El espectáculo de una oferta electoral futura despojada por sentencia judicial de una candidata segunda a ninguna por la constancia en el volumen y la continuidad en el tiempo de la representatividad que le asignó un electorado fiel brilla ante los ojos argentinos con las luces y los focos de una noche de estreno. No es versión o franquicia nacional de dramas extranjeros: cada familia infeliz lo es a su modo diferente. Pero en el panorama político de las democracias, los hechos se acomodan sin violencia ni sorpresa conceptual según líneas de fuerza contemporáneas nítidas en las capitales americanas y europeas (y más allá si el análisis se prolongara a Taipéi, Seúl o Tokio). A lo largo de la última década, el procesamiento de políticos, gobernantes, y ex mandatarios se ha vuelto más rutinario y esperable en sociedades -las americanas están en la vanguardia de éstas- cada vez más descontentas y aun desafiantes ante el horizonte de un porvenir que, cuando no incumple las viejas promesas, ha dejado de formular otras nuevas. En tal encrucijada de ciudadanías insatisfechas y élites insatisfactorias, la Justicia se ha visto alentada en el combate de la corrupción y del autoritarismo de gobernantes en ejercicio y ex gobernantes aspirantes a volver al poder.

Una rápida y por fuerza incompleta vuelta al vueltero mundo de la inhabilitación política legal, y de algunas de sus no siempre tan manifiestas revueltas, propone en diez estaciones o paradas El mundo es azul como una naranja, Newsletter de Política Internacional de elDiarioAr.

1. El fantasma de la inelegibilidad recorre los Tribunales del mundo

Con grados mayores o menores de lawfare, con justicias más o menos legítimas, con tribunales más o menos independientes en su conformación o en sus opiniones, con jueces y magistrados más o menos prejuiciosos, en el último decenio y medio más penas accesorias de inhabilitación política perpetua o temporaria que nunca antes acompañaron las sentencias judiciales condenatorias de autoridades electivas las penas privativas de libertad y las multas.

En los últimos 15 años, que incluyen en su arco temporal la pandemia del covid, la Justicia se vio apoyada por movilizaciones ciudadanas, marchas callejeras e iniciativas y reformas legislativas en la ampliación de sus márgenes operativos de maniobra. Incitada, exigida, cortejada para avanzar por caminos desde siempre abiertos pero que ahora veían viables sin obstáculos. Gobiernos en funciones y ex gobernantes candidatos eran investigados más a fondo. Si antes eran evitados o postergados, ahora sus procesamientos eran preferidos y priorizados. Los medios y las redes seguían esas causas en ‘tiempo real’. Los ritos procesales, siempre morosos, no se prolongaban ya en exceso. Al contrario.

Las decisiones de tribunales de alzada o de última instancia ajustaban puntualidad y oportunidad. En el procesamiento del ex presidente brasileño y candidato presidencial frustrado en 2018, la Cámara federal rechazó los argumentos de la apelación con firmeza y velocidad. Pocos minutos le bastaron para desestimar un escrito de decenas y decenas de páginas de los defensores de Luiz Inácio Lula da Silva. Apenas recibido, el colegiado comunicó por fax desde Maringá al juez Sérgio Moro su conformidad con el fallo condenatorio del magistrado de Curitiba.

Hagamos a un lado por completo la inocencia o culpabilidad de los condenados (la cuestión de fondo) o el respeto del debido proceso y del derecho de defensa en juicio (cuestiones de forma). La tendencia histórica común luce independiente de la mayor o menor impunidad de una administración fraudulenta o cualquier otro delito cometido por figuras políticas en los cargos para las que habín sido elegidas o designadas, o en ocasión del ejercicio de aquellas funciones. Fuera del universo jurídico, la pena más importante, por sus efectos instantáneos pero en absoluto efímeros, es la accesoria: la inhabilitación política.

2. Juicios políticos, o cuando los Congresos juzgan y, si pueden, condenan

A este crecimiento en el Palacio de Justicia correspondió en los Palacios Legislativos una productividad no menos histórica en la gestión de impeachments, juicios políticos, mecanismos de destitución puestos en marcha. La mayor cantidad de las veces malograda, pero con una tasa de éxito tan inusitadamente alta que ha introducido un coeficiente de multiplicación en la frecuencia de este recurso. Golpes soft o impeachments express destituyeron en Honduras al presidente Manuel Zelaya, en Paraguay a Fernando Lugo, en Brasil a Dilma Rousseff. Cinco presidentes fueron destituidos en un año en el Perú. De los cuatro impeachments iniciados por el Congreso de EEUU para destituir a un presidente desde 1787, cuatro fueron contra Donald J. Trump. El presidente de Ecuador Guillermo Lasso sobrevivió a iniciativas de destitución legislativas, hasta que renunció antes de acabar su mandato; en Chile la destitución del presidente Sebastián Piñera, en su segundo mandato, también fue buscada un número récord de veces por el Congreso de Valparaíso.

3. La Hija y la Viuda, o del Sena al Plata

En la última semana Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, y dos meses antes Marine Le Pen en Francia, dos políticas y candidatas en las cuales un tercio del electorado -el más pobre de sus países- ha hallado consistentemente en una década y media a su representación más genuina, vieron confirmadas sentencias judiciales condenatorias por administración fraudulenta cuya pena accesoria era la inelegibilidad.

Una diferencia entre los ordenamientos jurídicos vigentes en la Argentina y en Francia pone de relieve, al hacer visible cuál es el rasgo constitutivo unificador, la tendencia. En Francia, la pena accesoria de inelegibilidad está reservada, para el delito, a la ponderación de los jueces en cada caso. No sólo fue inhabilitada la líder fundadora del partido Renovación Nacional (RN), diputada jefa de bancada del mayor partido de oposición en la Asamblea Nacional, dos veces rival en ballotage del presidente Emmanuel Macron y candidata natural de su espacio para las presidenciales de 2027. La sentencia incluyó la ‘ejecución provisoria’, es decir, inmediata, de esta pena. Marine Le Pen puede apelar, pero ya es inelegible. Esto ha sido cuestionado, y no sólo por la derecha. Al ejecutarse de inmediato la pena, no se restituye la presunción de inocencia del acusado, en su nuevo litigio en la instancia superior.

No hay por qué dudar de que la Justicia tenga otros objetivos que hacer justicia. Queda, sin embargo, menos libre de interrogantes genuinos, la prudencia, y aun la ecuanimidad, políticas de la legislación, la condena, o la ejecución de la pena accesoria, que afecta el panorama electoral general y derechos que no son sólo los de las procesadas. En el Código Penal argentino, la pena de inhabilitación es una accesoria que sigue la suerte de las principales. En la legislación francesa, al momento de la causa seguida contra Marine Le Pen bajo el cargo de malversar los fondos europeos de los que disponía como eurodiputada y jefa de partido en Bruselas (fue hallada culpable de usar de ellos para el financiamiento de sus espacio político en vez de para solventar el desempeño parlementario de su bancada), quedaba sometido a la 'ponderación' de los jueces si correspondía o no sumar la pena de ineligibilidad a las de prisión y de multa.

4. Grietas, polaridades y empates catastróficos

A lo largo del siglo XXI, pudo verse cómo en las democracias occidentales o a la occidental la disputa electoral por el poder se volvía combate de suma cero en un ring donde sólo cabían dos contrincantes. En EEUU o el Canadá en América, España, Alemania, Grecia o Portugal en Europa, en Japón o Corea en Asia, la alternancia en el poder entre dos partidos, a veces equilibrada, a veces desproporcionada, había sido previsible y constatada desde la instauración del sufragio como método para elegir sus autoridades. Aquel bipartidismo, sin embargo, sólo comparte el número 2 con la polarización extrema entre dos fuerzas donde cada una declara a su contrincante indigna de ocupar el poder porque es indigna de disputarlo. La polarización quebró el monopolio de los aparatos del bipartidismo y su violencia instauró nuevas reglas de juego.

Allí donde el extremismo medró en virulencia, la marcha de la polarización (cuyos líderes habían hallado en la virtualidad de las redes sociales su muy real lugar de confort en mundo) contribuyó a descolocar, degradar o marginalizar partidos territoriales y concertaciones nacionales, regionales o locales. En la conversación y la conceptualización se vieron reemplazados por espacios políticos, frentes o coaliciones electorales, nuevas mayorías. En algunos países, el control de daños, o su postergación, fue resultado del surgimiento de terceros partidos competitivos en espacios desgastados por sus tradiciones bipartidistas. Así ocurrió con el frenteamplismo uruguayo o el republicanismo francés de Macron.

