La Asociación Trabajadores del Estado realiza este miércoles un paro y una caravana hacia el Centro Atómico Constituyentes en rechazo a los despidos y al “vaciamiento” de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La movilización fue convocada desde las 9.30 hacia la sede ubicada en avenida General Paz 1.499, en la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio reclama la “inmediata reincorporación” de los trabajadores cesanteados la semana pasada y responsabiliza al Gobierno por el crecimiento del conflicto. “Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

La protesta ocurre en medio de una escalada del conflicto dentro de uno de los organismos más sensibles del sistema científico y tecnológico argentino. La CNEA es el organismo estatal encargado de desarrollar investigación, tecnología, formación y proyectos vinculados a la energía nuclear, un área estratégica para la soberanía energética, la medicina, la industria y la ciencia aplicada.

El conflicto sindical se profundizó después de los despidos en el organismo. ATE habla de cerca de 100 cesantías en la CNEA y denunció que el recorte afecta áreas claves. En paralelo, el reclamo inmediato del gremio apunta a la reincorporación de 62 trabajadores despedidos la semana pasada.

La medida de fuerza también se produce después de una renuncia significativa dentro de la estructura técnica de la Comisión. Ayer presentó su renuncia Juan Manuel Ranalli, gerente del área de Energía Nuclear de la CNEA. En una nota dirigida al presidente del organismo, Martín Porro, Ranalli comunicó su salida del cargo y agradeció “la confianza depositada” y “el profesionalismo de los equipos de trabajo” que lo acompañaron durante su gestión.

La carta no menciona los motivos de la renuncia. Pero la salida de Ranalli cobra relevancia porque se conoció después de que el funcionario cuestionara los despidos dentro del área. En un organismo de alta especialización técnica, la renuncia de un gerente nuclear en medio de cesantías y protestas confirma el deterioro institucional al que la motosierra con que Javier Milei y su ministro desregulador, Federico Sturzenegger, vienen podando al Estado, inclusive en las áreas más sensibles de la administración, como salud, educación, remedios para los jubilados y discapacidad.

ATE sostiene que los despidos forman parte de una política de ajuste sobre ciencia y tecnología. “Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, señaló Aguiar.

El sindicato también apuntó contra las autoridades del organismo. Según ATE, las protestas se replicarán en sedes de la CNEA de todo el país y responden a la falta de respuestas oficiales. En comunicados previos, el gremio había denunciado que las autoridades evitaron el diálogo con los trabajadores y que los despidos alcanzan a personal que cumplía funciones clave.

La discusión no se limita a la cantidad de cesantías. Para los trabajadores estatales, el eje es el impacto de esos recortes sobre capacidades acumuladas durante décadas. En áreas como energía nuclear, la pérdida de personal especializado no se reemplaza de manera inmediata: implica conocimiento técnico, experiencia en proyectos complejos y continuidad de equipos de investigación y desarrollo.

La oposición también cuestionó el recorte. Diputados denunciaron que el vaciamiento de la CNEA y de los centros atómicos implica una afectación de la soberanía nuclear y pidieron la intervención de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara baja. Según esos planteos, los trabajadores despedidos habían sido evaluados y cumplían funciones desde hace años.

El Gobierno, por su parte, había presentado meses atrás una reestructuración de la CNEA orientada a generar recursos propios y mejorar la eficiencia operativa. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, cuestionó entonces el funcionamiento histórico del organismo y anunció una reforma integral para orientarlo a resultados.

ATE rechaza ese diagnóstico. Aguiar sostuvo que la CNEA “no genera pérdidas” y que, por el contrario, “es superavitaria”. Para el gremio, no existe una justificación técnica o presupuestaria que explique el recorte y la medida forma parte de una política más amplia de ajuste sobre el empleo público, la investigación científica y los organismos estratégicos del Estado.

La caravana de este miércoles busca visibilizar ese conflicto. No se trata sólo de una pelea por puestos de trabajo, sino de una disputa por el futuro de un área estatal que concentra capacidades científicas difíciles de reconstruir. En la CNEA, cada despido no significa únicamente una baja en la nómina: puede implicar la pérdida de conocimiento acumulado, continuidad técnica y soberanía tecnológica.

JJD

El gobierno de Javier Milei mantiene abierto un frente judicial contra Luis Barrionuevo, uno de los dirigentes sindicales más antiguos del país y exaliado fugaz de La Libertad Avanza durante la campaña presidencial de 2023. La Secretaría de Trabajo no convalidó la conducción del gastronómico al frente de la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina (UTHGRA) y acudió a la Corte Suprema para defender esa decisión.

El área que encabeza Julio Cordero no le otorgó a Barrionuevo el certificado de autoridades que necesita para gestionar formalmente el sindicato. La cartera laboral, que depende del Ministerio de Capital Humano, presentó un recurso extraordinario federal contra una sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había ordenado expedir un certificado provisorio de las autoridades electas en el gremio.

Según el escrito judicial al que accedió Noticias Argentinas, la presentación fue realizada por María Fernanda Penas, abogada de la Secretaría de Trabajo. El planteo sostiene que la cautelar concedida a Barrionuevo vulneró normas procesales y laborales, y busca que la Corte Suprema intervenga para validar la posición del Gobierno.

En la cartera laboral evitaron hacer comentarios públicos sobre el caso. “Está todo judicializado, no vamos a hablar”, respondieron. La definición, de todos modos, marca una señal política: el Gobierno no quiere convalidar por ahora el último proceso electoral que proclamó a Barrionuevo para un nuevo mandato al frente de UTHGRA.

La elección interna del gremio gastronómico quedó cuestionada por sectores opositores, que denunciaron irregularidades en el proceso. Según recogió NA, dirigentes críticos objetaron la cantidad de votantes informada por el barrionuevismo y pusieron como ejemplo el caso de Mar del Plata: afirmaron que en la última elección habrían votado 8.000 personas, cuando en una elección previa, con dos listas, habían sufragado alrededor de 800.

El conflicto también tuvo derivación judicial. El juez Julio Grisolía dejó sin reconocimiento legal a la conducción al no avalar la votación realizada en diciembre último para renovar el mandato hasta 2029. Esa decisión dejó en suspenso la continuidad formal de Barrionuevo, que conduce el gremio gastronómico desde hace más de cuatro décadas y es uno de los nombres más identificables del sindicalismo peronista tradicional.

La historia reciente entre Barrionuevo y Milei

Antes de las elecciones generales de 2023, el jefe gastronómico y el entonces candidato libertario alcanzaron un entendimiento para que el gremio aportara estructura y afiliados a la fiscalización de La Libertad Avanza. En ese momento, Milei buscaba reforzar un punto débil de su armado: el control territorial de los votos.

La relación duró poco. Después de la elección general de octubre, cuando Milei no consiguió ampliar de manera significativa el resultado de las primarias, dentro del campamento libertario empezaron a circular reproches contra Barrionuevo. Dirigentes de La Libertad Avanza lo acusaron de no haber cumplido con lo pactado y de haberlos “traicionado”. El dirigente sindical se desmarcó del espacio y el vínculo quedó roto antes del balotaje.

Ese antecedente no alcanza para explicar por sí solo la decisión actual de la Secretaría de Trabajo, que se presenta como una controversia administrativa y judicial sobre la validez del proceso electoral de UTHGRA. Pero sí agrega contexto: el Gobierno que hoy se niega a convalidar la conducción de Barrionuevo es el mismo espacio político que en 2023 intentó apoyarse en su estructura sindical para fiscalizar una elección presidencial.

Para Milei, la relación con Barrionuevo condensó una de las tensiones de su armado inicial. El libertario llegó a la política nacional con un discurso de confrontación contra la “casta”, pero en la campaña buscó acuerdos con dirigentes de larga trayectoria territorial, incluidos sectores del sindicalismo tradicional. Barrionuevo fue uno de los casos más visibles de esa estrategia: un aliado útil durante unas semanas y un actor incómodo poco después.

Ahora la pelea ya no ocurre en el terreno electoral, sino en el sindical. La falta de certificado de autoridades limita la capacidad formal de la conducción barrionuevista para administrar el gremio y abre un nuevo capítulo en la disputa interna de UTHGRA. La intervención de la Corte Suprema, si finalmente avanza, puede definir si la Secretaría de Trabajo debe extender la certificación provisoria o si queda firme la negativa oficial.

El caso también se inscribe en un momento de mayor tensión entre el Gobierno y distintas organizaciones sindicales. Mientras la administración libertaria impulsa reformas laborales, cuestiona estructuras gremiales tradicionales y sostiene una agenda de desregulación, uno de los jefes sindicales más antiguos del país quedó atrapado en una disputa por el reconocimiento formal de su propia conducción.

JJD

Dos provincias llegan este miércoles con paros docentes y estatales, aunque por conflictos distintos. En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a una huelga provincial por el deterioro salarial, la falta de respuestas del gobierno de Rogelio Frigerio y el rechazo a la reforma previsional que se debate en la Legislatura. En Neuquén, ATE y ATEN paran y se movilizan contra el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que según los gremios implica una baja en las regalías que percibe la provincia.

El paro entrerriano expresa un conflicto que combina salarios y jubilaciones. AGMER denunció que el Ejecutivo provincial no convocó a reanudar la discusión paritaria desde el fracaso de las negociaciones salariales de mayo, cuando el gremio consideró insuficiente la propuesta oficial frente al avance de los precios y la pérdida de poder adquisitivo.

El sindicato docente mayoritario sostuvo que la situación salarial atraviesa un escenario crítico, marcado por el empobrecimiento de los trabajadores, el alto nivel de endeudamiento de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral. El reclamo no se limita al sueldo de bolsillo: apunta también a las condiciones de trabajo y al deterioro de la vida cotidiana de la docencia entrerriana.

La medida de fuerza coincide con el plan de acción de la Multisectorial contra la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial. Habrá movilizaciones en distintos puntos de Entre Ríos y el reclamo docente se suma a una resistencia más amplia de estatales, jubilados y organizaciones sociales frente a los cambios propuestos sobre el sistema jubilatorio.

AGMER planteó cuatro demandas principales: convocatoria urgente a discutir salarios, rechazo a la reforma previsional, aumento de las partidas destinadas a comedores escolares y mayor inversión en infraestructura educativa. Para el gremio, la reforma previsional podría profundizar el deterioro económico de trabajadores y jubilados.

ATE Entre Ríos también se incorporó al plan de lucha contra el nuevo régimen jubilatorio. El sindicato participó de la entrega de un petitorio dirigido a legisladores provinciales y reclamó que defiendan la Ley 8732, rechacen cualquier proyecto que lesione derechos previsionales y no trasladen el costo del déficit de la Caja sobre trabajadores y jubilados.

La Defensoría del Pueblo de Paraná y la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores también fijaron posición sobre la reforma previsional. En una presentación ante comisiones del Senado provincial, advirtieron que una modificación que resuelva sólo los números a costa de derechos ciudadanos “no es una reforma, es un traslado de la carga fiscal hacia los sectores más vulnerables”.

