Gran parte del trabajo del Poder Judicial es resolver conflictos, tensiones y controversias. Cuando estos conflictos se refieren a la vida familiar y a los vínculos afectivos, la importancia de lo que está en juego se refleja en el impacto que tiene en nuestras vidas cotidianas.

La práctica jurídica está repleta de formalismos y rituales. Algunos son obligatorios, requeridos por los propios procedimientos legales; otros solamente están enraizados en la costumbre y la reiteración. Entre estos, es usual finalizar los escritos con la síntesis de lo que se solicita al juzgado o tribunal (el ‘petitorio’) y luego se inserta la fórmula que se repite como un mantra: “resolver de conformidad, será justicia”. Traducido, es un pedido para que evalúen los argumentos, se consideren las pruebas, se analice su impacto en el caso y se responda a la solicitud porque de esa manera “se hará justicia”.

La extensión de los procesos, las barreras multiplicadas por la distancia que separa a la mayoría de las personas de los lugares donde se desarrollan los procesos judiciales, los costos económicos y personales, se agravan por la opacidad de los procedimientos y las demoras en resolver los temas que se plantean. Muchas personas y organismos dentro del sistema de administración de justicia son conscientes de la necesidad de acercar el servicio a la población y hacen esfuerzos en ese sentido, aún cuando saben que todavía no alcanzan.

Incorporar una perspectiva de género en el proceso judicial fue una de las estrategias para abordar los sesgos de un sistema que tendía (y todavía lo hace) a desestimar la palabra y las experiencias de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, aplicando de manera defectuosa el derecho, tomando decisiones sesgadas, basadas en preconceptos y prejuicios.

Lejos de significar que “juzgar con una perspectiva de género” le da automáticamente la razón a las mujeres, implica que debe asegurarse analizar las pruebas, los argumentos y los contextos de una manera que tome en consideración las distintas miradas y posiciones.

Este es el consenso de la comunidad internacional, tal como muestra el pronunciamiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que sostiene que el deber de incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia “implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de erradicar la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder” contribuyendo a la construcción de un Estado “respetuoso de los derechos humanos” (Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 2023).

Pero lo cierto es que el actual contexto de fuerte polarización en América Latina (aunque no solo en esta región) se enfoca en ciertos temas que van tensando las agendas: la economía, la seguridad y los valores culturales.

En su reciente libro ¿Ideología de género? Disputas políticas sobre la diferencia sexual, Marta Lamas (2025) repasa un devenir de posicionamientos políticos contra la perspectiva de género o “ideología de género” que avanza en la región desde hace más de una década. La antropóloga mexicana recupera una serie de ejemplos de América Latina, Europa y Estados Unidos para trazar un panorama de gran preocupación, con consecuencias muy concretas. En su libro, Lamas afirma que “la consecuencia es un aumento de ambientes muy agresivos en varias universidades y una atmósfera hostil que está forzando a muchas académicas a cambiar sus líneas de trabajo. El objetivo de los ataques de todo tipo contra los estudios de género es el de desprestigiarlos y ponerlos por fuera de la ley”.

Ya en el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió con preocupación sobre estos intentos en la región, en los que se impugnaba el uso de la perspectiva de género con referencias peyorativas como “teoría y/o ideología de género”. La CIDH resaltó que “la perspectiva de género no es una 'teoría', mucho menos una 'ideología', sino (...) una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres y contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas; y un concepto que busca visibilizar la posición de desigualdad y de subordinación estructural de las mujeres a los hombres en razón de su género” .

El sistema de administración de justicia cumple un rol fundamental en la defensa y la protección de los derechos de las personas. Más aún en contextos de desarticulación de políticas de protección de la violencia por razones de género, deslegitimación de las conquistas feministas y aumento de las desinformaciones en estas agendas, es fundamental contar con el Poder Judicial como espacio de protección, reparación y cuidado.

Surge ahora como una preocupación de ciertos sectores la iniciativa de penalizar de manera agravada lo que consideran “falsas denuncias” vinculadas con violencia de género. Es posible que un hecho que se denuncia no pueda probarse en juicio. Eso no quiere decir que sea mentira o que se haya planteado una “falsa denuncia”. En todo caso, para evitar generar más dolor y para reparar los daños a quienes son víctimas, ya sea de una situación de violencia o una denuncia falsa, hay que mejorar los tiempos y procesos judiciales. Este proyecto no resuelve el problema sino que lo agrava.

El mismo Ministerio de Seguridad de la Nación afirma que los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro. Según su informe de estadísticas criminales: “Por sus características, los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro, debido a los procesos de estigmatización que sufren las víctimas. Los cambios en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las respuestas institucionales y en las políticas estatales, impactan en los niveles de denuncia.”

Si se aprueban los proyectos presentados, lo más probable es que menos personas se animarán a denunciar, menos testigos se atreverán a declarar, más víctimas enfrentarán represalias judiciales por atreverse a hablar. Es difícil imaginar que la consecuencia sea otra que la consolidación de un uso regresivo del derecho penal para disuadir la búsqueda de ayuda.

Amenazar con perseguir penalmente en los casos que no se logre probar que ha existido violencia, ¿contribuirá a que “sea justicia”? Antes que actuar a través de la amenaza penal, el Poder Judicial debe enfocarse en trabajar con la mayor celeridad posible, libre de prejuicios, con el foco puesto en las personas. Y desde esa perspectiva, dedicar esfuerzos para reparar los daños generados por las experiencias de violencia que (se espera, se desea) no marquen de manera indeleble las vidas de las personas.

NG/MG

La velocidad del presente parece una marca de la época. La sucesión de noticias, anuncios, acciones pueden dejar poco espacio para la reflexión pausada; para evaluar, poner en contexto y encontrar los hilos que unen la presión sobre algunos temas y la indiferencia ante otros.

Un ejemplo es el caso del Hospital Garrahan que conmueve por el destrato a profesionales de la salud y personas trabajadoras de un hospital modelo y motivo de orgullo. Un equipo de personas que brinda contención, atención, cuidados a niños, niñas, adolescentes y a sus familias en momentos cargados de angustia. Es difícil de comprender el ensañamiento de funcionarios públicos con la entrega profesional y humana que, en el rostro de profesionales de ese hospital, reflejan a todo el sector de la salud pública. Con falsedades, tergiversación de datos y ningún apego a la evidencia, se multiplican discursos cargados de perjuicios y desinformación.

¿Cual es el objetivo? ¿Proteger qué? ¿A quién?

En otro espacio, con estrategias similares, avanzan iniciativas que tampoco parecen encaminadas a defender el bien común ni proteger a las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

Hace pocos días, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación aprobó un dictamen favorable para reformar el Código Penal y agravar las penas en lo que denomina “falsas denuncias”, exclusivamente cuando se trata de denuncias vinculadas con la violencia de género, contra la integridad sexual o contra menores de edad.

La preocupación que plantean quienes defienden esta iniciativa es que una denuncia falsa podría generar perjuicios irreparables a las personas afectadas, genera un dispendio de recursos públicos y tergiversa el uso del sistema de administración de justicia. Esta preocupación es atendible. Sin embargo, al enfocarse únicamente en casos que involucran violencia por razones de género o situaciones que vulneran la integridad sexual de niños y niñas, la reforma que se propone refuerza prejuicios históricos sobre quienes atraviesan esas situaciones y suma una barrera adicional a las muchas que enfrentan en el acceso a la justicia cuando deciden pedir ayuda. Además, la amenaza penal para quienes planteen una denuncia o declaren en un juicio por delitos contra menores de edad (que eventualmente no puedan ser probados por la justicia) aumenta la desprotección de niños, niñas y adolescentes. Muchas de las personas que efectivamente declaran en juicios o advierten con preocupación situaciones que podrían ser de vulneración de derechos de niñas y niños son, justamente, profesionales de la salud.

Vale la pena preguntarse nuevamente: ¿cual es el objetivo? ¿Proteger qué? ¿A quién?

¿Hay falsas denuncias?

En Argentina no hay estadísticas oficiales sobre denuncias falsas, en general. Tampoco hay estadísticas específicas sobre la existencia de denuncias falsas en casos que involucren violencia por razones de género. Sin embargo, sí hay evidencia que indica que son muy pocas las mujeres que denuncian o buscan ayuda. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022), 1 de cada 2 mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero solo 1 de cada 4 buscó ayuda o llegó a denunciar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estudios realizados muestran cifras similares: en 2018 el 22% de las mujeres que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda en alguna institución pública, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30% (ELA y DGEC Gob. de la Ciudad de Buenos Aires, 2023).

La violencia por razones de género en parejas actuales o pasadas es muy preocupante porque, en sus casos más extremos, puede llevar al asesinato de estas mujeres. Los últimos datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema evidencian que, de 228 víctimas directas de femicidio en el año 2024, 54% fueron agredidas por una pareja o ex pareja. Además, el 86% de las víctimas conocía al agresor y en el 42% de los casos incluso convivían. Sin embargo, sólo el 18% de las mujeres que resultaron asesinadas había denunciado al victimario y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho (Oficina de la Mujer de la CSJN, 2025).

En el caso de los delitos contra la integridad sexual, el Informe del Sistema Nacional de Información Criminal del ministerio de Seguridad señala que, de 36.593 víctimas de este delito en 2024, el 72,9% son mujeres. La mayoría de los delitos incluyen abuso sexual simple y agravado, tentativa de abuso sexual, corrupción de menores, difusión de imágenes pornográficas de menores, ciber-acoso sexual infantil, entre otros. Y es el propio ministerio el que afirma que “por sus características, los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro, debido a los procesos de estigmatización que sufren las víctimas. Los cambios en la percepción social sobre la violencia sexual, así como en las respuestas institucionales y en las políticas estatales, impactan en los niveles de denuncia” (pág. 30). Compartimos el diagnóstico pero aumentar las penas argumentando que hay “denuncias falsas” frente a delitos que no logren probarse, no parecería ser la mejor estrategia.

Según ONU Mujeres (2024), las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos a nivel mundial. En los pocos países que cuentan con estimaciones oficiales sobre este fenómeno, como España, el porcentaje promedio de denuncias falsas por violencia de género es de apenas el 0,0084% (Fiscalía General de España, datos correspondientes al periodo comprendido entre los años 2009 y 2021).

En el caso de Argentina, según una nota publicada en la revista Quorum, existen estimaciones del Consejo de la Magistratura que indicarían que menos del 3% de todas las denuncias penales –no sólo las vinculadas con violencia de género– terminan catalogadas como falsas o infundadas.

Al revisar el portal web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las causas por denuncias falsas suelen estar principalmente vinculadas a delitos económicos, de falsificación y aduaneros (estafas, defraudaciones a seguros, contrabando). La proporción de mujeres imputadas en dichos casos es muy baja y ninguno fue por denuncias de violencia de género.

Si la intención del proyecto de ley fuera limitar las denuncias falsas porque implican una tergiversación del sistema de administración de justicia, impiden el normal desenvolvimiento de la administración pública y generan un mal uso de recursos estatales, sería razonable abordar a todas ellas y no limitar la iniciativa a las que se enfocan en un grupo específico de causas que, como se ha visto, están muy lejos de ser una parte significativa.

Sin ampararse en datos o estadísticas confiables, el proyecto de ley que se impulsa desde el Senado instala un sentido común basado en mitos y estigmas hacia las mujeres: se las considera “mentirosas” o “mendaces”, “fabuladoras”, “manipuladoras” o “instrumentales”, y capaces de “instalar ideas” en sus hijos o hijas.

La forma en que el proyecto propone regular este delito por supuesta “falsa denuncia” implicaría habilitar el uso del derecho penal como política criminal contra las mujeres que denuncien delitos en contexto de violencia por razones de género, o contra cualquier persona (madres, padres, familiares en general) que denuncien situaciones de abuso sexual cometidas contra niños y niñas.

La amenaza penal funcionará efectivamente como un desincentivo para buscar protección del Estado frente a situaciones de gran vulnerabilidad, restringiendo así sus posibilidades de protección y acceso a la justicia.

No todo hecho que no haya podido probarse se debe a una “falsa denuncia”, sobre todo en este tipo de casos que suelen ocurrir en lugares íntimos y alejados de la vista de terceras personas. Lo importante sería lograr que la resolución judicial (en uno u otro sentido) no se extienda indefinidamente en el tiempo y que se haga de modo tal que evite la revictimización de las personas involucradas en el proceso.

En definitiva, necesitamos analizar los problemas complejos libres de prejuicios, con datos confiables, en diálogos honestos y no cargados de una intencionalidad que solo busca desacreditar al otro, como si el “el otro” no fuéramos también nosotros mismos.

A un año y medio de iniciada la gestión del Gobierno, sigue sin haber ni una iniciativa que solucione los problemas y mejore la calidad de vida de quienes atraviesan situaciones de violencia por razones de género. Lo que queda claro es que el ensañamiento de algunos funcionarios públicos se enfoca en los niños, niñas, adolescentes y mujeres que más necesitan de protección.

Uno de los problemas de la época es la ausencia de conversación pública en base a evidencia, a argumentos, a razones públicas que expliquen las decisiones y permitan un intercambio de puntos de vista. Este es unos de los rasgos de la crisis en la credibilidad de las instituciones que en definitiva erosiona la confianza en la democracia. Sucede con las decisiones de la justicia que no se explican de manera sustantiva y comprensible para la ciudadanía; sucede con las definiciones legislativas a veces apuradas y sin tiempo para la (naturalmente trabajosa) construcción de consensos transversales. Y sucede también con las decisiones de política pública a cargo de quienes tienen la responsabilidad de avanzar en definiciones que tendrán impacto en la vida de muchas personas.

Esa ausencia de razones públicas es lo que llama la atención (o quizá no tanto) en relación con la desarticulación de una de las políticas más eficaces, más transparentes y sostenidas de los últimos años, que fue el plan para prevenir el embarazo en la adolescencia en base a la difusión de información, la construcción de un andamiaje que favorecía la cercanía entre el sistema educativo y los espacios de atención de la salud, y la posibilidad de acceder de manera fácil a los métodos anticonceptivos. Esa política pública era conocida como Plan ENIA.

La información y la disponibilidad de herramientas para poder decidir es emancipadora. ¿Por qué no querer eso para los adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad, de nuestras familias? No hay decisión más profundamente íntima y personal que aquella que involucra la sexualidad y la reproducción. Al mismo tiempo, decidir tener hijos o no, el momento, la oportunidad, la pareja, el proyecto de vida en el que se inscribe, es una de las decisiones más transformadoras en la vida de una persona. Cualquiera sea la circunstancia en que tomemos esa decisión, sus consecuencias (si tenemos suerte) nos acompañarán toda la vida.

¿Por qué no habría de ser prioritario para un estado liberal que respeta las decisiones individuales, contribuir a las mejores condiciones posibles para que adolescentes y jóvenes se acerquen a esa decisión, la planifiquen y elijan (eventualmente, si esa fuera su decisión) para el momento que consideren más adecuado en el transcurso de sus vidas?

Pues bien, las razones para no hacerlo, para no priorizar la continuidad y eventualmente la mejora de esa política pública que trascendió gestiones políticas nacionales, no las conocemos. No son razones públicas.

La evidencia muestra que el embarazo en la adolescencia impacta en los logros educativos de las mujeres que son madres: sólo el 38% de las que fueron madres en la adolescencia (entre 10 y 19 años) completó la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madres en edad adulta completó ese nivel. Asimismo, las mujeres que fueron madres en la adolescencia resultan afectadas por la inactividad laboral en un 25% más respecto de quienes lo fueron en la primera década de la edad adulta (de 20 a 29 años). La maternidad temprana es uno de los factores determinantes en la reproducción intergeneracional de la pobreza, con consecuencias de largo plazo para toda la vida.

Para dar respuesta a esta problemática que no solo impacta en las vidas de las mujeres sino también en el desarrollo económico del país, durante seis años se implementó el Plan ENIA (Plan para la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia). En ese plan, el gobierno nacional ocupó un rol rector clave: se compraron insumos y se brindó apoyo técnico, recursos y personal en las provincias con el objetivo de sostener espacios de consejerías en salud sexual y reproductiva, actividades de promoción comunitarias, educación sexual integral y asesorías en las escuelas.

Sin atender los resultados probados del plan (se redujo el embarazo adolescente a la mitad) y sin considerar la racionalidad y la eficiencia de esta política en relación con la distribución de fondos públicos (es más racional y más económico invertir en la prevención de embarazos no deseados que en mitigar las consecuencias de la pobreza que reproduce), estas razones no alcanzaron para torcer la decisión del gobierno nacional de desfinanciar el plan y retirarse de su implementación.

En un comunicado del mes de abril de 2024, el Poder Ejecutivo indicó que continuaría con el desarrollo del Plan a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos. Sin embargo, a más de un año el gobierno no ha presentado ninguna propuesta integral y el presupuesto destinado a insumos muestra un gravísimo ajuste.

La desinversión en el Plan ENIA resultará en un aumento de mujeres que no completarán su educación ni accederán al mercado laboral, lo que se traducirá en menores ingresos propios pero también una pérdida de productividad a la sociedad equivalente a 0,14% del PIB y una pérdida de ingresos fiscales para el Estado estimada en USD 66 millones al año, según estimaciones de UNFPA. Desfinanciar el Plan ENIA no sólo pone en peligro la salud y los derechos de adolescentes e implica un retroceso en la lucha contra la pobreza intergeneracional, la deserción escolar y el acceso a empleos de calidad para las juventudes. También es contraproducente para el desarrollo económico del país. ¿No era ese uno de los propósitos que guían a esta administración?

Una prueba del apoyo transversal que había cosechado la implementación de esta política pública dirigida a adolescentes y jóvenes es que referentes de distintos sectores políticos presentaron iniciativas legislativas en el Congreso Nacional. En el transcurso del año 2024, integrantes del PRO, Unión Por la Patria y Encuentro Federal presentaron proyectos que, con distintos matices, buscan convertir en ley nacional el Plan. Todos reconocen sus resultados e impactos.

La preocupación por el sostenimiento del Plan ENIA también llegó a instancias internacionales. En septiembre de 2024, Argentina presentó su séptimo exámen ante el Comité de los Derechos del Niño, órgano internacional encargado de dar seguimiento al cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño. En esa oportunidad, comisionados presentes en la audiencia le consultaron a representantes del Estado cómo pretende llevar adelante esta política pública, siendo que se encuentra desfinanciada en términos de insumos y equipos operativos. Sin embargo, los representantes nacionales omitieron dar respuesta a este interrogante.

En este contexto y advirtiendo las consecuencias de la desarticulación del Plan ENIA, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes presentó una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Salud de la Nación en representación y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de las doce provincias donde el Plan ENIA se desarrollaba, solicitando que se ordene al Ministerio de Salud que garantice la plena implementación del ENIA en todas aquellas jurisdicciones donde se desarrolló. Más allá de los desafíos institucionales que actualmente atraviesa esa Defensoría (cuyas autoridades cesaron en su mandato y se encamina un nuevo concurso público para la nueva designación), el proceso judicial está en curso.

