El presidente colombiano, el ultra Abelardo De la Espriella, había prometido durante su campaña electoral endurecer las políticas de seguridad contra los grupos violentos en Colombia. Pero pocos pensaron que también endurecería el formato en el que mostraría los resultados del conflicto interno. Fue el miércoles de esta semana cuando el mandatario, de 49 años, publicó en su cuenta de X un largo video en el que, tras informar de la muerte de 23 presuntos delincuentes en un bombardeo del ejército sobre una zona de la selva del sur del país, se podía ver como él mismo paseaba entre las filas de bolsas blancas con los cadáveres de los supuestos criminales muertos en el departamento del Guaviare.

Se trata del tercer bombardeo letal contra grupos criminales en menos de un mes de gobierno de De la Espriella. La ofensiva forma parte de una nueva fase de la guerra para combatir organizaciones violentas y el narcotráfico, llevada a cabo por el nuevo Ejecutivo de extrema derecha. “Les prometí enfrentar el terrorismo y lo estoy haciendo”, afirmó De la Espriella en el video.

La publicación generó críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y la oposición colombiana. Emily Dickinson, directora para América Latina del think tank International Crisis Group, expresó su rechazo públicamente, señalando que el acto glorifica la violencia.

“Exhibidos como trofeos de guerra”

El experto en seguridad Hugo Acero traza la frontera del “monopolio legítimo de la fuerza”. El Estado colombiano, recuerda, tiene la obligación ineludible de proteger a la ciudadanía y esa obligación lo habilita, según la ley, a emplear una “fuerza proporcional y letal” contra quienes la infrinjan. El quiebre ético y legal, sin embargo, no ocurre en el momento del uso de la fuerza, sino en la fase posterior. Tras los protocolos de “investigación judicial y análisis forenses”, el Estado debe restituir los cuerpos a sus familiares.

Es la única manera, añade Acero, de garantizar sus derechos en materia de “procesos religiosos y culturales”. Por ello advierte que los restos humanos no pueden ser “exhibidos como trofeos de guerra” ni instrumentalizados con fines políticos o mediáticos. Y deja claro que la acción estatal no opera bajo la lógica de la “retaliación”, sino bajo la premisa de la seguridad colectiva.

Este mismo viernes, el presidente ultra mostró en X la imagen de otros cuatro cadáveres, después de una operación contra el narcotráfico, llevada a cabo por la Policía Nacional colombiana, en la que aseguró que fue abatido alias Naím o “Bendito Menor”, que De la Esrpiella calificó como “uno de los criminales más peligrosos del país”.

“Desde mi posesión impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso”, escribió el mandatario. “Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”, agregó.

La ofensiva militar de De la Espriella, que se enmarca en el Escudo de las Américas impulsado por la Administración de Donald Trump, chocó esta semana con una decisión judicial contundente. Un juzgado de Arauca (departamento fronterizo con Venezuela) ordenó al Estado colombiano detener los bombardeos contra grupos armados hasta que las fuerzas armadas ajusten sus protocolos para garantizar que menores de edad no sean blanco de los ataques aéreos. La medida responde a múltiples denuncias de presuntas víctimas civiles en operaciones previas.

Discurso de mano dura

El freno legal llega justo cuando De la Espriella quiso acelerar su discurso de firmeza militar: 26 combatientes muertos durante sus primeras semanas de gobierno. Sin embargo, el contraste inquietó a los observadores del conflicto interno. Mientras el presidente reporta las ofensivas en sus redes sociales, detallando bajas, alias de combate e incautaciones de arsenal por parte del ejército, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que cuatro menores fallecieron en los dos primeros bombardeos —dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16 años—.

La reacción de la oposición trascendió las redes sociales. Iván Cepeda, excandidato presidencial, senador y una de las principales figuras de la izquierda colombiana, criticó con fuerza las medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno para los primeros cien días de mandato. Entre otras, calificó el resurgimiento del ESMAD (polémico cuerpo antidisturbios de la Policía) como preocupante y una amenaza para la democracia en Colombia.

Asimismo, desde la toma de posesión de De la Espriella el 7 de agosto, Cepeda pasó de la denuncia a la acción. Anunció la creación de un “gabinete en la sombra”, inspirado en el modelo británico, con voceros especializados por sectores desde la oposición de izquierda. Su misión: vigilar de cerca cada Ministerio del Gobierno ultraderechista. Así, la colación del Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro busca armar una oposición técnica y constante que cuestione las decisiones presidenciales, que mantenga viva un discurso político independiente a la de la ofensiva militar y otros proyectos que De la Espriella puso en marcha.

El círculo cercano de De la Espriella está formado por militares retirados que moldean la estrategia sobre el terreno y frente a las cámaras, aseguran fuentes cercanas al mundo castrense. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, fue entregado a Jorge Mora López, un general retirado con 30 años de experiencia en crimen transnacional, y la Comandancia de las Fuerzas Militares recayó en el general Erik Rodríguez, quien había sido retirado por Petro meses antes.

La revista The New Yorker identificó recientemente cómo la maquinaria digital de Nayib Bukele se expande por América Latina a través de videos, símbolos e influencers que buscan transformar la seguridad en una experiencia emocional. De la Espriella replicó ese modelo en Colombia. En la pieza presidencial, el mandatario se refiere a alias “Tigre”, uno de los cabecillas de la facción liderada por Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Está al frente de un grupo disidente de las desaparecidas FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016, opera en la Amazonía traficando con droga y controlando territorios.

De la Espriella afirma en el video que el Tigre es “ese miserable que hoy hemos sacado de circulación”. La difusión de las imágenes oficiales marca, quizás, un quiebre en la comunicación institucional de Colombia. La puesta en escena que muestra cadáveres de supuestos disidentes abatidos vulnera la dignidad de los muertos, señala el editorial publicado el viernes en el diario colombiano El Espectador.

En la misma línea, expertos y observadores recordaron en los últimos días que existen otros métodos eficaces para comunicar el éxito operativo de las fuerzas de Colombia. Se trata de estrategias que respetan el marco ético, evitan el terreno de la venganza y se ciñen estrictamente al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe la instrumentalización de los cuerpos de las personas desarmadas o caídas en combate. Ariel Ávila, analista de seguridad y de derechos humanos opositor, resumió: “Una cosa es actuar con contundencia ante los violentos; otra, la necropolítica y la espectacularización de la muerte”.

La viabilidad del acuerdo con el que Donald Trump consiguió que Venezuela le entregue 65.000 millones de barriles en reservas sigue generando muchos interrogantes. Pero algo resulta cada vez más evidente: Washington está tratando a Caracas como un protectorado de facto.

La concesión petrolera es la última de las dinámicas en las que Estados Unidos se dedica a plantear los acuerdos y anunciarlos, mientras el Gobierno interino de Delcy Rodríguez le sigue el paso. Después de que Trump anunciara la privatización del 22% de las reservas petroleras de Venezuela, un elemento crítico que incide sobre la soberanía del país, Rodríguez intentó paliar la noticia remarcando que Caracas obtendrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión.

“Si se legitima este acuerdo desde el punto de vista jurídico, se hipoteca el futuro del país a 100 años, más de lo que ya lo habían hipotecado tanto Chávez como Maduro con el desmantelamiento democrático”, advierte Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA). La investigadora, que siguió de cerca la deriva del país desde que Estados Unidos intervino militarmente para deponer a Nicolás Maduro, señala que “Venezuela no está atravesando una transición democrática” y que este nuevo trato es una muestra más.

Francisco Rodríguez, académico venezolano y economista del Center for Economic and Policy Research, subraya cómo la dinámica entre Washington y Caracas “se asemeja” a “otras situaciones similares a protectorados, como Irak bajo la ocupación de EE.UU., o a principios del siglo XX en Cuba, la República Dominicana y Haití”. Además, Dib señala cómo la prioridad del Gobierno de EE.UU. es afianzar “actores que cumplen con los deseos de forma incuestionable de la Administración Trump, y eso es lo que ha hecho Delcy Rodríguez”.

Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente

Laura Cristina Dib — Directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA)

El lunes por la noche, la Casa Blanca publicó un nuevo comunicado en el que detallaba que la empresa encargada de explotar los 17 campos petroleros para extraer esos 65.000 millones de barriles será la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP). La empresa, que estará asociada directamente con el Gobierno estadounidense, es propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por la justicia en España y Suiza por su supuesta participación en un esquema de lavado de miles de millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA –acusaciones que él rechaza–.

Dib opina que la confirmación por parte de la oficina presidencial de que se ligará a NABEP supone “institucionalizar aún más la corrupción, pero ahora con el apoyo de Estados Unidos”. Para la investigadora, que se haya cerrado un acuerdo de este calibre con una empresa va en contra de los supuestos objetivos de democratizar Venezuela. “Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente”, lamenta.

“Es cierto que ha habido cerca de mil excarcelaciones desde el 3 de enero para acá, pero también es fundamental, cuando uno hace este balance, ver qué es todo lo que no ha cambiado. Y realmente, cuando lo pones en una balanza, ves que Venezuela no está atravesando una transición democrática. Mi mayor miedo es que este acuerdo petrolero le da espacio a actores que sabemos que son responsables de la corrupción; por lo que se fortalece el sistema autoritario y cleptocrático”, sentencia Dib.

La asociación con la compañía de Betancourt incluye que el Pentágono, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, tendrá el 35% de la propiedad de la empresa matriz de NABEP. El Departamento de Estado, además, tendrá garantías para adquirir el 20% de la producción de todos los pozos petroleros operados ahora y en el futuro por la compañía venezolana, a precio de coste. Y tendrá prioridad de compra sobre el 80% del petróleo restante, “lo que proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”.

Posibles contratiempos

Más allá de que se tardarán décadas en restaurar la dañada industria petrolera para empezar a poder extraer el crudo, Dib apunta que, una vez este acuerdo llegue al Congreso estadounidense, aún puede haber más contratiempos. Especialmente, si después de las elecciones de noviembre los demócratas consiguen recuperar el control de ambas cámaras.

“Hay muchas preguntas desde el punto de vista jurídico sobre qué implicaciones tiene este acuerdo con un gobierno que no es legítimo”, advierte la investigadora, que subraya: “El artículo 12 de la Constitución venezolana prevé que los recursos minerales y petroleros le pertenecen a la República y, por tanto, tienen un marco jurídico distinto que lo regula”.

El reciente acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela desató un largo reguero de críticas. Todavía no se conocen los términos exactos, pero sí lo suficiente como para constatar que el gobierno de Estados Unidos logró un control efectivo sobre la gestión de gran parte del petróleo venezolano. Así, no se cumplieron las advertencias de Diosdado Cabello, ministro de Interior, que hace menos de un año afirmaba que no se entregaría “ni una gota” de crudo a los estadounidenses en caso de producirse una agresión. Finalmente, se produjo la intervención militar, incluyendo el secuestro del presidente, y se transferirá más de una gota de petróleo hacia Estados Unidos. Según el propio Donald Trump, el acuerdo es para 65.000 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de todas las reservas del país.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, es decir, de cantidades que son recuperables del subsuelo con la tecnología y precios actuales. Esa circunstancia geológica moldeó profundamente la política del país latinoamericano desde que se descubrieron los primeros yacimientos en 1914, cuando Venezuela llevaba ya un siglo siendo independiente, pero todavía era un país básicamente agrario y muy pobre. Vale la pena remontarse brevemente a ese momento porque, paradójicamente, guarda una similitud sorprendente con lo que está pasando ahora mismo.

La maldición de los recursos

Como muchos países en desarrollo saben, que un territorio sea abundante en recursos no significa que tenga un billete garantizado hacia el desarrollo económico. De hecho, es más habitual lo contrario, es decir, que las naciones más abundantes en recursos naturales sean también las más pobres. En economía se conoce como maldición de los recursos a una hipótesis que intenta explicar esa paradoja, y según la cual el problema principal es que el país se vuelca tanto en explotar ese sector abundante en recursos (por ejemplo, petróleo) que se 'olvida' de casi todo lo demás.

