla, que descartó hacer un llamado a la movilización callejera o a la confrontación, y anuncio que defenderá “el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad”, sin dar más detalles.

Felicitaciones de gobiernos y de la UE

Tras la declaración del CNE, que demoró por un lento escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias iniciado el pasado día 18 con cinco días de retraso, Asfura comenzó a recibir mensajes de felicitación de varios países y organismos internacionales.

Desde Washington, en un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura instando “a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo”.

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, emitieron un comunicado en el que felicitaron a Asfura como “presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el triunfo de Asfura y opinó que se trata de “una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras”.

La Unión Europea (UE) se sumó a las felicitaciones a Asfura y expresó su compromiso e interés por trabajar con su Administración en pos de “prioridades comunes para profundizar” los nexos bilaterales.

El Reino Unido también dirigió saludos y expresó su disposición de trabajar con la nueva administración (de Asfura, a partir del 27 de enero de 2026) para promover el desarrollo y “profundizar aún más” las relaciones bilaterales.

OEA tomó “nota” y lamentó resultado incompleto

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó que “toma nota de la declaración de resultados del Consejo Nacional Electoral” de Honduras, que estableció como virtual presidente electo del país a Asfura.

En un mensaje en X, la Secretaría de la OEA “lamenta que aún no se haya completado el recuento total de los votos emitidos por la ciudadanía” en la jornada electoral del pasado 30 de noviembre, y expresa además “su disposición a colaborar con el Estado de Honduras para apoyar una transferencia de poder pacífica y conforme a la ley, en el mejor interés del pueblo hondureño”.

Luego de conocer la declaración del CNE, Asfura dijo en la red X: “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”.

Así llamaba Trump a votar por Asfura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el 27 de noviembre pasado al electorado hondureño a votar por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, en las elecciones generales que tuvieron tres días después en el país centroamericano, para que éste no cayera bajo el control de “Maduro y sus narcoterroristas”, atacando así a la oficialista Rixi Moncada y al exvicepresidente Salvador Nasralla.

“¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es 'Tito' Asfura”, sostuvo Trump en un mensaje publicado en la red Truth Social en el que lo ensalzó como “el exitoso alcalde de Tegucigalpa que llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras”.

En su defensa de Asfura, el inquilino de la Casa Blanca atacó a los otros dos grandes candidatos: “Su principal oponente es Rixi Moncada (del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre)), quien dice que su ídolo es Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a 'Tito' Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla”.

“Nasralla no es amigo de la libertad. Con un perfil casi comunista, ayudó a (la presidenta) Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar”, ha afirmado sobre el ascenso de quien en 2022 se convirtió en segundo de la actual mandataria hondureña. “Luego (en 2024) renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura”, dijo en ese momento Trump.

El magnate estadounidense subrayó que “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras es 'Tito' Asfura”. “'Tito' y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, destacó, rechazando “trabajar con Moncada y los comunistas” o “confiar” en Nasralla.

EFE

La Organización de las Naciones Unidas designó a la experta argentina María Eloísa Quintero como nueva integrante de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, el organismo encargado de investigar presuntas violaciones graves a los derechos humanos cometidas en ese país desde 2014. El nombramiento fue anunciado en Ginebra por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador suizo Jürg Lauber.

Quintero, doctora en Derecho por la Universidad Austral y licenciada por la Universidad Nacional del Litoral, reemplaza a Patricia Tappatá Valdez (Argentina) y se suma al panel integrado por la presidenta de la misión, Marta Valiñas (Portugal), y el canadiense Alex Neve, también recientemente designado. Ambos expertos suceden a Francisco Cox Vial (Chile) y Tappatá Valdez en el equipo de tres integrantes.

La Misión fue creada el 27 de septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos, con el objetivo de evaluar denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y persecución política en Venezuela. En octubre de 2024, a través de la resolución 57/36, su mandato fue prorrogado hasta octubre de 2026.