El Estado nacional tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que todas las personas puedan gozar de sus derechos fundamentales, no importa dónde vivan. Desfinanciar el Plan ENIA va exactamente en el sentido contrario. Si no era este el diseño, el alcance, la modalidad de implementación preferida por el Estado nacional, sería bueno conocer las razones por las cuales se prefiere otra modalidad que se presente como más adecuada, más exitosa, más eficiente. Esas son las razones que están faltando en un debate público que no llega.

Tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo tienen hoy la oportunidad de ser protagonistas en la tarea de proteger a los adolescentes y jóvenes frente a la consumación de estas regresiones en sus derechos sexuales y reproductivos. La pregunta es si participarán de la protección o permitirán que se consolide el abandono.

Por momentos se parece a una práctica de esgrima, una suerte de espadeo dialéctico. Que si bajaron los femicidios, si subieron las denuncias, si se recortaron fondos, si se malgastaron los recursos. Que si somos nosotros, si son ustedes, si fueron ellos que hicieron bien o mal tal o cual cosa.

¿A quién le importan todos estos números, después de todo? La discusión no se plantea por interés académico ni puntilloso apego a la evidencia, sino más bien todo lo contrario. Los datos parecen usarse para endilgarle la responsabilidad o la omisión a uno y otro lado de la grieta. Y, a esta altura, ya es difícil saber de qué grieta estamos hablando, si de uno y otro lado del cerco ideológico pocos parecen reivindicar como un tema central entre sus prioridades la protección de las mujeres o las políticas que promueven la igualdad.

Es curioso, porque el problema sigue allí.

Este próximo 3 de junio se cumplen 10 años de la primera vez que se empezó a usar la expresión #NiUnaMenos como sinónimo de advertencia y llamado a la acción. Advertencia por la preocupación frente a la violencia en relaciones de pareja, en la calle y en los empleos que tenía y tiene a las mujeres entre sus principales destinatarias. Llamado a la acción, por la responsabilidad que le toca a los poderes públicos frente a un grave problema social. Este movimiento no surgió de un partido político ni fue el resultado de una política de Estado. Fue la suma de voces colectivas amplificadas por periodistas y comunicadoras, de algo que apenas rozaba la superficie de la conciencia social y que generó políticas e iniciativas interesantes, pero aún incipientes.

A quienes nos importa conocer los datos nos mueve el deseo de querer entender, como único mecanismo útil para poder hacer algo respecto de un problema que sigue allí y que no desaparece aún cuando desde algunos sectores insistan en pelearse con la evidencia. 

¿Bajaron los femicidios?

El gobierno nacional afirma que los homicidios de mujeres bajaron un 14,3% y eso demostraría (en su mirada) que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad solo malgastaba recursos públicos. Bueno, vamos por partes.

Afirmar que la violencia de género bajó porque bajaron los homicidios es tergiversar el debate. Primero, porque el dato de homicidios no es un indicador riguroso para hablar de violencia de género en términos amplios y el homicidio de una mujer no es sinónimo de femicidio (que solo es tal cuando se da en un contexto de violencia de género). La institución que registra los femicidios de manera rigurosa desde hace una década es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en base a datos relevados por los poderes judiciales de las provincias. 

Segundo, porque los femicidios se mantienen prácticamente estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año. La relativa estabilidad de esta cifra (que se repite en los países de la región) muestra que se trata de un problema estructural que necesita mucho más trabajo de prevención y acompañamiento, antes de que la violencia adquiera formas más graves que pueden llevar al desenlace fatal. 

Tercero, porque lo cierto es que no hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia. Afortunadamente, la mayoría de las mujeres que viven en relaciones violentas no es asesinada pero eso no quiere decir que la violencia haya disminuido. Con el desmantelamiento de muchos programas y espacios de atención, es posible también que haya menos mujeres buscando ayuda aunque, por el momento, la información de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema no parece indicar una disminución en los pedidos de asistencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, el sistema de medición dejó de relevar la información de todo el país y se dejaron de publicar las estadísticas que podrían echar alguna luz sobre la cantidad de denuncias.

No podremos saber si hay más o menos denuncias de violencia si no podemos confiar en la rigurosidad de la información. Las estadísticas son importantes para poder hacer mejores políticas públicas, no para tratar de afirmar una idea sesgada.

El problema de la falta de datos confiables y completos tampoco es un problema nuevo, ni exclusivo de la Argentina. El Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará (2025) lo explica así: “En términos generales, la falta de datos impide el desarrollo de políticas basadas en evidencia. Las políticas públicas que buscan mejorar el acceso a la justicia deben basarse en datos confiables y desagregados que permitan identificar patrones de violencia, comprender las barreras que enfrentan las mujeres en los sistemas judiciales y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. La mayoría de los Estados analizados no recopila ni publica esta información de manera adecuada, lo que limita la capacidad para diseñar y evaluar políticas efectivas y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención de Belém do Pará” (párrafo 507 del Informe).

Si tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires la información relevada a lo largo de los últimos años indica que el 50% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior parece claro que tergiversar el debate es negar una realidad que muchas niñas, adolescentes y mujeres vivimos todos los días. 

Esconder los femicidios entre los homicidios de mujeres, ignorar las situaciones previas que pueden llevar hasta la violencia extrema, negarse a prevenir a través de una estrategia de atención temprana, es una forma de justificar la ausencia del Estado.

Si ni los femicidios ni la violencia se redujeron en estos años, ¿el Estado malgastó sus recursos? 

Supongamos por un momento que hay un interés genuino en hacer un uso más racional y cuidadoso de los recursos públicos. Podría ser una pregunta válida indagar sobre la distribución del presupuesto en gestiones anteriores. Los datos, sin embargo, no justifican el nivel de ensañamiento con el que se analiza la gestión del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Seguramente, otra sería la calidad de las instituciones públicas si se dedicara el mismo esfuerzo a revisar el uso de los recursos públicos en todas las reparticiones. De acuerdo con un análisis del presupuesto de todos los ministerios realizado por Chequeado, en comparación con las otras carteras ministeriales, el de las Mujeres es uno de los que menos recursos tuvo en 2023. De 19 ministerios, se ubicaba en el puesto 17 con un 0,2% del total de gastos previstos para ese año. Los ministerios con más presupuesto fueron Trabajo (38,3% del total), Economía (7%) y Educación (6%).

A la sociedad, tanto mujeres como varones, el tema le sigue pareciendo relevante. En un estudio reciente que llevamos adelante junto con el CEDES, preguntamos sobre los temas de preocupación para varones y mujeres. La sociedad argentina cree en las mujeres y en los problemas que las atraviesan, y creen que el Estado tiene un rol que cumplir. El estudio Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos muestra que el 62% considera que la asistencia a mujeres en situación de violencia tiene un impacto positivo y en un 79% de las respuestas expresa que prefiere un Estado que brinde protección ante violencias. Claro que se valora el progreso en relación con la igualdad entre varones y mujeres lograda en la última década, pero seis de cada diez personas todavía considera que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes o muy grandes, y son la amplia mayoría (85%) quienes consideran que aún queda mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos.

Si el problema subsiste, si a la sociedad le sigue pareciendo un tema preocupante donde el Estado tiene un rol que cumplir, debiéramos poder llegar a un acuerdo sobre cuál será la mejor estrategia para abordarlo. Definir cuál es el plan (y de paso, cumplir con la Ley 26.485 que establece la obligación del Estado nacional de generar un plan nacional de acción para el abordaje integral de las violencias por razones de género).

En lugar sostener una conversación pública con buena fe, en lugar de ofrecer argumentos basados en evidencia y de coordinar un trabajo articulado con las provincias que también tienen responsabilidades en la implementación de estas políticas públicas, se plantea la amenaza hacia las mujeres que se atrevan a denunciar.

Si hay tanta impunidad, ¿será que las denuncias son falsas? 

No lograr la prueba de un delito no es lo mismo que haber denunciado falsamente. En Argentina, no hay estadísticas oficiales sobre denuncias falsas en violencia de género. Lo que sí hay es evidencia de que la mayoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, no denuncia.

Los datos muestran que sólo 1 de cada 4 mujeres que sufren violencia buscó asistencia, asesoramiento o llegó a denunciar. De 250 víctimas directas de femicidio relevados por la Oficina de la Mujer de la Corte, menos del 25% había denunciado al perpetrador de la violencia. Las estimaciones sobre el tema parecen indicar que en Argentina menos del 3% de todas las denuncias penales (no solo las de género) terminan catalogadas como falsas o infundadas.  

El mayor problema, incuestionable, es que cada 35 horas una mujer todavía es víctima de femicidio y, muchas veces, después de haber pedido ayuda y con una medida de protección vigente. En España, un país con una población total similar a la Argentina, la cifra total de femicidios es 5 veces menor.

¿Por qué se habla tanto de las denuncias falsas y se trabaja activamente para endurecer las penas especialmente cuando se alega violencia de género? Porque es una forma de desacreditar a las víctimas y sembrar sospechas donde hay miedo.  Denunciar nunca es gratis: implica exponerse, romper vínculos y enfrentarse al sistema. Antes del Ni Una Menos, en muchas ocasiones, las mujeres que denunciaban violencia no eran escuchadas por la policía, ni la Justicia, y a veces incluso, ni por su propia familia.

En 10 años hemos visto que más mujeres reconocen la violencia y se animan a buscar ayuda. En 2018, el 22% de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30%. Esta información surge de la encuesta de Percepción e incidencia de la violencia, implementada por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad en 2023. Queda mucho por hacer, pero claramente hubo un avance de las políticas de información, prevención y atención que impulsaron a más personas a buscar ayuda. Si ahora comenzaran a bajar las denuncias, no parece razonable festejar sin saber si lo que bajó es la violencia o solo aumentó la frustración frente a un mensaje de autoridades públicas que dice: “ni te atrevas, las consecuencias de tu denuncia serán terribles… para vos”. 

No importa cuáles sean sus prioridades, preferencias o promesas de campaña, el Estado Nacional no puede desentenderse de prevenir las violencias de género.  Las mujeres de todas las edades asesinadas por violencia de género siempre serán muchas si el Estado no hizo todo a su alcance para prevenir ese desenlace fatal. Y muchas más son las que no tienen por qué vivir una vida creyendo que su bienestar no vale, no interesa, no es prioritario. El Estado nacional, al igual que los provinciales y municipales, tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos de toda la población, sin importar su lugar de residencia. Todos son corresponsables.

Hablar de violencia de género no es ideología y pedir que no nos maten no es, ni debiera ser, sólo una demanda del feminismo. Es una realidad que se impone. 

DTC

Gozar de buena salud es de esas condiciones que muchas personas tenemos el privilegio de dar por sentado. Muy pronto en nuestras vidas se nos hace evidente el dolor, la preocupación, las complicaciones que genera la afectación de la salud propia y la de aquellas personas que queremos, que cuidamos, de quienes nos sentimos cerca.

El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y la fecha es un pretexto para pensar, en especial durante este mes, de qué manera se apoyan las mejores condiciones para la prevención de las enfermedades, los controles de salud y el tratamiento de la salud de las mujeres. En definitiva, atender la salud es la mejor manera de proteger la vida.

Entre las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres, aquellas vinculadas con la salud sexual y reproductiva se relacionan también con el ejercicio de otros derechos. La decisión de formar una pareja, de disfrutar de la sexualidad, eventualmente planificar una familia, protegernos de enfermedades prevenibles, abordar las consecuencias de la violencia sexual, son aspectos donde confluyen los derechos y la autonomía. ¿En qué condiciones están las mujeres de nuestro país para acercarse a esos derechos, para proteger su salud, para llevar adelante su plan de vida?

La posibilidad de planificar la reproducción de manera eficaz y segura fue una de las grandes revoluciones de la ciencia y la sociedad durante el siglo XX. La accesibilidad de información y la disponibilidad de los medios anticonceptivos para lograrlo, permite a las personas plantearse cuáles son sus deseos para lo más íntimo de sus vidas: la decisión de conformar una familia, del modo, en el momento y con los vínculos afectivos que queramos.

En Argentina, ese espacio de libertad se logró de manera relativamente reciente. Debieron pasar veinte años luego de recuperadas las instituciones democráticas para que, recién en 2002 y tras muchas demoras, se aprobara la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La distribución de métodos anticonceptivos se extendió a nivel nacional, impulsada por iniciativas previas pioneras como la de la Ciudad de Rosario. Este acceso se consolidó como un derecho para mujeres y varones mediante una ley nacional y un programa del Ministerio de Salud. Posteriormente, se promulgaron normativas adicionales que mejoraron las condiciones de vida de las mujeres en edad reproductiva. En los últimos años, la distribución de métodos anticonceptivos de larga duración, como DIUs e implantes, aumentó un 17% entre 2020 y 2023. Son métodos valorados por tener una altísima eficacia ya que son reversibles y prácticos.

El Plan ENIA, una política pública exitosa para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza, acercar información, métodos anticonceptivos y acompañamiento en las decisiones reproductivas de adolescentes y jóvenes, permitió disminuir de manera significativa el embarazo no intencional en la adolescencia. Desde 2018 hasta 2023, se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) y en la provincia de Buenos Aires, priorizados por la magnitud del problema. Durante 2020, brindó asesoramiento a 21.958 adolescentes, principalmente a través de asesorías virtuales debido a las medidas de aislamiento durante la pandemia. Este número aumentó a 32.517 en 2021 y alcanzó los 40.720 en 2022, casi duplicando la cantidad de adolescentes asesorados en comparación con 2020. 

Al ser un dispositivo intersectorial logró vincular de manera efectiva a las escuelas, los servicios de salud y espacios comunitarios, generando un abordaje que trascendió las barreras tradicionales y promovió un enfoque integral de la salud adolescente. En 2018, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021, se lograron reducir estas estadísticas a 5 de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años. Según datos del Proyecto Mirar, entre 2018 y 2021 la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente en los segmentos de 10 a 14 años, 15 a 19 años y 10 a 19 años se redujo prácticamente a la mitad (43%, 45% y 49% respectivamente). 

Sin embargo, la situación cambió drásticamente desde diciembre del 2023. El presupuesto del programa destinado a salud sexual y reproductiva es el más bajo desde su existencia: representó un 1,29% del gasto ejecutado por el Ministerio de Salud en 2023, un 0,19% en 2024 y en 2025 se proyecta que sea un 0,7%. Esto significa menos insumos para prevenir embarazos no deseados que, para las y los adolescentes, es una de las principales razones para abandonar la escuela. Significa también menos herramientas para prevenir infecciones de transmisión sexual, menos recursos para abordar situaciones de violencia y abuso intrafamiliar que sufren miles de niñas y niños en todo el país. Además, significa que las mujeres enfrentan más obstáculos para planificar un proyecto de vida en libertad y decidir si quieren ser madres o no, cuándo y con quién. 

No se trata solo de comprobar la desjerarquización del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sino de la absoluta desatención del Estado nacional respecto de las condiciones de vida de la población, especialmente de las mujeres en el país.

El costo de no invertir en prevención es significativamente mayor que los fondos destinados al Plan ENIA: según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino utiliza U$S 200 millones al año para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos no deseados en adolescentes. En contraste, el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,7 millones. El mismo estudio señala que el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces la inversión en el Plan ENIA. 

Cuando los números adquieren nombres y rostros, vemos miles de adolescentes que interrumpen sus estudios, que ven su salud en riesgo y que sienten que no hay Estado que las respalde. Y esa situación no nos pasa desapercibida como comunidad: 7 de cada 10 personas cree que el Estado debería involucrarse y/o invertir en facilitar información y métodos de prevención de embarazos e ITS, y brindar educación sexual integral, según el Informe Puntos de vista. A su vez, 5 de cada 10 personas considera que interrumpir un embarazo en condiciones seguras, que las adolescentes puedan prevenir un embarazo y que haya una distribución más igualitaria de las tareas de cuidado en el hogar son situaciones que afectan positivamente la vida de las personas.

El 28 de mayo es más que una fecha en el calendario. El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres es una oportunidad para evaluar la asignación de recursos y la promoción de las mejores condiciones para gozar del derecho a la salud: la atención y el acompañamiento cuando hace falta, la prevención y el bienestar siempre. Debatir la distribución de recursos públicos no puede pasar por alto la responsabilidad central del Estado: un país federal no es sinónimo de la habilitación de un ‘sálvense quien pueda’. Invertir en salud sexual y reproductiva es la mejor estrategia de prevención, eficiencia y garantía de no discriminación.  

DTC

El vínculo de las personas con el trabajo puede ser muy diverso. Hay quienes tienen la fortuna de unir el trabajo con su vocación, algo que les apasiona y donde entregan mucha de su energía y dedicación. Para otras personas es un espacio en el que han encontrado oportunidades de satisfacción, un sentido de pertenencia. Para otros, el trabajo no es mucho más que el modo de lograr un ingreso que permita la subsistencia diaria. A veces, incluso, en condiciones indignas, de explotación, con malos tratos.

La Organización Internacional del Trabajo, uno de los organismos multilaterales más antiguos (creado en 1919) es el ámbito de cooperación desde donde se procura generar consensos con la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Así, uno de sus esfuerzos más recientes estuvo dirigido a generar un acuerdo internacional para prevenir y eliminar los malos tratos, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que llevó a la aprobación del Convenio 190 en 2019, ya firmado por 49 países incluyendo Argentina.

Lo cierto es que a lo largo de la vida moderna el trabajo también ha sido un modo de ordenar la vida en sociedad, un espacio de socialización y de redistribución no solo de recursos sino también de derechos. El carácter de asalariado (formal) permitía garantizar el acceso a ciertas prestaciones directas (para la persona trabajadora) y derivadas (para integrantes de sus familias). Pertencer, sabemos, tiene sus privilegios. Estar dentro o fuera del mercado de trabajo formal tiene consecuencias importantes: acceso a una jubilación, a la cobertura de salud, al reconocimiento de días de descanso. La alta y persistente precarización del empleo cambió este escenario en los últimos años, con un empleo formal que no crece hace ya tiempo y que no incorpora nuevos trabajadores, en particular jóvenes que buscan iniciar su trayectoria laboral. Como contracara, crece el cuentapropismo, los profesionales independientes y las nuevas modalidades de trabajo mediadas por la tecnología, sin las características de la relación de dependencia como la conocíamos hasta hace algunos años.

Es curioso que entre los temas que ocupan las noticias en este último año, se destaca la preocupación por la baja de natalidad, como si la disminución de nacimientos en el país (un fenómeno que se registra también en otros países del mundo) implicara un problema inminente. Es cierto que genera un importante desafío a futuro (cómo hacer sostenible una sociedad con más personas viejas que jóvenes y cómo financiar un Estado con menos personas aportando a través de los impuestos o las contribuciones de seguridad social) pero en todo caso también es una oportunidad que al parecer ha sido soslayada. Cómo aprovechar mejor los talentos de toda la sociedad, incluyendo a todas las mujeres actualmente fuera del mercado de trabajo o subocupadas que quisieran mejorar su inserción en el empleo.

No han sido pocas las figuras públicas que lamentaron la disminución en la tasa de natalidad. Desde Elon Musk hasta la vice jefa de Gobierno porteño, pareciera que hay un problema grave en el que se debería intervenir para que aumenten nuevamente los nacimientos y revertir así una tendencia que lleva a que en la ciudad de Buenos Aires vivan más perros que niños menores de 10 años.  Lo que llama la atención es que a partir de esas preocupaciones no siga una reflexión sobre qué factores serán los que contribuyen a que muchas personas elijan la maternidad y la paternidad como una opción, y no como un mandato.