En realidad, no es una cuestión de decisiones gubernamentales sino de la propia orientación del mercado, ya que tanto el capital internacional como el nacional fluyen, lógicamente, hacia ese sector abundante en recursos que, como es deseado por todo el mundo, genera tasas de ganancia más elevadas y deja de fluir hacia el resto. El país se convierte rápidamente en un exportador del recurso natural y la dinámica económica hace el resto (por ejemplo, el tipo de cambio se encarece y eso dificulta otro tipo de ventas al extranjero, como las industriales).

Cuando a comienzos del siglo XX se fueron descubriendo los yacimientos de petróleo por todo el mundo, solo unas pocas empresas estadounidenses e inglesas tenían la capacidad tecnológica y financiera para extraer el recurso y, además, refinarlo para convertirlo en un producto utilizable por la sociedad (por ejemplo, gasolina, lubricantes, productos petroquímicos, etc.). Aunque el petróleo estaba en el subsuelo venezolano, no había en el país ninguna empresa capaz de convertirlo en algo útil, de modo que se permitió que fueran las empresas multinacionales las que se encargaran de todo. El proceso ganó orden a partir de 1922, cuando el presidente Juan Vicente Gómez declaró los recursos del subsuelo propiedad del Estado y este pasó a controlar tanto las concesiones como los royalties e impuestos aplicables. Eran tales las reservas venezolanas que en los años treinta el país ya se había convertido en el principal exportador de petróleo del mundo.

Gracias a los impuestos aplicados a la actividad extractiva, el Estado fue capaz de desplegar una estrategia de creación de infraestructuras y servicios públicos que dinamizaron la economía, elevándose también el consumo de una emergente clase media, al tiempo que se fortalecía su autoridad sobre el territorio. El contexto de boom del petróleo favoreció que los países en los que las multinacionales extraían el recurso reclamaran una mayor porción de la torta y Venezuela fue, además, pionera en la lucha y ejemplo posterior para países de Medio Oriente. La legislación de 1943 y, posteriormente, la consolidación del principio 50-50 (reparto por igual de los beneficios) hicieron que el Estado capturase una parte mucho mayor de los beneficios generados por la actividad petrolera.

En el contexto de posguerra, de intervencionismo económico y descolonización, se extendió el imaginario de que el desarrollo económico pasaba por controlar y explotar directamente los recursos naturales. La idea de desarrollo nacional y económico iban de la mano en un imaginario extractivista que se interpretaba como condición para igualar la riqueza de los países más avanzados. Tras los precedentes de Rusia en 1917 y México y Bolivia en los años treinta, en 1951 Irán fue el primer país de Oriente Medio en nacionalizar su petróleo y expulsar a las empresas occidentales. Pero solo dos años después el gobierno de Mossadegh fue derrocado por un golpe de Estado de Reino Unido y Estados Unidos.

En 1957, Irán permitió la entrada de la multinacional italiana ENI, que aceptó un acuerdo 75-25 que puso nerviosas al resto de multinacionales y demostraba que los países petroleros estaban interesados en captar mayores cuotas de las rentas del sector. En septiembre de 1960, algunos de estos países, a instancia de Venezuela, formaron la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para fortalecer sus demandas y elevar la participación del Estado al menos a una ratio 60-40. En los años setenta se producirían las primeras grandes nacionalizaciones de compañías occidentales, primero en Argelia y Libia, y luego, y de forma progresiva, en los países del Golfo Pérsico. Los llamados países productores demostraban tener ya la capacidad tecnológica y financiera para realizar la actividad ellos mismos y sin mediaciones, es decir, capturando completamente toda la renta petrolera.

La compañía estatal de Venezuela fue PDVSA, creada en ese contexto internacional en 1976. La renta petrolera era tan alta que los partidos políticos dominantes se repartieron su influencia en el denominado pacto del Punto Fijo. El sistema seguía siendo el mismo: un desarrollo económico totalmente dependiente de las rentas petroleras, donde el gobierno tenía un margen enorme para decidir qué hacer con ellas (con una fuerte autonomía de PDVSA respecto del poder político y problemas crecientes de corrupción) y consecuentemente muy vulnerable a las caídas del precio del petróleo. Durante esas décadas fracasaron todos los intentos de diversificar la estructura productiva, como la industrialización por sustitución de importaciones, que logró crear determinadas capacidades industriales, pero no consiguió modificar sustancialmente la dependencia estructural de la renta petrolera. La caída de los precios a mediados de los años ochenta llevó al país a una crisis económica que fue gestionada a la manera neoliberal, desembocando en una profunda crisis política que duró hasta que en 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones.

El chavismo se construyó sobre el rentismo petrolero

La victoria de Chávez no gustó a las élites que habían gestionado la renta petrolera hasta entonces, razón por la cual sufrió el golpe de Estado de 2002. Tras superarlo gracias al apoyo popular y de los militares, y tras un paro patronal de la empresa PDVSA, Chávez despidió a miles de trabajadores y gestores de la empresa y tomó un control mucho más activo sobre sus decisiones. Los precios del petróleo acompañaron y el gobierno logró poner en marcha políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza y redujeron de manera muy notable la desigualdad. Sin embargo, todo el sistema seguía dependiendo en última instancia de las rentas petroleras.

Se suele hablar de PDVSA como una suerte de para-Estado porque asumió proyectos que no tenían nada que ver con su función económica, como programas sociales o proyectos de infraestructuras urbanas. Así, el endeudamiento de la empresa quedó no sólo vinculado a su actividad inversora y extractiva sino también a la necesidad de acometer proyectos sociales ajenos a la entidad. Por otro lado, la cualificación de los nuevos dirigentes parecía estar lejos de las capacidades de los anteriores. Además, políticamente era una forma de llevar a cabo una intervención pública que no pasaba por los controles habituales de la asamblea nacional. Algunos o todos estos elementos ayudan a entender por qué la empresa PDVSA ya se encontraba en niveles de actividad económica y financieros muy bajos antes de que llegaran las primeras sanciones estadounidenses en 2017. Las sanciones no crearon el deterioro de PDVSA, que ya era evidente antes de 2017, pero sí contribuyeron posteriormente a profundizarlo.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el peso del petróleo en las exportaciones siempre fue muy alto en Venezuela. Curiosamente, la mayor dependencia del petróleo se produce durante el período chavista, con niveles por encima del 95%, lo que da muestra del fracaso de las estrategias de diversificación industrial. Eso sí, durante el período de Hugo Chávez, el PIB por habitante fue recuperándose desde los niveles anteriores, lo que es congruente con otros indicadores sociales que también mejoraron durante ese período.

Lo cierto es que durante el chavismo las rentas petroleras, en vez de financiar opulentos modos de vida de una minoría de la población vinculada a las elites y los burócratas de PDVSA, sirvieron para combatir la desigualdad y la pobreza. No obstante, sin la erradicación completa de la corrupción. Pero en ambos casos las rentas servían para garantizar la estabilidad social y política de los tiempos de 'vacas gordas'. Cuando las rentas se secaban, devenían los problemas.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un modelo económico extremadamente dependiente del petróleo y, un año después, el desplome de los precios internacionales del crudo desencadenó una crisis económica de enorme magnitud. El apoyo electoral al chavismo se fue debilitando y, tras perder la mayoría parlamentaria en 2015, el Gobierno respondió mediante una creciente concentración del poder institucional y una progresiva erosión de los mecanismos democráticos. Mientras tanto, la gestión de la renta petrolera quedó crecientemente en manos de fracciones militares leales al gobierno. Lejos de abandonar el modelo extractivista, en el año 2016 Nicolás Maduro aprobó el proyecto del Arco Minero del Orinoco, pensado para extraer oro y otros minerales de una inmensa área de Venezuela. El objetivo declarado era fomentar las exportaciones de estos minerales, algunos de los cuales son importantes en la transición energética hacia energías renovables, y con una fuerte participación de empresas estatales y actores vinculados a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, en la actualidad la producción petrolera venezolana se encuentra muy por debajo de su potencial y de sus niveles históricos. La coyuntura de precios internacionales, la mala gestión de la empresa y las sanciones provocaron un desplome de la actividad petrolera que privó de las rentas al Estado venezolano. En esas condiciones, Venezuela vuelve al comienzo, es decir, a la necesidad de atraer capital extranjero para realizar las inversiones necesarias para extraer el combustible fósil.

El papel de Estados Unidos

Para Estados Unidos el petróleo venezolano es especialmente importante, porque se trata de un tipo de crudo pesado que necesitan para una parte importante de la capacidad de refino estadounidense, pero cuya producción doméstica no basta para abastecerla. Aunque Estados Unidos se convirtió en el mayor productor mundial de petróleo gracias, entre otros factores, al desarrollo del fracking, siguen siendo importadores netos de petróleo pesado. Y no parece casualidad que sus dos principales fuentes de petróleo pesado hayan sido hasta hace poco Canadá y Venezuela, países con los que está tratando de redefinir su relación (con una guerra comercial en el primer caso, y con la violencia en el segundo). En el caso de Venezuela, como podemos ver en el siguiente gráfico, la caída de importaciones fue progresiva durante el gobierno de Hugo Chávez y terminó desplomándose después. Con los nuevos acontecimientos, la Casa Blanca se aseguró que ese flujo se reactiva.

Aunque habrá que esperar a conocer los términos exactos del acuerdo, los cálculos preliminares parecen indicar que la captura de la renta que hará el Estado venezolano del sector petrolero será notablemente inferior a la que existía incluso durante el período del Punto Fijo. En este sentido, Estados Unidos logró capturar una parte sustancial de esa renta que hasta hace unos años era impensable; y lo logró a través de las sanciones, que terminaron de machacar la débil capacidad productiva de PDVSA, y de la violencia ejercida contra otro país soberano.

Por otro lado, merece la pena remarcar de nuevo que durante el chavismo la renta petrolera permitió una importante redistribución social y una mejora de numerosos indicadores de bienestar, pero no consiguió transformarse en una diversificación productiva suficiente capaz de reducir la dependencia del petróleo. El apoyo popular al chavismo era real y está claramente acreditado, y sobre bases razonables, pero todo el sistema se sostenía sobre los precios del petróleo, de modo que cuando se agotó el flujo extraordinario de rentas comenzó también la deslegitimación ciudadana.

El economista Edward Barbier señalaba, reflexionando sobre la paradoja de la maldición de los recursos, que para que un país se desarrolle no sólo es necesario tener recursos abundantes y extraer renta de ellos sino, y muy especialmente, reinvertir esas rentas en diversificar la actividad económica y crear encadenamientos (de modo que las industrias se necesiten unas a otras). Este último paso es el que no fue capaz de completar Venezuela en los últimos cien años. Y tampoco el chavismo, a pesar de haberlo proclamado.

En realidad, hay un irónico componente cíclico en todo esto. Porque primero fue el capital extranjero el que explotó un recurso sobre el que el Estado apenas tenía capacidad efectiva de intervención. Después, a través de impuestos, nacionalizaciones y finalmente la creación de PDVSA, el Estado fue capturando una parte cada vez mayor de esa renta hasta hacerse prácticamente con su totalidad. El chavismo heredó ese modelo de rentismo estatal y utilizó sus extraordinarios ingresos para redistribuir la riqueza, pero no consiguió transformar de manera suficiente esas rentas en una estructura productiva diversificada. Cuando la producción y los precios se desplomaron, también lo hizo la capacidad del Estado para sostener ese modelo. Y ahora, un siglo después del comienzo de la explotación petrolera moderna, Venezuela vuelve a necesitar capital extranjero para explotar su principal recurso. Es como si varias décadas de luchas políticas y sociales en torno a la captura de renta por actores extranjeros hubieran desaparecido de golpe. Y al menos Venezuela sigue sin saber responder a qué hacer con la renta que genera un producto, el petróleo, que además tiene los días contados. El problema adicional es que ahora ni siquiera lo deciden ellos.

