Hace un año, junto a Alberto Binder señalábamos que había llegado la hora de que los jueces cumplieran su función de garantizar la vigencia de la Constitución. Pero el reloj sigue corriendo y pocos jueces aparecen. Entre las múltiples razones de esa inacción, una se volvió especialmente visible en el último mes: el envío de pliegos por parte del Poder Ejecutivo que, en algunos casos, reflejan negociaciones tan burdas que avergonzarían a cualquier mercado persa.

Un informe de ACIJ, INECIP y otras organizaciones mostró que el sistema de concursos puede convertirse en una pantomima. De un plumazo, una persona puede ascender 10, 20 o hasta 30 posiciones en el orden de mérito construido a partir de antecedentes y exámenes. De los primeros 67 candidatos enviados al Senado, 20 no habrían ingresado a la terna si no fuera por esos movimientos en las etapas más discrecionales. En 12 casos, los “saltos” superan las 10 posiciones. 

Lejos de tratarse de correcciones al mérito en base a otros factores también válidos, muchos de esos cambios responden a cuestiones indebidas, como vínculos familiares, políticos o con jueces que tienen a su cargo causas sensibles para el Gobierno. Reconocer esto no implica negar el carácter político del proceso. Pero la dicotomía “mérito o política” es falsa. La idoneidad es un baremo insuficiente, pero imprescindible. En la práctica, cuando se lo deja completamente de lado, no suele ser para ampliar la diversidad de perfiles que llegan a la magistratura, sino todo lo contrario.

En los hechos, el sistema no valida idoneidad ni independencia, sino que testea sumisión. Para llegar a ser juez en Argentina, muchas veces hay que demostrar que se atenderán ciertos teléfonos, o que se actuará considerando ciertos intereses sin necesidad de que el teléfono suene. Cualquier señal de independencia puede dejar al competidor fuera de carrera. Quien finalmente llega, generalmente lo hace tras haber conseguido ciertos apoyos que son condicionamientos previos, ya sean explícitos o tácitos. Y, lamentablemente, ese proceso de encorsetamiento previo suele ser muy efectivo.

De este modo, desde el momento mismo del nombramiento se empieza a moldear una cultura judicial de la sumisión que luego se traslada al ejercicio mismo de la magistratura.

El problema de esa cultura es que un juez que evita fallos difíciles por temor a las reacciones del poder es como un bombero que no entra a una casa incendiada por miedo al fuego. No se trata de heroísmo, sino de cumplir con su función más básica.

Nadie pide jueces mártires. Pero naturalizar la idea de que no podemos exigirles un mínimo de coraje cívico implica confundir realismo con resignación. Un error cada vez más usual del pensamiento democrático y republicano, que termina siendo funcional al avance autoritario.

La explicación habitual de esa inacción judicial es la “debilidad estructural”, que en la práctica funciona como una profecía autocumplida: como el Poder Judicial sería débil, los jueces actúan como si no se pudiera hacer nada, y esa debilidad se reproduce indefinidamente, a la espera de condiciones ideales que nunca llegan ni tampoco llegarán solas.

Esa inacción individual tampoco se compensa con la acción colectiva. No porque falten asociaciones o redes de jueces. Pero muchas de ellas participan y promueven este juego de distribución de cargos que dicen cuestionar. Otras limitan su acción a la discusión académica o a la catarsis auto-exculpatoria, sin hacer un ejercicio de autocrítica corporativa, ni tampoco meterse en la disputa política de fondo que permita remover esos supuestos obstáculos estructurales.

¿Hay salida? Sí, pero no es sencilla. Probablemente ya no estemos a tiempo de evitar que se designen cientos de jueces bajo estas reglas. Pero la grotesca forma en la que está ocurriendo empieza a generar una reacción que debería traducirse en cambios profundos.

La discusión se reabrió con el proyecto de Reglamento de Selección impulsado desde la Corte Suprema, un proyecto que presenta ciertos avances, aunque también deja vigentes muchos de los problemas de los procesos actuales. Su intento de imponerlo a libro cerrado tampoco ayuda, especialmente cuando la propia Corte ha contribuido en los últimos años a consolidar esta cultura de la sumisión, mediante su convalidación por acción u omisión de decisiones claramente inconstitucionales, incluida la designación de jueces de la Corte por decreto. “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, en versión cortesana.

Reformar ese reglamento es un paso imprescindible, como desde la sociedad civil se señala hace años, pero insuficiente. Ninguna reforma reglamentaria alcanzará mientras el Consejo de la Magistratura tenga una composición elefantiásica y procesos kafkianos que diluyen las responsabilidades de cada estamento y de cada consejero. No se trata solo de cómo se eligen los jueces, sino también de quién los elige.

Para transformar esto hacen falta más voces. Muchos jueces, aspirantes y abogados comparten este diagnóstico en privado. Su silencio público es otra expresión del problema. El primer paso deberían darlo quienes tienen mayor resguardo institucional: los propios jueces que todavía están comprometidos con la independencia judicial y que comparten este diagnóstico.

Lo que está en juego no es un debate técnico sobre concursos, sino si Argentina va a tener un Poder Judicial independiente o sometido. 

Si quienes bregan por el Estado de Derecho no se toman en serio la larga, incómoda y conflictiva tarea de construir esa independencia, el resultado no será solo un Poder Judicial débil. Será un Poder Judicial definitivamente capturado por parte de sectores de poder, en un contexto regional, y ya también nacional, en el que organizaciones criminales violentas empiezan a entender y a explotar la importancia de controlar la administración de justicia.

Estamos a tiempo de prevenir la extensión de ese fenómeno. La experiencia regional muestra que, una vez que ese proceso se consolida, revertirlo es mucho más costoso.

*El autor es Director Ejecutivo del INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

El proceso de crecimiento sin empleo continúa siendo el rasgo central del escenario actual. La actividad económica viene mostrando una tendencia moderada al alza, pero el crecimiento no se traduce en una mejora equivalente del empleo de calidad. Este desacople responde al patrón sectorial del modelo en curso: los sectores más dinámicos tienen baja capacidad de generación de puestos de trabajo, mientras que las ramas más intensivas en empleo siguen debilitadas. 

En las crisis recientes del mercado de trabajo aparece un mecanismo distinto al de los años noventa. Mientras que entonces el deterioro se canalizaba principalmente en un aumento del desempleo, en los últimos años la principal expresión se da a través del crecimiento de los empleos refugio. 

En los ‘90, entre el 70% y el 80% de los trabajadores activos en situación de crisis laboral eran desempleados y solo el 20% o 30% restante se insertaba en empleos refugio. Esa composición comenzó a modificarse a partir de los 2000 pero sobre todo en los años más recientes, cuando estas modalidades pasaron a ser opciones con más facilidades de acceso. La emergencia de la economía de plataformas de trabajo, especialmente aquellas vinculadas al transporte de personas y productos, contribuyó decisivamente con este proceso, y también lo hicieron la expansión de la tercerización, el monotributo y otras formas de contratación flexibles.

De esta manera, bajaron las barreras de entrada al empleo precario pero subieron las que habilitan el acceso al empleo de calidad. Conseguir un empleo se volvió más fácil, pero conseguir uno con salarios y condiciones adecuadas, cada vez más difícil.

En particular, luego de la pandemia el número de trabajadores insertos en empleos refugio superó al de desocupados (1.8 millones contra 1.7 millones de personas, respectivamente) cuando en los años ‘90 eran apenas el 25% de ellos (650 mil contra un total de 2.7 millones de desocupados). 

Entre las principales características de los puestos creados desde 2023 se destaca que la mayoría son cuentapropistas informales; que trabajan principalmente en servicios de preparación y venta de comidas y bebidas y, en menor medida, en comercio, construcción y servicios; que el trabajo se realiza sobre todo en la propia vivienda, o en la calle y el espacio público; y que la la mitad de esos nuevos trabajadores se encuentra entre el 20% más pobre de los ocupados.

A esto se suma el deterioro de los ingresos. Incluso cuando el salario de los trabajadores formales del sector privado logró mostrar cierta estabilidad en los últimos meses, esa foto no alcanza para describir la situación de los hogares. Los salarios siguen ubicados en niveles históricamente bajos, alrededor de un 20% por debajo de los de 2015, y el peso de los gastos fijos aumentó de manera significativa desde fines de 2023. 

El problema no pasa solo por el salario que el trabajador cobra al inicio del mes, sino por cuánto dinero le queda después de pagar sus gastos fijos: alquiler, electricidad, gas, transporte, etc. Es en ese ingreso disponible donde el ajuste se siente con mayor intensidad. En el sector público, la contracción es aún más profunda: la pérdida salarial acumulada desde fines de 2023 alcanza el 18%.

Frente a esta crisis, la expansión de los empleos refugio permitió que la desocupación no creciera al mismo ritmo que se destruía empleo de calidad. Pero ese mecanismo empieza a mostrar límites. La caída del empleo formal continúa, los salarios no se recuperan y las ocupaciones precarias ya no alcanzan para compensar el deterioro porque su capacidad para absorber a trabajadores excluidos del empleo formal o a aquellos que necesitan de un segundo o tercer ingreso, no es ilimitada. En cierto momento, los trabajadores comienzan a competir por una demanda estancada y la cantidad de oferentes supera a la demanda. 

Entonces, si el Uber llega rápido y es barato, si el mismo conductor además ofrece comida preparada desde su casa, es porque esa economía de subsistencia está llegando a un punto de saturación. Después de eso viene el desempleo.

*Matías Maito (CETyD - EIDAES - UNSAM)

En 1890, año en que según el presidente éramos una nación próspera, se conmemoró por primera vez en Argentina el Día del Trabajador. El 1° de Mayo, para gran parte del planeta, es una jornada de lucha por derechos y reconocimiento al esfuerzo cotidiano. En nuestro país, hace años que no podemos asociarlo a la alegría que tuvo en otros tiempos. Cada vez trabajamos más, en peores condiciones, con salarios más bajos y con mayor temor de perder el único ingreso que ni siquiera alcanza para mantenernos. Este proceso no comenzó con Milei, ni siquiera es patrimonio exclusivo de la Argentina. Desde hace décadas, el trabajo es un tema de debate y tensión en todo el mundo. La globalización, la tecnología y los hábitos de consumo han configurado un escenario completamente distinto al de aquellos días cercanos al pleno empleo.

Durante muchos años en Argentina los sucesivos gobiernos no tuvieron la voluntad o la capacidad de encarar transformaciones que permitieran sostener el nivel de actividad y el piso de derechos para la población. Milei llegó a una Argentina donde coexistían trabajadores formales pobres y millones de trabajadores informales, a quienes incluso sectores del peronismo se resistían a reconocer como tales. Pero Milei, lejos de aliviarles los problemas, los considera sus enemigos. El gobierno libertario no sólo destruye cotidianamente fuentes de trabajo con sus políticas económicas, sino que también se ocupa de minar sus derechos, desde la Ley Bases y con la reforma laboral más regresiva de la historia. Ni se ocupó de los repartidores de plataformas, ni de ninguno de los sectores informales en crecimiento, a los que llama “independientes”, como si estuviera en ellos elegir las condiciones de contratación. 

La fotografía actual del trabajo en la Argentina nos muestra que de la Población Económicamente Activa (PEA) de 25 millones, 6,5 están en el sector privado, 3 en el público, 2 son monotributistas y 2 desocupados. El resto, cerca de 12 millones, está en la informalidad. La misma cantidad que Milei dice haber sacado de la pobreza, solo que ellos existen de verdad y son trabajadores sin registro ni derechos. No es un problema “del Conurbano”. ¿Alguien cree que los proyectos mineros van a revertir que en la mitad de las provincias hay hoy más trabajadores informales que formales? Lo que ocurre mientras nadie se ocupa, es que esos 12 millones sin derechos presionan a la baja los salarios de los formales, que a su vez tienen que buscar en esos mismos rebusques y aplicaciones otros ingresos para llegar a fin de mes. 

Le pese a quien le pese, este problema no se resuelve con crecimiento y con consumo. Por supuesto que son condiciones necesarias, pero en los últimos 50 años demostraron no ser suficientes. Tuvimos ciclos de crecimiento “a tasas chinas” pero el empleo informal creció a tasas siderales. Es por ello que si un gobierno tiene vocación de mejorar la vida de las mayorías tiene que poner el trabajo como centro de su política. No alcanza un plan para la macro: es imprescindible generar instrumentos focalizados en cada rama de la economía popular, en las distintas realidades, para avanzar en la registración y, paulatinamente, garantizarles los derechos que merecen todos los trabajadores, formales e informales. Y esto requiere una mirada moderna que entienda cuáles son las formas hoy de generar riqueza, los procesos productivos o los vínculos con los espacios de trabajo, nadie puede representar lo que no comprende. Por eso, o el peronismo entiende el nuevo mundo del trabajo o corre el riesgo de morir en la nostalgia.

*El autor es dirigente nacional del Moviento Evita

En el último tiempo, distintas situaciones que ocurren en las escuelas comenzaron a adquirir mayor visibilidad y circulación mediática, especialmente aquellas en las que los vínculos entre niños, niñas y adolescentes ocupan un lugar central.

Tal vez no se trate solo de hechos que preocupan al interior de las familias o de cada comunidad educativa, sino de una oportunidad para pensar dimensiones más amplias, que inviten a los adultos a escuchar las condiciones de un contexto atravesado por múltiples factores que inciden en la vida de las infancias y adolescencias.

Entre esas dimensiones pueden considerarse las condiciones culturales, sociales y económicas; los movimientos institucionales y las políticas públicas; la valoración del bien común; y la complejidad que supone, para niños y adolescentes, la pertenencia a grupos donde puedan sentirse reconocidos. En este entramado también se juega un proceso fundamental: la construcción de la noción de semejante, de ese otro que tiene un valor y un lugar equivalente al propio. Esa idea se aprende, se construye, y hoy aparece en muchos casos debilitada en las formas de relación.

Estas variables configuran redes simbólicas que sostienen la posibilidad de pertenencia y de enunciación subjetiva. En ese marco, sostener las diferencias sin anular ni destruir al otro se vuelve un aprendizaje central en un tiempo donde las violencias circulan con mayor naturalidad entre adultos, desbordando límites y alcanzando a niños y adolescentes con escasas mediaciones.