En tono de denuncia, se responsabiliza a las generaciones más jovenes de ser individualistas priorizando sus intereses personales en detrimento de asumir responsabilidades familiares, mientras se propone “volver a fortalecer la familia”, como si hubiera un único modelo de familia.

En todo caso, lo más importante, es reconocer que no le corresponde al Estado intervenir sobre los deseos, aspiraciones y planes de vida personales. Lo que sí corresponde al Estado es implementar las políticas públicas que podrían ofrecer mejores condiciones para que, quienes han elegido ser padres y madres, lo puedan hacer sin que el empleo sea un obstáculo. Algo que sin duda necesitarán conservar para afrontar el mayor costo que tendrá en sus vidas la llegada un hijo.

¿Habrá alguna vinculación entre las condiciones de trabajo, la reconfiguración de los espacios y del mercado laboral y el descenso de nacimientos? Tal vez la inserción laboral y la proyección de su evolución no sea un factor determinante, pero sin duda es un aspecto que se tiene en cuenta.

Si analizamos la tasa de actividad (que involucra a quienes tienen empleo y a quienes lo buscan) vemos que la brecha entre varones y mujeres que no tienen hijos es de 17,4 puntos porcentuales. La brecha se incrementa a 31,4 puntos porcentuales al tener un hijo de 6 años y sube a 40,8 puntos porcentuales al tener 2 hijos o mas de 6 años.  Son más los varones que tienen empleo (en comparación con las mujeres) y todavía muchos más, cuando hay hijos e hijas en el hogar. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo (su tasa de actividad) se reduce cuando tienen niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo cuando son más pequeños. 

El Estado no puede ni debe entrometerse en los deseos y motivaciones individuales, lo que sí puede y debe hacer, es contribuir a generar las condiciones para que esa decisión sea tomada en el mejor contexto posible.  Esto es, generando políticas públicas de cuidado y apoyo a las familias con hijos o con integrantes con discapacidad o mayores, que requieren acompañamiento para su vida independiente. 

En Argentina, más del 52% de la población es pobre y 6 de cada 10 personas pobres, son mujeres. Los hogares monomarentales son los más vulnerables y con menos ingresos: el 43,3% de las asalariadas jefas de hogar no están registradas, es decir, no tienen ningún derecho o beneficio asociado al empleo. Son estas mujeres las que presentan el nivel más alto de informalidad laboral en el país.  No es de extrañar, entonces, que casi 7 de cada 10 hogares monomarentales están por debajo de la línea de pobreza y 3 de cada 10 bajo la línea de indigencia.

No hace falta conocer las estadísticas en términos de datos duros, seguramente conocemos las historias más o menos cercanas de muchas de estas mujeres que, aún buscando empleo, tienen menos oportunidades de lograrlo y cuando lo tienen, son peor remuneradas. En el tercer trimestre de 2024 la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 27,7%. Las mujeres siguen estando más concentradas en sectores de menor remuneración, mientras que los varones dominan los sectores mejor pagos.

Las responsabilidades de cuidado (en especial en familias con dos o más niños menores de seis años) sigue siendo un freno para el empleo.  

Si la tasa de actividad de las mujeres disminuye hasta 20 puntos porcentuales en hogares con 2 o más niños o niñas, mientras que pasa lo contrario en el caso de los varones (cuantos más niños o niñas tienen, mayor es su participación en el mercado de trabajo), hay algo allí que nos muestra el impacto que tiene la distribución de responsabilidades de cuidado sobre la inserción laboral. Ese impacto se manifiesta no solo en el tipo de inserción laboral, sino también en la generación de ingresos propios y de riqueza para el país.

Si menos personas eligen el camino de la maternidad y la paternidad, y eso se percibe como un problema para la sostenibilidad del sistema, pero al mismo tiempo el mercado de empleo parece “castigar” a las mujeres que son madres, allí parece haber algo que el Estado sí puede válidamente hacer para promover un cambio.

Si reconocemos que hay un trabajo después del trabajo porque cuidar (con amor y dedicación), acompañar y brindar apoyos también conlleva tiempo y esfuerzo, es posible que no sea el interés individualista el que lleva a las personas a demorar o rechazar la parentalidad como un deseo, sino la certeza de que ese será una elección costosa no solo en términos económicos sino también personales. 

Más allá de si el trabajo es la oportunidad para ejercer una vocación, si es un espacio de socialización o una forma de subsistencia (o todo lo anterior al mismo tiempo), las condiciones en que se trabaja y la facilitación de condiciones para que el empleo sea compatible con la vida privada y familiar es un aspecto sobre el cual el Estado puede y debe intervenir. Ese es el rol del Estado: políticas públicas para los cuidados y apoyos enfocadas en las familias, sensibles a las distintas necesidades y requerimientos de las generaciones, la condición de discapacidad y las preferencias individuales, para apoyar a las familias sin entrometerse con nuestros deseos y aspiraciones.

NG/DTC

En estos días hemos leído noticias y escuchado reflexiones de personas muy diversas en torno a la muerte del Papa Francisco. Entre ellas, las que más me interpelaron son las que sin provenir de personas necesariamente cercanas a la fe católica, compartieron su emoción frente a la figura de un líder social, espiritual, político (en el sentido más interesante de la palabra) que promovía el diálogo fraterno y el entendimiento entre seres humanos. Especialmente entre personas distintas o, más aún, personas que podrían considerarse distantes de las ideas morales de unos y otros. Las muestras de esa capacidad para acercarse en el sentido profundo de la humanidad fueron especialmente destacadas al recordar sus reflexiones en entrevistas, encuentros con jóvenes, activistas, feministas, personas trans. Tal vez es en los pasajes del documental Amén: Francisco responde donde se concentran muchas de las expresiones que ilustran ese interés por acercarse a otros con empatía, recibir sus interpelaciones, inquietudes y dolerse en el dolor de otros.

Esto me recordó un concepto que muchas veces aplicaba mi padre, Carlos Gherardi, que ejerciendo la medicina desde la especialidad de terapia intensiva se acercó a las reflexiones de la bioética del final de la vida. Citando a Engelhardt, sostenía que la ética pública de una sociedad plural se basa en la búsqueda de consensos que incluya no solo a los “amigos morales”, sino especialmente a los “extraños morales”.

¿Cuáles son las bases para ese consenso con los que parecen ser nuestros extraños morales? ¿Cómo volvemos a buscar oportunidades para la coincidencia en estos tiempos en que los consensos parecen tan esquivos?

La política se organiza alrededor de conflictos, acuerdos, desacuerdos, valores, en ocasiones tensionados por figuras que ocupan un rol preponderante en la discusión pública.  Entre la polarización que exacerban los liderazgos autoritarios, sorprende la capacidad de otras sociedades para gestionar de manera civilizada sus diferencias con líderes políticos que se reconocen como adversarios y que aún así (o por eso mismo) administran sus disputas en el terreno de los argumentos.

La fuerza actualmente gobernante fue capaz de atraer votantes con la promesa central de ordenar las cuentas públicas, poner fin a la inflación y deshacerse de lo que describió como la “casta de políticos”.  Amparado en un fuerte desencanto social frente a una gestión estatal deficiente y una pobre gestión de las políticas públicas, pudo avanzar en un feroz recorte del gasto público en particular atacando las prestaciones sociales destinadas a personas con discapacidad, atacando a las mujeres y recortando las políticas para protegerlas frente a la violencia de género, demonizando a ciertos colectivos como las personas migrantes y dejando desprotegidas a las personas LGBT tanto en términos de reconocimiento de su identidad como en la atención de su salud. 

En los últimos meses, distintos estudios mostraron que el apoyo a las políticas de Milei durante su primer año en el cargo se basa en la expectativa positiva de recuperación económica, más que una mayoría que apoye toda la “batalla cultural” que el gobierno se empeña en liderar contra las mujeres, la igualdad de género y los derechos del colectivo LGBT.

Si esto es asi, entonces, como sociedad no hemos cambiado tanto. Y eso puede ser una buena noticia en la dirección hacia algun espacio en común para la conversación posible.

En una investigación que llevamos adelante de manera conjunta entre CEDES y ELA, relevamos los puntos de vista de varones y mujeres de Argentina en relación con la valoración de la intervención estatal, el rol del Estado en asegurar ciertos derechos a la población, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, la generación de condiciones para promover una vida libre y autónoma.

El estudio muestra que cuando las personas se toman tiempo para expresar su individualidad bajo premisas específicas, es decir, cuando piensan en sus experiencias, lo que saben o conocen de manera cercana, cuando se reflexiona en base a cada una de sus propias historias y trayectorias, podemos encontrar los detalles y matices ausentes del debate político generalmente marcado por grandes consignas.

Los cambios culturales no sólo se producen en el debate público, sino también en las actitudes de las personas en situaciones concretas de la vida cotidiana, donde los problemas y las soluciones muestran sus efectos positivos o negativos más de cerca. Estas experiencias particulares construyen visiones y valores sobre los problemas sociales y hacen que las personas estén más o menos en sintonía con la conversación propuesta en la agenda pública.

Los resultados de este estudio muestran que la sociedad argentina aún tiene una apreciación positiva de los derechos e igualdad de género como centrales para el bienestar de las personas y de la comunidad en su conjunto. Muestra que se aprecia un sendero de progreso que hemos recorrido en la última década, aunque todavía haya temas importantes que abordar.

Pese a los discursos descalificadores, la población mantiene niveles significativos de apoyo frente a las agendas de género que promueven la igualdad de oportunidades para mujeres, niñas y adolescentes. Casi 6 de cada 10 personas percibe que existen desigualdades grandes o muy grandes entre varones y mujeres, aunque la mitad también cree que estas desigualdades son menores que hace 10 años. Ocho de cada diez personas entrevistadas considera que todavía es necesario “hacer mucho” para garantizar la igualdad de derechos en el país. Incluso es posible pensar el Estado como un inversor en desarrollo social, ya que una amplia mayoría (más del 80%) cree que el Estado debería “invertir mucho” o “bastante” en “aumentar salarios en salud y educación”. Más del 70% considera lo mismo respecto de “distribuir alimentos a comedores”, y un 70% en lo relativo a “facilitar métodos de prevención de embarazos” especialmente para adolescentes.

La “violencia por motivos de género en la pareja” es considerada el principal problema que enfrentan las mujeres, seguido de “exposición a abusos y a violencia sexual”.  Y sin embargo, la actual gestión del gobierno nacional apeló la decisión de un juez que a ordenó frenar el vaciamiento de los programas para acompañar a víctimas de violencia, sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas y no despedir personal, ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

Las personas encuestadas creen también que la mayoría de la sociedad argentina está de acuerdo con distintas intervenciones, políticas o campañas que fomenten la igualdad de género. El estudio nos muestra un camino para el encuentro de una sociedad que se ve en muchos sentidos fracturada. Pero lo cierto es que hay espacio para la conversación y la construcción de consensos con personas con las que podemos disentir en muchos temas, pero con quienes compartimos aspiraciones comunes en torno a la no discriminación, la protección de personas en situación de vulnerabilidad y el rol del Estado en ese trabajo. Hablemos sobre cómo hacerlo.

Para eso, las instituciones y el respeto por los valores democráticos son fundamentales. La experiencia de los últimos meses fue de un enorme desgaste cuando se tensó la interpretación de la Constitución Nacional para promover una aplicación amañada de la posibilidad de nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, mientras los pliegos de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo estaban en el Senado sin lograr consenso y acumulando cuestionamientos de todos los sectores. Quienes desde distintos roles y funciones nos opusimos a convalidar esos nombramientos, sentimos alivio por la contundente respuesta del Senado de la Nación que el jueves 3 de abril tomó la única decisión correcta: al rechazar los pliegos de ambos candidatos tomó una de las definiciones más trascendentales para nuestra República y nuestro Estado de Derecho dando un claro mensaje para evitar que este tipo de designaciones se repitan en el futuro.

La Constitución, sobre todo a partir de su reforma en 1994, promueve justamente aquello que hoy necesitamos: promover el encuentro a partir de la generación de consensos. La Constitución Nacional establece que los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema, quienes decidirán sobre nuestros derechos y tendrán la última palabra sobre la legalidad de los actos estatales, deben ser designados con el acuerdo de una amplia mayoría de integrantes del Senado de modo que cargos de semejante trascendencia sean ocupados por personas que debido a sus méritos profesionales e intachables trayectorias personales, logren un consenso amplio y transversal.

Los cargos aún vacantes en la Corte deberían ser ocupados por personas que crean firmemente y defiendan aquello que tenemos en común: la defensa de los derechos y la igualdad de género como centrales para el bienestar de las personas y de la comunidad en su conjunto.  Juezas mujeres, para reparar ese déficit democrático de instituciones que no reflejan la diversidad de nuestra sociedad, donde podamos vernos reflejadas todas las personas, tanto amigos como extraños morales.

NG/DTC

Hasta hace poco tiempo hubiera respondido que “a todo el mundo” le preocupan los femicidios. Estaba segura que, después de junio de 2015 cuando una multitud se unió desbordando las calles de todas las ciudades y los pueblos de Argentina, llevando la consigna “Ni Una Menos” a la región y el mundo, habia efectivamente comenzado una transformación que no tenía marcha atrás. Que se había logrado un nuevo “sentido común” igualitario, donde ninguna persona razonablemente volvería a reivindicar en voz alta la violencia contra las mujeres como una respuesta posible frente a cualquier desacuerdo.

Hoy me resulta descorazonador comprobar que no es así. Y que la banalización de un drama profundo, la descalificación de los avances por los que luchamos y la negación de aquello que alguna vez reivindicamos masivamente, parece para algunos (¿muchos? ¿pocos? ¿quiénes?) una afrenta al principio de la “igualdad ante la ley”. Todo eso sin saber realmente de qué se está hablando.

Hace años que junto a muchas colegas dedico mi trabajo y mis energías a estudiar, escuchar, generar datos, aprender, proponer mejoras para que la sociedad deje de naturalizar la vulnerabilidad y las desigualdades y que ofrezca la posibilidad de una vida mejor no solo para las mujeres sino para las personas. Estoy convencida de que el respeto, la empatía, nos hacen bien como comunidad.

(Un paréntesis: pocos meses después de ese junio de 2015 hicimos en ELA y con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Argentina –con los vientos de hoy algunos dirán que era una muestra de la “agenda impuesta por la ideología woke”–, una encuesta sobre las percepciones de mujeres y varones sobre la violencia en las relaciones de pareja. Recuerdo que preguntamos a las personas encuestadas si había circunstancias en que la violencia en la pareja estaba “justificada”. La respuesta mayoritaria fue que no, afortunadamente, pero de todos modos casi un 20% de las personas respondió que “estaba justificada la violencia hacia una pareja” o al menos “no sabía” qué posición tomar, en caso que la mujer fuera infiel. Es decir, la infidelidad no era ya ni siquiera un deber legal desde la reforma del Código Civil que había entrado en vigencia poco antes ni un motivo para pedir el divorcio, pero para 2 de cada 10 personas era posiblemente todavía motivo válido para un golpe). 

Antes de esa marcha masiva del 3 de junio de 2015 que se organizó gracias a la frustración expresada en twitter de la periodista Marcela Ojeda (cuando esa red social todavía servía para compartir información, generar encuentros, debatir ideas), no había estadísticas de femicidio de fuentes oficiales. No había estadísticas que pudieran mostrar cuál era la dimensión del problema de la violencia hacia las mujeres dentro de los hogares de Argentina. No había un Plan Nacional de Acción para poner en marcha la Ley 26.485 de Protección Integral de las mujeres frente a todas las formas de violencia (que se habia aprobado en 2009, pero cuya implementación dejaba mucho que desear). 

A falta de cifras oficiales (algo que ya existía en muchos países de América Latina), funcionarios y funcionarias públicas recurrían a las cifras que cuidadosamente recolectaba la Asociación Civil Casa del Encuentro, una ONG que llevaba un registro a partir de las noticias que se publicaban en los medios de comunicación. Muchas advertíamos que esas cifras (indispensables en ausencia de otros datos) eran sin embargo frágiles en términos metodológicos porque dependían de la publicación de las noticias en los medios de comunicación, especialmente en la prensa escrita y las agencias de noticias. Y que, en todo caso, aún cuando esos datos eran muy importantes (y se lograban, entre otros motivos, porque había pluralidad de voces en los medios con muchas periodistas feministas que fueron creando conciencia dentro de sus espacios de trabajo) la responsabilidad de generar información estadística de manera seria, sostenida y pública es del Estado, no de la sociedad civil.

Entonces, antes de junio del 2015, había en Argentina leyes, algunas instituciones, algunos datos, pero nada de eso evitó que existiera un nivel femicidios tal que generó una movilización como nunca antes había visto la opinión pública, con masivas marchas pero también con una conversación pública, que empezaba a poner nombre y preocupación sobre un tema que impactaba no solo en las mujeres y sus hijos, sino en la sociedad toda.

Unos años antes en América Latina había comenzado una tendencia a poner nombre a las muertes violentas de mujeres, que eran asesinadas en proporciones alarmantes por parejas actuales o pasadas (aunque no solo por ellos), en circunstancias que mostraban odio y desprecio hacia estas mujeres, muchas veces marcadas por la agresión sexual. Se empezó generalizar la referencia a esta forma particular de violencia extrema contra las mujeres como “femicidio” o “feminicidio” inspiradas en el trabajo de la académica Diana Russell  que ya en 1976 había hecho referencia a este término, y que explicó como categoría sociológica en un trabajo posterior (Femicides: the Politics of Woman Killings, junto a Jill Radford, 1992). 

El uso del término “femicidio” (“femicide”, en inglés) daba cuenta de una problema político: los datos de homicidios mostraban de manera consistente que si bien los hombres son la mayoría de las víctimas en las muertes violentas (8 de cada 10), la forma, las circunstancias y los perpetradores respecto de las víctimas mujeres son muy diferentes. En términos generales, a los hombres los matan personas desconocidas en espacios públicos, y a las mujeres las matan personas de su entorno (parejas, integrantes de las familias, amigos) en sus hogares: el 60% de las mujeres son asesinadas por una pareja o un familiar, mientras que esto es así en el 11.8% de asesinatos de varones. 

¿Conocer esta información significa que unas muertes “valen más” que otras? ¿Que al Estado debiera importarle más o menos según quién es el perpetrador? Claramente, no. Pero sin información, es imposible impulsar respuestas adecuadas. Como se planteó un trabajo regional impulsado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe ya en 2012, “Si no se cuenta, no cuenta”. Saber la diferencia es importante para diseñar mecanismos de prevención adecuados para fenómenos que son distintos. Reforzar la presencia policial en las calles solo servirá (eventualmente) para algunos crímenes, no para ayudar a las mujeres que viven con el terror en sus casas, a manos de las personas que prometieron cuidarlas y respetarlas.

Comenzando por Costa Rica (2007), siguendo por Guatemala (2008), México (2012), Perú (2013), muchos países de América Latina empezaron en los primeros años de este siglo XXI una tendencia a transformar esa categoría política de análisis en un tipo penal.  