Entre los puntos cuestionados aparecen la edad jubilatoria de 68 años para nuevos aportantes, el impacto de género sobre las mujeres trabajadoras, la modificación de la fórmula para determinar el haber inicial, la declaración de emergencia previsional, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y los aportes solidarios a jubilados en actividad.

En Neuquén, el conflicto tiene otro eje. ATE y ATEN confirmaron un paro provincial de 24 horas para este miércoles, con impacto en el dictado normal de clases. La huelga incluye una movilización a la Legislatura, con concentración prevista entre las 9 y las 10 en el monumento a San Martín y marcha posterior hacia la Ciudad Legislativa.

La medida se realiza en rechazo al proyecto de GNL que la Legislatura analizará este miércoles. Según los sindicatos, la iniciativa implica una baja en las regalías que recibe Neuquén por sus recursos hidrocarburíferos. También se sumarán gremios como Sejun, de judiciales, y Adunc, de la Universidad Nacional del Comahue.

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, explicó que la protesta se realiza “en defensa de nuestra provincia, de nuestra soberanía fiscal y de la autonomía sobre nuestros recursos naturales”. El dirigente cuestionó el esquema de regalías diferenciales previsto en el acuerdo entre la Provincia e YPF y sostuvo: “Queremos que la riqueza de nuestro subsuelo garantice el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas”.

ATEN, el gremio docente neuquino, adhirió a la huelga en defensa de los recursos naturales y contra lo que considera una entrega de la soberanía provincial. La organización precisó que el paro será provincial y se realizará el día en que el proyecto sea tratado en el recinto.

La iniciativa cuestionada busca convertir en ley el acta acuerdo firmada entre la Provincia e YPF para producir gas con destino a exportación en cinco áreas no convencionales ubicadas al norte de la Comarca Petrolera. El convenio establece una regalía diferencial para el gas metano que la petrolera estatal utilizará para producir GNL desde la costa rionegrina.

Según el esquema informado, las alícuotas de regalías oscilarán entre el 7,5% y el 12%, de acuerdo con la evolución de los precios internacionales medidos a través del índice JKM, referencia del mercado asiático.

El proyecto obtuvo despacho en un plenario de comisiones y podría votarse este miércoles, en la anteúltima sesión antes del receso invernal. Representantes de ATE, ATEN, Sejun y otras organizaciones se acercaron previamente a la Legislatura para informarse sobre los detalles del texto y cuestionaron la celeridad con la que se impulsó el tratamiento.

A diferencia de Entre Ríos, donde el eje inmediato es la paritaria docente y la reforma previsional, en Neuquén la protesta se ordena alrededor de los recursos naturales y la capacidad futura del Estado provincial para sostener ingresos. Pero en ambos casos aparece una misma preocupación de fondo: qué parte del ajuste recae sobre trabajadores, jubilados, servicios públicos y financiamiento estatal.

Las dos huelgas ocurren en un contexto nacional marcado por salarios que siguen corriendo detrás de los precios en buena parte del empleo formal, conflictos estatales, debates previsionales y presión sobre las cuentas públicas provinciales. En ese escenario, los paros de Entre Ríos y Neuquén muestran que la conflictividad laboral no se limita al Estado nacional ni a las grandes paritarias: también se juega en las provincias, allí donde salarios, jubilaciones, regalías y servicios públicos se vuelven parte de la misma disputa.

JJD

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanzará con nuevos recortes de personal en el Ministerio de Capital Humano. La denuncia se inscribe en una nueva etapa del ajuste estatal del gobierno de Javier Milei, que ya acumuló varias rondas de despidos, no renovaciones de contratos, retiros voluntarios y reestructuraciones en organismos públicos. ATE sostiene que la administración nacional atravesó siete olas de despidos desde el inicio de la gestión libertaria y que ahora el foco vuelve a estar puesto en áreas sensibles de Capital Humano.

Según un despacho de la agencia Noticias Argentinas, Sturzenegger está a cargo del ajuste de trabajadores en las áreas más importantes del Estado y monitorea la situación en cada cartera. Para avanzar con esa poda, utiliza herramientas normativas como el decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo.

Ese decreto estableció la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los Objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada Jurisdicción”.

En ATE interpretan que ese texto habilitó una nueva reducción de estructuras dentro del ministerio de Pettovello. Según señalaron al medio que difundió la información, Desregulación eliminó áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia.

“Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, afirmaron desde el gremio.

El pase a disponibilidad es uno de los mecanismos más sensibles dentro del empleo público porque coloca a trabajadores de planta permanente en una situación de incertidumbre laboral. En el esquema de ajuste estatal del Gobierno, los sindicatos lo leen como un paso previo a posibles cesantías, traslados forzados o pérdida efectiva del puesto.

Durante la conferencia de prensa, los dirigentes de ATE detallarán las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para intentar frenar la reestructuración y defender los puestos de trabajo afectados.

Desde ATE apuntaron contra el Gobierno por lo que consideran una doble vara en el trato a los trabajadores estatales. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores”, acusaron en el sindicato.

El gremio también anticipó resistencia frente a la disposición oficial, tanto para garantizar los puestos laborales como para reclamar mejoras salariales para el personal del Estado.

El gobierno de Milei presenta la poda como parte de su agenda de “desregulación” y reducción del gasto público. Sturzenegger se convirtió en una de las figuras centrales de ese proceso: interviene en la revisión de estructuras, impulsa reformas administrativas y aparece como uno de los funcionarios encargados de sostener el discurso oficial contra lo que el oficialismo define como exceso de Estado.

JJD, con información de la agencia NA.

El Día del Periodista llega este domingo con un dato que alcanza para medir el estado material del oficio: el 65,6% de los trabajadores y trabajadoras de prensa del AMBA cobró en abril por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo. La cifra surge de la Encuesta Integral #SiPreBA2026, respondida durante mayo por 1.014 periodistas, más del 20% de toda la actividad registrada, según informó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

El salario neto mediano en el principal empleo en prensa fue de $1.200.000, un 18,4% por debajo de la Canasta Básica Total del Indec, que en abril se ubicó en $1.469.768. El dato mejora frente al 70,48% registrado en 2025, pero sigue muy por encima del 45% relevado en 2023. La mejora parcial no cambia el cuadro de fondo: dos de cada tres periodistas no cubren la canasta de pobreza con su trabajo principal.

La pobreza salarial no se corrige del todo sumando trabajos. El 40,7% de las personas encuestadas quedó por debajo de la línea de pobreza incluso al sumar todos sus ingresos, dentro y fuera de la prensa. Sólo el 6,2% respondió que el sueldo de su principal empleo le alcanza por sí mismo para mantener su nivel de vida. El resto depende de otros ingresos, ajusta gastos o directamente no llega a fin de mes.

El 7 de junio es el Día del Periodista en la Argentina porque ese día, en 1810, Mariano Moreno fundó La Gazeta de Buenos Ayres, considerado el primer periódico de la etapa independentista. La fecha fue establecida en 1938, durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas, en Córdoba, como homenaje al nacimiento de la prensa política argentina y al rol público del periodismo

El informe de Sipreba pone números a una escena triste en las redacciones, las radios, los canales, las agencias, los portales y los medios autogestivos: periodistas con más de un empleo, deudas para comer y/o pagar servicios, trabajos informales para completar ingresos y jornadas extendidas que terminan deteriorando la salud. El 54,4% tiene dos o más empleos remunerados; el 22,7% tiene tres o más. Entre quienes trabajan en más de un lugar, el 86,4% dijo que lo hace porque el sueldo no le alcanza.

La necesidad de buscar otro ingreso no aparece como excepción, sino como método de supervivencia. El 52,2% afirmó haber buscado otro empleo remunerado durante el último mes. Además, el 16,9% hace alguna changa informal para complementar ingresos, en rubros que van desde microemprendimientos y oficios hasta trabajos en plataformas de mensajería o transporte. El periodismo, para una parte grande de quienes lo ejercen, ya no paga una vida de periodista.

La deuda entró de lleno en la encuesta como problema central. El 67,8% recurrió a algún tipo de crédito para cubrir necesidades básicas como alimentos, servicios o alquiler. El 36% usó tarjeta de crédito en cuotas para compras básicas y el 13,3% se endeudó con billeteras virtuales. La mediana del ingreso destinado al pago de deudas fue del 40%. Casi la mitad, el 46%, destina más del 50% de sus ingresos a compromisos financieros.

Ese endeudamiento ya ordena decisiones elementales del hogar. El 24,3% postergó el pago de servicios básicos para priorizar la compra de alimentos.

En la radio, el 86,4% cobró por debajo de la Canasta Básica Total en su principal empleo, con una mediana salarial de $907.500, 38% menos que la línea de pobreza. En la prensa escrita —diarios, portales, agencias y revistas—, el 75,7% quedó por debajo de la canasta. En la televisión, donde suelen sostenerse mejores condiciones de convenio, el 32,4% también cobró menos que la línea de pobreza.

Uno de cada tres trabajadores de prensa televisada dijo que necesita un segundo empleo. Entre quienes tienen un solo trabajo, el informe registró jornadas extendidas de dos o tres horas extras diarias y, muchas veces, un sexto día semanal para llegar a un salario digno.

La precarización golpea con más fuerza a colaboradores y freelance. Entre quienes trabajan bajo esas condiciones, el 80,7% cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal en prensa. El 76,7% tiene dos o más empleos remunerados y el 41,7% sostiene tres o más trabajos simultáneos. Entre los colaboradores de prensa escrita, el 60% no recibió ninguna actualización de tarifas en el último semestre.

La formación no garantiza mejores ingresos

El 43,9% de quienes respondieron terminó una carrera universitaria o tiene posgrado completo o incompleto, pero las empresas privadas no pagan adicional por título académico. En una actividad que exige formación permanente, manejo de fuentes, escritura, edición, criterio informativo y capacidad técnica, el título no se transforma necesariamente en salario.

La vivienda agrega otra presión. El 28,2% paga alquiler y el rango más frecuente de gasto mensual, incluidas expensas, va de $700.001 a $1.000.000. Ese monto representa entre el 58% y el 83% del salario mediano del gremio. El dato se cruza con otro gasto sensible: el 93,2% se atiende en el sistema privado de salud, en muchos casos con un costo que se sostiene a fuerza de endeudamiento o recortes en otros consumos.

Las desigualdades de género atraviesan ese cuadro. El 20,4% de mujeres y disidencias declaró cobrar menos que compañeros varones que hacen la misma tarea, mientras que el 43,8% dijo no saberlo, un dato que sugiere que la brecha real podría ser mayor. Las mujeres y disidencias tienen dos o más empleos en el 61,1% de los casos, contra el 50,5% de los varones. Además, el 54,3% de quienes tienen personas a cargo dedica más de seis horas por día a tareas de cuidado, frente al 26,2% de los varones.