La dinámica de descontento popular ante democracias liberales gobernadas por dirigencias desinteresadas o demoradas en la promoción social (pero activas en el desconocimiento de los sectores y grupos menos educados como ciudadanos de pleno derecho) moviliza la polarización, acentúa el extremismo, corroe y trivializa el centrismo paralizado, desarticulado o desacertado en sus reacciones y formas de reorganización. Así como los partidos están en retirada, el centro político desaparece como oferta política viable. Pero antes habían desaparecido los prestigios de la morigeración y el gradualismo reformistas, igualados con el conformismo y la inmovilidad y considerados un pasaporte infalible para el raquitismo de logros limitados. Donde terceros partidos compitieron en un espacio dual, el nuevo, si gana, contribuye a la desaparición del más centrista de los dos anteriores por absorber o dispersar a sus votantes.

La elección y la reelección consecutivas de Emmanuel Macron, ex ministro en el gabinete de su antecesor el presidente François Hollande (que había malogrado la reelección del derechista ‘trumpiano avant-la-lettre’ Nicolas Sarkozy), contribuyeron a la jibarización del Partido Socialista que gobernó Francia alternándose en el poder desde 1981 con el gaullismo fundador de la V República.

Desde 2017 los candidatos socialistas deben renunciar a la expectativa, antes jamás desmentida, de pasar a segunda vuelta como representantes de la izquierda, a veces vencedores, a veces vencidos, en cada nuevo ballotage presidencial. No sólo esto. El Partido Socialista ha perdido también el liderazgo de la oposición de izquierda. No lo sustituyó el bien organizado Partido Comunista Francés (PCF), que sigue publicando cada mañana el diario L’Humanité. Líder de la izquierda parlamentaria francesa es la formación más extremista e intransigente de cuantas la integran, La Francia insumisa que preside el locuaz Jean-Luc Mélenchon.

En el Uruguay, desde el siglo XIX renovaban en cada nueva elección su duelo por el poder el Partido Colorado (más laico, más urbano, más socialdemócrata) y el Partido Blanco (más conservador, más liberal, más rural). Los duelistas son hoy en el siglo XXI el Frente Amplio (izquierda estatista) y el Partido Blanco o Nacional (liberal pro business). Del bipartidismo bicentenario, sólo sobrevivió uno de los partidos dominantes, el más derechista, el más rígido, el menos dividido, de los dos partidos dominantes. Y a su vez, si una parte del electorado colorado pasó al Frente Amplio, el Partido Blanco se volvió más extremista sin tornarse más derechista (como Macron, cultivaron el extremismo de centro, caricaturizado en el lema ‘Moderación o Muerte’). Un nuevo agente de polarización irrumpió en la oferta electoral, Cabildo Abierto, este sí abiertamente derechista, cuyo desempeño electoral ha sido inferior a su idoneidad para ingresar en la agenda y conversación pública.

5. Los superpoderes hacen a los héroes y viceversa, ¿o es al revés?

La disputa electoral polarizada se caracteriza por un combate donde cada candidato no pide el voto por ser el mejor candidato para ocupar el gobierno. Lo pide porque es el candidato legítimo y su opositor, indigno. En lugar de presentarse como el mejor de la competencia, es el único competidor: ante todo, porque su rival es ilegítimo. Cada candidato es demócrata y cada contrincante es autócrata. Cada uno es (dice ser) ley, orden, libertad y cada adversario es crimen, corrupción, clientelismo, sumisión. El demócrata se presenta a esta elección, que ganará, con la amenaza, la promesa, la sugerencia, la esperanza, de que será la última a la que pueda presentarse su rival.

En estas atmósferas, la investigación judicial de los delitos cometidos por ex presidentes, especialmente de aquellos que son candidatos presidenciales con chances de ganar un nuevo mandato, o de liderar con buen éxito a su espacio hacia una futura victoria, es favorecida, impulsada, exigida vez a vez, o en concierto, por gobiernos o por oposiciones. La culpabilidad probada en sede judicial de la comisión de un delito política es la prueba de la ilegitimidad política de un candidato. Las investigaciones contemporáneas de políticos oficialistas y opositores en causas abiertas con las mismas o con muy parecidas carátulas conducían corrientemente a la igualación moral de todo y de su contrario. Periodistas, analistas, operadores políticos, candidatos, militantes, llevan una contabilidad paralela que sirve para competir en los medios o en las mesas familiares en torneos de erudición donde declararse ganadores, sin VAR admitido, por citar con tremenda minucia la lista de delitos más larga y más completa.

Nada de lo anterior significa que no existieran delitos, que las investigaciones judiciales infringieran las normas del debido proceso, que las culpabilidades fueran dudosas y las pruebas débiles, que las condenas no se ciñeran a derecho, o fueran arbitrarias e injustas, que el derecho a la defensa fuera sistemáticamente avasallado, que a los jueces orientara la meta de fusilar políticamente a sus reos. En realidad, no significa pronunciarse sobre nada de ello. Aun si los jueces nunca hubieran preferido el castigo antes que la justicia, ni una condena penal que los habilitara a inhabilitar políticamente al reo antes que la verdad, las mejor oídas podían ser las voces de quienes sin pudor proclamaban su desapego o indiferencia por las formas judiciales y las verdades jurídicas. Tan evidentes encontraban la pecaminosidad y corrupción de los políticos del otro lado de la grieta que, sin importar los medios y métodos por los que se hubiera arribada a ellas, toda condena y toda inteligibilidad decididas por un tribunal eran justa y necesaria. Tampoco era esto todo ni lo más importante de todo lo que se decía, ni esas voces de quienes esperaban que la Justicia les diera un triunfo político como quien espera una victoria deportiva, y aun las de quienes operaran a la luz del día o en las penumbras para obtenerlos –un personal por fuerza mucho menor en número-, volvían inaudibles a las otras.

6. Brasil modelo 2018, o Bolsonaro gana pero Lula no juega

En los debates televisados anteriores al balotaje presidencial brasileño de octubre de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, que buscaba su tercera reelección, y Jair Messias Bolsonaro, que buscaba un segundo mandato consecutivo, ya estaban solos (en los debates previos a la primera vuelta había debido compartir el tiempo con candidatos que sabían que no iban a pasar a la segunda). Cada vez que Lula se dirigía a su interlocutor el candidato del Partido Liberal (PL), elegía entre epítetos de la índole de genocida, militar golpista, defensor nostálgico de la dictadura, defensor de torturadores, abolicionista del estado democrático de derecho. Cada vez que Bolsonaro se dirigía a su interlocutor el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), elegía o combinaba ladrón, mentiroso, coimero, corrupto, bandido, presidiario.

Era cierto que Lula era en efecto un expresidiario, porque había sido encarcelado en virtud de cuatro procesos por corrupción concluidos con las condenas a penas privativas de libertad sentenciadas por el juez federal Sérgio Moro, coordinador de la cruzada anticorrupción Lava Jato (el operativo Mani Pulite brasileño) y futuro primer ministro de Bolsonaro. La condena de Lula fue considerada firme porque primó (entonces) el criterio de considerar que una condena ya era firme después de tres instancias condenatorias (si sumaba otras dos, colegiadas, y superiores a la del juez), aun cuando no estuvieran agotadas para el reo las vías de apelación reconocidas como su derecho por la ley y estuvieran sus abogados trabajando activos en su gestión pertinente.

Por imperio de la suciedad de su ficha limpa, Lula no fue el candidato del PT en las presidenciales de 2018. El petista Fernando Haddad, ex ministro de Educación, ex alcalde de San Pablo y actual ministro de Finanzas brasileño, fue derrotado por el neo-derechista Bolsonaro, ex capitán del Ejército por un par de años y diputado federal en Brasilia por un par de décadas. Irónicamente, la ley de Ficha Limpa había sido una iniciativa del PT.