Hoy, más de una docena de países de América Latina ha aprobado reformas en sus códigos penales para crear la figura penal del femicidio o feminicidio, que definen de maneras similares pero no del todo coincidentes. Argentina exploró ese camino (de hecho se debatieron varios proyectos de ley que seguían el modelo de las leyes de Guatemala o Bolivia) hasta que finalmente se optó por un camino diferente: en lugar de crear un delito autónomo de femicidio (que, en algunos países de la región tienen una definición del tipo penal que puede resultar imprecisa y por lo tanto problemática) en nuestro país se optó por incluir esta forma de violencia extrema como agravantes del tipo penal del homicidio.

¿Qué dice el Código Penal reformado por Ley 26.791 (aprobado en 20129?

Artículo 79. Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años, al que matare a otro siempre que este Código no estableciere otra pena.

Artículo 80. Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1) A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; 2) Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso; … 4) Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión; … 11) A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género; 12) Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inc. 1. 

No es importante convertir el debate actual en una contienda semántica ni de dogmática penal. Pero sí es importante saber de qué estamos hablando.

Hace unos días, el presidente Milei afirmó ante el Foro Económico Mundial reunido en Davos “Llegamos incluso al punto de normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio y conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima”.

Esta afirmación no es cierta: en América Latina muchos países han incorporado la figura del “femicidio” a sus leyes penales (no necesariamente agravando la pena respecto de otros delitos igualmente severos), pero esta no es una tendencia global. Lo que sí es global es el interés por comprender, abordar y erradicar esta forma extrema de violencia hacia las mujeres.

¿Hay efectivamente un “privilegio” para las mujeres porque sus vidas valen más que las de los varones asesinados? Definitivamente, no.

En Argentina la pena por el homicidio es la misma, de 8 a 25 años. Cuando se da entre personas vinculadas (artículo 80 inciso 1: “A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”), se aplica independientemente del sexo de la persona agresora y agredida. Para pensar en un ejemplo, todos recordarán el caso de Nahir Galarza condenada a cadena perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, en 2017.

Sí es cierto que hay un agravante (que es lo que se conoce como “femicidio” en Argentina) cuando en los términos del inciso 11, se considera que medió “violencia de género” que sucede, por definición, por parte de un varón hacia una mujer. Entonces el agravante se puede aplicar para que la condena sea a cadena perpetua. ¿Es el único caso en que puede haber un agravante que genere esa pena mayor? No, hay muchos otros, incluyendo el odio racial, étnico, religioso (inciso 4 del artículo 80). Entonces es la circunstancia específica (en ese caso, violencia de género) la que genera la aplicación de la pena más grave. 

Pero puede haber otras formas de llegar a esa pena, y eso es la valoración que hace la justicia en base a las pruebas que se presenten. Recodarán tal vez el intento de femicidio ocurrido en contra de la Sra. Corina Fernández, que estaba esperando a sus hijas en la puerta del colegio cuando apareció Javier Weber, disfrazado con un sobretodo y una peluca, y le disparó frente a todas las personas allí reunidas. La hirió de gravedad pero no pudo matarla. El hecho sucedió en 2010, en el barrio de Palermo. La condena decidida en 2012 por el Tribunal Oral Número 9, condenó a Weber a 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, en grado de tentativa. En la sentencia, el juez Fernando Ramírez utiliza por primera vez la palabra “femicidio”, aún antes de la reforma que hoy genera tanto rechazo. ¿Era un delito específico? No. ¿Era un agravante ya incluido en el Código Penal? No, eso sucedería más adelante. Pero el juez consideró importante darle visibilidad esa forma de violencia extrema que tiene características propias, que había provocado ese hombre contra una mujer que había sido su pareja, ejerciendo violencia de género de manera reiterada desde hacia varios años.

“No cabe duda de que la muerte de una mujer a consecuencia de la violencia de género constituye una categoría sociológica claramente distinguible y que ha adquirido especificidad normativa a partir de la Convención de Belem do Pará. No hay razón, en consecuencia, para no darle nombre y, en tal sentido, cabe señalar que la conducta de Javier Claudio Weber constituye un intento de femicidio, entendiendo por tal la muerte de una mujer –o de una persona con identidad femenina– ejecutada por un varón en razón del género”, de la setencia en el caso Weber. TOC N 9.

¿Por qué se considera relevante reconocer esta figura en las leyes penales? En Argentina, ¿está penalizado o no el femicidio?

Puede haber distintas posiciones sobre el uso del derecho penal para lograr la erradicación de conductas que se consideran disvaliosas. No solo respecto de las conductas lesivas para las mujeres hay una tendencia (en Argentina y en muchos países de América Latina) de creer que el derecho penal es “garantía” de respuesta del Estado. Claramente no lo es: el aumento en las penas de los robos a mano armada (un clásico recurrente) nunca sirvieron para disminuir la ocurrencia de esos hechos. En todo caso será la prevención a través de mayor presencia policial, de cámaras de vigilancia, la iluminación de espacios públicos, la actuación veloz y efectiva de la justicia la que podrá contribuir a prevenir esos delitos. Pero lo cierto es que el derecho penal es una de las herramientas del Estado para mostrar con contundencia los acuerdos sociales: como comunidad, consideramos que cierta conducta no es aceptable para nuestra convivencia democrática y pacífica y por eso es castigada con la mayor severidad, la respuesta penal.

Para muchas personas, el reconocimiento de la figura de femicidio tiene sentido para darle visiblidad. En esa línea fue el voto del Tribunal Oral 9, ya mencionado, que usó el término “femicidio” aún antes de la reforma de 2012. 

Para otras personas, el reconocimiento de la figura del femicidio era importante para que finalmente se generen estadísticas oficiales. Lo cierto es que, como ya comenté, no fue esta figura incorporada en 2012 la que logró que comenzaran las estadísticas que desde 2015 recolecta y publica la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, sino el petitorio leído en una plaza desbordante ese 3 de junio.

De hecho, recuerdo que junto a otras colegas argumentamos por esa época que la creación de un tipo penal no era necesario para generar estadísticas: la prueba estaba en que había estadísticas de las muertes en incidentes viales (que sigue siendo un gravísimo problema en Argentina) y no habia un tipo penal de “muerte en accidente vial”. Para generar estadísticas hay que definir con claridad la metodología y tomar la decisión de hacerlo con la convicción de que es importante tener los datos para poder tomar medidas adecuadas.

Para comprobarlo, basta con revisar las estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad: desde hace años publican las de muertes en incidentes viales y todavía no hay estadísticas de femicidios ni tampoco desagregación por sexo en los homicidios dolosos. No es la descripción de la figura penal la que importa, es la priorización política.

El objetivo de las estadísticas, en todo caso, es contar con información para hacer algo al respecto: generar políticas, analizar las fallas del sistema, generar mejores respuestas, medir los resultados de las iniciativas que se implementan. Nada de eso se logró acabadamente ni con la ley de 2009, ni con la incorporación en el Código Penal del inciso 1 y el 11 del artículo 80. 

¿Es cierto que el reconocimiento de que existe la violencia de género otorga privilegios para las mujeres en detrimento del principio de “igualdad ante la ley”? 

De ninguna manera. Se lo pueden preguntar a las familias, a las hijas e hijos de las víctimas de femicidio que pidieron ayuda del Estado, que denunciaron, que fueron reiteradamente a pedir ser escuchadas, y hoy estan muertas. Conversen con estas familias acerca de los “privilegios”.

No es cierto que en todo este tiempo “no se hizo nada” o que “alguien se llenó los bolsillos con las políticas de género”. Eso son solo consignas vacías marcadas por el prejuicio, el desconocimiento y el desinterés real por el tema. Pero sí es cierto todavía no fue suficiente. 

En esto las deudas van para todos quienes tienen y han tenido responsabiildad de gestión pública, en el poder ejecutivo nacional, provinciales y municipales, en los poderes legislativos que aprueban los prespuestos y priorizan la asignación de recursos; y en el sistema de administración de justicia que sigue operando muchas veces con sesgos y desinterés.

Recuerdo un caso hace años cuando los integrantes de la Cámara del Crimen de la 11ª Nominación de la Ciudad de Córdoba dedicaron 275 páginas a argumentar por qué no se debía aplicar el agravante del inciso 11 (mediando violencia de género) porque el vínculo entre el acusado Gonzalo Lizarralde y la víctima Paola Acosta había sido breve y no había sido público. Había nacido un niña producto de ese vínculo (es decir, claramente había existido) y no conforme con el desinterés por la niña y el desprecio hacia ella, Paola Acosta había reclamado judicialmente el derecho a recibir asistencia económica para la niña. Eso alcanzó para que la justicia penal decidiera que eso mostraba una mujer decidida, y no una en posición de víctima frente a una posición desigual de poder. Por eso, argumentaron en la Cámara del Crimen, no había violencia de género en las puñaladas con las que la mató cuando supuestamente irían a encontrarse para cumplir con la decisión de la justicia de pagar los alimentos, ni al dejarla tirada al costado del camino en una alcantarilla con la niña de menos de 2 años, que sobrevivió a la agresión por 80 horas junto a su mamá ya muerta, rodeada de aguas contaminadas. No había allí relación desigual de poder ni violencia de género.

La decisión fue revertida poco después por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y Lizarralde fue condenado a la pena máxima, aplicando efectivamente el agravante de violencia de género del Código Penal porque no hace falta acreditar ninguna característica particular en la víctima ni tener “carácter débil” para vivir una situación de violencia de género.

Me gustaría poder decir que estos casos ya no existen. El femicidio de María Speratti Aquino, asesinada el 16 de marzo de 2023 por su ex marido de cuatro disparos en la puerta de su casa en Cañuelas frente a sus hijos, tras casi dos años de denuncias que no fueron escuchadas, lamentablemente nos demuestra lo contrario.

Escuchenlo en su voz. Escuchen su cansancio y desesperanza en medio de su lucha por vivir.

Todos los esfuerzos dispuestos desde distintos ámbitos judiciales, legislativos y ejecutivos no fueron todavía suficientes para eliminar los sesgos, prejuicios y desinterés por abordar con seriedad este tema. ¿Eso quiere decir que mejor sería no hacer nada? Por supuesto que no. Porque son estos esfuerzos los que dan algun reaseguro, los que permiten accionar por la exigibilidad de los derechos, denunciar las violaciones, hacer responsables a quienes no aplican adecuadamente la ley. Qué nos queda (no a las feministas, qué nos queda como sociedad) si desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo se desestiman estos problemas como reales.

Lo único que no podemos hacer es sorprendernos. Quienes ganaron las elecciones dijeron que venían a esto.

A lo que no me quiero resignar es a pensar que esto pueda pasar con el acuerdo de esa multitud que alguna vez estuvo en una plaza, en una escuela, en una conversación en el espacio de trabajo, en la universidad, en una mesa familiar, conmovida por la crudeza de las formas de violencia que todavía enfrentan las mujeres. 

Eso no me lo creo.

Del mismo modo que no acepto la posibilidad de que no haya habido convicción genuina en quienes alguna vez impulsaron acciones contra la violencia desde sus responsabilidades legislativas, ejecutivas, judiciales a lo largo de todo el país y que hoy ocupan esos mismos roles o responsabilidades distintas y se muestran cercanos a los (¿nuevos?) vientos que corren. 

Espero que el cinismo no haya ganado por completo a la sociedad ni a la clase política.

Podemos disentir y conversar sobre cómo mejorar las políticas públicas en base a argumentos, evidencia y propuestas. Podemos debatir por qué hubo y hay tantas frustraciones respecto de la responsabilidad del Estado. Pero no podemos aceptar que el Estado se declare prescindente en este tema y reniegue de sus responsabilidades. O peor aún, que exacerbe la posibilidad de la violencia hacia las mujeres al negarla.

¿Queremos privilegios? Queremos estar vivas. ¿Será mucho pedir?

NG

Cuando Adam Smith, el famoso economista escocés, publicó en el siglo XVIII su célebre Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones usó la metáfora, que titula la nota, para explicar una fuerza mágica (y casi espiritual) que guía los negocios de la sociedad hacia las actividades más provechosas. 

Pese a las diferencias de época, podría haberla usado para referirse a las tareas domésticas y de cuidado que permiten a la sociedad funcionar como tal y a las fuerzas productivas —varones en su gran mayoría— dedicarse a ocupar sus puestos de trabajo. Para Smith, en cambio, era el hogar, y especialmente el papel de las mujeres allí, el que proveía el necesario contrapeso al individualismo y materialismo del mercado. Desde esta visión particular del pensador escocés, el trabajo de cuidado no remunerado era una expresión de este altruismo y estos sentimientos morales.

Nada más alejado de la realidad actual, ya que esas tareas no pagas significan, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Indec de 2021, que las mujeres de 14 años y más dedicaron un promedio de 531 minutos al día al trabajo. Esta cifra supera en 60 minutos la jornada laboral diaria de los hombres. La brecha se debe, principalmente, a la diferencia en la distribución del trabajo no remunerado, en el cual las mujeres invierten 2,2 veces más tiempo que los hombres. Es decir, un mayor porcentaje de mujeres realiza estas tareas (92% contra 75% en los varones) y lo hacen además por mucho más tiempo.

En un relevamiento elaborado y publicado recientemente por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, con datos a 2023, se registra que el 87,4% de las mujeres realizan trabajo doméstico y tareas de cuidado en el hogar, frente al 70% de los varones (que descendió 12 p.p. desde la medición anterior).

Del mismo estudio de la Ciudad se desprende que el 54,8% de los hombres realiza tareas remuneradas mientras que, en el caso de las mujeres, ese porcentaje desciende al 47%. Si se suman el trabajo remunerado y el que no lo es, el 58,1% corresponde a las mujeres. 

¿Trabajo o no trabajo?

En general, los análisis no incorporan las tareas domésticas y de cuidado como una ocupación. Para estos relevamientos, el trabajo es, lisa y llanamente, el remunerado. Y esto, como vemos, recae con clara incidencia en el universo femenino, al dificultar las posibilidades de que las mujeres desarrollen sus carreras, planifiquen o lleven adelante sus estudios, trabajen por un salario y perciban la misma remuneración que sus pares varones, u obtengan puestos jerárquicos, así como también influye en sus probabilidades de ser pobre o salir de la pobreza.

De hecho, en el grupo de mujeres de hasta 29 años (17,3%) se encuentra el mayor índice de desocupación en la actualidad. Y si en ese universo puntualizamos en las jefas de hogar, el número trepa al 32,5%.

En el universo de hasta 29 años, a su vez, las tareas domésticas (las no remuneradas) son realizadas por casi el 80% de las mujeres contra el 21,4% de los varones.

Subsidio a la tasa de ganancia y acumulación de capital

Como explica la economista Corina Rodriguez Enríquez en “La cuestión del cuidado: ¿El eslabón perdido del análisis económico?”, publicado en la Revista Cepal N°106, “cuando se integra de esta forma el trabajo de cuidado no remunerado en el análisis de las relaciones capitalistas de producción, se puede comprender que existe una transferencia desde el ámbito doméstico hacia la acumulación de capital. Brevemente podría decirse que el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza dentro de los hogares (y que efectúan mayoritariamente las mujeres) constituye un subsidio a la tasa de ganancia y la acumulación del capital”.

Este tema no fue advertido a lo largo de la historia por las teorías económicas. Karl Marx, por ejemplo, presupone que en el interior de los hogares sólo tiene lugar el consumo de mercancías, y no así su producción o transformación. Por su parte, Friedrich Engels expresa que la organización del hogar y el cuidado de las personas se transforman en un servicio privado, excluido de la producción social.

Cambiar de una buena vez

En tanto, la economía feminista ha realizado contribuciones importantes al estudio del trabajo no remunerado, al resaltar sus aspectos de género, invisibilidad y aporte central a la reproducción social y funcionamiento de la economía. Lo ha hecho a través de demostrar la invalidez de muchos de los supuestos de los modelos microeconómicos convencionales, que definen la “especialización” de los trabajos remunerados por género.

Cabe mencionar y destacar los estudios que hacen hincapié en el concepto de economía del cuidado, porque permiten advertir cómo la “feminización” del cuidado traspasa las fronteras de los hogares, lo que naturaliza la sobrerrepresentación femenina en actividades de cuidado remuneradas, tales como las prestadas en el sector de salud, en la educación o en el servicio doméstico, por citar algunos casos.

Así, la verdadera mano invisible del mercado son las mujeres limpiando, cocinando, cuidando y muchas veces limitando su desarrollo personal, para que los hogares, donde viven los “trabajadores”, puedan funcionar.

JJD

La tasa de feminidad en el sector del servicio doméstico alcanza el 97%: algún observador poco informado, o un tanto ingenuo, podría mirar las estadísticas y pensar que se trata de “discriminación positiva”. Son 808.797 mujeres que a su vez representan un 13% dentro del total de ocupadas. Significa que una de cada ocho mujeres ocupadas en Argentina trabaja en tareas domésticas y de cuidado en casas particulares. Pero su realidad de positiva tiene poco y nada: el servicio doméstico tiene uno de los índices más altos de informalidad, superior al 70%, y una de las remuneraciones más bajas del mercado laboral.

Un 75,5% de esas más de 800.000 mujeres no percibe descuento jubilatorio. Asociado a esto, el 72,1% no cuenta con vacaciones pagas, el 70,9% no percibe aguinaldos, el 73,7% no percibe pago en caso de enfermedad, y el 75,3% no cuenta con una obra social.

A su vez, el 45,3% es el principal sostén económico de su hogar. Y la mayoría de ellas (80,5%) realiza además las tareas domésticas de su hogar de manera no remunerada. Tareas de cuidado dentro y fuera de casa: una jornada laboral que nunca termina y que también incluye cuidar de otros miembros de su grupo familiar.

Vanesa, de 46 años, vive en el conurbano bonaerense y tiene tres hijos de 21, 18 y 16 años. “Trabajaba 12 horas por día y después volvía y tenía que quedarme hasta la una o dos de la mañana para cocinar, bañarlos y prepararles la ropa para el jardín. Dejaba en el microondas la leche para que se la calentaran”, relata. Trabajaba en una casa de familia, sin estar registrada y sin obra social. “Después fueron creciendo un poquito más; a los 9 y 6 años, ya se quedaban solitos, yo me iba a trabajar y una vecina los miraba para irse a la escuela. Volvían y se cuidaban ellos solitos hasta que nosotros llegáramos”, relata. También se sumaban dificultades propias del lugar donde viven: “Había inundaciones, se cortaba la luz y tenía que salir sí o sí a trabajar”, cuenta Vanesa, “por eso un mes, un sueldo se me fue todo para comprar luz de emergencia, para que ellos no se quedaran solos en la oscuridad”.

Este relato pone en relieve otra de las problemáticas derivadas de la precarización laboral, de la distribución desigual de las tareas de cuidados y de la falta de políticas para darle respuesta: según datos de la Encuesta Rápida de UNICEF, en 2024 un 8% de los niños y niñas queda al cuidado de un hermano o hermana (generalmente hermana) menor de 18 años. Niños, niñas y adolescentes que asumen responsabilidades impropias de su edad y que incluso pueden poner en riesgo su integridad física. Algo que Vanesa sabía y padecía, ya que ante un corte de luz, y a falta de otras personas o instituciones que cuiden a sus hijos, invertía su sueldo en luz de emergencia para que sus hijos no manejaran velas cuando estaban solos.

