Flybondi informó a su personal que no depositó los salarios correspondientes a marzo, en un escenario de incertidumbre laboral que se profundizó después de que la compañía impulsó un programa de retiros voluntarios. La comunicación llegó de manera directa a cada empleado y atribuyó la demora a “problemas administrativos”, sin precisar una fecha de pago.

La empresa envió un mensaje interno dirigido a los trabajadores —a quienes denomina “flybondiers”— en el que reconoció la situación. “Desde ya lamentamos la demora que se produjo y queremos llevar tranquilidad sobre esto”, señaló el escrito firmado por el “Equipo de Personas”. En la misma comunicación agregó: “Estamos 100% abocados a resolverlo a la brevedad y poder confirmarles el día de pago”.

El aviso llegó pocos días después de otro mensaje corporativo que había encendido las alarmas dentro de la aerolínea. Dos semanas antes, la compañía había comunicado a su personal la apertura de un plan de retiros voluntarios y había advertido que evaluaba “determinaciones drásticas” frente a su situación operativa.

Según reportó el medio especializado InfoGremiales, la empresa presentó el esquema de retiros en una reunión por Zoom con los trabajadores, en la que se detalló un cronograma breve para adherir al programa. La iniciativa se produjo en medio de tensiones internas y de un clima de presión para aceptar la desvinculación voluntaria, según reconstruyó ese portal sindical.

La aerolínea ya había anunciado semanas atrás un plan de retiros voluntarios dirigido a la totalidad de sus empleados, es decir 1.500 trabajadores, en el marco de un proceso de reorganización empresarial.

La compañía aérea privada explicó entonces que el programa formaba parte de un “rediseño organizacional” orientado a mejorar su eficiencia operativa. En ese contexto, ofreció condiciones de salida para quienes aceptaran desvincularse.

El conflicto salarial, por lo tanto, se produjo en un escenario de ajuste interno que ya había afectado a los trabajadores de la aerolínea. La demora en el pago de los sueldos sumó un nuevo factor de incertidumbre laboral para una plantilla que días antes había recibido propuestas de retiro.

Crisis del empleo y deterioro salarial

La situación en Flybondi se inscribe en un contexto más amplio de crisis laboral que atraviesa distintos sectores de la economía argentina. En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se perdieron 300.000 puestos de trabajo y desaparecieron 21.938 empresas desde noviembre de 2023, en un escenario marcado por cierres industriales y despidos en múltiples actividades.

Uno de los casos más resonantes fue el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate en San Fernando, que dejó a 1.500 trabajadores sin empleo después de 86 años de actividad industrial.

La crisis también alcanzó a otros sectores productivos. El frigorífico General Pico despidió 194 empleados y paralizó sus plantas, mientras que empresas textiles comenzaron a enfrentar reestructuraciones o procesos judiciales para ordenar sus deudas.

En paralelo, compañías históricas enfrentaron interrupciones productivas o conflictos laborales. La lechera Lácteos Verónica, por ejemplo, detuvo operaciones en una de sus plantas y dejó a 700 trabajadores en un escenario de incertidumbre laboral, con denuncias de vaciamiento y deudas salariales.

En ese marco, el índice salarial del sector privado registrado subió 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída del salario real superior a dos puntos. Y en el primer bimestre de 2026 la inflación volvió a salirse de las manos, al registrar casi un 6%, según el Indec, mientras consultoras privadas esperan otro 3% para marzo.

El deterioro salarial y la pérdida de puestos de trabajo son dos caras de un mismo proceso. En distintos sectores productivos, trabajadores enfrentan simultáneamente paritarias demoradas, suspensiones, planes de retiros o cierres empresariales. La demora en el pago de salarios en Flybondi se sumó a la cadena de tensiones laborales que atraviesan distintas actividades.

JJD

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan este jueves un paro en todo el país y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo para rechazar los 240 despidos que, según denuncian la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y profesionales del organismo, ponen en riesgo funciones críticas como el servicio meteorológico aeronáutico, el sistema de alertas tempranas y la red de observaciones climáticas del país.

La medida arrancó por la mañana en la sede del organismo ubicada en el barrio porteño de Palermo y se extiende con cese total de actividades, asambleas permanentes y movilización, después de que delegados gremiales afirmaran que la lista de cesantías ya estaba definida y que equivale a más del 30% del plantel actual.

El núcleo del conflicto no pasa sólo por la magnitud de los despidos sino por el impacto directo sobre quienes sostienen un servicio público que funciona las 24 horas, los 365 días del año. La conducción sindical de ATE en el organismo sostiene que el recorte afecta personal de estaciones meteorológicas y de la sede central, y advierte que, si se concreta en esos términos, obligará al cierre de 40 estaciones en distintos puntos del país y dejará sin mediciones nocturnas a parte del sistema, con consecuencias sobre el servicio aeronáutico. Sostienen que la lista habría sido confeccionada por la dirección del organismo a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabezó Federico Sturzenegger.

La preocupación de los trabajadores tiene un fundamento operativo concreto: el SMN no sólo elabora el pronóstico diario que consume la población sino que también integra la infraestructura que produce observaciones, datos y alertas para la aviación, la navegación, el agro y la gestión de emergencias.

En su sitio oficial, el propio organismo muestra que sostiene pronósticos a siete días, pronósticos semanales y trimestrales, radiación UV, modelos numéricos, monitoreo climático, observaciones y boletines especiales; además, su repositorio técnico describe el papel de las alertas meteorológicas ante fenómenos que pueden representar riesgo para la población.

Esa estructura depende de trabajadores especializados cuya tarea no resulta sustituible de un día para otro. En materiales institucionales del SMN aparecen pronosticadores de alertas, servicios sectoriales y pronósticos regionales que explican su trabajo en la elaboración de alertas, pronósticos marítimos y seguimiento de eventos severos. Por eso, cuando delegados y meteorólogos hablan de “apagón meteorológico”, no usan una fórmula retórica: describen el riesgo de perder observaciones locales, discontinuar series de datos y reducir la capacidad de respuesta frente a tormentas, inundaciones u olas de calor.

La dimensión del ajuste ya había sido anticipada semanas antes por los propios trabajadores, cuando empleados del organismo denunciaron la preparación de hasta 700 despidos en un servicio que ya funcionaba por debajo de su dotación necesaria.

ATE y el Centro Argentino de Meteorólogos enmarcan el conflicto en el vaciamiento de áreas estatales estratégicas. El sindicato sostiene que el recorte no constituye una mera reducción administrativa sino un desguace de un organismo clave para la prevención de riesgos y la seguridad pública. El ajuste compromete una función pública sensible: sin observaciones de superficie, sin estaciones operativas y sin planteles completos, el Estado pierde capacidad para producir información indispensable en tiempo real.

En el caso del SMN, esa política impacta sobre tareas cuyo valor social excede largamente la discusión presupuestaria. Menos personal significa menos observación territorial, menor capacidad para sostener turnos y mayor fragilidad para un organismo que debe responder tanto a la vida cotidiana como a eventos extremos. En un país atravesado por tormentas severas, incendios, olas de calor, actividad agropecuaria intensiva y una red aérea que requiere información meteorológica permanente, el ajuste no cae sobre un área administrativa marginal sino sobre trabajadores que producen datos esenciales para anticipar riesgos.

JJD, con información de NA

El cierre de la única fábrica del país que producía aisladores eléctricos dejó sin trabajo a sus operarios y obligó al Gobierno a modificar las reglas del mercado para evitar que falten esos insumos básicos. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), una planta ubicada en Monte Grande que abastecía gran parte del sistema eléctrico nacional.

Los aisladores eléctricos son piezas que se usan en postes, líneas y transformadores para evitar fugas de energía y garantizar que la electricidad circule de forma segura. Sin esos componentes, la red eléctrica puede fallar o volverse inestable, lo que explica la reacción inmediata del Estado tras el cierre.

FAPA era la única empresa del país dedicada a fabricar estos productos y cubría cerca del 70% del consumo local. Su salida del mercado implicó que la Argentina pasara a depender completamente de importaciones para un insumo estratégico.

La empresa no solo cerró: también liquidó su planta y remató su maquinaria. Eso significa que no quedó capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo, lo que profundiza el impacto sobre los trabajadores y sobre toda la cadena industrial vinculada.

FAPA no era una firma menor ni reciente. Según la información institucional de la compañía, había sido fundada en 1938 en Monte Grande y durante décadas participó en obras clave del sistema energético argentino, produciendo componentes para líneas de alta tensión y estaciones transformadoras. Su desarrollo estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones.

Tras el cierre, el Gobierno decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que regían desde 2015 para proteger la producción nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía. El objetivo fue permitir el ingreso inmediato de aisladores desde el exterior y evitar problemas en el suministro eléctrico.

La decisión respondió también a pedidos de la propia industria, que advirtió que sin esos insumos podían demorarse obras energéticas o producirse fallas en la red. La Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó levantar los aranceles al considerar que, sin producción local, mantenerlos podía perjudicar el servicio eléctrico.

A partir de ahora, las empresas podrán importar aisladores —especialmente desde China, Brasil y Colombia— sin pagar esos recargos. El mercado quedó completamente abierto a proveedores externos, sin competencia nacional.

Para los trabajadores, el impacto fue inmediato. El cierre no solo implicó la pérdida de los puestos en la planta, sino también la desaparición de una actividad industrial específica que requería técnicos, operarios calificados y conocimiento acumulado durante décadas. La pérdida no es solo de empleo, sino de un saber productivo que no tiene reemplazo inmediato.

El caso se dio en un contexto más amplio de dificultades en la industria electromecánica. Datos del sector citados por InfoGremiales señalaron caídas en la producción durante 2025 y un escenario de cautela para 2026, con empresas enfocadas en sostener actividad y empleo. El cierre de FAPA se inscribió en ese proceso de retracción industrial.