En su último informe, presentado en septiembre de 2025, la Misión alertó que la persecución en Venezuela se estaba “intensificando”. El documento incorporó nuevas pruebas sobre la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y advirtió que durante 2025 continuaron las acciones persecutorias por motivos políticos, incluidas aquellas dirigidas contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Una trayectoria marcada por la investigación de casos complejos

María Eloísa Quintero cuenta con más de 25 años de experiencia en la investigación de casos complejos y en la docencia universitaria en distintos países de América Latina. Lideró equipos técnicos y académicos dedicados al análisis multidisciplinario de graves violaciones de derechos humanos y de delitos vinculados al crimen organizado, la corrupción, la desaparición forzada, la trata de personas, la migración y el lavado de activos, entre otros.

En los últimos años trabajó en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, donde colaboró estrechamente con autoridades nacionales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Durante más de una década fue investigadora principal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) de México y, entre 2017 y el cierre del organismo, se desempeñó como jefa del Departamento de Investigación y Litigios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Desde ese rol, Quintero lideró más de 60 investigaciones penales contra altos funcionarios, redes políticas y económicas ilícitas, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, en uno de los procesos más emblemáticos de lucha contra la corrupción estructural en la región. También fue consultora de diversas instituciones y colaboró durante años con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

Formación académica y trabajo actual

La jurista realizó estancias de investigación predoctorales en la Universidad de Bonn, en Alemania, y en las universidades de Sevilla, Castilla-La Mancha y Barcelona, en España. Es autora de numerosos artículos y libros especializados en derecho penal, derechos humanos e investigación criminal.

Actualmente, es fundadora y codirectora de PANORÁMICA, un centro internacional de expertos en investigación y análisis de casos complejos, y se desempeña como profesora en la Universidad Panamericana de México y en otras instituciones académicas latinoamericanas.

La designación de Quintero refuerza el perfil técnico y regional de la Misión de la ONU, en un contexto en el que los organismos internacionales advierten sobre el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela y la persistencia de prácticas represivas contra sectores opositores y organizaciones sociales.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, que evite meterse con los migrantes venezolanos en ese país, en medio de los señalamientos que, asegura, está haciendo contra sus compatriotas.

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, dijo el gobernante en su programa de televisión 'Con Maduro+', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Por su parte, el presidente electo en Chile le respondió antes de partir rumbo a la Argentina, donde se reúunirá con Javier Milei: “Me tiene sin cuidado. Es un narcodictador que está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos”, sostuvo Kast.

“Deje quieto a quien quieto está”, insistió Maduro al criticar el discurso del ultraderechista sobre los migrantes, quienes, dijo, tienen “derechos y la constitución chilena se los debe garantizar”.

En ese contexto, Maduro invitó a sus compatriotas “con mucho respeto” a volver al país y anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria, que estará coordinado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y la presidenta de ese plan, Camilla Fabri.

“Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (...) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido”, añadió.

Previamente, Maduro aseguró que el “nazifascismo” pretende “imponerse otra vez” en Chile.

Además, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo en esta jornada que el triunfo de Kast de Chile se dio por la “tibieza” con la que gobierna Gabriel Boric.

Ultraliberal en lo económico, Kast se convertirá en marzo en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años luego de imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

Uno de los ejes centrales de Kast es el tema migratorio. Centró su discurso en la expulsión de inmigrantes en situación irregular, aunque durante la campaña fue moderando el tono y llegó a plantear que buscaba “invitarlos a salir” del país.

En su plan denominado 'Escudo Fronterizo', con claras similitudes a la política de Trump, llevada a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), defiende la instalación de muros de más de 5 metros de altura, zanjas, drones con reconocimiento facial y radares térmicos.

También defiende el uso de la fuerza del Estado en los casos necesarios en la frontera. Asimismo, se comprometió a sancionar a los empleadores que contraten inmigrantes irregulares y prohibirá alquilar viviendas a este tipo de inmigrante.

La respuesta de Kast: “Es un narcodictador”

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tildó este martes de “narcodictador” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en respuesta a su advertencia de que en su futuro Gobierno evite meterse con los migrantes venezolanos.

Kast, que ganó las elecciones presidenciales con un 58,1% de los votos y se convertirá en el primer presidente de ultraderecha en llegar al Gobierno desde la democracia, dijo que Maduro “es un dictador” y que sus palabras lo “tienen sin cuidado”

“Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, apuntó desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, minutos antes de volar hacia Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei.

A diferencia de otros presidentes de izquierda de la región, Maduro no felicitó a Kast por su triunfo y recordó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan”, dijo el gobernante en su programa de televisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, agregó.

