España vuelve a ir al choque con Italia. El gobierno de Pedro Sánchez decidió este viernes imponer de manera temporal controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de Italia país en respuesta a la negativa del Ejecutivo de Giorgia Meloni de levantar los suyos, reintroducidos desde la crisis de Ceuta.

Estos controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad –pasaporte– y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia, según explican fuentes de la Moncloa.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que haya “un cambio en las circunstancias” que han motivado su adopción.

La jornada de este viernes fue un cruce de comunicados. El primero del Ejecutivo español llegó al mediodía, con un ultimátum: fuera los controles en Italia a viajeros que proceden de España o se tomarán “medidas proporcionales”. Meloni replicó unas horas después, elevando el tono. No solo decidió que mantendría las restricciones, sino que respondió a España que “no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

Dado que Italia conservará esas medidas hasta tener la seguridad de que “no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo”, España respondió en torno a las 21.00 (hora local) que aplicará las mismas medidas “ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”.

Una medida que España ve injustificada

El choque entre ambos países, vecinos y socios europeos, se desató tras la entrada en suelo español de 72.000 personas por la frontera entre Marruecos y Ceuta. En plena crisis y con la ciudad autónoma colapsada, Italia promovió un escrito de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez y llegó a plantear incluso la exclusión española del espacio Schengen de libre circulación. España recibió ese movimiento como una declaración de hostilidades y una deslealtad.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, recriminó este viernes el Gobierno español en el mismo escrito de advertencia a Meloni.

En el tren de Casablanca a Tánger, en la misma tarde del cruce de decenas de miles de personas hacia Ceuta el pasado jueves 30 de julio, dos jóvenes sujetan el móvil en la mano. No llevan nada más, solamente una pequeña bolsa verde repleta de botellas de agua, pan y galletas de chocolate. Un celular, comida de aprovisionamiento y una misión que queda clara al escuchar los sonidos que emiten sus dispositivos: sirenas de ambulancias y coches policiales, jóvenes al grito de “¡Haraga!” unido a un scrolling infinito en redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok.

En la noche del jueves al viernes, todos los celulares apuntan hacia la columna de fuego que se formó cerca del paso fronterizo hacia Ceuta. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad marroquíes y los jóvenes terminaron con la quema de vehículos, entre ellos varios taxis, coches privados y un autobús. Las redes no tardan en prenderse también con esas imágenes. Todas ellas acompañadas de eslóganes, que ya son más que habituales en estos días, como ‘Haraga Fnideq’, que se traduce del árabe como “quemar Castillejos”, en alusión a la ciudad marroquí más cercana a la frontera ceutí y principal punto de concentración de los jóvenes. Al día siguiente, los que pueden, y se atreven, se suben al autobús incendiado, mientras otros solo posan delante de él. Selfie, Facebook, publicar.

“¿Y cómo te has enterado de este cruce?”. Preguntados por elDiario.es, todo el mundo menciona las redes. “Lo vi en Instagram”; “lo anunciaron en un grupo de Facebook”; “me lo pasó una amiga por TikTok”. Una y otra vez. Los datos ayudan a medir la dimensión de esta movilización digital. Algunas fuentes han contabilizado hasta cinco grupos de Facebook, que más tarde se eliminaron, que reunían a un total de 250.000 usuarios, y a través de etiquetas como #fnideq, #ceuta, #hrafa o #hjima se difundieron mapas, rutas marítimas, consejos para el trayecto y hasta anuncios de venta de trajes de neopreno.

Maldita.es, por su parte, analizó más de 1.1000 publicaciones en árabe difundidas en Facebook ente el 8 y el 31 de julio que relacionaban Ceuta con una sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones de quienes llegaran a nado al enclave ceutí. Esas publicaciones acumularon más de 150.000 reacciones, 14.000 comentarios y 7.000 republicaciones. Sobre el terreno, elDiario.es no ha constatado que ninguno de los jóvenes entrevistados tuviera información sobre la decisión del Tribunal Supremo.

Para muchos, el cruce terminó en tragedia. Al menos 141 personas han fallecido a ambos lados de la frontera, según el recuento de la ONG Caminando Fronteras, que está haciendo un seguimiento de la situación.

De indicar el camino a buscar desaparecidos

Las redes no desempeñaron una única función, cada una ocupó un rol diferente en el llamado a cruzar la frontera. Facebook, por ejemplo, funcionó como el gran escaparate de la movilización, donde se intercambiaron testimonios de quienes aseguraban ya haber cruzado y enlaces para acceder a grupos privados en WhatsApp. Una vez en la plataforma de mensajería instantánea, las conversaciones hablaban de horarios, transporte, puntos de salida, vigilancia policial y aprovisionamientos.

Por su parte, Instagram y TikTok aportaron la dimensión visual y de la experiencia migratoria. Un joven publicó en su perfil tres vídeos con tres partes de su ruta hasta Ceuta, donde contaba cómo sortear los controles policiales y recomendaciones de comida y material para sobrevivir la noche. Como este joven, otros tantos utilizan la red para validar su experiencia y, en el mejor de los casos, mostrar un resultado exitoso con vídeos y fotografías desde el otro lado del confín.

Esas mismas redes que en su momento orientaron el camino hacia Ceuta, han adquirido ahora la función opuesta. En algunas plataformas como Tetuan Tube las familias de los desaparecidos aprovechan para difundir fotografías de sus familiares desaparecidos: hijos, hijas, hermanos, sobrinos o amigas, las imágenes de decenas de personas han tomado las pantallas acompañadas de sus nombres, apellidos, edad y lugar de nacimiento.

El 15 de agosto, otra fecha en el calendario digital

El final del cruce no ha supuesto el final de las convocatorias. Antes incluso de que se conozca el balance definitivo de fallecidos y desaparecidos, una nueva fecha ha comenzado a circular en redes sociales: el 15 de agosto de 2026.

“El 15 todo el mundo entra”, anuncian algunos de los mensajes, mientras que otros proponen adelantarse para evitar el refuerzo de la presencia policial a las puertas de Ceuta. En Instagram, decenas de jóvenes colocan la fecha sobre sus propias fotografías, donde algunos difuminan sus rostros, y acompañan las publicaciones con alusiones a Fnideq.

Haraga es el plural de harrag, una palabra originaria del árabe magrebí vinculada al verbo “quemar”. Tradicionalmente, ha hecho referencia a quienes “queman” sus documentos o las fronteras administrativas y emprenden el viaje hacia Europa irregularmente, sin visado ni autorización. Hoy, el término transciende a una identidad colectiva, un hashtag y una consigna.

El fenómeno vivido estos días en la frontera con Ceuta tiene un precedente cercano. En septiembre de 2024 las redes sociales del país se llenaron durante semanas de publicaciones que convocaban a jóvenes a desplazarse masivamente hasta Fnideq para intentar cruzar hacia Ceuta. La fecha circuló como una llamada colectiva. Entonces, elDiario.es documentó sobre el terreno como muchos de los jóvenes habían llegado desde otras ciudades de Marruecos después de conocer la convocatoria a través de internet. Dos años después, la historia se repite.

Hace una semana, el presidente estadounidense anunció un acuerdo que calificó de “HISTÓRICO” para el “DESARME COMPLETO” de Hamas. No es la primera vez que Donald Trump hace un anuncio rimbombante de este tipo, con la promesa de terminar con el conflicto en Gaza y en toda la región: “Este es un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas”, aseguró en su red Truth Social.

Sin embargo, ese acuerdo “histórico” puede quedar reducido a un mero documento sin efectos sobre el terreno –como el plan de 20 puntos de Trump que el pasado mes de octubre cerró en falso la guerra de Gaza–, después de la negativa de Israel a aceptar lo acordado a lo largo de semanas de negociaciones en El Cairo entre el grupo palestino Hamas, los representantes de la Junta de Paz (liderada por el mismo Trump) y los mediadores (Egipto, Qatar y Turquía).

Tras el anuncio del republicano, Hamas afirmó rápidamente su compromiso con el acuerdo, que no es más que el paso a la segunda fase del plan de 20 puntos. El movimiento islamista ya dio varios pasos para su implementación en los pasados meses. Ahora aceptó entregar las “armas pesadas”, siempre y cuando Israel “cese todas las formas de agresión” y retire sus tropas de la Franja de Gaza, y se dé comienzo a “la reconstrucción” del territorio palestino, devastado por dos años de una brutal ofensiva, en la que fueron asesinados más de 73.000 palestinos.

Según Trump, “cuando el desarme se complete, las fuerzas israelíes se retirarán”, aunque esa no es la secuencia que dijo haber pactado Hamas, cuyos representantes defendieron en todo momento el fin de la agresión israelí antes del desarme. La discrepancia en la secuencia de la aplicación del acuerdo fue aclarada por la Junta de Paz posteriormente, pero el principal obstáculo es que Israel no dio su visto bueno al acuerdo y reiteró que no va a desocupar la Franja de Gaza.

Días después del anuncio de Trump –en los que Israel aumentó sus bombardeos sobre la Franja y mató a 19 personas sólo entre el domingo y el lunes pasados–, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que su Gobierno no aceptó el acuerdo. “Nos mandaron un borrador [desde EE.UU.]. No estamos de acuerdo. No es nuestro borrador, enviamos nuestros comentarios” de vuelta a Washington, dijo Netanyahu –a quien Trump llama cariñosamente Bibi– en un video difundido en sus redes sociales.

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo de alto el fuego

de octubre de 2025

Jerusalén

N

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ampliada

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DE GAZA

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3,5 km

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LAHIA

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de Gaza

BEIT

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1,5 km

BUREIJ

Wadi Gaza

Franja

de Gaza

DEIR AL

BALAH

Paso de

Kissufim

JAN YUNIS

ISRAEL

6,5 km

2,5 km

EGIPTO

RAFAH

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo

de alto el fuego de octubre de 2025

Jerusalén

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ampliada

2 km

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de Gaza

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Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

Netanyahu confirmó algo que se puede deducir fácilmente de la actuación del ejército israelí en Gaza: las tropas no se van a retirar del territorio que ocupan y que redujeron a un desierto (más del 60% de la Franja). “No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamas esté completamente desarmado”, afirmó en ese vídeo.

De hecho, el ejército está levantando una gran barrera de tierra para delimitar la zona que controla en Gaza, incluso más allá de la llamada Línea Amarilla. Esa fue la línea que marcó el repliegue de las tropas cuando entró en vigor el alto el fuego en Gaza, en octubre de 2025, pero desde entonces Israel expandió sus dominios en más del 10% del territorio.

El plan de 20 puntos de Trump –que Tel Aviv acató– fijaba una segunda línea de repliegue y, finalmente, la retirada casi total de la Franja, excepto una “zona de amortiguación” en el perímetro del enclave costero. Esa hoja de ruta también especificaba que “Israel no ocupará ni anexionará Gaza” y EE.UU. se mostró muchas veces en contra de esa posibilidad. Sin embargo, no presionó a Netanyahu para que vuelva a la Línea Amarilla original.

Los cálculos electorales de Netanyahu

“El actual Gobierno no quiere retirarse de Gaza, quiere volver a establecer asentamientos allí”, afirma la profesora de Ciencias Políticas Ilana Shpaizman, de la Universidad de Bar Ilan de Israel.

Recientemente, varios ministros de Netanyahu participaron en una marcha de colonos judíos junto a la valla fronteriza de la Franja para exigir el regreso de las colonias israelíes al territorio palestino (Tel Aviv decidió desmantelarlas en 2005). Shpaizman considera que Netanyahu nunca quiso plantear ninguna alternativa para “el día después” de la guerra en Gaza debido a sus socios de coalición, entre los que hay ultranacionalistas judíos y ultraortodoxos, que abogaron por la expulsión de los palestinos de Gaza, su aniquilación con bombas y con hambre y la vuelta de los colonos hebreos.

“Va a hacer todo lo posible para no retirarse, a menos que sea presionado por EE.UU.”, agrega la profesora. Además, destaca que “todo lo que hace Netanyahu tiene motivos electorales, desde el principio de la guerra” contra Gaza, en octubre de 2023, en respuesta al ataque de Hamas del día 7 de ese mes (en el que los milicianos palestinos mataron a más de 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en el sur de Israel).

Israel va a hacer todo lo posible para no retirarse, a menos que sea presionado por EE.UU.

Ilana Shpaizman — profesora de Ciencias Políticas

Con las elecciones generales fijadas para el próximo 27 de octubre, el primer ministro busca mantenerse en el poder otros cuatro años, a pesar de no haber rendido cuentas ni por la gestión del ataque del 7 de octubre ni por el genocidio en Gaza. A nivel interno, su popularidad no se vio tan resentida por el prolongado conflicto en múltiples frentes –Líbano, Siria, Irán–, pero las encuestas indican que le sería difícil volver a sumar los apoyos necesarios para formar gobierno.

Shpaizman apunta que “lo que ocurra después de las elecciones dependerá de la composición de la coalición gobernante, si va a ser más o menos derechista” de la actual, considerada la más ultra de la breve historia del Estado judío. Ningún partido obtendrá una mayoría clara para gobernar y los rivales de Netanyahu no tienen una postura muy diferente respecto a los territorios palestinos ocupados, ni Gaza ni Cisjordania.

“Ahora mismo, la mayoría de los partidos no presentan ninguna sugerencia ni soluciones concretas sobre la situación en Gaza”, agrega la experta en coaliciones de gobierno y procesos políticos. “Creo que, si EE.UU. presiona, cualquier gobierno se retirará [de Gaza], pero la presión tiene que ser suficientemente fuerte para que lo haga”, concluye.

La presión, aunque limitada, vino de la mano del alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov, que se reunió con el primer ministro israelí el lunes de esta semana y, según algunos medios locales, le pidió que detuviera los ataques contra la Franja para facilitar el trabajo de su equipo y de los mediadores. Según una fuente citada por el periódico Haaretz, el ambiente durante el encuentro fue “desagradable”.

Mladenov dijo después de reunirse con Netanyahu que había sido “un día largo en Jerusalén” y admitió que era el comienzo de “la fase difícil”. “Gran parte de lo que hacemos ahora no es espectacular. Es un trabajo lento, arduo y técnico”, afirmó en X.

El alto representante, que responde directamente ante Trump, había criticado durante el fin de semana los “dos días de ataques en Gaza que mataron a civiles y destruyeron suministros médicos de los que depende la gente”. “Mi equipo y yo trabajamos sin descanso con las partes, los mediadores y los socios regionales para reducir la tensión y crear las condiciones necesarias para la plena implementación del plan del presidente [Trump]”, escribió Mladenov.

La Junta de Trump se alinea con Israel

Desde el lunes por la noche, tras las supuestas presiones de Mladenov, Israel redujo sus ataques contra Gaza. La radio asociada al Ejército israelí, Galatz, anunció el martes que todos los ataques en la Franja tendrían que ser aprobados, a partir de ese momento, por el jefe del Estado Mayor y no por el comandante de división, lo cual indica un mayor reparo a la hora de enfadar a la Junta o al propio Trump. Galatz señaló además que se había registrado una “reducción” de los bombardeos israelíes que respondería directamente a ese cambio de procedimiento, según la Agencia EFE.

Si las supuestas presiones de Mladenov lograron reducir los ataques israelíes, también es evidente que el enviado especial recibió presiones de Israel para que asumiera la versión de la secuencia que Netanyahu defiende –que, en última instancia, podría acabar boicoteando la aplicación del acuerdo, porque es difícil que Hamas acepte desarmarse por completo sin un repliegue, al menos parcial, de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)–.