A lo largo de los primeros meses en los que Bolsonaro era presidente en Brasilia -los últimos en los que Lula fue presidiario en Curitiba-, los recursos promovidos por la defensa del petista empezaron a ser considerados y acabaron por ser validados por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasilia. Si los presuntos delitos habrían sido cometidos en el estado de San Pablo, y el presunto delincuente vivía en Brasilia DF, ¿por qué los procesos habían sido llevados adelante en el estado de Paraná? Porque en los tribunales federales de Curitiba se concentraban todos los juicios vinculados con el mecanismo de corrupción de Lava Jato. Como a los ojos de Sérgio Moro el enlace de toda causa abierta al ex presidente petista y la trama de corrupción federal era evidente, se consideraba a sí mismo el más natural de los jueces y la suya la más correspondientes de las jurisdicciones. Examinando la causa, el STF buscó alguna prueba de ese vínculo más allá de la evidencia de Moro; no la halló. Anuló los procesos, y remitió las acusaciones a los tribunales de la Capital federal (domicilio del acusado) y del estado de San Pablo (lugar del crimen presunto). Ninguna causa pudo ser reabierta contra Lula, porque los renovados jueces no encontraron, siquiera, que se hubiera cometido algún crimen, por lo cual faltaban razones para buscar a un autor.

Escuchas telefónicas filtradas de conversaciones entre el juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol probaron que la magistratura y el ministerio público compartían desde un comienzo una firme convicción a priori sobre la culpabilidad de Lula y que actuaban en pareja para componer una historia verosímil para sostener el encarcelamiento y consiguiente inelegibilidad del ex presidente y candidato presidencial petista. Hoy Moro es senador federal por el estado de Paraná. Dallagnol fue elegido diputado federal por Curitiba y después privado de su banca por el STE, por haberse presentado a elecciones en fraude de la ley electoral (estaba siendo procesado por improbidadad administrativa y malversación de caudales públicos).

7. Brasil modelo 2023, un ex inelegible elegido y un ex elegido inelegible

Con 60,3 millones de votos pero con una diferencia inferior a los dos puntos porcentuales, Lula se impuso en la segunda vuelta de octubre de 2022. Bolsonaro, perdedor, sin embargo había ganado 58,2 millones de votos: más que en el balotaje de 2018, que lo había hecho presidente. En su discurso de victoria, en la Avenida Paulista de San Pablo, Lula llamó “fascista” a su adversario derrotado.

El 1°de enero Lula asumió la presidencia en Brasilia por tercera vez en su vida. (Aspira a asumirla una cuarta y última vez, en 2027; encuestas de Datafolha de estas semanas lo dan entre empatado en segunda vuelta, o perdedor, ante Tarsicio de Freitas, gobernador bolsonarista de San Pablo). Aquel primer día del año 2023, Bolsonaro ya había volado fuera de Brasil. Estaba de vacaciones en Miami: Florida es el Disneyworld de la nueva derecha global: se ausentaba con aviso de la ceremonia y del trance de transmitir en persona las enseñas del mando ejecutivo a un sucesor que era todo lo contrario de un heredero.

La inelegibilidad de Bolsonaro no podía tardar, y no tardó. Alexandre de Moraes, presidente pro témpore del Tribunal Supremo Electoral (TSE) funciona en período de elecciones, declaró de oficio al ex presidente y ex candidato presidencial inhabilitado hasta 2030 para cualquier cargo político electivo. La inelegibilidad castigaba una reunión en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo en la capital federal brasileña, anterior a la primera vuelta de octubre de 2022. Ante representantes diplomáticos extranjeros allí convocados, Bolsonaro había expuesto sus dudas categóricas sobre el sistema de voto electrónico y sus certezas dogmáticas sobre la vulnerabilidad de esas urnas con botones y sin boletas, inermes ante hackeadores hábiles para falsear y tergiversar los resultados.

Regresado al STF, Alexandre de Moraes es hoy el juez relator del proceso que se sigue a Bolsonaro y a decenas de ex funcionarios civiles y militares de su gobierno acusados de tramar en los meses de noviembre y diciembre de 2022 un plan golpista para impedir la asunción de Lula el primer día de enero de 2023. Ente otras amenidades, no habrían faltado en el fantasioso, irrealizable y estropeado programa golpista -hilvanado con la delación premiada del policía Mauro Cid, ex edecán del ex presidente- indicaciones sobre cómo convenía asesinar a De Moraes. En la legislación brasileña, los delitos contra la democracia se consideran consumados ya en el grado de tentativa.

8. Perú y Ecuador, dos Congresos unicamerales armados para destituir

En Ecuador y en el Perú, dos reformas constitucionales diferentes volvieron tan fácil destituir a un presidente en funciones que se volvía innecesario confeccionar y hacer entrar en vigor leyes de ficha limpa. El activismo judicial se especializó en estos dos países andinos en investigar a ex gobernantes: el suicidio del ex presidente peruano Alan García fue el episodio más trágico de las implicancias regionales de las investigaciones sudamericanas sobre la cartelización regional de la obra pública en la que estuvo empeñada la empresa constructora del brasileño Marcelo Odebrecht.

Tanto en la Constitución fujimorista peruana como en la Constitución correista ecuatoriana, el nuevo Poder Legislativo es ejercido por un Congreso unicameral. El impeachment o juicio político previsto en las constituciones liberales decimonónicas, como la norteamericana y la argentina, y en las que un siglo más tarde sin embargo se adecuaban a ese modelo, como la brasileña, ha desaparecido de esas nuevas Leyes Supremas andinas. Si hay una sola cámara, no puede desdoblarse en las funciones de acusar y sentenciar que se repartían Diputados y Senado. También han sido reducidos al mínimo alegatos de acusación y de defensa.

En la práctica, en Perú y en Ecuador la destitución presidencial consiste en una moción que se somete a votación. La decide la relación de fuerzas en la asamblea. Reunida la cantidad de votos, el Ejecutivo ha sido destituido.

En Perú la polarización sobre el eje del fujimorismo se desintegró y produjo una fragmentación de partidos y formaciones políticas extremistas y con programas dirigidos a satisfacer las demandas de electorados específicos. Las alianzas se urden en el Congreso cuando se buscan los votos para destituir. En un año fueron destituidos cinco presidentes.

El último en ser destituido en el Perú fue Pedro Castillo, que derrotó a Keiko Fujimori en el último balotaje. En primera vuelta, el partido del líder campesino y gremialista docente y el de la hija del ex dictador autogolpista habían sido los que habían recibido más votos entre un total de otras ocho candidaturas más que en promedio habían ganado cada una un 10% de los sufragios. Si la actual presidenta Dina Boluarte -ex vice de Castillo- ha perdurado en el poder a pesar de haber terminado 2024 con un repudio histórico, se debe a que el Congreso gastó ya el número de mociones de destitución reservado a cada Legislatura. No está impedido de votar la destitución de Boluarte, pero si suma los votos necesarios, debe acompañar con su disolución el vacío de poder provocado, y convocar a nuevas elecciones nacionales. La reforma constitucional llevada adelante con buen éxito por el ex presidente Martín Vizcarra, luego expeditivamente destituido, prohíbe toda reelección, consecutiva o no, para todo cargo electivo. Como en México, cumplido su mandato, ningún presidente puede ser reelegido. Pero a diferencia de México, en el Perú ahora tampoco ningún congresista puede ser reelegido: de disolverse el Congreso, perderían sus bancas para siempre.

9. Bolivia, o la Historia como avatar de las (in)elegibilidades de Juan Evo Morales Ayma

La historia política de Bolivia ha girado desde 2019 en torno de un eje único y determinante: el derecho a la elegibilidad del ex presidente Evo Morales. Incluye episodios judiciales, como los diversos pronunciamientos, sucesivos y contradictorios, en que el Tribunal Constitucional le niega el derecho, se lo reconoce, después se lo limita, después se lo quita, y ahora el damnificado exige que se lo restituyan. Incluye episodios violentos, como el desconocimiento opositor del resultado de las elecciones de octubre de 2019 (acusado el gobierno de un fraude que después se demostró que nunca lo había cometido porque nunca lo había necesitado -había ganado la presidencial en primera vuelta-), la renuncia arrancada por la fuerza y bajo poco sutiles amenazas de muerte al Ejecutivo de Morales y Álvaro García Linera, su exilio en México y después en la Argentina, el gobierno golpista de la senadora beniana Janine Áñez, las elecciones ganadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) en octubre de 2020 (con Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía de Evo, como candidato presidencial), la posterior ruptura del MAS, la fragmentación de la izquierda y de la derecha más acá del consabido enfrentamiento tópico entre el Occidente colla (con centro de gravedad en La Paz) y el Oriente camba (ídem en Santa Cruz de la Sierra).