Kast votó sí a la continuidad de la dictadura de Pinochet en el plebiscito de 1988 y ha defendido el régimen en varias ocasiones durante su carrera política.

Su gran promesa es formar un “gobierno de emergencia” con el que aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular y solucionar la “peor crisis de las últimas décadas” en la que está sumida Chile. Entre otras medidas, propone expulsiones masivas de migrantes, mayor despliegue policial, blindaje de la frontera norte con vallas y zanjas y tipificar la migración irregular como un delito.

Durante su campaña llevó una cuenta atrás con los días que les quedan a los cerca de 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile para abandonar voluntariamente el país antes de que asuma el poder.

Tras la apabullante victoria de Kast, el Gobierno de Chile también reaccionó el lunes a las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien advirtió que en América “vienen los vientos de la muerte” e hizo un llamado a “resistir con la espada de Bolívar en alto” a los países de la antigua Gran Colombia, el Estado que existió entre 1819 y 1831 y del cual formaron parte lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

El Gobierno del progresista Gabriel Boric, que el lunes comenzó la transición con su sucesor de signo radicalmente opuesto, entregó una carta de protesta al embajador de Colombia en el país suramericano por las “inaceptables” declaraciones de Petro.

Kast, exdiputado de 59 años, ganó el domingo las elecciones en las 16 regiones del país y superó por casi 17 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83%.

EFE

Las encuestas vaticinaban desde el principio un triunfo holgado de José Antonio Kast. De nada valió que la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, ganara la primera vuelta de las elecciones, porque la suma de las formaciones de derecha y ultraderecha le daban margen de sobra a Kast para verse ganador. Y así fue, aplastando a Jara por 20 puntos. Los resultados del domingo confirman el apoyo del electorado chileno al político ultraconservador y defensor de la dictadura de Pinochet. Pero si no hubo sorpresas en la noche electoral, sobran los interrogantes sobre lo que viene.  

Los próximos cuatro años, la ultraderecha ocupará el palacio de La Moneda. Pero, más allá de la retórica machacona sobre la inseguridad que catapultó a Kast a la presidencia en su tercer intento, ¿cómo puede bajar a la realidad la amenaza de deportar a más de 300.000 migrantes?, ¿cuándo y cómo volverá a la agenda ultra antiderechos que enmascaró detrás de una supuesta moderación?, ¿cómo será la relación con su vecino Javier Milei, convertido en líder de los ultras y ‘niño mimado’ de la Administración Trump?

Seguridad, sí, pero ¿cómo?

“La mayoría que lo lleva a la presidencia no es ideológica, sino contingente”, señala Lisa Zanotti para introducir el análisis. Y eso es relevante a la hora de pensar cómo y a qué ritmo puede Kast desplegar su ideario de extrema derecha conservadora. “Es probable que intente una transición suave para evitar el peligro de una eventual movilización social, y se centre en la supuesta crisis de seguridad que vive el país. Ahí es donde podrán verse más erosiones democráticas en el corto plazo”, sostiene la investigadora del Democracy Institute. 

“El problema migratorio que tiene Chile es fundamentalmente con Venezuela, que en el discurso se vincula con el narco y delitos que afectarían la seguridad de la ciudadanía, aunque no sea absolutamente comprobable”. Kast hizo campaña con la promesa de sacar del país a unas 300.000 personas sin papeles, escenificando incluso una cuenta regresiva. Sin embargo, no está claro cómo se podrá llevar esto a la práctica. 

Es paradójico, porque el sistema económico que defienden necesita de un número muy significativo de migrantes para poder funcionar, pero a la vez su política se alimenta de los discursos excluyentes

Micaela Cuesta — Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM

El ahora presidente sugirió que sean los mismos migrantes los que paguen el billete de avión de su deportación en aviones de 100 plazas. Y dijo que confía en que muchos de ellos se vayan por su cuenta antes de los poco más de 100 días que puso de margen, una afirmación que hasta en el espectro de la derecha sonó absurdamente optimista. 