No tan distinta fue la experiencia de María, que tiene 59 años y dos hijos y aún se desempeña como empleada en casas particulares. “Trabajaba todo el día y cuando llegaba a casa tarde, tenía que bañarlos, limpiar, cocinar y preparar las cosas para el día siguiente”. Ella vivía en CABA pero nunca pudo conseguir vacantes para un jardín estatal. “Tuve que pagar siempre. Trabajaba en blanco y con obra social pero cuando faltaba porque tenían fiebre, muchas veces me descontaban. Tenía que pedirle ayuda a mi mamá”, recuerda.

La situación que describen tanto Vanesa como María, cuyas jornadas laborales continuaban en el hogar, remite a otro dato clave: en Argentina el 89,9% de las mujeres participa en las actividades domésticas no remuneradas (20 puntos más que los varones, quienes realizan un 68.3%), acorde a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el INDEC entre octubre y diciembre de 2021. Por actividades domésticas se entiende tareas de limpieza y orden de la casa, aseo y arreglo de ropa, preparación de las comidas, compras, reparación y mantenimiento del hogar. Además, en promedio, el 30,6% de las mujeres participa del cuidado de otros miembros de la familia, mientras que sólo un 18,9% de los varones lo hace. De acuerdo a un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género de octubre de 2023, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representó el 16,.8% del producto bruto interno durante el 2022, por delante de Comercio (16,7%) e Industria (15,3%). De acuerdo con estos datos, podemos inferir que si el trabajo doméstico fuera remunerado, sería la principal actividad económica.

María, por otra parte, forma parte de la minoría (24,5%) que cuenta con aportes y el mes que viene comenzará los trámites para jubilarse. Sin embargo, para la mayoría de las trabajadoras del sector, el panorama es sombrío. Es el caso de Petrona, de 55 años, que trabaja en casas de familia desde que tiene 15 pero sólo hace seis años lo hace de forma registrada. De acuerdo con datos de ANSES citados por ACIJ y ELA en su informe “Un ajuste que agranda la brecha”, publicado en marzo de 2024, 6 de cada 10 mujeres jubiladas accedieron a ese derecho a través de la moratoria. Actualmente, sólo 1 de cada 10 mujeres próximas a jubilarse está en condiciones de hacerlo.

La posibilidad de jubilarse a través de la moratoria (Ley N° 27.705) seguirá vigente sólo hasta marzo de 2025, ya que el Gobierno confirmó que será eliminada. Una opción para ellas es esperar hasta los 65 años para obtener la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor), con el 80% del haber mínimo y sin derecho a la pensión por viudez. La otra, si cuentan con empleo registrado y les falta hasta 10 años para cumplir la edad jubilatoria, es adherirse al Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad, que les permite ir cancelando en cuotas la deuda que surja por períodos anteriores al 31 de marzo de 2012. En principio, esta última opción seguiría vigente de forma indeterminada. Uno de los tantos aspectos por los cuales es de suma importancia que estén registradas hoy.

Juana del Carmen Britez es abogada, activista, líder sindical por más de 35 años y, desde octubre pasado, titular de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Cuando tenía 16 años vio cómo su mamá, embarazada de 5 meses, era despedida de su trabajo como empleada doméstica. Ella misma dejó entonces la escuela y salió a limpiar casas para ayudar a su familia. A los 20 años ingresó a la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) y comenzó una larga lucha por los derechos de las trabajadoras, que alcanzó un hito en 2013 con la promulgación de la Ley 26.844 de Servicio Doméstico.

En diálogo con elDiarioAR, Britez destaca que “el registro es un derecho que les da beneficios sociales a las trabajadoras, pero a los empleadores también: cobertura en caso de accidentes, deducción del impuesto a las ganancias, descuento en los viáticos porque su empleada accede a la tarifa social”. Con tantos beneficios cabe preguntarse por qué el porcentaje es tan bajo. Para Britez es una cuestión cultural: “Ni la trabajadora ni el empleador se reconocen así. Usan términos como 'mi patrón' o 'la mujer que me ayuda'. Hace años que tratamos de cambiar eso. También falta información de los dos lados y no es fácil que se acerquen y se asesoren”. 

No hay dudas de que la mayor responsabilidad recae en quien contrata, ya que se trata de un vínculo desigual. Aun si se considera ayuda a este trabajo remunerado, ¿por qué no ayudar entonces a quien tanto nos ayuda? ¿Por qué no darle los mismos derechos? El cambio es colectivo y el tiempo apremia. En juego está el futuro de más de 600.000 mujeres… y de las personas a su cargo.

DTC

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y la Democracia, se cumple también un año de un gobierno que afectó gravemente ambos. Asumió con promesas de libertad y ajuste a la casta pero muy pronto quedó claro que las medidas regresivas que se implementaron afectaron gravemente a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Más aún, fue un gobierno que construyó parte de su identidad política marcando a las mujeres como sus enemigas.

En este primer año de gestión hubo una precarización económica generalizada; se desmantelaron políticas públicas clave para prevenir la violencia de género y garantizar derechos sexuales y reproductivos; y se consolidó un discurso oficial que legitima la violencia estructural contra mujeres, niñas, adolescentes y LGBTIQ+. Este balance no sólo da cuenta de una crisis social y económica, sino también un ataque deliberado a los pilares que sostienen la igualdad y los derechos humanos. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Qué Argentina quieren construir para nosotras? ¿Qué Argentina quieren los entusiastas de Milei para sí mismos, para sus familias? 

¿Nosotras éramos la casta?

En este año, las políticas económicas han agravado las desigualdades de género. La devaluación del 100% de la moneda, la caída del PBI en un 3,4% en 6 meses y el ajuste fiscal han impactado más sobre las condiciones de vida de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+, sectores que ya enfrentaban tasas más altas de pobreza y precarización laboral.

Las estadísticas de este primer año son contundentes. La pobreza alcanzó al 52,9% de la población -11 puntos porcentuales más que en el segundo semestre de 2023- y, de esa población, 6 de cada 10 son mujeres. El desempleo en general pasó del 6,2% al 7,6% -del segundo trimestre del 2023 al segundo trimestre de 2024-, pero las mujeres y los hogares encabezados por ellas se llevaron la peor parte. El desempleo en las mujeres llegó a 8,4%, mientras que en los varones fue de 7%. El 13 de agosto, UNICEF publicó un informe afirmando que 1 millón de niños y niñas en Argentina se van a dormir sin comer y que 1,5 millones se saltean alguna comida porque sus padres y/o madres no pueden comprarla. Más que números, son historias concretas de quienes sufren las consecuencias de estas políticas.

A esto se suma el recorte a jubilaciones y el anuncio de eliminación de las moratorias. El 22 de agosto, el Senado había aprobado una modificación de la movilidad jubilatoria que mejoraba levemente los ingresos pero Milei la vetó: 63% de los jubilados son mujeres. El 18 de octubre, el Gobierno anunció que no habrá prórroga de la moratoria previsional que vence en marzo del 2025: el 73,5% de las personas que acceden a una jubilación gracias a la moratoria son mujeres. 

¿Cuál es la solución que propone el Gobierno? Comer asados con quienes frenaron la recomposición en el Congreso y gobernar a puro bait tuitero.

¿La violencia de género no existe?

En 2023 en Argentina hubo 250 femicidios y, a noviembre de 2024, ya hubo aproximadamente 243: son muertes violentas de mujeres por razones de género, la mayoría de ellas en manos de una pareja actual o pasada. Mientras tanto, el Presidente y sus funcionarios afirmaron reiteradas veces que la violencia de género no existe.

La degradación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre 2023 y la disolución definitiva de la Subsecretaría de Protección contra la violencia de Género (que se suponía continuaría su trabajo) el 18 de julio del 2024 son el símbolo más evidente del retroceso. Programas claves para prevenir la violencia han sido reducidos a su mínima expresión, con recortes presupuestarios que los dejan prácticamente inoperantes.

Respecto a la Línea 144 de atención telefónica, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género, entre el 1° y el 2° trimestre de 2024, se registró una reducción del 11% en la cantidad de comunicaciones, 4% en la asistencia y 25% en el seguimiento de casos. Mientras el Gobierno hacía una utilización política de casos mediáticos de violencia contra las mujeres e invitaba a llamar a la línea, en la práctica la desfinanciaba, despedía masivamente a quienes trabajaban allí y, por primera vez en siete años, no incluía un presupuesto específico para su fortalecimiento en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso para 2025.

Respecto al Programa Acompañar, de apoyo económico, emocional y jurídico para personas en situación de violencia de género, los datos también son alarmantes. De 34 mil personas asistidas en el primer trimestre del 2023 se pasó a 434 en el primer  trimestre del 2024. Esto significa una caída del 98,72% en la asistencia, a pesar de que el 54,4% de las mujeres que solicitó el programa se encontraba con el máximo nivel de riesgo de vida. Se registró una caída del 82% en la ejecución presupuestaria en comparación con el segundo semestre de 2023 y, además, el Gobierno definió por decreto que la cobertura de ayuda económica se reduciría de 6 a 3 meses, con la obligatoriedad de realizar de manera previa una denuncia policial. Es decir, no hay espacios de acompañamiento ni mecanismos de atención pero te obligan a denunciar… y quedar librada a tu suerte. Como si fuera poco, tampoco figura el Programa Acompañar en el Proyecto de Presupuesto 2025.

Este vaciamiento institucional refleja una visión política que subestima la violencia de género y naturaliza las desigualdades estructurales. Más allá de la pérdida de recursos, el mensaje es claro: mejorar la vida de las mujeres no es una prioridad para este gobierno. Negar la violencia no hace que desaparezca pero, en este primer año de Gobierno, las mujeres quedaron libradas a su suerte.

Tu cuerpo SU decisión

En relación a los derechos sexuales y reproductivos, el balance también es grave. En un año, destinó cero pesos a la compra y a la distribución de medicamentos para la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo y amenazó con derogar la Ley sancionada en 2020, hablando local e internacionalmente del aborto como una “agenda sangrienta”.

Sin embargo, tampoco implementó ninguna medida para prevenir los embarazos no deseados. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que logró reducir un 50% la tasa de fecundidad adolescente en 5 años, fue prácticamente paralizado. El Gobierno redujo en un año la distribución de insumos, como métodos anticonceptivos, y despidió a 619 integrantes de los equipos técnicos en todo el país. El presupuesto de este Programa cayó un 70% en comparación con 2023 y, para 2025, tendrá una caída del 27% respecto al 2024.

Si bien ya venía sosteniéndolo durante el proceso electoral, la Libertad Avanza comenzó una feroz campaña mediática con fakenews el 8 de noviembre contra la incorporación del libro “Cometierra” a las bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires, contra la Educación Sexual Integral y los y las docentes que cumplen la Ley. A pesar de proteger a niñas, niños y adolescentes, ofreciéndoles herramientas para vivir libres de abusos, prejuicios y violencias, el Gobierno no le asignó fondos en el Presupuesto 2025.

Libertad sólo para algunos

En paralelo a los recortes, los discursos oficiales han deslegitimado el feminismo y las políticas de género a nivel local e internacional. Desde calificativos como “agenda sangrienta del aborto” en el Foro de Davos hasta el rechazo de compromisos internacionales en la ONU y la OEA, las declaraciones del presidente y su gabinete refuerzan narrativas que buscan excluir, desmovilizar y generar una sensación de “batalla perdida”.

La prohibición del lenguaje inclusivo, presentada como una medida “neutral”, es en realidad un retroceso cultural que profundiza estereotipos de género y limita la expresión de identidades diversas. El punto no es si alguien elige hablar con la “e” o buscar otros recursos lingüísticos que no pongan nerviosos a los adeptos a la Real Academia Española. El punto es que a través de ese ataque al lenguaje, en realidad se ataca una manera de comprender el mundo, una propuesta de inclusión y no discriminación que pensamos habíamos conquistado. No en beneficio de las mujeres ni del colectivo LGBTIQ+, sino en beneficio de toda la sociedad.  El ataque no queda solo en el discurso. Mientras provocan sistemáticamente en redes sociales, las consecuencias no son sólo simbólicas. 

Ya lo dijo Flor de la V en su despedida (esperamos temporaria) de la pantalla de la televisión: seguimos creyendo en una sociedad inclusiva, igualitaria, justa. Y seguiremos trabajando para conseguirla.

NG/CRM

El 8 de marzo de 2023, María Isabel Speratti viajó a la ciudad de Buenos Aires para marchar por el Día Internacional de la Mujer. Marchó por las que no estaban, pero también por ella misma. Hacía dos años que María buscaba activamente que la Justicia le cambiara la carátula a su causa para que su denuncia fuera reconocida como lo que realmente era: un caso de intento de femicidio. En lugar de protección, María encontró demoras burocráticas, trámites interminables y una indiferencia que la terminó condenando a lo inevitable: un femicidio anunciado. 

María hizo todo lo que debía hacer una “buena víctima” en un caso de violencia de género. Denunció, insistió, presentó pruebas, pidió medidas de protección. Durante dos años, luchó frente a un sistema que parecía diseñado más para ignorar a mujeres como ella que para protegerlas. “Bajar los brazos jamás, jamás, jamás. La voy a luchar con toda mi fuerza. Mientras tenga vida la voy a pelear porque se haga justicia”, dijo María en un audio de WhatsApp. El 11 de marzo de 2023, María fue asesinada por Gabriel, su ex pareja. 

Su historia expone las fallas de un sistema judicial que no actúa con urgencia ni perspectiva. No es casualidad que las mujeres que buscan ayuda frente a situaciones de violencia sean muchas menos que las que lo sufren. Durante el 2024 en Argentina, el 95% de los casos asistidos por la Línea 144 fueron por violencia doméstica y en el 86% de los casos el agresor era la pareja o ex pareja. Sin embargo, son 2 de cada 10 las mujeres que atraviesan una situación de violencia y denuncian ante la justicia.

En un contexto en el que se intenta instalar que las mujeres hacen denuncias falsas para vengarse de sus maridos y, con eso, desalentarlas y amedrentarlas aún más para que no denuncien, es importante volver al principio. Denunciar implica costos para las mujeres: problemas familiares, laborales, miedo, señalamientos, ataques, decisiones adversas y revictimización institucional. Para decidir buscar ayuda, las mujeres tienen que poder creer que las instituciones estarán allí para contenerlas, asistirlas, creer en su palabra y ayudarlas a encontrar un camino. Cuando un Gobierno niega la violencia por razones de género; amenaza con señalar una denuncia como falsa; desacredita las políticas públicas implementadas para acompañar a las mujeres y encima desfinancia los espacios de atención, el impacto en la vida de las mujeres que atraviesan esa situación de crisis es enorme. Más que ignorante, nos encontramos frente a un Gobierno que es cruel con las mujeres.

¿Qué es el acceso a la justicia y cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres víctimas de violencia de género?

“Ahora conseguí una restricción perimetral, pero, ¿qué hago con ese papelito?”. Esta es una pregunta recurrente para muchas mujeres que atraviesan una situación de violencia y van a la justicia, que refleja la confusión y desamparo que las atraviesa durante esos procesos. Para estas mujeres, el acceso a la justicia es una necesidad urgente que parece inalcanzable: es que alguien las escuche, las acompañe en la denuncia y les explique cuáles son los pasos a seguir. Es decir, un sistema que actúe con celeridad para proteger nada más ni nada menos que su vida. 

Los relatos más comunes muestran que el camino judicial suele estar lleno de obstáculos. Muchas mujeres no saben si tienen derecho a un abogado de oficio, cómo avanzar en sus denuncias o cuáles son los plazos críticos de sus casos. “Sigo teniendo dudas. En tres días termina la medida [de protección] y no sé quién me defiende, cómo sigue mi causa”, relata otra mujer entrevistada para una investigación de Equipo ELA, poniendo en evidencia la poca información que le fue brindada. Además, los procesos judiciales suelen ser largos y complejos, con un lenguaje técnico que muchas veces excluye y desorienta. “Al Juzgado fui recién hace dos semanas, y me entero de que nunca me llegó la citación para presentarme, y por eso cerraron la causa. Hubiera estado bueno que me informen cómo seguir el proceso judicial”: la burocracia te suelta la mano y te da un portazo.

Las barreras para acceder a la justicia también se evidencian cuando en la comisaría no les creen, las estigmatizan o tratan con levedad su situación. Esto genera un sistema que, lejos de garantizar derechos, refuerza desigualdades, convirtiendo a las víctimas en sobrevivientes que deben sortear un laberinto de burocracia y estigmatización. 

El problema es estructural. Falta acompañamiento en el proceso judicial, capacitación de quienes están en contacto con las víctimas, perspectiva de género en las sentencias, y medidas protectorias. La lista puede seguir.  

A pesar de contar con un marco normativo progresista y programas específicos como la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, las barreras persisten en múltiples niveles: desde la falta de recursos adecuados en las instituciones judiciales, hasta el uso de estereotipos de género que condicionan el accionar de operadores/as de justicia. 

Los relatos y los números son claros. Si no derribamos estas barreras, cada denuncia ignorada, cada medida que llegue tarde, se convierte en una nueva posibilidad de que el sistema judicial le falle a otra María.

Ahora, ¿cómo mejoramos el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género?

Existen iniciativas desde la sociedad civil y el sistema judicial que buscan transformar este panorama. En esta línea, el Seminario Regional sobre Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género organizado por Equipo ELA, junto con la Defensoría General de la Nación los días 20 y 21 de noviembre de 2024, reunió a actores claves de ambos sectores para compartir ideas y recomendaciones. Entre las propuestas discutidas, se destacó la importancia de la escucha activa, el acompañamiento psico-social para las víctimas y sostener los espacios que brindan atención integral a las víctimas (como los Centros de Acceso a la Justicia). Un ejemplo de estas buenas prácticas es la implementación del “Índice Crianza”, que busca visibilizar y valorar el tiempo y recursos invertidos por las mujeres en el cuidado de sus hijas e hijos, pero que no siempre es tenido en cuenta en las sentencias sobre alimentos. 

Estas medidas buscan no solo acelerar los procesos, sino también humanizarlos, asegurando que las decisiones judiciales reflejen la urgencia y gravedad de las situaciones denunciadas. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas será efectiva si el Estado sigue recortando recursos. El desmantelamiento de políticas públicas como la Línea 144 o el programa “Acompañar” afecta directamente la capacidad de respuesta ante la violencia de género. 

La disminución en el acceso a servicios de atención no solo significa una barrera para quienes necesitan apoyo urgente, sino también una violación a los estándares internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado argentino, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. El colapso de estos servicios fundamentales exige una respuesta inmediata y estructural para garantizar su sostenibilidad y eficacia, comenzando por la restitución de un presupuesto adecuado en línea con la magnitud de la problemática.

Un abordaje urgente

Frente a este panorama, es necesario recordar que la violencia de género no es un problema individual ni aislado, sino una cuestión estructural que requiere el compromiso sostenido del Estado en todos sus niveles. Recuperar y fortalecer los programas existentes es un imperativo legal que debe ser prioridad.