La primera vuelta de las elecciones generales 2025 tiene fecha para el 17 de agosto; la segunda, dos meses después, será el 19 de octubre: el mandato presidencial boliviano dura cinco años. En 2025, Bolivia celebrará en agosto el Bicentenario de su Independencia. ¿Lo hará con Evo Morales inelegible? ¿Lo celebrará?

Arcistas y evistas siguen enfrentándose desde que en mayo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró las últimas inscripciones de candidaturas a presidente, vice, 130 bancas en la Cámara baja y 36 en la Cámara alta de la Asamblea Plurinacional. Hay diez candidaturas presidenciales inscritas (también la derecha va dividida a la elección). Los evistas piden la inclusión entre ellas de una undécima fórmula, la de Morales, para que el expresidente pueda competir por un cuarto mandato presidencial. Piden la renuncia del presidente Arce, al que responsabilizan de la crisis económica.

Una última decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, del 14 de mayo, volviendo sobre otras anteriores, ratificó una inhabilitación anterior de la repostulación de Morales anunciada en diciembre de 2023 (donde desconocía a la reelección el status jurídico y las garantías que protegen a los DDHH). El 13 de mayo, Arce había renunciado a postularse como candidato del MAS y por lo tanto, a buscar un segundo mandato presidencial. Encabezará la fórmula oficialista Eduardo del Castillo, actual ministro de Gobierno (del Interior). El joven presidente de la Cámara de Senadores y vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (sindicatos cocaleros del Chapare), Andrónico Rodríguez Ledezma, de 36 años, que había roto con Arce en apoyo de Morales, rompió con Evo, y es candidato de un nuevo partido de izquierda, Alianza Popular.

Consumado el doble o triple cisma en el MAS, Evo buscó en Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) la estructura desde donde hacer su campaña. Pero la personería jurídica del Pan-Bol caducó dos semanas antes del plazo de las inscripciones en el TSE, y no pudo recuperarla a tiempo. Los evistas dan en las calles y en las marchas la batalla que perdieron en los tribunales para revertir una doble inelegibilidad: la de Morales y la de todas las candidaturas de un partido caduco. Sin que esto sea seguro, en la batalla por salvar al partido (a diferencia de la lucha por su líder) habría aún algún resquicio legal donde hacer pie.

10. El excepcionalismo norteamericano

La gran excepción a la legalidad y jurisprudencia de inelegibilidad es EEUU. No porque faltara polarización. Al contrario, desde la victoria del partido Republicano en 2016 se había agigantado cotidianamente sin desfallecimientos. No porque un insomne partido Demócrata no escrutara cielos y tierra para obtener que el candidato Donald J. Trump fuera declarado inelegible con anterioridad a las presidenciales de 2023. Habría sido, sin duda, el único instrumento confiable en la misión de evitar que ganara en las urnas un segundo mandato rubricado con doble mayoría tanto en el voto electoral (mayor número entre los grandes electores que conforman el colegio electoral en un país federal donde la elección presidencial es indirecta) y en el voto popular (mayor número de votos en el recuento final y total de sufragios emitidos -adicionando en una suma final los resultados parciales obtenidos en cada uno de los 50 estados de la Unión). Con Trump encabezando la fórmula partidaria como candidato al Ejecutivo, también ganaron los republicanos la mayoría en el Poder Legislativo, con sendas mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado.

A medida que progresaba la campaña electoral y se acercaba la cita electoral decisiva, en un país sin segundas vueltas, del primer martes de noviembre, en juzgados penales federales y estaduales se aceleraba el curso de los procesos abiertos y la apertura de nuevas causas contra Trump. Fue declarado culpable en uno solo de estos juicios: el 29 de mayo de 2024, el gran jurado reunido en un tribunal de Nueva York fue unánime al declarar que Trump había en efecto infringido varias leyes y normas electorales estaduales al asentar entre los gastos de la campaña presidencial de 2016 un monto pagado por sus abogados a Stormy Daniels. Esta suma de dinero era la pactada según el acuerdo que otorgaba al candidato republicano el derecho exclusivo de publicar una historia contada por la actriz (que debía su encanto narrativo a un desgraciado episodio de comercio sexual -o escabroso o fracasado- con la estrella porno, que habría tenido lugar -o no-, en 2006).

Los restantes procesos fueron interrumpidos por decisión de los jueces, o por intervención de la Corte Suprema en respuesta positiva a demandas de la defensa de Trump: fueron declarados hechos políticos no justiciables.

Pero hay algo más, y es lo más importante. Y es que una sólida y pacífica doctrina de la Corte Suprema de EEUU declara que la elegibilidad es un derecho humano protegido por la Constitución. Por lo tanto, una condena de inelegibilidad es inviable, por ser inconstitucional. Un condenado a prisión perpetua o a muerte puede ser candidato presidencial.

Ni hay ley ficha limpia en EEUU, ni sería posible legislarla sin una reforma constitucional previa. Desde luego, el Congreso de EEUU. Por ello, Trump ha sido el único presidente sometido a dos impeachments: la mitad del total de impeachments abiertos en dos siglos y medio de democracia. No prosperaron.

También en el renglón impeachments ha sido Trump más único que raro. Bajo el cargo de incitar a la insurrección –atribuyéndole la responsabilidad de la protesta violenta de sus partidarios que irrumpieron en el Congreso el 6 de enero de 2021-, el segundo de estos infructuosos juicios políticos fue abierto una semana antes de que el republicano abandonara la Casa Blanca y de que el demócrata Joe Biden asumiera la presidencia el 20 de enero de ese año.

En un juicio político, en EEUU, la Cámara de Representantes acusa, el Presidente es defendido por un equipo de abogados que él designa, y el Senado condena o absuelve. El segundo juicio político del que fue reo Trump concluyó en el Senado con su absolución. El 13 de febrero de 2021, 53 de los 100 senadores votaron ‘culpable’ y 47 ‘inocente’. La mayoría simple era insuficiente, porque una condena requiere la mayoría calificada de 67 votos ‘culpable’.

Como Trump ya no era presidente, la destitución no podría haber sido su castigo. Como era ex presidente y no podían destituirlo, los demócratas buscaban sustituir la pena inaplicable al pasado por la de inelegibilidad futura. Los constitucionalistas consultados entonces coincidían en que, aun si la acusación demócrata hubiera contado con los 67 votos que precisaba para imponerse gracias a republicanos tránsfugas, aun en el hipotético e impensable caso de que fuera unánime, habría enfrentado obstáculos legales, y la Corte Suprema la habría dejado sin efectos prácticos.

AGB/MC

Entre las muchas escenas recientes de la política internacional sobre cuyo fondo puede contrastarse la aún más reciente ascensión al trono de San Pedro del cardenal Robert Prevost hay una (o dos) cuya relevancia y pertinencia son a la vez tan salientes como oblicuas.

La primera y mayor ocurrió el viernes 28 de febrero en la Oficina Oval de la Casa Blanca. El bullying del presidente de Ucrania por el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos fue televisado en vivo. Donald J. Trump y J.D.Vance se turnaron en exigirle obediencia, alineación y gratitud a Volodymir Zelenski. En la prensa y los medios mainstream occidentales la sorpresa y la alarma ante la conducta de la administración republicana MAGA (Make America Great Again) contrariada ante el obstáculo que se interponía entre Washington y Moscú para lograr una tregua inmediata, a cualquier precio (que pagaría Kiev), en la guerra iniciada en febrero de 2022.

Casi sin excepción, la condena al nuevo arte de la negociación trumpista, que lucía más parecido a la extorsión, nunca se vio acompañada, en editoriales, opiniones, análisis, voces diplomáticas convocadas, por una valoración positiva del presidente ucraniano. Recibía más lástima que absoluciones o felicitaciones por un coraje que veían manchado de torpeza. La escena, dramática, no era épica. En la epopeya los rivales están en un mismo rango. El bullying, por definición, es asimétrico. La víctima es inferior. Inferior Ucrania ante Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos. Trump dio por terminada antes de tiempo la conferencia de prensa conjunta. Quedaba sin firmar el tratado que aseguraba a Estados Unidos la explotación de tierras raras en Ucrania y Zelenski fue prácticamente expulsado a los empujones fuera de avenida Pennsylvania 1.600 por la seguridad presidencial. Trump miró a cámara y se jactó de que el episodio había sido great television.