Una expresión de ello pueden ser los recientes episodios de amenazas en escuelas, que exceden los marcos habituales de lo escolar y adquieren modalidades propias de la época: atravesadas por la lógica de las redes, por la velocidad de circulación, por su carácter muchas veces enigmático e inmediato.

Hechos que en otros contextos geográficos o históricos parecían lejanos —como ciertos episodios en Estados Unidos o incluso el caso de Carmen de Patagones en 2004— hoy resuenan de otro modo en nuestro campo social, especialmente a partir de lo ocurrido el pasado 30 de marzo en una escuela de la localidad de San Cristóbal (provincia de Santa Fe), donde falleció un adolescente en un episodio que involucró a otro joven de 14 años.

A partir de ese hecho, distintas situaciones protagonizadas por niños y adolescentes comenzaron a adquirir mayor visibilidad pública y a instalarse en la agenda social. Se hicieron más frecuentes las imágenes y relatos sobre el acceso a armas, episodios de autoagresión, convocatorias a peleas organizadas o la circulación de escenas de violencia entre pares. Estos hechos, amplificados por redes sociales y medios de comunicación, suelen abordarse desde una mirada punitiva que, en muchos casos, desconoce su carácter multicausal y la corresponsabilidad adulta.

Surgen entonces preguntas necesarias: ¿de qué se tratan estas amenazas en las escuelas?, ¿son retos virales?, ¿formas de expresión colectiva?, ¿o modos de decir algo que aún no encuentra otro lenguaje? Estos interrogantes cobran especial relevancia si se los sitúa en relación con los acontecimientos recientes y permiten orientar la tarea de los adultos frente a hechos profundamente dolorosos.

Las manifestaciones de niños y jóvenes no pueden pensarse de manera aislada. Quizás constituyan una forma de enunciación que interpela: “acá estamos”, “esto también nos pasa”. ¿Qué aspectos de estos acontecimientos están dirigidos al mundo adulto?, ¿qué intentan decir estas escrituras repetidas que circulan como amenaza?

Lo cierto es que estas expresiones ponen en movimiento a los adultos, que muchas veces aparecen desorientados, intentando comprender lo que sucede, lo que sienten los jóvenes, sus vínculos en los entornos digitales, y el modo en que habitan estos escenarios. En ese intento se articulan familias, docentes, equipos directivos, estudiantes, organizaciones, medios de comunicación y diversas instituciones, tratando de dar sentido a una cadena de inscripciones que irrumpe con fuerza.

¿Se trata de nuevas formas de expresión donde la amenaza aparece como lenguaje compartido?

La ausencia de espacios de confianza para abordar lo complejo no puede ser sustituida por tecnologías o sistemas de inteligencia artificial, justamente porque no implican un vínculo con un otro significativo. Las dificultades en la construcción de confianza intergeneracional, junto con la distancia entre lenguajes y códigos, configuran parte de este escenario.

A niños y adolescentes les toca transitar un tiempo veloz, donde los modelos de éxito circulan como referencia constante, pero al mismo tiempo dejan un resto: aquello que queda por fuera, lo no reconocido, lo que no encuentra lugar. La virtualización de los vínculos, en el marco de la inmediatez, vuelve aún más necesario el rol de los adultos disponibles para acompañar, alojar y sostener.

Pensar las infancias y adolescencias implica considerar no solo variables evolutivas, sino también la construcción subjetiva en relación con su contexto, su historia y la inscripción cultural que las atraviesa.

En un tiempo donde los discursos de violencia circulan con una intensidad inédita, tanto a nivel nacional como global, las infancias y adolescencias no quedan al margen de sus efectos. Lo que aparece en las escuelas no constituye una excepción, sino parte de un clima de época.

Cuando la violencia se expresa en el ámbito escolar, se vuelve también una interpelación pedagógica que excede a los docentes e involucra a toda la comunidad adulta. No se trata de hechos que ocurren en espacios aislados: muchas veces encuentran inscripción en lugares cotidianos, en paredes, en redes, en escenas donde alguien espera ser leído o escuchado.

Lo que se evidencia no es solo la dificultad de los jóvenes para tramitar el malestar de época, sino también las limitaciones del mundo adulto para alojarlo y transformarlo.

Algo de este tiempo nos confronta con la necesidad de revisar cómo se construyen hoy los vínculos, los valores, los cuidados, los modos del amor y de la diferencia.

La escuela vuelve a ser escenario de estas inscripciones, como lo ha sido en otros momentos de crisis social, y sigue siendo un lugar posible de la palabra, de la escucha y del lazo.

Pero más que centrarse exclusivamente en ella, es necesario ampliar la mirada desde una perspectiva de corresponsabilidad: familias, instituciones, clubes, barrios y comunidades forman parte de los entramados que sostienen —o no— a las infancias y adolescencias.

Reconstruir condiciones de cuidado que permitan tramitar el conflicto sin derivar en daño es una tarea colectiva.

Hoy emerge un dolor que no es individual. Y cuando el dolor no encuentra palabra ni otro que lo aloje, corre el riesgo de transformarse en acto.

Este dolor, que nos involucra a todos, requiere una reconstrucción de lo común, de los espacios compartidos que sostienen el lazo social y hacen posible estar con otros.

En ese sentido, la escuela, el juego, el arte, la música y todas aquellas prácticas que median la expresión emocional pueden abrir canales para escuchar, mirar y decir. Espacios que permitan alojar aquello que aún no encuentra un lenguaje compartido.

*La autora es licenciada en Psicología, Psicoanalista, Docente, Especialista en Prácticas Socioeducativas y Miembro de la Asociación Civil Forum Infancias CABA.

MC

Hagamos historia: en 2007 hay una crisis de gas en Argentina, se interrumpen progresivamente las exportaciones a Chile y se firma un contrato de importación de Bolivia. Pero no alcanzó: en 2008 en Bahía Blanca y en 2011 en Escobar se alquilaron dos buques regasificadores (FSRU) que llegaron a aportar, vía importaciones de Gas Natural Licuado por parte de ENARSA, un cuarto del gas consumido durante el invierno, con una friolera de más de 100 cargamentos por año en 2013 y 2014. 

En el último lustro sucesivos Planes Gas y el ingreso de nueva capacidad de transporte desde Vaca Muerta (Gasoducto Pte. N. Kirchner) permitieron reducir significativamente el número de buques contratados, al tiempo de concentrarlos en la época invernal.

En eso estábamos cuando asumió el Gobierno de LLA. Prontamente, el DNU 50/23 y la Ley de “Bases” rubricaron la estrategia e ideología de los nuevos tiempos: el sujeto de la actividad económica serán los actores privados (reducción al mínimo la intervención del Estado), la comercialización de productos energéticos seguirá las paridades internacionales (en gas, petróleo y electricidad), el costo de la energía será traspasado directamente a los usuarios (salvo subsidios focalizados) y las importaciones y exportaciones serán libres (sin autorización del Gobierno).

Salida del Estado

En este marco, la gestión de la Secretaría de Energía decidió que ENARSA dejara de ser el importador de GNL. Primero se prorrogó la emergencia del Sector Energético hasta el 31/12/2027 (abarcando todo el mandato presidencial). Luego, el DNU 49/2026 estableció un régimen transitorio con estos contornos:

En cuanto a la motivación, el DNU invoca que ENARSA ha actuado como único importador de GNL y que tal intervención estatal ha adolecido de defectos: “Ha asumido actividades propias del sector privado, no ha dado los resultados esperados, ha sido incapaz de dar una solución eficiente, y ha implicado al Estado Nacional erogaciones de mucha envergadura, las cuales no se han materializado en mejoras para el sistema de transporte”.

Finalmente, en cuanto a la “urgencia” en la contratación, el motivo fue “la inminencia del invierno del año 2026 y la volatilidad de los mercados internacionales”. Ello, siendo que la medida se adoptó recién el 26 de enero.

Licitación y ventajas económicas

Por Res. SEN 33/2026 la Secretaría de Energía convocó a una Licitación Internacional para seleccionar un único comercializador-agregador (C-A) privado por 1 año. Para el invierno 2027, el C-A elegido tendría el derecho preferencial de igualar la mejor oferta.

En los lineamientos se establece que (i) el precio del gas entregado a las Distribuidoras será trasladado a las tarifas (pass-through) de los usuarios de gas y electricidad; (ii) este costo no será tomado en cuenta para el reconocimiento de los Subsidios Energéticos Focalizados; y (iii) las ofertas no resultaren convenientes la Licitación podrá declararse desierta y la importación seguir en manos de ENARSA.

El Gobierno apostaba a que este giro regulatorio y operativo le aportara al sistema gasífero beneficios económicos: (a) que un trader internacional consiga mejores descuentos al negociar toda la campaña invernal en forma directa con un solo proveedor (a diferencia de los sucesivos Tenders de ENARSA); (b) que un C-A local lograra bajar el grado de incobrabilidad que soporta ENARSA por la venta de gas regasificado a distribuidoras, generadores eléctricos y la industria; y (c) que Economía dejar de solventar los costos de la terminal de Escobar (a YPF y Excelerate).

Guerra, inflación y demoras

La licitación avanzó pero “pasaron cosas”: en marzo estalló la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz lanzó la cotización del TTF de unos ~10 USD/MMBTU a valores de ~17 dólares. Al mismo tiempo, el índice de inflación de marzo fue del 3,4%, acumulando un 9,4% en el 1° trimestre y una dinámica al alza en los últimos nueve meses.

En ese marco, se recibieron dos ofertas muy parejas, las cuales fueron a una segunda vuelta de mejora de precios, luego de lo cual el resultado fue: 

Así, la confluencia de estos tres factores, más la premura por la inminencia del invierno, convencieron a Economía de que lo más oportuno era declarar desierta la compulsa y que, por ende, ENARSA continuara con la operatoria.

A tales causas podría agregarse una debilidad autoinfligida: las demoras en mejorar la capacidad de evacuación de gas desde Vaca Muerta. Esto, sea por criterios ideológicos (no a la obra pública), sea por vaivenes de gestión (primer año perdido): anulación de la etapa II del GNPK, demora la Reversión del Gto. Norte (4 plantas compresoras aún inconclusas) y tardanza en aprobar la Iniciativa Privada de TGS para el Gto. Perito Moreno.

Derrota del ideario libertario

La salida de ENARSA respondía a criterios ideológicos (cuasi-dogmáticos) arraigados en la Ley de “Bases” antes que a motivos de corte económico-operativos –a pesar de los falaces argumentos vertidos en el DNU que aprobó la licitación. 

Las “erogaciones de envergadura” por parte del Tesoro nacional han respondido a una política pública de desacoplar los precios internos dirigidos a la demanda prioritaria de los valores globales de importación. Así, el origen de las transferencias se halla en una decisión del PEN sobre el manejo de las tarifas y no en la actuación supuestamente ineficiente de ENARSA. De hecho, de querer reducir los subsidios y que la demanda “abone el costo real” del gas/GNL, el traspaso pleno podría haberse ordenado sin la necesidad de modificar todo el esquema de importación que, para colmo, crea un monopolio privado hasta ahora inexistente.

Queda claro: el área económico-energética del Gobierno no logró implementar un cambio estructural en la política de importación de GNL, tal como venía sucediendo desde 2008/2011. Fundados en la premisa de la Ley de “Bases” de retiro del Estado y prioridad de la iniciativa privada, se avanzó en un proceso inaudito, por lo novedoso y lo arriesgado (por escasez de tiempo de implementación). El corrimiento de ENARSA implicaba traspasar a un monopolio privado la gestión de agregación de demanda por fuera de la histórica instrucción de la Secretaría de Energía y sin un precio cierto para cobrar. 

El proceso se atascó por la inminencia del invierno y la irrupción de una coyuntura inesperada y crítica en términos de precios internacionales. Ello, sumado a las presiones inflacionarias que generaría un traspaso a la demanda de los mayores costos de importación. Todo esto fue un combo letal para una política sobreideologizada que termina demostrando –con este giro pragmático– que el problema no es ENARSA y su déficit comercial o presunta ineficiencia, sino que es el Gobierno quien decide subsidiar a los usuarios residenciales/industriales, algo que bien podría reducir incluso bajo el esquema estatal actual –si la política fiscal (y no la inflación) fuera la premisa principal de Economía. 

Conclusión: este invierno seguiremos viendo tenders de compra por ENARSA y la demanda seguirá pagando precios desacoplados de los niveles internacionales. Nihil novum sub sole / nihil novum post luna.

*El autor es doctor UBA en Derecho, director del Instituto de Gas y Petróleo (UBA) y titular de la consultora Paspartú.

Es la madrugada del 1 de febrero de 2026. Santiago Rodríguez Kahn, sentado frente a su computadora, habla a cámara, gesticula, se mueve en su silla, lee comentarios en vivo, comparte la actividad de su pantalla, vocifera, reacciona. Nada muy extraño dentro del universo streamer. En efecto, la cálida, agradable, veraniega madrugada del domingo 1 de febrero de 2026, parece una noche cualquiera en la Ciudad de Buenos Aires. En tiempos de redes sociales, sin embargo, todo puede cambiar en cuestión de segundos. Con mucha experiencia en la exposición digital, famoso también por su estilo polémico, Santutu -ese es el nombre que usa como streamer-, parece moverse como pez en el agua cuando stremea en la plataforma Kick (a su vez famosa y controversial por sus vínculos con los casinos online). Esta vez, sin embargo, está por protagonizar una escena que lo hará viral nuevamente, solo que no como le gustaría. Esa madrugada del 1 de febrero de 2026, cuando Santiago Rodríguez Zahn prende el stream, no sabe que apenas unas horas más tarde la cultura del clip que tantas veces lo benefició le va a jugar una mala pasada. No sabe, tampoco, que está a punto de conjugar un universo de representaciones e imaginarios centrales para nuestra época de pasiones tristes, al decir del sociólogo francés François Dubet.