El 25 de noviembre no es solo una fecha de conmemoración sino una oportunidad para recordar que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y un pilar para erradicar la violencia de género. Sin embargo, las recientes decisiones políticas y los retrocesos institucionales nos colocan en una encrucijada peligrosa. Si no se mejora la situación y no se implementan políticas públicas con perspectiva de género, no solo se seguirá perpetuando la discriminación. Casos como el de María (y tantas otras mujeres) continuarán siendo parte de una dolorosa estadística.

La justicia, entendida como reparación, acceso y protección, no puede seguir siendo un privilegio reservado a unas pocas. Es imprescindible que el Estado recupere su compromiso con la igualdad de género, no como un eslogan, sino como una política activa y sostenida que priorice las vidas de quienes más lo necesitan. De lo contrario, los 16 días de activismo quedarán reducidos a un recordatorio de lo que no supimos (o no quisimos) cambiar.

Agustina Correa y Manuela Kotsias Fuster son integrantes del área Jurídica de Equipo ELA.

¿Qué madre no querría que su hija pueda identificar un abuso y pedir ayuda? ¿Qué padre no desearía que su hijo sepa que no está obligado a callar si alguien lo hace sentir incómodo? En las últimas semanas, circularon declaraciones y expresiones de altos funcionarios del Gobierno nacional que pretendieron desacreditar la implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, sancionada en octubre del 2006 por el Congreso argentino. Para hacerlo, circularon noticias falsas que desinforman y tergiversan los hechos, apelando a emociones negativas y sentidos comunes naturalizados que, justamente, la ESI pretende revisar. 

Frente a esos discursos, es urgente recordar el verdadero propósito de la ESI: proteger y empoderar a las infancias y adolescencias frente a los abusos y las violencias. Aquí desmentimos las desinformaciones que circularon en estas últimas semanas con evidencia y argumentos, pero también con una invitación a reflexionar desde el corazón.

¿Esto está chequeado?

En estos tiempos de alto consumo de redes sociales, donde gran parte de las noticias que circulan buscan más el clickbait que brindar información seria y chequeada, las desinformaciones se han vuelto moneda corriente.

Quienes desinforman aprovechan los temas sensibles, los prejuicios sociales y los temores de distintos grupos para generar emociones fuertes en quienes las ven circular y así lograr que sean ampliamente compartidas. Los temas que son objeto de desinformación no son elegidos de manera inocente, sino que son seleccionados estratégicamente con el fin de influenciar la mirada social sobre determinadas agendas. Diversas políticas y programas que se orientan a reducir las desigualdades sociales y de género suelen ser un objetivo común de ataques desinformantes justamente porque son intervenciones que ponen en jaque privilegios y sentidos comunes que naturalizan esa desigualdad. 

Esto se observa en una investigación de ELA y Chequeado durante las elecciones generales del 2023. Algunas desinformaciones de la ESI se presentan como simples comentarios en una entrevista, una nota periodística o un tweet. Otras veces son pronunciadas en discursos de referentes políticos, académicos y científicos o por parte de organizaciones sociales. Por ejemplo, como sucedió recientemente con el libro Cometierra de Dolores Reyes, hace tan solo un año circulaba por redes y medios de comunicación la noticia de que dentro de la bibliografía de la ESI figuraba el libro “Gonzalito y sus dos papás”, con ilustraciones de dos hombres descansando desnudos en una cama junto a un niño. Sin embargo, en este caso, se demostró que esto era falso y que el libro no formaba parte del material del programa argentino de Educación Sexual Integral. En realidad, se trataba de un libro español, cuya editorial aseguró que no se había distribuido en la Argentina. En el caso de Cometierra, se sacó de contexto un breve párrafo de un libro pensado para que adolescentes puedan reflexionar en el aula sobre el abuso sexual y cómo prevenirlo.

Lo que transmite cada desinformación individual no son mensajes aislados sino que, analizadas en conjunto, construyen grandes narrativas que presentan una visión muy particular sobre un tema determinado. De esta manera, cada desinformación puntual es interpretada por las personas como “una prueba más” de aquellas narrativas que se intentan imponer.

De Cometierra al deseo de silencio

Entre las narrativas principales que se pronuncian en contra de la ESI, la investigación realizada por ELA y Chequeado identificó aquellas que aseguran que “es parte de un adoctrinamiento de las infancias” o que promueve comportamientos y se utilizan materiales inapropiados para la edad. Otras que tiene consecuencias en la salud mental como física, como la generación de traumas psicológicos, la iniciación temprana a la sexualidad, el aumento de los embarazos adolescentes, la infertilidad y aumento de las enfermedades venéreas. Finalmente, aquellas narrativas que afirman que tiene como objetivo la homosexualización de las infancias, la promoción de la pedofilia y el control poblacional. 

En base al debate instalado con desinformaciones de estas semanas, nos parece fundamental abordar las siguientes:

“La ESI promueve la sexualización de los niños y comportamientos inapropiados para la edad”

Muy por el contrario, desde su sanción, la ESI ha constituido una herramienta fundamental para detectar situaciones de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Sus principales ejes consisten en cuidar el cuerpo y la salud de las y los niños y adolescentes, valorar la afectividad; garantizar la equidad de género; respetar la diversidad y educarlos para ejercer sus derechos.

En Argentina se registraron, en el periodo 2017-2023, 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, según datos de la Línea 137. En este marco, la ESI es fundamental en cuanto permite identificar conductas abusivas y violentas y contar con herramientas para denunciarlas. Un reciente estudio, basado en los datos de la Sala de Entrevistas Especializada realizado por el Ministerio Público Tutelar de CABA, reveló que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes residen en la misma vivienda que la persona denunciada por abuso sexual infantil y que en 6 de cada 10 de los casos incluidos en el estudio el delito denunciado fue cometido por alguna persona con un vínculo familiar. 

Además, del número de casos relevados en aquellas situaciones  en que se demoró más de un año en hacerse la denuncia se observó en forma reiterada, que la develación sucede recién cuando el NNyA tiene un entorno de contención para poder relatar el hecho; o cuando encuentran palabras para relatar los hechos, por ejemplo, a partir de una clase de educación sexual integral. Según el informe, en 1 de cada 4 casos se devela el hecho en la escuela. 

“La ESI es una agenda ideológica que busca adoctrinar a las infancias”

Imaginen por un momento a un adolescente que desconoce que “el amor” no justifica los golpes o las humillaciones. O una joven que no sabe que es falso que, en la primera relación sexual, no es posible quedar embarazada. Sin educación sexual integral, muchos adolescentes carecen de herramientas para reconocer y salir de relaciones violentas o prevenir embarazos no deseados. La ESI, basada en principios de derechos humanos, no “sexualiza”: empodera. 

En el informe “Hacia una Educación Sexual Integral, efectiva y no adultocéntrica: Voces, perspectivas y recomendaciones de adolescentes y jóvenes de Argentina” vemos cómo los jóvenes valoran la educación sexual integral. Para la mayoría de ellos, la ESI ha sido una herramienta que les permitió reflexionar sobre los estereotipos de género, identificar los micromachismos y las violencias —tanto las que pueden estar ejerciendo ellos/as como las que puedan estar viviendo—.

Fuente: “Hacia una Educación Sexual Integral, efectiva y no adultocéntrica: Voces, perspectivas y recomendaciones de adolescentes y jóvenes de Argentina”

Argentina cuenta con un amplio reconocimiento del derecho a la educación sexual integral como un derecho humano y una obligación del Estado. El 16 de septiembre el Comité de Derechos del Niño instó al Estado argentino a asegurar la continuidad y el fortalecimiento del Plan ENIA, a garantizar la implementación efectiva de la Ley N° 26.159 sobre Educación Sexual Integral y asegurar que la política de salud sexual y reproductiva forme parte de la currícula escolar obligatoria, con especial atención a la prevención del embarazo precoz y las infecciones de transmisión sexual.

Nadie está libre de caer en la trampa de las falsas noticias. Por eso, frente a la alta circulación de desinformaciones es bueno estar alertas y buscar más información que nos permita ampliar lo que leímos o escuchamos. Hacer nuestro propio chequeo de fuentes.

La ESI no es lo que pretenden instalar estos sectores conservadores y reaccionarios. Es un escudo que protege a las infancias y adolescencias de la violencia, el abuso y los prejuicios que durante años silenciaron historias de dolor. Por eso, la ESI es un derecho. ¿Queremos que vuelva a instalarse la idea de que los chicos no deben “saber demasiado”? ¿Queremos que el abuso sexual vuelva a ser un tabú? ¿O queremos, en un mundo donde la pornografía está al alcance de un click, darles las herramientas necesarias para pensar críticamente, defenderse y prevenir esas situaciones de riesgo?

Las autoras, Agustina Rossi y Patricia Sotile, son integrantes de las áreas de Políticas y Jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), respectivamente.

AR/PS/JJD

Hace poco menos de un año, el mundo observaba con atención la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina. En los primeros meses, sus políticas de ajuste en el gasto nacional y promesas de reformas estructurales para la apertura de la economía despertaron cierta expectativa en el escenario internacional, para quienes cobijan la esperanza de que estabilizarían el país y generarían oportunidades de negocios. Sin embargo, en algunos ámbitos en los que las oportunidades de negocios se enmarcan en sociedades que se toman en serio los principios y valores de los derechos humanos, hoy el entusiasmo va dejando lugar a la preocupación.

Lo que comenzó como una serie de exabruptos retóricos ha revelado un proyecto ideológico que no solo amenaza la estabilidad democrática argentina, sino también la legitimidad de la cooperación multilateral entre países, la sostenibilidad de las inversiones y los derechos humanos en la región. Los retrocesos en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ son solo el preludio de un sismo ideológico que aleja a Argentina de los principios y compromisos globales que Occidente sostiene como pilares. El discurso contra el Pacto del Futuro, la destitución de Diana Mondino y los cambios abruptos en Cancillería, a solo días de la cumbre del G20, son un indicio de las tensiones y los desafíos diplomáticos que Argentina enfrenta.

Valores de occidente en retroceso

Desde el inicio de su mandato, Javier Milei ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó partidas presupuestarias y despidió masivamente al personal que mantenía las políticas públicas en pie. Todo esto, negando explícitamente la existencia de la violencia de género, incumpliendo normativas vigentes y compromisos internacionales. Con evidencia podemos afirmar que estas medidas configuran un retroceso de décadas en materia de derechos humanos y protección social en Argentina, que no se explica solo por la búsqueda del superávit fiscal y la “necesidad” de un ajuste.

Por eso es que su posición ya trascendió las fronteras. Milei inició un cambio notable en la política exterior argentina, que incluye un alejamiento de posiciones construidas transversalmente por los partidos políticos democráticos en las últimas cuatro décadas, un distanciamiento deliberado de cualquier coordinación posible con la región latinoamericana y el impulso de una agenda incluso anti-liberal, que pretende incentivar retrocesos en materia de derechos humanos a nivel global.

Algunos de los hitos más significativos de estas intervenciones en materia de género en el escenario internacional: el 20 de marzo de 2024, en la Comisión sobre la Condición Política y Social de la mujer (CSW) que reune a todos los países en el ámbito de Naciones Unidas, Argentina expresó su oposición al uso de lenguaje que permite la “promoción” del aborto y la “ideología de género” y votó junto con Nigeria, Rusia, Irán, Irak y Nicaragua. Este posicionamiento significó un cambio de postura respecto de la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, en contra de nuestra propia legislación nacional. El 18 de junio, en el marco de la Reunión Ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Argentina solicitó remover de un proyecto de resolución sobre Haití la mención a la violencia sexual y de género como aspecto de preocupación específica sobre la situación de ese país caribeño. Ese mismo día, también objetó en otros proyectos todas las referencias a temas de igualdad de género, abordaje de la violencia basada en género, la violencia sexual y el abordaje interseccional (que reconoce que la condición migrante, rural, de discapacidad, la edad, entre muchos otros aspectos, impactan en las condiciones de vida de las personas), a la vez que se opuso a la inclusión de lenguaje vinculado a la Agenda 2030, firmada por 193 países miembros de la ONU.

Argentina no envió una delegación oficial a la IX Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), que desde hace tres décadas promueve la atención de la violencia hacia las mujeres en la región. Tampoco a la V Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, un espacio de diálogo político donde se da seguimiento a los compromisos internacionales; ni participó de manera presencial en la sesión del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en septiembre de este año, en el marco del proceso de revisión de la situación de niños, niñas y adolescentes del país. Ese proceso dio lugar a muy importantes Observaciones del Comité a la Argentina. Además, hace pocas semanas y de manera sorpresiva, Argentina fue el único país que se negó a firmar la Declaración “sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres” del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20, rompiendo el consenso de todos los países (incluyendo países como Arabia Saudita) y generando sorpresa y preocupación. 

Hoy, 14 de noviembre, Argentina tendrá que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de tres audiencias solicitadas por organizaciones de la sociedad civil para dar cuenta del grave retroceso en materia de derechos que se vive en Argentina, un hecho que evidencia la preocupación de los organismos de protección de derechos humanos con la mirada atenta de la comunidad internacional.

Esta exhaustiva enumeración que, de todos modos,  no termina de exponer la totalidad de las acciones que está llevando adelante el Gobierno argentino, dan cuenta de una búsqueda consciente y una decisión explícita de atacar simbólica y materialmente estas agendas que reflejan un consenso democrático sobre aquellos valores que compartimos junto a la comunidad internacional. Esto debería encender las alarmas del mundo porque no se trata sólo de desacuerdos relacionados con una “cuestión de género”. Estas acciones suponen un retroceso en los valores que son pilares fundamentales de Occidente y un mensaje a toda la comunidad global: los acuerdos y avances en igualdad pueden ser revertidos fácilmente.

U.N. enemigo inexistente

En este derrotero, el discurso de Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2024 marcó un punto de quiebre. Repitiendo el guión de una serie norteamericana sin citar, Javier Milei descalificó los acuerdos globales sobre derechos humanos ante los 193 Estados miembros y rechazó la Agenda 2030, una agenda de compromisos políticos para promover el desarrollo sostenible “a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”. Desde ese podio, la describió como una “imposición ideológica socialista” y puso en duda el rol de los organismos multilaterales, acusándolos de violar la soberanía y la libertad de las naciones. Para Milei, la ONU ha pasado de promover la paz a imponer una “agenda woke” y un “nuevo contrato social” que, según él, amenaza las libertades individuales y fomenta un colectivismo “moralmente tóxico” e incompatible con su mirada del  progreso.

Este posicionamiento marca un intento deliberado por deslegitimar los espacios de diálogo multilateral que amenaza el tejido social y político que da forma a la cooperación y al desarrollo global. Representa un cuestionamiento de los valores democráticos y humanistas que Occidente ha defendido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Al rechazar la cooperación multilateral, Argentina se retira de los espacios de acuerdo que buscan enfrentar los problemas compartidos del siglo XXI, desde la crisis climática hasta los derechos humanos. Para la comunidad internacional, esta postura es una amenaza real: la legitimidad de los organismos multilaterales, que son esenciales para mantener los espacios de diálogo, resolver conflictos y promover el desarrollo sostenible, queda debilitada cuando un país con la influencia de Argentina promueve su rechazo.

Además, como si fuera poco, en ese mismo discurso Milei anunció que Argentina abandonaría la neutralidad por primera vez en su historia, un elemento fundamental para el sostenimiento de la paz en la región latinoamericana. ¿Hasta dónde llegará la guerra ideológica en la que se embarcó el presidente? ¿Qué consecuencias sociales, políticas e incluso económicas puede traer?

Efectos económicos y sociales de la desigualdad

La población argentina no come déficit cero. En un país con 52,9% de pobres -con un histórico crecimiento de más de 11 puntos en los primeros 6 meses de gobierno- y 18,1% de indigentes, la estabilidad económica y política es una expresión de deseo. La experiencia de las últimas tres décadas en nuestro país muestra la volatilidad de los acuerdos, las reglas y los arreglos institucionales, en particular cuando se construyen sin consensos sólidos, basados en evidencia y apoyados en argumentos.   ¿Qué sucedería entonces con cualquier inversión a mediano o largo plazo? Así, no hay seguridad jurídica que se sostenga.

Desde principios del siglo XXI, Argentina fue un factor de estabilidad en América Latina. Más allá de las dificultades económicas y financieras, luego del 2001 el país no sufrió graves crisis institucionales y sociales  que repercutieran negativamente en el clima regional. La política de ajuste brutal interno, combinada con un modelo de rechazo a los derechos humanos y al multilateralismo, no es solo un cambio de estilo: es una amenaza a la estabilidad global. La decisión de desvincularse de organismos de cooperación internacional afecta también acuerdos de inversión y tratados comerciales.

Las inversiones  que esperaban capitalizar un clima económico favorable encuentran ahora un contexto de gobernanza que muestra pocas  garantías, con reglas que pueden cambiar sin consenso y en medio de un escenario global donde las crisis sociales, migratorias y la desigualdad se profundizan. La inseguridad jurídica y la inestabilidad económica y social en Argentina pueden generar un efecto dominó en toda la región. En una economía globalizada, la desconfianza y el distanciamiento de acuerdos comunes pueden desencadenar efectos que se sentirán más allá de las propias fronteras.

Nos están mirando

Los retrocesos en Argentina afectan los valores y derechos compartidos. Si queremos abordar las problemáticas de derechos humanos y de desarrollo sostenible de manera colectiva, cooperando entre las naciones en un mundo cada vez más conectado, debemos comprender que los retrocesos en derechos humanos y el desmantelamiento de políticas de igualdad de género en Argentina tienen consecuencias para todos. Atacar a las políticas para la promoción de la igualdad y la protección frente a las violencias, no es solo atacar a las mujeres ni exponer una mirada del mundo distinta: es un ataque a la construcción de los valores y principios que abrazamos como democracia.  La protección de los valores humanistas y la cooperación multilateral es esencial para la paz y la prosperidad global.

El presidente Milei está siendo visto como un ejemplo a nivel mundial para quienes quieren imponer en sus países discursos violentos, que proponen la supresión del otro como un método político para profundizar las grietas y los conflictos. Argentina desafía los valores y objetivos de los países que defienden un modelo de crecimiento inclusivo y respetuoso de los derechos humanos y ofrece una alternativa a los movimientos ultra conservadores y reaccionarios que ya están presentes -y creciendo- en todo el mundo.

La comunidad internacional tiene en el próximo G20 una oportunidad para reafirmar su compromiso con el desarrollo inclusivo y dar una respuesta contundente a estos intentos por desbaratar los consensos que trabajosamente se construyeron por décadas. No es solo el destino de Argentina lo que está en juego sino la defensa de un modelo de estabilidad y desarrollo en el que los derechos humanos y la equidad sigan siendo el camino hacia un mundo que cuide la paz y promueva la igualdad.

La autora es directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Comité Cedaw) llamó a los Estados, en su Recomendación General N° 40, a asegurar la representación igualitaria de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones. En Argentina, parte de la deuda pendiente con las mujeres es la actual composición de la Corte Suprema. 

“La Recomendación General 40 fue diseñada por el Comité dentro del marco de su mandato y formaba parte de la urgencia de nuestro tiempo, caracterizado por desarrollos disruptivos que están cambiando los sistemas y que necesitaban llevar a una revisión radical de los sistemas de toma de decisiones. Solo un enfoque sistémico, integral e inclusivo basado en la paridad 50/50 como principio de gobernanza podía asegurar el respeto de este derecho fundamental y el progreso de las sociedades”. Nicole Ameline, experta del Comité de la Cedaw, (la traducción es propia).