Después de la reunión entre los dos, la Junta de Paz emitió el siguiente comunicado: “Señalamos que la retirada de las FDI desde la ‘Línea Amarilla’ solo se llevará a cabo una vez completado el desarme, tal como Hamás se comprometió ante los mediadores. Esto se aplica por igual a las armas ligeras, a las armas pesadas y a los túneles”.

Lo que ocurra después de las elecciones de octubre dependerá de la composición de la coalición gobernante, si va a ser más o menos derechista de la actual

Ilana Shpaizman — profesora de Ciencias Políticas

La Junta explicó que el proceso estará supervisado por dos nuevas entidades, que aún no han sido formadas. Por una parte, la Fuerza de Estabilización Internacional (ISF, por sus siglas en inglés): una fuerza multinacional de unos 20.000 efectivos que, por el momento, podría contar con tropas marroquíes, kosovares y ugandesas, después de que otros países se hayan echado para atrás. Por otra parte, el Comité de Verificación de la Implementación, en el que habrá representantes de EE.UU., la Junta de Paz, la ISF y los países mediadores. Ambos estarán bajo el mando de la Junta y, por tanto, de Trump.

Sin embargo, la aplicación del desarme estará a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza, un comité tecnócrata que fue constituido a principios de año y que debería actuar como nuevo gobierno en la Franja, siempre con base en el plan de 20 puntos de Trump. A principios de julio, Hamas anunció la entrega de la gestión de la administración gazatí al NCAG (por sus siglas en inglés) que, en esta segunda fase, debería de tener especial protagonismo, si Israel le permite acceder a Gaza, algo que no ha permitido hasta el momento.

Hamas estuvo negociando en los pasados meses para conseguir una concesión: no entregar las armas directamente a Israel. Por tanto, es de gran importancia para el proceso de desarme que exista un actor palestino que recolecte las armas y así lo recoge el acuerdo alcanzado recientemente en El Cairo. Ese mismo texto establece que la secuencia de las distintas fases se tendrá que detallar en una hoja de ruta que se diseñará tras la aprobación del acuerdo por las dos partes –algo que Israel no parece tener la intención de hacer, probablemente hasta las elecciones de octubre–.

El Gobierno mantiene el dispositivo desplegado en Ceuta y estrecha la coordinación con Marruecos ante un nuevo llamamiento masivo en redes sociales y otros canales para organizar un cruce a España similar al del pasado 31 de julio, cuando atravesaron la frontera y llegaron a suelo español 72.000 personas, según datos oficiales. Aunque la Seguridad del Estado da plena credibilidad a esos mensajes difundidos en grupos de WhatsApp, Facebook y en publicaciones en Instagram, desde el Ejecutivo rebajan la alarma y creen “muy poco probable” que un episodio de tal magnitud sea posible en estos momentos.

“Estamos en permanente contacto con Marruecos y ambos gobiernos ya estamos sobre aviso”, trasladan desde el Ejecutivo, desde donde mandan un mensaje de calma. “Nada hace prever que algo ni remotamente parecido pueda ocurrir otra vez. No hemos bajado la guardia y estamos en plena coordinación con el gobierno marroquí”, subrayan esas mismas fuentes.

En las últimas horas han corrido como la pólvora mensajes parecidos a los que circularon los días previos por redes sociales y que llegaron a convencer a decenas de miles de personas de jugarse la vida para cruzar a Ceuta. Muchos de ellos hacen referencia al próximo 15 de agosto como fecha para sortear la frontera. Aunque algunos mensajes en grupos de WhatsApp proponen adelantarlo a “antes del 15, porque ese día habrá demasiada gente”, según los chats a los que ha accedido Maldita.es y ha publicado este periódico. En el Gobierno consta, incluso, que algunas publicaciones se refieren también a este próximo fin de semana.

Pero según el Ejecutivo español, todos los mecanismos de vigilancia y alerta desplegados tras la crisis de la semana pasada continúan activos. Los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores y Migraciones mantienen reuniones periódicas para compartir información y también interlocución directa con sus homólogos marroquíes, que reportan planes específicos de controles fronterizos en suelo marroquí e incluso medidas preventivas excepcionales, como cortes de tráfico o desvíos de carreteras que impidan la vía libre que se encontró hacia la frontera el 31 de julio.

“Todo se verá el 15 de agosto”

Según la información publicada por Maldita en elDiario.es, en Instagram las publicaciones entremezclan perfiles personales con otros dedicados específicamente a contar cómo cruzar la frontera. La mayoría comparten sus fotos con la fecha del 15 de agosto de 2026 e incluyen etiquetas como “Fenideq”, “Fnidaq”, o “FENIDG CEUTA” para indicar el punto de salida, Castillejos (Marruecos), y la frase “todo se verá/aparecerá ese día”.

Muchos de los perfiles identificados nunca habían publicado sobre migración y lo hicieron por primera vez entre el 31 de julio y el 3 de agosto. Los comentarios se centran en darles ánimos y pedir cuidado y precaución, mientras otros usuarios comparten sus números de teléfono y piden ser añadidos en los canales de WhatsApp.

En un grupo en Facebook llamado ‘Alhucemas, puerta de Ceuta’, un usuario escribió el pasado 3 de agosto un mensaje explícito: “Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”. Una fecha que ya sonaba desde el propio 31 de julio: “¿Qué sucederá el día 15/8/2026?”, escribió otro usuario anónimo el 31 de julio de 2026 a las 8:52 de la mañana (hora peninsular española). “¿Cuál es el plan del 15/8?”, escribe otro, a lo que otro integrante del grupo responde pidiendo precaución: “Tened cuidado, esto no es un ataque al azar. Esto no es lo mismo que la destrucción de ayer”.

En un grupo de Telegram al que también accedió Maldita.es, un usuario pide redirigir la conversación a chats privados: “Hermanos, hay un golpe antes del 15; el día 15 estará demasiado lleno. Quien quiera ir, que envíe un mensaje privado”. A lo que otros integrantes responden con mensajes de voz en los que se mencionan “cortes” entre Marruecos y España, cierres en las fronteras, avisos de una mayor presencia policial y advertencias de que no encontrarán ayuda para cruzar. “Hermanos, ¿cuánto mide la red de abajo donde pusieron una barrera entre Ceuta y Fnideq [Castillejos] para el que quiera sumergirse?”, pregunta otro usuario en un audio por la barrera flotante que ha instalado el Gobierno español en el espigón del Tarajal.

Ceuta pide blindar la frontera

Mientras cientos de menores continúan en las calles de Ceuta a la espera de recibir agua, comida y de ser filiados para acceder al sistema de acogida al que tienen derecho, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide el “blindaje” de la frontera común con Marruecos y mayor dotación de medios personales y materiales“.

“Nuestra población se siente triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada. Y tiene motivos, porque es inevitable preguntarse si esto no se producirá en otro momento, y ese será el definitivo para la caída al abismo”, dijo en su intervención ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

En esa cita, el mandatario ceutí comenzó defendiendo que en su ciudad ha habido una “invasión” y que, según el diccionario de la Real Academia Española, “por invasión debe entenderse en su segunda acepción la ocupación anómala o irregular de un determinado lugar”. Según el Gobierno, 70.000 de las 72.000 personas que cruzaron el 31 de julio ya han vuelto a Marruecos y solo quedan en suelo español 2.000, gran parte de ellos menores de edad.

Durante años, enfrentarse abiertamente al Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) era prácticamente un suicidio político. Tanto demócratas como republicanos habían recibido dinero del mayor lobby proisraelí que, en las últimas décadas, también se convirtió en un gigante capaz de impulsar o derrocar a candidatos de ambos partidos.

En las elecciones presidenciales de 2024 fue uno de los principales motivos por el que los demócratas evitaron poner la guerra de Gaza en el centro del debate. Pero el nuevo ciclo electoral de este año está demostrando que AIPAC ya no es intocable.

La victoria del candidato demócrata progresista Abdul El-Sayed en Michigan es la última constatación de que el muro de contención construido por el grupo de presión proisraelí empieza a resquebrajarse, especialmente dentro del Partido Demócrata.

AIPAC hizo la mayor inversión de su historia, al menos 32 millones de dólares, según el New York Times, en una sola contienda electoral para intentar hundir al candidato de 41 años, médico y musulmán, y fracasó. El miércoles por la mañana, después de un ajustado recuento, el hijo de inmigrantes egipcios se imponía a la candidata Haley Stevens, quien había sido respaldada por el grupo proisraelí y el establishment demócrata.

Michigan es el último gran revés que sufre AIPAC, posiblemente el más humillante por la ingente cantidad de dinero gastada en anuncios contra El-Sayed y a favor de Stevens, sin obtener el resultado deseado. Pero no es la única carrera donde el lobby proisraelí constató que, poco a poco, está perdiendo su poder e, incluso, los candidatos a los que bendice, terminan perdiendo. En las elecciones a la alcaldía de Nueva York el año pasado, el socialista Zohran Mamdani ya abrió camino, tras convertir la crítica al genocidio israelí en Gaza y el rechazo al AIPAC en una de sus mayores bazas políticas.

De Nueva York a Illinois

En las primarias de Nueva York, los candidatos socialistas respaldados por los Socialistas Democráticos de América (DSA) también lograron ganar con la misma estrategia. En Colorado, Melat Kiros –respaldada por DSA– desbancó a la veterana Diana DeGette, quien también contaba con la financiación de AIPAC. La organización proisraelí había donado indirectamente más de un millón de dólares a DeGette con el fin de silenciar las críticas de Kiros al Estado hebreo.

En marzo, durante el ciclo de primarias de Illinois, este giro anti-AIPAC ya se hacía evidente. Nunca antes el grupo de presión había estado tan el centro del debate político. En la contienda, los grupos vinculados a AIPAC gastaron aproximadamente 20 millones de dólares en cuatro contiendas para colocar a sus candidatos en la Cámara de Representantes, ganando dos y perdiendo las otras dos.

El lobby proisraelí tuvo que disimular parte de sus gastos a través de nuevas plataformas de financiación de campañas (llamadas super PAC) que creó con nombres inocuos y sin relación entre sí, como por ejemplo, Elect Chicago Women y Chicago Progressive Partnership. No fue hasta que ya se supieron los resultados en Illinois que el grupo reveló su participación a través de esas nuevas organizaciones.

Algo muy distinto de lo que se vivió en el ciclo de 2024, cuando AIPAC iba con la cara descubierta, consciente de su fuerza. Fue así como sacó del Congreso a dos miembros de la Squad, la bancada más izquierdista de la familia demócrata.

Cori Bush fue uno de los nombres de la Squad que AIPAC tachó de su lista en 2024. La representante de St. Louis fue de las primeras demócratas en denunciar el genocidio palestino en el Congreso, algo que la puso en el punto de mira del lobby proisraelí. En el nuevo ciclo de primarias este año, Bush volvió a presentarse aprovechando el contexto favorable.

Sin embargo, resultó ser la excepción en medio de una tendencia clara en contra del AIPAC y del aparato del Partido Demócrata: volvió a ser derrotada por el demócrata Wesley Bell, quien contaba tanto con el dinero del grupo de presión como con el apoyo de la cúpula del partido.

Cambio de tendencia entre los estadounidenses

A medida que pasa el tiempo, cada vez queda más probado que la guerra de Gaza fue clave en la derrota electoral de Kamala Harris frente a Donald Trump en 2024. La pérdida de peso de AIPAC se debe al cambio de percepción que tienen los estadounidenses del conflicto en Palestina y su principal aliado en la región, Israel. Al mismo tiempo que aumentó la cifra de palestinos muertos por los ataques israelíes –más de 73.000 desde octubre de 2023–, la solidaridad con Gaza fue creciendo en detrimento de la simpatía hacia Tel Aviv.

Una encuesta publicada por Gallup a principios de año, señalaba que, por primera vez desde principios del siglo XXI, los estadounidenses sienten más simpatía por los palestinos que por los israelíes: un 41% frente a un 36%. Hasta el año pasado, la tendencia era a la inversa. El think tank Brookings ya señalaba a finales de 2025 que el apoyo a Israel había ido decreciendo entre los demócratas y votantes jóvenes. De hecho, a pesar de que Israel continúa teniendo el respaldo de los seguidores de Donald Trump, las bases más jóvenes no piensan lo mismo.

En gran parte, el deterioro de la imagen de Israel ante los jóvenes trumpistas no es una cuestión de defensa de los derechos humanos o rechazo al genocidio palestino, sino de su apuesta por el “America First” (ideario que exige gastar los recursos del país en el país y no involucrarse en conflictos exteriores), a lo que se suma la influencia de los grupúsculos neonazis.

Antes de ser asesinado, el influencer de extrema derecha Charlie Kirk (muy popular entre las juventudes trumpistas) había hecho notar ya este cambio de visión entre sus seguidores.

El cuestionamiento del apoyo a Israel no solo está erosionando la influencia del AIPAC, sino que también rompió el consenso bipartidista en torno al envío de armas a Tel Aviv. Recientemente, más de 100 demócratas votaron en contra de seguir prestando ayuda militar a Israel. Aunque la propuesta no prosperó debido al bloqueo republicano, algo así hubiera sido impensable hace tan solo dos años.

De vez en cuando, una contienda por el Senado marca el rumbo de todo un partido. En 1991, un funcionario estatal llamado Harris Wofford, asesorado por un cajún de lenguaje soez llamado James Carville, derrotó a su oponente republicano, mucho más conocido, y ganó unas elecciones en Pensilvania. Lo logró prometiendo ampliar el acceso a la atención médica, sentando así las bases para la campaña presidencial de Bill Clinton al año siguiente.

Si Abdul El-Sayed logra consolidar su victoria en las primarias demócratas al Senado y ganar las elecciones generales en Michigan este otoño boreal, habrá creado su propio modelo. A pesar de su margen de victoria más ajustada de lo esperado, su campaña ofrece un ejemplo de cómo los demócratas de todo el país pueden responder al desafío político que plantea Donald Trump.

Al presentar las primarias al Senado de Michigan como una batalla más entre insurgentes progresistas y centristas del establishment, la cobertura mediática de la campaña de El-Sayed pasó por alto lo innovador de la misma. Al igual que Zohran Mamdani y los socialistas democráticos que ganaron escaños en la Cámara de Representantes en Nueva York, Pensilvania y Colorado, El-Sayed quiere poner fin al apoyo militar incondicional de Estados Unidos a Israel.

Pero mientras que Mamdani a veces habla de Israel exclusivamente desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional -como hizo en un video reciente en el que argumenta que Benjamin Netanyahu debería ser arrestado como criminal de guerra-, el mensaje de El-Sayed es más nacionalista. Rara vez habla del Estado judío sin vincularlo con la incapacidad de Washington para resolver los problemas internos.

En una entrevista reciente, el editor de The New Yorker, David Remnick, preguntó a El-Sayed si apoyaba uno o dos Estados en Israel-Palestina. El-Sayed no cayó en la trampa. Respondió que su atención se centraba menos en “lo que sucede allí que en lo que sucede aquí”. Su principal preocupación, explicó, era que Estados Unidos destinaba fondos para armamento israelí que podría invertir en escuelas de Michigan. Si bien reconoció: “Creo en la igualdad de derechos, la paz, la dignidad y la autodeterminación, tanto para palestinos como para israelíes judíos”, afirmó. “No me corresponde, como político estadounidense, decidir cuál debería ser la paz definitiva. Pero sí me corresponde asegurar que nuestros recursos se administren correctamente para las personas de las que soy responsable: esos niños que asisten a esas escuelas en malas condiciones”.