“A mí me pagan por lo que yo hago, por lo que yo genero, por lo que yo soy”, dirá en respuesta a una serie de comentarios críticos sobre las apuestas online. “Escuchame, mañana tenés que levantarte temprano para ir a laburar. Yo hoy tengo 35 mil dólares para apostar”, agregará unos instantes después. “Seguí en Twitter negro de mierda. [...] Seguí puteando. ¡Que el equipo de esports me lo pagan a mi! ¡Me lo pagan a mí, es todo mío, es todo para mí, es todo para mí!”, sumará a los gritos. “¿Qué pasa? ¿Querés tener mi vida? [...] ¡Te encantaría, mogólico! ¡Te encantaría tener mi vida, te morís de ganas! Pendejito mogólico de Twitter. ¡Te encantaría! Pero no la podés tener, entonces te quedás donde estás”, va a concluir, como quien se sabe victorioso de una discusión. Mencionará, también, que la disponibilidad de 35 mil dólares para apostar en un casino online no es algo de una única vez, sino que es una práctica que realiza cotidianamente: “¿Qué dice ahí? [dirá en ese sentido mientras comparte la pantalla de un casino online en la que señala con el mouse el monto de su cuenta personal: 35 mil dólares]. Y mañana tengo otros 35. Y pasado tengo otros 35”. Luego de estos comentarios, el stream siguió un rato más. Ignoramos qué hizo Santutu después de apagar la cámara. Si alguien le anticipó que había cruzado un límite o si simplemente se fue a dormir. Total, era una transmisión más como tantas otras. Lo que sí sabemos es que al amanecer de ese domingo de febrero en Buenos Aires, sus comentarios y sus respuestas se expandieron como pólvora encendida por el mundo de las redes sociales. Luego de tantas horas de exposición, luego de intervenir en situaciones polémicas como cuando apoyó públicamente la condena a CFK, tan solo 2 minutos de clip bastaron para que una figura como la de Santutu tambaleara.

Ya viralizado el clip, sus expresiones le costarían su lugar como CEO del grupo BESTIA, una organización de esports centrada principalmente en la participación en competencias profesionales del histórico juego Counter Strike, fundada por el rapero y freestyler Papo MC (también reconocido por su participación destacada en competencias internacionales de poker). Desde BESTIA enseguida aclararon en un comunicado que las expresiones de Santutu “no representan ni reflejan los valores que promueven como organización” y que lo apartaban del cargo. Al día siguiente, el lunes 2 de febrero y luego de 24hs de cancelación, Santutu emitirá un breve comunicado en Twitter. Allí dirá que por primera vez sintió vergüenza de algo que dijo en un vivo, y que se alejará un tiempo -entendemos que de las redes y de la exposición- para “meditar su accionar y pensar bien todo lo sucedido”. ¿Game over?

Ahora bien, ¿por qué nos importa en este ensayo lo que dijo este streamer? Algo ya anticipamos al principio: con su intervención, Santutu nos permite pensar en muchos signos y síntomas de época: Hype. Riesgo. Jugársela toda. Competencia. Desvalorización del trabajo formal. Valorización financiera. Reconfiguración o reactualización de la masculinidad. Circulación de los flujos de dinero en internet. Aceleración. Violencia. Desigualdad. Precariedad. Individualismo. Híper estimulación sensorial y cognitiva. Híper tecnologización del mundo de la vida. Economía de plataformas. Monetización. Algoritmo.

Y este mundo, esta empresa, este mundo de hoy, que te esnifa la cabeza una y otra vez. Todo eso, entre otros elementos, son moneda corriente en el paisaje digital y en la estructuración de subjetividades y vínculos en el contexto del tecno-capitalismo financiero neoliberal salvaje. En este marco, Santutu nos importa por lo que dice, pero también por lo que simboliza: las derivas de la masculinidad hegemónica y la ruptura del lugar tradicional del varón trabajador (blanco, cisheterosexual, de posición económica privilegiada) en la cada vez más precaria sociedad post industrial, cyber digital.

Lejos estamos de la interpelación gubernamental del varón trabajador, el laburante que se dignifica a partir de su trabajo y que va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa (aunque con ciertas licencias), propio de la retórica peronista, o del emprendedor macrista más cool que maneja sus tiempos y se autoexplota. Hoy lo que se promueve es un modelo de masculinidad cripto. Siguiendo a Nico Pontaquarto (2026), la masculinidad digital es una trampa de expectativas irreales. Bajo la promesa de la libertad financiera y el estatus de “macho alfa”, los jóvenes quedan expuestos a discursos de éxito exprés que, en casos como el de la cripto $LIBRA, derivan en estafas piramidales promovidas por el propio presidente del país (hecho que, vale decir, a un año de ocurrido continúa con una baja condena social). Viven en una constante contradicción: en redes sociales impera el desprecio por lo políticamente correcto y proyectan una falsa imagen de poder y de complicidad entre pares -de allí el término manosfera-; fuera de ellas, lo que prevalece es la frustración y vulnerabilidad no tramitada. También resulta paradójico, o más bien propio de las complicidades que sostienen y perpetúan a la masculinidad hegemónica, que estos jóvenes apoyan a quienes los estafan. Vale recordar solo como nota al pie que el presidente del país Javier Milei, a quienes mayormente votan estos varones, encarna de algún modo a este modelo de masculinidad (varón, blanco, cisheterosexual, porteño y supuesto crack en las finanzas).

La popularidad de las criptomonedas y las meme stocks —acciones que se viralizan en internet provocando aumentos repentinos de precio, independientemente de su viabilidad financiera— no responde a una lógica económica, sino a su función como mecanismo para que los varones jóvenes afirmen una masculinidad amenazada. En una economía donde el rol tradicional de varón proveedor con un trabajo formal ya es, a esta altura, una historia contada por nuestrxs abuelxs (4 de cada 10 trabajadorxs son informales), estas inversiones de alto riesgo permiten demostrar rasgos asociados a la virilidad, tales como la valentía ante el peligro, la resistencia ante las pérdidas (el concepto de HODL) y la rebelión contra el sistema. La mayoría de estos inversores son varones jóvenes que adscriben a normas tradicionales de género, pero que sienten que no logran cumplirlas en su cotidianidad. Ante la brecha entre las expectativas de éxito y la realidad económica, muchos recurren a estos activos para obtener, siguiendo a Dan Cassino (2023), un “valor de género” que les permite sentirse más masculinos, independientemente del resultado financiero.

Esto tiene lugar desde un modo hype de existencia, un término del argot estadounidense ya incorporado al nuestro, que hace referencia a una manera adictiva, ansiógena, hiperbólica y exagerada de vivir, de jugarse todo, que puede ser leída en el fondo como una estafa para quien hypea, puesto que cuando la acción se termina muchas veces sobreviene el vacío. Para quienes escribimos estas páginas, es un potlatch con poca mística y que encarna un cóctel de intensidad inmediata con casi nula reciprocidad. La intensidad en este caso no se sitúa en un estado de excepción, por el contrario opera como una forma de vida que, más que subvertir el deber ser capitalista, apunta a su aceleración y sigue generando desigualdades y estados narcóticos y de voracidad que vampirizan al sujeto. Un sujeto que se encuentra cada vez más solo, aislado, consumido y consumidor a la vez, alienado de su fuerza de trabajo, de sus deseos, emociones y energías, de sus capacidades creativas, de su imaginación, de su potencia transformadora de la realidad. Retomando a Robín James (2012) “para el sujeto neoliberal, el objetivo de la vida es llevarla al límite, acercándose cada vez más al punto de rendimiento decreciente [...]. El sujeto neoliberal tiene un insaciable apetito de más y más diferencias novedosas”, citado en el libro Aceleracionismo, compilado por Armen Avanessian y Mauro Reis y editado por Caja Negra, en 2017.

La cuestión de la aceleración no es nueva en la teoría social. Ya se puede encontrar su problematización o inquietud en análisis clásicos como los de Marx y Simmel sobre la reorganización del tiempo durante el capitalismo industrial (disciplina fabril, medición, monetización de la vida y las relaciones sociales, racionalización, aceleración psíquica). En el marco del capitalismo financiero y de plataformas, autorxs que se ocupan de analizar el aceleracionismo explican que, en las últimas décadas, a través de innovaciones tecnológicas, financieras y organizativas se viene experimentando una intensificación drástica de los ritmos de circulación de capital, información y mercancías. La economía capitalista ya no duerme, no descansa. Con brechas espaciales y temporales cada vez más reducidas (las operaciones financieras están a un click de distancia), los mercados funcionan 24/7, los 365 días del año. Economía global en tiempo real. Con el avance de la economía de plataformas, esta tendencia no está haciendo más que intensificarse: trabajos on demand, disponibilidad permanente, monetización e hiper estimulación de la atención, manipulación de emociones, difuminación de fronteras trabajo y ocio, mundo laboral e íntimo, incorporación subjetiva de la lógica del algoritmo en las relaciones sociales y laborales. Al avanzar en tiempos antes no (tan) económicos, como el ocio o la intimidad, se produce toda una colonización temporal de la vida cotidiana que deja a los sujetos en un estado de desconcierto, precariedad e incertidumbre constante. Y con el juego, el espacio de recreación y sociabilidad, se vincula de manera creciente con la apuesta.

La relación con el tiempo cambia en función de la posición económica, del género, del color de piel, la cercanía con los espacios de trabajo y sociabilidad, entre otra multiplicidad de factores y dimensiones que hacen a la desigualdad. Disponer de “tiempo libre” en la actualidad es un privilegio de unxs pocxs. No cualquiera puede darse el lujo de “bajar un cambio”. Mientras que las distancias espaciales y temporales se achican frenéticamente para acelerar la circulación de los flujos de capital, una gran cantidad de trabajadorxs (y cada vez más en la economía de Milei) se ven forzadxs a desplazarse a lo largo de grandes distancias, invirtiendo muchas horas del día para ir y volver de sus lugares de trabajo, con un transporte público que no deja de encarecerse al mismo ritmo con el que empeora su servicio.

En términos de la construcción de la masculinidad, como venimos explicando, la lógica aceleracionista del capitalismo actual produce tensiones identitarias que exigen una búsqueda de reafirmación, estabilidad y estatus. Búsqueda que muchas veces implica dinámicas y prácticas violentas. Parece ser que la combinación de financiarización y digitalización de la economía está ofreciendo un medio de expresión ideal para ello, a través del mundo de las apuestas online, las redes sociales, la expansión de la cultura gamer a sectores cada vez más amplios y la operación continua en mercados bursátiles y de divisas desde la comodidad del celular.

En el plano político, este cambio se manifiesta a través de la adhesión masiva de varones jóvenes a opciones de ultraderecha masculinas y femeninas (Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei, Giorgia Meloni) que tienen como base ideológica una representación y un ejercicio desinhibido de la masculinidad hegemónica. Es cool odiar, insultar, violentar, ser heater… siempre y cuando todo eso no esté orientado al poder. En el plano económico, alrededor de figuras como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk, estos varones proyectan un modelo a seguir que conecta con valores claves de esta época: hacerse rico se presenta como una posibilidad al alcance de cualquiera, bajo una lógica meritocrática. Todo el ejército de cripto bros que inunda las redes sociales, en buena medida ve en estos personajes el punto más alto de realización: vivir al palo, vivir al límite. Buena parte de la cultura streamer/gamer también se vale de estos imaginarios.

Claro que uno y otro plano, el político y el económico, se retroalimentan mutuamente. Pero conviene diferenciarlos en tanto también suponen una relación tensa en la que unos y otros pugnan por imponerse. Pensemos por ejemplo en el breve paso de Musk por la administración pública en los inicios del segundo gobierno de Trump.

Frente a las múltiples crisis que signan nuestro tiempo (ambientales, bélicas, económicas, culturales, ideológicas, cognitivas, emocionales y un largo etcétera), la respuesta del poder político y económico viene siendo la aceleración: del conflicto, de la precariedad, de la circulación voraz de capital, de la vampirización de los flujos de energía y de los cuerpos de quienes trabajan, de la colonización de cada vez más esferas de la vida cotidiana, de la espectacularización y la banalización de las asimetrías y las luchas sociales. Anarcotizados, en modo hype, persiguiendo en frenesí una realización que se limita exclusivamente a la vía económica y que tiene como requisito la demostración pública en redes sociales. Sin lo cual, no sería real. ¿Cuál puede ser, en cambio, nuestra respuesta frente a la deshumanización, la banalidad, la crueldad y la insoportable levedad del ser de quienes ostentan el poder hoy? “¿Qué pasa? ¿Querés mi vida?”, preguntó Santutu en aquella madrugada de febrero. ¿Queremos esa vida?

*Lxs autores son sociólogxs.

A un año de su partida a la eternidad, el magisterio y pensamiento de Francisco siguen más presentes y vigentes que nunca. Sencillamente porque, como decía el filósofo Jean-Paul Sartre, una concepción del mundo o una filosofía sigue siendo eficaz mientras se mantengan las condiciones materiales, sociales y espirituales que la engendraron, y es insuperable en la medida que no se supere el momento histórico del cual surgió. Francisco identificó tres rupturas que necesitan ser urgentemente reconstruidas: la ruptura de la fraternidad humana, la ruptura de los hombres con la casa común —la naturaleza— y la ruptura con la trascendencia, con Dios.

Él denunció que vivimos en un sistema basado en la tiranía del dinero y en el paradigma tecnocrático, esa creencia de que el desarrollo tecnológico por sí solo resolverá todos los problemas. Señaló con firmeza el consumismo desenfrenado de las clases pudientes y, simultáneamente, un creciente descarte humano con sus secuelas de trata, explotación, esclavitud y migraciones desesperadas. También advirtió que esta búsqueda de ganancia a cualquier costo está produciendo un daño irreparable a la casa común a través del calentamiento global, la contaminación, la deforestación y el monocultivo, cuyas consecuencias son fenómenos climáticos extremos que amenazan la existencia misma del planeta.

Además, nos reveló que vivimos una tercera guerra mundial en cuotas por el reparto de los mercados entre los poderosos, un estrangulamiento de los países del sur —saqueados y endeudados por los del norte— y un predominio del capital financiero parasitario sobre el productivo. Ante este panorama, nos convoca a luchar juntos por sociedades que sean justas en su distribución, inclusivas para que en ellas quepamos todos y sustentables en su armonía con la naturaleza. Para ello, nos propuso recorrer el camino de la fraternidad humana, uniendo a todos los buenos corazones samaritanos en pos de reconstruir comunidades con centro en los seres humanos, pregonar por la paz, reemplazar la emisión de carbono por energías renovables y no dejar a nadie herido al costado del camino. Su llamado fue una lucha por los derechos básicos: tierra, techo y trabajo.