“Hay muchas dudas respecto a cómo pasar esta idea del papel a la acción, pero lo que sí sucede cuando se imponen estas retóricas antiinmigración es un aumento de la xenofobia a nivel social, y eso puede ser complicado para la convivencia”, apunta Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Cuesta subraya además la contradicción que subyace en este pilar de la ultraderecha: “Es paradójico, porque el sistema económico que defienden necesita de un número muy significativo de migrantes para poder funcionar, pero a la vez su política se alimenta de estos discursos excluyentes”. 

Hablamos de una ultraderecha conservadora, incluso reaccionaria en lo ideológico, a la vez que soberanista, ultranacionalista y antiglobalista

José Antonio Sanahuja — catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense

Un discurso fundamental para entender el resultado de estas elecciones. “Hay que distinguir el voto del electorado con claros rasgos de ultraderecha –muy a favor del libre mercado, extremadamente conservador en temas morales, con posturas antifeministas y pocas credenciales democráticas– del electorado mucho más circunstancial, más bien moderado y de centro, que ha votado a Kast por su promesa de ‘mano dura’ contra la delincuencia”, insiste Cristóbal Rovira Kaltwasser, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Una agenda oculta tras la bandera

Los investigadores José Antonio Sanahuja y Camilo López Burian formularon en 2020 el concepto “ultraderecha neopatriota” para definir el cruce entre la ideología y las posiciones ante una globalización en crisis. “Hablamos de una ultraderecha conservadora, incluso reaccionaria en lo ideológico; a la vez que soberanista, ultranacionalista y antiglobalista que arremete contra Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial de Davos, la Agenda 2030, o las reglas de la Organización Mundial de comercio en nombre de la libertad y la soberanía de las naciones y los individuos”, explicaSanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

El relato antimigratorio que en Europa se envuelve en cuestiones étnicas y culturales, en Latinoamérica se vincula más a la inseguridad o los efectos del ‘globalismo’ de izquierdas que contamina y unifica. “En el caso de Kast está clara esa relación con la inseguridad y no con el nativismo: no se trata de preservar la homogeneidad o 'pureza' étnico-cultural de Chile, un país mestizo y plurinacional”, sino evitar una serie de supuestos delitos, ahonda Sanahuja.  

Este nacionalismo también justifica que en países como Chile, Brasil o Argentina, políticos de ultraderecha defiendan las sangrientas dictaduras militares. Kast lo hizo en Madrid en 2022, en la Cumbre de la Iberosfera organizada por Vox. Habló del “llamado del pueblo a las fuerzas armadas” para evitar un “régimen marxista” al referirse al golpe de Estado de Pinochet que derrocó al presidente democrático Salvador Allende. 

Con Kast y Milei en el gobierno se va a generar una situación inédita, porque más allá de las alianzas puede haber una disputa por quién se erige en el gran representante de la ultraderecha en la zona

Soledad Vallejos — Autora del libro 'Los dueños de la libertad'

Además, en el demonizado globalismo encaja otro de los pilares de los neopatriotas: una pretendida amenaza comunista que viene a atacar las bases de la libertad y la prosperidad. Ideológicamente, la extrema derecha entiende la desigualdad como algo natural, y la defiende como oposición a las políticas sociales. “La izquierda ya no va de la lucha de clases, sino de la lucha por las causas”, repitió Kast en sus discursos. Y en esas causas es donde radica la verdadera agenda reaccionaria del flamante presidente, encaramada detrás de una bandera. 

“El mensaje de Kast se fue moderando porque evitó entrar en ciertos temas y porque otros candidatos desplegaron un discurso mucho más radicalizado”, explica Soledad Vallejos, autora del libro Los dueños de la libertad. Pero esto no quiere decir que haya dejado de estar en contra del aborto, las políticas feministas o los derechos de los homosexuales, contra los que despotricaba en sus anteriores intentos presidenciales. 

En este sentido, Kast representa una ultraderecha mucho más conservadora y tradicional que la de Javier Milei o Johannes Kaiser, que ya maniobra para entrar en el futuro Gobierno. La conformación de ese gabinete puede influir también en la urgencia o no con la que afloren las políticas antiderechos. 

Milei, ¿amigo o competidor?

Kaiser es también un nexo potente con el líder de la extrema derecha en Sudamérica, Javier Milei. “Está claro que la ultraderecha argentina y chilena tejerán lazos, porque ya existen”, recuerda Vallejos. El hermano de Johannes, Axel Kaiser, es miembro de la Fundación Faro y trabaja con la Fundación Libertad y Progreso, ambas vinculadas a La Libertad Avanza. Milei recibirá a Kast este martes.