Mientras que Mamdani habla de Israel exclusivamente desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional, el mensaje de El-Sayed es más nacionalista. Rara vez habla del Estado judío sin vincularlo con la incapacidad de Washington para resolver los problemas internos

Al vincular persistentemente la ayuda militar estadounidense a Israel con las necesidades insatisfechas en Estados Unidos, El-Sayed está creando una versión progresista de la política de “Estados Unidos Primero”. En 2016, Donald Trump explotó el resentimiento que muchos estadounidenses sentían tras década y media de guerras fallidas en Medio Oriente. Ahora, tras el genocidio israelí en Gaza y la guerra de Trump en Irán, El-Sayed está cambiando las tornas.

La diferencia radica en que Trump fusionó nacionalismo e imperialismo: afirmó que la guerra de Irak fue un error porque Estados Unidos pretendía “convertir en democracias occidentales a países que no tenían experiencia ni interés en serlo”; Estados Unidos, según él, debería haberse apoderado del petróleo iraquí.

El-Sayed, en cambio, fusiona nacionalismo con progresismo. No ataca la ayuda humanitaria que en su día ofreció la USAID. Condena la ayuda militar a Israel (y también a Egipto, donde nació su padre) porque viola los derechos humanos en el extranjero y priva de recursos a los estadounidenses en su propio país.

Este mensaje no solo resuena entre la izquierda estadounidense. El verano pasado, el asesinado activista de derecha Charlie Kirk tuiteó que los jóvenes conservadores “se muestran escépticos sobre el estado actual de la relación de Estados Unidos con Israel” y “quieren tener la certeza de que los líderes estadounidenses anteponen los intereses de su propio país”.

Una encuesta realizada en mayo por el Instituto para la Comprensión de Medio Oriente reveló que, por un margen de casi dos a uno, los republicanos menores de 45 años prefieren a los candidatos que apoyan la reducción de la venta de armas al Estado judío financiada con fondos públicos.

Pero la campaña de El-Sayed ofrece a los demócratas otra lección. No solo les está mostrando cómo recuperar el nacionalismo del Partido Republicano, sino también cómo usar la ventaja financiera de los republicanos en su contra.

En las últimas cinco semanas de la campaña de primarias de El-Sayed, los comités de acción política (llamados Super PAC) encargados de financiar a su oponente, la representante Haley Stevens, gastaron doce veces más en anuncios de televisión que los que lo apoyaban a él. La mayoría de los candidatos no pueden superar semejante disparidad. Pero El-Sayed convirtió esta desventaja en una fortaleza.

Una y otra vez, utilizó en su contra el apoyo financiero que Stevens recibía del grupo de presión proisraelí Aipac, que aportó la mayor parte del dinero externo en su nombre. También la vinculó con otros grupos de interés impopulares. Sus partidarios emitieron un anuncio de televisión que destacaba las contribuciones que había recibido de la compañía eléctrica de Michigan, DTE Energy, ampliamente criticada por sus altas tarifas y los frecuentes cortes de luz.

Existen muchas razones por las que los demócratas tuvieron dificultades para derrotar al Partido Republicano de la era Trump, entre otras, porque los republicanos se apropiaron del nacionalismo y el populismo. Si Abdul El-Sayed logra la victoria este otoño boreal, le habrá entregado a su partido una hoja de ruta para recuperar ambas

La insistencia de El-Sayed en el origen de las donaciones de Stevens convirtió su ventaja financiera en una carga electoral. Cuando Sarah Longwell, de The Bulwark, preguntó a un grupo de discusión de Michigan por qué no les gustaba Stevens, “los votantes mencionaron repetidamente a Aipac y la aparente influencia corporativa”.

El-Sayed realizó esta maniobra política contra una compañera demócrata. Pero este otoño boreal, y probablemente de nuevo en 2028, los demócratas de todo el país se verán ampliamente superados en gasto electoral por los republicanos.

Donald Trump convirtió al Gobierno federal en una mina de oro para corporaciones y multimillonarios que se benefician enormemente de su administración y le devuelven el favor con donaciones para sus campañas. Elon Musk, por ejemplo, anunció recientemente que gastará al menos 100 millones de dólares en apoyo a candidatos republicanos este otoño boreal. En general, según informó MS Now a finales del mes pasado, el Comité Nacional Republicano, los comités de campaña republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado, y los Super PACs afines al Partido Republicano han recaudado casi 600 millones de dólares más que sus homólogos demócratas.

La campaña de El-Sayed ofrece un modelo de cómo los demócratas pueden responder: centrar la atención en el dinero. El-Sayed estableció una conexión entre el respaldo de Aipac a Stevens y su apoyo a la ayuda militar estadounidense a Israel. Pero otros demócratas pueden tachar a sus oponentes republicanos de lacayos no solo por la Aipac, sino también por Elon Musk, las grandes petroleras, las farmacéuticas o la IA, y resaltar la conexión entre sus fondos de campaña y su apoyo a políticas que perjudican a la gente común.

Esta estrategia exige que los demócratas rechacen la financiación corporativa y de grupos de interés, y que lleven a cabo campañas que dependan principalmente de pequeños donantes. No hay garantía de que esto funcione. No todos los demócratas pueden transmitir un mensaje populista tan efectivo como el de El-Sayed. Pero la impactante corrupción de la presidencia de Trump y la obscena brecha de riqueza que sus políticas contribuyeron a crear les brindan una oportunidad, lo que significa que el modelo de El-Sayed podría resultar eficaz mucho más allá de Michigan.

Existen muchas razones por las que los demócratas tuvieron dificultades para derrotar al Partido Republicano de la era Trump, entre otras, porque los republicanos se apropiaron del nacionalismo y el populismo. Si Abdul El-Sayed logra la victoria este otoño boreal, le habrá entregado a su partido una hoja de ruta para recuperar ambas. Los demócratas de todo el país deberían tomar nota.

Sobre el capó de un coche estacionado delante de la iglesia católica de la barriada del Príncipe, en Ceuta, el pequeño Mohamed de 14 años escribe en un trozo de papel rectangular los nombres y edades de él y los dos amigos que le acompañan, Hicham y Fahmi. Se conocieron en Ceuta, tras cruzar desde la vecina localidad marroquí de Castillejos el pasado jueves, el día en el que entraron en la ciudad autónoma decenas de miles de migrantes. Ahora comparten también la esperanza de que ese registro extraoficial que lleva la asociación de vecinos del barrio pueda servir para que las autoridades locales —quienes tienen las competencias en materia de acogida de menores migrantes no acompañados— les ofrezcan algo de sustento y un lugar seguro donde dormir.

Así lo expresa en declaraciones a elDiario.es el presidente del colectivo vecinal, Ahmed Enfed-dal, que espera que los alrededor de 3.100 menores de edad que anotaron desde el martes (no es un documento oficial que garantice que todos los registrados sean menores) sean debidamente atendidos “de acuerdo con la normativa internacional”.

Tienen que atender en condiciones. No vale que abran una nave y los hacinen sin nada. Tiene que ser una acogida con todas las garantías. Queremos que se respeten sus derechos”

Ahmed Enfed-dal — presidente de la asociación de vecinos

“Solo ayer apuntamos a 2.672 y hoy llevaremos unos 500”, detalla el representante civil, que en todo caso explica que solo están pidiendo documentación “a los que dicen tener 17”. Aunque la mayoría no dispone de ella, señala.

Uno de ellos es Fahmi, el nuevo amigo del pequeño Mohamed. Se conocieron en la misma barriada del Príncipe horas después de conseguir cruzar bordeando el espigón del Tarajal. El más joven, de 14 años, es de Tetuán; su colega, ya al borde de la mayoría de edad, de Sidi Kacem, cerca de la capital, Rabat, y de Kenitra. Aun con orígenes distintos relatan una situación similar: “Nuestras familias no se podían hacer cargo de nosotros. No les llega”, cuenta Fahmi, mientras Mohamed asiente, añadiendo después que él, siendo hijo único, tiene “padres jóvenes y sin empleo”.

Ceuta atiende a fecha de este miércoles a un total de 1.017 menores extranjeros no acompañados, según informaron las autoridades de la ciudad autónoma. “La evolución registrada en las últimas semanas pone de manifiesto la magnitud de esta situación. El pasado 15 de julio la ciudad atendía a 213 menores, cifra que ascendió a 718 el día 28 de julio y que alcanza hoy los 1.017 menores”, señaló el Gobierno local en un comunicado. “Del total de menores atendidos, aproximadamente 750 ya habían accedido a Ceuta con anterioridad a las jornadas críticas del 30 y 31 de julio, lo que evidencia que el reciente incremento se produce sobre una situación que ya había desbordado ampliamente la capacidad ordinaria del sistema de acogida”.

En la jornada y media que la Asociación de Vecinos lleva apuntando a los jóvenes, sus representantes han escuchado todo tipo de relatos. “Me cuesta mucho hablar de esto, me pongo a llorar”, dice notablemente afectado el presidente del colectivo, Ahmed Enfed-dal, que consigue con cierta dificultad esbozar la historia de una de las muchas jóvenes que han decidido cruzar a Ceuta huyendo de situaciones familiares complicadas: “Una chiquilla nos contó que su padre es alcohólico, su madre padece una enfermedad mental y que la llevaron a una casa de una señora para servirle y vivir allí con ella, pero la maltrataban y por eso huyó a Ceuta”.

Tras llegar a la localidad, la mayoría de estos jóvenes de los que habla Enfed-dal tuvieron que dormir en la calle y buscar comida en un contexto de cierre total de los negocios locales. “Están durmiendo a la intemperie, salvo algunos a los que les han podido ofrecer casa los vecinos, al menos un patio o un pequeño espacio donde estar”, agrega el representante vecinal. La propia asociación está intentando repartir alimentos, igual que el colectivo Luna Blanca, que en la tarde del miércoles habilitó una carpa con víveres en la barriada de Sidi Embarek.

Mientras tanto, la ciudad autónoma atiende, según explicó el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, a unos 1.000 menores. Lo hace con sus capacidades completamente sobrepasadas, pues solo cuenta con 29 plazas para los jóvenes. Con los centros llenos, el Ejecutivo local pretende habilitar de manera inmediata dos nuevas instalaciones, una en Loma Margarita y otra en el entorno portuario.

Por su parte, el Ministerio de Infancia —cuya titular, Sira Rego, visitará Ceuta el viernes para coordinar la acogida de niños y adolescentes— anunció este martes la adaptación y apertura de dos colegios de la localidad para ubicar allí a parte de los chicos y chicas. Sin embargo, para Enfed-dal, los recursos aún resultan insuficientes. “En esos colegios pueden caber 150 personas”, estima él, insistiendo en la responsabilidad de la ciudad autónoma: “Tienen que atender en condiciones. No vale que abran una nave y los hacinen sin nada. Tiene que ser una acogida con todas las garantías. Queremos que se respeten sus derechos”, zanja el presidente del colectivo vecinal.

Una chiquilla nos contó que su padre es alcohólico, su madre padece una enfermedad mental y que la llevaron a una casa de una señora para servirle y vivir allí con ella, pero la maltrataban y por eso huyó a Ceuta

Ahmed Enfed-dal — presidente de la asociación de vecinos

Con él coinciden las organizaciones humanitarias. Varias entidades de infancia y derechos humanos trasladaron al Gobierno su preocupación por la situación de los niños y adolescentes llegados a Ceuta desde Marruecos y reclamaron que todas las decisiones que les afecten se adopten atendiendo a su interés superior. En una carta dirigida a varios miembros del Ejecutivo y al delegado del Gobierno en Ceuta, piden garantizar su identificación, alojamiento seguro, alimentación y atención sanitaria, además de una evaluación individual de las circunstancias de cada menor para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad.

Las organizaciones recuerdan que la protección debe garantizarse con independencia de la nacionalidad, la situación administrativa o la forma de entrada en España, y reclaman que se respete la presunción de minoría de edad cuando existan dudas. También advierten de que no pueden realizarse repatriaciones automáticas y que cualquier retorno debe contar con las garantías legales, incluida la escucha del menor, la asistencia jurídica y la valoración de sus circunstancias personales y familiares. En el caso de quienes soliciten protección internacional, subrayan que deben poder acceder al procedimiento de asilo y no ser repatriados mientras su situación no haya sido evaluada.

Ante la magnitud de la llegada de menores, las entidades reclaman habilitar todos los espacios necesarios y reforzar la coordinación entre administraciones, incluida la cooperación entre comunidades autónomas para facilitar traslados. También muestran especial preocupación por quienes continúan en las inmediaciones del CETI y en las playas, donde podría haber menores todavía sin identificar y otras personas especialmente vulnerables, y piden que reciban de inmediato agua, alimentos, asistencia sanitaria y protección.

Las organizaciones, entre las que se encuentran Save the Children, Fundación Raíces, Plataforma de Infancia y Asociación Elín, también trasladan sus condolencias por las más de 140 personas fallecidas durante la crisis —sumando los cuerpos aparecidos en aguas españolas y marroquíes— y recuerdan que la protección de la infancia no puede quedar condicionada por el contexto migratorio.

Lo sucedido en Ceuta estos días no es solo una crisis migratoria o humanitaria, sino también una crisis política entre países vecinos. Las relaciones entre España y Marruecos están formadas por una densa red de intereses mutuos en ámbitos como la seguridad, la migración o el comercio, pero también por una serie de conflictos estructurales, irresolubles a corto o medio plazo, como el Sáhara Occidental o los enclaves africanos de Ceuta y Melilla.

Durante las últimas décadas la política española hacia Marruecos se basó en el llamado colchón de intereses, que sintetizaba una ecuación sencilla: a mayor interdependencia, más costosa y menos probable es la crisis bilateral. Durante mucho tiempo el colchón de intereses redujo significativamente las crisis, aunque sin llegar a eliminarlas. Este equilibrio siempre fue inestable, pero ahora se rompió. El papel de Marruecos cambió considerablemente: ahora tiene aspiraciones de potencia regional, una política exterior más asertiva y una amplia experiencia negociadora con España y la Unión Europea en el campo de la migración, combinando de manera inteligente diplomacia y coerción. Esto hizo que la interdependencia sea cada vez más asimétrica en favor de Marruecos, lo que incentiva el fomento de crisis bilaterales.

Ahora bien, entender estas crisis como una mera negociación transaccional o un simple chantaje de Marruecos a España y a la Unión Europea es una simplificación de la realidad. Para comprender su naturaleza y características, y prevenirlas, es necesario ver que no son episodios aislados, sino consecuencias del régimen migratorio euromarroquí. Este régimen migratorio se construyó sobre estructuras y relaciones de poder heredadas del colonialismo, en las que Europa continúa determinando quién puede moverse y quién no a partir de jerarquías raciales. El sistema de visados y las etiquetas que ponemos a las personas que viajan son buenos ejemplos. Si un europeo viaja a África puede hacerlo libremente y sin visado. Sin embargo, si un africano viaja a Europa, tendrá restricciones y necesitará un visado muy difícil de obtener. Al europeo nos gusta llamarlo turista o expatriado. Al africano preferimos llamarlo inmigrante, ilegal, clandestino o MENA, categorías de uso común utilizadas para deshumanizar, criminalizar y polarizar.