A los católicos nos pidió una iglesia en salida, que se embarre en las periferias sociales, geográficas y existenciales. Nos llamó a caminar juntos con otras religiones e incluso con personas de buen corazón sean o no creyentes, construyendo agendas de humanidad que vayan del corazón a la cabeza, de la periferia al centro y de abajo hacia arriba. Para Francisco, la reconstrucción de la fraternidad humana en la práctica es el único camino posible para salvar a la humanidad e incluso al planeta. Nos enseñó que esta lucha no es posible desde el nominalismo o la prédica incoherente. Nos llamó a predicar con el ejemplo, como él mismo lo hizo desde su lugar de líder de la Iglesia Católica y Jefe de Estado del Vaticano, renunciando a la fastuosidad y a los privilegios, viviendo de manera sencilla y dejando hasta la última gota de sudor por los más humildes.

Nos alentó a dejar el mundo mejor de como lo encontramos, no solo para nuestros hijos, sino para ser conscientes de que estamos de paso por la tierra para sembrar un mejor futuro para las próximas generaciones. En el centro de su prédica nos recordó la parábola del buen samaritano: aquel que sintió empatía por el herido al costado del camino y no se hizo el distraído como el religioso o el funcionario que, pese a conocer los mandamientos, optaron por seguir de largo. Con esa parábola nos recordó que el bien precede a la verdad y que las verdaderas causas van siempre del corazón a la cabeza y en el reconocimiento de la dignidad del projimo.

Francisco nos enseñó que nadie se salva solo; que en fraternidad y construyendo comunidad iremos sembrando los cimientos para que el actual sistema cambie por uno que tenga a la justicia, la inclusión y la armonía con la casa común como pilares fundamentales.

El año que pasó sin él confirmó su diagnóstico en Laudato Si’ y Fratelli Tutti. Los desafíos que nos dejó planteados respecto a la reconstrucción de la fraternidad humana y la reconciliación con Dios y la naturaleza están más presentes que nunca. Lo más importante que nos legó es la ética social indispensable para empujar esos cambios. Sin el ejemplo no es posible cambiar el estado de las cosas. Por eso su magisterio está regado de sencillez y servicio.

En sus últimos suspiros, nos volvió a llamar a rezar y obrar por los descartados: los masacrados por las guerras, las víctimas de trata, los abuelos abandonados y los migrantes. A todos ellos los colocó ante nosotros como crucificados que nos recuerdan a Jesús. Como en el Génesis, Dios vuelve a preguntarnos: “¿Dónde está tu hermano?”. Y esa pregunta cala hondo. La multitud que lo homenajeó el sábado pasado en Plaza de Mayo, y la que lo seguirá haciendo, es un ejemplo viviente de cuánto se lo extraña. La propia Santa Sede reconoce que bajo su magisterio más de cien millones de personas retornaron al catolicismo. No es casualidad: cuando el pastor tiene olor a oveja y actúa como piensa, el mundo reconoce la coherencia del mensaje y, como el buen samaritano con el herido al costado del camino, reconoce el valor sagrado de la dignidad humana

Francisco se fue, pero su siembra recién comienza. Nos queda a nosotros regar ese legado con coherencia y valentía, para que el mundo que encuentren los que vienen sea, finalmente, la casa común que él tanto soñó.A un año de su partida, Francisco no es un recuerdo del pasado, sino una brújula para el futuro. Su voz sigue gritando en las periferias, esperando nuestra respuesta

El intento de reforma de la Ley de Glaciares pone en el centro una vieja discusión: la politización del uso del agua. La propia ley fue concebida en los acalorados debates de 2008 y 2010 ante la rápida expansión de proyectos mineros, justamente como una forma de proteger las reservas hídricas estratégicas en un país donde más del 60% del territorio es árido o semiárido. Ese cambio fue fundamental porque permitió transformar los conflictos mineros locales en problemas públicos más amplios, vinculados al agua, el territorio y el futuro de esas regiones. 

Hoy, el avance del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) corre el eje de la discusión: del agua al negocio minero. La exclusión de las instituciones científicas y de decenas de miles de organizaciones y representantes de la sociedad civil de las audiencias públicas deja al descubierto los intereses detrás de la reforma. La discusión sobre la Ley de Glaciares ya no es solo ambiental: es una discusión sobre quién produce conocimiento, quién decide sobre el territorio y quién controla el agua en la Argentina que viene.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, luego de varios años de litigio impulsado por la empresa Barrick Gold y el gobierno de la provincia de San Juan. En su fallo, la Corte estableció que la protección de los glaciares es una responsabilidad compartida entre la Nación y las provincias, y reafirmó que los derechos colectivos, como el derecho al ambiente y al agua, deben prevalecer frente al derecho de propiedad o de explotación económica. 

La combinación entre la reforma de la Ley de Glaciares y el RIGI puede generar un punto de no retorno para los glaciares y para el futuro de la vida en amplias zonas. Irreversibilidad jurídica y ambiental. Reglas que no se pueden cambiar y territorios que no se pueden restaurar.

El RIGI no solo otorga beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios por 30 años, sino que también declara a los proyectos adheridos como de “interés nacional” y establece un esquema de estabilidad normativa que limita la posibilidad de que provincias y municipios establezcan nuevas regulaciones que puedan afectar a las inversiones. Aunque el régimen abarca diversos sectores económicos, la evidencia muestra que más del 95% de las inversiones comprometidas se concentran en actividades extractivas, especialmente minería e hidrocarburos. El sector minero encontró en el RIGI una oportunidad para reactivar proyectos que se encontraban paralizados por conflictos sociales, restricciones ambientales o causas judiciales. De este modo, el RIGI funciona como un mecanismo de presión política para remover o deteriorar resistencias o normas ambientales, ya sea mediante la aceleración de permisos, la intervención del gobierno nacional en conflictos provinciales o el uso de dispositivos de seguridad para garantizar la continuidad de los proyectos.

Los datos del Inventario Nacional de Glaciares muestran que la mayor parte de la superficie glaciar del país se ubica en la región patagónica, donde se concentra más del 60% del área glaciar de la cordillera. Sin embargo, las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut cuentan con normativas provinciales que restringen la actividad minera en la cordillera o han zonificado el territorio para evitar la expansión en zonas glaciares. En efecto, si bien se conoce el potencial minero en la región, por el momento la actividad se encuentra suspendida. 

Ahora bien, el escenario es muy diferente en Mendoza, San Juan y Catamarca, donde coinciden tres factores clave: 1) una superficie relevante de glaciares y periglaciares, 2) emergencia hídrica y 3) la presencia de proyectos mineros en fases de factibilidad o de exploración avanzada. Estas tres provincias poseen poco más del 30% de los glaciares del total nacional, Mendoza (21%), San Juan (11%), y Catamarca (1%) pero también un potencial enorme en cobre y oro.

Por eso, si se observa el mapa minero argentino, el sentido de la reforma se vuelve más claro. Argentina cuenta con más de 300 proyectos mineros en cartera, de los cuales 30 se encuentran en un radio de cercanía menor a 10 kilómetros o se superponen con ambientes glaciares y periglaciares. Entre los que buscan ingresar al RIGI, varios se ubican precisamente en estas zonas, especialmente proyectos de cobre y oro localizados en San Juan, Mendoza y Catamarca. Según el Observatorio del RIGI, la mayoría de los 17 proyectos mineros que buscan adherir al régimen son de litio. Sin embargo, los de cobre son los más importantes en términos de inversión comprometida y son los que el gobierno busca impulsar por su relevancia exportadora. Los Azules, El Pachón, Agua Rica y el proyecto Vicuña, que incluye Josemaría y Filo del Sol, concentran inversiones cercanas a los 23.000 millones de dólares y se ubican en zonas de alta montaña donde la presencia de glaciares y ambiente periglacial establece restricciones ambientales; allí donde nacen las cuencas que abastecen a las poblaciones y economías regionales de las zonas áridas del país. 

Con una cartera de 70 proyectos de cobre concentrados en San Juan, Salta, Catamarca y Mendoza, cabe recordar que la cordillera no es solo una reserva de minerales, es también una reserva de agua. Por eso, el nuevo boom del cobre reabre una discusión histórica en la Argentina entre minería, agua y territorio.

La Ley de Glaciares fue discutida en el Congreso, construida con evidencia científica y ratificada por la Corte Suprema en 2019. Sin embargo, los gobiernos (nacional y provinciales) buscan reformar el texto normativo dándole la espalda a la sociedad civil y a las instituciones científicas-académicas especializadas con el único objetivo de facilitar inversiones mineras y blindar a las empresas de futuros litigios por daños ambientales irreversibles. La discusión sobre la minería en la cordillera es, en realidad, una discusión sobre el agua. Y la discusión sobre el agua es, inevitablemente, una discusión sobre el poder: quién decide sobre el territorio, quién se beneficia de los recursos y quién asume los costos ambientales.

*Mariano Novas es investigador del Área de Ambiente y Política de la UNSAM y coordinador del Observatorio del RIGI.

El Observatorio del RIGI es una iniciativa colaborativa que reúne a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPYG/UNSAM).

Del 9 al 19 de marzo, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York fue escenario del mayor encuentro anual dedicado a la igualdad de género y los derechos de las mujeres: la 70ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, conocida como CSW70. El evento reúne a todas las delegaciones de los Estados miembros y a varios representantes de la sociedad civil para debatir y acordar un eje central de trabajo sobre la situación de las mujeres en el mundo. Este año fue el acceso a la justicia. Por primera vez tuve el privilegio de presenciar este evento en persona, como representante de Incidencia Feminista, una organización de activistas feministas de todo el país.

El tema prioritario de esta edición no es un asunto técnico: hablar de acceso a la justicia es hablar de la posibilidad concreta de que una mujer, entendida en toda su diversidad, donde sea que esté, pueda ejercer sus derechos y apelar a que el Estado la escuchará, la protegerá y le responderá. Los datos que enmarcan el debate son contundentes: el 44% de los países no protege la igualdad salarial, el 54% carece de definiciones de violación basadas en el consentimiento, y 45 países aún tienen leyes discriminatorias en materia de nacionalidad. Las mujeres solo tienen el 64% de los derechos legales que tienen los hombres en áreas tan básicas como el trabajo, la propiedad o la familia. Pero también hay señales de que la incidencia funciona: desde 2016, 40 países impulsaron los derechos de las mujeres en sus constituciones; entre 2019 y 2024, el 90% de los Estados reforzó leyes para combatir la violencia de género; desde 1970, 600 millones de mujeres obtuvieron oportunidades económicas gracias a reformas del derecho de familia. Los cambios normativos son posibles. Y cuando ocurren, transforman vidas.

Sin embargo, las mujeres y las niñas nunca han estado tan cerca de la igualdad, y jamás tan cerca de perderla. Argentina es un ejemplo brutal de esa paradoja. Un país que conquistó el aborto legal, el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género enfrenta hoy un desmantelamiento sistemático de todo lo construido. El gobierno de Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, recortó programas como Acompañar y ENIA, y desfinanció iniciativas de salud sexual y prevención de la violencia. El Presupuesto 2025 destinó cero pesos al programa Acompañar y a la Línea 144. No son recortes técnicos: son decisiones políticas con consecuencias reales en los cuerpos y las vidas de las mujeres más vulnerables.

Las reflexiones que surgen de esta experiencia son en dos niveles. En principio, hacer una crítica a la delegación oficial enviada por Argentina: en sintonía con el gobierno libertario, tornaron cada mesa de debate con posturas retrógradas que nada tenían que ver con las necesidades de ese encuentro global, pensado desde la democratización para el acceso a la justicia sustantiva y el desarrollo pleno de los derechos humanos. Pese a esta vergüenza, las resoluciones y el acuerdo alcanzado dan cuenta de que los estándares construidos en estos 70 años no logran ser descartados tan fácilmente. Estos espacios internacionales —que podemos caracterizar como en una crisis profunda— le hacen frente a la emboscada de los sectores más conservadores, anti-género y anti-derechos, financiados por grandes empresas que solo buscan eliminarlos del mapa.

En otro plano, el más importante y decisivo, está el intercambio entre las organizaciones de la sociedad civil, que se desarrolló durante diez días en distintas conferencias y conversatorios. Los temas giraron en torno a la crisis del multilateralismo, el papel de los feminismos y las estrategias alternativas de incidencia. Esos espacios me dejaron con una pregunta: si más que una crisis del multilateralismo, no estamos siendo testigos de una crisis del occidentalismo como proyecto de “orden global”. La contracara de estas discusiones son realidades profundamente arrasadas por decisiones de un imperio que sabe de su agotamiento y necesita reforzar su poder de la forma más tirana: la precarización e individualización extrema.

Frente a eso, la pregunta es válida: ¿para qué ir a Nueva York? La respuesta está en los propios números. Cada reforma legal, cada ley de paridad, cada protocolo contra la violencia que se adoptó en los últimos treinta años tuvo detrás a organizaciones que incidieron, que llevaron evidencia, que construyeron alianzas en espacios como la CSW. Incidir en foros internacionales no es abandonar la calle: es otra forma de hacer política para cambiar la vida concreta de las personas.

Lo mejor que podemos hacer frente a este contexto es seguir construyendo comunidad complementando las diversas estrategias que llevamos adelante. El poder de lo colectivo es más fuerte que todo. Los lazos sociales son los que nos salvan y sostienen en esta crisis, y nos demuestran que quienes construimos con memoria y respeto este presente y el futuro, somos la esperanza.

Martina Ferretto es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, activista de Incidencia Feminista.

Una frase que suele repetirse, seguramente con orgullo y poco de verdad, es que “Argentina es el único país que juzga a los genocidas”. Eso no es cierto. No somos el único país que juzga genocidas. Hay 27 países donde han juzgado o se juzgan a las y los genocidas. Pero lo que sí es cierto es que los juicios por delitos de lesa humanidad que se hacen en la Argentina tienen dos particularidades que nos diferencian del resto: una es el “juicio y castigo a todos los culpables”, que es una enseñanza de las Madres de Plaza de Mayo.