La respuesta estatal priorizó garantizar que no falten insumos para la red eléctrica, pero no incluyó medidas para sostener la producción local ni preservar los puestos de trabajo. El resultado inmediato fue una transición desde la fabricación nacional hacia la importación, sin un esquema anunciado de reconversión laboral para los trabajadores afectados.

JJD

La cadena china Miniso confirmó su llegada a la Argentina con un plan de apertura de 100 locales en cinco años y la posibilidad de generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo, en un contexto de deterioro del empleo y caída de los ingresos laborales. El desembarco incluyó una inversión anunciada de US$50 millones y la apertura de su primer local en el microcentro porteño, con una estrategia de expansión en shoppings y aeropuertos.

El anuncio se produjo en un mercado laboral que mostró señales de empeoramiento para quienes trabajan o buscan empleo. En el cuarto trimestre de 2025, la desocupación subió al 7,5%, por encima del 6,4% de un año antes, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0%, según el INDEC. En paralelo, creció la presión sobre el mercado de trabajo, con más personas ocupadas que buscaron otro empleo o más horas para sostener ingresos.

Todo esto se produce durante el gobierno de Javier Milei, quien, paradójicamente, se autodeclaró enemigo del comunismo chino.

El deterioro del empleo asalariado registrado también formó parte del escenario en el que se anunció la inversión. El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, sostuvo que “en lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. Esa dinámica implicó un reemplazo parcial de empleo formal por formas más precarias de inserción laboral.

En ese contexto, la promesa de generación de empleo asociada a la expansión de la china Miniso aparece acotada frente a la magnitud de la destrucción de puestos registrados. Incluso en el escenario más alto planteado por la empresa, de 1.000 empleos en cinco años, el impacto potencial resultó menor frente a la pérdida de empleo asalariado acumulada en el mismo período.

El modelo de negocios que la empresa proyectó para el país también se apoyó en una fuerte presencia de productos importados. Según se detalló, la mayoría de los artículos que se comercializarán en los locales serán de origen externo, con una oferta que incluye licencias internacionales como Disney, Marvel o Sanrio, y una renovación constante de productos orientada al consumo masivo.

La llegada de la firma se inscribió además en un escenario económico atravesado por la apertura de importaciones y la caída del consumo, factores que ya impactaron en la actividad de empresas locales. En distintos sectores, esa combinación derivó en despidos, suspensiones y dificultades financieras, especialmente en industrias y comercios orientados al mercado interno.

La estrategia de Miniso apuntó a instalarse en zonas de alto tránsito y captar público joven, con locales de entre 200 y 600 metros cuadrados y tiendas insignia de mayor tamaño. El primer punto de venta abrirá en la peatonal Florida y luego se sumarán sucursales en centros comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires, con expansión progresiva al resto del país.

La proyección de crecimiento de la empresa se basó en su expansión global, con presencia en más de 100 países y miles de tiendas, pero su desempeño en Argentina dependerá de un mercado interno en retracción y de un escenario laboral más inestable. En ese marco, la creación de empleo asociada a nuevas inversiones convive con una dinámica general de pérdida de puestos asalariados y aumento de formas laborales más frágiles.

Hasta el momento, el anuncio no modificó la tendencia general del mercado de trabajo, que mostró más desocupación, menor tasa de empleo y mayor precarización. La evolución de la inversión y la apertura efectiva de locales determinarán si la promesa de empleo se concreta en un contexto donde las condiciones para sostener la actividad comercial siguen condicionadas por la caída de las ventas y el deterioro del poder adquisitivo.

JJD

Trabajadores del neumático realizaron este miércoles a un abrazo simbólico a la planta de Fate en San Fernando para defender los puestos de trabajo frente al cierre de la fábrica y el despido de más de 900 operarios. La protesta se realizó mientras continúa el conflicto entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), en un escenario que sumó una nueva decisión del Gobierno nacional: el Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la firma por incumplir el pago de salarios durante la conciliación obligatoria.

La movilización se realizó desde las 11 en la puerta del establecimiento, con el objetivo de rodear la planta y visibilizar el reclamo por la continuidad laboral. El cierre anunciado por la empresa implicó el despido de más de 900 trabajadores, lo que convirtió el conflicto en uno de los más relevantes del sector industrial en lo que va del año.

Desde el sindicato denunciaron que la empresa mantuvo una conducta irregular durante el proceso de conciliación dictado por el Estado. El Ministerio de Capital Humano informó que inició un sumario contra Fate por no pagar los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, una obligación que debía respetar mientras se encontraba vigente la instancia conciliatoria.

La cartera que conduce Sandra Pettovello también decidió extender la conciliación obligatoria por cinco días, con el objetivo de sostener la negociación entre la empresa y el gremio y evitar que el conflicto escale aún más. La medida debía vencer este miércoles, pero el Gobierno resolvió prorrogarla para mantener abiertas las instancias de diálogo.

El conflicto se agravó tras el anuncio empresarial de cerrar la histórica planta de neumáticos ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. La decisión dejó en riesgo el sustento de más de 900 familias que dependían de la actividad productiva del establecimiento, según los datos difundidos durante el conflicto.

En paralelo, el enfrentamiento entre la empresa y el sindicato derivó en un proceso judicial por la presencia de trabajadores dentro del establecimiento. La empresa había solicitado el desalojo del predio, pero la Justicia revocó esa medida. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó el fallo de primera instancia y reconoció que se trata de un conflicto laboral y no de una cuestión penal, lo que dejó sin efecto la orden de expulsar a los trabajadores que permanecen en la planta.

El tribunal sostuvo que la ocupación del establecimiento formó parte de una medida de acción sindical vinculada a la defensa de los puestos de trabajo. El fallo recordó que el derecho de huelga está reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y consideró que la protesta debía analizarse en ese marco jurídico.

Para el Sutna, la resolución judicial representó un respaldo a la estrategia adoptada por los trabajadores frente al cierre de la fábrica. Desde el gremio sostuvieron que la permanencia en el establecimiento buscó evitar un eventual vaciamiento de la planta mientras se desarrolla el conflicto.

La convocatoria al abrazo simbólico también apuntó a sumar apoyo de otros sectores sindicales, organizaciones sociales y dirigentes políticos. La protesta buscó ampliar la visibilidad de la disputa laboral y reforzar la presión para que se preserve la actividad productiva y los puestos de trabajo, en un contexto donde el cierre de la planta ya fue anunciado por la empresa.

El conflicto de Fate se produjo además en un momento de alta tensión en el mundo del trabajo industrial. El cierre de plantas y los despidos masivos se convirtieron en una de las principales preocupaciones de distintos gremios, especialmente en sectores manufactureros que enfrentan cambios en la producción y el mercado interno.

La conciliación obligatoria extendida por el Gobierno mantiene formalmente suspendidas las medidas de fuerza más duras mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, el conflicto permanece abierto y sin una solución definitiva.

JJD

La empresa Kopelco S.A., fabricante de los preservativos Tulipán, despidió a 220 trabajadores y redujo su plantilla de 355 a 135 empleados en sus plantas del partido bonaerense de San Martín y de la provincia de San Luis. El recorte representó una reducción superior al 60% de la dotación laboral y dejó a cientos de familias sin ingresos en medio de un deterioro más amplio del empleo industrial.

El ajuste se produjo en un contexto de caída del consumo y retracción de distintos sectores productivos que afectan a las líneas de negocio de la compañía. Además de preservativos, Kopelco fabrica insumos derivados del látex como elásticos para ropa interior, globos y distintos tipos de hilados industriales, segmentos que también registraron una baja en la demanda.

El gerente general de la firma, Felipe Kopelowicz, reconoció la gravedad de la situación. “Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante”, afirmó, y explicó que en algunos rubros las ventas llegaron a desplomarse hasta un 50%.

El impacto laboral del recorte es significativo. Las plantas de San Martín y San Luis concentran buena parte de la producción de la empresa, que durante décadas se consolidó como uno de los principales fabricantes de preservativos del país. Con la reducción de personal, la estructura productiva quedó fuertemente reconfigurada y el número de trabajadores se redujo a poco más de un tercio de la plantilla original.

A pesar del ajuste, la marca Tulipán continúa siendo una de las más fuertes del mercado local. Según datos del sector citados por la empresa, mantiene una participación cercana al 40% en la venta de preservativos en la Argentina. Sin embargo, la posición dominante en ese segmento no alcanzó para compensar la caída de otras unidades de negocio vinculadas al látex industrial.

La crisis en Kopelco se inscribe en un deterioro más amplio de la industria argentina, donde suspensiones, despidos y cierres de plantas se multiplicaron en distintos sectores manufactureros. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires señaló que la actividad industrial cayó 8,3% durante el gobierno de Javier Milei y que el sector perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023. Ese retroceso equivale a un promedio de 160 empleos industriales menos por día.

El deterioro del empleo se combinó con un proceso de reestructuración empresarial que incluyó cierres de plantas, repliegues productivos y retiros de compañías del país en distintas ramas fabriles. Investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la UBA identificaron movimientos de ese tipo en sectores que van desde la metalurgia hasta los electrodomésticos, con impactos directos sobre la producción y el empleo.

En paralelo, el debilitamiento del consumo interno redujo la demanda de bienes producidos localmente, lo que afectó la actividad de empresas que dependen del mercado doméstico. Ese proceso se reflejó en conflictos laborales, concursos de acreedores, suspensiones de personal y despidos en diferentes ramas industriales.

La situación de Kopelco también muestra cómo la diversificación productiva, que durante años funcionó como un factor de crecimiento para muchas empresas industriales, puede transformarse en una vulnerabilidad cuando la caída del consumo afecta simultáneamente a distintos sectores. En el caso de la firma, el retroceso no se limitó a los preservativos, sino que alcanzó a otras líneas de productos vinculadas al látex que abastecen tanto al consumo masivo como a distintos segmentos industriales.