Además, esta jerarquía racial de la movilidad genera una violencia estructural que provoca miles de muertes cada año y convierte la frontera en un espacio de excepción para las democracias europeas. Según el proyecto Missing Migrants, de la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014 se contabilizaron más de 33.000 personas muertas o desaparecidas en las diferentes rutas migratorias y fronteras europeas. Son de media 2.350 muertes al año. Por tanto, no es exagerado hablar de necropolítica, tal y como lo hace el intelectual camerunés Achille Mbembe cuando afirma que los europeos nos acostumbramos a la muerte de migrantes porque sus vidas no merecen protección ni tienen el mismo valor. Son muertes que no merecen luto. Buena prueba de ello es que, con 141 muertos en nuestra frontera, España no decretó ni un solo día de luto nacional ¿Alguien se imagina una actitud así con los fallecidos en un accidente ferroviario o en un incendio? Invito a encontrar la diferencia: solo hay una.

Si un europeo viaja a África puede hacerlo libremente y sin visado. Sin embargo, si un africano viaja a Europa, tendrá restricciones y necesitará un visado muy difícil de obtener. Al europeo nos gusta llamarlo turista o expatriado. Al africano preferimos llamarlo inmigrante, ilegal, clandestino o MENA

La matriz colonial del régimen migratorio y su jerarquía racial explican la agenda europea de convertir a Marruecos en un espacio de contención de la migración hacia Europa mediante políticas de externalización. Como en la etapa de los imperios, Europa sigue recurriendo a fórmulas de soberanía extraterritorial, hoy incompatibles con el principio de igualdad soberana de los Estados. La creciente resistencia marroquí a desempeñar el papel de policía de fronteras para Europa puede interpretarse también como un cuestionamiento de esa matriz de poder colonial. ¿Por qué los españoles podemos viajar sin visado a Marruecos y los marroquíes necesitan un visado para viajar a España? ¿No debería operar el principio de reciprocidad? Es legítimo cuestionar esta asimetría desde la diplomacia, pero no desde la coerción.

La instrumentalización de la migración por parte de Marruecos puede entenderse como una forma de desestabilizar las jerarquías históricas que han estructurado el régimen migratorio entre Europa y Marruecos. Pero evidentemente también es una forma de presión política. Cuando Marruecos percibe que sus intereses estratégicos se ven amenazados (como podría haber ocurrido por la futura aprobación de la ley que otorgará la nacionalidad española a los saharauis nacidos en tiempos de la colonia española) dispone de capacidad para instrumentalizar los flujos migratorios, en la lógica que Kelly Greenhill define como ingeniería estratégica de las migraciones. En la visión marroquí, una buena forma de defender sus intereses es activar una de sus palancas más valiosas (o su renta política, como algunos la llaman), instrumentalizando esos flujos migratorios.

Las migraciones internacionales son parte de las estructuras y relaciones de poder que generan desigualdades entre países. Además, las decisiones migratorias son una combinación de factores de empuje y factores de atracción. Esta crisis combina todos los elementos indicados: la matriz colonial del régimen migratorio, la jerarquía racial de la movilidad, los factores de empuje (situación interna en Marruecos, donde el lema de la Generación Z fue “dos mares y fosfato y vivimos bajo la bota” —en relación a las condiciones de vida pese a las riquezas naturales del país—) y los factores de atracción (como mejores condiciones económicas en Europa o políticas migratorias más liberales, entre otros).

La instrumentalización de la migración por parte de Marruecos puede entenderse como una forma de desestabilizar las jerarquías históricas del régimen migratorio entre Europa y Marruecos. Pero evidentemente también es una forma de presión política

Por su parte, la derecha radical global aprovecha cada crisis migratoria para reforzar una cada vez más extendida visión hobbesiana de la sociedad, presentada como una permanente lucha por recursos limitados entre grupos culturalmente incompatibles. Desde esta perspectiva, la inmigración se construye como una amenaza para la seguridad, el bienestar y la identidad, legitimando políticas cada vez más restrictivas, excluyentes y securitarias. Resulta alarmante la fragmentación europea en esta crisis. Como señaló Josep Borrell, “la solidaridad europea ha muerto en Ceuta”. Quizá nunca estuvo viva.

Necesitamos descolonizar el régimen migratorio europeo, superando las lógicas de securitización, externalización y jerarquización racial de la movilidad que reproducen la matriz colonial del poder. También una política migratoria común europea basada en la solidaridad entre los países. Esto permitiría reducir la dependencia estratégica de terceros Estados para la gestión migratoria y avanzar hacia una movilidad global más justa y segura.

A lo largo de sus dos presidencias Donald Trump contó con el apoyo incondicional del ala conservadora de Fox News, su canal preferido para las noticias por cable. Pero igual que está ocurriendo con amplios segmentos de la opinión pública, varios comentaristas del canal están dejando atrás su tradicional apoyo y empiezan a mostrar preocupación por el rumbo de la guerra contra Irán. El presidente parece estar en una posición cada vez más delicada dentro del mundo de los medios conservadores, esencial para recabar sus apoyos.

El apoyo de presentadores de Fox como Sean Hannity o Jesse Watters parece fuera de toda duda, pero una presentadora tan relevante como Laura Ingraham está convirtiendo a Trump en objeto de escrutinio, cuestionando en más de una ocasión las victorias tácticas que Estados Unidos dice haber logrado en Irán.

Trump también se enfrenta al escepticismo fundamentado del sargento de los Marines retirado Johnny ‘Joey’ Jones, que perdió las dos piernas en Afganistán y quien se convirtió en uno de los principales analistas de la cadena en temas militares. Los comentarios de Jones son especialmente relevantes por la estrecha relación que mantiene con el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, que fue compañero en Fox y que supervisó su reciente reingreso en la reserva del Cuerpo de Marines.

Por no hablar de otros analistas militares de Fox, como el teniente general retirado Keith Kellogg. Trump debe “cambiar” de estrategia, dijo el pasado miércoles en Fox News. “No creo que estemos cerca de terminar el trabajo si a nuestra disposición solo tenemos los bombardeos”, añadió Kellogg, que durante la segunda presidencia de Trump dejó brevemente la cadena para convertirse en el enviado especial del presidente en Ucrania. “Los bombardeos no van a resolver el problema”, apuntó.

El pasado 24 de julio, Laura Ingraham se hacía eco en su programa de la noticia publicada por el periódico The New York Times sobre la amenaza que obligó a Trump a volar en un avión alternativo al Air Force One. “Es evidente que no diezmamos sus capacidades militares cuando Irán es capaz de amenazar de forma creíble al Air Force One en el extranjero”, dijo, calificando como aparentemente inexactas las afirmaciones de EE.UU. sobre la destrucción del ejército iraní. “[Los iraníes] siguen siendo capaces de causar mucho daño”, añadió.

“No dejamos de escuchar que su ejército está destruido; ¿cómo es que siguen atacándonos si está destruido?”, dijo Ingraham en junio. En marzo, la presentadora había pedido que EE.UU. investigara sin demora y “de frente” lo que llamó una “tragedia involuntaria y horrible de esta guerra”: la muerte de 175 civiles, en su mayoría niñas, durante un ataque equivocado contra un colegio iraní.

Ese mismo mes de marzo, Ingraham también se preguntó si Trump comprendía la “complejidad” de la guerra en Irán, sugiriendo que el presidente no había sido bien informado. “¿Fue informado exhaustivamente sobre los riesgos de todo esto desde el principio?”, se preguntaba el 30 de marzo. “¿Fue capaz en ese momento de asimilarlo todo y de comprender la complejidad de la situación, lo compleja que podía volverse la realidad, las posibilidades de víctimas adicionales y otros daños, así como la dificultad de lidiar con esta gente? ¿O le dijeron que sería una intervención relativamente rápida?”.

En su programa de los fines de semana, Johnny ‘Joey’ Jones lleva subrayando lo que está en juego en el conflicto desde que al principio de la guerra varios soldados estadounidenses perdieron la vida por un contraataque iraní contra Kuwait. “Es importante, y es bueno, que cualquier estadounidense diga ‘alto ahí, quiero saber más, quiero que me digan por qué estamos en guerra, que me expliquen por qué era una necesidad imperiosa’”, dijo Jones. “No creo que eso ponga en duda tu apoyo al Gobierno de EE.UU., ni siquiera si eres o no parte del movimiento Make America Great Again o de lo que sea; y tampoco pone en duda la sensatez del presidente Trump en este tema”.

“Es un asunto que tiene que zanjar de una vez”

El 18 de julio, cuando se supo que habían fallecido en Jordania dos miembros del ejército estadounidense, Jones se preguntó si estaba funcionando la estrategia de EE.UU. “Suelo decir que el presidente Trump debería hablar claro y gozar de un poder subyacente considerable”, dijo durante una retransmisión en directo. “Tal vez ahora sea el momento en que la fase del ‘poder subyacente' es la más importante, porque limitarse a lanzar bombas desde el aire no está impidiendo que [los iraníes] hagan lo que quieren hacer”. Jones también dijo entonces que EE.UU. podía adoptar varias opciones, pero que llevarían tiempo. “Y el tiempo no está de nuestro lado”, añadió.

Unos días más tarde, el también analista de Fox News Brit Hume relacionaba el atolladero de Irán con las promesas de Trump a sus votantes. “Prometió que nos mantendría al margen de guerras interminables o inconvenientes, pero ahora está en una y no está nada claro cómo va a terminar”, dijo. “Es vulnerable en este punto, políticamente es un asunto que tiene que zanjar de una vez”.

En junio, el presentador de Fox News John Roberts dijo sentirse “un poco desconcertado” por la estrategia de Trump en las negociaciones con Irán. Incluso el presentador Jesse Watters, uno de los fieles del presidente, parecía escéptico ante los plazos siempre cambiantes para poner fin a la guerra firmando un acuerdo con los iraníes. “[Trump] no deja de decir ‘estamos muy cerca, estamos a unos días’, pero yo no sé qué significa eso, llevamos mucho tiempo escuchando lo mismo”, dijo en junio.

En Fox Business Network, el canal de economía del grupo, los presentadores también suelen sacar a colación el encarecimiento del petróleo y su impacto en los consumidores estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán este mes de noviembre. Stuart Varney, presentador de Fox Business Network, lo dijo claramente en marzo: “Houston, tenemos un problema”.

Traducción de Francisco Zárate.

Ana Frank tenía trece años cuando empezó a escribir su diario en un cuaderno con tapas a cuadros que le regalaron por su cumpleaños. Escondida durante dos años de los nazis en una buhardilla de Ámsterdam, su testimonio se convirtió en uno de los legados más relevantes sobre el horror del holocausto.

Ochenta años después de su muerte en el campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemania), su historia vuelve a marcar un precedente: la justicia europea acaba de utilizar sus manuscritos originales para fijar, por primera vez, hasta dónde llega la ley cuando una misma obra es libre en un país y sigue protegida en el de al lado, y qué ocurre cuando, a día de hoy, cualquiera puede saltarse esa restricción con un click.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado 9 de julio una sentencia que resuelve un conflicto entre la fundación que gestiona los derechos del diario y una asociación académica que publicó gratis en internet una edición íntegra de los manuscritos originales de la joven neerlandesa.

El fallo es vinculante para los tribunales de los veintisiete países de la UE y sienta un precedente que afecta al uso de los sistemas VPN para evitar el bloqueo geográfico de contenidos en internet.

Afecta, a su vez, a bibliotecas digitales, archivos históricos, universidades y cualquier plataforma cultural que quiera publicar en abierto obras cuyo estatus legal cambia de un país a otro dentro de la propia Unión.

El mensaje que deja el TJUE es claro: se pueden publicar con libertad contenidos de dominio público por mucho que estén protegidos en algunos estados miembros, pero solo si se pone una barrera real y actualizada allí donde la obra todavía no es accesible para todos.

Un mismo texto, dos leyes distintas

El diario tal y como lo conocemos —el que publicó en 1947 el padre de Ana, Otto Frank, único superviviente de la familia— es de dominio público en toda la UE como en los Países Bajos desde 2016.

Pero existe otra versión, más completa, con fragmentos que el padre decidió no publicar en su día y que salieron a la luz en una edición de 1986. Esos fragmentos, según la ley holandesa, no estarán liberados hasta dentro de más de una década.

En 2021, una asociación dedicada a la difusión de textos históricos, junto con la Real Academia Neerlandesa de Ciencias y la Fundación Ana Frank (que gestiona el museo instalado en la casa donde se escondió), colgó en una web una edición completa de los manuscritos originales, accesible gratis desde Bélgica y otros dieciocho países donde ya no hay restricciones. Para no infringir la ley en Holanda, la web bloqueó el acceso para quienes se conectaran desde ese país.

El problema es que ese bloqueo geográfico tiene un agujero conocido por cualquiera con mínimos conocimientos de internet: basta con una VPN, una herramienta que camufla la ubicación real de la conexión, para hacer creer a la web que uno se conecta desde Bélgica cuando en realidad está en Ámsterdam.

El Anne Frank Fonds, la fundación creada por Otto Frank en 1963 y que administra los derechos del diario, entendió que ese resquicio invalidaba el bloqueo: si cualquier neerlandés podía saltárselo con una aplicación gratuita, argumentaron, la obra se estaba poniendo a disposición del público holandés sin permiso.

Los tribunales de primera instancia y de apelación en los Países Bajos le dieron la espalda al Fondo Ana Frank, y el caso terminó en el Tribunal Supremo neerlandés, que antes de resolver decidió trasladar la duda a la justicia europea.

La cuestión de fondo era hasta qué punto el hecho de que una web ponga barreras técnicas para que no se acceda a un contenido desde cierto país es suficiente para no infringir los derechos de autor si esas barreras se pueden esquivar fácilmente con una VPN.

La opinión del TJUE es que siempre que una web instale un sistema que identifica desde donde se conecta cada usuario y le impide el paso si proviene de un país en el que el contenido está protegido, esa página ha delimitado con claridad su público objetivo por mucho que se pueda esquivar con una VPN.

La sentencia llega en un momento en que el uso de VPN se normalizó entre el público general, ya sea para acceder a catálogos de streaming de otros países, esquivar restricciones geográficas en videojuegos o, simplemente, por motivos de privacidad.

Hasta la fecha no existía un pronunciamiento del TJUE que aclarase qué validez legal tiene un bloqueo geográfico en internet cuando se sabe, de antemano, que hay formas sencillas de sortearlo.

¿Qué se considera un bloqueo “eficaz”?

La sentencia introduce un matiz importante sobre los bloqueos por países: no hace falta un sistema perfecto e infranqueable. Basta con que la medida esté, apuntan los jueces europeos, “en la vanguardia de la tecnología” del momento y sea razonablemente disuasoria.

No vale, sin embargo, cualquier cosa. Un simple texto que pregunte el país de origen de quién se conecta y confíe en la palabra del usuario no es suficiente ni cuenta como una barrera real, porque depende solo de la buena fe de quien está al otro lado de la pantalla.

En cambio, un sistema que verifique de forma automática la ubicación de la conexión y bloquee activamente el acceso desde los territorios protegidos sí puede considerarse suficiente, por mucho que se pueda burlar con una VPN.

En el caso concreto del diario de Ana Frank, el propio tribunal concluye que el sistema empleado —una combinación de geolocalización por IP y una pantalla en la que el usuario declara su país— cumplía con ese estándar.