La Recomendación General N° 40 en contexto

El Comité Cedaw, compuesto por expertas independientes, supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), firmada el 18 de diciembre de 1979. Entre sus funciones, el comité emite recomendaciones generales que guían a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos de las mujeres. Estas recomendaciones ofrecen pautas y herramientas para asegurar estándares de protección y prevenir la violencia de género.

El proceso de elaboración de la Recomendación N° 40 incluyó aportes de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales, lo que refuerza su carácter universal y su enfoque interseccional. Este documento marca un estándar mínimo que los Estados deben cumplir para asegurar la paridad y la participación plena de las mujeres en los espacios de poder.

En Argentina, la Cedaw tiene jerarquía constitucional desde la reforma de 1994, a partir de la cual se le dio a este tratado de derechos humanos el mayor rango legal dentro de nuestro sistema normativo. En el marco de los 30 años de dicha reforma, la Recomendación N° 40, aprobada el pasado 23 de octubre, refuerza el mandato de paridad de género. El Comité insta a los Estados a modificar sus constituciones y leyes para institucionalizar la paridad 50:50 en todos los niveles de decisión. 

La participación equitativa de las mujeres es crucial para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la estabilidad política y el desarrollo sostenible, áreas en las que Argentina sigue rezagada, como lo demuestra la ausencia de mujeres en la Corte Suprema. Argentina es el único país de Iberoamérica que no tiene mujeres en el máximo tribunal. Desde la creación de la Corte en 1863, solo tres mujeres han ocupado un lugar, frente a 104 hombres.

El mandato de la paridad 50-50: Obligaciones de los Estados

La Recomendación N° 40 insta a los Estados a garantizar la paridad de género del 50% como principio universal en todos los sectores: político, económico, público, privado y digital. Este enfoque reconoce que solo con una representación igualitaria las mujeres pueden acceder al poder de decisión en igualdad de condiciones que los hombres. La recomendación subraya que “la representación igualitaria e inclusiva es una solución transformadora” que los Estados deben adoptar sin dilación para asegurar el progreso de las sociedades.

Un elemento clave de la Recomendación N° 40 es su relación con los compromisos internacionales, como el Pacto para el Futuro, presentado en la reciente Cumbre del Futuro, que refuerza la importancia de la paridad de género en las decisiones globales. Sin embargo, Argentina no firmó este acuerdo, lo que evidencia en la arena internacional –y explícitamente para el comité– su falta de compromiso con las agendas internacionales de igualdad. Este contexto el Comité resalta en sus recomendaciones la urgencia de implementar una política exterior feminista (PEF), como lo han hecho otros países, para promover la igualdad de género tanto a nivel local como global. Por primera vez, una recomendación del Comité Cedaw destaca la PEF como un mecanismo para garantizar el derecho de las mujeres a representar a sus gobiernos en el ámbito internacional.

La interseccionalidad en la representación: Más allá del número

La Recomendación N° 40 enfatiza la importancia de una representación que no solo asegure la paridad de género, sino que también contemple la diversidad de identidades, como mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes y con discapacidades. En Argentina, esto es particularmente urgente en los órganos judiciales, donde no solo hay una subrepresentación de mujeres, sino también una ausencia de diversidad. 

La inclusión efectiva no se trata solo de alcanzar cuotas numéricas, sino de garantizar que las mujeres, en toda su diversidad, tengan poder y voz en la toma de decisiones.

Desafíos estructurales y barreras históricas

La falta de mujeres en los espacios de poder refleja barreras estructurales, entre las cuales la distribución desigual de las tareas de cuidado es una de las más significativas. La Recomendación N° 40 subraya que la organización social del cuidado afecta directamente la capacidad de las mujeres para acceder a posiciones de decisión y exige a los Estados la implementación de políticas que redistribuyan estas responsabilidades de manera equitativa.

Un ejemplo concreto en Argentina proviene del informe de mayo de 2023 del Observatorio de Géneros y Políticas Sociales, que reveló que el 96% de las mujeres encuestadas desearía realizar otras actividades, como participar en espacios políticos, si no tuvieran que dedicar tanto tiempo al cuidado. Este hallazgo demuestra cómo la carga del cuidado excluye a las mujeres de la toma de decisiones, afectando especialmente a las responsables principales del hogar, quienes también manifestaron querer acceder a empleo remunerado, estudiar o descansar.

La Recomendación N° 40 insta a los Estados a adoptar políticas que desmantelen los estereotipos de género y redistribuyan equitativamente las responsabilidades de cuidado. Sin estos cambios, las mujeres seguirán excluidas de los espacios de poder, perpetuando la desigualdad y afectando la calidad democrática.

 Oportunidades perdidas: Argentina y el escenario internacional

Las recientes elecciones en Estados Unidos, donde se perdió la posibilidad de elegir a la primera presidenta mujer, demuestran que las barreras de género persisten incluso en las democracias más avanzadas. 

La Recomendación N° 40 señala que la participación equitativa de las mujeres es un tema de liderazgo global. En este contexto, la inacción de Argentina, al no firmar el Pacto para el Futuro en la Cumbre del Futuro, evidencia la falta de compromiso para avanzar en la igualdad de género tanto a nivel local como global. 

De cara a las próximas elecciones de secretaria general en OEA y en Naciones Unidas, así como en la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el marco del próximo año electoral en Argentina, toca un poco más que reflexionar en base a este documento. Es fundamental que redoblemos los esfuerzos para exigir políticas de paridad y denunciar públicamente el ocaso de las agendas públicas de género. En un contexto donde el Estado parece negarse a avanzar, la presión internacional y la articulación con actores globales son claves para asegurar que la igualdad de género no quede relegada. Garantizar la paridad en espacios de decisión, como la Corte Suprema de un país, es fundamental no solo para el país, sino también para la promoción de un orden internacional más inclusivo.

La autora es integrante del Área Jurídica de ELA

AC/JJD

¿Cuidar es un derecho humano? La respuesta es un rotundo sí. El 29 de octubre fue declarado como el Día Internacional de los cuidados y apoyos por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2023, con el objetivo de hacer visible a nivel global la relevancia que tienen. Fue el inicio de una decisión de instalar la importancia del trabajo de cuidado para la sostenibilidad de la vida, de la economía y del planeta. También fue el inicio de un impulso y una promoción de las responsabilidades que tienen los Estados respecto a todo lo que implica cuidar a otras personas, resolver la vida cotidiana, de qué manera las personas son cuidadas, cómo se cuidan a ellas mismas y qué apoyos resultan imprescindibles para favorecer el ejercicio de autonomía de las personas con discapacidad. 

Desde el inicio del sistema de protección universal, con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 en adelante, se establecieron compromisos claros al respecto. En cada Pacto y Tratado Internacional de derechos humanos, tanto del sistema de protección de Naciones Unidas como en el Interamericano, encontramos disposiciones que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar el derecho que tiene cada persona a vivir una vida digna y libre, que implica el derecho a cuidar, a ser cuidada y a ejercer su autocuidado.  

Los cuidados han atravesado la historia de la humanidad pero, hasta el momento, poco se había hecho para garantizarlos y distribuirlos. Estas actividades fueron históricamente asignadas a las mujeres en los hogares. El cambio de perspectiva implica la necesidad de que sean distribuidas en toda la sociedad, de manera justa y corresponsable. Así, el cuidado debe ser resuelto igualitariamente en los hogares y en la comunidad entre sus responsables, generando también los distintos apoyos para que las personas con discapacidad puedan ejercer su propio derecho al cuidado. El Estado debe garantizarlo no sólo a través de políticas públicas, sino también instar al sector privado y los mercados a un ejercicio justo y corresponsable. 

Con ese mandato, el Estado argentino solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que esclarezca el alcance de las obligaciones en materia de cuidados, en enero de 2023. Este pedido, y su posterior admisibilidad, abrió un período de debate que incluyó la presentación de 130 escritos de amicus curiae con distintos argumentos a favor de su reconocimiento y una audiencia pública que se celebró en marzo de 2024 para exponer los distintos argumentos frente a las y los magistrados de la Corte IDH. De ese proceso participaron ocho Estados de la región (Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); organismos especializados de Naciones Unidas (CEPAL, ONU-Mujeres, ACNUDH, el Comité y el Relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad); organismos de los ministerios públicos de varios países de la región; universidades latinoamericanas y europeas; organizaciones de la sociedad civil, feministas, de las diversidades sexuales y de derechos humanos; colegios de magistrados/as, de abogados/as; y un amplio número de personas interesadas en la agenda de cuidados.

En general no suele ser tan alta la participación en procesos similares en los que se han pedido opiniones consultivas de la Corte IDH, lo que muestra el interés que despierta el reconocimiento del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Pero aún más notable resulta la contundencia de los argumentos jurídicos y políticos que sostienen la necesidad de que la Corte IDH interprete con amplitud el derecho al cuidado como un derecho autónomo y de satisfacción inmediata, reforzando la agenda de políticas públicas hoy presentes en mayor o menor medida, en cada uno de los países de la región. En efecto, cerca de 15 países de América Latina  cuentan con políticas de cuidados, sean los sistemas nacionales de cuidado, como el caso pionero de Uruguay, o experiencias locales como el sistema distrital de cuidados de Colombia, o diversas instancias en donde los Estados han avanzado en diseñar –o se encuentran haciéndolo- estrategias en base a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho humano al cuidado.   

La misma contundencia tuvo la representación de Argentina, en tanto Estado solicitante, durante las audiencias llevadas a cabo en marzo de 2024 en San José de Costa Rica, solicitando a la Corte IDH que defina estándares de cumplimiento. Sin embargo, pocos meses después, la República Argentina intentó desdecirse pidiendo a la Corte que interrumpa el proceso de debate y que retire el pedido de Opinión Consultiva. Este pedido ha sido rechazado por unanimidad por el Tribunal, exponiendo el desconocimiento del gobierno actual del funcionamiento del sistema interamericano y su intención de deslegitimar su rol a nivel regional.

Nuevamente la contundencia de la agenda de cuidados como global y parte central de derechos humanos ha sido reafirmada por la Corte IDH que seguramente en pocos meses ofrecerá un conjunto de estándares y principios jurídicos respecto al alcance del derecho a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado y los sistemas de apoyos necesarios para su ejercicio. Confiamos nuevamente en la voluntad transformadora que tiene el sistema interamericano, que permitirá posicionar a la región como pionera en garantizar el cuidado como trabajo y como derecho humano de cada persona. En un contexto en el que nos quieren volver a convencer de que la violencia de género no existe y que el lugar natural que corresponde a las mujeres es solo el de las tareas del hogar, el Día Internacional de los cuidados y apoyos  es más relevante que nunca.  

La autora es socia fundadora y Presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

El domingo se festejó un nuevo Día de la Madre y las cuentas de redes sociales se llenaron de posteos que buscaron poner en valor todo lo que las madres hicieron y hacen por sus hijos, el tiempo dedicado, las comidas preparadas, el “estar siempre”, el acompañamiento constante, el haberlos “bancado en todas”, ser no sólo buenas madres sino también grandes abuelas. En definitiva, poner en palabras el agradecimiento hacia ese amor y esos cuidados brindados durante años y años de vida. 

También se pudieron ver muchos posteos que hacían referencia a la necesidad de valorar y reconocer que los cuidados requieren de mucho tiempo, esfuerzo físico y mental, y que, en muchos casos, pueden generar estrés, agobio, malestar. Sobre todo cuando esa enorme tarea recae sobre las familias y, más aún, si no se distribuye equitativamente. Porque, a pesar de todos los cambios y progresos, el cuidado sigue teniendo, aún hoy, cara de mujer. 

¿No podríamos cambiar algunas cosas para cuidar con más disfrute y menos estrés? Es cierto que es parte de la tarea, muchas veces, pero también sucede porque no hay suficientes servicios, apoyos o tiempo para cuidar. Aunque siempre pensamos que es algo privado, en realidad, cuidar es una responsabilidad que debería ser compartida entre las familias, las instituciones, las empresas y la comunidad. 

Lo esencial es invisible a los ojos: ¿Cómo cuidamos en Argentina hoy?

Esa es la gran pregunta. Podríamos pensar que efectivamente el mundo gira, las cosas se hacen. ¿Qué necesidad habría de cambiar las cosas tal como están? Las familias cuidan y trabajan. Alguien lleva a los niños a la escuela, les prepara la vianda, firma las notas escolares, lava el guardapolvos, los lleva bañados, alimentados, con las vacunas al día. También alguien acompaña a las personas mayores al médico, les recuerda tomar su medicación, le compra los medicamentos, gestiona sus cuidados cuando ya no pueden cuidarse solos. La pregunta es ¿no se podría hacer de otra manera? ¿De qué manera la sociedad acompaña y asiste a esas familias para cuidar? ¿Las personas cuentan con los servicios y apoyos necesarios para llevar adelante la crianza de sus hijos y poder al mismo tiempo generar los ingresos necesarios para vivir? ¿O vivimos en un sálvese quien pueda y que cada quién se arregle como pueda con lo que tenga? La respuesta no les sorprenderá. 

En Argentina tenemos un esquema que sigue descansando en que son las familias las grandes aseguradoras del cuidado, las que se organizan, arman y desarman, gestionan, van de acá para allá y resignan, para poder asegurar dentro de sus posibilidades que sus integrantes tengan bienestar o algo cercano a ello. 

Cada familia se organiza en función de lo que quiere y de lo que puede: no es lo mismo contar o no con buenos jardines públicos en tu barrio (y conseguir vacante); que el jardín sea desde los 45 días o que arranque a los 3 o 4 años; poder acceder o no a una doble jornada; tener familiares con disponibilidad de tiempo y ganas de cuidar que no tenerlos; tener o no una obra social que cubra gastos de cuidadora domiciliaria, acompañante terapéutica; tener o no dinero para pagar servicios, cuidadoras, clases extracurriculares; tener un espacio comunitario en tu barrio donde tus hijos puedan comer y estar protegidos mientras salís a trabajar, que no tenerlo; tener o no un trabajo que sea flexible y te permita resolver urgencias cuando lo necesitas. En definitiva, el entorno social y económico moldea y condiciona las elecciones y estrategias de cuidado de las familias.  

Pensemos en la siguiente situación ficcionalizada pero basada en hechos reales para entender cómo nuestra sociedad está organizada en relación a ese bien preciado que son los cuidados, es decir qué servicios, recursos y tiempo tienen disponible las familias y qué pasa con roles de género:

Florencia y Manuel trabajan a tiempo completo. Tienen un hijo de 3 años que va a un jardín público, de jornada simple como la mayoría de los jardines de Argentina, al que asiste de 8.45 a 12. Ambos suelen turnarse para llevarlo a la mañana y salen corriendo para llegar a sus trabajos. El horario es incompatible con sus responsabilidades laborales pero no queda otra. Dos días de la semana tuvieron que contratar una niñera para que retire a su hijo del jardín y lo cuide hasta que alguno de los dos vuelva al hogar. El resto de los días lo va a buscar la abuela materna, que también trabaja pero que los ayuda porque contratar a la niñera todos los días les resulta un gasto inaccesible con sus sueldos. 

Cuando tuvieron que hacer las adaptaciones escolares en el jardín, no tenían permiso en el trabajo y decidieron que Florencia se tomara los días de vacaciones que le quedaron de un año anterior. Cuando su hijo se enferma, hay que llevarlo al médico, o tiene que ir a un acto escolar, suele ocuparse Florencia pero le descuentan presentismo. Manuel suele ser quien lo lleva a la plaza o se encarga de comprar los alimentos que Florencia le deja listados. 

La tensión entre estar más presente o tener los ingresos necesarios para vivir, siempre presente.

¿Todos cuidamos por igual?

El tiempo es un recurso escaso, finito. El día tiene 24 horas y cómo utilizamos nuestro tiempo no depende solo de nuestras elecciones y deseos personales. Hay toda una serie de factores que influyen en ese uso del tiempo. El género es uno de ellos. Sí, las mujeres y los varones usamos de manera muy distinta el tiempo. 

A grandes rasgos podemos ver que aún hoy los varones dedican la mayor parte del día a trabajar de forma remunerada y buena parte de las mujeres hacen malabares e intentan conciliar doble o triples jornadas laborales que incluyen eso que comúnmente llamamos trabajar (por un sueldo, por honorarios) y eso que llamamos cuidar. Un trabajo por el que les pagan y otro por el cual no les pagan. Pero todos trabajos al fin.

Por eso no dan las cuentas. Porque trabajar y tener que ocuparse del cuidado de otros casi en simultáneo, con pocos servicios, poco tiempo y pocos recursos, es una misión imposible, digna de una película de Tom Cruise solo que esta es un documental protagonizado por los millones de mujeres que día a día intentan resolver todo como pueden. Como dice el meme: vivas ¿pero a qué costo?

Tal como dijo el Presidente recientemente acerca de las universidades: que algo sea público no significa que sea gratuito, alguien lo paga. En el caso de los cuidados, podríamos decir: que no se remuneren, no significa que nadie paga el costo de hacerlo. Alguien lo paga y esas son mayormente las mujeres. Con su tiempo, sus ingresos, sus oportunidades, sus proyectos, su salud. 

¿Cómo podríamos cuidar de una mejor manera? 

Cada familia tiene necesidades y preferencias distintas. Si pensamos en cómo podríamos cuidar de una mejor manera, con más disfrute y menos estrés, no habría una única receta. Lo que sí podemos decir es que hay que empezar por distribuirlo mejor y que deje de ser un asunto de mujeres para pasar a ser un asunto de todos. 

Y en segundo lugar sabemos que en Argentina nos hacen falta más opciones: más servicios públicos, accesibles, de cercanía, de calidad; jornadas de trabajo compatibles con los espacios de educación y cuidado para quienes lo necesiten; licencias de paternidad extendidas que involucren a los varones en el cuidado de forma temprana; licencias que vayan más allá del nacimiento y que contemplen otras situaciones de cuidado (como las adaptaciones escolares, por ejemplo); licencias para familias diversas, para quienes adoptan; horas por año para poder ir a turnos médicos, actos y reuniones escolares; flexibilidad en los empleos para poder resolver eventualidades vinculadas al cuidado y que eso no ponga en riesgo ni tu trabajo ni tus ingresos; espacios más amigables con la lactancia; servicios domiciliarios accesibles para el cuidado de personas mayores que lo necesitan; clubes y espacios recreativos para adolescentes; colonias de invierno y de verano públicas y de calidad; que existan apoyos accesibles y de calidad para que las personas con discapacidad puedan llevar adelante vidas independientes y que no dependan de un familiar para poder llevar adelante su vida. Y un gran tema que suele estar ausente de estas discusiones pero que resulta clave: jornadas laborales reducidas. ¿Tan solo un sueño?

La pregunta no es si cuidamos o no cuidamos. No podemos prescindir de los cuidados, porque es lo que nos hace desarrollarnos y sostenernos como sociedad. La pregunta es cómo cuidamos y ahí hay todo un camino por recorrer. Se puede cuidar mejor si contamos con herramientas que hagan más livianas las tareas y cuiden nuestro bienestar físico y mental. Para esto, es clave contar con una red de apoyo, tanto pública, comunitaria como privada, que ayude a repartir mejor las tareas.