El gerente de la compañía definió el momento que atraviesa la empresa como un “jaque total”, una expresión que sintetiza la magnitud del ajuste en curso. La reducción de más del 60% de la plantilla dejó expuesta la fragilidad de la actividad industrial frente a la caída del mercado interno, un factor que se repite en distintos sectores productivos del país.

En ese escenario, los 220 trabajadores despedidos pasan a engrosar una estadística que se repite en distintos puntos del país: la pérdida de puestos de trabajo en la industria, uno de los sectores históricamente más vinculados al empleo formal y a la producción de bienes con valor agregado.

JJD, con información de NA

La empresa textil Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio, suspendió a 175 trabajadores desde el 16 de noviembre en su planta de Mar del Plata debido a la caída de las ventas y al stock acumulado de mercadería. Los operarios debían reincorporarse el 1 de abril, pero advierten que la falta de demanda podría extender las suspensiones y profundizar la incertidumbre sobre la continuidad laboral.

El conflicto afecta a la mayor parte de la plantilla productiva de la compañía. La firma tiene menos de 300 trabajadores en total, entre operarios y personal administrativo, lo que implica que más de la mitad de la planta quedó sin tareas. En la fábrica solo continúan trabajando alrededor de 65 operarios mientras se mantiene paralizada gran parte de la producción.

Textilana es una de las empresas textiles más importantes de Mar del Plata y una de las pocas que conserva un proceso productivo integrado, desde el hilado y tejido hasta la comercialización de los suéters. La marca Mauro Sergio llegó a producir hasta dos millones de prendas en sus años de mayor actividad, cuando la empresa tenía cerca de 1.000 trabajadores y una red de más de veinte locales.

La situación actual es muy diferente. La empresa redujo su plantilla a menos de un tercio de la que tuvo en su etapa de mayor expansión, en un contexto de caída del consumo interno y aumento de las importaciones que afectó a buena parte del sector textil. Según explicó el delegado Mauro Galván, la compañía acumuló un volumen de stock que no logra vender, lo que llevó a detener gran parte de la producción.

La crisis que atraviesa Textilana se inscribe en una crisis que afecta a la industria argentina, en general, y en ese marco a todo el sector textil, que opera actualmente con niveles muy bajos de utilización de su capacidad productiva. Un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires señaló que la industria textil funciona apenas al 40% de su capacidad instalada.

Ese retroceso productivo tuvo consecuencias directas sobre el empleo. El mismo estudio registró que la actividad textil perdió al menos 11.500 puestos de trabajo en los últimos dos años, en una de las ramas industriales históricamente más intensivas en mano de obra.

El deterioro del sector se vinculó a varios factores simultáneos. Por un lado, la caída del consumo interno redujo las ventas de indumentaria y productos textiles en el mercado doméstico. Por otro, el aumento de las importaciones de prendas desplazó parte de la producción local en los comercios y presionó sobre la actividad de las empresas que abastecen el mercado interno.

Mar del Plata fue una de las ciudades donde ese proceso se volvió más visible. La localidad fue conocida durante décadas como la “capital del pulóver”, con una red de fabricantes y talleres que abastecían buena parte del mercado nacional. En la década de 1970 existían alrededor de 500 empresas dedicadas a la producción de suéters; hoy quedan menos de 100 entre fábricas y talleres.

El caso de Textilana refleja con claridad ese retroceso. La empresa llegó a contratar personal a comienzos del gobierno de Javier Milei con la expectativa de una recuperación de la actividad. Sin embargo, la demanda no se recuperó y los primeros trabajadores en quedar fuera de la planta fueron los 50 operarios incorporados en esa etapa, cuyos contratos no fueron renovados.

En la industria argentina en general, de acuero con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se perdieron 100.000 empleos desde noviembre de 2023, lo que equivale a un promedio de 160 puestos de trabajo menos por día.

Ese retroceso se expresó en distintos sectores manufactureros, con cierres de plantas, repliegues productivos y reestructuraciones empresariales que afectaron desde la metalurgia hasta la fabricación de electrodomésticos. Investigadores de la misma universidad identificaron una serie de compañías que atravesaron procesos de ajuste o retiro de producción en el país.

Por eso, la paralización parcial de la planta de Textilana es uno más dentro de la serie de conflictos laborales que atraviesan distintas ramas industriales. En los últimos meses se registraron cierres de fábricas, suspensiones y despidos en sectores como el neumático, la alimentación, los frigoríficos y la metalurgia, con efectos directos sobre el empleo y las condiciones laborales.

Para los trabajadores de la empresa marplatense, la incertidumbre inmediata gira en torno a la posibilidad de retomar la producción en abril. Si las ventas no se recuperan y el stock acumulado no logra colocarse en el mercado, las suspensiones podrían extenderse, lo que pondría en riesgo la continuidad laboral de buena parte de la planta.

JJD

El movimiento feminista Ni Una Menos convocó a movilizar este lunes 9 de marzo en todo el país en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con una jornada de protesta que incluirá paro docente, movilizaciones sindicales y marchas en distintas ciudades contra “el ajuste y la política de hambre” del Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria central en la Ciudad de Buenos Aires es desde el Congreso hacia Plaza de Mayo a las 16.30.

La protesta se realiza un día después del 8 de marzo —fecha oficial de la efeméride— y reune a organizaciones feministas, gremiales y sociales que buscan expresar en las calles el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y su impacto en las condiciones de vida y trabajo.

Paro docente y adhesión sindical

La jornada tiene impacto directo en el sistema educativo, ya que varios gremios docentes decidieron adherir al paro internacional feminista y participar de la movilización.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) resolvió sumarse a la huelga, al igual que el sindicato SUTEBA en la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Las organizaciones convocaron a participar de la marcha que se realizará por la tarde hacia el Congreso y Plaza de Mayo, en el marco de la jornada internacional de protesta por el Día de la Mujer Trabajadora.

Además, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) instó a sus sindicatos de base a realizar acciones en todo el país, con modalidades que cada provincia definirá de acuerdo con su organización local.

El paro y las movilizaciones se inscriben en una tradición del movimiento feminista internacional que vincula los reclamos por igualdad de derechos con las condiciones laborales y económicas de las mujeres y diversidades.

La CGT moviliza con su Secretaría de Género

La jornada también tendrá presencia sindical. La Secretaría de Género de la CGT, encabezada por Carla Gaudensi (FATPREN), participará de la movilización con una columna propia junto a otras centrales obreras.

La central sindical definió concentrar a las 16.30 en las inmediaciones del Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo, en coincidencia con la convocatoria feminista.

La CGT realizó actividades preparatorias durante los días previos y anunció que presentará un documento con las demandas laborales de las trabajadoras en el contexto económico actual.

El objetivo de esa participación es visibilizar los reclamos vinculados con la situación laboral de las mujeres y las desigualdades que persisten en el mercado de trabajo, en un escenario de crisis económica y reformas laborales en debate.

Una convocatoria feminista contra el ajuste

La movilización fue convocada por Ni Una Menos, que difundió el llamado a salir a las calles a través de redes sociales y asambleas preparatorias.

En la convocatoria, la organización planteó que la jornada busca denunciar “el ajuste y la política de hambre” del Gobierno nacional y llamó a construir una respuesta colectiva frente al deterioro de las condiciones de vida.

“Este 9M volvemos a las calles en todo el país porque no aguantamos más el ajuste y su política de hambre, odio y represión”, señaló el colectivo feminista en el mensaje difundido para convocar a la movilización.

El movimiento también sostuvo que la jornada forma parte de una tradición internacional de lucha feminista que vincula la igualdad de género con la defensa de los derechos sociales, laborales y democráticos.

Marchas en otras ciudades del país

La convocatoria del 9 de marzo tendrá expresiones en distintas provincias.

En Rosario, organizaciones feministas definieron marchar desde la Plaza San Martín hacia el Parque a la Bandera, con consignas que incluyen el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La movilización comenzará por la tarde y finalizará con la lectura de un documento que sintetizará las demandas del movimiento feminista local.

En Salta, la asamblea lesbotransfeminista resolvió convocar a concentrar a las 17 en la Plaza 9 de Julio, con participación de organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.

Entre las consignas de la convocatoria provincial también aparece el rechazo a la reforma laboral y la preocupación por el impacto de esas políticas en las condiciones de vida de mujeres y diversidades.

Asueto en Misiones y otras actividades

En la provincia de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso trasladar al lunes 9 de marzo el asueto administrativo para las mujeres que trabajan en la administración pública provincial.

La medida, establecida mediante el Decreto Nº 328, alcanza a las trabajadoras de la Administración Pública Central, entes autárquicos y organismos descentralizados y busca facilitar la participación en las actividades vinculadas con el Día Internacional de la Mujer.

Más convocatorias en la jornada

En paralelo a las movilizaciones feministas, también se realizará una concentración desde las 14.30 frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Desde allí los manifestantes marcharán hacia el Congreso y luego a Plaza de Mayo en el marco de las actividades vinculadas con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La jornada del 9 de marzo reunirá así múltiples expresiones de protesta en el centro porteño, con una fuerte presencia del movimiento feminista y de organizaciones sindicales.

JJD

La industria textil argentina atraviesa uno de los retrocesos más profundos dentro del entramado manufacturero, en un contexto marcado por la caída del consumo interno, la pérdida de actividad industrial y el aumento de las importaciones. El sector opera apenas al 40% de su capacidad instalada, según un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ese nivel de utilización refleja el fuerte deterioro de la actividad en una rama industrial históricamente vinculada al mercado interno y al empleo intensivo.

El estudio señaló que los cambios más pronunciados en el mapa industrial reciente se observaron en la actividad textil, donde se registraron quiebras, cierres de empresas y retiro de firmas. Según el documento, ese proceso redujo la utilización de las plantas fabriles hasta niveles mínimos dentro de la industria nacional y dejó amplios segmentos de capacidad productiva ociosos.