Los juicios aquí buscan juzgar a todos, absolutamente a todos los responsables: militar, civil, juez, fiscal, cura, apropiadora o apropiador. Hasta el último va a ser juzgado. Por eso, en este año en que se cumple medio siglo del último golpe de Estado va a ser juzgado, por ejemplo, el ex gerente de la planta de Mercédes Benz Juan Ronaldo Tasselkraut, quien en 1985 durante el Juicio a las Juntas ya había sido señalado por el obrero Héctor Ratto como responsable de su secuestro. Ratto lo contó el 27 de mayo de 1985 ante los seis jueces de la Cámara Federal.

La otra particularidad es que, desde el Juicio a las Juntas, fuimos empujando para que las audiencias fueran y sean realmente públicas. Por eso, las salas en el momento de la presencialidad se llenaban de pibas y pibes, adolescentes y hasta niños. 

Y cuando no hubo más presencialidad aparecieron las y los compañeros de La Retaguardia, un medio comunitario, alternativo y popular, para empezar a dar una pelea para poder transmitir los juicios. Y hoy, aquella pelea, es otra victoria de nuestro modelo de juzgamiento porque ofrece la posibilidad de que los juicios sean realmente públicos. Esto se logró por el empuje de mucha gente, pero fundamentalmente por La Retaguardia.

Por eso si un día, de aquellos días que van a venir, alguien pregunta “¿dónde puedo ver los juicios por los delitos de lesa humanidad?” Ya sabemos qué decirle: en La Retaguardia, que transmitió juicios en desde 17 distintas jurisdicciones judiciales. Justamente ahí está la importancia y el valor del libro doble que acaban de editar donde recuperan 50 crónicas periodísticas sobre esas audiencias, que hablan del pasado pero en tiempo presente, porque la acción está sucediendo ahora mismo.

Todos esos juicios, que se reiniciaron en 2003 como resultado de la combinación de muchos factores, permitieron llegar a esta realidad: 1.208 genocidas condenados, 367 sentencias, que dicen que no fue una guerra, que fue un plan de exterminio y que los desaparecidos son 30.000.

Y si un día, de esos días que van a venir , alguien pregunta, “Che, ¿quién era capaz en aquellos años de juntar a todo el movimiento de derechos humanos, los que estaban peleados, los que tenían diferencias, los que no se hablaban, los que iban a una marcha y a otra?” nosotros vamos a responder: La Retaguardia y sus medios aliados.

La Retaguardia, pero también la Plaza de Mayo de este 24 de marzo, que tendrá una marcha unitaria y ahí vamos a estar todas y todos para decir Nunca Más y Juicio y Castigo a todos los culpables. 

Por todo esto y mucho más, larga vida a La Retaguardia.

*Pablo Llonto, abogado de familiares de víctimas en causas de Lesa Humanidad

En las últimas semanas se ha profundizado un debate en el movimiento popular sobre de qué modo enfrentamos al gobierno de Javier Milei y cuál es la construcción política que debe impulsarse. Este debate ha tenido una intensidad especial en sectores del peronismo, que han visto con desazón el colaboracionismo explícito de diputados y senadores de su partido con el gobierno libertario. Esta colaboración, que no es nueva, adquirió un carácter explícito, pues los votos de legisladores del peronismo fueron decisivos para la aprobación de la reforma laboral, de la ley penal juvenil, el acuerdo de libre comercio del Mercosur-Unión Europea y de la media sanción de la ley de glaciares. Ante esto, las redes sociales se llenaron de denuncias de “traición”, dirigiendo la denuncia a quienes votaron junto con el oficialismo nacional. Y, simultáneamente, se multiplicaron los posteos en favor de una alianza del peronismo con la izquierda, incluso postulando fórmulas como “Kicillof-Bregman” para las elecciones presidenciales del 2027.

Se plantean aquí una serie de problemas políticos que corresponde analizar en profundidad. El núcleo de la cuestión radica en la denuncia de “traición”, que supone que una persona o un partido actúa contrariando los intereses que decía defender. ¿Pero se puede decir que el gobernador Jalil de Catamarca “traiciona” cuando manda a votar la ley de glaciares, siendo que su provincia bajo distintos gobiernos peronistas ha sido pionera en ejecutar la depredación ambiental en favor del pulpo minero Glencore que controla el proyecto Bajo Alumbrera? ¿O se puede decir que Jaldo de Tucumán “traiciona” cuando respalda los proyectos de Milei siendo que en su provincia gobierna en favor de los grandes latifundistas del azúcar y el limón? ¿O que los diputados del Frente Renovador “traicionan” cuando hacen campaña mediática en favor de la baja de la edad de imputabilidad, siendo que el propio Sergio Massa actuó como representante para América Latina del ex alcalde Nueva York Rudolph Giuliani? Las respuestas a estas preguntas son todas obvias. Más que traición, lo que tenemos aquí es la defensa férrea y coherente de determinados intereses capitalistas. 

Este mismo análisis no aplica solo a las expresiones “derechistas” del peronismo, sino que alcanza al conjunto de sus alas políticas. ¿O acaso Kicillof no acaba de sufrir una huelga docente, incluso de SUTEBA, debido a que la pauta salarial que quiere imponerle a los trabajadores de la educación no dista de la de Jorge Macri, por citar solo un ejemplo? La dependencia estructural a los intereses capitalistas es lo que explica la incapacidad del peronismo para oponerse con un programa popular a Javier Milei. Esta dependencia está presente aun cuando denuncian al gobierno. Ejemplos: el llamado “industricidio” el peronismo lo cita para disputarle a Milei el apoyo de los capitalistas industriales y no para denunciar que las quiebras y el cierre de empresas son antes que nada un recurso de los propios empresarios contra sus trabajadores, sea para reducir el plantel, sea para obligarlos a aceptar convenios más flexibles o para directamente reciclarse como importadores. Es lo que pasa ahora con los trabajadores de FATE, que ven como Madanes Quintanilla quiere cerrar su empresa para terminar con un colectivo obrero que ha luchado a brazo partido para defender sus conquistas y reabrir en un futuro con trabajadores flexibilizados o directamente reconvertirse como importador. Ocurre otro tanto con el programa: el peronismo opositor quiere enfrentar el “industricidio” con una devaluación monetaria, que de concretarse implicaría una desvalorización de los salarios y una transferencia de riqueza del trabajo al capital. Y, de paso, mantener los privilegios de ciertos sectores empresarios, que han obtenido ganancias por encima de la media valiéndose del llamado “proteccionismo”, que los protegió a ellos, pero no a los trabajadores y a los consumidores. 

La cuestión del programa tiene una importancia estratégica, porque establece con claridad los intereses de clase que se buscan representar. En tanto programas capitalistas, las diferencias entre el gobierno de Milei y el peronismo son de grado, no de calidad. Lo prueba el hecho de que los puntos de coincidencia son más importantes que las divergencias en presencia. Empezando, claro, por el pago de la deuda externa, que ocupa un lugar central en la expoliación semicolonial del país, pero también en el acaparamiento de la plusvalía extraída a los trabajadores. La propia Cristina Fernández de Kirchner se ha definido como una “pagadora serial de deuda”, algo que no tiene nada de exagerado, dado que bajo su gobierno se pagaron alrededor de 200.000 millones de dólares. Fue ella también quien en varias de sus “cartas” se pronunció en favor de la “modernización laboral”, nombre que luego tomó Milei para rebautizar el proyecto de flexibilidad laboral y la que en el 2008 vetó la ley de Glaciares. Por eso, claro, no debe sorprender que en las últimas elecciones el peronismo haya presentado listas únicas en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, cuando era sabido que los gobernadores de esas provincias profundizarían el colaboracionismo con Milei. Alegar traición, en este cuadro, representa un acto de inmoralidad política. 

La importancia del programa radica en que también permite explicar la falta de participación en las luchas contra el gobierno de Milei. Es por demás comprensible que quien defiende un programa capitalista y buscan disputarle a Milei el apoyo de la Unión Industrial y cia. solo balconeen las manifestaciones populares -y esto en los mejores casos. Después de todo no se puede estar en la misa y en la procesión. Apoyar activamente la ocupación de FATE conduce a una ruptura con Madanes Quintanilla. Bancar el reclamo salarial de los trabajadores de Siderca lleva a una ruptura con Paolo Roca. Luchar contra la reforma laboral de verdad, y no transar por debajo como hizo la CGT, lleva a la ruptura con la UIA que reclama a los gritos terminar con el derecho laboral para evitar el “industricidio”. 

El análisis de los intereses de clase -el método del socialismo- resulta superior a reducir la política a la calificación de leales y traidores. La participación y la consecuencia de la izquierda en las luchas que se libran en Argentina parten de que es una fuerza política estructurada con un programa anticapitalista. Esto es lo que deben tener en cuenta todos aquellos que con las mejores intenciones nos dicen “nos gustaría que el peronismo tenga dirigentes como uds”. A ellos debemos decirle con completa franqueza: “eso no es posible, porque el peronismo es una fuerza política que defiende este régimen social, para el que hoy gobierna Milei. Para poder luchar consecuentemente contra Milei y construir una fuerza política que supere esta situación hace falta un programa y una salida de izquierda”.

El reclamo de que la izquierda haga un frente con el peronismo “no traidor” tiene distintos componentes y motivaciones. Cuando proviene de sus cuadros dirigentes o de los medios de comunicación que responden al ecosistema del peronismo, el reclamo de un frente de este tipo esconde la intención de someter a la izquierda para que abandone la lucha por un proyecto político autónomo, como sucede ahora con la próxima marcha del 24 de marzo, en la que se pretende silenciar a la izquierda. Es lo que suele llamarse un “frente popular”. En cambio, cuando proviene de sectores de la clase trabajadora o de la juventud el sentido es distinto, porque por un lado parte de una valoración de la izquierda y del papel que juega, y del otro es el intento de buscar reunir fuerzas para enfrentar al gobierno liberfacho. El debate aquí cobra otro carácter, porque debemos mostrar que nosotros luchamos en común con todos los que quieren hacerlo al mismo tiempo que nos esforzamos por construir una salida política propia de los trabajadores y la izquierda. Los que dividen la lucha contra Milei no somos nosotros sino todos aquellos que aplican la motosierra en sus distritos (provincias, municipios), que le votan las leyes o arman listas comunes con los que le votan las leyes. 

El ascenso de la ultraderecha al poder ha permitido verificar, a partir de la propia experiencia, cuáles son las fuerzas políticas que tienen un programa, cuadros y organización para enfrentar a Milei y cuales no. El reconocimiento a la izquierda es el fruto de esta experiencia concreta. La tarea es jugarse a desarrollarla, militando y abrazando su programa, para que reúna la fuerza necesaria que permita no solo derrotar a Milei sino reconstruir el país a partir de los intereses de la mayoría trabajadora.

*El autor es dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda.

En la Argentina de marzo de 2026, el crédito familiar ha dejado de ser una palanca de movilidad social para convertirse en un ancla para llegar a fin de mes. Lo que históricamente conocimos como una herramienta para alcanzar la casa propia, refaccionar el hogar o adquirir un bien duradero, hoy se ha convertido en una estrategia de subsistencia extrema. Asistimos a una degradación del sistema financiero donde las familias ya no se endeudan para progresar, sino para no caerse del mapa.

El panorama que devuelven las estadísticas es, cuanto menos, alarmante. Los datos del Banco Central (BCRA) al cierre del año pasado son una radiografía del naufragio: la morosidad de las familias en entidades bancarias saltó del 2,5% en diciembre de 2024 al 9,3% en diciembre de 2025. Estamos hablando de que la falta de pago se multiplicó por 3,7 veces en apenas doce meses. Si miramos al sector no bancario y a las fintech, la situación es todavía más cruda: el 22% de su cartera es incobrable.

Detrás de estos números hay una realidad cotidiana asfixiante. Hoy, 6 de cada 10 personas que solicitan un crédito lo hacen para cubrir necesidades básicas. No están comprando un televisor o planeando vacaciones; están pidiendo dinero para pagar la boleta de luz, el alquiler, los medicamentos de los abuelos o la cuota del colegio.

Este fenómeno genera un efecto dominó devastador en la estructura familiar. Cuando el ingreso mensual no alcanza y se recurre al crédito para comer, se entra en un espiral descendente. Primero es el “pago mínimo” de la tarjeta, que con tasas de interés astronómicas se vuelve impagable en meses. Luego, ante el cierre de las puertas del sistema formal, las familias caen en el mercado informal y la usura.

Estamos observando con profunda preocupación el crecimiento de préstamos con devolución en cuotas diarias. Es la expresión más brutal de la desesperación: personas que trabajan el día para pagar la deuda de ayer, quedando rehenes de esquemas financieros que bordean la ilegalidad y que destruyen cualquier capacidad de planificación mínima.

Mientras en Argentina, el Banco Central acaba de lanzar el Cobro con Transferencia (CCT) —una herramienta de débito automático de cuotas atrasadas que, si bien busca regularidad, puede terminar profundizando la falta de liquidez en los hogares—, en la región existen ejemplos de abordajes integrales.

El programa “Desenrola Brasil”, implementado por Lula da Silva al comienzo de su actual gobierno, ofrece una metodología que deberíamos analizar con urgencia. Brasil enfrentó una crisis de morosidad similar, con más del 40% de su población en impago. Su respuesta no fue solo técnica, sino política y social. 

Por un lado, establecieron por ley que el interés total de las tarjetas de crédito no podía superar el 100% de la deuda original. Así se buscó terminar la era de las deudas que se multiplicaban por diez de forma infinita. Al mismo tiempo, el Estado generó una plataforma donde bancos y empresas de servicios (luz, agua) competían para ver quién ofrecía el mayor descuento para cobrar. El resultado fueron quitas promedio del 83%, llegando en algunos casos al 96%.

Durante el lapso de implementación del programa, que cerró en mayo de 2024, quince millones de personas lograron renegociar sus deudas, inyectando alivio al consumo y bajando la morosidad general del sistema. Todo esto con un costo fiscal bajísimo, inferior al 0,1% del PBI.

La situación argentina requiere una intervención que vaya más allá de facilitar el cobro de las cuotas atrasadas. El sistema financiero no puede ser un mecanismo de extracción de los pocos ingresos que les quedan a los sectores vulnerables y a la clase media trabajadora.