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP) y detalló que el epicentro se ubicó a 35 kilómetros de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se hayan notificado daños personales o materiales.

El IGP señaló que el movimiento telúrico se registró a las 13.00 horas (18.00 GMT) de este jueves y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

El sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se percibió el movimiento, aunque de forma leve.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) confirmó la información sobre las características del sismo, pero no ofreció aún detalles sobre posibles daños, pese a que medios locales reportaron desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en Ayacucho. Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo que “por ahora no ha ocurrido nada crítico” pero continúan con la evaluación de la situación generada.

Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial. En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5.4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas.

El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un terremoto de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

Con información de la agencia EFE

San José del Palmar, el municipio colombiano donde estuvo el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el lunes, permanece parcialmente incomunicado y con graves daños materiales, aunque las autoridades aseguraron este miércoles que no registra víctimas mortales.

“No hay pérdidas humanas, es un balance positivo gracias a Dios”, informó el alcalde del municipio, León Fabio Marín Moncada, que detalló a medios locales que unas 400 viviendas resultaron afectadas y al menos 20 edificaciones colapsaron, mientras la localidad permanece sin electricidad y con problemas en el suministro de agua.

San José del Palmar es un municipio con una población aproximada de 5.800 habitantes y está ubicado en el sureste del Chocó, uno de los departamentos más olvidados de Colombia, y limita con Risaralda y Valle del Cauca, los dos departamentos más golpeados por el terremoto.

La situación es especialmente compleja en las zonas rurales aledañas, donde las autoridades han tenido dificultades para comunicarse con algunos habitantes debido a la falta de señal telefónica.

La única vía de acceso terrestre permanece cerrada por los daños en las carreteras, por lo que el municipio solo es accesible en helicóptero, medio por el que este miércoles llegaron ayudas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cerca a finalizar las labores de rescate en el Chocó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, se desplazó hasta allí este miércoles por primera vez, 48 horas después del sismo, para atender la emergencia y conocer de primera mano la situación de las comunidades afectadas.

Desde allí confirmó además que una familia de cuatro personas que estaba reportada como desaparecida en Quibdó, la capital departamental, fue localizada con vida y se encuentra en buen estado de salud.

“Están bien, están bien de salud”, afirmó Córdoba-Curi, quien explicó que la familia no se encontraba en el punto donde inicialmente se realizaba la búsqueda y había quedado incomunicada en otro lugar.

La gobernadora señaló que el Chocó, uno de los departamentos más pobres de Colombia, registra 14 muertos y que solo queda por localizar a una persona en ese mismo punto para poder cerrar la fase de búsqueda y rescate en el departamento.

“Es una gran noticia para los chocoanos y también para el país”, afirmó.

El sismo, el más fuerte sufrido por Colombia en lo que va de siglo, ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, a una profundidad de 103 kilómetros.

EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó en Bogotá que había por lo menos 265 muertos como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ese país, mientras que son 3.494 los heridos y 496 los desaparecidos, según los datos consolidados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias que hoy aquejan a Colombia, una tragedia como esta nos obliga definitivamente a tomar medidas excepcionales para enfrentar esta crisis generada por la naturaleza”, expresó el miércoles el mandatario, en conferencia de prensa en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería.

Según datos de la UNGRD, el impacto del terremoto estuvo centrado en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, subrayó De la Espriella, y advierten que existe un gran desafío para enfrentarla debido a una grave situación fiscal.

“Luego de evaluar todas estas circunstancias, ponderarlas con el equipo económico, estamos estructurando una serie de medidas que son, sin duda, alivios temporales pero que ayudan y que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del Gobierno”, informó De la Espriella.

Además, el mandatario anunció subsidios de alquileres para quienes perdieron sus casas durante el terremoto, medidas de alivio tributario y financiero, así como apoyo para los comerciantes y pequeños empresarios más afectados.

“Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, sostuvo.

De la Espriella anunció que ordenó la creación del “Fondo Milagro” que busca canalizar los aportes nacionales e internacionales y que serán destinados para la reconstrucción de vías, aeropuertos, hospitales, centros educativos, e inmuebles así como para una serie de acciones que sirvan para la reactivación económica.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó “operaciones militares conjuntas” con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y apunta que el país sudamericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista Abelardo de la Espriella, Washington expresó al país latino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”, resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.

Un “Escudo de las Américas” contra los carteles

Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esa coalición contra los carteles en “asociarse con Estados Unidos en una operación” contra “narcoterroristas”, de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcos en sus países.

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por EE.UU., junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

“Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad”, subrayó el secretario de Guerra estadounidense. Unas palabras, las de Hegseth, que pueden sonar relativamente 'bien' pero que sugieren un margen de maniobra muy amplio para Estados Unidos, un país con una larga historia –pasada y presente– de dominación y subyugación, especialmente de países del sur.

Sin embargo, la oposición colombiana ha criticado con dureza dicho anuncio, que consideran una “renuncia a la soberanía”. La izquierda apunta además que “la invitación formulada por De la Espriella” es inconstitucional al entender que “corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras en territorio” colombiano.

elDiario.es / EFE

Una voz ordena guardar silencio a través de un megáfono. Su directriz se replica y, en efecto dominó, llega a los oídos de todo el que rodea una de las búsquedas de sobrevivientes esparcidos por la ciudad de Pereira. Los rescatistas sueltan las palas, la grúa apaga el motor, las motos frenan su trayecto. Claudia deja de avisar a sus vecinos de que hay bocadillos para quien quiera, María para el reparto de agua y Eduard posa en el suelo un cubo lleno de escombros. Y empiezan a alzar sus dos brazos, estirados, con los puños cerrados. La vorágine y el griterío se transforman en un absoluto silencio.

En cada una de estas escenas, un rescatista rompe el silencio y dirige su mirada a las ruinas donde llevan días trabajando:

- Les habla el equipo de rescate. Si hay alguien con vida, hagan ruido.

El silencio regresa, aún con más intensidad, y se transforma en una escucha colectiva. Los rescatistas, junto a los vecinos que solo presencian la escena, se esfuerzan en tratar de percibir una respuesta. En oir un golpe, un quejido, una palabra que les anime a mantener la esperanza de vida entre cascotes. Algunos equipos cuentan con sonómetro e introducen un pequeño micrófono después de abrir ventanas de acceso a las tripas del derrumbe. Otros solo tienen sus oídos.

En el sector de La Lorena, intentaban escuchar la voz de Tuto. En lo que queda del Hotel De Beni, la de Ángela y la de Jovani; unos 200 metros más allá, la de Juan Fernando, un comerciante que pasaba la noche por trabajo en un hotel de la ciudad que colapsó por completo.

Los operarios más próximos al lugar donde piensan que se encuentra Tuto sepultado por los escombros rompen la calma. Sus manos abandonan la tensión de sus puños y empiezan a aplaudir. “¡Hay vida!”, grita la voz del megáfono. Los vecinos se abrazan, se emocionan, aplauden. Un minuto después, regresa la actividad del rescate con aún más apremio. “¡Denle, denle! Sigamos trabajando!

La escena, repetida durante los primeros días tras el terremoto de Colombia –que dejó ya 265 muertos, según el recuento oficial–, se produce cada vez con menos frecuencia con el paso de las horas, pero continúan, especialmente en el centro de la ciudad. La probabilidad de respuesta, de que sigan con vida algunas de las decenas de personas que se estima que continúan bajo los edificios colapsados de Pereira, una de las más afectadas, desciende.

Hay un momento tope en el que piensa cada rescatista y voluntario: el cumplimiento de las 72 horas después del temblor. Superado el plazo, las posibilidades de mantener la vida entre los restos del terremoto son mínimas, según los equipos de rescate de Colombia.

En la noche de este miércoles, esa frontera temporal resuena en la mente de los equipos desplegados en las calles de Pereira. El tiempo se agota y la urgencia se percibe en cada uno de los puntos donde aún existe esperanza de vida bajo las ruinas. “Se acaba el tiempo. Y, cuando escuchas una voz, da mucha rabia dejar de escucharla. Duele mucho sacar un cuerpo sin vida cuando respondía bajo los escombros”, dice Andrés, mientras observa desde la distancia cómo los equipos profesionales trabajan en el mismo lugar donde él y sus compañeros voluntarios lo hicieron sin apenas manos de equipos oficiales durante las jornadas anteriores. Él había estado presente cuando pidieron silencio en su intento de escuchar al “panadero”, el hombre que regentaba uno de los negocios del Parque de la Libertad convertido ahora en polvo y cascotes. En la mañana de este miércoles localizaron su cuerpo sin vida.

En ese mismo lugar, los operarios aún buscaban en la madrugada de este jueves a varias personas que podrían encontrarse con vida bajo los restos de varios comercios de la zona y un hotel donde vivían personas de escasos recursos. A Marian le dijeron que su primo Pablo fue a comprar el pan a primera hora de la mañana. “Un amigo dice que cuando todo empezó a temblar, los dos corrieron hacia la puerta. Pero cree que él no llegó a salir”, cuenta la mujer, sentada en un cubo de plástico frente a las grúas situadas delante de los restos donde podría estar el familiar que tanto espera.

Sentado sobre dos ladrillos, Luis Fernando no quita la vista a los movimientos de los operarios en otro de los edificios en ruinas de la ciudad. Desde la acer, saluda a su hijo con la mano y este se lo devuelve moviendo el casco de obra. Ambos buscan a su familiar, Carlos Fernando, atrapado en el tercer piso de uno de los hotel desplomados en Pereira. “Nos dijeron que hay vida y nos dio un poco de esperanza”, dice el señor, con una pala entre sus manos. “¿Cómo será morir atrapado?”, se pregunta mientras un batallón de voluntarios continúa retirando escombros. “No se lo desearía a nadie”, se contesta.

Unas horas cruciales

El Gobernador de Risaralda, el departamento donde se encuentra Pereira, explica a elDiario.es que estás horas son clave. Por eso, afirma, los esfuerzos oficiales están centrados en la búsqueda y rescate en esta primera fase. Superadas las 72 horas, agrega, empezarán a trabajar en los planes de reconstrucción, en el “ahora qué” en el que tanto piensan los miles de ciudadanos afectados por el sismo, que vieron destrozadas sus viviendas o esperan la comprobación del estado de su edificio para valorar si es seguro regresar a casa. Las autoridades calculan que 9.215 viviendas están destruidas, otras 45.457 dañadas y 140 edificios colapsaron.

“Estoy desempleada y, lo único que tenía era un piso en propiedad, que heredé de mi madre. Pero tengo miedo de volver. El edificio no colapsó, pero quedó muy dañado y no parece seguro”, explica María del Rosario Arango Espitia, sentada en un pequeño taburete en el Albergue Parque Olaya Herrera, unas carpas levantadas por el Gobierno del departamento.

Sin otro lugar al que ir, pasa sus noches en los colchones dispuestos en el suelo para los afectados del sismo. “Aún no tenemos información de las ayudas. Esperemos que nos digan pronto”.

El paso del tiempo también incrementa las posibilidades de que las llamadas de los sobrevivientes sean respondidos con más silencio. Horas después de haber contactado con Tuto, hombre de unos 50 años muy querido en el sector de La Lorena, uno de los más golpeados de Pereira, los intentos de conocer su estado se interrumpieron. Tuto dejó de dar golpecitos entre los escombros, como había hecho en al menos tres ocasiones, pero los rescatistas no dejaron de retirar cascotes en su búsqueda. Durante la madrugada, apareció su cuerpo, ya sin vida.