La crisis se reflejó también en el empleo. Más de 11.500 puestos de trabajo registrados se perdieron en la cadena textil, indumentaria, calzado y cuero entre diciembre de 2023 y junio de 2025, según un informe de la Fundación Pro Tejer. Esa reducción implicó aproximadamente una caída cercana al 10% del empleo del sector, uno de los más intensivos en mano de obra dentro del aparato industrial argentino.

Otros relevamientos indicaron un deterioro todavía mayor. Más de 16.000 puestos laborales desaparecieron en la cadena textil desde fines de 2023, según un informe sectorial citado por la revista Forbes Argentina. La contracción impactó principalmente en pequeñas y medianas empresas vinculadas a la confección de indumentaria y en talleres que integran la cadena productiva.

El retroceso del sector también se expresó en la producción industrial. La producción textil cayó 36,7% interanual en noviembre de 2025, mientras que la contracción alcanzó 47,6% si se comparó con dos años antes, según un informe del Observatorio de la Cadena Textil e Indumentaria de la Fundación Pro Tejer. En el acumulado anual, la producción del sector registró una caída cercana al 6,4% durante 2025, lo que reflejó el deterioro sostenido de la actividad.

Ese retroceso productivo se tradujo en niveles muy bajos de utilización de la capacidad instalada. Las fábricas textiles utilizaron apenas el 32,5% de su capacidad en octubre de 2025, según datos industriales citados por el portal Infobae. Otros relevamientos sectoriales indicaron niveles aún más bajos: 29,2% de utilización en noviembre de ese mismo año, según el mismo documento citado por analistas industriales.

Los informes coinciden en que la industria textil funciona actualmente con niveles de utilización que se ubican entre el 30% y el 40% de su capacidad, lo que implica que más de la mitad del potencial productivo permanece sin utilizar en las plantas fabriles del sector.

La presión de las importaciones apareció como otro factor clave en el deterioro del sector. Las importaciones de prendas de vestir crecieron 91% en volumen, según un relevamiento del sector citado por Forbes Argentina. Ese aumento desplazó parte de la producción local en el mercado interno y redujo la actividad de las empresas que abastecen el consumo doméstico.

El impacto también se reflejó en la estructura empresarial. Más de 500 pequeñas y medianas empresas textiles cerraron durante el período reciente, según un informe sectorial citado por el diario El País en su cobertura sobre la crisis de la industria argentina. La mayoría de esas firmas dependía del mercado interno y operaba con márgenes muy ajustados, lo que las volvió particularmente vulnerables frente a la caída del consumo y la mayor competencia de productos importados.

Para los investigadores del CEHEAL, el deterioro de la industria textil forma parte de un proceso más amplio de retroceso manufacturero. El informe señaló que la combinación de recesión económica, menor inversión productiva y debilitamiento del mercado interno redujo la actividad de distintas ramas industriales, entre ellas las vinculadas a la producción textil.

En ese escenario, la elevada capacidad ociosa se convirtió en uno de los indicadores más visibles de la crisis. Más de la mitad de la capacidad productiva del sector permanece sin utilizar, una situación que impacta directamente en el empleo industrial, en la continuidad de las empresas y en la estabilidad de una cadena productiva que históricamente generó puestos de trabajo formales en la industria argentina.

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La larga agonía de Garbarino llegó a su final. La Justicia comercial decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar rescatar la compañía y evitar su liquidación definitiva. La decisión marca el cierre de uno de los casos empresariales más emblemáticos del sector de las ventas minoristas de la Argentinsa en los últimos años y se produce en medio de un deterioro generalizado y acentuado del consumo, la industria y el empleo desde que Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación.

La resolución fue firmada por el juez comercial Fernando D’Alessandro, quien concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021. La empresa no logró alcanzar las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo y tampoco prosperó la instancia de salvataje que permitía a terceros presentar propuestas para quedarse con la compañía.

El único interesado que se había inscripto en el registro de rescate, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una propuesta formal de reestructuración. Sin inversores y sin acuerdo con los acreedores, el tribunal dispuso la apertura del proceso de quiebra.

A partir de ahora, los bienes de la compañía quedarán bajo control de la sindicatura designada por el tribunal, que deberá identificar y liquidar activos para intentar satisfacer las deudas acumuladas. La Justicia también ordenó mantener la inhibición general de bienes y avanzar en la localización de activos que puedan formar parte del patrimonio de la empresa.

El fallo incluye además la inhabilitación de los directivos para ejercer el comercio durante el plazo que establece la legislación concursal y una prohibición de salida del país para los principales responsables de la compañía hasta que se complete el informe general de la sindicatura.

De gigante del retail a empresa residual

La quiebra pone fin a la historia de una empresa que durante décadas fue uno de los nombres más fuertes del comercio minorista argentino. Fundada en 1951, Garbarino llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos y artículos para el hogar, con más de 300 sucursales en todo el país y una red de negocios asociados que incluía marcas como Compumundo.

En su momento de mayor expansión llegó a emplear a más de 5.000 trabajadores, lo que la convirtió en una de las compañías más influyentes del sector.

Sin embargo, una combinación de problemas financieros, caída del consumo y transformaciones en el comercio minorista fue deteriorando su estructura.

El proceso se aceleró en los últimos años. La empresa había sido vendida en 2020 al empresario Carlos Rosales, que prometió un plan de rescate para recomponer la situación financiera. Pero ese intento nunca logró revertir el deterioro.

Cuando el expediente llegó a su tramo final en la Justicia, la compañía ya había reducido su operación a una escala casi simbólica: apenas tres locales abiertos en la Ciudad de Buenos Aires y menos de veinte empleados en actividad.

La quiebra llega después de más de cuatro años de proceso judicial y deja una pregunta abierta sobre el destino final de los activos que aún puedan existir —marcas, participaciones societarias o bienes remanentes— en una empresa que durante décadas fue sinónimo de consumo masivo en la Argentina.

Un sector golpeado por la caída del consumo y las importaciones

El cierre definitivo de Garbarino no es un hecho fortuito ni único dentro del sector de electrodomésticos y artículos para el hogar, sino la consecuencia de un contexto y de una política económica.

En los últimos meses, distintas empresas vinculadas al comercio y la producción de estos bienes comenzaron a mostrar señales de crisis. Fabricantes y cadenas comerciales vienen atravesando recortes de personal, cierres de plantas o cambios en su modelo productivo en medio de una fuerte caída del consumo interno y una apertura de importaciones que afecta a la producción local.

En diciembre, la multinacional Whirlpool cerró su planta de lavarropas en Pilar y despidió a sus 220 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la caída de ventas y a la competencia creciente de productos importados.

La ola de ajustes también alcanzó a la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto, donde se produjeron despidos en los últimos meses, y a la metalúrgica Cramaco, que dejó de fabricar generadores y alternadores después de despedir a la mayor parte de su personal.

Incluso en el comercio minorista aparecieron señales de alerta. La cadena Frávega cerró sucursales en distintas localidades y atraviesa un proceso de reorganización marcado por la caída de las ventas y el aumento del endeudamiento.

El panorama se repite en otros segmentos industriales. La autopartista Corven recortó alrededor de 150 puestos de trabajo, mientras que sindicatos del sector advierten que varias empresas comenzaron a reemplazar procesos de fabricación local por la importación de productos terminados o de piezas semielaboradas.

Empresas en reestructuración y concursos de acreedores

Las dificultades también alcanzaron a otras compañías del mismo universo productivo. La empresa Goldmund, responsable de la marca de electrodomésticos Peabody, inició un concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos y ordenar su situación financiera.

La firma comunicó a clientes y proveedores que atraviesa una etapa de reorganización destinada a sostener la continuidad de la operación. El proceso judicial busca renegociar deudas y evitar un escenario de insolvencia que podría comprometer su funcionamiento.

El concurso se produce en un contexto en el que distintas empresas enfrentan dificultades similares, con balances deteriorados por la caída de la demanda y por cambios en la estructura del mercado.

La crisis del sector también se refleja en conflictos laborales abiertos. En distintos puntos del país trabajadores se movilizan para defender puestos de trabajo ante cierres o suspensiones de actividades.

El telón de fondo: caída industrial y destrucción de empleo

La quiebra de Garbarino se inscribe en un escenario económico más amplio marcado por el deterioro de la actividad industrial y el empleo.

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al que tuvo acceso trabajAR, estimó que desde noviembre de 2023 la industria argentina perdió alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a 160 empleos industriales menos por día.

El mismo estudio señaló que la actividad manufacturera cayó 8,3% durante el gobierno de Javier Milei y que la participación de la industria dentro de la economía se redujo del 16,5% del producto en 2023 al 13,7% en 2025.

Ese nivel se ubica en valores comparables a los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial, un retroceso histórico que refleja la magnitud del proceso de desindustrialización.

Los investigadores también registraron una caída en el uso de la capacidad instalada de las fábricas y un aumento de las importaciones de bienes industriales que desplazaron producción local.

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Los trabajadores de la fábrica de neumáticos Fate se movilizan este miércoles a la Secretaría de Trabajo en una jornada que puede definir el futuro de la planta y de los puestos laborales. La protesta acompaña una audiencia entre la empresa, el sindicato del neumático y funcionarios del Gobierno en medio de un conflicto por el cierre de la fábrica y los despidos.

La convocatoria se realizó para las 11 en la sede laboral ubicada en Alem 650, en la Ciudad de Buenos Aires. Participan los trabajadores junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), con apoyo de organizaciones sindicales de la CGT y de las dos CTA.

El eje de la movilización es el reclamo de “reincorporación inmediata” y la defensa de la continuidad productiva de la planta, que permanece paralizada tras la decisión empresaria de frenar la producción. En esa audiencia podría resolverse una prórroga de la conciliación obligatoria o cerrarse definitivamente la posibilidad de reactivar la fábrica.