La juventud aparece como otro punto crítico. Sólo el 11,1% de las personas encuestadas tiene 30 años o menos, una proporción que viene bajando desde 2023, cuando era del 15%. El 35,2% de los jóvenes trabaja bajo condiciones precarias de contratación, el doble de la media general del gremio. Y el 88,3% de las personas jóvenes cobra por debajo de la línea de pobreza en su principal trabajo en prensa.

Si los ingresos no alcanzan, las tarifas no se actualizan, la precarización se concentra en quienes recién ingresan y los jóvenes buscan otro empleo antes de consolidarse en una redacción, el periodismo pierde capacidad de renovación. No por falta de vocación, sino por falta de condiciones materiales para quedarse

La encuesta también registró el deterioro de la salud laboral. El 22,2% afirmó haber padecido problemas de salud relacionados con el trabajo. Los síntomas más frecuentes fueron tensión e irritación, ambos con 53,4%; alteraciones del sueño, 51,6%; alteraciones del estado de ánimo, 48,9%; y ansiedad, 46,5%. Durante el último año, el 23,5% sufrió reestructuraciones impuestas sin consentimiento, el 22% presiones por contenidos periodísticos y el 18,6% maltrato laboral de jefes.

El 86,8% consideró que la libertad de expresión empeoró durante la gestión de Javier Milei

Uno de cada cuatro trabajadores de prensa afirmó haber sufrido agresiones o amenazas online u offline por ser periodista o trabajar en prensa. Entre las mujeres y disidencias que reportaron agresiones, el 84,6% recibió ataques virtuales. Entre los varones, en cambio, pesaron más las agresiones físicas en coberturas, con gaseos, balas de goma o golpes.

El intento de derogar el Estatuto del Periodista Profesional aparece en ese contexto. El 91,6% se manifestó en contra de la derogación de la norma, sancionada como decreto en 1944 y votada como ley en 1946. La reforma laboral prorrogó su derogación hasta el 31 de diciembre. Frente a eso, Fatpren y los sindicatos de prensa impulsan una actualización que incorpore nuevas modalidades laborales, teletrabajo, inteligencia artificial, protección de la salud psicofísica, perspectiva de género y cobertura ante represión o violencia institucional.

Otro dato que muestra la encuesta de Sipreba es que el 58% dijo que usa la inteligncia artificial para trabajar. En 2023 lo hacía el 8,4%; en 2024, el 23%; y en 2025, el 47%. Entre quienes la incorporaron, el 82,7% la utiliza al menos dos veces por semana y más de la mitad registra un uso diario.

Los motivos de adopción muestran una mezcla de necesidad, adaptación y presión productiva. El 55,5% dijo que la IA le permite eliminar tareas rutinarias o tediosas; el 41,3%, incrementar la eficiencia operativa; y el 41%, experimentar o probar herramientas nuevas. Pero del lado empresario el panorama aparece desordenado: el 42,2% de las empresas no implementó ninguna acción específica, sólo el 33,7% brindó instancias de formación y apenas el 10,2% coordina reuniones periódicas para discutir su uso.

El dato laboral más sensible aparece cuando se mide la productividad. El 25,8% de los periodistas produce más piezas gracias a la IA. En respuestas cualitativas, algunos describieron una aceleración severa: duplicar o incluso triplicar la cantidad de notas por jornada. La herramienta puede aliviar tareas tediosas, pero también puede convertirse en una palanca para exigir más producción con la misma dotación, el mismo salario o menos puestos.

Ahí está la amenaza concreta para el empleo periodístico. Si las empresas usan IA para resumir, titular, transcribir, editar, traducir, corregir, buscar antecedentes, generar borradores o reescribir cables, pueden mejorar procesos y liberar tiempo. También pueden reducir personal, reemplazar tareas, borrar autorías, apropiarse de estilos y convertir la productividad extra en ajuste laboral. La diferencia depende de reglas, negociación sindical, transparencia y supervisión humana.

La propuesta de nuevo Estatuto impulsada por Fatpren y sindicatos de prensa incorpora un artículo sobre IA como herramienta complementaria del trabajo periodístico, que no debe reemplazar tareas ni puestos. También reclama autoría y supervisión humana, reconocimiento de propiedad intelectual sobre estilos, voces e imágenes, transparencia empresarial, compensación económica y capacitación obligatoria con participación sindical.

El teletrabajo completa el mapa de cambios no resueltos. El 53,5% realiza tareas remotas, de manera permanente o híbrida, frente al 69,8% del año anterior. Entre quienes teletrabajan, el 48,7% tuvo que hacer alguna inversión extra para trabajar desde su casa, pero sólo el 24,6% recibe algún pago adicional por infraestructura o conectividad. La ley de Modernización Laboral, la reforma laboral que Milei logró que el Congreso sancionara a fines de febrero de este año, deroga la regulación del teletrabajo desde el 1 de enero de 2027, otro frente abierto para la actividad.

La encuesta también mira a los jubilados, donde el deterioro previsional se vuelve pluriempleo. El 68,8% sigue trabajando en el gremio porque lo que cobra de jubilación no le alcanza. Entre quienes continúan activos, el 38,7% tiene más de un empleo y el 78,9% de ese grupo dijo que lo hace por insuficiencia de recursos. El 35,7% no llega a fin de mes incluso con trabajos por fuera de la jubilación.

El Día del Periodista suele llegar con saludos, placas y frases sobre la importancia social del oficio. La encuesta del SiPreBA obliga a mirar quiénes hacen las noticias, cuánto cobran, cuántos trabajos sostienen, cuánta deuda acumulan, qué costo pagan en salud y qué lugar ocuparán frente a la automatización. Porque periodismo enfrenta una doble presión. Por un lado, salarios que no alcanzan, empresas que precarizan, ataques políticos, violencia en coberturas y un intento de recortar derechos históricos. Por otro, una incorporación acelerada de IA que puede mejorar herramientas de trabajo o convertirse en una excusa para producir más con menos periodistas.

JJD

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció el “desfinanciamiento, desguace y deterioro de la red vial federal impulsado por el Gobierno nacional”, al tiempo que advirtió el “incremento de los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los trabajadores agremiados en el STVyARA pidieron a los gobernadores que “no sean cómplices de este gobierno, ni traicionen al pueblo argentino que los eligió para cuidar nuestros recursos”.

“El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, lanzó una dura advertencia sobre la situación que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y denunció un proceso de desfinanciamiento, desguace y deterioro de la red vial federal impulsado por el Gobierno nacional”, se indicó en el texto.

A través de un documento, aprobado por los secretarios generales de las seccionales de todo el país, la organización gremial cuestionó la utilización política del organismo y rechazó los avances para concesionar rutas nacionales al sector privado.

Desde el gremio recordaron que la Dirección Nacional de Vialidad, creada por el Decreto Ley 505/58, “es el organismo rector de la red vial federal y cumple un rol estratégico para la integración territorial, la producción, el turismo, la salud y el desarrollo económico del país”.

Sin embargo, advirtieron que, tras más de dos años de gestión del actual gobierno, las rutas nacionales “se encuentran sin mantenimiento, deterioradas y próximamente intransitables”.

En ese sentido, los trabajadores denunciaron que Vialidad Nacional “se encuentra totalmente desfinanciada” debido a la retención de fondos provenientes del impuesto a los combustibles, recursos que, según señalaron, deberían destinarse al “mantenimiento, planificación y construcción de nuestras rutas”.

También mostraron su rechazo a la privatización de rutas. Asimismo, el gremio acusó al Ejecutivo de promover el deterioro de la red vial con el objetivo de justificar futuras concesiones. “El Gobierno busca instalar la idea de que los trabajadores no cumplen con sus tareas para avanzar en la transferencia de rutas a las provincias y a operadores privados”, expresaron.

De esta manera, también rechazaron el decreto 253/26, mediante el cual se habilita la entrega de distintos tramos de rutas nacionales para su concesión, y cuestionaron las medidas que afectan a Vialidad Nacional, entre ellas los retiros involuntarios, el desguace del organismo y el deterioro salarial que sufren sus trabajadores.

Pese a este escenario, Graciela Aleñá destacó que “el personal vial continúa desarrollando sus tareas y manteniendo la infraestructura con recursos limitados. Incluso, en numerosas oportunidades los trabajadores han debido afrontar gastos de su propio bolsillo para garantizar la prestación del servicio”.

Otro de los puntos centrales del documento fue el impacto que la falta de inversión tiene sobre la seguridad vial. Así, la dirigente gremial advirtió que el desfinanciamiento de Vialidad Nacional afecta desde fines de 2023 “la transitabilidad y el estado de las rutas de la red troncal, incrementando los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios”.

Finalmente, desde el gremio hicieron un llamado a los gobernadores para que no sean cómplices de este gobierno ni traicionen al pueblo argentino que los eligió para cuidar nuestros recursos. “Rechazamos la utilización política de nuestra repartición con la complicidad de funcionarios, legisladores nacionales y gobernadores”, concluyeron.

Con información de NA.

La paritaria metalúrgica entra en una semana decisiva con la UOM intervenida, sin conducción electa y atravesada por una pelea interna que ya pasó de las urnas a los tribunales. La Justicia anuló la elección de Campana, dejó sin efecto la reelección nacional de Abel Furlán y designó un interventor por 180 días. El fallo golpea al gremio industrial más emblemático del país justo cuando debía concentrar fuerza en la discusión salarial.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró nulas las elecciones realizadas entre el 2 y el 4 de marzo en la seccional Campana, dejó sin efecto la elección nacional del 18 de marzo y dispuso la intervención judicial del sindicato. El tribunal ordenó el cese inmediato de Furlán y del resto de las autoridades electas, y designó como interventor al abogado Alberto Biglieri, con mandato para convocar a nuevos comicios.

El fallo no fue una observación administrativa ni un reproche menor. Los jueces Víctor Pesino y María Dora González sostuvieron que el proceso electoral en Campana no garantizó una elección confiable, segura ni transparente. La Cámara cuestionó la custodia de las urnas durante tres días, la falta de escrutinios provisorios diarios y el control unilateral por parte de la Junta Electoral local.

El punto más delicado para Furlán aparece en la relación entre Campana y la elección nacional. La seccional era determinante para su continuidad al frente del gremio. Allí se conformó parte del Colegio Electoral que luego participó en la elección nacional de la UOM. Para la Cámara, si ese Colegio Electoral quedó mal integrado, tampoco podía elegir válidamente al secretario general nacional. “Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, sostuvo el tribunal.

La controversia no empezó con la intervención. El 18 de marzo, la UOM realizó el congreso nacional en un hotel de San Telmo y proclamó la reelección de Furlán pese a que horas antes la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido los comicios por las irregularidades denunciadas en Campana. La conducción del sindicato dijo entonces que no había sido notificada de ningún fallo y difundió que Furlán había conseguido 215 votos sobre 270 electores, con apoyo de 48 de las 53 seccionales. Las seccionales Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata votaron en contra.

Ese antecedente volvió ahora como argumento judicial. La Cámara sostuvo que la notificación había sido válida, que la UOM conocía la suspensión y que la organización desoyó la decisión judicial. La reelección nacional quedó atada a una doble impugnación: una elección de base cuestionada en Campana y un congreso realizado pese a una orden de suspensión.