¿Y si alguien usa una VPN para colarse? ¿De quién es la culpa?

El Supremo neerlandés también preguntó qué pasaría si, en algún caso, se considerara que el bloqueo no era suficiente: ¿a quién habría que reclamar responsabilidades, al que publicó el contenido o a la empresa que ofrece el servicio de VPN?

El TJUE no deja lugar a dudas: la responsabilidad, si la hay, recae sobre quien publicó la obra, nunca sobre el proveedor de VPN.

Estas herramientas, recuerda el tribunal, son de uso lícito y habitual en internet —muchas personas las usan simplemente para proteger su privacidad al navegar— y quien las ofrece no está facilitando de forma directa el acceso no autorizado a ninguna obra concreta.

Ocho de las mayores petroleras acumularon beneficios de más de 90.000 millones de dólares en solo tres meses, mientras el conflicto con Irán disparaba los precios de la energía y la crisis climática, agravada por las emisiones, provocaba olas de calor mortales.

Estos beneficios extraordinarios derivados de la guerra reavivaron los llamamientos para que las grandes petroleras y gasísticas, como Saudi Aramco y BP, paguen por el daño medioambiental causado al “sacar provecho del sufrimiento humano” y financien una rápida transición hacia las energías renovables.

Un análisis de The Guardian revela que las ocho productoras petroleras que cotizan en bolsa obtuvieron casi 93.000 millones de dólares en los tres meses hasta finales de junio -el primer trimestre fiscal- completo después de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán provocara un repunte de los precios mundiales del petróleo hasta máximos superiores a los 126 dólares por barril, como puede verse en el siguiente gráfico, que refleja la evolución del crudo Brent.

Las empresas aprovecharon la mayor interrupción del suministro de combustibles fósiles en la historia para casi duplicar sus beneficios conjuntos, que el año pasado por estas mismas fechas rondaban los 50.000 millones de dólares, mientras que los activistas advierten que millones de hogares están pagando las consecuencias en forma de facturas más elevadas y caos climático.

Los datos sugieren que las ocho empresas petroleras -Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron y ExxonMobil- obtuvieron más de 700.000 dólares de beneficio cada minuto durante el trimestre de primavera.

Mientras sus valoraciones bursátiles se disparaban en unos 600.000 millones de dólares hasta superar los 3 billones, las temperaturas se disparaban hasta provocar una serie de olas de calor mortales, todas ellas más probables y más severas debido a la quema de combustibles fósiles.

Las emisiones de carbono de las mayores empresas de combustibles fósiles del mundo se relacionaron directamente, por primera vez, con episodios mortales de calor extremo, según un análisis científico publicado el pasado mes de septiembre. El estudio reveló que las emisiones de cualquiera de las 14 empresas más grandes bastaban por sí solas para provocar más de 50 olas de calor que, de otro modo, habrían sido prácticamente imposibles.

Los mayores beneficios petroleros del trimestre de primavera los obtuvo la empresa petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, que registró un aumento del 34% en sus beneficios netos trimestrales hasta superar los 33.000 millones de dólares, a pesar de que sus infraestructuras sufrieron daños a causa de los ataques con drones y misiles perpetrados por las fuerzas iraníes y hutíes.

La producción de combustibles fósiles de Saudi Aramco la convirtió en la mayor empresa de emisiones de carbono de la historia, según la base de datos Carbon Majors; le siguen Chevron y ExxonMobil, mientras que Shell y BP figuran entre las diez primeras. Arabia Saudita lleva décadas liderando con éxito los esfuerzos por bloquear y retrasar la acción internacional contra el cambio climático.

El martes, BP se convirtió en una de las últimas grandes petroleras en publicar sus resultados correspondientes al periodo de abril a junio, con unos beneficios trimestrales de 5.73 mil millones de dólares -los más altos desde el primer año de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania y más del doble de los 2.5 mil millones de dólares de los tres meses anteriores-.

El siguiente gráfico compara los beneficios de las mayores petroleras obtenidos en el segundo trimestre de este año frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Patrick Galey, responsable del área de combustibles fósiles en Global Witness, afirma: “Los beneficios astronómicos de BP son un escandaloso recordatorio de quién se estuvo enriqueciendo a costa del sufrimiento humano este año. Mientras los incendios forestales amenazan a comunidades de todo el mundo, la sequía azota y los costos energéticos se disparan, las familias de a pie están pagando el precio de que las grandes petroleras antepongan la riqueza de los accionistas a un planeta habitable”.

Y añade: “Es hora de hacer que los gigantes petroleros paguen para reparar la crisis climática que ellos mismos están provocando. Piensa en cuántas defensas contra incendios e inundaciones podríamos construir, o cuántos paneles solares podríamos instalar, si las grandes petroleras pagaran la parte que les corresponde en impuestos”.

Rosie Downes, directora de campañas de Friends of the Earth, afirma: “Mientras BP se embolsa otra ronda de enormes beneficios, millones de hogares están pagando el precio a través de facturas de energía desorbitadas y una crisis climática que se está acelerando rápidamente y se está saliendo de control”.

La nueva directora ejecutiva de BP, Meg O’Neill, defendió los beneficios de la empresa afirmando que esta estaba “centrada en las medidas que podemos tomar para intentar ayudar a abordar la situación”, como producir de forma fiable una mayor cantidad de los productos petrolíferos que escasean.

La empresa fue recortando el gasto en energía verde desde que, a principios del año pasado, abandonó sus ambiciones medioambientales en el marco de un “reajuste fundamental”, reduciendo su presupuesto anual para la transición energética de 5.000 millones de dólares a entre 1.500 y 2.000 millones de dólares.

En los últimos años, BP escindió sus parques eólicos marinos del Reino Unido en una empresa conjunta y vendió su negocio eólico terrestre en EE.UU., y el martes anunció que vendería su negocio de biogás en EE. UU., valorado en 4.000 millones de dólares, que captura metano de vertederos y es el mayor productor de gas renovable del país.

Según el Financial Times, se encuentra en negociaciones avanzadas para vender su negocio de energía solar, Lightsource, a un consorcio respaldado por el fondo soberano de Kuwait.

El viernes, BP puso a la venta su negocio de petróleo y gas del Mar del Norte tras más de 60 años de explotación, lo que reavivó los llamamientos al Gobierno británico para que descarte la explotación de dos controvertidos yacimientos del Mar del Norte en esta cuenca en proceso de envejecimiento.

Shell comunicó la semana pasada sus segundos beneficios trimestrales más altos de su historia, ya que sus ingresos netos se dispararon hasta los 9.840 millones de dólares, a pesar de producir menos gas en su planta de Qatar debido a los daños por valor de miles de millones de dólares causados por la guerra. Los beneficios de Equinor ascendieron a 3.200 millones de dólares en el mismo periodo, frente a los 1.800 millones del trimestre de primavera del año pasado.

En EE.UU., los beneficios declarados por Chevron y ExxonMobil provocaron las críticas de Donald Trump. El presidente estadounidense acusó a ambas empresas de «ganar demasiado dinero» gracias a su guerra contra Irán y advirtió que se les obligaría a devolver los beneficios a la ciudadanía, en un momento en el que se acercan las elecciones de mitad de legislatura de noviembre y sus índices de popularidad están en baja.

Chevron declaró unos ingresos netos de 12.200 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que supone un aumento de más de cinco veces con respecto al mismo periodo del año anterior. ExxonMobil declaró un beneficio de 14 500 millones de dólares, el doble de lo que ganó en el mismo periodo del año anterior y su mayor beneficio trimestral desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Para Galey “se sabe que las grandes petroleras nos están tomando el pelo cuando uno de sus mayores aliados, Donald Trump, les está diciendo que frenen su especulación”.

Entre las consecuencias de esta temporada se encuentra la peor ola de calor de la historia de Europa, otra de las que los científicos califican de “imposible” sin el calentamiento global provocado por el ser humano. Se estima que unas 20.000 personas fallecieron a causa de las temperaturas extremas, incluidas cerca de 3.000 en el Reino Unido solo en mayo y junio.

Corea del Sur y Japón también registraron temperaturas récord de hasta 42,5 °C; la agencia meteorológica coreana ordenó a la población que “cesara inmediatamente todas las actividades al aire libre”, mientras que la crisis climática provocó un aumento de las temperaturas en gran parte de África en julio.

El gráfico anterior refleja el aumento de las temperaturas como consecuencia de la contaminación por carbonoo. Son promedios móviles de cinco años, en relación con el valor de referencia preindustrial

El calentamiento global hace que cada ola de calor sea más intensa y más probable, y el aumento de las temperaturas globales mata a una persona por minuto en todo el mundo, según estimó en octubre un informe publicado en The Lancet.

El responsable de clima de la ONU, Simon Stiell, afirmó: “En todo el mundo, los desastres provocados por el clima están alcanzando proporciones de pesadilla. Lo que hay que hacer está claro: abandonar el carbón, el petróleo y el gas más rápidamente, ampliar las energías renovables y proteger a las personas allí donde los efectos ya están golpeando con mayor dureza”.

La sucesión de olas de calor en Europa resecó los suelos y provocó una sequía extrema, lo que dañó los cultivos, desde el maíz hasta el girasol y las lechugas. Se prevé una pérdida de al menos 9 millones de toneladas de cereales; el Reino Unido, por ejemplo, se enfrenta a la peor cosecha de su historia.

Las condiciones de sequía también propiciaron enormes incendios forestales en España (a los que corresponde la foto anterior), Francia, Portugal y Grecia, que causaron daños por valor de miles de millones. Los incendios provocan un aumento vertiginoso de la contaminación atmosférica tóxica y, en EE.UU. y Canadá, se estima que los incendios ocurridos entre el 15 y el 23 de julio causaron unas 4.000 muertes en la semana posterior a la exposición. La crisis climática está agravando las condiciones meteorológicas propicias para los incendios y el humo de los incendios forestales acorta la vida de alrededor de 1,5 millones de personas al año.

En el sur de Asia, la crisis climática está potenciando las precipitaciones extremas: el aire que es 1 °C más cálido retiene un 7 % más de agua. A principios de julio, por ejemplo, cayeron más de 40 cm de lluvia en 24 horas en Chattogram (Bangladesh), lo que provocó inundaciones repentinas. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra se cobraron vidas y destruyeron medios de subsistencia en Pakistán y la India. También se produjeron decenas de víctimas mortales en el noroeste de China, donde se evacuó a muchos miles de personas debido a fuertes tormentas.

Se contactó con las ocho empresas petroleras para recabar sus comentarios.

Estados Unidos revocó el martes el visado de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en respuesta a la demora de las autoridades brasileñas en otorgar la autorización diplomática a Daniel Pérez para asumir la embajada estadounidense en Brasilia, informó el Departamento de Estado estadounidense, citado por Globo.com.

El Departamento de Estado declaró que la revocación de la visa no implica la expulsión de la diplomática. Según el gobierno estadounidense, puede permanecer en Estados Unidos, pero sin una visa válida. La agencia gubernamental también indicó que el documento podría ser restituido si Brasil otorga la aprobación diplomática de Pérez.

Pérez fue nominado para ser embajador de Estados Unidos en Brasil en junio.

Hace dos semanas, su nominación fue aprobada por un comité del Senado estadounidense, pero aún debe ser ratificada por el pleno del Senado.

Además, según la tradición diplomática, antes de que un embajador asuma el cargo, el país receptor debe autorizar su nombramiento. Según el Departamento de Estado, Brasil aún no ha otorgado dicha autorización.

El gobierno estadounidense afirma que las autoridades brasileñas han indicado que la autorización solo se otorgará después de las elecciones presidenciales de octubre. El Departamento de Estado también declaró que no descarta otras medidas, agrega el informe.

La revocación del visado de la embajadora brasileña se anunció 10 días después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil denegara los visados a dos diplomáticos del Departamento de Estado que viajaban a Brasil: el subsecretario adjunto Riley M. Barnes y el subsecretario adjunto Samuel Samson.

En un informe del Washington Post, citado por Globo.com, ambos fueron señalados como responsables de una estrategia para cuestionar la integridad y la fiabilidad del sistema electoral brasileño.

Un portavoz del Departamento de Estado negó que los funcionarios tuvieran la intención de interferir en las elecciones.

Según Estados Unidos, la visita tenía como objetivo debatir sobre la integridad electoral, la libertad religiosa y la libertad de expresión con las autoridades brasileñas y representantes de la sociedad civil.

El 1 de junio, la Casa Blanca anunció la nominación de Daniel Pérez para el cargo de embajador de Estados Unidos en Brasil.

Pérez, de 38 años, es el presidente de la Cámara de Representantes de Florida y aún necesita la confirmación del Senado estadounidense.

De ser aprobado, será el primer embajador de Estados Unidos en Brasil desde la partida de Elizabeth Bagley, nominada por Joe Biden. El puesto ha estado vacante desde enero de 2025, cuando Trump regresó a la Casa Blanca.

Ribeiro Viotti se desempeñó como embajadora de Brasil en Alemania (2013-2016), representante permanente en Naciones Unidas (2007-2013) y presidenta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en febrero de 2011.

Esta medida se produce antes de las elecciones brasileñas de octubre, en las que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro se reunió con miembros del gobierno de Trump, incluido el presidente Donald Trump, a principios de este año.

Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos comenzaron a deteriorarse en julio del año pasado, cuando el presidente Donald Trump anunció aranceles a los productos brasileños importados por Estados Unidos.

En aquel momento, Trump justificó el aumento de los aranceles alegando que se trataba de una “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro.

En los meses siguientes, las negociaciones entre el gobierno brasileño y la Casa Blanca contribuyeron a reducir las tensiones. A finales de 2025, Estados Unidos suavizó los aranceles y levantó algunas sanciones contra funcionarios brasileños.

El presidente brasileño visitó Washington el 7 de mayo para reunirse con el líder estadounidense, quien incluso elogió a Lula tras los encuentros.

Sin embargo, las relaciones entre los dos países se deterioraron nuevamente a finales de mayo, cuando Estados Unidos clasificó a las facciones brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, una medida a la que Lula se opone.

Semanas después, Estados Unidos anunció nuevos aranceles contra Brasil. El 22 de julio entró en vigor un arancel del 25% como resultado de una investigación iniciada en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio.

La medida se anunció después de que la administración Trump concluyera que Brasil adopta prácticas que “entorpecen o restringen” el comercio con Estados Unidos. Entre los ejemplos citados se incluyen el sistema de pagos PIX y la regulación de las plataformas digitales.

La casa de Faten Ben Omar El Azizi está repleta de mujeres: primas, tías, amigas y Jamilla, una madre con unos ojos cargados de dolor. No hay ni una esquina de este hogar en la ciudad de Tetuán, a menos de 35 kilómetros de Castillejos, que no recuerde a la joven.

Algunos lo hacen desde la alegría, como su primo pequeño, que sonríe mientras muestra la última fotografía de la joven de 26 años. “Jugaban juntos al fútbol”, explica la madre de Faten. Sus vecinas, que aguardan en una esquina del living de su casa, tienen un rostro apagado. La joven, que jugaba al fútbol en el club Maghreb Atlético Tetuán, perdió la vida el pasado jueves cuando intentaba alcanzar a nado la costa de Ceuta en busca de un futuro mejor, en una tragedia que se cobró cerca de 90 vidas, según las autoridades españolas.