Quienes reprochaban a Trump y a Vance su comportamiento, responsabilizaban a Zelenski por una contribución capital al rating del talk-show sádico: había prescindido de intérprete y hablaba un sin duda fluido pero accented, funny English. Un idioma correcto, una fluidez media superior, pero un arma embotada de antemano para toda discusión o karate verbal. “Aun el general De Gaulle, que hablaba tan bien el inglés, siempre llevaba intérpretes, no era su lengua nativa, y porque el proceso de esperar la versión francesa le daba tiempo para meditar sus respuestas”, repetían viejos diplomáticos entrevistados en France Culture.  

La segunda escena dramática de esta serie también es great television. Pero es muda. Es ante todo fotoperiodismo. Una imagen la resume. Trump y Zelenski sentados uno frente al otro en la basílica de San Pedro, en los funerales de Francisco I. Puestos a la vista de todos y a la escucha de nadie por sugerencia y sugestión de la Secretaría de Estado vaticana. El santuario restituía la dignidad y simetría entre dos jefes de Estado. Tal reparación, tampoco escapa a nadie, es simbólica.

Cuando una semana atrás 133 cardenales reunidos en cónclave hicieron papa en la tercera votación a uno de sus pares nacido en 1955 en Chicago, Illinois, segunda ciudad de Estados Unidos, reconocieron la globalidad de la lengua inglesa. Buscaron dejar garantizada para la Iglesia la ventaja comparativa de que el sucesor de San Pedro y nuevo vicario de Cristo pudiera hablarle en inglés al mundo, y a los poderes del mundo, sin intermediarios. Lo que incluye, desde luego, postear y repostear en inglés en las redes sociales.

Paz, pan, trabajo y migrantes

Con la elección del cardenal Prevost, al que sus conocidos llamaban familiarmente 'Bob', habían roto con un tabú que era ante todo una inferencia o regla práctica de vaticanistas, traducida cónclave tras cónclave, desde la Guerra Fría, en la rutina de acortar las opciones del prode de las apuestas papables excluyendo los nombres de los cardenales norteamericanos. El abandono del tabú, si es que tal interdicción hubiera gozado de la vigencia imperativa que se le imputaba, ha resultado parcial. Porque el cardenal Prevost Martínez vivió 38 años, más de la mitad de su vida, en el Perú. Diez años atrás, en 2015, fue nombrado por Jorge Mario Bergoglio al frente de la diócesis de Chiclayo y el nuevo obispo chiclayano solicitó y obtuvo la ciudadanía peruana.

Prevost es el primer papa con doble nacionalidad. Este no es sino un más de los signos exteriores de sus empeños y esfuerzos en la causa de los migrantes. Para León XIV, como para Francisco I, los migrantes son la encarnación por antonomasia de la figura evangélica del prójimo en el siglo XXI. Si Bergoglio había sido el primero en elegir como nombre propio pontificio el del mendicante san Francisco de Asís, su sucesor de 69 años eligió ser el último en elegir el de León. Su predecesor en la lista fue León XIII, el papa más longevo. el del pontificado que duró 25 años entre los siglos XIX y XX (1878-1903), y el que sentó las bases de la llamada 'doctrina social de la Iglesia'.

El eco, la inspiración y la referencia de la encíclica Rerum Novarum (1891), sobre la condición de una clase obrera que la Iglesia había perdido en Italia junto con el poder temporal en tiempos del último 'papa rey' Pío IX, y su prefiguración de un Estado Providencia, alientan en el derecho laboral justicialista y en el de las democracias cristianas. El papa argentino y peronista y el norteamericano-peruano y 'socialcristiano' son los primeros en haber nacido y haberse criado en barrios de grandes ciudades. En conglomerados urbanos que al momento de sus nacimientos eran también metrópolis industriales. Uno y otro responden al paiseje de las sociedades occcidentales posindustriales, los cambios en el empleo y el mundo del trabajo por resultado de la automatización y robotización, y para ambos es la calidad de la recepción que se les destina o retacea a los migrantes es la medida del compromiso real de cada fiel y cada comunidad con las exhortaciones de amor al prójimo y hospitalidad predicadas por Cristo en los Evangelios.   

Humo blanco y tabú negro

Uno de los primeros en felicitar al papa norteamericano fue un ex senador de su Illinois natal, Barack Obama, que como candidato demócrata había sido elegido representante del Estado de la Pradera en la Cámara alta con un récord de votos, el 7O%, en las legislativas de 2004. Tampoco Prevost es ajeno a los récords electorales, antes de conocer la púrpura cardenalicia en 2023, mucho antes de ser elegido papa el 9 de mayo de 2025. Prior provincial de los agustinos desde 1998, había sido elegido prior general de la orden en 2001. En 2007, fue reelegido para un segundo mandato de seis en años en tiempo récord: 20 minutos.

Ya antes de ser elegido papa una semana atrás, al cardenal Robert 'Bob' Prevost no le eran ajenos los récords de velocidad romanos para ganar la victoria de su candidatura. Prior provincial de los agustinos desde 1998, había sido elegido prior general de la Orden en 2001. En 2007, fue reelegido en Roma para un segundo mandato de seis en años en tiempo récord: 20 minutos. Las discusiones, sin duda, también aquí habían sido anteriores a la instancia de reunión y a la ocasión del sufragio.

Cuatro años después, Obama fue el primer presidente negro en la Casa Blanca. También en este caso el abandono de un tabú había sido menos completo de lo que podía creerse fuera de su país. Obama, que sería reelecto en 2012 con la misma fórmula que llevaba a Joe Biden como VP (primer VP católico de Estados Unidos, el segundo es Vance), era clasificado como black en los censos raciales. Había sido ya el tercer senador afro-descendiente elegido por voto popular. Sin ser propiamente afro-americano. Los ancestros del ex presidente de EEUU de 63 años, doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (el primer Ph.D. en la Casa Blanca desde el también demócrata Woodrow Wilson), no fueron víctimas de la trata atlántica ni traídos a la fuerza desde África para hacer de ellos esclavos en América:  su madre era una antropóloga blanca y su padre era nacional de Kenya -y, por lo demás, de las élites culturales y sociales: profesor universitario de Economía-.

Progresismo y progresos

El análisis del cónclave pasado y del futuro inmediato y mediato de la conducción de la Iglesia como una contienda o componenda entre sectores y factores conservadores y progresistas es menos ilegítimo de lo que dicen quienes lo desdeñan. Es, no obstante, una interpretación que se agota en sí misma, si lo que se buscan son guías para anticipar qué caminos se elegirán, en qué orden, y qué cambios, pausas o giros veremos. La elección de Prevost revela una cuestión de hecho, independiente de la voluntad individual de cardenales, jerarquías eclesiásticas, laicado, aliados y enemigos autodesignados de la Iglesia. Y es que los cambios introducidos durante el pontificado de Francisco, escasos según algunas expectativas, lamentables según otras, son irreversibles.

Antes que ser un infundio, la afirmación, muy oída antes y después del humo blanco del segundo día de votación, de que Bergoglio había aumentado el número de integrantes del colegio cardenalicio en la misma medida en la que había aumentado el número de cardenales progresistas para así asegurarse un sucesor que fuera también un heredero a su imagen y semejanza, ofrece una representación falsa o equívoca del proceder del papa peronista y de la composición del cónclave que votó por Prevost. Tanto en la elección del papa como en la elección de los cardenales rige como principio superior el del bien de la Iglesia. Haciendo a un lado el sentido religioso que esto guarda para los creyentes, el sentido político es evidente. En esa monarquía vitalicia electiva que es la Iglesia Católica Romana, el mejor candidato es aquel que asegure el poder y la gloria de la institución humana única en perdurar a lo largo de tres milenios.

En el último cónclave hubo mayor representación geográfica que en ninguno anterior. Y también hubo el mayor número de cardenales provenientes de órdenes religiosas. Una clasificación básica del clero católico distingue entre clero secular y clero regular. El clero secular responde directamente del Papa, en una división de la superficie del globo en arquidiócesis (con un arzobispo al frente), diócesis (con un obispo) y parroquias (con un cura párroco). El clero regular es el de las órdenes religiosas de sacerdotes, religiosos, y religiosas. Tienen sus reglas propias, y eligen sus autoridades.