La conducción desplazada respondió con una denuncia política. La UOM calificó la intervención como el “desenlace de una operación política, judicial y empresarial” destinada a disciplinar al gremio, debilitar su capacidad de lucha y garantizar a las empresas salarios más bajos. También remarcó que la medida llega en medio de las negociaciones paritarias para recomponer ingresos después de una pérdida salarial fuerte durante los últimos dos años.

La denuncia sindical tiene un dato que alimenta la sospecha política: la misma Sala VIII que intervino la UOM fue la que en abril restableció la vigencia de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, después de la cautelar que había logrado la CGT. La UOM usa ese antecedente para presentar el fallo como parte de una ofensiva contra los gremios más duros. Pero ese señalamiento no borra el contenido del expediente: la Cámara no sólo desplazó a Furlán; describió un proceso electoral sin garantías suficientes dentro de la propia organización metalúrgica.

La intervención deja a la paritaria metalúrgica en una posición más débil. Las cámaras empresarias ya no tienen enfrente a una conducción sindical electa con mandato vigente, sino a un gremio intervenido, con una conducción desplazada, una oposición interna fortalecida y un interventor judicial encargado de ordenar un nuevo proceso electoral. Esa fragilidad mejora el margen de las empresas en la negociación salarial: un sindicato partido negocia con menos fuerza que un sindicato ordenado.

Furlán llega a esa pelea con otro frente abierto. El 18 de marzo, la Agencia Noticias Argentinas informó que la UOM venía de sufrir un allanamiento en su sede nacional por una denuncia contra el dirigente por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. La causa está vinculada a un contrato que el sindicato firmó con USEM, empresa comandada por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora y empleada del gremio. La investigación no prueba responsabilidad penal de Furlán, pero suma un elemento sensible a la crisis de legitimidad de su conducción.

El dirigente metalúrgico tampoco puede presentar esa crisis sólo como un ataque externo. Furlán llegó a la conducción nacional en 2022 como recambio frente a Antonio Caló, pero no venía de afuera del aparato metalúrgico. Es más: venía del mismo sector, el peronismo, y más precisamente la facción kirchnerista, porque Caló en su hora formó una CGT disidente en apoyo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de la denominada CGT Azopardo, que lideraba entonces el camionero Hugo Moyano, que después de ser fiel aliado del matrimonio presidencial Kirchner se pasó a la oposición.

Furlán construyó su poder desde la propia UOM, con base en Zárate-Campana, alineamiento kirchnerista y trayectoria parlamentaria: entre 2015 y 2019 fue diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del bloque Unidad Ciudadana —la fugaz representación parlamentaria del armado de Fernández de Kirchner para volver como senadora de la Nación, en las elecciones de medio término de la presidencia de su sucesor, Mauricio Macri— y en sus dos últimos años de mandato, ya del nuevo-viejo bloque Frente para la Victoria, que en 2019 paso a llamarse Frente de Todos y en 2023, desgastado, pasó a llamarse Unión por la Patria. En todos los casos, con el PJ como partido troncal y el kirchnerismo como facción dominante.

La intervención lo encuentra en el peor lugar para cualquier jefe sindical: cuestionado por la Justicia, resistido por sectores internos y con una paritaria en marcha.

La disputa interna tiene nombres y territorio. Mundo Gremial describió una fractura entre el bloque que llevó a Furlán a la conducción nacional, sostenido por seccionales del conurbano bonaerense y del interior, y un eje histórico integrado por Capital Federal, San Nicolás y La Plata. En ese grupo aparecen Roberto Bonetti, Naldo Brunelli y Antonio “Nino” Di Tomasso, dirigentes que habían perdido centralidad con el recambio interno pero conservaron capacidad de articulación sindical, política y jurídica.

La misma publicación ubicó al interventor Alberto Biglieri dentro de una trama de vínculos con sectores enfrentados al armado de Furlán, a través del abogado Tomás Calvo, asesor de seccionales como Capital y San Nicolás y con relaciones históricas con espacios del PRO, el radicalismo y Daniel “Tano” Angelici. También incorporó a Julio Cordero, funcionario nacional con pasado en Techint, como un actor señalado por sectores sindicales en la negociación metalúrgica y en el endurecimiento del conflicto salarial.

La intervención reordenó esa interna. La oposición a Furlán ganó una ventaja institucional, la conducción desplazada apuesta a convertir el fallo en una causa común del sindicalismo contra Milei y el resto del movimiento obrero mira el caso como una señal sobre los límites de la autonomía gremial bajo el actual gobierno. La UOM convocó al movimiento obrero a defender al sindicato frente a un modelo económico que, según su comunicado, necesita organizaciones débiles para imponer ajuste y precarización.

La Justicia ya puso fecha para la nueva elección de autoridades

La Cámara justificó la intervención como un remedio extremo ante la nulidad de las elecciones. El tribunal sostuvo que las autoridades desplazadas no podían organizar una nueva elección transparente y que la intervención externa era indispensable para regularizar la situación. También ordenó convocar a nuevos comicios dentro de los 180 días. La UOM no quedó acéfala en términos formales, porque tiene un interventor judicial; quedó sin conducción sindical electa en el momento menos conveniente para sus afiliados.

Ese punto pesa más que la rosca interna. La industria metalúrgica llega golpeada por la caída de la actividad, la apertura importadora, la pérdida de poder adquisitivo y la presión empresaria para contener costos laborales. Una paritaria fuerte necesita conducción reconocida, capacidad de presión y unidad interna. La UOM llega a esa instancia con todo eso en discusión.

Furlán pelea por seguir, pero su margen se achicó. La oposición interna consiguió que la Justicia anulara el proceso que lo había reelegido, el tribunal instaló sospechas graves sobre la transparencia electoral y el sindicato deberá ordenar una nueva elección bajo intervención. La denuncia de operación política y empresaria puede reunir solidaridad sindical, pero no resuelve la pregunta que dejó el fallo: cómo defendió Furlán la democracia interna del gremio que pretendía seguir conduciendo.

El resultado impactará más allá de la UOM. Si Furlán logra transformar la intervención en una ofensiva del Gobierno y las empresas contra el sindicalismo, puede recomponer parte de su autoridad dañada. Si la oposición interna convierte el fallo en una nueva elección bajo control judicial, la conducción metalúrgica puede cambiar de manos. Mientras tanto, los salarios metalúrgicos llegan a la negociación con un gremio debilitado, una interna abierta y empresas que encuentran enfrente a un sindicato menos ordenado que hace una semana.

JJD

Los trabajadores de la salud salen este miércoles a la calle contra el ajuste en hospitales, centros de atención, farmacias y consultorios, y también en los hogares que dependen de la atención pública para conseguir turnos, medicamentos o tratamientos. Desde las 13, organizaciones sociales, sindicatos y personal sanitario marchan al Ministerio de Salud de la Nación en la Marcha Federal en defensa de la salud pública, con movilizaciones también en Rosario, Chaco y Tucumán.

La convocatoria fue promovida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y plantea que el sistema público atraviesa una situación crítica. El reclamo apunta contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, la reducción de programas nacionales, el cierre del Plan Remediar, la caída del presupuesto de PAMI y el encarecimiento de los medicamentos.

El 80% de las obras sociales no cubre, con su recaudación, el Plan Médico Obligatorio y recorta prestaciones, indicaron los organizadores de la movilización. También advirtieron que la mitad de las personas que atiende el sistema público tiene obra social o prepaga.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que la situación del sistema de salud es “muy grave y crítica”. Según declaró, la provincia registra 35% más de internaciones en hospitales públicos y el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano llega al 90%. También sostuvo que más de la mitad de las personas internadas en hospitales tiene obra social, pero utiliza el hospital público por cierres de clínicas o falta de capacidad de atención.

El aumento de la demanda ocurre mientras crece la dificultad para acceder a medicamentos. A través del ahora cerrado Plan Remediar se entregaban medicamentos esenciales a centros de salud. Kreplak, ministro del gobernador peronista Axel Kicillof, sostuvo que la interrupción del programa provoca que uno de cada cuatro jubilados no pueda acceder a tratamientos, con lo cual aparecen más complicaciones, lo que es no solamente contraproducente para el propio paciente sino para el sistema de salud.

El reclamo también apunta al PAMI. Las organizaciones denuncian una caída presupuestaria que afecta prestaciones, tiempos de atención y acceso a medicamentos. En Rosario, gremios nucleados en la CTA Autónoma y la CGT local se suman a la Marcha Nacional por la Salud, con concentración a las 11.30 en Plaza 25 de Mayo y marcha desde las 12 hacia el Nodo de Salud y el PAMI I. Desde SUTEPA alertaron por la caída de transferencias, el impacto en las prestaciones y el agravamiento de las condiciones laborales del sector.

La movilización rosarina también denuncia un recorte de $63.000 millones en partidas destinadas al sistema público de salud. Los gremios señalan el vaciamiento del Remediar, las restricciones en discapacidad, la salida de la OMS, los cambios en residencias nacionales, la medicación de alto costo, el vaciamiento del PAMI y los intentos de modificar la ley de salud mental. A ese listado suman la situación salarial de los trabajadores de la salud y el cuadro crítico del sistema de obras sociales.

Los trabajadores sanitarios llegan a la marcha con salarios presionados por la inflación y jornadas más cargadas por el aumento de pacientes. Médicos, enfermeros, administrativos, residentes, técnicos y personal de apoyo sostienen una demanda que crece por la caída de ingresos de los hogares, la pérdida de empleo formal, el encarecimiento de las prepagas y la pérdida de cobertura real en obras sociales. El hospital público absorbe la crisis social, pero sus trabajadores no reciben más recursos por cada paciente nuevo que llega.

La salud mental también forma parte del reclamo. Según el material de la convocatoria, el presupuesto nacional en salud mental fue de $48 millones anuales.

El Gobierno nacional difundió un comunicado conjunto con ministros de Salud de las jurisdicciones y afirmó su compromiso con el sistema sanitario. El material aportado muestra la publicación del Ministerio de Salud de la Nación, pero no permite leer el contenido completo del comunicado. La convocatoria a la marcha, en cambio, sostiene que los recortes ya afectan programas, hospitales, PAMI, medicamentos y cobertura de obras sociales.

JJD

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional llegan al vencimiento de sus preavisos sin garantías de continuidad laboral y llevan el conflicto a los aeropuertos. Por eso, ATE realiza este viernes una jornada nacional de protesta contra el despido de 140 empleados del organismo y contra el cierre parcial de estaciones meteorológicas que, según el gremio, ya afecta controles nocturnos y puede comprometer la seguridad operativa. El epicentro de la medida es el Aeroparque Jorge Newbery desde las 10.30, con participación de otros gremios aeronáuticos.

La protesta ocurre después de un mes de conciliación obligatoria que, según ATE, no resolvió los reclamos. El sindicato informó que entre los 140 trabajadores alcanzados por los despidos hay 98 empleados de estaciones meteorológicas y 42 de la sede central. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, advirtió que si el Gobierno no garantiza la continuidad laboral y no avanza con los aumentos salariales pautados, la próxima semana habrá un paro nacional.