Los trabajadores buscan evitar ese escenario. En la convocatoria pública afirmaron: “Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias”, y llamaron a organizaciones sindicales y sociales a sumarse a la protesta frente a la Secretaría de Trabajo.

El conflicto escaló en los últimos días después de que el gremio resolviera profundizar el plan de lucha. La asamblea de trabajadores definió convocar a un paro nacional de 24 horas en todas las fábricas de neumáticos y realizar una presentación judicial para exigir la puesta en marcha de la planta con todo el personal.

Entre los puntos de esa acción judicial, el sindicato planteó que la empresa incumplió un acuerdo firmado en mayo de 2025 con la Secretaría de Trabajo y el gremio, que le otorgaba beneficios de no pago de aportes hasta julio de 2026 a cambio de mantener los puestos laborales.

Además, la organización sindical evalúa solicitar la figura de “ocupación temporánea” para que el Estado intervenga la empresa en caso de que el accionista decida abandonar la producción. El objetivo del reclamo es sostener la continuidad industrial y evitar la pérdida de empleos en el sector.

En paralelo a la audiencia, los trabajadores organizan actividades en la calle durante la jornada de protesta. Entre ellas se anunció un festival frente al edificio laboral con la participación de músicos y organizaciones que acompañan el conflicto.

Empresas en crisis y cierres

Mientras el conflicto de Fate continúa abierto, otras empresas atraviesan situaciones críticas que impactan en el empleo.

La compañía Goldmund S.A., responsable de la marca de electrodomésticos Peabody, inició un proceso de concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos. La empresa comunicó a clientes y proveedores que atraviesa una “etapa de reestructuración” orientada a ordenar sus compromisos financieros y sostener su continuidad operativa.

La decisión se produce en un contexto de dificultades para varias firmas del sector de electrodomésticos. Según la comunicación enviada por la compañía, el proceso judicial busca reorganizar su situación económica y fortalecer la estructura empresarial para continuar operando.

En el sector cárnico, el frigorífico Ganadera San Roque cerró su planta ubicada en Morón y despidió a 140 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la caída del consumo interno y al aumento de importaciones de carne para el mercado local.

El establecimiento dejó de operar el 27 de febrero y las desvinculaciones se encuadraron en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas. Mientras tanto, los trabajadores participan de audiencias en el Ministerio de Trabajo para discutir las condiciones de las indemnizaciones.

La crisis también alcanzó al sector textil en Tierra del Fuego. La empresa Sueño Fueguino, fabricante de marcas de ropa de cama como Danubio y Cannon, suspendió a 70 trabajadores de su planta de Río Grande durante tres meses.

El acuerdo alcanzado con sindicatos prevé que los trabajadores cobren el 70% del salario bruto y el 100% de los conceptos no remunerativos, lo que representa aproximadamente el 90% del ingreso neto durante el período de suspensión.

La empresa ya había despedido previamente a 35 trabajadores en octubre en la misma planta.

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A 24 horas de la apertura de sesiones, el relato presidencial sobre empleo y recuperación salarial convive con números oficiales que muestran otra escena: los sueldos registrados quedaron otra vez por debajo de los precios. En las palabras presidenciales, el trabajo apareció como herencia fallida y como promesa futura, pero no como deterioro presente del salario real.

La referencia más directa del mandatario en su discurso ante la Asamblea Legislativa fue la defensa de la Ley de Modernización Laboral, que el Presidente presentó como una norma que “viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años” y que, según afirmó, dejó “a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Sin embargo, se trata de una ley proempresa, que fue rechazada por todo el arco sindical e inclusive cuestionada por parte del empresariado, el pyme, porque consideran que la letra choca contra principios constitucionales y podría provocar una mayor litigiosidad a la ya existente.

Milei sostuvo que los “campeones de los derechos de los trabajadores” dejaron “sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores” y agregó que en el último gobierno anterior, el de los peronistas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, del extinto Frente de Todos, “el 30 % de los trabajadores formales eran pobres”. El encuadre fue retrospectivo: informalidad y pobreza laboral como resultado del modelo previo y como justificación de la reforma.

En ese mismo tramo, el Presidente cerró con una afirmación categórica: “El desempleo bajó”. También sostuvo que durante su gestión “no aumentó el desempleo”. Sin embargo, según Chequeado, esa afirmación resultó falsa. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec citados por el sitio de verificación de contenidos, la tasa de desocupación pasó del 5,7% en el tercer trimestre de 2023 al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, último dato disponible.

El mismo análisis mostró que el desempleo subió durante el primer año de gestión (alcanzó 6,9% en 2024) y luego bajó levemente en 2025, pero el resultado global evidenció un incremento respecto del punto de partida. La afirmación presidencial, entonces, no coincidió con la evolución agregada de la tasa de desocupación.

La segunda afirmación fuerte fue sobre ingresos. “Hemos triplicado el salario en dólares”, dijo Milei en el recinto. La frase fue calificada como engañosa en otro chequeo publicado este lunes. Según ese informe, el salario promedio en dólares pasó de US$ 515 en noviembre de 2023 a US$ 1.245 en noviembre de 2025. El aumento nominal en dólares existió y fue significativo.

Sin embargo, los especialistas citados advirtieron que medir salarios en dólares no informa sobre el poder adquisitivo real frente a la inflación interna. Cuando se comparó el salario promedio con la canasta básica total —también medida en dólares— la capacidad de compra aumentó 17%, muy por debajo del incremento nominal del 141% en dólares que sugiere la frase presidencial. El salario en dólares creció; el poder de compra lo hizo en menor magnitud.

En paralelo a esa discusión, los propios datos oficiales mostraron que el salario real en pesos volvió a retroceder en 2025. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación del mismo período alcanzó 27,9%. La diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales.

En noviembre, los salarios privados registrados crecieron 2,1%, por debajo del 2,5% del IPC nacional de ese mes. El informe vinculó el retroceso con el “rezago de las negociaciones colectivas” y la falta de actualización de tramos acordados a comienzos del año.

El empleo público mostró una dinámica aún más restrictiva. El subsector público nacional registró un aumento acumulado de 19% entre enero y noviembre, claramente inferior a la inflación del período. Más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec tuvo aumentos por debajo de los precios acumulados, según ese mismo informe.

Mientras el Presidente defendió la reforma laboral como modernización necesaria, el entramado productivo atravesó una contracción verificable. En noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores; en noviembre de 2025 las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En ese período se perdieron 21.938 empleadores y 290.602 puestos registrados. El cierre definitivo de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores sin empleo en un día; en La Pampa, el frigorífico General Pico despidió a 194 empleados y paralizó sus plantas; en el sector textil, Hilado S.A. avanzó en concurso preventivo con alrededor de 800 trabajadores bajo incertidumbre. En el conflicto del neumático, además, 920 operarios quedaron sin tareas efectivas pese a la conciliación obligatoria, según denunció el SUTNA.

La distancia no fue solo numérica, sino también en la forma de describir el problema. En el discurso de Milei el salario apareció como consecuencia futura de la estabilidad macroeconómica. Milei explicó que el equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva permitirán mayor productividad, “salarios más altos y menores niveles de pobreza”. La recomposición salarial fue presentada como resultado de un proceso estructural, no como lo urgente que verdaderamente es.

Lo que no dijo: paritarias y negociación colectiva

En las 28 páginas del discurso difundido oficialmente no apareció la palabra “paritaria”. Tampoco hubo referencias explícitas a reaperturas de negociación colectiva ni a la actualización salarial en el sector público. La omisión resultó significativa si se considera que el propio informe del Indec explicó parte de la caída real por el rezago de las negociaciones colectivas.

La reforma laboral sí ocupó un lugar destacado. El Presidente la presentó como instrumento para modernizar el mercado de trabajo y adaptarlo a “la mayor transformación de la historia”. Pero no detalló en el recinto los efectos concretos sobre indemnizaciones, jornada o derechos colectivos, dimensiones que forman parte del debate legislativo en curso.

El resultado fue un mensaje donde el empleo y el salario funcionaron como argumentos de validación del rumbo económico, más que como fotografía del presente. El desempleo fue presentado como resuelto; los datos mostraron un aumento respecto de 2023. El salario en dólares fue exhibido como símbolo de recuperación; el poder adquisitivo real creció menos y en 2025 volvió a caer frente a la inflación.

Los números oficiales disponibles mostraron que el mercado de trabajo no siguió una trayectoria lineal. La desocupación resultó mayor que al inicio del mandato y el salario real registrado volvió a perder contra los precios en 2025. En ese escenario, el empleo y el ingreso funcionaron en el discurso como promesa de largo plazo, mientras los datos mostraron las necesidades del presente.

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Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inician este jueves un paro escalonado de cinco días consecutivos que afecta vuelos comerciales en todo el país. La medida se aplica por franjas horarias hasta el lunes 2 y alcanza a la aviación general y comercial, con excepción de vuelos sanitarios, traslado de órganos, vuelos de Estado y de seguridad.

El cronograma comienza este jueves de 15 a 18, continúa el viernes de 19 a 22, el sábado 28 de 13 a 16, el domingo 1 de 9 a 12 y el lunes 2 de 5 a 8. “Hoy es de quince a dieciocho, hora local, con toda la aviación, ya sea aviación general y comercial”, afirma Juan Carlos Arias, secretario de prensa de Atepsa, en diálogo con AM 530.

El sindicato sostiene que el conflicto se arrastra desde agosto y que el Gobierno y la empresa incumplen un acta firmada en el Ministerio de Trabajo. Según Arias, tras tres días de medidas el año pasado, las partes acuerdan revisar en un plazo de 15 a 20 días distintos puntos del convenio colectivo, entre ellos antigüedad y densidad del tráfico, con el objetivo de mejorar ingresos sin salir de la pauta salarial oficial. “Eso es lo que no se cumplió”, señala.