Francisco I fue el primer papa de la orden jesuita y León XIV es el primer papa de la orden de los agustinos. Cada una de las órdenes fue fundada con misiones específicas, la de los jesuitas y los agustinos comparten la de la enseñanza -no son la única misión de cada una de ellas, y tampoco coinciden en las restantes-. Pero lo que tienen en común todas las órdenes religiosas entre sí es que sus integrantes (a diferencia de un cura párroco en su parroquia) viven en comunidad (y no en soledad frente y entre sus feligreses). En una comunidad religiosa, el diálogo entre pares y generaciones es una situación, una necesidad y una práctica cotidiana.

Años y lenguas

Desde enero de 2023, el obispo emérito de Chiclayo estaba en Roma como prefecto del Dicasterio de los Obispos. Este ministerio del gobierno de la Iglesia tiene como función redactar evaluaciones y recomendaciones de candidatos para ser designados obispos en el mundo. La decisión final es colegiada, y Prevost incluyó el voto de mujeres en el número de cuantos sumaban para recomendar o desestimar candidaturas. En septiembre de 2023, Prevost era designado cardenal por Bergoglio.

Cuando 133 cardenales llegados de los cinco continentes se reunieron en cónclave el 7 de mayo (la primera fecha, pospuesta, era el 5), Prevost estaba entre los que no habían debido viajar para acudir a la cita. Si ser italiano, era local. El nativo de Chicago ya estaba allí, desde antes, atento y preparado para recibir a sus colegas. A las lenguas de su doble ciudadanía, el cardenal políglota peruano-norteamericano suma el dominio fluido del italiano, del francés, del portugués, la comprensión lectora del alemán y del latín. Una de las áreas de mayor crecimiento del catolicismo en la última década es el África francófona. En sus dos sexenios como prior general de los agustinos, Prevost visitó regularmente las tierras africanas ecuatoriales, en especial la República Demcrática del Congo, donde sus estadías fueron particularmente más prolongadas. Brasil tiene 7 cardenales, que han viajado muy poco por el mundo. En las Filipinas católicas el inglés es lengua nacional, como en la India, el país más poblado de la tierra, con 1400 millones de habitantes, el mismo número del total de católicos en el mundo.

Que el primer papa Made in USA sea el primer pontífice de la historia que habla inglés sin acento estaba entre los fines perseguidos por la Iglesia. Todo invita a pensar que la lengua nativa de León XIV estuvo también entre las causas eficientes de su victoria electoral.  

AGB/JJD

Una selva está más ordenada que la derecha chilena. Así lo resumía Tomás Mosciatti en su editorial sobre el nuevo panorama del espacio político más favorecido por el electorado para las presidenciales del 15 de noviembre. Y la derecha sigue siéndolo todavía el 25 de abril según procede sin pausa el periodista en su siguiente y parejamente agudo análisis semanal. Y a pesar del “infantilismo” de Evelyn Matthei. La candidata de Renovación Nacional (RN) y de la coalición Chile Vamos, se corrió a una derecha ultra. La presidenciable postuló la necesidad histórica del violento golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende. Sin el general golpista Augusto Pinochet “nos íbamos derechito a Cuba” (conveniente infierno hemisférico relevado por Venezuela). Relativizó en duración y alcance las violaciones de DDHH de la larga dictadura de 1973-1990: “estábamos en guerra civil” y las muertes del bando vencido eran “inevitables”. Según Mosciatti, en cambio, las ejecuciones sumarias fueron “asesinatos cobardes” nomás.

Qué se gana y qué se pierde dando la cara o poniéndose la máscara ultra

Después de sus declaraciones, la favorita del espacio favorito sufrió, eso sí, un retroceso de 3 puntos según la encuestadora CADEM. La misma que una semana antes daba a la candidata derechista Evelyn Matthei como futura presidenta de Chile en todos los escenarios de balotaje. Pero es más fácil averiguar cuánto perdió en el centrismo que si ganó algo en el terreno, más opaco, menos sondeable, del electorado opositor de convicciones o reflejos ultraderechistas, en un país donde el incumplimiento de la obligación de votar que rige para un padrón de 16 millones de votantes es sancionado dura e implacablemente.

De manera deliberada o distraída -y una y otra opción es alarmante-, en los hechos la candidata centro-derechista ha dejado de serlo en sus declaraciones y se ha mostrado ultra-derechista. Si es identidad estratégica revocable o si no es máscara y es su cara, importa menos. Las aclaraciones que hizo después, con palabras bien pesadas una por una, sobre su compromiso con el Estado social de derecho, resultaron, y resultarán, un control de daños fatalmente predestinado a verse limitado en su eficacia. Si Matthei pasa a segunda vuelta, esas declaraciones la seguirán hasta la víspera del balotaje del 14 de diciembre.   

En los hechos, la candidata se había corrido hacia el extremismo de ‘los alemanes’. Teme a Johannes Kaiser, que crece en las encuestas como predilecto de la derecha alternativa, y a José Antonio Kast, rival vencido por el presidente Gabriel Boric en el último balotaje chileno pero candidato más votado en la primera vuelta de 2021. Teme que uno de ellos sea quien pase a segunda vuelta, para enfrentar al oficialismo de izquierdas, como representante de la oposición de derechas favorita. Que la del líder y fundador del Partido Republicano (PR) o la del fundador del Partido Nacional Libertario (PNL) sea una candidatura más votada que la suya. Matthei es candidata sin internas de Renovación Nacional (RN). Este partido, que en su genealogía puede decir que es el más viejo de Chile, fue el partido que reformuló el centrista y difunto empresario multimillonario Sebastián Piñera. El chileno más rico del mundo fue el único presidente de la derecha (y por dos mandatos -no consecutivos-) en las tres décadas y medias de democracia electoral que siguió al fin de los plenos poderes de la dictadura pinochetista.

Las aspiraciones de Chile Vamos, la coalición electoral liderada por Matthei que integra a Unión Demócrata Independiente (UDI), a Renovación Nacional (RN) y a Evolución Política (EVOP) , que buscaba celebrar primarias amplias en la derecha chilena para llevar un solo candidato único, se vieron espectacularmente frustradas. El republicano Kast y el libertario Kaiser le habían dicho directamente que cada uno de ellos iría directo a primera vuelta, como candidatos presidenciales republicano y libertario. Y a la pregunta de si los tres partidos podrían llevar diferentes presidenciables pero una lista parlamentaria común, Kaiser respondió que “en Chile ya existe la experiencia de haber ido en una lista parlamentaria y dos candidaturas presidenciales”, lo hizo Chile Vamos con el señor Joaquín Lavín, con el ex presidente Piñera y que es mejor competir “jugando un partido limpio, sin ensuciar la pelota”. A los dichos del libertario -que gusta de compararse con el argentino Javier Milei (sobre todo en el aspecto de ser un jugador nuevo que gana elecciones presidenciales con un gol de oro)-, añadió Kast una respuesta a la misma pregunta. El vencedor de la primera vuelta de 2021 no sólo explicaba lo que él estaba respondiendo sino también, o antes que nada, el porqué de la pregunta que le hacían. Según el republicano, si desde Chile Vamos llaman a la unidad lo hacen “desde el nerviosismo”, porque “si miramos cualquier encuesta al día de hoy entre el libertario y yo superamos a la candidata de Chile Vamos”.

En cambio, entre ultraderechistas se entienden. El Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano (PSC) forman ese espacio denostado por unos con la fórmula más neutra de nueva derecha chilena, por otros como en España derecha a la derecha de la derecha, y por los más como la ultraderecha genuina. El lunes 14 de abril formalizaron un preacuerdo con miras a las candidaturas legislativas que se eligen en noviembre el mismo día que la presidencia, fin de alzarse como una alternativa al bloque Chile Vamos (RN+UDI+EVOP), el de la, hasta ahora, derecha tradicional.

Una izquierda fuerte sin candidaturas poderosas

La primera etapa del calendario electoral chileno culminará el domingo 29 de junio, con la celebración de las elecciones primarias, en las que los distintos partidos y frentes políticos definirán a sus candidatos. La segunda, el domingo 16 de noviembre. Con el voto obligatorio las chilenas y los chilenos elegirán al próximo presidente, a la vez que renovarán parte del Parlamento, que sucederá a Gabriel Boric, elegido en 2021 por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad después del estallido social del 19-O. En caso de que ningún candidato supere el 50%  más uno de los sufragios, seguirá una segunda vuelta el 14 de diciembre.