“Sin embargo, con Kast y Milei en el gobierno se va a generar una situación inédita, porque más allá de esas alianzas se puede haber una disputa por quién se erige en el gran representante de la ultraderecha en la zona”, sugiere Vallejos. 

El especialista en extremas derechas Franco Delle Donne tiene dudas sobre que Kast pueda competir por ese espacio: “Chile no es un país tan influyente y los cambios que llevaría adelante desde el punto de vista económico no son tan radicales como los de Milei. Y si hablamos de seguridad, ese podio lo ocupa ya Nayib Bukele, de El Salvador”. 

Otro elemento es la competencia entre los dos países por acaparar el interés de los inversores o de los acuerdos comerciales con gobiernos afines. Argentina es ahora mismo el foco de atracción para el gran poder de la ultraderecha en el continente: Estados Unidos. Donald Trump presume de haber conseguido el triunfo de Milei en las elecciones de medio término con su rescate económico y espera su recompensa: condiciones favorables para las oportunidades de negocio que presenta Argentina en forma de privatizaciones y también en recursos naturales –agua, minerales, sobre todo el litio– y aquí es donde Chile puede presentarse como una alternativa. 

Las credenciales ultras de José Antonio Kast le vienen de familia. Su hermano Miguel fue el primer ministro civil a las órdenes de Augusto Pinochet. Su padre, Michael Kast (Alemania, 1924-Chile, 2014) militó en el partido nazi en la Segunda Guerra Mundial, como reveló una investigación de la agencia Associated Press (AP). Y Kast, la gran figura de la ultraderecha que se convertirá en próximo presidente de Chile tras arrasar a la candidata progresista, no es alguien que viva a disgusto con el pasado.

Tras el revuelo mediático que causó la noticia de AP en 2021, Kast terminó reconociendo la presencia de su padre en las filas de Adolf Hitler, pero dijo que lo hizo “obligado por las circunstancias”. Con la dictadura chilena tuvo menos reparos: en una entrevista llegó a afirmar que si Pinochet estuviera vivo, lo votaría, y defendió públicamente a un miembro del Ejército condenado a más de 800 años de cárcel por secuestros y desapariciones. 

Admirador de Donald Trump y Javier Milei, Kast (Santiago de Chile, 1966) cultivó sin embargo un perfil muy diferente, de hombre firme pero dialogante, una fuerza transformadora que busca devolver el país a un orden perdido y –de paso– a las buenas costumbres. Quizá tenga que ver con que, a diferencia del magnate estadounidense o el libertario argentino con ínfulas de estrella de rock, Kast no es un outsider de la política. Muy al contrario. 

Militó desde muy joven en la Unión Demócrata Independiente (UDI), precisamente defendiendo el legado pinochetista y los valores tradicionales. Fue concejal de 1996 hasta el año 2000, y en 2002 ganó una banca en el Congreso como parte de la Alianza por Chile. Desde allí hizo oposición sobre todo a los Gobiernos de Michelle Bachelet, con iniciativas centradas en la oposición al aborto y en su obsesión y caballo de batalla: la seguridad. Sin embargo, las malas lenguas lo señalan por aquellos años como un diputado con escasa asistencia y aún menor actividad. 

Las derrotas que suman

Cuanto más se instalaba como referente de la derecha, más se alejaba Kast de la UDI, que acabó abandonando en 2016 para fundar el Movimiento de Acción Republicana y en 2019 el Partido Republicano, que agrupa a veteranos militantes derechistas e independientes. Si en 2017, cuando se presentó a las presidenciales como independiente, sorprendió con casi el 8% de los votos, en las de 2021 ya se alzaba con el 28% en primera vuelta, forzando un balotaje que perdió ante Gabriel Boric. “La tercera es la vencida” ha sido su muletilla esta campaña y, finalmente, lo logró. 

Lo cierto es que Kast fue ganando incluso con las derrotas. Por ejemplo, la del plebiscito de 2020 sobre el proceso constituyente, cuando defendió conservar la Carta Magna de Pinochet. Y el de 2022, en el que propuso una Constitución ultraconservadora que fue rechazada. Alrededor de estos ‘tropiezos’ democráticos Kast fue forjándose como líder frente a una derecha desdibujada.