Necesitamos un programa de desendeudamiento masivo que combine tres ejes: una renegociación con quitas agresivas de capital e intereses, un freno real a las tasas de usura en el consumo básico y una campaña de educación financiera.

Endeudarse para comer es la forma más silenciosa de la exclusión. Si no logramos “desatar” este nudo que mantiene a millones de familias fuera del sistema económico real, el consumo seguirá por el piso y se agravará el actual estado de implosión social, por el peso de deudas que ya se han vuelto impagables. Es hora de mirar hacia adelante y entender que no habrá recuperación económica posible si los ingresos se evaporan en los primeros días del mes ante el pago de los intereses de una deuda de supervivencia.

*El autor fue ministro de Desarrollo Social de la Nación

MC

El gobierno nacional envió al Senado un proyecto de reforma laboral y sindical que implica la modificación estructural de las dinámicas del mundo del trabajo, tanto registrado como informal. La reforma flexibiliza las condiciones de trabajo, afecta los derechos laborales, resiente la organización colectiva para defenderlos y aumenta los privilegios patronales. El proyecto propone desplazar al Estado de su rol constitucional en la mediación de las relaciones laborales, al desmantelar los mecanismos de control en perjuicio de la parte más débil.

La reforma implica un amplio deterioro en las condiciones de las personas que trabajan, con especial perjuicio en la estabilidad laboral, la extensión de la jornada laboral y el reconocimiento del descanso, la protección contra las enfermedades y accidentes, la protección judicial ante las situaciones arbitrarias. También debilita el derecho a la huelga, a la libertad sindical y la negociación colectiva y deja todavía más desprotegidas a las mujeres y quienes trabajan en condiciones precarias e informales. 

Algunos puntos con más impacto en la vida laboral: 

-El proyecto de reforma habilita que se pueda trabajar 12 horas por día y sustituye el pago de horas extras por un sistema de compensaciones establecidas por medio de acuerdos individuales. La reforma opera sobre la idea falsa de que quienes trabajan pueden convenir de manera voluntaria y sin presiones su jornada y su descanso, que no necesitan de la intervención de un sindicato porque tienen una relación de paridad con el empleador. En un país donde la informalidad en las contrataciones y las situaciones precarias condicionan cualquier relación laboral, sin herramientas para defenderse, las exigencias empresariales se imponen sobre los derechos.

-Propone que se elimine el principio de aplicación de la ley más favorable al trabajador en el terreno judicial. En cualquier conflicto, esto inclina la balanza a favor de las empresas y desmonta los principios constitucionales de protección de quienes trabajan. Desarma un estándar legal que hace más de 50 años equilibra la desigualdad entre las dos partes. 

-La reforma elimina la obligación patronal de mantener el salario ante enfermedades. Eso permitiría que ante una complicación en la salud, a pesar de estar en una situación de mayor fragilidad y necesidad, las y los trabajadores pierdan parte de sus ingresos. Si no pueden realizar sus tareas con normalidad, los empleadores tendrían la posibilidad de enviar a esas personas a realizar otras tareas pagándoles un sueldo menor. 

-Propone la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que modifica el origen de las indemnizaciones y se podrá pagar hasta en doce cuotas. Así se licúa el poder adquisitivo del monto y se trasladan todos los riesgos a quien se queda sin trabajo. Lejos de fortalecer la protección, el fondo busca abaratar los costos laborales. Se compone de un 3% de los aportes a la seguridad social y desfinancia las jubilaciones y las pensiones. Sólo cubriría relaciones laborales de más de doce meses y excluye al universo no registrado, lo que demuestra poca intención de mejorar las condiciones de quienes trabajan en la informalidad.

-Quienes trabajan tendrán mayores problemas para demostrar su relación laboral. Por ejemplo, una persona con monotributo que trabaja para una empresa y factura mes a mes no puede utilizar esa factura como prueba del vínculo laboral, a pesar de que el empleador se lo haya impuesto. El empleador puede esgrimir que es una contratación de servicios y por lo tanto, que no le correspondería ninguna indemnización si lo quieren echar. 

-Para aliviar las responsabilidades empresariales, el proyecto prevé amnistías para empleadores que no hayan registrado durante años a quienes trabajaban para ellos. Que no haya sanciones ni multas por evadir el pago de aportes permite la especulación sobre las obligaciones fiscales. Como consecuencia, las personas que trabajan serán las perjudicadas. 

-En caso de despido injustificado se excluyen del cálculo de la indemnización el aguinaldo, las vacaciones y los premios. El pago de la indemnización en función de la antigüedad pasaría a ser el techo final de cualquier reclamo.

-La reforma facilita sistemas de subcontratación que hacen más difusas las obligaciones del empresario inicial, cuando quienes ofician de contratistas no cumplen con sus responsabilidades. 

-También se amplía el período de prueba para las trabajadoras de casas particulares: el plazo se extiende de 30 días a 6 meses, lo que las expone a mayores riesgos de despido sin protección. Estas medidas afectan con mayor intensidad a mujeres, migrantes y sectores que ya están precarizados. 

-Si la reforma avanza provocará un fuerte impacto sobre la organización colectiva. Amplía las actividades alcanzadas dentro de los servicios esenciales y prohíbe que se realicen huelgas en una enorme cantidad de tareas. Lo que en la práctica impide parar al 43% de los trabajadores. El proyecto vacía el derecho a huelga y reduce la presión que puedan hacer las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales para generar mejores condiciones de trabajo. 

-La reforma pone por encima los convenios por empresa respecto de los convenios colectivos y avanza contra la ley 12.250 que establece que se debe aplicar el que sea más favorable para el trabajador. Este cambio quebraría los vínculos de solidaridad entre trabajadores y promueve la fragmentación de las negociaciones, exponiéndolxs a negociar en condiciones de todavía mayor debilidad frente al empleador.

*Este análisis del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) se publicó originalmente en su web.

A 50 años del golpe de 1976, la reforma laboral en debate abre un tercer ciclo de disciplinamiento obrero. De las masacres en democracia al terrorismo de Estado, de la dictadura a la flexibilización, la precarización y el posfascismo: ¿y si pudieran?

Escena 1: Un joven libertario que trabaja en un estudio que administra su padre difunde un video por Tik-Tok, en el que dice: “¡No hay nada más sano para una empresa que echar a un empleado! Si vos laburás para el orto, te echo. Y sabés cómo se ponen los otros nueve… aumentan la producción porque están cagados de miedo. Laburan de 7 a 21.”

Escena 2: Otro joven libertario, influencer, graba una cámara oculta en un shopping. Habla al teléfono, mientras baja una escalera mecánica. Grita a la nuca de un trabajador de plataforma de delivery: “Amigo, como estas boludo, me ofrecieron un trabajo de repartidor, pero eso es para pobres, a mí no me va”. 

Escena 3: Un magnate blanco y rubio, de tipo brabucón, ordena a las fuerzas armadas de su país, en una operación de alto riesgo militar, secuestrar al presidente de otro país, porque quiere su petróleo, así dice. Puede hacerlo porque es el presidente de la que sigue siendo la gran potencia económica y militar del mundo. Luego, amenaza a Europa con tomar Groenlandia. 

Este es el comienzo de un guión ficcional, que imagina un mundo distópico, sobrecargado de crueldad y brutalidad organizada. Lo pensé así para no intentar explicar la realidad. Pero luego me di cuenta que perdí el criterio: No había ficción. Todo ocurrió en enero de 2026. 

Pero me esfuerzo. Pienso que la historia sigue con una fuerza de seguridad con capacidad global de operación, que en cada país persigue y deporta migrantes y dispara sobre manifestantes que protestan. Trabajan con los datos que las empresas de redes sociales les comparten. Como son una gran corporación de la violencia, se dedican, además, a incendiar bosques y a desplazar a familias agricultoras e indígenas. Les envenenan los ríos, para forzarlos a irse. 

En su sitio web, esta compañía se presenta como una corporación de soluciones logísticas para conexiones de outsourcing (tercerización). Recientemente, ha incluido en su plataforma electrónica de usos comerciales y financieros la oferta de esclavos. Cuestan 10 mil dólares cada uno, servicio puerta a puerta, y aseguran que, según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo, pueden dejar una ganancia promedio de 15 mil dólares anuales. El informe se puede descargar gratis de la web y la compra puede hacerse financiada.

Han recibido numerosas denuncias por abusos. En una conferencia de prensa brindada de manera conjunta por sus abogados, community managers y funcionarios del gobierno local, alegan que, si hay un delito, ellos no son parte. Son simplemente intermediarios. Agregan que, de todas formas, la crueldad no está penada y que la mención a la esclavitud es alegórica. En realidad, venden los derechos de uso, ceden los contratos de locación de servicios que han consentido de palabra los trabajadores. 

Cuando un periodista interrumpe, para preguntar por 21 trabajadores santiagueños que fueron rescatados de una finca de olivos de La Rioja donde se encontraban esclavizados, otro reportero lo increpa: ¿qué sos, Estado-melancólico vos? Los abogados, en cambio, responden: Es un problema de los contratistas, las aceitunas son muy ricas y se exportan, la ley laboral se cumple, con todas sus últimas reformas, mientras siga existiendo, seguimos trabajando en eso… eso de que siga existiendo, porque necesitamos todavía mayor libertad y previsibilidad. 

Otro periodista les pregunta, a los gritos, si no les da vergüenza regresar a los tiempos del esclavismo, ellos responden: la esclavitud legal no se terminó alguna vez por razones morales. Lo que importa –agregan- es que cada uno se sienta libre de comprar y vender lo que les dé la gana, así se termina el curro del sindicato y los derechos para pocos.

Hasta aquí llega una parte de la ficción. Otra se desarrolla en un barrio color tierra, con casas armadas con containers vendidos por una empresa perteneciente al Ministro de Economía, conocido por hacer negocios con criptomonedas. En algunas fracciones del barrio viven venezolanos. En otras, argentinos. También está la cuadra de los nativos de otro tiempo. No hay espacios para cultivar huertos. Tampoco para armar una canchita. Los containers están todos muy encimados. La mayoría se dedica a rolear el celular y apostar, mientras esperan que alguna app les exija algún mandado. Hay otra cuadra, la última en formarse, que recibió el nombre de “república libre de los orcos”. 

El barrio tiene una plaza central, un cuadrado de cemento de cien metros por lado. En una de las esquinas, un viejo se pasa el día y la noche con un cartel colgado del cuello, que dice: “Memoria, hijos de puta”. Cada hora, agarra una bicicleta desvencijada que tiene y, megáfono en mano, recorre las callejuelas y grita: primer ciclo, 100 años atrás, plena democracia, nos cagaron a tiros, nos tiraron en fosas comunes y enterraron los derechos ganados, segundo ciclo, hace 50 años, dictadura, nos fueron a buscar a las fábricas y nos desaparecieron junto con los derechos ganados, y ahora, pelotudos, ustedes los votan, acá tienen su libertad. Termina y vuelve en loop.

A este viejo, se le acerca siempre un pibe curioso, pero callado. Sólo lo escucha. Pero un día, en voz muy baja, le pregunta: ¿todo eso es verdad?, mi primo dice que eran comunistas que fusilaban a los gay y vivían del Estado porque no querían laburar. El viejo busca en su bolsillo y saca dos píldoras, una azul y una roja. Cuando el pibe se pone a tiro para agarrar una, el viejo se las manda a la boca. ¿Qué creés?, le pregunta, si pudieran esclavizarnos, ¿lo harían? 

En ese momento, una grúa móvil hace temblar el barrio. Mucha gente se acerca para ver qué pasa. Con gran destreza, un operario con bata dorada gira las manivelas en la cabina. Parece una vedette. Al instante, el brazo maquínico deposita en medio de la plaza un cartel gigante: Barrio Libertad, Buenos Aires, MAGA-Seccional Argentina. El pibe busca al viejo, que le devuelve una mirada brusca, pero compasiva. El pesado de la memoria abre la boca y escupe las pastillas sobre su mano. Se las exhibe otra vez al pibe y le dice: el color no es el problema, ¿capisce?

Hasta acá llegué. No me imagino cómo seguiría la ficción, pero creo que abajo del título pondría algo similar a la frase con la que comienza cada capítulo de la serie Fargo: Esta es una historia. No podemos distinguir si es verdadera o falsa. Algunos esclavos ocurrieron exactamente como se describen. Otros podrían ocurrir hoy mismo o mañana, y no nos dimos cuenta. Los colores de las víctimas son tan reales como las historias del viejo memoria. 

*El autor es doctor en historia y periodista.

MC

En enero de 2026, la Dirección Nacional de Migraciones introdujo cambios relevantes en el régimen de multas por infracciones a la Ley de Migraciones Nº 25.871. A través de la Disposición DNM 34/2026, se modificaron las condiciones de financiación de las sanciones aplicadas a quienes incumplen la normativa migratoria, con el objetivo de reforzar su carácter disuasorio y evitar que pierdan impacto económico.

Las multas migratorias se aplican, principalmente, cuando se detecta que una empresa aloja o emplea a personas extranjeras sin la habilitación correspondiente, o cuando un extranjero realiza actividades distintas a las permitidas por su categoría migratoria. Se trata de infracciones previstas en los artículos 55 y 59 de la Ley de Migraciones, que establecen sanciones económicas significativas.

Hasta ahora, el régimen de facilidades de pago permitía abonar estas multas en hasta 18 cuotas mensuales. En la práctica, este sistema terminaba diluyendo el efecto sancionatorio, ya que muchas veces se otorgaban planes con cuotas de bajo monto, incluso por debajo del mínimo legal previsto por la ley.

Con la nueva Disposición 34/2026, Migraciones redujo el número máximo de cuotas a 12, fijó un monto mínimo por cuota equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) y actualizó las tasas de interés. El interés sobre el saldo financiado pasó a ser del 2,75% mensual y el interés moratorio del 3,5% mensual. El objetivo es que las sanciones mantengan un impacto real y no puedan relativizarse mediante planes de financiación poco exigentes.

Este cambio normativo se da en un contexto en el que las infracciones migratorias en el ámbito empresarial continúan siendo frecuentes. Una de las situaciones más habituales es el ingreso de extranjeros como turistas para participar en reuniones corporativas, auditorías, capacitaciones o tareas técnicas, como la instalación o puesta en marcha de maquinaria.