Enfrente del living, hay una pequeña habitación vacía: no hay cama, escritorio ni siquiera objetos personales. El silencio emana de esas cuatro paredes, que también son un recuerdo. “Esta iba a ser su habitación. Nos pidió que ya quería dormir sola, sin sus dos hermanos. La estábamos preparando y hasta entonces, ella prefería dormir aquí”, cuenta, mientras señala el sofá sobre el que ocurre esta entrevista.

Faten creció en Tetuán. Admiraba a todos los grandes futbolistas, tanto marroquíes como internacionales. Jamilla cuenta que era una chica alegre, que tenía buenas amigas y a una madre que la quería por encima de todas las cosas. “Lo juro por Dios”, sentencia.

“Yo sabía que mi hija quería ir a Europa, lo estaba intentando a través de su pasión, el fútbol. Jugaba desde los siete años”, lamenta. “Tiene que quedar claro: no envié a mi hija a cruzar la frontera. ¿Creés que todas las madres que lloramos su pérdida o desaparición mandaron a sus hijas a morir? Faten no solo era mi hija, también era mi amiga”.

“Soñaba con seguir entrenando”

Jamilla trabajó muchos años como porteadora en la aduana entre Ceuta y Castillejos. Su única fuente de ingresos se truncó cuando en 2020 las autoridades marroquíes cerraron el paso de mercancías por el Tarajal para reducir el comercio informal y la situación de vulnerabilidad de mujeres como Jamilla. “No teníamos nada y Faten soñaba con seguir entrenando y formándose en su deporte, pero no nos lo podíamos permitir. En Marruecos, si no tenés dinero, no te podés dedicar profesionalmente nunca al fútbol”, explica. “A ella solo le pagaban algo cuando ganaban algún partido. Si perdían, nada. La ponía muy triste”, añade.

Tiene que quedar claro: no envié a mi hija a cruzar la frontera. ¿Creés que todas las madres que lloramos su pérdida o desaparición mandaron a sus hijas a morir? Faten no solo era mi hija, también era mi amiga

Jamilla — Madre de Faten

Todo eso cambió el mismo día que Faten murió en el mar. Su madre cuenta que desconocía que la joven estaba tramitando el visado para España desde el consulado de Tánger y recibió una llamada por la mañana. “¿Es usted Faten Ben Omar El Azizi?”, preguntaban al otro lado de la línea telefónica. “No, soy su madre”, contestó Jamilla. “A su hija le han concedido el visado”, contestó. “Tiene que venir a Tánger con su documento de identidad”. Jamilla desconoce exactamente cómo tramitó el visado.

La búsqueda fue angustiosa. “Nadie me ayudó a encontrar ni traer el cuerpo de mi hija. Vino un chico a casa preguntando si Faten llevaba un pantalón deportivo y me dijo que se había golpeado la cabeza intentando cruzar a Ceuta, pero yo ya sabía que había muerto. Lo sentía”, explica. Después de la noticia, el joven les explicó que tenían que ir a Rincón. Nada. En Tetuán tampoco había noticias sobre su hija. Desde las 22:00 de la noche del jueves hasta las 08:00 de la mañana del viernes no dejaron de buscarla ni un momento, según su testimonio.

“En Castillejos, mi hermana pidió que abrieran las puertas para comprobar si estaba allí. Entonces les preguntaron si mi hija llevaba una cadena con corazones. Yo no quise entrar. No quería grabar esa imagen en mi memoria”, cuenta. “Fue mi hermana la que entró. Ahí encontró a la amada de mi corazón, a mi niña Faten”, añade la madre. Explica que presentaba golpes en el rostro y que murió ahogada.

La historia migratoria de la familia no se reduce a la joven Faten. “Todos los hermanos se han ido a Ceuta. El mayor de los tres sí que pudo hablar conmigo por teléfono. Él cruzó caminando por la frontera. De la pequeña no sabemos nada, pero sabía nadar. Tiene 14 años”, explica mientras enseña una fotografía de la menor, que cuelga con un marco en una de las paredes de la casa.

“Mi marido falleció cuando Faten tenía 12 años y ahora estoy sola sin mis hijos”, apunta. En ese momento, la casa está abarrotada, pero Jamilla a lo que teme es al futuro. “No puedo vivir sin ellos”, añade. Baja la cabeza y desbloquea su teléfono celular. Una foto de Faten jugando al futbol, otra de la joven comiendo con sus amigas y una tercera sentada en las escaleras que suben desde la calle hasta la primera planta de su casa.

“Una buena compañera”

La muerte de la joven circuló en redes sociales y en la prensa cuando el Maghreb Atlético Tetuán, su club, la confirmó. Oumar, el entrenador, está sentado en el cordón de la vereda rodeado de una decena de jóvenes, de entre 15 y 26 años. Son las compañeras del equipo de fútbol donde jugó Faten en la liga regional hasta que falleció.

Una de ellas está sentada en el banquillo mientras que el resto comienzan el entrenamiento. Tiene 16 años y, aunque se llevaba diez años de diferencia con Faten, compartían risas y pases de fútbol. “Entrenamos dos días a la semana, los martes y los jueves. A veces aquí y, otras veces, en la playa”, cuenta, mientras señala el campo fútbol rodeado de vallas.

Oumar recuerda a Faten como “una buena compañera con un marcado espíritu futbolístico”. Explica que siempre mantuvo una actitud positiva dentro del grupo y que la querían mucho en el equipo. Cuando mira a las chicas, dice: “Lo están pasando mal. Muchas no pudieron venir a entrenar porque vieron el cuerpo de Faten durante el entierro y están afectadas”.

Éramos como hermanas, lo compartíamos todo, hasta la comida y el dinero. Ella venía a trabajar con nosotros cuatro días a la semana. La pasábamos bien y siempre me hablaba del fútbol. Era muy importante para ella

Malika — Amiga de Faten

Dos de las jóvenes del equipo también cruzaron a Ceuta, aunque ambas volvieron a una cancha de fútbol donde hoy, y hasta dentro de mucho tiempo, ruedan la pelota en memoria de Faten.

Rayhan en memoria de Faten

Además de jugar al fútbol, la joven llevaba desde los 14 años trabajando para llevar dinero a casa. Al salir del portal del edificio de su vivienda, el cementerio más antiguo de Tetuán se extiende por las faldas del monte Dersa. Entre las tumbas, dos jóvenes, Malika y Youssef cargan, en una mano con bidones de plástico repletas de agua y, con la otra, un puñado de rayhan o hierbas aromáticas que representan la bendición en contextos religiosos musulmanes. Faten trabajó con los dos limpiando tumbas y vendiendo ramilletes.

Durante los cuatro años que trabajaron juntos, compartieron la vida en medio de la muerte. Malika es una joven de Ouarzazate que es huérfana de ambos padres y decidió trasladarse a Tetuán para buscar trabajo. La joven rompe a llorar al hablar de Faten. “Éramos como hermanas, lo compartíamos todo, hasta la comida y el dinero. Ella venía a trabajar con nosotros cuatro días a la semana. La pasábamos bien y siempre me hablaba del fútbol. Era muy importante para ella”, explica entre lágrimas.

La tumba de Faten yace en este enclave de la ciudad y, aunque el color blanco de la misma todavía brilla, Malika decide volver a tirar agua sobre la superficie. Recoge un trozo de tela del suelo y la extiende por las baldosas. En el centro, sembraron rayhan, el mismo que ella vendía. También las riega, para seguir honrando su memoria. “La siento cerca, me la imagino subiendo la colina hacia aquí”, dice.

Las autoridades sanitarias de Míchigan (Estados Unidos) informaron este lunes del fallecimiento de dos personas a causa de la ciclosporiasis. Se trata de las primeras víctimas mortales del mayor brote de esta enfermedad intestinal, que causa una “diarrea explosiva” y que afectó ya a miles de personas en todo el país.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Míchigan (MDHHS) emitió una nota en su página web en la que indica que la ciclosporiasis no es una enfermedad que “ponga en peligo la vida” y que la muerte por esta causa es “poco común” para la población general. En el comunicado indica, no obstante, que “los fallecidos padecían problemas de salud importantes, que podrían haberse visto agravados por la ciclosporiasis y la deshidratación”.

Las autoridades sanitarias llevan semanas investigando el brote de esta enfermedad parasitaria que provoca una diarrea “explosiva”, náuseas, fatiga, pérdida de apetito y vómitos. La afección gastrointestinal está causada por el parásito Cyclospora, que se transmite a través de productos agrícolas crudos y agua contaminada con heces humanas.

Los brotes tienden a producirse con mayor frecuencias a finales de la primavera y durante el verano. En este período estival, los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) identificaron 6.707 casos confirmados por laboratorio y más de 11.500 sospechosos, pendientes de confirmación o una mayor investigación. El Departamento de Salud de Míchigan cifra 11.234 casos totales y 193 hospitalizaciones solo en su estado.

Investigan a la cadena Taco Bell

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre la cadena de cómida rápida Taco Bell, por la supuesta relación con el brote de cicloporiasis registrados en nueve estados del país. La investigación apuntaba a lechuga contaminada, que se relacionó a la empresa agroalimentaria Taylor Farms.

Ante tales acusaciones, la empresa publicó un comunicado: “El 17 de julio, Taylor Farms retiró de forma voluntaria del mercado toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como la posible fuente de uno de los brotes recientes de Cyclospora. Los productos que se encuentran actualmente a la venta no son los afectados”.

Taco Bell también informó mediante un comunicado que había retirado de forma voluntaria y temporal ciertos ingredientes en algunos restaurantes como “medida de precaución”. Las ventas de la cadena de comida rápida han caído un 2% en Estados Unidos desde que se originó el brote.

“El 90% de los antibióticos se fabrican en China, Europa no produce ni un gramo de paracetamol y no hay stocks de emergencia para crisis sanitarias”. Con esta contundencia se expresaba Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, durante los primeros meses de 2020, en plena pandemia de Covid-19, para alertar de la debilidad occidental ante los laboratorios del gigante asiático.

Su afirmación anticipaba un nuevo frente de disputa entre China y Estados Unidos que se convirtió en realidad seis años después: el de la biotecnología. Una rama de alta tecnología decisiva para alcanzar el liderazgo global, porque el país que domine esta disciplina controlará la economía, la salud y la seguridad del siglo XXI.

La competencia entre las dos mayores economías del planeta es máxima y ya no consiste únicamente en fabricar los semiconductores más avanzados o los mejores algoritmos para la inteligencia artificial. También pasa por dominar el campo de la biotecnología, una industria que promete transformar la medicina, la agricultura, la alimentación, los materiales industriales e incluso la defensa.

En Pekín y Washington son conscientes de que quien lidere esta industria estratégica dispondrá de una ventaja decisiva en la economía mundial, comparable a la que proporcionó el petróleo en el siglo XX. Esto explica que ambas superpotencias compitan por controlar esta disciplina y convierten a la biotech en un nuevo campo de batalla. Un escenario que sugieren los últimos movimientos de la Casa Blanca en respuesta a los avances promovidos por Zhongnanhai, la sede del gobierno chino.

No es casualidad que en los últimos tiempos Estados Unidos haya incorporado la biotecnología al reducido grupo de tecnologías consideradas críticas para su seguridad nacional. Como tampoco lo es que China la sitúe entre las llamadas “nuevas fuerzas productivas de calidad”, el concepto con el que el presidente chino, Xi Jinping, pretende impulsar una economía basada en la innovación y menos dependiente de la tecnología exterior.

La cuestión para Estados Unidos y Europa es que, en apenas quince años, los laboratorios del país asiático se convirtieron en los grandes protagonistas del planeta. Pasaron de desempeñar un papel secundario en la producción de medicamentos genéricos a desarrollar fármacos innovadores y a autorizar licencias de producción a multinacionales occidentales. Un cambio de paradigma propulsado por una multimillonaria financiación pública, una regulación favorable y la cooperación entre universidades, hospitales y empresas. Una suma de factores que hace que las biotecnológicas chinas desarrollen fármacos de forma más rápida y económica que sus competidoras estadounidenses y europeas.

Las cifras son contundentes. Según la Administración Nacional de Productos Médicos de China, el regulador farmacéutico del país, las empresas biotech del gigante asiático firmaron acuerdos de licencia transfronterizos por un valor récord de 60.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Además, en lo que va de año, protagonizaron el 69% del valor total de las transacciones globales en este ámbito, según el banco de inversión Jefferies.

A ello se suma, según informes del sector, que más del 70% de las sustancias farmacéuticas utilizadas en los medicamentos genéricos consumidos en Estados Unidos y Europa provienen de China y de la India, cuyos laboratorios dependen de materias primas chinas. Además, las biotecnológicas del coloso asiático protagonizan actualmente más del 30% de la cartera mundial de medicamentos innovadores en desarrollo, frente al 4% que registraban en 2014.

Estados Unidos contempla esta rápida evolución de los laboratorios chinos con creciente inquietud. En Washington preocupa especialmente que, en 2024, China ya los superara en el número de ensayos clínicos registrados y que, un año después, las compañías estadounidenses firmaran acuerdos de licencia con empresas del país asiático por un valor récord de más de 45.000 millones de dólares, frente a los 3.500 millones del año anterior.

La respuesta de Washington fue contundente y levantó unas barreras regulatorias inéditas. El Congreso estadounidense adoptó el año pasado la denominada Ley de Bioseguridad. Esta legislación tiene por objetivo cortar la cooperación y los vínculos económicos con la industria biotech china. Prohíbe a las agencias federales de Estados Unidos financiar o contratar a empresas que utilicen los servicios de firmas de esta rama de alta tecnología del gigante asiático consideradas de riesgo.

Esta iniciativa afectó directamente a grandes compañías chinas que venían operando como socias de grandes multinacionales estadounidenses hasta hace pocos meses. Son los casos del gigante estatal BGI Group, dedicado a la secuenciación genética, o de WuXi AppTec y WuXi Biologics, socias estratégicas de las grandes multinacionales farmacéuticas de EE.UU. para producir medicamentos innovadores.

La Casa Blanca también reforzó la protección de los datos genéticos y promovió incentivos para recuperar parte de la producción farmacéutica considerada esencial.

La preocupación de la Administración estadounidense tiene fundamento. Quien controle las grandes bases de datos genómicos, las plataformas de inteligencia artificial biomédica y las patentes sobre nuevos tratamientos dispondrá de una enorme ventaja competitiva durante las próximas décadas. De ahí que, para las dos superpotencias, la biotecnología se haya convertido ya en una infraestructura estratégica de primer orden.

Todo indica que la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos se intensificará en los próximos años. A la disputa por los chips más avanzados, la inteligencia artificial y el dominio sobre las tierras raras se suma ahora la biotecnología, incluida la investigación farmacéutica. La diferencia, sin embargo, es que este nuevo duelo no solo tendrá consecuencias económicas. También condicionará la salud, la esperanza de vida y la seguridad de sociedades enteras.

La Audiencia Nacional española abrió diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos ocurrida la semana pasada. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que realice un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

En un auto fechado el 31 de julio, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3, María Tardón, solicita también que identifiquen “a quienes hubieran podido participar en tales acciones”. Una vez recibido este informe, la magistrada decidirá si es competente para asumir la investigación penal tras una denuncia del partido político Iustitia Europa.

En su denuncia, el partido señalaba hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. E iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

El auto de la jueza opta únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realice el citado informe con “carácter previo! a resolver sobre la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.