En la última madrugada antes de la finalización de las 72 horas iniciales, cuesta confirmar la vida oculta bajo los cascotes; pero muchos rescatistas oficiales y, especialmente, voluntarios, no se van a dormir. “No quiero irme a casa por si me necesita. Puede ser el último rescate”, se escucha en el centro de Pereira.

Abelardo de la Espriella tuvo un estreno frenético y accidentado en la presidencia de Colombia. Dos días después de tomar posesión, un sismo de magnitud 7,4 en el Chocó, en el suroeste del país, causó más de 200 muertes hasta el momento y obligó a declarar la emergencia nacional. El desastre también empezó a revelar la fragilidad logística del gabinete entrante, que en julio rompió el diálogo de transición con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro.

Sin un equipo propio en funciones en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), el nuevo mandatario afronta la mayor crisis de la década en medio de tensiones y desconfianza con el director de emergencias que heredó del Gobierno de Petro.

Lo cierto es que la respuesta inmediata de la UNGRD fue eficaz. A las pocas horas del terremoto del lunes, los equipos de rescate ya trabajaban en las labores de desescombro y los servicios de urgencias seguían los protocolos establecidos. Lo que está bajo la lupa de los expertos son los pasos siguientes: quién dirigirá la operación y qué nivel de coordinación habrá entre las dependencias del Estado.

Omar Darío Cardona, veterano ingeniero civil que dirigió la Unidad de Emergencias, recuerda la lección que le dejó el gran sismo de 1994, que sepultó bajo el lodo el suroeste del país. Mientras buscaba noticias de las localidades cercanas al epicentro, se topó con un muro de silencio absoluto. “Me decían que nadie reportaba daños”, rememora. “Y era precisamente porque no tenían cómo comunicarse: se había venido abajo la iglesia, se había derrumbado la alcaldía y el pueblo entero había quedado sepultado”. Aquel silencio no era sinónimo de calma, era la peor de las señales.

La UNGRD, encargada, por ejemplo, de decidir a qué municipio llegan primero las ayudas, afrontó el terremoto del lunes sin un jefe titular. Mientras el presidente De la Espriella se puso al frente del puesto de mando unificado, ofreció balances sobre las víctimas y viajó a las zonas afectadas, el organismo técnico continúa bajo el control interino de un funcionario del Gobierno anterior. Su relevo, anunciado por el nuevo Ejecutivo en julio, no tomó posesión.

La gestión de catástrofes, poco presente

Por eso algunos analistas alertan de que la gestión de catástrofes y la agenda climática ocuparon un lugar marginal en la bitácora del nuevo Gobierno desde la campaña electoral. De hecho, en el discurso de investidura, pronunciado el 7 de agosto en Cali, apenas se mencionaron. La explicación es política e ideológica: como parte de su programa para recortar ministerios y organismos públicos, en un plan de austeridad y reducción del Estado, el mandatario había incluido la supresión de la UNGRD y su fusión con otra entidad. Tres días después, la realidad dinamitó la idea.

Además, los ministros recién nombrados carecen de experiencia en la gestión de desastres. Juan Carlos Orrego, ex subdirector de la UNGRD, lo confirma: “Tienen muy poco entrenamiento en el manejo de este tipo de situaciones”, dice. “Y la posibilidad de perderse en estas coyunturas es considerable”.

En una catástrofe, la emergencia exige un orden milimétrico. Las primeras horas pertenecen exclusivamente al rescate y los asuntos de sanidad; después llega el turno de restablecer las comunicaciones, el agua y los albergues; finalmente, se evalúa si los edificios que resisten el sismo aguantarán las réplicas. Cada fase tiene su propio compás.

La verdadera prueba para el nuevo Ejecutivo, coinciden Orrego y Cardona, no será estas semanas, sino en los próximos meses. Levantar un país destruido es una hoja en blanco donde Colombia ya suma un historial de errores burocráticos: tras el gran terremoto que asoló la región cafetera en 1999, el censo de daños tuvo que repetirse seis veces en dos años porque las cinco primeras estimaciones fueron inexactas. Se aprendió a base de errores.

La paradoja es que esa misma experiencia, forjada a golpe de tragedias, convirtió al sistema colombiano en un referente respetado en el exterior. En un informe reciente, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres destaca a Colombia como modelo regional de gobernanza del riesgo, con su Unidad Nacional en el centro de una red de 178 ciudades que trabajan en resiliencia. Es una política de Estado, anota el informe, levantada a lo largo de décadas, que sobrevivió a Gobiernos de todos los signos. Cardona, que dirigió esa oficina, la cuenta entre sus fortalezas.

Sin embargo, la institución también arrastra una profunda herida estructural al haber sido utilizada de manera crónica como botín político por distintos gobiernos. De hecho, en el sector se asume que ninguna Administración se libró de un escándalo de corrupción ligado a esta oficina y, bajo el mandato de Gustavo Petro, tocó techo con un caso que hoy sigue en los tribunales.

Esa es la doble amenaza que preocupa a los expertos: la entidad vive atrapada entre la el clientelismo rapaz y la politización.

Llamamiento a la unidad

Lo cierto es que hasta el mediodía de este martes en Colombia, el balance oficial era de al menos 240 muertos. Se trata de una cifra que no dejó de aumentar con las horas, y graves daños estructurales en cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas. Tres de ellas, las que conforman la región del Eje Cafetero, en el centro del país, ya habían padecido tragedias parecidas.

El gran terremoto de Armenia en 1999 mató a 1.185 personas y obligó al país a construir bajo estrictas normas sismorresistentes. Mucho antes, en 1983, la ciudad de Popayán se había venido abajo un Jueves Santo dejando más de 250 víctimas mortales. Ya en este siglo, las catastróficas inundaciones de 2010 anegaron la mitad del territorio.

En Cali, la tercera ciudad del país y una de las más golpeadas por el terremoto, el presidente De la Espriella escenificó una tregua política este martes. Mientras los equipos de rescate retiraban toneladas de tierra y hormigón, el mandatario apeló a la unidad nacional: “Aquí no hay divisiones ideológicas cuando se trata de defender a nuestra gente; solo hay una bandera, la de Colombia”.

El desastre evaporó así el sectarismo de las semanas previas, cuando el propio presidente congeló el traspaso de carteras descalificando al anterior Gobierno progresista. Hoy, la gestión operativa de la peor tragedia de la década depende de que la realidad aterrice en los despachos oficiales: frente a los escombros y la zozobra ciudadana, ya no hay margen para pulsos políticos y la maquinaria del Estado debe funcionar a una sola marcha.

Del esqueleto de lo que hasta este lunes a las 7:35 de la mañana era un hotel en una céntrica plaza de Pereira, empiezan a escucharse quejidos de dolor. Una hora después del temblor que dejó al menos 224 muertos en Colombia, varios familiares y voluntarios tratan de obtener una reacción procedente del fondo de una de las montañas de escombros repartidas por la ciudad. Preguntan por dos nombres: Alejandra y Valentina. Al principio, ambas respondían. Horas después, Valentina dejó de hacerlo.

Alejandra y Valentina quedaron atrapadas bajo los pilares del edificio cuando el fuerte temblor de 7,4 grados desplomó el techo sobre la habitación en la que dormían. Estaban abrazadas, según aseguran tres miembros del operativo a elDiario.es. Durante 12 horas, los equipos de rescate, formados por bomberos, enfermeros, voluntarios, militares y familiares de las víctimas, permanecieron en conversacion con Alejandra, quien permaneció consciente en todo momento y colaboró en sus propias labores de rescate.

Según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Cali es la ciudad donde se registraron más fallecidos, 85. Le sigue la localidad de Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, con 66 muertos.

Rescates como estos se sucedieron durante todo el lunes de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad de Pereira, el corazón del eje cafetero colombiano, donde profesionales y voluntarios siguen trabajando en las decenas de edificios colapsados durante el terremoto. Los vecinos acercan agua a los rescatistas, forman cadenas humanas para retirar los restos de las viviendas y facilitar el trabajo a los bomberos y utilizan megáfonos para avisar de las necesidades en cada rescate. Durante la noche, algunos aproximan sus motos para alumbrar con sus focos las maniobras de socorro o avisan a gritos a los bomberos ante posibles señales de vida desde las tripas de las ruinas de las construcciones desplomadas.

Carolina Ocampo es una de las bomberos especializadas en enfermería que permaneció horas junto a Alejandra y Valentina para tratar de salvar su vida. “Ellas están abrazadas. Están de frente y están abrazaditas”, explicó la sanitaria que tuvo que escurrirse entre las tripas de los escombros para estabilizar a la superviviente, cuya pierna izquierda se encontraba atrapada bajo los casquetes.

Cada vez que las rescatistas ascendían del lugar donde Ángel había encontrado a su hermana, el joven colombiano trataba de obtener información sobre el estado de Valentina. “Sabemos que Alejandra está con vida, pero nadie menciona a Valentina. Primero nos dijeron que respondió, pero ahora nadie nos dice nada...”, decía horas antes de confirmar la muerte de su familiar. Su hermana mayor le había dicho que pasaría la noche en Pereira, pero que pasaría por la casa familiar a recoger su uniforme de trabajo. “No llegó y fui a buscarla a los hoteles en los que se solía quedar. Vine aquí el primero y, al verlo así, supe que estaban ahí dentro”.

El hermano comenzó a buscar alguna señal entre los restos del hotel. Entre los escombros encontró la chaqueta de Valentina. Al lado, estaba también su mochila y su telefono móvil. También localizo enseres personales de Alejandra. “Empezamos a llamarlas y Alejandra respondió. Y los bomberos comenzaron a trabajar en esta zona”.

“Fue un poco difícil porque tenía una de las extremidades muy atrapadas con bloques de la vivienda. Hemos estado pasando líquidos, oxígeno, inyectando la medicación en vena, tomando sus constantes... lo que se hace en un hospital, pero aquí, bajo esa cantidad de escombros. Ella habla, coopera, dice que le duele la pierna y que no la toquemos, pero hemos tenido que hacer trabajo con maquinaria pesada. Fue muy valiente, ha soportado y en todo momento nos ha respondido”, explica Ocampo a este medio. La administración de oxígeno fue muy compleja. Se hizo difícil porque estaba muy adentro“.

“Lamentablemente, sobre el mediodía, una de ellas no respondió”, indicó. “Cuando el edificio se derrumbó, se quedaron en medio de dos colchones. Lo que le salvó fueron los colchones”, dice la sanitaria.

Vecinos, militares y bomberos jalaron una cuerda para levantar los restos pesados de la construcción. Entre quienes empujaban estaban los hermanos de Valentina. Una vez despejado el acceso, caída la noche, los rescatistas lograron sacar a una de ellas con vida. Los vecinos que observabn la escena rompieron en aplausos. Sus familiares pedían entre llanto poder acercarse. “Solo quiero verla viva, solo quiero verla”, decía su hijo. “Dejé que nos vea, que sepa que estamos aquí”, le decía su hermana a los agentes.

Cuando la ambulancia se llevó a la superviviente, entre vítores de los rescatistas y vecinos, Ángel y sus otros dos hermanos contenían la respiración. Los bomberos pidieron la aproximación de un médico para confirmar lo que imaginaban. El sanitario se introdujo en las tripas del hotel derruido y, tras su salida, los equipos de rescate se acercaron a los familiares de Valentina. La confirmación de la muerte de su hermana rompió el llanto contenido durante horas, entre gritos de dolor. El silencio regresó entre los vecinos que contemplaban la escena.

Debían sacar a Valentina. Sus tres hermanos regresaron a la zona derruida para ayudar a los rescatistas. Mientras aún caían lágrimas por su rostro, jalaban con fuerza de la cuerda que buscaba facilitar la extracción del cuerpo su hermana. Cuando lo lograron, los bomberos abandonaron la zona mientras esperaban la llegada de los equipos forenses y la Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver. Los tres hermanos se quedaron en lo alto de la montaña de escombros. Querían verla. Allí permanecieron, cerca de los restos de su hermana, hasta el levantamiento del cadáver.