La legislación argentina es clara: la categoría migratoria de turista está destinada exclusivamente a actividades de ocio y esparcimiento, y no habilita el desarrollo de actividades profesionales, técnicas ni laborales. Sin embargo, en la práctica, muchos profesionales extranjeros ingresan bajo esta categoría para realizar tareas vinculadas al trabajo, bajo la idea de que se trata de estadías breves o actividades “no remuneradas” localmente.

El artículo 53 inciso d) de la Ley de Migraciones considera irregular la situación del extranjero que “desnaturaliza las condiciones” de su ingreso, aun cuando se encuentre dentro del plazo autorizado de permanencia. En estos casos, la Dirección Nacional de Migraciones puede disponer medidas como el rechazo en frontera, la cancelación de la residencia, la orden de salida del país o la expulsión, e incluso una prohibición de reingreso.

Para las empresas, las consecuencias económicas pueden ser significativas. La sanción por emplear a un extranjero sin habilitación es de 50 SMVM por cada trabajador en situación irregular. Por ejemplo, al inicio de 2026 el SMVM se fijó en $341.000 mensuales, por lo que una multa de 50 SMVM equivale a alrededor de 17 millones de pesos (enero 2026). A enero de 2026 rondarían los 12.000 dólares. En la práctica, corroborar la presencia del extranjero turista dentro de las oficinas, o su simple manifestación en frontera, puede ser prueba suficiente, comparable a cruzar un semáforo en rojo. Migraciones no considera excusable la acción y debe abonarse la multa.

En los últimos años, Migraciones ha reforzado los controles en los principales puntos de ingreso al país, como Ezeiza y Aeroparque, y ha intensificado las inspecciones en empresas para verificar la situación migratoria del personal extranjero. Estos procedimientos se encuentran estandarizados bajo normas de calidad, lo que refleja una política de fiscalización más sistemática.

El cambio en el régimen de multas se inscribe en este mismo proceso de fortalecimiento del control migratorio. Al limitar las facilidades de pago y establecer montos mínimos por cuota, la Disposición 34/2026 busca que las sanciones tengan un efecto disuasorio real, especialmente frente a prácticas que se han vuelto habituales en el mundo empresarial, como el uso indebido de la categoría “turista” para actividades laborales.

Desde una perspectiva de política pública, la medida apunta a reforzar el cumplimiento de la normativa migratoria sin eliminar los mecanismos de regularización. Pero también envía una señal clara a las empresas: el ingreso de personal extranjero debe planificarse adecuadamente, con la categoría migratoria correcta y los permisos correspondientes.

En un escenario de creciente movilidad internacional, la migración laboral mal gestionada dejó de ser un problema menor. Hoy implica riesgos legales, costos económicos y eventuales restricciones futuras para operar con personal extranjero. El nuevo régimen de multas no solo modifica las condiciones de pago de las sanciones, sino que refuerza la importancia de cumplir con las reglas desde el inicio.

*El autor es Abogado especialista en Derecho Migratorio
y Fundador de Global Mobility Argentina

El 9 de enero pasado, el Consejo de la Unión Europea dio la luz verde política que faltaba para avanzar con el acuerdo Mercosur–Unión Europea. Según informó el propio Mercosur, la firma está prevista para el 17 de enero en Asunción. Después vendrá otra etapa: los trámites de aprobación interna y, sobre todo, la implementación —ese territorio donde los acuerdos dejan de ser un anuncio y se vuelven práctica.

A esta negociación la vimos nacer en 1999. Desde entonces pasaron muchas administraciones de ambos lados del Atlántico y, obviamente, también cambió el mundo. Por eso, el valor principal del acuerdo en este momento no debería medirse exclusivamente por un “salto” comercial en el corto plazo. La señal es otra y más amplia: reafirmar una decisión estratégica tomada hace un cuarto de siglo sobre la importancia del vínculo Mercosur–UE, en un contexto internacional hoy más fragmentado, más competitivo y profundamente impredecible.

Dicho sin eufemismos: no es el gran acuerdo transformador que muchos imaginamos en sus orígenes, pero tampoco se trata de un acuerdo de efectos puramente simbólicos. Es un acuerdo “políticamente correcto”, jurídicamente sofisticado y económicamente más incremental que revolucionario. Y, en el mundo actual, eso no es poco.

Recordemos que el acuerdo comenzó a negociarse en otra realidad. En 1999 no existía el comercio electrónico tal como lo conocemos, ni los debates sobre datos o inteligencia artificial ocupaban la agenda productiva. En ese momento, la globalización parecía una autopista en expansión. Hoy el mapa es distinto: cadenas de valor más fragmentadas, disputas hegemónicas explícitas y un retorno de instrumentos de política industrial y de “seguridad económica” con una lógica mucho más transaccional. Si esta negociación empezara hoy desde cero, probablemente pondría el acento en otros temas. Pero ahí está justamente el punto: los acuerdos no son una fotografía, son un proceso. Y este acuerdo, si quiere conservar sentido estratégico, deberá demostrar capacidad de aggiornarse en su implementación y en su dinámica institucional.

El texto que se firmará no es único. El Acuerdo de Asociación combina tres pilares: uno comercial y de inversiones, otro político y un tercero de cooperación. Junto con él, la Unión Europea impulsa un Acuerdo Comercial interino, que permite aplicar antes la parte económica. Ese tramo requerirá el consentimiento del Parlamento Europeo, mientras que el Acuerdo de Asociación completo deberá además ser ratificado por los Estados miembros. Del lado del Mercosur, cada país deberá atravesar sus procedimientos constitucionales para tratados internacionales; en Argentina, eso implica aprobación legislativa.

En muchas ocasiones, la discusión sobre instrumentos de esta naturaleza tiende a considerar solo la reducción de aranceles, porque es lo más “contable” y visible. Pero esa mirada, aunque necesaria y válida, es limitada. Los cronogramas de desgravación arancelaria se diseñaron contemplando sensibilidades —y eso supone tiempos. Además, el comercio del siglo XXI se juega cada vez más en otros planos: estándares, trazabilidad, sustentabilidad, servicios, datos, compras públicas. Observar los aranceles puede ser técnicamente correcto y sectorialmente necesario, atento a que cambian las condiciones de acceso a ambos mercados. Hay mejoras de especial interés exportador para la Argentina (carne bovina, carne aviar, miel, entre otros) y se facilita la compra de insumos y bienes intermedios desde Europa, así como se presentan desafíos por la paulatina mayor competencia de productos europeos en Mercosur. Pero limitarse a ello puede estrechar la comprensión del alcance real del acuerdo.

Algunos números ayudan a dimensionar sin sobreactuar. En 1999, el comercio total argentino en bienes (exportaciones más importaciones) fue de unos USD 49 mil millones; el intercambio con la UE alcanzó USD 11,0 mil millones, cerca del 23% del total. En 2025, con datos de enero a noviembre, el comercio total ronda los USD 150 mil millones y el intercambio con la UE llega a USD 17,5 mil millones, alrededor del 12%. En este último período, el comercio con China ascendió a USD 25,5 mil millones, explicando 17% de nuestro comercio exterior. No es solo una estadística, es el reflejo de cómo se desplazaron los centros de gravedad del comercio mundial y el contexto en el que hoy se reactiva este acuerdo.

Aun así, la Unión Europea mantiene un peso estructural relevante. En 2024 absorbió alrededor del 13% de las importaciones globales de bienes y cerca del 22% de las de servicios (sin considerar el comercio intra-UE). Para el Mercosur, esto abre oportunidades concretas, tanto para la venta de bienes como la exportación de servicios basados en conocimiento y otros nichos de alto valor agregado. 

En materia de inversiones, Europa sigue teniendo una presencia profunda. En términos globales, la UE explicó en 2024 una fracción sustantiva de los flujos mundiales de inversión directa hacia el exterior, incluso en un contexto de fuerte volatilidad de la IED a nivel mundial. En Argentina, el stock de inversión extranjera directa rondó los USD 187 mil millones a junio 2025 y entre los principales orígenes aparecen Estados Unidos, España y Países Bajos. Este último caso suele prestarse a confusión: no implica necesariamente inversión “holandesa” en sentido productivo, sino que muchas empresas canalizan sus tenencias a través de holdings radicados allí por razones societarias o financieras. Dicho de manera simple: el país que figura en la estadística no siempre coincide con el lugar donde se toma la decisión económica, pero confirma algo relevante: Europa sigue en el corazón del mapa inversor argentino. 

Respecto al capítulo de cooperación, el acuerdo es interesante, pero conviene ser cauto en cuanto a su alcance. Hoy los recursos de cooperación europeos están fuertemente concentrados en su vecindad inmediata (Ucrania especialmente) y en África. Para América Latina, los márgenes son acotados. Este capítulo puede tener un valor menos visible pero igualmente útil: asistencia técnica, convergencia regulatoria, estándares, capacidades institucionales y encadenamientos productivos.

En definitiva, el núcleo de este momento es político y estratégico. Reafirma una señal política de inserción internacional. No como consigna, sino como método: negociar, acordar, administrar transiciones y sostener reglas. El acuerdo, además, reduce la percepción de aislamiento estructural del Mercosur y las chances de que Argentina vuelva a cerrarse sobre sí misma.

Por último, parece importante recordar que este acuerdo, como todo tratado internacional, no reemplaza decisiones internas; las exige. Para que esta apertura se traduzca en resultados, hacen falta políticas públicas que acompañen las decisiones empresarias: infraestructura, logística, financiamiento, simplificación regulatoria, formación de talento, atracción de inversiones y una estrategia exportadora que mire bienes y servicios. Pero el impacto final dependerá, inevitablemente, de la capacidad del entramado productivo de responder a esas señales. Sin ese esfuerzo conjunto, el acuerdo será promesa. Con él, puede convertirse en herramienta.

El 17 de enero no será un punto de llegada, sino de partida. Abre el tramo más largo y exigente: el de la implementación. Allí se juega, en última instancia, la verdadera medida de este acuerdo.

*La autora es Economista, especializada en negociaciones económicas internacionales.

En Bruselas, el acuerdo de comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur dio un paso fundamental hacia adelante: una mayoría calificada de La Unión Europea -países que representan a un 68,7 % de la población europea- aprobó el acuerdo el viernes pasado. A la ratificación en el Consejo de la UE solamente se opusieron Francia, Irlanda, Austria, Polonia y Hungría, países cuyos agricultores resistieron con más contundencia a la entrada masiva de productos del Mercosur. 

Bélgica se abstuvo, y después de negociaciones intensas en los bastidores, países como Italia, Eslovaquia y Rumania se (re)-convirtieron en apoyadores del acuerdo.

Pesó la nueva situación geopolítica en América del Sur: tanto Brasil como muchos países europeos ven en el acuerdo un símbolo para el multilaterialismo.

Luiz Inácio Lula da Silva quiere un contrapeso más contra las pretensiones hegemónicas de Washington, una posición compartida por políticos progresistas europeos. El argumento central de muchos políticos europeos es que el acuerdo permitiría fortalecer la posición de “sus” empresas frente a emprendimientos chinos en Latinoamérica y el Caribe, con acceso mejorado a mercados y a commodities críticos como el lítio, el cobre o tierras raras.

“Los beneficios económicos del acuerdo UE-Mercosur serán limitados para el crecimiento francés y europeo (+0,05 % del PIB de la UE en 2040 según la Comisión)”, destacó Emmanuel Macron en X, “no justifica exponer sectores agrícolas sensibles que son esenciales para nuestra soberanía alimentaria”. Para el presidente francés, tras 26 años de negociaciones, es un acuerdo de otro tiempo, negociado hace demasiado tiempo, sobre bases demasiado antiguas“. 

Pero Macron ya no convence a casi nadie ni en su propio país: la extrema derecha al igual que La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon lo acusan de gran pasividad en Bruselas, Francia como peso pesado de la UE habría tenido la fuerza de parar del acuerdo, dicen. Las voces que piden un “Frexit” o un “Irexit” se potencializan. Con su diktat neoliberal, Ursula von der Leyen y Friedrich Merz estimulan la derechización cada vez más peligrosa de la Unión Europea.

Todavía quedan algunos pasos finales para la ratificación, sobre todo un voto del Parlamento Europeo. La ceremonia de las firmas, inicialmente prevista para hoy, en Paraguay, se aplazó al 17 de enero. Hay tiempo para más ajustes de última hora. Un escenario que parece una teoría de conspiración, manejado por algunos empresarios, sería el siguiente: en su afán de devolver favores al gobierno estadounidense, Javier Milei todavía podría dinamitar el acuerdo. 

El lobby de los partidarios del acuerdo siempre fue más poderoso que el de las más de 400 organizaciones de pequeños agricultores, ecologistas o sindicalistas a ambos lados del Atlántico que lo rechazan. Si pensamos en los recursos que generaciones de políticos, empresarios, miembros de movimientos sociales u ONGs han invertido en él desde 1999, se trata realmente del “mayor acuerdo de todos los tiempos”. Desgraciadamente, también es uno de los peores, al menos si se aspira a una política comercial justa y ecológica.

En esencia, se trata de un proyecto neocolonial. Si finalmente se ratifica, como todo indica, habrá pocos ganadores y muchos perdedores. Las empresas europeas, sobre todo las alemanas, serán las que se benefician: fabricantes de automóviles y maquinaria, grupos químicos y farmacéuticos, inclusive viticultores. En los cinco países del Mercosur, los poderosos protagonistas del agronegocio, al que ningún gobierno puede ignorar, ya están festejando. La clase media alta de Buenos Aires o São Paulo podrá elegir en el futuro entre una mayor diversidad de productos lácteos o vehículos SUV importados directamente de Europa que serán mucho más baratos que antes. 

Las modestas normas medioambientales que los europeos querían imponer durante el gobierno del negacionista climático Jair Bolsonaro se han retirado frente a las críticas de “neocolonialismo verde” de Lula. En las últimas rondas de negociaciones, Brasil logró obtener períodos de transición más largos para las industrias automovilísticas en Argentina y Brasil o mejoras en las compras gubernamentales: ya no será necesario abrir todas las licitaciones a las empresas europeas. También rechazó las disposiciones legalmente vinculantes para la protección del medio ambiente o los derechos humanos. 