Fátima es una de las primeras en llegar al punto por donde entran todos los jóvenes que están volviendo desde Ceuta hasta Castillejos, la localidad marroquí al otro lado de la frontera. Sentada en el suelo y en busca de la sombra, mira hacia el horizonte de un mar encarcelado. Detrás de la valla que la separa del espigón, decenas de chicos marroquíes caminan sorteando las rocas, restos de ropa y chancletas que inundan este trozo de la costa mediterránea tras la entrada de decenas de miles de personas –en su mayoría jóvenes, aunque también familias y menores– a la ciudad autónoma el pasado jueves.

Está con su hermano mayor, Mohamed. Ambos llevan desde el viernes esperando al pequeño de los tres. Khalid tiene 26 años, estudió en Meknes y vive con sus padres. “No encuentra trabajo, pero tampoco nos avisó que iba a hacer esto”, confiesa Fátima mientras señala Ceuta, a escasos metros desde donde habla con elDiario.es.

Hadiya, una joven de 23 años, busca a su hermana pequeña, de solo 18. Se asoma en los autobuses donde suben aquellos a los que no les esperan sus familiares en este punto del país y que serán trasladados a ciudades como Tánger o Casablanca. “Hermano, estoy buscando a mi hermana pequeña. ¿Está aquí?”, pregunta con la voz entrecortada.

“¿Por qué se marchó?”, pregunta este medio. Hadiya resopla. “No lo sabemos. Lo tiene todo: escuela, casa, estudios, familia”, responde. Para Mouna, que espera a su hija de 22 años, la respuesta es la misma, aunque añade: “Seguramente lo vio en redes. Está lleno de videos de otros jóvenes que iban camino a España”, explica. “Tampoco nos avisó. Vivimos a ocho kilómetros de esta frontera”, añade a este medio.

Pasaron casi tres horas y cada vez hay más familiares y amigos que esperan tener noticias. Muchos de los jóvenes que cruzaron hacia Ceuta perdieron sus teléfonos móviles o no tienen batería o saldo para llamar a casa. Conforme van llegando, algunos se lanzan a los brazos de sus seres queridos y, entre lágrimas, solo dan gracias a Dios.

Otros, en cambio, tendrán que esperar unos cientos de kilómetros hasta reencontrarse con unas familias ahogadas en la angustia. Rabat ha roto este domingo su silencio sobre la tragedia, tras jornadas sin proporcionar información sobre el número de víctimas, heridos o desaparecidos en territorio marroquí, y ha elevado a 11 el número de víctimas contabilizadas en su lado de la frontera. “Hay muchos muertos en el mar”, dijo un agente marroquí este sábado por la noche a elDiario.es, señalando la costa. España hasta ahora informó que el número de víctimas mortales se sitúa en 72.

Fátima corre hacia esta periodista y, sonriendo, cuenta que su madre le acaba de llamar con la mejor de las noticias: el joven Khalid ha aparecido en casa. Poco después, Mouna lanza un chillido mientras habla por teléfono. Es su hija, está volviendo hacia Marruecos. La joven, que presenta heridas en la cara y en los brazos, llega media hora después. Se funden en un abrazo y corren a buscar un taxi.

Una generación sin horizontes claros

La salida de los jóvenes marroquíes de su país no se explica solamente por su cercanía con la frontera terrestre con España ni por la cantidad de videos difundidos por redes sociales, grabaciones de jóvenes avanzando hacia la frontera en grupo, cruzando por el mar o alentando el cruce irregular hacia la ciudad autónoma y a través de los cuales muchos chavales se enteraron de que la gente estaba intentando atravesar la frontera.

Este éxodo también tiene múltiples aristas sociales y económicas. Organizaciones de derechos humanos marroquíes apuntan, entre los factores estructurales que impulsan la migración irregular, al desempleo y la pobreza.

La desesperanza ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en la identidad de toda una generación

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos afirma en un comunicado recogido por la Agencia EFE que lo sucedido “refleja el bloqueo del horizonte social” en Marruecos y evidencia la incapacidad del Estado para garantizar “el mínimo de dignidad humana” a la población.

La ONG cree que, lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio fronterizo es el resultado de “décadas de marginación, empobrecimiento y exclusión social” y constituye “un indicador extremadamente grave del grado de desesperación” y de la pérdida de confianza en las instituciones públicas.

En Marruecos, el desempleo juvenil ha superado ampliamente la media nacional: más de un tercio de los jóvenes de entre 18 y 24 años no encuentra trabajo, mientras que entre los 25 y los 34 años el paro afecta a más de uno de cada cinco, según datos del Banco Central. Los que tienen estudios también encadenan años sin empleo, trabajos informales o puestos mal remunerados.

Acceso a educación y sanidad

Para muchos jóvenes –que se manifestaron activamente en las calles del país en octubre de 2025, sobre todo a través de la plataforma Generación Z 212–, la falta de oportunidades convive con macroproyectos. Con una Marruecos ‘a dos velocidades’. En las grandes ciudades, como Rabat o Casablanca, se están invirtiendo recursos en infraestructuras vinculadas al Mundial de Fútbol de 2030. Recursos que contrastan con el estado del acceso a la educación y la sanidad en el país.

Respecto a la educación, en las zonas rurales del país, algunos alumnos caminan durante horas para llegar a escuelas con aulas saturadas, falta de material y edificios en malas condiciones. Para muchos jóvenes, estudiar había dejado de representar una garantía de movilidad social y oportunidades laborales. Muchos terminan sus estudios y siguen en sus hogares, sin posibilidades económicas de independizarse. A finales de octubre de 2025, y tras las protestas de la GENZ 212, el Consejo de ministros marroquí intentó aplacar el malestar anunciando inversiones en salud y educación.

Otros jóvenes denuncian las complicaciones burocráticas para obtener visados hacia Europa. Muchas de las quejas aluden a la reventa de las citas para acceder a tramitar los visados españoles en Marruecos. Los intermediarios informales utilizan robots informáticos o acuerdos opacos para acaparar las citas disponibles y así ofrecerlas posteriormente a los solicitantes a cambio de altas sumas de dinero que muchos jóvenes no pueden pagar. A final de julio de 2026, medios marroquíes hablaron de un nuevo blindaje contra el fraude en dichas tramitaciones.

La AMDH advierte de que “la desesperanza ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en la identidad de toda una generación”, que ve en la migración una expresión de rechazo contra la desigualdad, “la corrupción, el autoritarismo y el abuso de poder”.

La asociación considera al Estado marroquí “política y jurídicamente responsable de las condiciones catastróficas que han desembocado en este éxodo colectivo, comparable por su magnitud a situaciones propias de zonas de guerra o de conflicto armado”. “La migración es un derecho humano y no es legítimo convertir el sufrimiento de las personas pobres, marginadas y víctimas del fracaso de las políticas públicas en instrumentos de maniobra geopolítica o en moneda de cambio en negociaciones políticas y diplomáticas”, señala.

Puede que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tenga una relación oblicua con la verdad. Puede que ejerza el poder con absoluta impunidad. Puede que para liberarse de cualquier fiscalización haya eliminado todo contrapeso institucional en la región de Madrid. Puede que de tanto denunciar que España es una dictadura lo que realmente proyecte sea una aspiración para Madrid. Puede que la llegada de miles de migrantes estos días a Ceuta le salve de su enésima polémica. Pero puede también que su querencia al lujo y a los penthouse sea el principio de su final. Nada está escrito todavía.

Esta última conjugación es la que se escucha bajito, tímidamente y siempre off, pero con mucha intensidad, en las filas del PP. Quizá no sea un aviso y tampoco una admonición porque, en realidad, Alberto Núñez Feijóo, llegó a la presidencia del Partido Popular a lomos de la controvertida “baronesa”. De no ser por ella, la operación “cargarse” al exjede del partido Pablo Casado Blanco y coronar a Feijóo nunca hubiera llegado a buen puerto. Hoy, el líder del PP paga el precio y la penitencia de haber tenido como valedora para su aterrizaje en la Madrid a alguien que, dentro y fuera del PP, se ha empoderado tanto como para suponer una amenaza para su propio partido.

La compra de un penthouse de 485 metros cuadrados en el exclusivo barrio de Chamberí, supuestamente para que lo usara Ayuso durante unas obras de reforma en la sede del gobierno en Puerta del Sol no anunciadas ni adjudicadas, ha empezado a colmar la paciencia de varios dirigentes territoriales, a quienes el PP mandó –no en una ni en dos ocasiones, sino demasiadas veces– cerrar filas con la presidenta madrileña.

Ante el fraude fiscal del novio –investigado por fraude–, ante el pelotazo del hermano tras la venta de barbijos en pandemia, ante la relación empresarial de la pareja con el grupo Quirón –el mayor grupo de asistencia sanitaria privada en España–, ante con las amenazas de su jefe de gabinete a elDiario.es, ante su alineamiento con ultraderechistas como Milei o Trump, ante su defensa del genocida Netanyahu, ante su polémico viaje a México…

Pero todo tiene un límite y el de algunos populares ya está sobradamente rebasado. “Es una bomba de relojería que el propio Feijóo ha permitido que se convierta en un activo más que el propio proyecto del partido. Y una de las consecuencias de todo ello es que el personaje se ha comido a la persona y el daño empieza a ser insostenible”, asegura un dirigente territorial.

“Separarse de un novio o de un testaferro”

Pese al malestar por el último y turbio episodio de la compra del ático y la posterior rectificación después de ser descubierta, en la dirección nacional piden calma. “Esto pasará” es la frase que un diputado nacional sostiene que se escucha en la séptima de Génova ante cualquiera de las polémicas protagonizadas por Ayuso y sus creadores. ¿La traducción? “Pues que ahora Feijóo no puede prescindir de ella, pero el día que sea presidente se sentirá liberado de toda atadura y será el momento”, intuye el mismo interlocutor.

En los mentideros populares circulan todo tipo de rumores sobre la presidenta madrileña, sobre la supuesta “creación de varias empresas por medio mundo de su novio”, sobre si la compra del ático era o no para instalar allí su residencia oficial e incluso sobre si la adquisición es el prólogo de una ruptura con su actual pareja… Para unos, todo eso son solo zarandajas (“Una cosa es separarse de un novio y otra hacerlo de un socio/testaferro”, sostiene un exdirigente del partido). Para otros, es un río que suena desde hace tiempo y que lleva demasiada agua. Pero si en algo coinciden muchos es en que “su caída será peor que la de Cristina Cifuentes”, la expresidenta de la Comunidad de Madrid quien fue atrapada robando dos cremas antiarrugas por US$55 .

Que la prensa afín y subvencionada por la propia Comunidad de Madrid haya hablado por primera vez con claridad de crisis política y de falta alta de transparencia es algo inédito y es una muestra de que las adhesiones, rara vez son inquebrantables. Las que sumaba Ayuso, según fuentes de su propio partido, van cayendo. Entre los alcaldes de Madrid, asegura un dirigente territorial, “hay hartazgo” y entre los barones, la sensación de que “el desgaste acumulado por sus diferentes escándalos ha empezado a hacer mella en Ayuso”. ¿Fuego amigo? No se descarta.

Sea como fuere, si de algo se ha encargado Ayuso desde que llegó a la presidencia de Madrid es de erosionar los contrapesos institucionales de fiscalización que podían controlar su acción de gobierno. Mientras día sí y día también acusaba a Sánchez de hacer de España una dictadura, la baronesa se dedicaba a reformar leyes para tomar el control absoluto de la Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza la gestión de las administraciones madrileñas. Y no solo, también el Consejo de la Transparencia y la televisión autonómica. De golpe, en 2023 nada más obtener mayoría absoluta, aprobó una ley ómnibus para modificar de una tacada 15 textos legislativos para escapar del control.

El escándalo motivó incluso un informe de la Fundación Hay Derecho que alertó de la excesiva influencia del Ejecutivo regional en los órganos de fiscalización. “Nuestro informe pone de manifiesto deficiencias que afectan directamente al funcionamiento del Estado de derecho en la región [de Madrid], como los cambios en los mecanismos de elección de órganos de contrapeso”, afirmó entonces Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. Nada distinto de lo que ya había alertado la oposición, que llevó incluso la ley ante el Constitucional.

El PSOE y Más Madrid han denunciado repetidamente este tipo de prácticas de la inquilina de Sol que, en opinión de sus dirigentes, “actúa con absoluto desparpajo e impunidad” con “ayuda de su batería mediática, donde ninguna de nuestras acciones tienen cabida”.

Posible delito de malversación

Más Madrid ha anunciado, ya que llevará a la justicia la compra del ático de Chamberí que se iba a utilizar como oficina temporal al entender que se podría haber incurrido en un delito de malversación. Esto además de sospechar que las presuntas obras en la Puerta del Sol que se esgrimieron como excusa desde la Comunidad nunca fueron tales porque, al ser un edificio Bien de Interés Cultural se habrían conocido de antemano.

Para el candidato del PSOE, Óscar López, también es demasiado tarde para las explicaciones y su partido prepara ya acciones judiciales contra la Comunidad de Madrid. “La única respuesta que cabe de la señora Ayuso es la dimisión inmediata”, afirmó el también ministro de Transformación Digital y Función Pública, para quien “es una vergüenza que algo así suceda en un sitio como Madrid, donde el principal problema es la vivienda”.

Las mismas preguntas que se hace la oposición madrileña sobre este último escándalo –que desde Sol han intentado, esta vez con escaso éxito, achacar a una operación de acoso contra Ayuso–, se las hacen también algunos populares, especialmente los que se consideran víctimas de la profunda transformación que la presidenta regional hizo de los equilibrios orgánicos cuando asumió también la presidencia del partido en Madrid. No en vano, en apenas siete años ha hecho desaparecer prácticamente todas las estructuras heredadas del periodo de Cristina Cifuentes y de la etapa final de Esperanza Aguirre para empoderar a una nueva generación de dirigentes cuya única ideología es la lealtad a la lideresa.

Demasiados frentes abiertos y demasiados detractores –dentro y fuera del partido– como para salir indemne de este su enésimo escándalo.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, de 49 años, asumirá la presidencia de Colombia este 7 de agosto con una inédita investidura en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Respaldado por 12,9 millones de votos, pero sin bancada propia en el Congreso. Su mandato arranca en un ambiente de crispación política: el proceso de empalme institucional con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro quedó roto por las peleas entre ambos. Y, aunque los choques con la izquierda estaban previstos, la verdadera sorpresa radica en las fisuras dentro de su propia coalición, evidenciadas en algunos desencuentros con la derecha tradicional del expresidente Álvaro Uribe.

La cronología es la siguiente: dos días después de la segunda vuelta presidencial, incluso antes de que se oficializara el triunfo del radical, el Centro Democrático se declaró “partido de Gobierno” y le entregó a De la Espriella una lista de prioridades legislativas. La colectividad de Álvaro Uribe, con una bancada consolidada de 47 congresistas entre Senado y Cámara, ratificó así una alianza parlamentaria que ya se daba por descontada desde la campaña.

Pero la armonía duró poco. La primera derrota política del presidente electo llegó antes de su investidura. Durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, la presidencia del Senado quedó en manos de Honorio Henríquez (Centro Democrático) y no de Alfredo Deluque (Partido de la U), la ficha respaldada por De la Espriella. Por tradición, el cargo correspondía al uribismo como fuerza mayoritaria de la coalición oficialista. Y aunque el ‘Tigre’ intentó romper esa norma no escrita para imponer a su favorito, el pulso terminó en fracaso.