Los rescates se sucedieron a lo largo de la jornada de este lunes, mientras que decenas de personas aún buscan a sus desaparecidos. En la plaza de Bolívar, un bloque completo de oficinas se derrumbó durante el temblor cuando decenas de personas trataban de encontrar un lugar seguro mientras el suelo rugía. Horas después, cientos de vecinos formaron una cadena humana para retirar los escombros en busca de algunas personas que respondían a las llamadas de los bomberos. Los medios estatales no eran suficientes para atender la demanda de una ciudad desbordada ante la catástrofe, que ha obligado al Gobierno local a declarar un toque de queda y la situación de emergencia.

El desbordamiento también se evidenció en la tardanza en la retirada de algunos de los cuerpos de las víctimas mortales del sismo. Una mujer estaba desplomada en medio de una de las calles del centro de Pereira, tal y como presenció elDiario.es. A su lado, una pareja se agarraba la manos y sollozaba mientras esperaban la llegada de la Fiscalía, como establece el protocolo de Colombia como precaución tras décadas de lucha contra el crimen organizado. Mientras la tierra temblaba este lunes en Colombia, un escombro había alcanzado a la mujer cuando intentaba ponerse a salvo. Cinco horas después del terremoto, su cuerpo permanecía en el suelo sin recoger. Tampoco había mantas para cubrirlo. Sus familiares, en visible estado de shock, permanecieron junto al cadáver durante horas custodiados por dos agentes policiales.

Los efectos del terremoto colapsaron los hospitales de Pereira. Durante toda la mañana, el hospital de San Jorge permaneció desbordado. Sus equipos sanitarios se vieron obligados a atender a decenas de pacientes en el exterior del edificio. “Tuvieron que sacar a los pacientes de planta. Hemos estado colapsados. Ha sido muy difícil”, decía una enfermera al acabar su turno. El terremoto lo vivieron en el interior del centro sanitario, que también resultó afectado pero no lo suficiente para parar su actividad. “Salíamos de una guardia, pero doblamos el turno. No podíamos irnos a casa así”.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia la mañana de este lunes, el peor en la última década, tuvo su epicentro en una región asolada desde hace décadas por la miseria: el Chocó. Dos tercios de sus casi 600.000 habitantes, en su mayoría afrodescendientes, viven por debajo del umbral de la pobreza monetaria (unos 150 dólares al mes por persona). Una realidad paradójica para una zona desbordante en recursos naturales y con un litoral de 375 kilómetros sobre el océano Pacífico. Las imágenes de sus calles caóticas y edificios convertidos en escombros se suman hoy a la tragedia de una región víctima del olvido crónico del Estado colombiano.

En su primera declaración pública tras el terremoto, el presidente del país, Abelardo de la Espriella, confirmó 224 muertos y más de 600 heridos. Horas antes, las autoridades locales habían confirmado la muerte de 40 personas en la localidad de Pereira, tres en Manizales, nueve en el Chocó y otra en Medellín. Además, hay 27 fallecidos en el Valle de Cauca. Rescatistas y civiles tratan de sacar a las víctimas bajo los escombros.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, confirmó a través de la red social X que en Quibdó, la capital de la región, además de víctimas, se registraron severos daños estructurales en numerosas edificaciones. Sin embargo, la mayor inquietud tiene su escenario en San José del Palmar, epicentro de la tragedia. Este municipio, encajonado de forma abrupta entre la densidad de la selva y la cordillera oriental, carece de hospital público y su precaria cobertura descansa sobre un ambulatorio local y una única ambulancia para emergencias vitales, tal y como denunció hace apenas unas semanas la Defensoría del Pueblo.

Las consecuencias del sismo amenazan con aislar aún más a una región con viejos problemas de comunicación por vía aérea. El aeropuerto de Quibdó suspendió por completo sus operaciones mientras los inspectores de la aviación civil evalúan los daños en la terminal. El parón de la red aeroportuaria se extendió con rapidez hacia el corazón del país: los aeródromos del llamado Eje Cafetero, como Pereira, Manizales o Armenia, también interrumpieron sus vuelos a la espera de revisiones estructurales que descarten riesgos en las pistas.

El desastre natural ocurre en medio de cierto vacío administrativo. El actual presidente, Abelardo de la Espriella, apenas un mes antes de su toma de posesión el pasado viernes, ordenó suspender de forma abrupta el traspaso de carteras con el Ejecutivo saliente de Gustavo Petro. Mediante un comunicado oficial, De la Espriella instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para detener de inmediato cualquier intercambio de información institucional con la administración saliente. De hecho, los equipos de transición apenas habían alcanzado a reunirse en dos ocasiones antes de que se congelaran las relaciones entre dos bloques políticos antagónicos.

De la Espriella achacó este cortocircuito institucional a la negativa de Petro a reconocer su victoria electoral. Por su parte, el Ejecutivo saliente, el único de izquierda en la historia de Colombia, congeló desde mediados de julio el trasvase de datos financieros, administrativos y técnicos por considerar que no había unas “condiciones mínimas de respeto institucional”, llegando a tildar de “ilegítima” la elección de su sucesor. Esta pugna política derivó en un colapso logístico que deja al país expuesto a un inicio de mandato huérfano de una hoja de ruta institucional detallada.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de coordinar la respuesta a la catástrofe, es el reflejo más crudo de este vacío institucional. Al frente de ella se encuentra un director recién designado, David Tamayo, pero el nuevo Ejecutivo de ultraderecha apenas tuvo margen para materializar los relevos operativos de una entidad que naufragó en el mayor escándalo de corrupción del mandato de Gustavo Petro. Con solo tres días en el poder, el Gobierno central lidia con una crisis aguda arrastrando graves carencias y puntos ciegos en un organismo que, paradójicamente, el propio presidente había prometido suprimir durante la campaña electoral.

Los otros focos del desastre se sitúan en capitales departamentales como Manizales, Medellín y la propia Pereira, en el departamento de Risaralda donde sobre las 11.40 de la mañana ya ascendía a 40 el número de muertos. Ante la gravedad de la situación, el presidente De la Espriella anunció mediante un comunicado oficial que asumirá en primera persona la gestión de la crisis: “He tomado directamente el liderazgo de la atención en San José del Palmar y he ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia a los damnificados”. Tras esta declaración, el mandatario se desplazó a la zona cafetera, en el centro de Colombia, para dirigir todo el despliegue operativo desde allí.

El exdirector de la agencia de emergencias durante la Administración Petro, Carlos Carrillo, exigió a De la Espriella a través de la red social X la formalización del nombramiento: “El presidente debe dar posesión de inmediato al nuevo director de la UNGRD; la respuesta a un evento de esta magnitud no permite comunicaciones rotas o ambigüedades en la línea de mando”. Con este reclamo, la oposición pone el foco en la vulnerabilidad estructural de un Estado atrapado en sus propias reyertas ideológicas. Entre tanto, tres horas después del sismo, ninguna autoridad había ofrecido un balance de lo ocurrido en San José del Palmar, un municipio de algo más de 5.000 habitantes que sobrevive gracias al cultivo del cacao y de una fruta de un anaranjado casi brillante llamada chontaduro.

Colombia pone fin al primer gobierno de izquierda de su historia y gira a la extrema derecha con la toma de posesión este viernes del ultra Abelardo de la Espriella, quien ganó por un estrechísimo margen al candidato oficialista de izquierda, Iván Cepeda, bajo la promesa de una lucha firme contra la corrupción sistémica del país.

Gustavo Petro deja la presidencia con un legado complejo. Cumplió algunos de los pilares de su programa, como el aumento de salario mínimo o las reformas tributaria y de pensiones, pero se va sin haber logrado su ambiciosa “paz total” con los grupos armados y rodeado de varias denuncias que van desde el desvío de fondos de emergencia hasta la compra de votos en el Congreso. Con exministros en prisión preventiva y llamados a juicio, y una acusación de última hora contra el mandatario saliente por parte de su exjefa de despacho, el país cierra capítulo.

En este escenario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el mando rompiendo una tradición centenaria: no jurará el cargo en el céntrico Capitolio de Bogotá, sino en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Así, el penalista asciende a la presidencia con la promesa de crear un bloque especializado anticorrupción: “Voy a revisar obra por obra, licitación por licitación”.

Colombia cambia de manos bajo un guion que se repite cada cuatro años. El mayor escándalo del cuatrienio de Petro se orquestó en la entidad estatal diseñada para mitigar los estragos de terremotos, inundaciones e incendios: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los recursos destinados a socorrer a las poblaciones más vulnerables habrían terminado convertidos en moneda de cambio para comprar el respaldo de partidos, de todo el arco político en el Congreso, a las reformas del Ejecutivo. El entramado criminal, según la Fiscalía, habría desviado más de 190 millones de dólares (612.000 millones de pesos colombianos) mediante el direccionamiento ilícito de contratos públicos para asegurar mayorías legislativas.

Incluso Cepeda, el candidato presidencial que aspiraba a salvar el legado del oficialismo, lo reconoció meses antes de perder las elecciones en segunda vuelta por un margen mínimo de 0,96 puntos frente a De la Espriella. En una entrevista, el senador del izquierdista Pacto Histórico aceptó los desmanes de la Administración saliente y confesó sentir “vergüenza” por ellos.

No obstante, lejos de blindarse con promesas electorales, declaró con crudeza que erradicar el problema de raíz sería una “utopía”: “Sería incurrir en demagogia, dado el arraigo del fenómeno en las instituciones colombianas”. Su conclusión, leída a la luz de este 7 de agosto, retrata el terreno que hereda su rival: “La corrupción en Colombia es un sistema y está presente en todas las entidades y en todos los niveles. Cada Gobierno viene a administrarla”.

El 10% del presupuesto

Los índices internacionales le ponen cifra al problema: el fenómeno le cuesta a Colombia unos 50 billones de pesos colombianos (alrededor de 12.300 millones de dólares y casi el 10% del presupuesto del Estado de 2025), de acuerdo con datos oficiales de 2017. Sin embargo, la investigadora de Transparencia Internacional Adriana Romero sitúa el punto de partida en dos termómetros globales que retratan una realidad inmóvil. El primero es el Índice de Percepción de la Corrupción: Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 cuando Petro asumió el poder y cerró 2025 con 37. Una caída de dos puntos en un indicador que, por su naturaleza, se mueve a paso de tortuga.

El segundo es el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, que mide realidades institucionales más que opiniones. En este caso, aunque el país se mantuvo estancado en los 48 puntos, aparece un hallazgo: una de las peores calificaciones no la recibe la Presidencia, ni los jueces, ni los militares. La nota más baja recae, de forma crónica, sobre los hombros del Congreso de la República.

Se trata de un termómetro directo a la hora de entender uno de los nudos de esta historia. El Congreso peor evaluado del país, aunque renovado este año en las urnas y recién instalado el 20 de julio, sigue operando bajo las mismas dinámicas que lo desacreditan: financiación opaca de campañas, una fragmentación de partidos que encarece el precio de cada voto y el trueque permanente de contratos por respaldo político. No obstante, para la periodista Paula Bolívar, que destapó el desfalco de la UNGRD, esas redes van más allá del Capitolio.

El director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, dice: “Lo novedoso [en el Ejecutivo saliente] no es el mecanismo, sino la escala”. Recuerda que Colombia ya dominaba el abecedario de la corrupción: la financiación irregular de campañas, la captura de entidades públicas, el clientelismo y el intercambio de contratos inflados por apoyos políticos. Pero en este cuatrienio, subraya el experto, la gravedad radica en que las piezas se articularon, por momentos, en un patrón más organizado.