El conflicto por los despidos ya salió del edificio del SMN y llegó a los aeropuertos porque el trabajo meteorológico forma parte de la seguridad aérea. La medida de este viernes no debería afectar los vuelos, aunque puede causar demoras. ATE anticipó que una huelga posterior tendría otro alcance si no hay una respuesta oficial. El reclamo reúne a trabajadores estatales y a gremios del sector, entre ellos APLA, APA, la CATT, personal de Intercargo y sectores vinculados a la actividad aeronáutica.

El reclamo tiene dos ejes materiales para los trabajadores: continuidad laboral y salarios. ATE sostiene que el Gobierno incumplió acuerdos y que las negociaciones no frenaron la amenaza de cesantías. Aguiar afirmó que no hubo respuestas concretas a las demandas del sector y acusó al Gobierno de repetir incumplimientos. La advertencia sindical llega el mismo día en que vence el mes de preaviso otorgado a los trabajadores que quedarían afuera del organismo.

La discusión laboral también tiene un impacto operativo. Según ATE, ya existen 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial y no realizan controles nocturnos. Ese recorte reduce la capacidad de observación en tiempo real y afecta tareas que no se limitan al pronóstico cotidiano. El SMN produce información para vuelos, alertas tempranas, navegación, actividad agropecuaria y gestión de emergencias.

Menos trabajadores en el Servicio Meteorológico significa menos capacidad para sostener turnos, estaciones y mediciones durante las 24 horas. En abril, empleados del organismo ya habían denunciado que los despidos podían afectar un servicio público que funciona todos los días del año. La protesta de entonces incluyó un paro nacional y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo, ante una lista de cesantías que, según ATE y profesionales del organismo, equivalía a más del 30% del plantel.

Desde hace ya varios meses se viene advirtiendo por la pérdida de mediciones nocturnas y por consecuencias sobre el servicio meteorológico aeronáutico. El conflicto actual retoma ese antecedente, pero lo concentra en una tanda concreta de 140 preavisos que vencen este viernes.

Los trabajadores del SMN sostienen tareas especializadas que no se reemplazan de un día para otro. El organismo elabora pronósticos, observaciones, boletines y alertas ante fenómenos que pueden representar riesgos para la población. También abastece de información a sectores que dependen de datos meteorológicos precisos, como la aviación, la navegación, el agro y los sistemas de emergencia.

El sindicato también rechaza el intento oficial de limitar las medidas de fuerza con el argumento de que el SMN sería un servicio esencial. ATE presentó una nota ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y sostuvo que esa interpretación afecta el derecho constitucional de huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Aguiar acusó al Gobierno de atacar las consecuencias de una protesta en los aeropuertos, pero no las causas del conflicto.

Los trabajadores del Servicio Meteorológico producen datos que permiten anticipar tormentas, inundaciones, olas de calor y condiciones para la operación aérea. La reducción de personal implica menos observación territorial y mayor fragilidad en áreas que requieren continuidad.

ATE anticipó que las protestas crecerán mientras sigan latentes las amenazas de despido y los incumplimientos salariales. La jornada de este viernes funciona como una advertencia antes de una posible huelga de mayor impacto. Si el Gobierno no garantiza la continuidad laboral de los 140 trabajadores alcanzados por los preavisos, el conflicto puede escalar la próxima semana desde los aeropuertos hacia una medida nacional con efecto directo sobre la actividad aérea.

JJD

Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario paran hoy durante las tres últimas horas de atención al público, en una protesta por el cierre de servicios, la reducción de puestos de trabajo y los despidos denunciados por La Bancaria. El conflicto pone en juego empleos bancarios, sucursales y funciones con impacto en distintas regiones del país.

La medida de fuerza alcanza al Banco Central de la República Argentina y al Banco Hipotecario a nivel nacional. El sindicato que conduce Sergio Palazzo convocó el cese de actividades en rechazo a “decisiones arbitrarias e inaceptables” adoptadas por las autoridades de ambas entidades. El gremio ya había realizado una protesta el 27 de abril en los tesoros regionales del BCRA y llevó el reclamo a la Secretaría de Trabajo.

En el Banco Central, La Bancaria cuestiona la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales que funcionan en el país. Según el comunicado del sindicato, esa decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo. Para los bancarios afectados, el cierre de tesorerías regionales implica menos empleo, menos presencia operativa y más incertidumbre laboral en el interior del país.

Las tesorerías regionales cumplen funciones vinculadas con la circulación, distribución y control del dinero físico en distintas zonas del país. El sindicato afirma que su cierre representa un “vaciamiento de funciones esenciales” y advierte que la reducción afectará economías regionales con impacto social. La medida no queda limitada a la estructura interna del BCRA: alcanza a trabajadores, tareas especializadas y servicios que conectan al organismo monetario con distintas provincias.

“Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación”, dijo La Bancaria en el comunicado.

El sindicato también denunció un deterioro laboral en el Banco Hipotecario. Allí, el reclamo apunta al “cierre sistemático de sucursales” y a la “ejecución de despidos injustificados” en todo el país. La organización rechazó cualquier política de achicamiento que derive en pérdida de puestos de trabajo. En el Hipotecario, la protesta se concentra en la estabilidad de los empleados y en la continuidad de oficinas de atención territorial.

La Bancaria ratificó que mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país. También advirtió que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. El comunicado no precisó qué servicios quedarán afectados más allá de la interrupción prevista durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades.

El conflicto bancario se suma a una agenda laboral marcada por reclamos contra despidos, cierres de áreas y reducción de presencia estatal. El sindicato busca impedir que el achicamiento en dependencias públicas y entidades financieras derive en pérdida de empleo y degradación de las condiciones de trabajo. La protesta de hoy apunta a frenar decisiones que, según el gremio, trasladan el costo del ajuste sobre trabajadores y trabajadoras.

JJD

Los trabajadores del sector lácteo, los productores regionales y los pueblos que viven alrededor de esa actividad son el eje del reclamo que los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, de Santa Fe y Córdoba, al gobierno de Javier Milei, que enfrenta una caída en su imagen pública por la crisis económica y los casos de corrupción que involucran a sus funcionarios y hasta al corazón mismo el poder: al propio Presidente y a su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

Pullaro, radical, y Llaryora, peronista, coincidieron en pedir una agenda orientada a la producción, el empleo, la baja de retenciones, las obras viales y el desarrollo energético, durante la apertura oficial de TodoLáctea 2026, la exposición lechera más grande de América del Sur.

Los mandatarios de dos de las provincias más ricas del país, y que además conforman la principal cuenca lechera del territorio nacional, compartieron el acto en San Francisco, al sur de Córdoba, donde reclamaron que la Nación le dé prioridad al trabajo de los productores regionales.

Pullaro definió a la región integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos como la más productiva de la Argentina y afirmó que sostiene buena parte de la economía nacional. TodoLáctea 2026 funciona como vidriera de ese reclamo. La exposición cursa su quinta edición bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, organizada por el Grupo TodoAgro. Según la información difundida, reúne más de 200 stands comerciales vinculados tanto con la producción primaria como con la industria láctea. Esa composición muestra la amplitud de una cadena que no termina en el tambo: incluye maquinaria, insumos, transporte, procesamiento, servicios y comercio asociado.

El mensaje de los gobernadores buscó unir al campo con el empleo, y al empleo con las condiciones de infraestructura necesarias para producir. Pullaro pidió que el Gobierno nacional termine con las retenciones y sostuvo que las provincias ya avanzaron con bajas impositivas para el campo y la industria. También reclamó la reparación de rutas nacionales y una apuesta al desarrollo energético para que la industria reduzca costos y pueda generar más puestos de trabajo.

El reclamo por las rutas nacionales toca una condición cotidiana del trabajo en la cadena láctea. La leche necesita traslados frecuentes, coordinación entre tambos, plantas y centros de distribución, y una logística que no puede separarse del estado de los caminos.

Llaryora apuntó contra el esquema de retenciones agropecuarias porque, según dijo, le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo. También pidió que los beneficios impositivos alcancen al campo argentino y que los recursos queden en manos de los productores y de los pueblos.

El pedido de ambos gobernadores se completó con otros dos reclamos: por una ley de biocombustibles y por un nuevo RIGI que contemple la baja de retenciones para el sector agropecuario.

La nota laboral del reclamo está en la relación entre producción y condiciones de vida en los pueblos del interior. Cuando una cadena reduce actividad, esto afecta directamente a los trabajadores rurales, a los transportistas, a los talleres, a los comercios, a los profesionales y a las familias que dependen de ese ingreso.

JJD

Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario irán al paro el próximo miércoles 13 de mayo, en una medida que pone en el centro la defensa de puestos de trabajo, sucursales y funciones estatales vinculadas con la vida económica de distintas regiones del país. La Asociación Bancaria convocó a parar durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades, después de denunciar “decisiones arbitrarias e inaceptables” por parte de sus conducciones.

La medida tendrá como eje el rechazo al cierre de 12 tesorerías regionales del Banco Central sobre un total de 21 que funcionan en la actualidad. Para el sindicato, esa decisión “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y representa “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”. El recorte no impacta solo sobre la organización interna del BCRA: afecta empleos concretos y reduce presencia operativa en el interior del país.

La Bancaria ya había realizado el 27 de abril un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del Banco Central. Según el comunicado gremial, pese a esa medida “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”. El conflicto escala porque el gremio no recibió una respuesta que garantice la continuidad laboral ni el funcionamiento de las áreas cuestionadas.

En el Banco Hipotecario, el sindicato denunció “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales” a nivel nacional. La organización rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que deje a los empleados sin sus puestos de trabajo. En ese tramo del reclamo, la disputa se concentra en la estabilidad laboral de los bancarios y en la permanencia de oficinas que también cumplen una función de atención territorial.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, sostuvo el comunicado. El paro del miércoles 13 aparece así como una primera respuesta sectorial dentro de una semana atravesada por conflictos laborales y sociales vinculados con empleo, ingresos y presencia estatal.

Ese cuadro tuvo este jueves 7 de mayo otras expresiones en la calle. Manifestantes del Frente Nacional Piquetero intentaron llegar al Puente Pueyrredón desde avenida Mitre al 400, en Avellaneda, para interrumpir el tránsito vehicular en rechazo a la cancelación del plan Volver al Trabajo. Pasadas las 11, los manifestantes permanecían sobre avenida Mitre, mientras un operativo de Prefectura Naval y Gendarmería impedía el paso hacia el puente. El tránsito vehicular se mantenía con circulación normal.