La última conciliación obligatoria termina hace 25 días sin avances. “No nos llamó nadie, absolutamente nadie”, sostiene el dirigente. Atepsa presenta formalmente la medida el miércoles de la semana pasada ante la empresa, el área de Trabajo y las compañías aéreas, como exige la normativa para un servicio público esencial. “Esperábamos que nos digan algo dentro de las cuarenta y ocho horas”, agrega.

El sindicato denuncia que la falta de actualización salarial empuja a trabajadores a buscar otros ingresos fuera de su jornada habitual. “Tenemos compañeros controladores de Aeroparque, de San Fernando o de Ezeiza que se bajan de un vehículo de una aplicación, en el cual están trabajando durante ocho o diez horas, y se suben a una torre de control a controlar”, afirma Arias. Y advierte: “Ya tuvimos inconvenientes. Afortunadamente no pasó nada, pero ya tuvimos inconvenientes”.

La medida de fuerza afecta necesariamente a los vuelos comerciales porque el control del tránsito aéreo es una función obligatoria para autorizar despegues, aterrizajes y circulación en el espacio aéreo. Sin servicio de controladores en torre y centros de control, las aeronaves no pueden operar con normalidad, lo que obliga a reprogramar o cancelar partidas y arribos durante las franjas horarias anunciadas.

Además, al tratarse de una actividad considerada servicio público esencial, la interrupción parcial genera demoras encadenadas: un vuelo que no despega en el horario previsto impacta en la rotación de aeronaves y tripulaciones en otros aeropuertos. La restricción horaria en 54 aeropuertos altera la programación comercial incluso más allá de las tres horas formales de paro en cada jornada.

Atepsa aclara que la medida no incluye vuelos sanitarios, traslado de órganos ni operaciones vinculadas a seguridad o Estado. “Nosotros somos un servicio público esencial. No afectamos vuelos sanitarios, traslado de órganos, vuelos de Estado, de seguridad”, precisa Arias.

El dirigente vincula el conflicto con la política oficial hacia los convenios colectivos. Ante la consulta sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, responde: “Ninguna duda, no tengo ninguna duda”. Según afirma, los cambios ya comienzan a aplicarse en la práctica dentro del sector.

El reclamo central apunta al incumplimiento de la revisión acordada del convenio colectivo y a la falta de recomposición en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. Arias sostiene que el sindicato presenta “más de cien notas con seguridad operacional” para advertir sobre el impacto de la situación laboral en el servicio.

La conducción gremial deja abierta la posibilidad de levantar las medidas si hay una convocatoria oficial antes del lunes. “Esperemos no llegar a todos los días”, dice Arias. Hasta el momento, no hay anuncio de una nueva instancia de negociación.

La medida expone un conflicto prolongado en un sector clave del transporte, donde la falta de acuerdo salarial y la sobrecarga laboral impactan de forma directa tanto en las condiciones de trabajo como en la operación cotidiana de los vuelos comerciales.

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Los trabajadores de la Justicia Nacional del Trabajo continuaron este martes el paro iniciado el lunes contra el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires y profundizaron el reclamo con la continuidad de la toma del edificio ubicado en Diagonal Norte 760. La medida fue impulsada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y afectó el funcionamiento de juzgados y cámaras laborales.

El sindicato dispuso un cese de actividades durante toda la jornada del lunes 23 de febrero y anunció que retomó el paro este martes a partir de las 11, en el marco de la “gravísima” situación que, según denunció, atravesó el Fuero Nacional del Trabajo.

Defensa del fuero laboral

En un comunicado, la UEJN sostuvo: “Ante la gravísima situación que atraviesa el Fuero Nacional del Trabajo, y en el marco de la toma del edificio de Diagonal 760, se dispone un cese de actividades durante la jornada de hoy en toda la Justicia Nacional del Trabajo y se convoca a las y los trabajadores a asistir y respaldar la medida en el edificio tomado” .

La organización sindical también ratificó el rechazo “total” a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y al posible cierre de la Justicia Nacional del Trabajo.

El eje del conflicto fue la defensa del fuero especializado que intervino en los conflictos entre trabajadores y empleadores. Para los empleados judiciales, el traspaso a la órbita porteña implicó una modificación estructural del sistema y puso en riesgo la estabilidad institucional y laboral del sector.

Impacto sobre el trabajo cotidiano

El paro interrumpió la atención al público y el avance de expedientes en los tribunales laborales nacionales. La continuidad de la medida este martes mantuvo paralizadas las tareas desde las 11 y concentró la actividad gremial en el edificio tomado.

Los judiciales vincularon el conflicto con el contexto legislativo más amplio. Según expresaron, la situación del fuero se intensificó tras la aprobación del Proyecto de Modernización Laboral promovido por el Gobierno.

La protesta se centró en cómo el traspaso y la reforma impactaron en quienes trabajan en el fuero laboral, tanto en términos de condiciones de trabajo como de funcionamiento institucional. El sindicato convocó a sostener la presencia en Diagonal Norte y mantuvo el estado de alerta.

Hasta el momento, no hubo anuncios oficiales sobre una revisión del traspaso ni sobre refuerzos presupuestarios para el sector. La UEJN ratificó la continuidad del plan de lucha.

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La planta de Fate en San Fernando se mantuvo en las últimas horas con una permanencia pacífica de trabajadores despedidos que reclamaron la restitución de tareas y denunciaron que la empresa no acató en los hechos la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. El delegado Alejandro Assumma, representante del SUTNA, pidió que el Gobierno intervenga para garantizar la continuidad productiva y evitar la pérdida de puestos laborales.

“Le pedimos al Gobierno que intervenga”, sostuvo Assumma en diálogo con AM 530, al describir una situación que afectó de manera directa a 920 operarios de planta, a los que se sumaron 400 trabajadores terciarizados y empleados que también dependieron de la actividad industrial.

El delegado aclaró que la fábrica no estuvo “tomada”, como sostuvo la empresa, sino que los despedidos realizaron una permanencia en un sector reducido del predio. “Ocupamos un espacio de 10 m² dentro de una planta que tiene 40 hectáreas”, afirmó. Según explicó, la seguridad privada continuó operando y hubo circulación de vehículos dentro del establecimiento, por lo que rechazó la acusación patronal de impedimento productivo.

Audiencia sin acuerdo y dilación oficial

La audiencia realizada en la Secretaría de Capital Humano no modificó la postura empresaria. La compañía se negó a otorgar tareas efectivas a los trabajadores alcanzados por la conciliación obligatoria y condicionó cualquier reincorporación a que cesara la permanencia en el predio.

Assumma sostuvo que la empresa planteó como requisito que los operarios se retiraran a sus domicilios y aguardaran una eventual convocatoria posterior. “Nos dicen: ‘Retírense y en cinco días vemos si les damos tareas’. Nosotros queremos trabajar, no esperar en nuestra casa sin certezas”, afirmó.

La cartera laboral fijó una nueva audiencia para el 4 de marzo. El delegado cuestionó la extensión de los plazos ante un conflicto que se inició el 18 de febrero y que, según describió, dejó a cientos de familias sin ingresos regulares.

El impacto excedió a los trabajadores directos. En el entorno de la planta, ubicada en el denominado “barrio Fate”, la actividad comercial dependió históricamente del movimiento industrial. “El barrio nació con Fate”, explicó Assumma, y remarcó que la paralización afectó también a proveedores y comercios de la zona.

920 operarios y 5.000 familias afectadas

El delegado precisó que la planta contó con aproximadamente 920 operarios directos, sin contar personal tercerizado, limpieza y proveedores. Según su estimación, la cadena productiva involucró a alrededor de 5.000 familias.

La magnitud del conflicto se expresó también en la movilización social. El domingo previo a la entrevista, los trabajadores realizaron un festival en la puerta de la fábrica al que, según Assumma, asistieron más de 20.000 personas.

En paralelo, distintas organizaciones gremiales se acercaron a respaldar el reclamo. La CGT Zona Norte participó de actividades en la puerta del establecimiento, mientras el sindicato sostuvo asambleas permanentes.

Reclamo de continuidad productiva

El eje del planteo sindical fue la continuidad productiva. Assumma afirmó que la empresa argumentó falta de condiciones técnicas y de insumos para justificar la paralización, algo que el gremio rechazó. “Dicen que las máquinas no están en condiciones o que no hay materia prima, pero eso es falso”, sostuvo.

El conflicto se desarrolló en un contexto de debate parlamentario sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Assumma señaló que el cierre se produjo un día antes del segundo tratamiento legislativo del proyecto y vinculó la situación con cambios en el esquema de aranceles de importación que impactaron en la industria.

Sin embargo, evitó formular acusaciones sin pruebas. “Yo doy datos de la realidad. Después puedo tener especulaciones, pero no las voy a transmitir”, afirmó.

Intervención estatal en disputa

La intervención del Estado se canalizó hasta ahora a través de audiencias formales. Según el delegado, no existieron contactos directos con otras áreas del Gobierno ni con autoridades políticas de mayor rango. “La única comunicación es por medio de la Secretaría de Capital Humano”, señaló.

El sindicato también presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Allí se convocó a una audiencia paralela, a la que inicialmente la empresa no se presentó y fue intimada.

La definición oficial resultó central para el futuro inmediato de los trabajadores. Sin tareas asignadas y con la producción paralizada, la conciliación obligatoria perdió efectividad práctica si la empresa no garantizó el ingreso a planta y la asignación de funciones.

El reclamo sindical se concentró en un punto: que el Estado asegure el cumplimiento efectivo de la conciliación y abra un canal de diálogo que derive en una solución concreta. “Queremos nuestro trabajo. Necesitamos una solución real”, afirmó Assumma.

Hasta el momento, la empresa no anunció un plan de reactivación ni confirmó la reincorporación de los operarios afectados.

Los trabajadores permanecieron en la planta a la espera de la audiencia fijada para el 4 de marzo, sin tareas asignadas ni definición sobre la continuidad productiva.