“Si nadie paga, sale barato robar”

Bolívar, autora del libro de investigación El desastre de los decentes, define con nitidez el “oficio del corrupto” en Colombia. Su trabajo destapa un engranaje asentado en el corazón de ciertas dependencias del Estado, manejado por redes criminales que preceden al propio Petro. Según Bolívar, este entramado cuenta con su propia normalidad laboral: desde reuniones de contabilidad y el reparto de comisiones a contratistas, hasta visitas sigilosas entre parlamentarios y actores privados. Se trata de un sistema blindado por la connivencia empresarial, marcado de vez en cuando por las mafias, y que incluye sus propios mecanismos de previsión: dentro del botín, los implicados reservan la cuota necesaria para costear la defensa jurídica y asegurar su libertad “en caso de que los agarren”.

Para entender por qué se reproduce este flagelo, hay que asomarse a la arquitectura política colombiana. El modelo es presidencialista: el Ejecutivo es elegido por sufragio directo, goza de un mandato fijo de 4 años y no depende del Parlamento para sostenerse, aunque sí necesita mayorías legislativas para aprobar cada reforma. Por eso, al verse obligado a forjar esos respaldos desde fuera, sin la disciplina que aporta una coalición previa sólida, el Gobierno debe negociar en un tablero atomizado: una veintena de partidos con representación en el Congreso, alianzas frágiles y ningún bloque hegemónico.

El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención

Camilo Enciso — Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción

Ese diseño no es nuevo. Desde hace décadas, cada cuatro años se repite el mismo desfile de cargos públicos salpicados mientras el Congreso se niega a tocar los mecanismos para blindarse del desvío de dinero o de fondos sucios. La financiación electoral sigue siendo opaca y la laxitud de los organismos de control, según Enciso, “eleva la impunidad y reduce el coste esperado de la corrupción: si nadie paga, sale barato robar”. Así, las cloacas denunciadas por Bolívar permanecen intactas: los escándalos estallan en la prensa, encienden la indignación y terminan durmiendo en juzgados saturados mientras la sociedad asume la factura.

Un bloque de búsqueda

Contra ese engranaje mide, a partir de este viernes, sus fuerzas el ultra Abelardo de la Espriella al asumir la Presidencia de Colombia. El mediático penalista de 49 años convirtió la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su discurso. Su apuesta pasa por una herramienta inédita: un bloque de búsqueda especial subordinado a su mando directo para perseguir los desfalcos mediante inteligencia financiera, policía judicial y procesos exprés de embargo de bienes. “Aquí no se va a tolerar la corrupción; aquí nadie tiene corona”, advirtió el pasado 20 de julio en Medellín.

Para Enciso, la iniciativa puede ser útil, pero no debe confundirse con una política anticorrupción. “El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención”, sostiene. Sin reformas estructurales, advierte, un órgano supeditado directamente al presidente se expone a la politización: el peligro de seleccionar los casos por conveniencia política, contra el Gobierno saliente u opositores, mientras se obvian otros. Adriana Romero coincide y anticipa en la propuesta el enfoque previsible de un penalista: castigar el delito cuando ya se ha cometido, en lugar de evitar que ocurra.

Frente a los operativos de choque del nuevo presidente, sin embargo, existe un camino menos vistoso. Romero apunta a reformas de calado que ya encadenan una década congeladas, o encalladas, en el Congreso: la protección legal a los denunciantes, la regulación de grupos de presión o lobbies y la obligación de transparentar qué nombres se esconden detrás de las empresas que contratan con el Estado. Son medidas silenciosas, sin embargo, advierte la analista, son pilares básicos sin los cuales cualquier bloque de búsqueda estará condenado a perseguir el humo.

Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto

Paula Bolívar — Periodista de investigación

La caída del dominó que sacudió al país desde febrero de 2024 comenzó con un hilo sutil: la llamada de un ciudadano desde La Guajira, la olvidada península desértica, al extremo norte de Colombia, donde los niños indígenas mueren de sed. El Estado había enviado una flota de camiones cisterna para mitigar la sequía, pero los vehículos permanecían averiados, inservibles. Era un monumento al abandono. Cuando Paula Bolívar decidió investigar aquel rastro, casi nadie recordaba la existencia de la oficina nacional encargada de socorrer las emergencias del país. Tirar de aquella manta desveló el saqueo. “Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto”, concluye la reportera.

La nueva presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, asumió este martes, después de haberse impuesto al izquierdista Roberto Sánchez en las elecciones del pasado junio por menos de 50.000 votos, retomando así el camino iniciado por su polémico padre, el difunto Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y el 2000.

Fujimori, administradora de empresas de ascendencia japonesa, es la primera mujer en ser elegida jefa de Estado en Perú y todo indica que cuenta con el suficiente respaldo en el Parlamento para poder completar su mandato de cinco años (2026-2031). La nueva mandataria busca terminar con la inestabilidad que marcó la vida política del país en la última década, con una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Legislativo -la mayoría, con los votos del fujimorismo-.

Keiko Fujimori se convirtió en la novena presidenta que asume el mando de Perú en diez años, después de unas elecciones que no estuvieron exentas de polémica. Tras varias semanas de recuento, Fujimori (Fuerza Popular) se impuso a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por menos de 50.000 papeletas, según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Si bien el izquierdista ganó dentro de Perú, Fujimori se hizo con la presidencia gracias al apoyo de los peruanos residentes en otros países.

La mujer perseveró hasta este momento, con la esperanza de llegar al poder, tras haber perdido de forma consecutiva tres elecciones presidenciales en la segunda vuelta (las de 2011, 2016 y 2021), y haber pasado cerca de año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020, imputada por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales.

El presidente Javier Milei viajó a Perú para asistir a la toma de posesión de Fujimori, así como otros jefes de Estado como el rey Felipe VI de España y los presidentes de Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura, y Paraguay, Santiago Peña.

La sombra de su padre

Desde principios de siglo, la hija mayor y heredera política del exmandatario asumió las riendas del fujimorismo con el propósito de recuperar el poder y limpiar el nombre de su padre, que fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, además de otros cargos por diversos casos de corrupción.

Alberto Fujimori (1938-2024) abandonó el poder en el año 2000, pocos meses tras su victoria en las elecciones que le otorgó un tercer mandato consecutivo. Después de que una serie de grabaciones revelaran sobornos de su asesor Vladimiro Montesinos a figuras políticas, empresariales y mediáticas peruanas, el escándalo hizo que huyera del país a Japón. Sin embargo, su caída no supuso el fin del fujimorismo.

La politóloga y analista Eliana Carlín explicó que la corriente política abierta por Fujimori solo se debilitó durante unos años tras la fuga del mandatario. “Las figuras emblemáticas del fujimorismo siguieron siendo parte del ecosistema político del país, especialmente Keiko Fujimori desde el año 2011”, señaló tras la victoria de la hija mayor del expresidente. “En las cuatro campañas electorales en las que ha pasado a segunda vuelta ha habido un despliegue enorme de recursos económicos que vienen de los empresarios y de los poderes fácticos, aliados tradicionales de su padre”.

Fujimori no tiene una trayectoria política intachable y carga con el legado de su padre, que llegó a la presidencia por la vía electoral, pero se ganó con los años, dentro y fuera de Perú, el calificativo de “dictador” por la acumulación de poder y los delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco de la lucha que emprendió contra los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y MRTA. Tras ser detenido y extraditado a Perú desde Chile en 2005, la justicia peruana lo condenó a una pena de 25 años de prisión que, sin embargo, no cumplió porque en 2017 recibió un indulto humanitario.

Con información de la agencia EFE

Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), será la presidenta de Perú tras ganar las elecciones en su cuarto intento, un objetivo al que destinó su vida con una estoica paciencia y perseverancia propia de sus raíces japonesas, sin desistir pese a sufrir tres derrotas en segunda vuelta, enemistarse con su hermano y pasar casi año y medio en la cárcel.

A sus 51 años, Fujimori alcanzará el sillón presidencial que ocupó su difunto padre, un lugar que le fue negado en las tres elecciones anteriores donde perdió contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las últimas dos por una diferencia de apenas 40.000 votos.

Contra Castillo, incluso denunció sin pruebas consistentes un supuesto fraude en su contra y trató sin éxito de revertir los resultados a su favor.

Tras ganar por menos de 50.000 a Roberto Sánchez, que competía en representación del encarcelado expresidente Castillo, el fujimorismo volverá al Gobierno para reivindicar y emular la figura de su líder, casi veintiséis años después de que este dimitiese por fax desde Japón por un gigantesco escándalo de corrupción junto a su mano derecha Vladimiro Montesinos.

Primera mujer electa presidenta en Perú

Fujimori, ahora convertida en la primera mujer en ser elegida presidenta en Perú por votación directa, vio su vida cambiar por completo a los 16 años cuando en 1990 su padre, un profesor de la universidad nacional agraria, daba la sorpresa al ganar las elecciones al escritor Mario Vargas Llosa.

Estudió Administración de Empresas en Estados Unidos y en 1994, con solo 19 años, irrumpió en la política al convertirse en la 'primera dama' más joven en la historia de América, tras el divorcio de sus padres.

Se mantuvo al lado de su padre como su fiel escudera hasta su dimisión, y luego regresó a estudiar a EE.UU., donde conoció al estadounidense Mark Vito, con quien se casó y tuvo dos hijas, Kyara y Kaori, actualmente de 18 y 16 años, respectivamente.

En 2005 retornó a Perú, y al año siguiente fue la congresista más votada, en momentos donde su padre había sido capturado en Chile, desde donde posteriormente sería extraditado y condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.

Cisma familiar y cárcel

Keiko, de valores conservadores y convicciones católicas, asumió las riendas del fujimorismo rodeada de la vieja guardia de su padre e inició el camino que le llevó a perder tres veces seguidas la Presidencia en segunda vuelta.

En ese periplo se enemistó con Kenji Fujimori, el menor de sus tres hermanos, cuando este buscó un acuerdo con el entonces presidente Kuczynski para indultar a su padre mientras ella buscaba destituir al mandatario.

Su peor momento llegó al pasar casi año y medio en prisión preventiva mientras la Fiscalía la investigaba por supuesto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, al haber ocultado las donaciones de empresas como la brasileña Odebrecht.

Fujimorismo 2.0

A diferencia de los anteriores comicios, Fujimori llegó a estas elecciones sin su padre, fallecido en septiembre de 2024 tras hacerse efectivo el indulto; sin su marido, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, del juicio por lavado de dinero.

Terminó ganando con una propuesta de “orden” y “mano dura” y la promesa de enfrentar al crimen organizado, principal preocupación de los peruanos, como su padre lo hizo con el terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Sus detractores le acusan de ser la culpable de la inestabilidad que ha tenido Perú, con ocho presidentes en diez años, en una sucesión de destituciones desde el Parlamento que el fujimorismo apoyó en su mayoría, pero ella rechaza las acusaciones de que haya gobernado y dirigido gobiernos desde la sombra del Legislativo.

EFE

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) asume el martes 28 de julio la presidencia de Perú por el período 2026-2031, en lo que representa el regreso del fujimorismo al Ejecutivo después de 26 años, y se convierte en la primera mujer en llegar a la Jefatura de Estado del país andino, tras vencer en el balotaje del 7 de junio al candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, por una diferencia de casi 50.000 votos.

La ceremonia de jura tendrá lugar en el hemiciclo del Congreso bicameral, con la presencia de jefes de Estado de la región, como el rey de España, Felipe VI; los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Fujimori, de 51 años, dará su primer mensaje a la Nación, a las 12:30 p.m., con una duración estimada de entre 45 minutos y una hora, y se estima que incluirá al menos seis anuncios concretos sobre seguridad ciudadana y reactivación económica.

Fujimori anunció este 27 de julio que Luis Galarreta será el nuevo presidente del Consejo de Ministros de su gobierno.

“El señor Galarreta contará con mi respaldo, con mi confianza, pero también con mi exigencia”, mencionó Fujimori, citada por el diario La República.