El reclamo apuntó al mantenimiento del plan Volver al Trabajo, por el cual unos 900.000 beneficiarios perciben 78.000 pesos mensuales. El Estado discontinuó el programa, pero un juez de Campana hizo lugar a una cautelar y emplazó al Gobierno nacional a seguir abonándolo. La administración apeló esa medida. Ante la posibilidad de que la Justicia falle a favor de la decisión inicial de discontinuar el plan, el Frente Nacional Piquetero convocó la protesta hacia el acceso que une la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular también realizó este jueves una jornada nacional de protesta por el salario social complementario. La organización, que reúne a los movimientos sociales más grandes del país, convocó movilizaciones en distintas provincias y concentraciones en accesos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el AMBA, la convocatoria incluyó el Puente Pueyrredón, entre Avellaneda y Barracas.

El eje de esa protesta fue el pedido de aumento del salario social complementario. Johana Duarte, secretaria gremial de UTEP, sostuvo en la previa que la organización buscaba defender “el pago del complemento salarial de los más de 900.000 trabajadores de la economía popular” y exigir una actualización urgente de los 78.000 pesos. Para ese universo laboral, el monto mensual define una parte directa del ingreso disponible de los hogares.

La UTEP informó que este miércoles se hizo efectivo el cobro de los haberes correspondientes a mayo del programa Volver al Trabajo. En un comunicado, la organización planteó que, por el límite impuesto por la cautelar judicial y por la presión social, “cientos de miles de trabajadores finalmente cobraron los haberes del VAT correspondientes al mes de mayo”. Aun así, ratificó el estado de alerta y movilización.

El comunicado de la organización afirmó que el intento original del Gobierno nacional de eliminar el programa “amenazaba con empujar a la indigencia a casi un millón de trabajadores y trabajadoras, provocando un colapso en las economías regionales”. Esa definición enlaza el reclamo de la economía popular con el de los bancarios: en ambos casos, los sindicatos y organizaciones advierten sobre el efecto territorial de decisiones que reducen empleo, ingresos o funciones estatales.

ATE también activó una medida de fuerza tras el ajuste del 30% aplicado por el Gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Según el sindicato, el recorte eliminó cerca de mil servicios y busca desarticular el organismo pese a su rol estratégico. La conducción gremial denunció que el cese de actividades alcanza incluso a unidades que generan ingresos genuinos para el instituto mediante aranceles pagados por empresas privadas.

En el INTI, el conflicto suma otro dato laboral: las autoridades amenazan con la desvinculación de unos 700 empleados, según denunció ATE. La pérdida de servicios, la amenaza de despidos y el cierre de áreas con ingresos propios profundizan el temor entre trabajadores estatales que dependen de esos puestos para sostener sus hogares.

El paro bancario anunciado para el miércoles 13 condensa el punto más visible de esta secuencia. La Bancaria discute cierres de tesorerías, despidos y achicamiento de sucursales. ATE rechaza el ajuste en el INTI y la posible salida de cientos de empleados. UTEP y el Frente Nacional Piquetero reclaman la continuidad y actualización de ingresos de 78.000 pesos para trabajadores de la economía popular y beneficiarios del Volver al Trabajo.

La misma semana reúne conflictos distintos, pero todos pasan por una pregunta material: qué ingreso queda, qué empleo se conserva y qué protección mantiene cada trabajador frente al ajuste. El miércoles próximo, esa disputa tendrá una nueva escala en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, cuando los bancarios paralicen las tres últimas horas de atención al público en defensa de puestos de trabajo y funciones que el gremio considera esenciales.

JJD

Con salarios que pierden poder de compra, gastos fijos en alza y una reforma laboral proempresa aún vigente, Omar Maturano redobló la presión sobre la CGT y pidió endurecer la respuesta sindical frente al gobierno de Javier Milei. El secretario general de La Fraternidad reclamó un plenario nacional de gremios y cuestionó una estrategia que distintos sectores sindicales consideran débil y dubitativa.

“Parar también es protestar”, dijo Maturano en una entrevista con Rayos X, por Radio 10. La frase marcó el tono de su intervención. El dirigente ferroviario sostuvo que “me parece poco hacer marchas y no definir un plan de lucha profundo ante lo que se está viviendo” y pidió que la central obrera discuta una respuesta nacional con todos los sindicatos del país.

Maturano no cuestionó la protesta callejera, pero advirtió que las marchas aisladas pueden perder fuerza si no se integran a una estrategia sindical más amplia. “Tantas marchas, la misma gente se cansa”, sostuvo. En su diagnóstico, el problema no es solo la cantidad de movilizaciones, sino la falta de una definición política y gremial sobre cómo enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

El planteo llega después de un 1º de Mayo atravesado por el malestar social y gremial. Maturano apuntó contra la conducción de la CGT y dijo que “parece que no pasara nada”. También enumeró reclamos concretos: paritarias libres, rechazo a despidos y suspensiones, defensa de la salud pública, de las obras sociales, de la educación y de los jubilados.

Los datos acompañan parte de ese diagnóstico. La inflación acumuló 9,4% en los primeros tres meses del año y el IPC de marzo fue de 3,4%. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo, con ingresos que siguen sin acompañar la suba de precios.

El salario perdió terreno frente a precios que no se concentran solo en alimentos: alquiler, servicios, transporte y educación ocupan una parte creciente del presupuesto familiar. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que la inflación acumulada del período, cercana al 209%. El gas natural subió 766%, la electricidad 370% y el agua 366%.

Ese peso sobre los hogares aparece también en el consumo. El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo registró en marzo una caída interanual del 2,6%, pese a una suba mensual del 0,7%. En el primer trimestre, el consumo acumuló una contracción del 2% respecto del mismo período de 2025. El informe vinculó esa caída con el deterioro del ingreso real de los trabajadores, incluso entre asalariados formales.

Maturano ubicó esa pérdida material en una disputa más amplia. “Para mí es una pelea de clase”, dijo. Según el dirigente, el Gobierno busca retroceder a una Argentina previa a 1943, con “10 por 100 de ricos” y “90 por 100 de pobres”. La lectura del ferroviario enlaza el ajuste económico con una discusión histórica sobre derechos laborales, salario, sindicatos y representación política de los trabajadores.

La Fraternidad es uno de los gremios históricos del país. Fue constituida el 20 de junio de 1887 por maquinistas y fogoneros del Ferrocarril Oeste como sociedad de ayuda mutua. Hoy agrupa principalmente a conductores de trenes y maquinistas ferroviarios. Ese origen aparece en el discurso de Maturano cuando reclama “herramientas de trabajo” y una presencia mayor de los trabajadores en las decisiones políticas.

El secretario general de La Fraternidad también cuestionó que la CGT concentre las definiciones en un grupo reducido de dirigentes. Según dijo, en la reunión del secretariado participan 45 sindicatos, pero en el país existen aproximadamente 252 sindicatos. Por eso propuso convocar “a un plenario de secretarios generales de todo el país” para que cada gremio pueda hablar, opinar, votar y definir cómo enfrentar el modelo económico.

El reclamo interno apunta a cambiar el método de decisión de la CGT: Maturano pide que la respuesta no salga solo del secretariado, sino de un plenario federal de gremios. La propuesta aparece mientras algunos sectores sindicales miran al Frente de Sindicatos Unidos como posible espacio de presión interna, con antecedentes históricos como el MTA durante los años noventa.

La discusión sindical también se cruza con la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La Justicia suspendió provisoriamente 82 artículos tras una presentación de la CGT y abrió una disputa constitucional que continúa en trámite. El planteo de la central obrera cuestionó artículos por considerar que afectan la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

Maturano no rechaza la vía judicial, pero la considera insuficiente. “No solamente ir a la justicia es la única forma de oponerse a este gobierno”, afirmó. Esa diferencia marca el centro de su crítica: la CGT logró frenar parte de la reforma en tribunales, pero el dirigente reclama que esa estrategia se complemente con medidas gremiales y organización territorial.

El avance judicial tuvo efectos concretos. El juez laboral Raúl Ojeda dispuso la suspensión preventiva de artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial, tras considerar que la aplicación inmediata podría generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. En Córdoba, otro tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, al entender que desnaturalizaba el carácter alimentario del crédito laboral.

El conflicto por la reforma laboral convive con un debate regional sobre tiempo de trabajo. México fijó la jornada máxima en 40 horas semanales con implementación gradual hasta 2030, sin reducción salarial, mientras la Argentina mantiene el límite general de 48 horas. En contraste, la reforma aprobada en el país incorporó el “banco de horas”, cuestionado por sindicatos porque puede alterar la previsibilidad de la jornada y desplazar el pago de horas extra.

Maturano también dirigió sus críticas a la oposición política. Cuestionó al PJ, al radicalismo y al socialismo, y reclamó participación de los trabajadores en la elaboración de listas y programas. “¿Qué estamos pensando en los candidatos si no tenemos un plan cultural, un plan social, un plan político, un plan económico?”, preguntó. Para el dirigente, el movimiento obrero no puede quedar reducido a acompañar candidaturas definidas por otros sectores.

El mensaje de Maturano deja a la CGT ante una presión doble: defender derechos laborales en los tribunales y resolver si transforma el malestar salarial en una medida de fuerza nacional. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo, el encarecimiento de la vivienda y la reforma laboral trazan el terreno sobre el que esa discusión sindical ya empezó.

JJD

Los trabajadores llegan al Día del Trabajador con un reclamo que une salario, derechos laborales y costo de vida. La CGT lanzó hace unas semanas la convocatoria a una movilización en Plaza de Mayo para hoy poniendo a los ingresos de las personas, cada vez más hundidos, en el centro de la protesta y un destinatario visible: el gobierno de Javier Milei.

La central obrera pidió marchar con una bandera argentina a partir de las 15 con la consigna “traé tu bandera argentina”.

La marcha coloca al trabajo registrado, el salario justo y los derechos laborales en el centro de la escena sindical. En la convocatoria, la CGT sostiene: “Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina”. También afirma que “el salario es dignidad y no variable de ajuste”. La frase ordena el sentido político de la movilización: el conflicto no gira sólo alrededor de una ley o de una disputa judicial, sino de cuánto vale el trabajo en una economía donde los ingresos pierden contra precios que siguen altos.

La central obrera llega a Plaza de Mayo después de una semana con novedades judiciales para la reforma laboral. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el pedido del Gobierno para que la causa iniciada por la CGT contra la ley pase del fuero laboral al Contencioso Administrativo. Desde la CGT preparan una apelación y sostienen que el conflicto de competencia puede terminar en la Corte Suprema.

Ese expediente define más que un trámite entre fueros. La discusión judicial alcanza la vigencia de la reforma laboral impulsada por Milei. El 30 de marzo, la CGT obtuvo una cautelar que suspendió 82 artículos de la ley hasta que se resolviera su constitucionalidad. Luego, el Gobierno apeló y consiguió dejar sin efecto esa suspensión, aunque la cuestión de fondo sigue sin resolución.

Para la CGT, el fuero laboral debe intervenir porque la reforma modifica relaciones entre empleadores y trabajadores. El Gobierno sostiene que corresponde el Contencioso Administrativo porque la demanda cuestiona una decisión del Estado. La disputa por el tribunal que debe resolver el caso se suma al rechazo sindical a una reforma que toca condiciones de contratación, organización del trabajo y derechos acumulados en convenios y leyes laborales.