Este licenciado en Derecho por la Universidad Católica, que pertenece a la élite económica del país –y también a la élite política– aprovechó el descontento social y el desgaste de los partidos históricos con un discurso antiestablishment. Un discurso similar al de Milei o Trump, pero atravesado por valores tradicionales y conservadores. “Él habla de sí mismo como ‘la derecha original’, y desprecia al resto con un discurso parecido al de la ‘derechita cobarde’ de Vox en España”, resume Lisa Zanotti, investigadora del CEU Democracy Institute y experta en nuevas derechas latinoamericanas. 

La familia como eje y el comodín de la seguridad 

Kast es un hombre tradicional. Viste formal, habla con corrección y en tono pausado, y su familia es casi un calco de aquella en la que se crió como el menor de diez hermanos. Tras combatir como teniente de la Wehrmacht, las fuerzas armadas de Hitler, aquel militante forzoso del partido nazi llamado Michael Kast consiguió salir de Alemania en los años 50 y emigrar a Chile, donde hizo fortuna con una fábrica de embutidos. Su benjamín, José Antonio, tiene a su vez nueve hijos y pertenece a un grupo ultracatólico de raíces alemanas llamado Schöenstatt, uno de los que estaba en la mira del papa Francisco, como el Sodalicio y el Opus Dei.

En la campaña de 2021, el candidato jugó fuerte su carta conservadora. Proponía derogar la ley de supuestos que permite abortar en caso de riesgo para la salud de la madre, del feto o por violación, se oponía al matrimonio igualitario y aseguraba que eliminaría el Ministerio de la Mujer. “Kast ha entendido que casi la mitad de la población de Chile está concentrada en Santiago, y que la gente de las zonas metropolitanas es menos conservadora, por eso ha ido moderando su discurso en cuestiones sociales para centrarse en un asunto transversal: el de la seguridad”, analiza Zanotti.  

De hecho, en el último debate Kast rehuyó prácticamente cualquier tema que no tuviera que ver con economía o seguridad. Evitó contestar sobre aborto o derechos de los homosexuales, y esquivó la pregunta sobre los crímenes de la dictadura: “Hoy en día se violan los derechos humanos de miles de personas, de 40.000 personas que mueren al año esperando una lista de espera (...) Lo que importa ahora es elegir al presidente que lidere al país para enfrentar los problemas que tienen los chilenos”, aseguró.

Y el principal problema que perciben los chilenos es precisamente el de la seguridad. El 63% piensa que es el principal, según una encuesta de Ipsos, lo que revela un nivel de preocupación mayor que en México (59%) o Colombia (45%), pese a que ambos tienen tasas de homicidios cuatro veces superiores. “Aunque la situación del país no tan mala como en otros puntos de América latina, sí que ha empeorado comparativamente respecto a hace algunos años”, reconoce Zanotti. La llegada de grupos criminales vinculados al narcotráfico le ha permitido a Kast vincular la delincuencia a la inmigración, desplegando un discurso nacionalista y xenófobo. Incluso llegó a decir que apoyaría una invasión de Estados Unidos a Venezuela para luchar contra el narco. Su propuesta se resume en la lucha implacable contra el crimen y los indocumentados, a los que ha advertido que como “entraron por la ventana” deben “salir del país” cuanto antes. 

Kast promete mano dura y más margen de acción a la policía. Además, defiende el derecho a poseer armas –de hecho, ha asegurado tener una en casa–. Una idea polémica que entusiasma a casi un 54% de los que se reconocen como posibles votantes del utraderechista, tal y como recoge el estudio sobre Democracia y Derechos Humanos de Cristóbal Rovira Kaltwasser publicado en 2024.

El de la seguridad fue un asunto capaz de llevar a José Antonio Kast finalmente al Palacio de la Moneda. Por eso lo explotó al máximo y envuelto en la lógica y la escenificación del miedo. “No le temo a nada, pero sí los delincuentes tienen que tenerle miedo a un Gobierno de emergencia nuestro”, dijo tras su cierre de campaña. El discurso lo pronunció detrás de un cristal blindado. 

Tras su victoria el domingo, aseguró: “Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor”.