Galarreta dijo que el próximo Gobierno buscará mostrar resultados en sus primeros 100 días, con énfasis en la lucha contra la inseguridad ciudadana y las acciones frente al fenómeno de El Niño. Indicó que el equipo de transición ya sostuvo reuniones con los futuros titulares de los ministerios del Interior, Defensa, Economía, Transportes y Vivienda para definir las primeras medidas.

Fujimori también confirmó que Elmer Cuba estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y que Carlos Espá dirigirá el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se espera que, durante la presentación del resto del gabinete, Keiko Fujimori detalle las prioridades de cada sector y exponga los principales lineamientos con los que iniciará su gestión desde el 28 de julio.

La presencia de una numerosa delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por Landau, quien llegó a Lima el domingo por la tarde, marca la importancia que le asigna la Administración Trump al futuro gobierno de Fujimori.

La comitiva norteamericana está integrada por el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; el subsecretario de Comercio para Comercio Internacional, William Kimmitt; la consejera de la secretaria del Tesoro, Erin Browne, y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo.

Landau se reunió con Fujimori en la sede de San Isidro, y además de transmitirle la felicitación del gobierno de Trump, destacó la importancia de promover la seguridad en Perú y en la región.

Las autoridades chilenas detuvieron este sábado al exoficial del Ejército Nelson Haase Mazzei, el último condenado que permanecía prófugo por el secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara tras el golpe de Estado de 1973.

Haase Mazzei fue condenado a un total de 25 años y dos días de cárcel por el crimen de Jara y también por el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, informó el Poder Judicial.

Según la prensa local, el exmilitar se encontraba escondido en una localidad rural de la región de Los Lagos, 850 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

La Corte Suprema chilena confirmó en 2023 la sentencia contra Haase Mazzei y otros seis exmilitares por uno de los crímenes más simbólicos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Tras conocerse el fallo definitivo, Haase Mazzei fue uno de los condenados que no se presentó voluntariamente para cumplir la pena.

Otro de ellos, Hernán Chacón Soto, se quitó la vida cuando agentes policiales acudieron a notificarle la sentencia, mientras que el autor del disparo final que terminó con la vida de Jara, Pedro Barrientos, fue deportado en 2023 desde Estados Unidos, donde estuvo años oculto.

Referente de la “Nueva canción chilena” y autor de clásicos como “Te recuerdo, Amanda” y “El derecho de vivir en paz”, Jara fue detenido en la ex Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado que derrocó al Gobierno socialista y democrático de Salvador Allende.

Militante del Partido Comunista, el artista y activista fue trasladado y torturado en el entonces Estadio Chile -hoy rebautizado como Estadio Víctor Jara-, donde encerraron a más de 5.000 prisioneros, y su cuerpo fue encontrado el 16 de septiembre cerca del Cementerio Metropolitano, en la periferia capitalina.

Jara fue hallado y reconocido por vecinos de la zona, que entregaron el cuerpo a su viuda, Joan Jara, quien de forma clandestina logró que fuera enterrado.

En diciembre de 2009, la Justicia chilena ordenó la exhumación de sus restos que, 36 años después de su muerte, fueron enterrados en un homenaje oficial y masivo en el que participó la entonces presidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).

El régimen de Pinochet duró diecisiete años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, según cifras oficiales.

Con información de la agencia EFE

Por primera vez, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anticipó que no permitirá elecciones que pongan en riesgo la continuidad del oficialismo y ordenó al Parlamento preparar el marco legal para ello. Lo anunció el pasado domingo, en la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, en una inusual aparición pública.

Ortega, exguerrillero del Frente Sandinista que lideró la revolución contra la dictadura de los Somoza, acumula casi 20 años consecutivos en el poder. Tras perder varias elecciones en los 90, fue reelegido en 2007, pero desde entonces, su régimen ha derivado en un modelo cada vez más autoritario.

Desde las masivas protestas de 2018, donde murieron más de 300 personas, el régimen encarceló a miles de opositores, reprimió cualquier forma de disidencia, cerró medios de comunicación y envió a miles de personas al exilio, arrebatándoles la nacionalidad. Sin embargo, “el proceso de concentración del poder es previo y se va dando de forma gradual”, dice Carlos Malamud, investigador del Real Instituto El Cano.

Ya en 2016 el libro El régimen de Ortega advertía que el mandatario “ha consolidado un poder personal y familiar, como nadie antes en la historia moderna de Nicaragua, incluido los Somoza” y constituyó “un régimen sultanístico, en que la voluntad e intereses del sultán se confunden con los del Estado”.

En los últimos años, promovió varias reformas constitucionales para blindar su poder, la más profunda, en vigor desde febrero de 2025, modificó 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y aprobó, entre otros, instalar un “cogobierno” con su esposa Rosario Murillo, consolidar el Ejecutivo por encima del Parlamento y la Justicia, y alargar los mandatos presidenciales de cinco a seis años (las próximas elecciones deberían celebrarse en 2027).

Sería un cambio sustantivo en el tipo de régimen político de Nicaragua, que dejaría de ser, en lo formal, una democracia

Elvira Cuadra — Socióloga y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM)

Si la reforma anunciada hace unos días prospera, “sería un cambio sustantivo en el tipo de régimen político de Nicaragua, que dejaría de ser, en lo formal, una democracia”, dice la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) y coautora del libro. “Eso demandaría una interpretación distinta, otra lectura y también otras medidas de parte de la comunidad internacional”.

“Hasta ahora muy pocos regímenes del mundo, incluso autoritarios, han dicho que no celebrarán elecciones; las convocan aunque sean sesgadas o fraudulentas”, añade a este medio el académico de la Universitat de Girona Salvador Martí.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, deploró esta semana las nuevas medidas que, según alerta, restringen las libertades civiles y políticas en el país centroamericano y también advirtió que profundizan la erosión del Estado de derecho y del espacio democrático en el país. “El espacio cívico está prácticamente cerrado. La expresión independiente de ideas u opiniones se reprime de forma sistemática”, dijo su portavoz, Marta Hurtado. En 2023, un grupo de expertos que investigan para Naciones Unidas concluyó que el Gobierno nicaragüense cometió violaciones generalizadas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra la población civil por motivos políticos, con supuestos abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura, además de la privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.

“Una continuación de la dictadura de los Somoza”

El derecho a voto en Nicaragua se había logrado mantener desde los años 80, cuando se restableció, a pesar de “todas las dificultades e irregularidades”, dice Cuadra. Sin embargo, el nuevo anuncio, que “contradice” la Constitución nicaragüense, abre la puerta a eliminar lo que queda de ese formalismo. De concretarse, demostraría que a los copresidentes “ya no les importan” el costo político y el deterioro de la imagen internacional, añade Cuadra desde el exilio en Costa Rica. Para ella, las medidas de presión de la comunidad internacional sobre ellos “no han tenido efecto” porque han sido básicamente sanciones contra personas de su círculo de poder.

Los expertos recuerdan las últimas elecciones presidenciales de 2021, en las que los Ortega Murillo encarcelaron a todos los precandidatos opositores con posibilidades reales de disputarles el poder. El Gobierno de Ortega afirmó que él había ganado con el 76% de los votos.

El excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro fue uno de los más de 200 presos políticos que en febrero de 2023 fueron desterrados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad por “traidores” y “vendepatrias”. Considerado uno de los principales opositores al régimen y miembro de una de las familias más conocidas de Nicaragua –es sobrino de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997)–, el economista liberal cree que el escenario actual supone una “consolidación dictatorial con el robo sistemático de elecciones”.

A su juicio, Ortega “añora un sistema de partido único o hegemónico tipo Corea del Norte, donde las elecciones existen formalmente, pero no constituyen un mecanismo real para disputar el poder”.

El Parlamento, controlado por el orteguismo, ya anunció en un comunicado oficial que inició un plan de trabajo para preparar reformas a la Constitución y otras leyes para definir los pasos para “garantizar las bases jurídicas” de las reformas, aunque no se detalló qué modificaciones se van a realizar, cuándo ni cómo. “La dictadura de la dinastía Ortega viene a ser una continuación de la dictadura de la dinastía Somoza, con el interregno de la revolución sandinista, pero con líderes como este, evidentemente, la revolución fue sólo una mala pesadilla”, señala Malamud.

Oposición con limitaciones

Sin adversarios y con posibilidades muy limitadas de organizarse, parte de la oposición deposita sus esperanzas en algún quiebre interno del núcleo, aunque por ahora el régimen apunta a la continuidad del poder en manos de Murillo, de 74 años, y luego entregar el legado a alguno de sus hijos “en un régimen hereditario”, explica Martí, también investigador del CIDOB.

La dictadura de la dinastía Ortega viene a ser una continuación de la dictadura de la dinastía Somoza

Carlos Malamud — Investigador del Real Instituto El Cano

Dentro del círculo de poder de la pareja, sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con la sucesión familiar diseñada, por eso en el último tiempo ha habido purgas y acusaciones contra funcionarios cercanos. “Desde que está en curso ese proceso de sucesión dinástica ha habido una reestructuración de todo el círculo de poder”, apunta Cuadra. Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) recogidos por la prensa nicaragüense, al menos 4.000 trabajadores del sector público fueron despedidos por el régimen.

“El descontento es generalizado y muy profundo. Hay un sistema de vigilancia, de control y de temor sobre la gente que han impuesto y muchos ciudadanos fingen que están viviendo en condiciones de normalidad”, sostiene la socióloga.

“Un papel secundario”

Los opositores en el exilio esperan que la presión internacional allane el camino para una transición o la celebración de comicios. Tras las últimas declaraciones de Ortega, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que el Gobierno de Nicaragua “abandonó incluso la apariencia de consentimiento popular”, e instó a la comunidad internacional a “unir fuerzas” frente al matrimonio. Malamud señala que, en comparación con Venezuela o Cuba, para EE.UU. “Nicaragua tiene un papel secundario y su valor [geoestratégico] es menor”. Además, añade, en este momento Washington ya tiene varios frentes abiertos en la región y Medio Oriente.

“Esperamos un apoyo desde atrás al proceso de transición democrática liderado por nicaragüenses”, dice Chamorro, que cuenta que asegura que han hablado tanto de forma privada como en público con actores de EE.UU.

Martí explica que las presiones de la oposición a la Casa Blanca apuntan a la convocatoria de unas elecciones “competitivas” para 2027, en las que pueda concurrir el Frente Sandinista “pero sin Ortega ni Murillo como candidatos”.

Nicaragua suscribió el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) y, bajo ese marco, EE.UU. aplicó sanciones a Managua por abusos laborales y violaciones de derechos humanos, aunque no llegó a aplicar las máximas penas comerciales.

Cuadra sostiene que algunas medidas que podrían “golpear fuertemente al régimen” pasan por aplicar las cláusulas del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica que tienen que ver con el diálogo político y que establecen “condiciones claras” relacionadas con la democracia y los derechos humanos.

Más allá de si habrá convocatoria electoral en 2027 y si será o no competitiva, para los exiliados como Chamorro, con su polémico anuncio, Ortega “se quitó la máscara” porque –concluye– “dijo lo que siempre ha pensado”.

El presidente electo de Colombia, el radical de derecha Abelardo de la Espriella, pretende quebrar siglo y medio de tradición republicana. Quiere jurar su cargo el próximo 7 de agosto en un cuartel militar en una zona de conflicto al sur del país, a casi 600 kilómetros de la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá donde siempre se llevó a cabo. La respuesta del mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, fue enfática: no estrechará la mano de su sucesor.

En un último duelo de poder, además, prohibió usar instalaciones castrenses para la ceremonia antes de las 15.00 horas, momento en que dejará de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se trata de un encontronazo inédito que eleva al máximo la temperatura de un país ya fracturado tras las elecciones más reñidas de su historia reciente.