La movilización también se monta sobre datos económicos que golpean a los hogares asalariados. En marzo, la inflación fue de 3,4% y acumuló 9,4% en tres meses. En el mismo período, la canasta básica total superó $1,4 millones para una familia tipo. Ese dato marca la distancia entre el costo mínimo de vida y los ingresos de muchos hogares que dependen de un salario.

El consumo muestra la misma tensión sobre el bolsillo. Un informe citado por elDiarioAR registró una caída interanual de 2,6% en marzo, una suba mensual de 0,7% y una baja acumulada de 2% en el primer trimestre de 2026. Cuando el consumo cae, el salario deja de ordenar la vida cotidiana y pasa a administrar recortes.

Los gastos fijos refuerzan ese deterioro. Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostró que los alquileres subieron 423% desde diciembre de 2023, más del doble que el índice general de precios, que avanzó 209%. La suba de vivienda, gas, electricidad y agua achica el margen disponible para alimentación, transporte, salud y educación.

La crianza agrega otra presión sobre los hogares trabajadores. Según datos del Indec citados por elDiarioAR, el costo de criar a un hijo superó los $676.000 en marzo y volvió a subir en todos los tramos de edad. El componente de cuidado fue el más alto. Para una familia con hijos, el salario debe cubrir comida, alquiler, servicios y tareas de cuidado cada vez más caras.

La CGT busca leer esos datos desde una consigna laboral. “Trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”, escribió la central obrera en la convocatoria difundida para la marcha. La elección de Plaza de Mayo le da al reclamo un destinatario directo: el Gobierno nacional y su política económica. Cuánto alcanza el salario frente a una canasta básica de más de $1,4 millones, alquileres que crecieron 423% desde diciembre de 2023 y un costo de crianza que ya supera los $676.000.

JJD

Flybondi informó a su personal que no depositó los salarios correspondientes a marzo, en un escenario de incertidumbre laboral que se profundizó después de que la compañía impulsó un programa de retiros voluntarios. La comunicación llegó de manera directa a cada empleado y atribuyó la demora a “problemas administrativos”, sin precisar una fecha de pago.

La empresa envió un mensaje interno dirigido a los trabajadores —a quienes denomina “flybondiers”— en el que reconoció la situación. “Desde ya lamentamos la demora que se produjo y queremos llevar tranquilidad sobre esto”, señaló el escrito firmado por el “Equipo de Personas”. En la misma comunicación agregó: “Estamos 100% abocados a resolverlo a la brevedad y poder confirmarles el día de pago”.

El aviso llegó pocos días después de otro mensaje corporativo que había encendido las alarmas dentro de la aerolínea. Dos semanas antes, la compañía había comunicado a su personal la apertura de un plan de retiros voluntarios y había advertido que evaluaba “determinaciones drásticas” frente a su situación operativa.

Según reportó el medio especializado InfoGremiales, la empresa presentó el esquema de retiros en una reunión por Zoom con los trabajadores, en la que se detalló un cronograma breve para adherir al programa. La iniciativa se produjo en medio de tensiones internas y de un clima de presión para aceptar la desvinculación voluntaria, según reconstruyó ese portal sindical.

La aerolínea ya había anunciado semanas atrás un plan de retiros voluntarios dirigido a la totalidad de sus empleados, es decir 1.500 trabajadores, en el marco de un proceso de reorganización empresarial.

La compañía aérea privada explicó entonces que el programa formaba parte de un “rediseño organizacional” orientado a mejorar su eficiencia operativa. En ese contexto, ofreció condiciones de salida para quienes aceptaran desvincularse.

El conflicto salarial, por lo tanto, se produjo en un escenario de ajuste interno que ya había afectado a los trabajadores de la aerolínea. La demora en el pago de los sueldos sumó un nuevo factor de incertidumbre laboral para una plantilla que días antes había recibido propuestas de retiro.

Crisis del empleo y deterioro salarial

La situación en Flybondi se inscribe en un contexto más amplio de crisis laboral que atraviesa distintos sectores de la economía argentina. En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se perdieron 300.000 puestos de trabajo y desaparecieron 21.938 empresas desde noviembre de 2023, en un escenario marcado por cierres industriales y despidos en múltiples actividades.

Uno de los casos más resonantes fue el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate en San Fernando, que dejó a 1.500 trabajadores sin empleo después de 86 años de actividad industrial.

La crisis también alcanzó a otros sectores productivos. El frigorífico General Pico despidió 194 empleados y paralizó sus plantas, mientras que empresas textiles comenzaron a enfrentar reestructuraciones o procesos judiciales para ordenar sus deudas.

En paralelo, compañías históricas enfrentaron interrupciones productivas o conflictos laborales. La lechera Lácteos Verónica, por ejemplo, detuvo operaciones en una de sus plantas y dejó a 700 trabajadores en un escenario de incertidumbre laboral, con denuncias de vaciamiento y deudas salariales.

En ese marco, el índice salarial del sector privado registrado subió 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída del salario real superior a dos puntos. Y en el primer bimestre de 2026 la inflación volvió a salirse de las manos, al registrar casi un 6%, según el Indec, mientras consultoras privadas esperan otro 3% para marzo.

El deterioro salarial y la pérdida de puestos de trabajo son dos caras de un mismo proceso. En distintos sectores productivos, trabajadores enfrentan simultáneamente paritarias demoradas, suspensiones, planes de retiros o cierres empresariales. La demora en el pago de salarios en Flybondi se sumó a la cadena de tensiones laborales que atraviesan distintas actividades.

JJD

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan este jueves un paro en todo el país y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo para rechazar los 240 despidos que, según denuncian la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y profesionales del organismo, ponen en riesgo funciones críticas como el servicio meteorológico aeronáutico, el sistema de alertas tempranas y la red de observaciones climáticas del país.

La medida arrancó por la mañana en la sede del organismo ubicada en el barrio porteño de Palermo y se extiende con cese total de actividades, asambleas permanentes y movilización, después de que delegados gremiales afirmaran que la lista de cesantías ya estaba definida y que equivale a más del 30% del plantel actual.

El núcleo del conflicto no pasa sólo por la magnitud de los despidos sino por el impacto directo sobre quienes sostienen un servicio público que funciona las 24 horas, los 365 días del año. La conducción sindical de ATE en el organismo sostiene que el recorte afecta personal de estaciones meteorológicas y de la sede central, y advierte que, si se concreta en esos términos, obligará al cierre de 40 estaciones en distintos puntos del país y dejará sin mediciones nocturnas a parte del sistema, con consecuencias sobre el servicio aeronáutico. Sostienen que la lista habría sido confeccionada por la dirección del organismo a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabezó Federico Sturzenegger.

La preocupación de los trabajadores tiene un fundamento operativo concreto: el SMN no sólo elabora el pronóstico diario que consume la población sino que también integra la infraestructura que produce observaciones, datos y alertas para la aviación, la navegación, el agro y la gestión de emergencias.

En su sitio oficial, el propio organismo muestra que sostiene pronósticos a siete días, pronósticos semanales y trimestrales, radiación UV, modelos numéricos, monitoreo climático, observaciones y boletines especiales; además, su repositorio técnico describe el papel de las alertas meteorológicas ante fenómenos que pueden representar riesgo para la población.

Esa estructura depende de trabajadores especializados cuya tarea no resulta sustituible de un día para otro. En materiales institucionales del SMN aparecen pronosticadores de alertas, servicios sectoriales y pronósticos regionales que explican su trabajo en la elaboración de alertas, pronósticos marítimos y seguimiento de eventos severos. Por eso, cuando delegados y meteorólogos hablan de “apagón meteorológico”, no usan una fórmula retórica: describen el riesgo de perder observaciones locales, discontinuar series de datos y reducir la capacidad de respuesta frente a tormentas, inundaciones u olas de calor.

La dimensión del ajuste ya había sido anticipada semanas antes por los propios trabajadores, cuando empleados del organismo denunciaron la preparación de hasta 700 despidos en un servicio que ya funcionaba por debajo de su dotación necesaria.

ATE y el Centro Argentino de Meteorólogos enmarcan el conflicto en el vaciamiento de áreas estatales estratégicas. El sindicato sostiene que el recorte no constituye una mera reducción administrativa sino un desguace de un organismo clave para la prevención de riesgos y la seguridad pública. El ajuste compromete una función pública sensible: sin observaciones de superficie, sin estaciones operativas y sin planteles completos, el Estado pierde capacidad para producir información indispensable en tiempo real.

En el caso del SMN, esa política impacta sobre tareas cuyo valor social excede largamente la discusión presupuestaria. Menos personal significa menos observación territorial, menor capacidad para sostener turnos y mayor fragilidad para un organismo que debe responder tanto a la vida cotidiana como a eventos extremos. En un país atravesado por tormentas severas, incendios, olas de calor, actividad agropecuaria intensiva y una red aérea que requiere información meteorológica permanente, el ajuste no cae sobre un área administrativa marginal sino sobre trabajadores que producen datos esenciales para anticipar riesgos.

JJD, con información de NA

El cierre de la única fábrica del país que producía aisladores eléctricos dejó sin trabajo a sus operarios y obligó al Gobierno a modificar las reglas del mercado para evitar que falten esos insumos básicos. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), una planta ubicada en Monte Grande que abastecía gran parte del sistema eléctrico nacional.

Los aisladores eléctricos son piezas que se usan en postes, líneas y transformadores para evitar fugas de energía y garantizar que la electricidad circule de forma segura. Sin esos componentes, la red eléctrica puede fallar o volverse inestable, lo que explica la reacción inmediata del Estado tras el cierre.

FAPA era la única empresa del país dedicada a fabricar estos productos y cubría cerca del 70% del consumo local. Su salida del mercado implicó que la Argentina pasara a depender completamente de importaciones para un insumo estratégico.

La empresa no solo cerró: también liquidó su planta y remató su maquinaria. Eso significa que no quedó capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo, lo que profundiza el impacto sobre los trabajadores y sobre toda la cadena industrial vinculada.

FAPA no era una firma menor ni reciente. Según la información institucional de la compañía, había sido fundada en 1938 en Monte Grande y durante décadas participó en obras clave del sistema energético argentino, produciendo componentes para líneas de alta tensión y estaciones transformadoras. Su desarrollo estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones.

Tras el cierre, el Gobierno decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que regían desde 2015 para proteger la producción nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía. El objetivo fue permitir el ingreso inmediato de aisladores desde el exterior y evitar problemas en el suministro eléctrico.

La decisión respondió también a pedidos de la propia industria, que advirtió que sin esos insumos podían demorarse obras energéticas o producirse fallas en la red. La Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó levantar los aranceles al considerar que, sin producción local, mantenerlos podía perjudicar el servicio eléctrico.

A partir de ahora, las empresas podrán importar aisladores —especialmente desde China, Brasil y Colombia— sin pagar esos recargos. El mercado quedó completamente abierto a proveedores externos, sin competencia nacional.