De hecho, las advertencias de Uribe no se hicieron esperar. Si bien reiteró su apoyo a las iniciativas del nuevo Gobierno que coincidieran con sus principios, también lanzó una frase con su sello: “Si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas laboriosas”. Lejos de retroceder ante el exmandatario, el presidente electo replicó y redobló la apuesta con una frase política: “Hay pulgas que tienen el insignificante derecho de picar a los tigres, pero los tigres no detendrán la marcha por esa tontería”.

La vieja guardia resiste

La fisura en el bloque derechista, sin embargo, no es de momento programática. En seguridad, economía o el desmantelamiento de la obra de Petro, las coincidencias son casi absolutas. La batalla se libra en otro terreno, menos ideológico y más pragmático: una disputa por la hegemonía y el control del poder.

El politólogo Yann Basset lee el conflicto como una grieta generacional en la derecha. En una orilla resiste la corriente tradicional, con Uribe como pilar, a sus 74 años. En la otra, emerge una facción radicalizada, cercana al libertarianismo, que mira a Trump, Bukele o Milei, y que ya no necesita la bendición del expresidente. De la Espriella, al mando del joven movimiento Defensores de la Patria, reclama la jefatura de este nuevo orden. Por eso el nudo se halla en la pugna por el liderazgo entre dos vertientes de una misma familia que se necesitan, pero no siempre hablan el mismo lenguaje.

Salvado el terreno ideológico, la distancia es sobre todo de formas. Camilo Cruz, politólogo de la Universidad del Valle, resume que se trata del choque entre una fuerza institucional y una emergente. El Centro Democrático, añade, opera como una maquinaria hecha al consenso parlamentario: doce años de partido y toda la experiencia del uribismo en un Congreso donde casi todo se negocia mediante pactos, transacciones y clientelismo. De la Espriella, en cambio, irrumpe como un advenedizo que aspira a prescindir, en lo posible, de esa diplomacia y se presenta con un tono que promete confrontación cuando las cosas no fluyan.

Basset añade un factor sociológico. Al volverse un partido tradicional, el Centro Democrático se elitizó, pasó de aquella gran base popular que adoraba a Uribe a comienzos del milenio a convertirse en una fuerza urbana de clase alta. De la Espriella entendió el vacío y recogió a esa parte de la militancia de derecha popular que el uribismo dejó ir.

El conflicto cultural

Discursos, publicaciones en redes y el ajedrez de los ministerios han sido los termómetros habituales para medir el rumbo de la nueva derecha. Sin embargo, la politóloga Laura Wills, de la Universidad de los Andes, sugiere afinar la mirada hacia el terreno cultural. A su juicio, el gabinete de De la Espriella carga una impronta mucho más religiosa y doctrinaria que la del uribismo histórico. De hecho, ya existe una agenda de recortes a conquistas sociales que se consideraban consolidadas —como el derecho al aborto, la educación laica o los asuntos de género—. Es una lectura prudente, pero que asoma un dilema inevitable: descifrar si la retórica del Gobierno entrante marca una ruptura real con el pasado y si la coalición oficialista terminará partida entre la vieja guardia y la nueva extrema derecha.

El retrato se complica al mirar los pilares que llevaron a De la Espriella al poder. Las fuerzas que lo respaldaron son heterogéneas: junto al Movimiento de Salvación Nacional —un claro escudero que, pese a contar con apenas cuatro congresistas, aporta el sello radical de una colectividad familiar de honda cultura católica y férrea defensa del orden— conviven estructuras regionales y barones electorales de corte más moderado. De ahí que los analistas aguarden con paciencia a ver cómo compaginará su retórica extremista con una coalición que, en la práctica, empuja de vez en cuando hacia el pragmatismo.

Ninguno de estos dilemas tiene un final escrito. En una Colombia bajo un sistema presidencialista, con fortines regionales fragmentados, altas cortes diversas, gremios y sindicatos, mover las líneas del poder es una tarea titánica. La primera incógnita apunta a si el presidente electo usará el poder para arrastrar a la derecha tradicional hacia sus tesis radicales. O si la necesidad de coalición moderará su discurso. La segunda duda recae en el uribista Centro Democrático: si optará por endurecerse para evitar ser absorbido o si terminará abrazado al ala fuerte.

Para el analista Gustavo Duncan, de la universidad EAFIT de Medellín, el primer gran reto de De la Espriella no es constitucional, sino aritmético: armar mayorías en el Congreso. Más allá de su promesa de respetar la Constitución de 1991, el verdadero peligro radica en que, ante la falta de apoyo legislativo, el mandatario opte por gobernar a golpe de decreto en materias que exigen reformas de fondo, en la misma línea de Petro. En todo caso, su margen de maniobra es corto.

Entre Fujimori y Bolsonaro

El politólogo Camilo Cruz matiza incluso la etiqueta ideológica y prefiere hablar de “nueva derecha” antes que de “ultra” a la hora de referirse al presidente electo. Para sustentarlo, identifica una combinación de personalismo, negacionismo climático, batalla cultural, religiosidad y descalificación del adversario. Propone, además, una imagen que ilustra el relevo político mejor que cualquier fecha: Uribe se miró siempre en la derecha latinoamericana de su generación (Fujimori o Collor de Mello), mientras que De la Espriella se proyecta en la de la suya (Milei, Bukele y Bolsonaro).

Esta mutación, que hoy amenaza al uribismo histórico, evoca el eclipse de algunas maquinarias tradicionales europeas. En la Italia de 1994, Silvio Berlusconi fundó Forza Italia sobre las ruinas de la Democracia Cristiana, el gigante que gobernó el país durante casi medio siglo. Con esa estrategia absorbió su espacio, heredó sus votantes y asimiló a sus cuadros. Tres décadas después, su partido quedó reducido a socio menor de la ultraderecha de Giorgia Meloni, a la que el propio Berlusconi había abierto la puerta. El reflejo italiano deja una advertencia clara: las fuerzas erigidas alrededor de un solo hombre suelen tener fecha de caducidad.

Ahora De la Espriella asume el poder con toda la arquitectura del Estado a su favor, pero sin músculo propio en el Congreso. Su movimiento, Defensores de la Patria, ya está en fila para convertirse en partido formal: un remedio tardío para una bancada que, de lograrlo, no existiría hasta 2030, cuando su líder entregue el poder. Hasta entonces, el abogado penalista que ganó publicitandose como ajeno al sistema tendrá que negociar y adaptarse al juego de tronos del Congreso que desdeña si quiere sacar adelante su proyecto, la llamada “Patria Milagro”.

La llegada a Ceuta de decenas de miles de personas migrantes sirvió a la ultraderecha global para lanzar una ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas migratorias. En una estrategia compartida, líderes y políticos de distintos países utilizaron las imágenes de la frontera para reforzar un mismo relato, su relato habitual: presentar la migración como una amenaza y reclamar un mayor endurecimiento de las fronteras.

Los mensajes difundidos por dirigentes de la extrema derecha europea y por Donald Trump recurrieron a discursos xenófobos y racistas para aprovechar la crisis fronteriza —que ha dejado al menos 57 personas fallecidas— y alimentar el miedo a la migración.

“Hablar de 'invasión', convertir a todos los migrantes en delincuentes y sembrar el miedo sin pruebas no protege las fronteras: solo alimenta la xenofobia y la polarización. La irresponsabilidad también tiene consecuencias”, dice Anna López, doctora en Ciencia Política y autora de La extrema derecha en Europa, en una publicación en Bluesky.

En medio de las tensiones entre Washington y Madrid el último año y medio, la imagen de miles de marroquíes buscando un futuro mejor se convirtió en la última baza del presidente de EE.UU. para atacar a España. “Es terrible. Recuerden esa imagen”. Esto es lo que nos va a pasar en los próximos tres años si el bando equivocado llega [al poder]“, dijo el viernes Trump a la cadena Fox. Luego, el Departamento de Estado señaló que la situación en Ceuta ”es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa“.

Trump capitaliza doblemente el episodio de Ceuta para hacer avanzar su agenda y erosionar la imagen del Gobierno de Sánchez. “El presidente Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurrirá si sigue aplicando políticas de extrema izquierda y globalistas, incluida la facilitación de la migración masiva”, dijo a la cadena Fox News la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly. “España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o arriesgarse a su propio declive”.

En 2024, la promesa de endurecer el control fronterizo y combatir la inmigración irregular fue uno de los pilares de la campaña que llevó a Trump de nuevo a la Casa Blanca. Con la guerra de Irán atascada y los estadounidenses ahogados por el aumento del costo de vida, la crisis de Ceuta puede ayudar a Trump a volver a canalizar el malestar social en su favor. La situación también es instrumentalizada para justificar la dura campaña de deportaciones de Trump, marcada por denuncias de abusos y un endurecimiento sin precedentes de las detenciones y deportaciones ejecutadas por ICE.

Si España se convirtió en un país incómodo para los Estados Unidos de Trump, al otro lado de la valla de Ceuta hay un gran aliado. La relación entre el rey de Marruecos, Mohammed VI, y Washington se ha consolidado durante el segundo mandato del republicano. Durante la primera presidencia de Trump, Rabat fue uno de los primeros países árabes en sumarse a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel. A cambio, en 2020, el republicano reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

La campaña de la ultra europea

También la extrema derecha europea aprovechó la ocasión para lanzar, durante toda la jornada del viernes, una campaña en redes sociales en la que, bajo el mismo guion, los líderes ultras reclamaron el cierre a España del espacio Schengen –que permite circular sin control por países europeos—, hablaron de “invasión” y advirtieron de que las personas que llegaron a Ceuta acabarían desplazándose al resto de Europa –decenas de miles regresaron a Marruecos el día después–.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, desmintió que se estén produciendo desplazamientos de personas desde Ceuta “hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembros”.

Italia, que la tarde del viernes decidió reintroducir controles en puertos y aeropuertos con España en una medida que implica una suspensión temporal de Schengen (aunque luego ha matizado que los registros serán aleatorios y solo a ciudadanos que no sean europeos), fue uno de los primeros en pronunciarse.

Con todo, ese sábado lideraba junto a Dinamarca y otros 20 países europeos, la petición de una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) para analizar la crisis migratoria de Ceuta y acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior. En la misiva se pide tener en cuenta, concretamente, el refuerzo del apoyo de Frontex y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos.

Ya el jueves se posicionó a favor del cierre del espacio Schengen con España a través de mensajes lanzados tanto por la primera ministra ultraderechista, Giorgia Meloni, como por su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, que el viernes provocó que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, convocara al embajador italiano en Madrid, Giuseppe Buccino Grumaldi.

A ese primer anzuelo, se fueron sumando el resto de representantes de la extrema derecha europea. Las primeras adhesiones llegaron desde el norte. El Gobierno finlandés, en el que participan los ultraconservadores, secundó la propuesta italiana, al igual que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, una de las líderes europeas con un posicionamiento más duro contra la inmigración a pesar de pertenecer a la familia socialdemócrata.

El Partido Popular Danés (DF) y los líderes de Demócratas de Suecia (SD), las dos principales fuerzas de ultraderecha en esos países nórdicos, también apoyaron la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen con España.

La francesa, Marine Le Pen, candidata a las elecciones de la próxima primavera, pidió en sus redes que Francia “refuerce sin dilación los controles en sus fronteras” y, como si anunciara una medida de su futuro programa, aseguró que “reservará” la libre circulación Schengen “a los nacionales de la UE”.

La líder de Alternativa para Alemania (AfD), la ultra germana, Alice Weidel, que actualmente encabeza la oposición, publicó una imagen en X en la que se lee “Ceuta invadida” y en la que también deducía que “es probable que el destino de la mayoría de estos migrantes sea Alemania”.

El dirigente del partido neerlandés de extrema derecha PVV, Geert Wilders, que lidera uno de los partidos más grandes del Parlamento neerlandés, ya calificó este jueves la situación en Ceuta de “invasión islámica” y difundió sus habituales mensajes islamófobos y racistas en sus redes: “Deténganlos a todos. Devuélvanlos a todos. No más. No más islam”.

Tras tildar de “los locos de la izquierda liberal” tanto al Gobierno español como al de su país, solicitó el viernes la convocatoria de un debate plenario urgente para abordar la situación en España, sus posibles repercusiones para Países Bajos y las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse.

El referente del partido ultraderechista británico Reform UK, Nigel Farage, tildó la crisis fronteriza en Ceuta de “batalla por el futuro de nuestra civilización”, ante la cual “es hora de despertar”. En una declaración grabada con imágenes de cientos de marroquíes intentando cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades, alertó –sin pruebas– de que esos jóvenes, “muchos de ellos peligrosos”, pueden acabar en el Reino Unido.

Desde Portugal, el partido ultra Chega, liderado por André Ventura, anunció que presentará en el Parlamento una iniciativa para suspender temporalmente la aplicación del Acuerdo de Schengen y restablecer de inmediato los controles en las fronteras terrestres con España.

Fuera de la UE, Israel se sumó a la ola de críticas contra España y aprovechó la crisis fronteriza para expresar, una vez más, su reproche al Gobierno socialista, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales tras las críticas reiteradas de Pedro Sánchez al genocidio en Gaza. El ministro de Seguridad israelí, el radical Ben Gvir, dedicó al presidente español un mensaje jocoso e irónico y le invitó a “dar refugio a toda la población de Gaza que desee emigrar” en lo que ha descrito como una “excelente oportunidad para contribuir un poco más a la diversidad humana” de España.

Conocido por sus declaraciones incendiarias y su postura supremacista, Ben Gvir “felicitó” a Sánchez por “su profundo compromiso con la acogida de la inmigración”.

En tromba contra la regularización

Una de las críticas más repetidas en la campaña de la extrema derecha europea contra España ha sido al proceso extraordinario de regularización migratoria impulsado por Sánchez para medio millón de personas que están sin papeles en España.

Los líderes ultras relacionaron la oportunidad de la regularización con un supuesto “efecto llamada”. Sin embargo, las personas que han cruzado a Ceuta en las últimas horas no pueden acogerse al procedimiento de regularización, cuyo plazo de presentación de solicitudes cerró hace un mes y que exigía, entre otros requisitos, haber entrado antes del 1 de enero de 2026 y haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses.

El italiano Tajani fue de los primeros en ponerlo sobre la mesa: “Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”.

El mensaje lo replicó luego la extrema derecha francesa. En un mensaje en su cuenta de X, el eurodiputado Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN, el partido de Le Pen), reprochó al Gobierno español que, con esta medida, Sánchez “ha abierto las puertas de Europa a todos los peligros”. “El resultado –añadió Bardella– está ahí : desde hace varios días, miles de migrantes llegan al enclave de Ceuta. Mañana estarán en nuestras calles, contra la voluntad del pueblo francés”.

El primer ministro de la República Checa, el populista de derechas Andrej Babis, mencionó el “efecto llamada”, junto con el ultra británico Farage, que llamó “amnistía” a la regularización y espetó : “El mensaje de España es claro: entren y se les permitirá quedarse”.

“El drama de Ceuta ya es munición para la extrema derecha europea. Bardella culpa a Sánchez, habla de abrir las puertas de Europa y usa el miedo para pedir más cierres de fronteras. El mismo guion de siempre: convertir una crisis migratoria en oportunidad electoral”, dice Anna López. “La internacional del odio no descansa”.