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El cierre total de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores en la calle y marcó un punto de inflexión en la crisis industrial. Los operarios encontraron los portones con cadenas y un operativo policial, sin aviso previo, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización salarial en la empresa.

La histórica fabricante nacional anunció el cese definitivo de actividades tras 70 años de producción. La dotación había sido de alrededor de 3.000 trabajadores dos años atrás y quedó reducida a más de 1.500 al momento del cierre. La empresa informó que se trató de una clausura total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente, aunque no comunicó públicamente un cronograma detallado.

En paralelo al conflicto paritario, los trabajadores ya enfrentaban una pérdida de poder adquisitivo. Mientras otras empresas del sector habían adelantado aumentos a cuenta, Fate no había ofrecido anticipos y acumulaba 14 meses sin incrementos, según denunció el gremio.

El caso Fate no quedó aislado. En La Pampa, el frigorífico General Pico —creador de la hamburguesa Paty y propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein— despidió a 194 empleados y paralizó sus tres plantas ubicadas en Trenel, General Pico y Arata. Semanas antes había suspendido a sus 450 trabajadores.

La firma acumuló deudas por $34.000 millones, de los cuales $22.000 millones correspondieron a bancos públicos, y más de 1.000 cheques rechazados por más de $12.000 millones. También había informado que pasó de faenar 600 cabezas diarias a menos de 50, en un contexto de caída de ventas y retracción de exportaciones.

En Trenel, una localidad de 7.000 habitantes, 79 familias reclamaron el pago de indemnizaciones que, según denunciaron, no se abonaron en la fecha prevista.

El sector textil sumó otro capítulo. Hilado S.A., una de las principales compañías del grupo TN Platex, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para afrontar compromisos financieros y preservar la continuidad operativa. La empresa, perteneciente a la familia Karagozian, atravesó un proceso de reestructuración en un contexto de caída del consumo, aumento de importaciones y elevado costo financiero.

Hilado S.A. contó con alrededor de 800 trabajadores distribuidos en La Rioja, Monte Caseros y Tucumán. En los meses previos, el grupo acumuló cierres y despidos: 190 trabajadores en la planta de Los Gutiérrez, 100 en Las Piedritas, 50 despidos y 12 contratos no renovados en La Rioja, además de 300 reducciones en Monte Caseros durante 2025.

Los casos individuales se inscribieron en una contracción más amplia del entramado productivo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En ese período se produjo una caída neta de 21.938 empleadores y 290.602 trabajadores registrados. En noviembre de 2025, el cierre neto mensual fue de 892 empleadores.

La reducción del empleo formal se combinó con pérdida salarial. El índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. La diferencia implicó una caída real de más de dos puntos.

En ese marco, ir a trabajar también se encareció. El Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los colectivos que unen la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo pasó de $494 a $650 en febrero y se anunció otro incremento de 10% para marzo.

El cierre de Fate dejó 1.500 trabajadores sin empleo en un día. En La Pampa, 194 empleados fueron despedidos y las plantas quedaron paralizadas. En el sector textil, 800 trabajadores quedaron bajo la incertidumbre de un concurso preventivo. En dos años, el sistema perdió 290.602 puestos registrados.

Hasta el momento, ni Fate ni el frigorífico General Pico informaron públicamente fechas concretas de pago de indemnizaciones ni abrieron instancias de negociación con intervención efectiva del Estado nacional.

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La planta de Fate en San Fernando cerró por decisión de sus dueños y dejó a 1.500 trabajadores sin empleo, según confirmó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). El anuncio se conoció esta mañana mediante un comunicado empresarial que informó el cese de actividades tras 70 años de producción. Los operarios que se presentaron a las 6 de la mañana encontraron los portones con cadenas y un operativo policial en el ingreso.

Alejandro Assumma, integrante del Sutna y trabajador de la fábrica, relató en AM 530 Somos Radio que el sindicato se acercó a la planta ante rumores de cierre que circulaban desde hacía dos días. “Nos encontramos con los portones con cadenas, la fábrica militarizada”, describió. Según su testimonio, cuando el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, intentó ingresar como lo hacía habitualmente, fue detenido por efectivos policiales. “Lo detuvieron y está acá rodeado de policías”, afirmó.

La empresa comunicó que la planta cerró después de siete décadas de actividad. Assumma sostuvo que el cierre fue “totalmente desleal, sin aviso a los trabajadores”. La fábrica empleaba a más de 1.500 personas entre operarios de producción y personal administrativo. Hace dos años, según el dirigente, la dotación rondaba los 3.000 trabajadores.

El impacto social es inmediato: 1.500 familias quedaron sin su fuente de ingreso de un día para el otro, en un contexto de deterioro salarial y negociaciones colectivas paralizadas. La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización en el caso de Fate, tal como publicó trabajAR semanas atrás. En aquella ocasión, los operarios denunciaron que la empresa no presentó ninguna propuesta de recomposición salarial en el marco de la paritaria 2025 y que acumulaban más de un año sin aumentos.

Mientras Pirelli había adelantado un 20% y Firestone un 24% a cuenta de futuros acuerdos, Fate no había ofreció siquiera un anticipo. Un trabajador de la planta afirmó entonces: “Estamos cobrando un salario que perdió más del 30% de poder de compra”. La inflación acumulada en 2025 fue del 31,5%.

La falta de actualización salarial se combinó con un escenario más amplio de pérdida del poder adquisitivo. Según datos del Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales. En ese contexto, los trabajadores de Fate enfrentaron el cierre con ingresos ya deteriorados.

Assumma vinculó el desenlace con el conflicto paritario sin resolver. “Tenemos ya 14 meses que estamos sin aumento”, sostuvo en la entrevista. También señaló que el gremio esperaba una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación por ese motivo, pero que no tuvo diálogo con autoridades nacionales en las horas previas al cierre.

El dirigente afirmó que la familia Madanes Quintanilla, dueña del grupo empresario, al que identificó como parte de un holding con inversiones en energía y aluminio, decidió reorientar la inversión hacia el sector eléctrico. “Está dejando a 1.500 trabajadores en la calle”, denunció. No hubo, hasta el momento, información oficial de la empresa sobre el pago de indemnizaciones ni sobre eventuales retiros voluntarios.

Durante la mañana, un grupo de trabajadores ingresó a la planta y se subió a los techos en señal de protesta, según relató Assumma. El gremio convocó a una permanencia en la puerta de la fábrica y pidió la liberación inmediata del secretario general detenido. “Estamos llamando a todos los compañeros que se acerquen y a todas las organizaciones que se solidaricen con esta lucha”, expresó.

El cierre de Fate se produjo en un clima de fuerte tensión sindical por el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En las últimas semanas, distintos gremios denunciaron retrocesos en derechos de los trabajadores. En el sector del neumático, los trabajadores ya habían advertido que la negociación fragmentada por empresa anticipaba un esquema regresivo .

La planta de San Fernando concentraba una parte central de la producción nacional de neumáticos. Con su cierre, el sector quedó reducido a las multinacionales que operan en el país, Pirelli y Firestone. El Sutna se encontraba en plan de lucha frente a las tres empresas que concentraban la producción nacional, entre ellas Fate .

La empresa no informó públicamente un cronograma de pago de indemnizaciones ni abrió una instancia de diálogo con el sindicato. Los operarios permanecían esta tarde en la puerta de la planta, mientras el gremio exigía la liberación de su secretario general y la intervención del Estado nacional.

¿Qué dice el comunicado de la empresa?

El comunicado de la compañía informó: “Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”.

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Al respecto, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

El cierre es el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:

En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

En este marco, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.

JJD, con información de NA

La paralización de tres plantas de Lácteos Verónica dejó a 600 trabajadores sin tareas y con salarios adeudados desde diciembre, en un conflicto que se profundizó durante enero y que, al 12 de febrero, continuó sin resolución. La planta de Clason, ubicada sobre la ruta 34 a unos 70 kilómetros de Rosario, interrumpió sus actividades el 10 de enero tras el corte del servicio de transporte que trasladaba a los operarios desde Totoras, San Genaro y localidades cercanas. Las plantas de Lehmann y Suardi también dejaron de producir por falta de materia prima e insumos.

Según explicó en AM 530 el delegado Marcelo Muzzio, la empresa dejó de pagar el transporte del personal, lo que obligó a los trabajadores a organizar traslados con vehículos propios y del gremio durante dos semanas. Luego, la imposibilidad de sostener ese esquema derivó en la interrupción total de tareas. En la planta de Clason trabajan 160 personas, aunque desde enero solo ingresaron entre 20 y 30 por día para tareas mínimas de resguardo.

El conflicto incluyó una propuesta empresarial de retiros voluntarios al 50% de la indemnización. De acuerdo con el delegado, parte del personal aceptó esa oferta ante la incertidumbre sobre la continuidad productiva. Sin embargo, la empresa no cumplió con los pagos comprometidos: abonó dos o tres cuotas y luego interrumpió el cronograma. Muzzio afirmó que cuando el cuerpo de delegados rechazó esa opción, el dueño reiteró la propuesta pese a los incumplimientos previos.

A la deuda por los retiros se sumó el atraso salarial general. Los trabajadores denunciaron que la empresa adeudó los sueldos de diciembre y enero, además del aguinaldo, y que la última transferencia fue de $20.000 un día y $17.000 al siguiente. Esos montos no cubrieron el salario mensual ni compensaron los meses impagos. El delegado sostuvo que la situación generó una incertidumbre total sobre la continuidad laboral y el cobro de indemnizaciones.

En paralelo, circularon versiones sobre posibles compradores interesados en las plantas. Muzzio mencionó que hubo recorridas de inversores y que se habló de empresas del sector como Saputo y Savencia, además de firmas radicadas en Córdoba. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre una operación de venta ni comunicación formal a los trabajadores. El delegado aseguró que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó al dueño a una reunión, pero que no brindó precisiones sobre el futuro de la compañía.