Para los trabajadores, el impacto fue inmediato. El cierre no solo implicó la pérdida de los puestos en la planta, sino también la desaparición de una actividad industrial específica que requería técnicos, operarios calificados y conocimiento acumulado durante décadas. La pérdida no es solo de empleo, sino de un saber productivo que no tiene reemplazo inmediato.

El caso se dio en un contexto más amplio de dificultades en la industria electromecánica. Datos del sector citados por InfoGremiales señalaron caídas en la producción durante 2025 y un escenario de cautela para 2026, con empresas enfocadas en sostener actividad y empleo. El cierre de FAPA se inscribió en ese proceso de retracción industrial.

La respuesta estatal priorizó garantizar que no falten insumos para la red eléctrica, pero no incluyó medidas para sostener la producción local ni preservar los puestos de trabajo. El resultado inmediato fue una transición desde la fabricación nacional hacia la importación, sin un esquema anunciado de reconversión laboral para los trabajadores afectados.

JJD

La cadena china Miniso confirmó su llegada a la Argentina con un plan de apertura de 100 locales en cinco años y la posibilidad de generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo, en un contexto de deterioro del empleo y caída de los ingresos laborales. El desembarco incluyó una inversión anunciada de US$50 millones y la apertura de su primer local en el microcentro porteño, con una estrategia de expansión en shoppings y aeropuertos.

El anuncio se produjo en un mercado laboral que mostró señales de empeoramiento para quienes trabajan o buscan empleo. En el cuarto trimestre de 2025, la desocupación subió al 7,5%, por encima del 6,4% de un año antes, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0%, según el INDEC. En paralelo, creció la presión sobre el mercado de trabajo, con más personas ocupadas que buscaron otro empleo o más horas para sostener ingresos.

Todo esto se produce durante el gobierno de Javier Milei, quien, paradójicamente, se autodeclaró enemigo del comunismo chino.

El deterioro del empleo asalariado registrado también formó parte del escenario en el que se anunció la inversión. El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, sostuvo que “en lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. Esa dinámica implicó un reemplazo parcial de empleo formal por formas más precarias de inserción laboral.

En ese contexto, la promesa de generación de empleo asociada a la expansión de la china Miniso aparece acotada frente a la magnitud de la destrucción de puestos registrados. Incluso en el escenario más alto planteado por la empresa, de 1.000 empleos en cinco años, el impacto potencial resultó menor frente a la pérdida de empleo asalariado acumulada en el mismo período.

El modelo de negocios que la empresa proyectó para el país también se apoyó en una fuerte presencia de productos importados. Según se detalló, la mayoría de los artículos que se comercializarán en los locales serán de origen externo, con una oferta que incluye licencias internacionales como Disney, Marvel o Sanrio, y una renovación constante de productos orientada al consumo masivo.

La llegada de la firma se inscribió además en un escenario económico atravesado por la apertura de importaciones y la caída del consumo, factores que ya impactaron en la actividad de empresas locales. En distintos sectores, esa combinación derivó en despidos, suspensiones y dificultades financieras, especialmente en industrias y comercios orientados al mercado interno.

La estrategia de Miniso apuntó a instalarse en zonas de alto tránsito y captar público joven, con locales de entre 200 y 600 metros cuadrados y tiendas insignia de mayor tamaño. El primer punto de venta abrirá en la peatonal Florida y luego se sumarán sucursales en centros comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires, con expansión progresiva al resto del país.

La proyección de crecimiento de la empresa se basó en su expansión global, con presencia en más de 100 países y miles de tiendas, pero su desempeño en Argentina dependerá de un mercado interno en retracción y de un escenario laboral más inestable. En ese marco, la creación de empleo asociada a nuevas inversiones convive con una dinámica general de pérdida de puestos asalariados y aumento de formas laborales más frágiles.

Hasta el momento, el anuncio no modificó la tendencia general del mercado de trabajo, que mostró más desocupación, menor tasa de empleo y mayor precarización. La evolución de la inversión y la apertura efectiva de locales determinarán si la promesa de empleo se concreta en un contexto donde las condiciones para sostener la actividad comercial siguen condicionadas por la caída de las ventas y el deterioro del poder adquisitivo.

JJD

Trabajadores del neumático realizaron este miércoles a un abrazo simbólico a la planta de Fate en San Fernando para defender los puestos de trabajo frente al cierre de la fábrica y el despido de más de 900 operarios. La protesta se realizó mientras continúa el conflicto entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), en un escenario que sumó una nueva decisión del Gobierno nacional: el Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la firma por incumplir el pago de salarios durante la conciliación obligatoria.

La movilización se realizó desde las 11 en la puerta del establecimiento, con el objetivo de rodear la planta y visibilizar el reclamo por la continuidad laboral. El cierre anunciado por la empresa implicó el despido de más de 900 trabajadores, lo que convirtió el conflicto en uno de los más relevantes del sector industrial en lo que va del año.

Desde el sindicato denunciaron que la empresa mantuvo una conducta irregular durante el proceso de conciliación dictado por el Estado. El Ministerio de Capital Humano informó que inició un sumario contra Fate por no pagar los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, una obligación que debía respetar mientras se encontraba vigente la instancia conciliatoria.

La cartera que conduce Sandra Pettovello también decidió extender la conciliación obligatoria por cinco días, con el objetivo de sostener la negociación entre la empresa y el gremio y evitar que el conflicto escale aún más. La medida debía vencer este miércoles, pero el Gobierno resolvió prorrogarla para mantener abiertas las instancias de diálogo.

El conflicto se agravó tras el anuncio empresarial de cerrar la histórica planta de neumáticos ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. La decisión dejó en riesgo el sustento de más de 900 familias que dependían de la actividad productiva del establecimiento, según los datos difundidos durante el conflicto.

En paralelo, el enfrentamiento entre la empresa y el sindicato derivó en un proceso judicial por la presencia de trabajadores dentro del establecimiento. La empresa había solicitado el desalojo del predio, pero la Justicia revocó esa medida. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó el fallo de primera instancia y reconoció que se trata de un conflicto laboral y no de una cuestión penal, lo que dejó sin efecto la orden de expulsar a los trabajadores que permanecen en la planta.

El tribunal sostuvo que la ocupación del establecimiento formó parte de una medida de acción sindical vinculada a la defensa de los puestos de trabajo. El fallo recordó que el derecho de huelga está reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y consideró que la protesta debía analizarse en ese marco jurídico.

Para el Sutna, la resolución judicial representó un respaldo a la estrategia adoptada por los trabajadores frente al cierre de la fábrica. Desde el gremio sostuvieron que la permanencia en el establecimiento buscó evitar un eventual vaciamiento de la planta mientras se desarrolla el conflicto.

La convocatoria al abrazo simbólico también apuntó a sumar apoyo de otros sectores sindicales, organizaciones sociales y dirigentes políticos. La protesta buscó ampliar la visibilidad de la disputa laboral y reforzar la presión para que se preserve la actividad productiva y los puestos de trabajo, en un contexto donde el cierre de la planta ya fue anunciado por la empresa.

El conflicto de Fate se produjo además en un momento de alta tensión en el mundo del trabajo industrial. El cierre de plantas y los despidos masivos se convirtieron en una de las principales preocupaciones de distintos gremios, especialmente en sectores manufactureros que enfrentan cambios en la producción y el mercado interno.

La conciliación obligatoria extendida por el Gobierno mantiene formalmente suspendidas las medidas de fuerza más duras mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, el conflicto permanece abierto y sin una solución definitiva.

JJD

La empresa Kopelco S.A., fabricante de los preservativos Tulipán, despidió a 220 trabajadores y redujo su plantilla de 355 a 135 empleados en sus plantas del partido bonaerense de San Martín y de la provincia de San Luis. El recorte representó una reducción superior al 60% de la dotación laboral y dejó a cientos de familias sin ingresos en medio de un deterioro más amplio del empleo industrial.

El ajuste se produjo en un contexto de caída del consumo y retracción de distintos sectores productivos que afectan a las líneas de negocio de la compañía. Además de preservativos, Kopelco fabrica insumos derivados del látex como elásticos para ropa interior, globos y distintos tipos de hilados industriales, segmentos que también registraron una baja en la demanda.

El gerente general de la firma, Felipe Kopelowicz, reconoció la gravedad de la situación. “Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante”, afirmó, y explicó que en algunos rubros las ventas llegaron a desplomarse hasta un 50%.

El impacto laboral del recorte es significativo. Las plantas de San Martín y San Luis concentran buena parte de la producción de la empresa, que durante décadas se consolidó como uno de los principales fabricantes de preservativos del país. Con la reducción de personal, la estructura productiva quedó fuertemente reconfigurada y el número de trabajadores se redujo a poco más de un tercio de la plantilla original.

A pesar del ajuste, la marca Tulipán continúa siendo una de las más fuertes del mercado local. Según datos del sector citados por la empresa, mantiene una participación cercana al 40% en la venta de preservativos en la Argentina. Sin embargo, la posición dominante en ese segmento no alcanzó para compensar la caída de otras unidades de negocio vinculadas al látex industrial.

La crisis en Kopelco se inscribe en un deterioro más amplio de la industria argentina, donde suspensiones, despidos y cierres de plantas se multiplicaron en distintos sectores manufactureros. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires señaló que la actividad industrial cayó 8,3% durante el gobierno de Javier Milei y que el sector perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023. Ese retroceso equivale a un promedio de 160 empleos industriales menos por día.

El deterioro del empleo se combinó con un proceso de reestructuración empresarial que incluyó cierres de plantas, repliegues productivos y retiros de compañías del país en distintas ramas fabriles. Investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la UBA identificaron movimientos de ese tipo en sectores que van desde la metalurgia hasta los electrodomésticos, con impactos directos sobre la producción y el empleo.

En paralelo, el debilitamiento del consumo interno redujo la demanda de bienes producidos localmente, lo que afectó la actividad de empresas que dependen del mercado doméstico. Ese proceso se reflejó en conflictos laborales, concursos de acreedores, suspensiones de personal y despidos en diferentes ramas industriales.

La situación de Kopelco también muestra cómo la diversificación productiva, que durante años funcionó como un factor de crecimiento para muchas empresas industriales, puede transformarse en una vulnerabilidad cuando la caída del consumo afecta simultáneamente a distintos sectores. En el caso de la firma, el retroceso no se limitó a los preservativos, sino que alcanzó a otras líneas de productos vinculadas al látex que abastecen tanto al consumo masivo como a distintos segmentos industriales.

El gerente de la compañía definió el momento que atraviesa la empresa como un “jaque total”, una expresión que sintetiza la magnitud del ajuste en curso. La reducción de más del 60% de la plantilla dejó expuesta la fragilidad de la actividad industrial frente a la caída del mercado interno, un factor que se repite en distintos sectores productivos del país.

En ese escenario, los 220 trabajadores despedidos pasan a engrosar una estadística que se repite en distintos puntos del país: la pérdida de puestos de trabajo en la industria, uno de los sectores históricamente más vinculados al empleo formal y a la producción de bienes con valor agregado.

JJD, con información de NA