Popayán, capital del Cauca y epicentro de una violencia crónica, es uno de los escenarios de la discordia. Al exigir su investidura allí, De la Espriella envía un mensaje político desde un territorio cercado por disidencias guerrilleras, narcotraficantes y extorsiones que asfixian a la población y el comercio local. La Presidencia dejó claro el marco jurídico: solo el Congreso puede cambiar la sede de la toma de posesión, lo cual deja al Ejecutivo sin facultades para autorizar el traslado. Pero Petro también fijó su postura en redes sociales y advirtió que, mientras sea comandante de las Fuerzas Militares, ninguna base se prestará para una ceremonia que, a su juicio, no les corresponde albergar.

El gesto expone riesgos institucionales a los que apuntan juristas y analistas de distintas orillas. “Un presidente civil debe entregar el poder a otro presidente civil. Los militares no tienen por qué estar en el centro”, advierte Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional. Lo que más desconcierta al académico es la puesta en escena: “El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión”. Pero el contraste ha sido una de las marcas de De la Espriella desde la campaña presidencial: el abogado penalista que moldeó su carrera y su fortuna en los estrados judiciales se rodeó de militares retirados y reservistas, y se publicitó con sus saludos de visera y juramentos a la bandera.

El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión

Mauricio García Villegas — Profesor de la Universidad Nacional

Para la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares para la paz y la reconciliación, el traslado de la posesión a un cuartel invierte la lógica republicana: subordina el poder civil a un escenario dominado por las armas. “Ahí conviven dos mensajes que se anulan”, dice. Por un lado, el homenaje a las Fuerzas; por otro, el desdén por el Congreso de la República. Y es justo allí donde De la Espriella necesita asegurar apoyos para su coalición y, en paralelo, se trata del único órgano con potestad para autorizar un cambio de sede.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny rescataba el domingo en El Espectador una lección esencial sobre la salud democrática del país: la liturgia presidencial en Colombia ya tiene sus propios tiempos, ya que existe una ceremonia posterior a la investidura en la que las Fuerzas Militares reconocen en el acuartelamiento a su nuevo jefe. Luego la comparaba con el modelo estadounidense. Los tres generales que llegaron a ocupar la Casa Blanca –Washington, Grant y Eisenhower– jamás volvieron a vestir el uniforme, nunca retomaron el saludo militar y menos aún contemplaron jurar el cargo en una guarnición. Aquellos hombres entendían perfectamente que la verdadera legitimidad de su poder nacía de las urnas y no de las armas.

Los militares, incómodos

La región del Cauca es, quizá, el mejor termómetro del fracaso acumulado del Estado colombiano. Tras el acuerdo de paz de 2016, que desmovilizó las FARC, dos estrategias presidenciales antagónicas buscaron institucionalizar el vacío territorial dejado por la guerrilla. El conservador Iván Duque (2018-2022) optó por una ofensiva total. Acto seguido, Gustavo Petro (2022-2026) impulsó un modelo de negociación con todos los grupos violentos en paralelo bajo el rótulo de la “paz total”. Los dos enfoques fallaron, según los analistas, y en el último cuatrienio las mafias usaron los ceses al fuego para expandirse. “Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla”, resume Laura Bonilla. “No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que, al parecer, nada sirve”.

Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla. No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que al parecer nada sirve

Laura Bonilla — Subdirectora de la Fundación Pares

Los más incómodos con el plan de la ceremonia en el Cauca, de hecho, podrían ser los propios homenajeados por De la Espriella. El Ejército colombiano carga con varias deudas históricas que condicionan su papel público. Arrastra, por ejemplo, el lastre de los mal llamados falsos positivos: más de 6.402 civiles ejecutados y camuflados como bajas guerrilleras, según la justicia transicional. Solo así se entiende que ahora midan cada paso que dan.

Desde hace unos años, señalan los analistas, los mandos extremaron precauciones. En los cuarteles arraigó lo que Bonilla describe como “obediencia reflexiva”, y los altos oficiales advierten con severidad a sus subalternos sobre los límites legales de sus operativos o acciones. Pedro Medellín, politólogo y profesor de la Universidad Nacional, matiza y recuerda, en todo caso, que la responsabilidad no fue solo castrense: distintos gobiernos civiles presionaron para lograr resultados y, cuando surgieron los escándalos porque se extralimitaron en sus funciones o violaron los derechos humanos, gran parte de la carga política y penal recayó en los uniformados.

Por eso, este turbulento traspaso de poderes dejó una paradoja institucional que Medellín subraya: “Ver a los militares defendiendo los resultados electorales y exigiendo al gobierno civil que cumpla con los principios de la democracia es un hecho que fortalece el sistema”. Al mismo hilo recuerda que, hace unas semanas, cuando Petro deslizó la idea de no reconocer la derrota electoral de su candidato, Iván Cepeda, fue su propio Ministro de Defensa quien garantizó públicamente que el relevo se haría bajo el imperio de la ley. “No es un cheque en blanco”, zanja Bonilla. “Ningún presidente en Colombia ha logrado apropiarse del todo de las Fuerzas Militares”, recuerda.

Egolatría frente a seguridad

Un dato electoral suma simbolismo: el sureño departamento del Cauca votó mayoritariamente en contra del proyecto radical De la Espriella. El candidato, de 48 años, perdió allí de forma contundente en unas elecciones tan ajustadas que la diferencia nacional se resolvió, en buena medida, por los votos de los colombianos en el exterior. “Es un mensaje de golpe de mano en una zona adversa”, interpreta Bonilla. La analista, no obstante, relativiza el impacto operativo: ningún grupo criminal va a retroceder porque la toma de posesión ocurra en una guarnición. El valor práctico del mensaje, agrega, favorece más al “ego” del mandatario electo que la seguridad real de la región, marcada por las economías cocaleras, los conflictos sociales y la salida estratégica al océano Pacífico.

Ahora queda por ver dónde se celebrará la ceremonia. La vía legal aún existe, pero es angosta: el nuevo Congreso tiene menos de tres semanas para aprobar el traslado de la toma de posesión fuera de Bogotá, un hito inédito en las investiduras colombianas. Incluso si Senado y Cámara alcanzaran un acuerdo, el último candado administrativo y logístico estaría, mientras Petro permanezca en funciones, en la decisión del Ejecutivo. Y del alto mando militar. Uprimny avisa de un tercer frente: el acto podría ser impugnado ante los tribunales por desconocer principios constitucionales que ordenan jurar ante el Congreso. Bonilla, habituada a los pulsos institucionales del país, lo interpreta con realismo: “Es bastante improbable que ocurra”.

Sea en una guarnición regional o en la Plaza de Bolívar de Bogotá, rodeada por el Palacio de Justicia o el Capitolio Nacional, algo ya se ha roto. A menos de dos semanas del relevo, Colombia sabe que su presidente saliente y el entrante no se darán la mano, un viejo gesto de convivencia y valor civil: el progresista considera ilegítimo al sucesor, mientras el ultra de derecha tilda de criminal al mandatario que se va. La banda presidencial cambiará de pecho, de todos modos, pero, como señala el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez, la idea de mudar la toma de posesión del ámbito civil al militar deja un mensaje inquietante: el de la primacía “de la fuerza sobre la ley”.

Un grupo de diputados de la ultraderecha chilena presentó un proyecto de ley para que las mujeres que quieran abortar tengan “oportunidad de escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal” antes de la interrupción del embarazo, lo que generó controversia en las últimas horas.

La iniciativa legislativa, bautizada como “Escucha tu corazón”, fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano, fundado por el presidente José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, entre otros.

El proyecto busca modificar el Código Sanitario para que los médicos, antes de realizar un aborto, informen a las mujeres sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le ofrezcan “la oportunidad de escucharla”.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 solo en tres causales: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

Según lo que establece el texto, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” y dejarlo registrado por escrito en su ficha clínica.

“No puede haber algo menos ideológico que un latido de un bebé y una ley que permita que su latido se escuche antes de su muerte”, argumentan los parlamentarios de extrema derecha en el proyecto de ley.

Un proyecto “cruel”

Desde las organizaciones feministas, calificaron el proyecto de “cruel” y lo definieron como “una herramienta de disuasión ideológica que instrumentaliza el sistema de salud pública para invalidar la autonomía de mujeres y niñas”.

“En los últimos años hemos visto cómo sectores de la derecha chilena han ido adoptando estrategias y discursos impulsados por movimientos ultraconservadores internacionales”, indicó a medios la directora de la Corporación Miles, Javiera Canales.

La iniciativa, de hecho, no es pionera y ya fue adoptada en 2022 en Hungría, durante el mandato de Viktor Orbán, o en la región española de Castilla-León, donde gobierna una coalición de los partidos Vox y PP.

El proyecto legislativo también lo criticó Antonia Orellana, exministra de la Mujer del Gobierno progresista de Gabriel Boric, quien se preguntó en una carta publicada en sus redes si “realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá”.

Kast, declarado antiabortista y padre de nueve hijos, prometió en campaña no dar la “batalla cultural” y centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la economía.

La actual ministra de la Mujer, Judith Marín, conocida por su beligerante posición antiabortista, aún no se pronunció sobre la polémica medida, pero desde el Ejecutivo indican que es una iniciativa parlamentaria y no gubernamental.

Con información de la agencia EFE

El gobierno de Venezuela elevó este lunes a 3.535 la cifra de personas fallecidas por los terremotos que sacudieron el norte del país el 24 de junio, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a los damnificados. En paralelo, una organización no gubernamental estimó que las pérdidas económicas y el costo de la reconstrucción podrían alcanzar los US$ 37.000 millones, una cifra equivalente a cerca del 40% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de víctimas fatales aumentó en 193 respecto del balance difundido el domingo. Además, reportó 16.740 personas heridas, 6.462 rescatadas y 25.016 pacientes asistidos como consecuencia de los sismos.

Según el parte oficial, 17.854 personas permanecen sin vivienda, ya sea porque sus casas colapsaron, sufrieron daños estructurales o aún se evalúa si son habitables. Para atender esa situación, el gobierno instaló 82 campamentos transitorios.

En las tareas de emergencia participan 29.567 efectivos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, junto con 27.930 voluntarios civiles. Las autoridades informaron además que ya distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos entre 86.794 familias afectadas.

La plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, que reúne reportes sobre personas cuyo paradero aún se desconoce, indicó este lunes que el número de casos sin contacto descendió a 30.229.

La reconstrucción podría costar US$ 37.000 millones

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) estimó que las pérdidas económicas y las tareas de reconstrucción demandarán alrededor de US$ 37.000 millones.

La organización sostuvo que esa cifra representa “casi el 40% del PBI actual” de Venezuela y advirtió que la magnitud del desastre requerirá financiamiento internacional.

En ese sentido, planteó la necesidad de que organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF participen en la planificación y el financiamiento de la reconstrucción, con el objetivo de evitar un mayor deterioro de la situación económica y social del país.

El Gobierno llamó a la unidad

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó las versiones sobre un eventual estallido social a raíz de la catástrofe y afirmó que la respuesta de la población demuestra “una solidaridad profunda”.

“No habrá un estallido social”, aseguró durante un acto en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde llamó a dejar de lado las divisiones y convocó a la población a mantenerse unida frente a la emergencia.

Estados Unidos ratificó el envío de asistencia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó el respaldo de Washington a Venezuela y destacó el despliegue de equipos de búsqueda y rescate enviado tras los terremotos.

Según informó el Departamento de Estado, participaron brigadas especializadas de los condados de Fairfax, Los Ángeles, Miami-Dade y de la Ciudad de Miami, con el objetivo de colaborar en las tareas de emergencia y recuperación.

Por otra parte, el Comando Sur informó que efectivos de la Infantería de Marina de Estados Unidos trabajan desde el 1 de julio junto a controladores aéreos venezolanos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.

De acuerdo con ese organismo, el personal estadounidense colabora en la operación de la torre de control y en la logística aeroportuaria para agilizar el ingreso y la distribución de suministros, equipos y personal humanitario destinado a las zonas afectadas.