El oficialismo aún no logra posicionar una candidatura sobre cuyos atractivos competitivos exista un relativo pero admitido consenso común. La popularidad del presidente Boric sigue siempre constante, con altibajos estacionales, de un 5% aproximadamente, y siempre en torno a un sólido 30 por ciento: más mujeres que varones, más sectores medios que bajos, de mayor educación formal, más empleo formal, y mejores y mayores ingresos.

La dos veces presidenta Michelle Bachelet del Partido Socialista (PS) mantuvo en vilo al progresismo en espera de su definición acerca de su postulación para competir por tercera vez a La Moneda hasta su declinación el 3 de marzo. Pidió “unidad”, “respeto” y “buena onda” en la contienda electoral a los candidatos del oficialismo que irán a primarias con quienes se reunió en la Fundación Horizonte Ciudadano. 

A la cita de la expresidenta asistieron Carolina Tohá del Partido por la Democracia (PPD), Gonzalo Winter del Frente Amplio (FA), Jaime Mulet de Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jeannette Jara del Partido Comunista (PC), Vlado Mirosevic del Partido Liberal (PL) y Paulina Vodanovic del PS, quien hasta último minuto trató de convencer a Bachelet de presentarse a un tercer periodo presidencial. Ausente con aviso, el abanderado de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, exalcalde de Maipú: uno que ya dijo que no está dispuesto para ir a primarias con el Partido Comunista y el Frente Amplio.

¿Quién ganará? Si votan un millón y medio de personas al menos, la victoria se inclinaría por Jeannette Jara. Porque las PASO chilenas se parecen en todo a las argentinas salvo en el ser obligatorias. Siendo el voto optativo, la capacidad de movilización de los partidos cuenta. Y la disciplina partidaria. Es difícil refutar al Partido Comunista chileno, fundado en 1912, que supo ser el más fiel al Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), cada vez que se jacta de ser el más disciplinado del elenco democrático nacional.

Hay una diferencia nítida que salta a la vista en la más sumaria de las comparaciones entre la derecha opositora y la izquierda oficialista, y que favorece, no menos claramente, a ésta. El oficialismo está de acuerdo, y celebrará unas primarias comunes de las que saldrá la candidatura única que compita el segundo de noviembre con las derechas. Las derechas en plural. Porque el 16 de noviembre habrá no menos de cinco candidaturas presidenciales de derecha rivalizando por pasar a segunda vuelta y disputarle así el balotaje a la izquierda.

A las candidaturas de Matthei, Kast y Kaiser hay que sumar la de Franco Parisi por el Partido de la Gente (PDG, ganador en las legislativas de 2021 del 8,45% de los votos) y la del candidato que inscriba el Partido Social Cristiano. No es casual -o mejor: resulta muy significativo-, que una de las obras maestras de la literatura de Chile, tan rica en singularidades, que le ha valido al país dos de los cinco Premios Nobel que Latinoamérica obtuvo, sea La Fronda aristocrática en Chile (1928) de Alberto Edwards. Una historia nacional como duelo de esgrima sangrienta y de puñaladas sin terciopelo entre señoritos derechistas más o menos biencriados. 

AGB/MC

Cuando el miércoles 13 de marzo de 2013 el cardenal francés Jean-Louis Tauran anunció que Jorge Mario Bergoglio había sido elegido pontífice máximo de la Iglesia Católica Apostólica Romana y sucesor n°266 de San Pedro, los parabienes de Cristina Fernández de Kirchner fueron de una moderación tan extrema como poco característica. En vez de felicitar al exarzobispo de Buenos Aires por su victoria electoral vaticana, expresó una íntima satisfacción personal suya propia y formuló una impersonal pero atingente reflexión histórica. En el cenit de su segundo mandato, la presidenta argentina se congratulaba de que el cónclave cardenalicio convocado el martes 12 para escoger entre sus 117 miembros al sustituto del renunciante Benedicto XVI hubiera finalmente reunido, en quinta vuelta, los votos necesarios para consagrar la candidatura de un papa latinoamericano. Con la elección del jesuita que adoptaría el nombre simple de Francisco, que evocaba adrede la opción por los pobres del santo de Asís, había llegado su turno a un continente subalterno y se había reparado una postergación que era una injusticia.

Aquel mismo espíritu de prudencia y moderación, acaso poco característico, acaso sintomático, seguramente ineludible, animará el próximo cónclave vaticano, según es de prever, a juzgar por todas las fuentes vaticanistas que elDiarioAr ha podido preguntar.

El papa Francisco murió este lunes a los 88 años, víctima de un accidente cerebro-vascular seguido de un coma y colapso cardio-circulatorio irreversibles, según el boletín médico del Vaticano. El cuerpo será velado en la basílica de San Pedro desde el miércoles 23 hasta el funeral del sábado 25. Primer papa latinoamericano, Bergoglio fue también -y lo uno no implica necesariamente lo otro- uno de los líderes más influyentes de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Su muerte marca el fin de un pontificado reformista de gran resonancia social, con énfasis en la justicia social, el medio ambiente, la hospitalidad a las migraciones, el ambientalismo, y el pacifismo a ultranza como doctrina rectora básica de las relaciones internacionales.

Con diplomacia y buenas artes jesuíticas, Francisco tensó los polos de reacción y revolución en el interior de la Iglesia Católica. En más de dos milenios de funcionamiento, la administración más duradera entre cuantas organizan las grandes religiones monoteístas del planeta considera que la próxima elección papal significa una decisión existencial para la Iglesia. Todo invita a pensar que entre los cardenales más progresistas y los más conservadores primará aquel raro, poco característico entendimiento prudente de la cuidadosa felicitación de CFK en 2013.

Francisco, el huracán lleva tu nombre

Jorge Mario Bergoglio pontífice fue un peregrino que hizo 47 viajes apostólicos en 66 países. Cuarenta visitas pastorales a 49 ciudades italianas. Más de 200 visitas en la diócesis capitalina como obispo de Roma. Declaró a la República Centroafricana “capital espiritual del mundo”. Eligió la marginal Albania como destino de su primer viaje fuera de Italia. Es decir, el único país europeo donde la mayoría de la población profesa y practica no una confesión cristiana sino la fe islámica.

El primer papa latinoamericano y del “Sur global” eligió a la minúscula isla mediterránea de Lampedusa, de soberanía italiana, para su primer viaje apostólico fuera de Roma, después de que en el cardenal argentino hubiera sido elegido papa por sus pares del colegio cardenalicio. El exarzobispo de Buenos Aires eligió como nombre Francisco, el santo medieval de la ciudad de Asís, que hizo voto de una pobreza desde entonces llamada “franciscana” y que en los años 70 fue, junto a santa Clara, un ícono contracultural, global y hippy gracias al film de Franco Zeffirelli Hermano sol, hermana luna estrenado en la Argentina en 1973. Territorio insular a mitad de camino entre el sur de Europa y el norte de África, destino masivo de migrantes que aun hoy, a pesar de las políticas restrictivas eficaces de la premier post-fascista Giorgia Meloni deambulan entre una población local a la que superan ampliamente en número.

Lampedusa era la isla de Tommaso di Lampedusa. El aristocrático autor siciliano de Il gatopardo (1957). Una novela después adaptada como film cinematográfico y hoy como serie multimediática, cuyo tema y problema es el fin del poder temporal del Papado y la unidad política de Italia en el siglo XIX. Un libro donde su protagonista, el aristocrático, astuto, populista Príncipe de Salina formula el ideario “gatopardista” de que todo debe cambiar (accidental, espectacularmente) un poco para que todo siga siendo (sustancial, invisiblemente) lo mismo. Un libro que conocía bien el primer papa jesuita, lector y profesor de literatura italiana.

La narrativa de ficción favorita de Bergoglio era una novela histórica. I promessi sposi (1842) narra la vida de los novios del título italiano, sobre el fondo de la autocracia colonial española que vive la Península y la peste que sufre Lombardía en el siglo XVII. Su autor, Alessandro Manzoni, escritor romántico y senador del Reino de Italia, católico militante y novelista elogiado por Friedrich Engels -amigo, protector, colaborador y coautor de Karl Marx-, estaba cruzado y atravesado por contradicciones que serían las del primer “papa peronista”, según el título del ensayo de interpretación biográfico de Ignacio Zuleta.