La ubicación de las plantas es un dato central del conflicto. Clason, Lehmann y Suardi se encuentran en una de las principales cuencas lecheras del país, con provisión de materia prima en un radio cercano. “La leche está al pie del cañón”, afirmó Muzzio, al remarcar que la empresa no dependía de traslados extensos para abastecerse. La interrupción no respondió a una falta estructural de producción primaria en la zona, sino a decisiones empresariales y a la paralización de insumos y pagos.

El conflicto se inscribió en un contexto más amplio de deterioro salarial y debate legislativo. Según datos del Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, frente a una inflación de 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos. Más del 80% de la masa salarial relevada tuvo aumentos por debajo de la inflación acumulada, lo que impactó de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores formales . En ese marco, la falta de ingresos durante dos meses profundizó la vulnerabilidad de las familias afectadas.

Además, el Gobierno impulsó en sesiones extraordinarias un proyecto de reforma laboral que incluyó cambios en indemnizaciones, período de prueba y derecho de huelga, según la cobertura de trabajAR . Los delegados de Verónica advirtieron que el escenario legislativo reforzó la incertidumbre sobre el valor de las indemnizaciones y la estabilidad futura, en un contexto donde ya se ofrecieron retiros al 50% y se incumplieron pagos.

Los trabajadores realizaron asambleas, movilizaciones locales y evaluaron cortes parciales sobre la ruta 34, aunque reconocieron las limitaciones para sostener medidas prolongadas. También analizaron la alternativa de conformar una cooperativa, tomando como antecedente la experiencia de Cotar en la región, pero señalaron que la prioridad inmediata fue garantizar el cobro de salarios adeudados o la aparición de un comprador que mantuviera las fuentes laborales.

Al cierre de esta nota, la empresa no confirmó la reanudación de actividades ni presentó un cronograma de pago de salarios e indemnizaciones. Las plantas continuaron paralizadas y los trabajadores permanecieron sin certezas sobre su continuidad laboral.

JJD

Hoy hay trenes en casi todo el país porque el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria y desactivó el paro nacional que La Fraternidad había resuelto para este jueves. La medida frena la huelga, garantiza la prestación del servicio y obliga al sindicato y a las empresas a retomar el diálogo, pero no resuelve el conflicto salarial que originó la protesta ni modifica la oferta rechazada por los trabajadores.

La conciliación obligatoria rige desde las 00:00 de este jueves, 5 de febrero, por un plazo de 15 días, según el comunicado oficial difundido por la cartera que conduce la política laboral. Durante ese período, las partes deben retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y asegurar el funcionamiento normal de los trenes, evitando demoras, cancelaciones o cualquier afectación a los usuarios. En los hechos, el impacto es inmediato: el paro no se hace y los servicios circulan.

El levantamiento de la medida de fuerza alcanza a los trenes urbanos, regionales y de larga distancia. La única excepción es un ramal de la línea Mitre, que hoy no funciona por obras de infraestructura previamente anunciadas y que no están vinculadas al conflicto gremial. Esa interrupción ya estaba programada y se mantiene al margen de la conciliación dictada por el Gobierno.

El paro había sido resuelto luego de que las empresas presentaran una propuesta salarial que el gremio consideró insuficiente. La oferta incluye un aumento del 2% sobre el salario de diciembre y subas en torno al 1% para enero, febrero y marzo, porcentajes que La Fraternidad rechaza por quedar por debajo de la inflación. El reclamo central del sindicato es una recomposición que permita recuperar el salario real, deteriorado de forma sostenida desde el cambio de gobierno.

Según lo publicado en la cobertura previa del conflicto, los trabajadores ferroviarios perdieron un 56% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Ese dato fue uno de los ejes de la decisión de ir al paro. La conducción gremial sostuvo que las paritarias quedaron congeladas frente al avance de los precios y que las propuestas empresarias no compensan esa caída.

Tras la decisión oficial, el sindicato acata la conciliación y deja sin efecto las medidas de fuerza anunciadas. Sebastián Maturano, secretario gremial de La Fraternidad, afirma que la negociación salarial resulta “en vano” y remarca que el conflicto no se soluciona, solo se suspende por imposición del Estado. La conciliación abre ahora una ventana de dos semanas para negociar, sin garantías de que la oferta mejore.

Desde el Gobierno, el comunicado oficial presenta la medida como una herramienta para promover el diálogo social y resolver el conflicto sin afectar a los usuarios. La intervención estatal prioriza la continuidad del servicio ferroviario, pero no anuncia una nueva propuesta salarial ni fija una fecha concreta de paritaria con una mejora para los trabajadores. El énfasis está puesto en que hoy haya trenes, no en cómo se resuelve el reclamo de fondo.

La situación de los ferroviarios se inscribe en un escenario más amplio de conflictos laborales marcados por la pérdida del salario real. Las negociaciones colectivas que quedan por detrás de la inflación se repiten en distintos sectores, mientras el Gobierno utiliza la conciliación obligatoria como mecanismo para frenar paros y garantizar servicios esenciales. En ese esquema, el salario queda en segundo plano frente a la urgencia de desactivar medidas de fuerza.

Durante los próximos 15 días, La Fraternidad y las empresas ferroviarias deben volver a sentarse a negociar bajo el marco legal de la conciliación. Si no hay acuerdo al finalizar ese plazo, el gremio queda habilitado para retomar las medidas de fuerza, tal como establece la legislación vigente. El resultado de esas conversaciones es clave para miles de trabajadores que reclaman recuperar ingresos frente a la inflación.

Por ahora, hoy hay trenes, pero no hay acuerdo salarial. La conciliación obligatoria levanta el paro y ordena seguir negociando, sin resolver la pérdida del poder adquisitivo denunciada por los trabajadores. Al cierre de esta nota, no hay anuncio de una mejora en la oferta ni de una recomposición que supere a la inflación, y el conflicto permanece abierto.

JJD

El país atraviesa una escalada persistente de conflictos sociales y laborales como respuesta a la fuerte pérdida del poder adquisitivo de quienes trabajan. En un contexto de ajuste, congelamiento salarial y desregulación, diversas organizaciones sindicales y movimientos sociales comienzan hoy una nueva etapa de movilizaciones, con epicentro en el Congreso Nacional, donde se debate el proyecto oficial de reforma laboral.

La protesta arranca a las 17 horas con una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso y continuará con una radio abierta en la vía pública. Participan sindicatos de base, movimientos piqueteros, agrupaciones de jubilados y representantes de medios de comunicación que presentarán un petitorio para preservar el Estatuto del Periodista Profesional, amenazado por la reforma.

El plan de lucha fue votado durante el fin de semana en distintos plenarios obreros y piqueteros. La articulación incluye a trabajadores despedidos de Lustramax, la Mesa Coordinadora del Norte del Conurbano, la UTEP y sindicatos como UOM, Bancarios y ambas CTA. Las organizaciones impulsan un paro nacional activo el día que se trate la reforma en la Cámara alta.

Caída del salario y conflicto abierto

La protesta se da en paralelo a un deterioro salarial extendido. Entre enero y noviembre de 2025, los salarios registrados subieron 25,6%, frente a una inflación del 27,9%, según datos del Indec. La caída real supera los 2 puntos porcentuales en promedio y golpea con más fuerza al empleo público nacional, donde el alza fue apenas del 19%.

En sectores como el transporte, la pérdida es mucho mayor. Los choferes de la Línea 60, por ejemplo, acumulan una caída real del 61,87% en dos años, con salarios congelados y sin reapertura paritaria. “Estamos por debajo de la canasta. El salario está devaluado y no alcanza para lo básico”, denunció Esteban Simonetta, delegado gremial.

Frente a este panorama, cada vez más trabajadores abandonan actividades formales para buscar ingresos en la informalidad o en plataformas digitales, según advierten desde los sindicatos.

Una reforma en debate y resistencias

El Congreso sesiona en período extraordinario hasta el 27 de febrero, y la reforma laboral es uno de los proyectos centrales. El texto enviado por el Ejecutivo plantea cambios en la jornada de trabajo, la modalidad de contratación, las indemnizaciones y el régimen de sanciones.

Uno de los puntos más cuestionados es la figura del “banco de horas”, que permitiría a las empresas modificar unilateralmente los tiempos de trabajo sin pagar horas extra. “Ese esquema lo decide el patrón, no el trabajador. Es inconstitucional y elimina toda previsibilidad”, advirtió Jorge Sola, cosecretario de la CGT.

En la misma línea, el secretario general de los Aceiteros, Daniel Yofra, sostuvo que se trata de una “modernización al servicio de los empresarios” y llamó a salir a la calle: “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya demostraron que pueden votar en contra de los trabajadores”.

Golpe a provincias y estatuto del periodista

Otro eje de conflicto es la modificación del impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto. Los gobernadores peronistas y aliados se reúnen hoy en CABA para evaluar su impacto, ya que la rebaja implicaría una caída en la coparticipación nacional y, por ende, en los recursos provinciales.

En simultáneo, se presentará en el Congreso un petitorio firmado por periodistas de diversas orientaciones políticas que rechazan la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional. Denuncian que la iniciativa oficial implica una derogación encubierta del régimen laboral específico del sector.

Los plenarios preparatorios se realizaron en Lomas de Zamora, Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con participación de delegados, activistas y referentes políticos como Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian Castillo. La exigencia común fue clara: parar el país el día que se trate la ley y rodear el Congreso con columnas de trabajadores.

El conflicto de Lustramax, donde la empresa despidió sin telegrama a 24 trabajadores –incluidos dos delegados gremiales– y desconoció la conciliación obligatoria, se convirtió en caso testigo de la ofensiva antiobrera. “No vamos a esperar pasivamente. Este conflicto busca sentar un precedente contra la organización sindical”, advirtió Leandro Gómez, delegado de la planta de Tortuguitas.

JJD