La autora es directora del Área de Políticas de ELA

El análisis del Proyecto de Presupuesto para el 2025, presentado por el presidente Javier Milei ante el Congreso de la Nación, arroja datos muy preocupantes para mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Cuando se hace zoom sobre las partidas presupuestarias de las políticas públicas que buscan la reducción de las brechas de género y la prevención y asistencia frente a la violencia de género, se observa que el proyecto mantiene y amplía reducciones que ponen en riesgo la continuidad de programas e incluso la eliminación completa de partidas presupuestarias que garantizaban herramientas fundamentales.

ELA y ACIJ habíamos analizado la implementación de políticas públicas fundamentales para reducir la desigualdad de género y prevenir y abordar la violencia durante los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei. En el informe documentamos que las políticas destinadas a reducir brechas de género, en su conjunto, tuvieron una caída del 80% en la ejecución presupuestaria si se compara con el primer semestre de 2023. Algunas de las políticas más afectadas por este recorte fueron el Programa Acompañar, la Línea 144 y el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).

En el caso del Programa Acompañar se observó una caída del 82% en la ejecución interanual y una reducción drástica en su alcance. De las 20.000 altas programadas para el primer trimestre de 2024 sólo se realizaron 434, mientras que en el mismo período de 2023 habían sido 34.023 las personas asistidas. Ello pese a que entre enero y marzo de 2024 se presentaron 2.462 solicitudes y que el 54,4% se encontraba con el máximo nivel de riesgo. Además, se decidió restringir la temporalidad de la prestación y se sumó la existencia de una denuncia como requisito de acceso, un criterio sumamente regresivo y revictimizante.

La Línea 144 –un dispositivo creado a partir del artículo 9° inciso o) de la Ley 26.485, que brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género a través de un servicio telefónico gratuito, WhatsApp, correo electrónico y por videollamadas– mostró una reducción interanual del 28% al primer semestre. A ello se suma que fueron despedidas el 38% de las personas que trabajaban brindando este servicio, dando como resultado una reducción en la cantidad de intervenciones realizadas.

El Plan ENIA también se encuentra en riesgo. Al primer semestre de 2024 tuvo una reducción interanual del 70%, han sido despedidas 619 personas de los equipos operativos que se desempeñaban en 12 jurisdicciones del país y en lo que va del año sólo se ejecutó el 15% del presupuesto disponible. Ello ha ocasionado falta de insumos médicos en muchas provincias y los efectos de estas medidas en el mediano y largo plazo son desalentadores. 

Vemos que esta tendencia se consolida al analizar el Proyecto de Presupuesto 2025. Allí encontramos una respuesta clara a la pregunta que nos hacíamos semanas atrás: de aprobarse tal como fue presentado, definitivamente, las mujeres, diversidades, niñas y adolescentes estarán libradas a su suerte. 

Se observan reducciones que ponen en riesgo la continuidad de programas fundamentales para prevenir situaciones de abuso sexual en la infancia (como la ESI) y para reducir el ciclo intergeneracional de la pobreza (como el Plan ENIA). También se eliminan por completo partidas presupuestarias que garantizaban herramientas fundamentales para la prevención y asistencia ante la violencia de género (como el Programa Acompañar).

La inversión en el Plan ENIA cae un 78% con relación a 2023, la Línea 144 deja de tener una partida propia y no sabemos cuánto ni si se va a invertir en su fortalecimiento. También se reduce el presupuesto destinado al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles siendo un 69% más bajo que el ejecutado en 2023. La inversión en Infraestructura social y del cuidado cae un 83% respecto a lo ejecutado en 2023.

Si bien se proyectan aumentos en políticas alimentarias, AUH y AUE, el Poder Ejecutivo propone eliminar el ajuste automático de estas prestaciones, medida que, de concretarse, dejaría a las familias bajo dos riesgos: la posibilidad de reducciones por decisiones discrecionales y la pérdida de valor debido a la inflación.

La situación de desprotección que el Proyecto de Presupuesto para 2025 intenta consolidar no sólo vulnera compromisos normativos locales e internacionales sino que es contraproducente para el desarrollo económico del país. Se ha evidenciado que es 22 veces mayor el costo de intervenir de manera tardía en los casos de violencia de género que atender a las mujeres frente a las primeras manifestaciones de la violencia. También se encuentra probado que al Estado le cuesta mucho más caro atender embarazos no intencionales que prevenirlos.

Siguiendo los más altos criterios de eficacia, eficiencia y economía que el gobierno nacional proclama defender, al contrario de lo que el Proyecto de Presupuesto 2025 plantea, se deberían promover y reforzar las políticas públicas orientadas a fortalecer las autonomías de las mujeres para que puedan acceder a espacios y a estrategias de ayuda a tiempo. Ello es fundamental para las mujeres pero también lo es para toda la sociedad.

Como contracara de los recortes en políticas de protección de derechos a las poblaciones más vulnerables, vemos que se sostienen privilegios fiscales injustos. Sólo por poner un ejemplo, lo que el Estado dejó de recaudar en 2023 por no cobrar impuesto a las ganancias a jueces nacionales y provinciales equivale a 4,2 veces lo que costó el Programa Acompañar.

Esperamos que el Congreso incorpore modificaciones al Proyecto para que no se consolide el abandono de las mujeres, niñas y adolescentes a su suerte. Hay espacio fiscal para hacerlo y todo el arco político lo sabe: es una cuestión de prioridades.

La autora es directora del área Jurídica de ELA

Como todos los años, cada octubre mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries, nos encontramos en un espacio colectivo y diverso en el que podemos hablar un “idioma común”. Nos abrazamos, nos fortalecemos unas a otras, intercambiamos desacuerdos y generamos acuerdos sobre cómo lograr una sociedad más justa, equitativa e igualitaria.

Año a año se ha buscado que el Encuentro Plurinacional sea cada vez más plural e inclusivo, como también lo han hecho los movimientos feministas aquí y en todas partes del mundo. En este entendimiento cabría preguntarnos ¿en estas discusiones se encuentran también las mujeres y disidencias con discapacidad?

En todo el mundo, las mujeres con discapacidad representan 1 de cada 5 mujeres. En Argentina el 45,3% de las personas con discapacidad certificadas son mujeres, sin embargo eso no necesariamente se refleja en las voces que escuchamos en las diferentes conversaciones relacionadas con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

“Pensando en cómo llegar, cómo estar y cómo volver.

En la gente,

en el escalón del frente

en la rampa de la esquina

y en la vereda rota.

En el baño de ese lugar,

en cómo entrar y salir.

Pensando en estrategias,

para poner en jaque a una realidad que no me espera.“ 

Estas palabras son parte de un poema de @plumalibree, en el que Gianna pone de manifiesto algo que muchas compañeras sienten: hay que pensar en estrategias para poder llegar a una realidad que no nos espera.

No es solo una cuestión de actitud

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define a la accesibilidad como una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. 

Para que los debates de los feminismos y los espacios de toma de decisiones sobre los temas que a todas nos interesan sean realmente inclusivos para las personas de los movimientos feministas con discapacidad, éstos deben ser accesibles, deben ser una realidad que sí las espera. 

En muchas ocasiones, para poder participar, opinar, plantear sus necesidades y desafíos, las mujeres con discapacidad deben antes enfrentar múltiples barreras que les impiden acceder a los entornos y a las discusiones sobre los temas que les importan y afectan. 

“Un movimiento a favor de la igualdad de género que excluye a mujeres, niñas, personas trans, intersexuales y no binarias con discapacidad nunca logrará sus objetivos.” La cita es del Colectivo Inclusivo Generación Igualdad, un grupo de activistas que elaboró recientemente un Protocolo Feminista de Accesibilidad, que busca brindar herramientas que puedan dar respuestas a las barreras de accesibilidad que las mujeres y disidencias con discapacidad puedan encontrar en los ámbitos de debate sobre igualdad de género y derechos de las mujeres. 

El protocolo define como objetivo principal el de crear conciencia sobre la importancia de garantizar accesibilidad. Destacamos lo valioso de este objetivo, ya que supone también invitarnos a repensar todos nuestros enfoques y miradas sobre cómo pensamos las problemáticas y temáticas que atraviesan las vidas de las mujeres y disidencias en general. Ya que la falta de accesibilidad es la primera barrera que impide la participación, pero no la única.

El próximo Encuentro Plurinacional nos ofrece un escenario ideal para poner en práctica esta propuesta. Como es habitual, los talleres son el corazón de los Encuentros, allí nos encontramos para dialogar, compartir y construir ideas de forma horizontal. Y, como todos los años, la grilla de talleres es muy extensa porque pretende abarcar todas las voces y temáticas que nos involucran.

La discapacidad es una cuestión transversal, que atraviesa todos los aspectos de la vida de las mujeres y disidencias, y no podemos segmentarla como una cuestión aislada. A su vez, solemos asociar la discapacidad únicamente a cuestiones de salud, a patologías. Pero ello no debería ser así: la importancia de la participación política y activismo de las mujeres con discapacidad y de las organizaciones de y para personas con discapacidad, también deben formar parte de las discusiones de los movimientos feministas, como así también el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida autónoma en comunidad, es parte de sus vidas, entre otros.

Por ejemplo, cuando pensamos en las estrategias para fortalecer y defender los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres, ¿pensamos también en las necesidades e intereses de las mujeres con discapacidad? ¿Conocemos realmente  las barreras que se enfrentan las mujeres y personas gestantes en el sistema de salud al momento de ejercer sus derechos? 

Las barreras actitudinales, los avasallamientos sobre el propio cuerpo, las violencias y la imposibilidad de decidir son aún más fuertes para las mujeres con discapacidad. Los estereotipos basados en el género y la discapacidad suelen dar lugar a una discriminación estructural o sistémica de las mujeres con discapacidad, y esto se ve de forma pronunciada en sus derechos sexuales y (no) reproductivos, porque la sexualidad de las personas con discapacidad se suele considerar un tema tabú. 

La Relatora Especial sobre los Derechos de las personas con Discapacidad resalta que estas miradas refuerzan ideas como las que reflejan que niñas y jóvenes con discapacidad no necesitan información acerca de su salud y derechos sexuales y reproductivos ni de los servicios disponibles, y que no están capacitadas para tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva. Además, quienes viven confinadas en sus hogares o en instituciones, muchas veces en situación de total dependencia o bajo el control de otros, se las priva del pleno ejercicio de su autonomía e intimidad, sea o no de manera intencionada. 

Tanto en esta, como en otras temáticas centrales para las agendas feministas, se requiere que sigamos reflexionando sobre qué voces se están escuchando, pero también sobre cómo se las escucha. Y es que la discapacidad no debe ser vista únicamente desde las barreras e impedimentos, sino también debemos hacer el esfuerzo de mirar a las mujeres y disidencias con discapacidad desde sus deseos, capacidad de agencia y aceptación de la diversidad. 

Y así como los feminismos requieren la mirada de la discapacidad, tal como nos dice Andrea García - Santesmases en su último libro, en la lucha contra el capacitismo -que cercena la autonomía de las personas con discapacidad-, se precisa también de una mirada feminista. 

“El secreto en estos momentos es poder estar juntas, juntes, y abrazando esta diversidad que nos habita a todas. Esa es la clave para este encuentro y así es como lo vivimos las mujeres con discapacidad, que estando juntas somos más fuertes y sobre todo que nuestras voces llegan más lejos”, dice Yesica de MuDeBa (@mu.de.ba.gracias).

En estos tiempos perversos que nos toca transitar hoy, que nos encuentran luchando por sostener tantas conquistas alcanzadas, los encuentros de este tipo se valoran mucho más. Sigamos alimentando la fuerza de la construcción plural y colectiva, que mientras más diversa e inclusiva sea, más justa será la sociedad que deseamos.

La autora integra el área Jurídica de ELA

Cuando pensamos en una o un adolescente, solemos imaginar a alguien que asiste a la escuela, hace la tarea, se junta con sus amigos y amigas, comienza a descubrir sus intereses y a proyectar su futuro. Sobre todo, concebimos a alguien que necesita nuestra guía y acompañamiento. Sin embargo, no solemos imaginar algo que es más recurrente de lo que creemos: las y los adolescentes no solo son cuidados, también cuidan. 

Un reciente estudio, elaborado por ELA y UNICEF, arroja luz sobre este aspecto muchas veces invisible: casi 7 de cada 10 adolescentes entre 15 y 17 años se encargan de forma intensiva de tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado en sus hogares (ENUT, 2021). No nos referimos solamente a actividades como ordenar el propio cuarto, o lavar los platos después de la cena, que son parte de ir adquiriendo responsabilidades en el hogar y contribuyendo a este. Hacemos alusión a tareas que ocupan varias horas al día, restando tiempo y energía a las y los adolescentes, que deberían poder destinar a estudiar, descansar y socializar. En pocas palabras, tiempo para ser eso que son: adolescentes. ¿Cuánto tiempo dedican a estas tareas? Quienes cuidan le dedican, en promedio, 3 horas y 30 minutos diarios (ENUT, 2021). 

Las desigualdades se profundizan en los hogares de sectores populares. Allí las y los jóvenes cumplen un rol central en las estrategias familiares para que las personas adultas puedan salir a trabajar: ya que muchas veces trabajan más horas, en horario nocturno, en lugares distantes y/o cuentan con menor poder adquisitivo para resolver el cuidado a través de la contratación de servicios (niñeras, colegios de gestión privada de doble jornada, prehora y post hora, transporte escolar, etc).  

Las desigualdades también se expresan en relación al género. Las adolescentes mujeres dedican en promedio más de 4 horas a estas tareas, mientras que los varones un poco menos de 3 horas. A su vez, hay un 10% de mujeres de 16 a 17 años que realizan trabajo de cuidados intensivo y le destinan más de 5 horas diarias (ENUT, 2021). 

A través de entrevistas y grupos focales realizados en el AMBA y Tucumán con adolescentes de 15 a 17 años de sectores medios y populares, la investigación buscó entender cómo percibían sus realidades y qué significados les otorgaban a las tareas de cuidado en sus vidas cotidianas. Los relatos de los adolescentes varones revelan experiencias que  desafían los estereotipos de género. Manuel, un joven de Tucumán de sector popular, describe cómo se ocupa de cuidar a su abuela, asumiendo responsabilidades en su hogar: “Le tengo que cocinar, limpiar la pieza, acomodar las cosas...”. Alan, un adolescente del AMBA también de sector popular, cuenta que cuida a su hermana cuando su madre está trabajando. Estos testimonios muestran a los varones involucrados de forma intensiva en el cuidado,  sin que sientan que ello pone en cuestión su masculinidad.

A su vez, aparece en los relatos de las y los adolescentes una mirada crítica a los estereotipos que atraviesan la crianza y a las injusticias que entienden que estos acarrean. Tobías, que pertenece a un hogar de clase media de Tucumán, por ejemplo señala: “A las mujeres les meten en la cabeza que tienen que cuidar desde chicas, mientras que los hombres son más de jugar y divertirse”. Fermina, otra joven de Tucumán de clase media, cuestiona: “Mi abuela me dice ‘servile el té a tu hermano’, pero si él tiene manos, ¡que lo haga él!”.

A la par, también surgen expectativas de un reparto más equitativo de las tareas domésticas. Muchas adolescentes, como Ana, de clase media, y Zenia, de un sector popular, ambas del AMBA, expresan su deseo de que el cuidado en el hogar sea compartido de manera igualitaria con sus futuras parejas, buscando un equilibrio que rompa con los esquemas tradicionales. “Creo que deberíamos repartirnos las tareas 50 y 50”, asegura Ana.

Sin embargo, estos avances conviven con perspectivas más tradicionales que se presentan sobre todo cuando se piensa en la vida adulta. Cuando se les pregunta a los varones sobre cómo se imaginan que van a organizar el cuidado cuando tengan su propia familia, muchos siguen proyectándose fuera del espacio de cuidado y centrados en el trabajo remunerado fuera del hogar. Alan reflexiona: “Si estoy todo el día trabajando, tendrá que cuidar mi pareja”. Manuel, otro joven de Tucumán, también lo confirma: “Creo que con un trabajo fijo seguiría ayudando, pero mi mujer se encargaría de la casa”.

Mientras tanto, las adolescentes siguen viendo el cuidado como una responsabilidad primaria. Paulina de Tucumán y sector popular, por ejemplo, expresa: “Yo me tendría que hacer cargo [de mis hijos], porque soy la madre. Es lo que me corresponde”. Los testimonios muestran la persistencia de los estereotipos de género, que continúan moldeando las expectativas de las y los jóvenes respecto a sus futuros roles en el hogar.  

El informe pone en evidencia que, si no se toman medidas para profundizar el trabajo sobre la socialización de género, la desigual distribución del cuidado no se modificará. La mirada de las y los adolescentes sobre su rol presente y futuro como cuidadores es congruente con lo que las estadísticas reflejan: actualmente, la brecha de tiempo dedicado al cuidado entre adolescentes mujeres y varones es del 44%, y esta cifra aumenta al 75% en la población total (ENUT, 2021).

Esta disparidad en el tiempo dedicado al cuidado tiene consecuencias profundas. En los hogares con personas que requieren cuidado, las jornadas laborales de las mujeres, sumando trabajo remunerado y no remunerado, son más largas: en promedio, ellas trabajan 11 horas y 32 minutos diarios, mientras que los varones dedican 9 horas y 50 minutos. Esto equivale a que las mujeres tienen 51 horas menos al mes para el autocuidado, la formación personal y la vida social, lo que afecta su bienestar general.

Además, esta carga desigual repercute directamente en la inserción laboral de las mujeres, afectando su autonomía económica presente y futura: 11 de cada 100 mujeres que participan en el mercado laboral se retiran al tener un hijo o hija, y el número asciende a 24 de cada 100 cuando tienen dos o más (EPH-INDEC, 1er trimestre de 2024). Y en parte es por esta razón que las jubilaciones de las mujeres son, en promedio, un 30% más bajas que las de los varones (Anses, 2023).

Una herramienta clave para romper con estas dinámicas es la Educación Sexual Integral (ESI), que se implementa en las escuelas y trabaja para desnaturalizar los roles de género. La ESI, junto con otras políticas públicas, tiene el potencial de generar cambios en las futuras generaciones, promoviendo una distribución más equitativa de las tareas de cuidado y construyendo una sociedad más justa.

En el último año, hemos visto cómo el Gobierno ha desfinanciado la ESI y también el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), debilitando iniciativas clave que buscan desnaturalizar los roles de género y garantizar derechos para las y los adolescentes.

¿Desfinancia la ESI y la ENIA porque cree, en definitiva, que el lugar de las mujeres es el cuidado y el hogar? ¿Qué futuro se les está proponiendo a las y los adolescentes? ¿No cree el gobierno que las mujeres merecen  la libertad de poder elegir su proyectos de vida sin discriminación? 

La libertad se construye al proporcionar las condiciones necesarias para su ejercicio, lo que exige, entre otras cosas, una inversión sostenida en educación y políticas públicas que enfrenten el desafío de transformar las desigualdades de género. Es hora de que se reconozca y se apoye el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus vidas y su futuro.

La autora integra el área de Políticas de ELA