La tendencia a la reprimarización continúa y recuerda a la división internacional del trabajo en la época colonial. Sindicalistas de Argentina y Brasil critican ese ataque a sus industrias, que costará muchos miles de puestos de trabajo. (Vale recordar que en su última decisión como presidente, Alberto Fernández esbozó este argumento para rechazar un acuerdo todavía más asimétrico). 

Pero la influencia de los sindicatos siempre fue mínima. Los grupos de presión económicos, en cambio, siempre tuvieron canales directos a las negociaciones secretas.

El acuerdo impulsa la destrucción del Chaco, del Cerrado y de la Amazonía. La vegetación nativa está dejando paso a los campos de soja y los rebaños de ganado, lo que agrava el cambio climático. Las condiciones de vida de muchos pueblos indígenas y pequeños agricultores, que ya se ven expuestos a desplazamientos por grandes proyectos, también empeorarán. 

La resistencia más fuerte y eficaz es la de los agricultores europeos, desde la conservadora Asociación de Agricultores de Baviera hasta la Confédération Paysanne izquierdista en Francia. Se ven amenazados por la competencia de los productos baratos del Mercosur que no se producen bajo las normas más estrictas de la UE. Las transnacionales químicas ya exportan grandes cantidades de pesticidas que no están autorizadas en Europa y que, a través de la producción de soja o carne de res en el Mercosur, vuelven a los platos de los consumidores europeos.

En Bruselas se habla a menudo de negociaciones “entre iguales” o de una „comunidad de valores“, pero cada vez hay más interrogantes al respecto. Hoy en día, las relaciones energéticas asimétricas están en auge; empresas alemanes y españoles sueñan del hidrógeno ”verde“ brasileño, uruguayo o argentino. La cultura, la protección del clima y los derechos humanos, por el contrario, no están en boga. El hecho de que la Unión Europea aplique un doble rasero en Ucrania, en Palestina o frente a la intervención trumpista en Venezuela le cuesta mucha simpatía en todo el mundo. Su principal interés son las ganancias de sus empresas. A la hora de la verdad, los ”valores democráticos“ no tienen la misma importancia. Este acuerdo es la mejor prueba de ello.

El título de esta nota suena exagerado, como si fuera el producto del enojo, la desesperación o el pesimismo. Pero no debe ser leído desde esa perspectiva emocional. Cuando utilizo el concepto de tradición hago referencia a un fenómeno social tangible, que opera sobre la configuración del campo judicial en su totalidad y las personas que componen esas instituciones judiciales. Recurro a la presentación del tema que hace alguien que no puede ser catalogado de otro modo que moderado, sobrio, hasta en exceso. 

Me refiero a Bidart Campos, que da cuenta de esta tradición en su libro La Corte Suprema (Allende y Brea, 1982: 183 y ss.), comenzando con la “comunicación” del golpe de Estado de Uriburu, que depuso al Presidente Irigoyen. Ante las diversas posiciones posibles, la Corte emitió una Acordada fatídica para nuestra tradición institucional, en la que reconoció la legitimidad de “facto” de dicha asonada militar. 

La historia es bien conocida, pero recordarla no es el objeto de esta nota, sino evidenciar cómo nuestra Corte Suprema, a lo largo de muchas décadas y hasta el presente, se ha mostrado especialmente débil para sostener y exigir el cumplimiento de las reglas de juego por parte de los actores políticos instalados en cualquiera de los otros dos poderes del Estado. Un párrafo de esa Acordaba es fundante de esa tradición: “Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es pues un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas, en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”. 

Dejemos de lado el hecho de que no discutimos ya (por obra de muchas generaciones que han luchado por ello) el origen ilegal de un gobierno dictatorial, pero la frase que interesa es la que nos dice que no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social. Cuatro veces la Corte Suprema repitió esta idea (1943, 1955, 1966 y 1976), con las desastrosas consecuencias para nuestro país que conocemos o hemos vivido. En 1962, en lugar de responder un amparo positivo para que se reponga al presidente legítimo, apoyó su sustitución por Guido, presidente provisional del Senado. Bidart Campos es condescendiente con esta historia, a la que considera “equilibrada”, más allá de la angustia de los constitucionalistas, porque esta debilidad de la Corte no ha significado que pierda independencia e imparcialidad en otros casos. 

La tradición sumisa de la Corte no se manifiesta en los innumerables fallos que sigue dictando, con deliberación o no, conociendo lo que firma o a consecuencia de la “maquinaria” de relatores —lo que constituye otro grave problema, admitido incluso por integrantes de la Corte—; sino porque no protege con especial cuidado las reglas de juego institucionales y no permite (no es que reconoce) que las personas puedan tener éxito (como en la Acordada del 30) en los reclamos judiciales, para que esas reglas de juego, previstas en la Constitución Nacional como derechos de la ciudadanía, salgan fortalecidas. Esa es la tradición sumisa de la Corte. 

¿Qué tiene que ver ello con el presente? Claro está que nos encontramos con un gobierno que tiene legitimidad constitucional en su origen y elección. Nadie duda de eso. Pero luego, en el ejercicio de su poder, ha dejado de lado muy claras reglas constitucionales. Por ejemplo, el art. 99, inciso 3, de la Constitución Nacional nos dice: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. ¿Es muy difícil comprender el sentido de esa norma? ¿No ha abusado el Poder Ejecutivo de un modo brutal con ese principio? No se puede decir que la excepción siguiente (los decretos de necesidad y urgencia, fundado en “circunstancias excepcionales”) es la verdadera regla, porque entonces el idioma español ya no vale en el mundo judicial. 

Se ha dicho que la Corte debe esperar que le llegue un caso, pero eso es también falso porque ante temas menores (recordemos el del traslado de jueces) no dudó en utilizar el avocamiento que permite saltar instancias. Lo que hace la Corte es aplicar la doctrina de la Acordada del 30, para desesperación de los ciudadanos. Es tan grande el abuso del Poder Ejecutivo y tan estruendoso el silencio cómplice la Corte, que el mal desempeño está a la mano, si no fuera porque este sistema les conviene a los representantes, que deberían ejercer el control sobre la Corte en nuestro sistema de pesos y contrapesos. El circulo vicioso se cierra. 

Nos dirán los ministros y algunos constitucionalistas, como ya decía Bidart Campos, que este es un tema menor, porque mientras tanto la Corte sigue fallando, a veces bien a veces mal, en muchos de los otros casos. Pobre consuelo leguleyo. Permitir que se degraden a este punto las instituciones es el peor de los males posibles, que ningún buen fallo en otra materia lo remedia. Además, transmite un pésimo mensaje a todo el sistema judicial, en especial a los Tribunales y Cortes provinciales que repiten el mismo funcionamiento sumiso ante los poderes provinciales. Se produce una doctrina burocrática de la indulgencia moral. La burocracia, como se ha dicho, se convierte en un espacio de fuga moral, donde la integridad de cada uno de los magistrados ya no importa e igual son aceptados por la academia, por los juristas, por los colegios de abogados, etc. El mundillo académico-judicial se rinde ante el boato del cargo, no ante la calidad de la función. 

Lo mismo ocurre con el Poder Legislativo federal. La Corte le ha ordenado que nombre cargos previstos especialmente para poner en marcha los derechos de los ciudadanos (como el Defensor del Pueblo) y puede pasar más de una década sin que cumpla con esa regla constitucional. Dejar vacantes (esto es un decir, porque se llenan con jueces interinos) a los cargos judiciales se ha convertido en un negocio, incluso para sectores del Poder Judicial que no dudan en prestarse a ese juego espurio, por un suplemento de su sueldo. Ha establecido plazos para que se dicten normas de base constitucional (como la del Consejo de la Magistratura) y nadie hace caso, como si la Corte fuera una instancia de meras declaraciones abstractas. 

La degradación institucional que observamos cotidianamente no es un fenómeno natural. Es el resultado del accionar concreto de personas de carne y hueso, con nombre y apellido, que podemos identificar, denunciar y, si la denuncia no tiene efecto, repudiar y guardar en la memoria. La última dictadura, la más terrible, contó con la complicidad silente de la administración de justicia que se escondía en la burocracia. Siempre me impactó ese papel de los jueces. ¿Si hoy tuviéramos un dictador —que por suerte no lo tenemos— sería el Poder Judicial un escudo que protegería la democracia, o se repetiría la complicidad del pasado? Por este camino me temo que fácilmente hallaríamos jueces que nos dirían que las violaciones a la Constitución Nacional “no pueden ser judicialmente discutidas con éxito por las personas en cuanto el Poder Ejecutivo ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social”. La tradición servil de la Corte sigue viva.

*El autor es Presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

La reforma laboral se presenta hoy en el debate público a partir de sus disposiciones legales —en el marco del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo—; sin embargo, ese plano resulta central precisamente porque habilita la institucionalización de un determinado orden social. A través de los cambios normativos que propone, la reforma no solo introduce modificaciones jurídicas, sino que configura transformaciones estructurales en las condiciones de vida, redefiniendo los márgenes de previsibilidad sobre los que se organiza la vida cotidiana.

El impacto de una reforma laboral se define por la manera en que sus disposiciones le dan forma a la Cuestión Social, en tanto inciden sobre los márgenes de autonomía de los trabajadores, las dinámicas familiares y las desigualdades preexistentes. En este sentido, el conjunto de títulos que integran la reforma puede leerse como la institucionalización de un régimen de precarización, en la medida en que consolida un modelo de incertidumbre permanente.

Este desplazamiento —hacia la precariedad como norma— no es accidental. Responde a una lógica política más amplia que presupone, y al mismo tiempo consolida, una determinada configuración social. La reforma resulta posible en una sociedad previamente fragmentada en sus formas de contratación, balcanizada en sus condiciones de trabajo y atravesada por un desgaste sostenido de las capacidades de organización y articulación colectiva. En ese marco, la incertidumbre deja de operar como un efecto no deseado y pasa a constituirse en un componente funcional del proyecto.

Presentada como modernización, la reforma enviada al Congreso funciona en los hechos como un dispositivo de producción de inseguridad social, y no ya de protección, cuyos efectos exceden el ámbito del trabajo para penetrar en la organización familiar, en el reparto de los cuidados, en la previsibilidad económica y en la cohesión comunitaria. En este marco, la noción de modernización opera como un significante legitimador que dinamiza el discurso público, pero que oculta más de lo que revela. Lejos de modernizar las relaciones laborales, la reforma institucionaliza prácticas y vínculos ya presentes en el mundo del trabajo contemporáneo, consolidando normativamente formas de precariedad que hasta ahora operaban de manera informal.

Convertir la incertidumbre en norma no es simplemente flexibilizar. Es transformar la estructura misma sobre la cual las personas organizan su vida cotidiana. Ese movimiento, lejos de ser neutral, requiere —y a la vez reproduce— una sociedad debilitada.

Si bien la historia no ofrece garantías ni modelos a reproducir mecánicamente, sí habilita lecturas que permiten pensar el sentido instituyente de determinadas reformas y su capacidad para dar forma a la Cuestión Social. En ese marco, experiencias como la Asignación Universal por Hijo o los proyectos de licencias parentales, entre muchos otros. muestran que es posible diseñar políticas que, lejos de profundizar la incertidumbre, extienden derechos históricamente asociados al trabajo protegido —como el salario familiar o las licencias— hacia sectores excluidos del empleo formal. Se trata de intervenciones que amplían la cobertura social, estabilizan trayectorias de vida y fortalecen la cohesión social. Nombrarlas no implica nostalgia ni repetición, sino recuperar horizontes posibles que hoy parecen deliberadamente clausurados por un enfoque que concibe la modernización como sinónimo de desprotección.

*Tania Etulian es miembro del Centro de Estudios Atenea

Apenas diez días después de llegar a la Casa Rosada, el gobierno nacional presentó por primera vez su proyecto de supuesta “modernización laboral”. Detrás de ese nombre se esconde una regresión de un siglo en materia de derechos laborales, conquistas que fueron fruto de décadas de lucha de las trabajadoras y los trabajadores junto a sus organizaciones sindicales. Ese plan regresivo —que el gobierno logró aplicar parcialmente mediante la Ley Bases— es el que ahora pretende profundizar. Si lo aprueban, la vida de quienes trabajamos, tengamos un trabajo registrado o no, será muchísimo más difícil y estará más desprotegida.

Para quienes trabajamos en la actividad periodística, este gobierno impulsa un ataque directo: de la noche a la mañana, sin mediar debate alguno, busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Estas normas, sancionadas hace 80 años, son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo. Permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación. Incluso si el trabajador o la trabajadora no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación. Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo.

Además, el proyecto del gobierno deroga artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando los gravámenes a las señales audiovisuales con la que se sostienen los medios públicos, medios comunitarios y micropymes. De este modo, con una misma norma el gobierno beneficia doblemente a las grandes empresas de medios: le quita derechos a quienes trabajan en sus compañías y las exime de impuestos que fueron pensados para posibilitar un arco de voces plural y democrático en la información. Paradójicamente, esas grandes empresas de medios son voceras de estas normas que flexibilizan aún más el trabajo periodístico pero se niegan sistemáticamente a discutir una modernización laboral en cada paritaria, cuando desde el sindicato promovemos regular la inteligencia artificial, el teletrabajo, las nuevas funciones. En pocas palabras, encontraron en este proyecto un negocio redondo.

Todo se agrava al ser una iniciativa con la que avanzan de facto. En los últimos dos años, ni el gobierno ni las empresas de medios pusieron en debate el Estatuto del Periodista, su vigencia o anacronismo. Tampoco promovieron ninguna discusión al respecto.

Nuestra suerte está ligada a la del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina, a quienes este gobierno nacional nos convirtió en enemigos declarados. No existe otra explicación para la licuación de salarios y jubilaciones iniciada desde el primer día de gestión, con una devaluación que significó una transferencia brutal de recursos desde quienes trabajamos hacia los dueños de las empresas más grandes del país.

Más que nunca, vamos a fortalecer junto a las organizaciones y centrales sindicales la defensa de nuestro derecho a tener derechos laborales. Lo haremos ante el Congreso, ante el Poder Judicial y en las calles. Convocamos a nuestros compañeros y nuestras compañeras a participar, afiliarse y poner freno a la contrarreforma laboral.

Comunicado de SiPreBA y FATPREN