Los DDHH, Francisco y Oscar

Cuando el domingo 2 de marzo de 2025 la actriz española Penélope Cruz anunció que Aún estoy aquí había ganado el Oscar a la mejor película internacional, la alegría brasileña, vociferada sin morigeración ninguna, sonó entre quienes festejaban con los decibeles bombásticos de un añorado desenlace favorable de final de Copa FIFA. Con el film de Walter Salles, Brasil ganaba por primera vez el premio mayor de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El día del triunfo nacionalista podía ser percibido, en buena ley, como una jornada de justicia que al tiempo que acababa con una postergación consumaba una reparación o al menos representaba una compensación.

Cuando Bergoglio fue elegido papa, la presidenta Dilma Rousseff, en su primer mandato, único concluido completo, y antes de las protestas de junio de 2013 que determinarían los diez próximos años de política en Brasil, comentó informalmente: “El papa es argentino, pero Dios es brasileño”.

El primer gran viaje americano de Francisco pontífice no fue a su patria sino a Brasil. En Rio de Janeiro, con Dilma Roussseff presente, Bergoglio pudo celebrar el buen humor del chiste, que en nada lo ofendía, de la presidenta petista. El “papa peronista” conocía poco de antemano Brasil. En la mayor nación católica de la tierra -según los censos-, en un país de remanida religiosidad popular, lo sorprendió el desapego de las autoridades políticas ante su peregrinar. No lo abandonaban, pero lo dejaban obrar a solas sin trabas. En contra del cliché que opondría una Argentina moderna a un Brasil más arcaico en lo que a fe se refiere, el recuerdo del Pontífices de su patria es el de un territorio donde jamás un político se pierde una misa o una procesión o las festividades de vírgenes o santos locales. Un Estado federal donde el evangelismo tiene bancadas propias en el Congreso Federal de Brasilia, y donde sin embargo ese Estado, sus funcionarios y los cargos electivos se comportan con un laicismo práctico y desenvuelto en sus conductas jurídicas cotidianas y (para ellos) productivas. 

A los ojos argentinos o chilenos, la ausencia de la religión católica y de toda religión como referencia o guía de acción, es notable en el film de Salles. En los films argentinos, el clero secular y la jerarquía eclesiásticas son cómplices de la dictadura (en el caso del clero regular, como la Compañía de Jesús, la imagen es más matizada, o más confusa); en los chilenos, está la memoria de la Vicaría de la Solidaridad antipinochetista.

Una monarquía electiva, un monarca vitalicio

La Iglesia Católica es una monarquía electiva y vitalicia. La renuncia de Joseph Ratzinger, primer papa alemán, que en 2005 había sucedido a Juan Pablo II, primer papa polaco, era una novedad o una anomalía en una historia que no había hecho más que acumularlas. Al menos desde 1978, cuando a la muerte de Paulo VI fue elegido papa el patriarca de Venecia, Albino Luciani, que adoptó como nombre Juan Pablo I, en honor a sus predecesores, el inmediato, y el anterior, Juan XXIII, para morir a los pocos meses en circunstancias que todavía hoy siguen considerándose sin esclarecer por entero.     

Al papa lo eligen 117 cardenales. Es la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood la que confiere los premios Oscar. Veamos en qué se parece y en qué no al cónclave cardenalicio. Como el nombre no deja de insinuarlo, la artística Academia californiana no es un sindicato sino un club. Como a muchos clubes privados, se ingresa por un proceso de selección endogámico (como al colegio cardenalicio) y el pago de una membresía anual (a diferencia del colegio cardenalicio, al que no se paga nada, porque paga a sus miembros). Como también suele suceder con los clubes exclusivos, la magra diversidad de la Academia salta a vista: de sus diez mil y pico de miembros, más del 80% son blancos (sólo el 50% entre los cardenales), el 70% son varones (el 100% entre los cardenales) y, en promedio, es un grupo que se acerca a la tercera edad (la tercera edad es la edad canónica de los Príncipes de la Iglesia).

Espíritu de fineza y espíritu de geometría, o del triángulo al sínodo es un camino de ida

En 2025, el film Aún estoy aquí deplora la renuencia del Estado brasileño para reconocer su participación en las desapariciones de la dictadura que terminó en 1985 y elogia el saneamiento constitucional que aportó la nueva Constitución de 1988. Si menos personas son analfabetas, si hay menos impunidad en Brasil, nadie puede negar que la alegría por el Oscar que finalmente llegó donde debía, un cuarto de siglo después, sea legítima, y legal. Ya empiezan a circular los nombres de los posibles sucesores del trono de San Pedro. Un dicho corriente asegura que ‘quien entra papa al cónclave, sale cardenal’: que las candidaturas mejor conocidas de antemano no son -o casi nunca son- las vencedoras. Puertas adentro de la Iglesia, la mayor revolución de Francisco fue el Sínodo sobre el carácter sinodal del gobierno eclesiástico de la Iglesia. A puertas adentro, pero no a puertas cerradas, dado el grado de invitación a participar, y de participación efectiva, de laicos, mujeres y aun representantes de la antes irradiada comunidad LGBT+. El reconocimiento, sin duda incompleto todavía, de crímenes y delitos de abuso sexual también pesó sobre aquellas reflexiones, y pesa hoy. La finalidad del Sínodo estaba guiada por un pensamiento central de Francisco: la descentralización de las decisiones y las responsabilidades en la Iglesia.

El Vaticano no quiere ser una monarquía absoluta. Busca regresar a una organización comunitaria carismática originaria, como la de la Iglesia fundada por Cristo. Por detrás de esta ideología primigenia o ‘primitivista’ despunta, antes que una opción ideológica, una brutal ausencia de opciones en el contexto actual. El Papa no puede actuar como un monarca absoluto, y el Pontificado de Francisco ha dado, en los hechos, abrumadora constancia de esa impotencia. La mayoría de los cardenales que votarán en el Cónclave participaron en el Sínodo. Progresistas o reaccionarios, a ninguno falta una aguda consciencia histórica, refinada por fuerza en la última década. Para los católicos, en la elección de cada nuevo Vicario de Cristo interviene el Espíritu Santo. La organización del voto en el colegio cardenalicio, sin embargo, es pasible de un análisis político. Todo invita a pensar que, lejos de la polarización, un corporativo espíritu de prudencia, cálculo y mesura guiará a los príncipes de la Iglesia a la hora de escoger al sucesor del jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio.

AGB/MC

Del Norte al Sur del continente americano, 2025 es año de elecciones. Desde Canadá hasta Chile, pasando por el Ecuador, Honduras y Bolivia, y gracias a Donald Trump, las izquierdas latinoamericanas están mejor posicionadas que en enero y mucho mejor que en marzo para retener o recuperar el poder del Estado y el gobierno de la Nación. La altísima participación en el balotaje ecuatoriano de más de 8 de cada diez votantes y la nítida reelección del presidente Daniel Noboa ratifican en tándem tanto el nuevo ardor en el compromiso del electorado participativo como la penuria de ese fuego contagioso para una efectiva conflagración de izquierda.

Daniel Bukele, o cómo en casa uno puede ser Trump sin insufribles paréntesis demócratas

El domingo 13 de abril marcó la fecha de la segunda elección presidencial ecuatoriana consecutiva que el próspero heredero de la familia Noboa ganaba en poco menos de 35 años de existencia y poco más de 3 de vida política. Empresario, millonario, Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, empresario, multimillonario, y ‘rey de la banana’. La exportación tropical a EEUU desde el puerto pacífico de Guayaquil, donde residen, convirtió al costeño Álvaro en el hombre más rico del país sudamericano y estado tapón entre Perú y Colombia. Hoy desde los puertos ecuatorianos, formales e informales, el narcotráfico internacional profesional exporta a EEUU y al área del Indopacífico la cocaína que producen las dos naciones soberanas vecinas austral y boreal de la tierra nativa de los costeños Noboa.

La inseguridad -con una crisis económica que el electorado encuentra derivada de aquella- fue el tema más importante en los debates y las campañas presidenciales. Preventivamente, durante la jornada electoral del balotaje las fronteras peruana y colombiana de Ecuador fueron mantenidas cerradas y custodiadas por las armas del Ejército.  

Dos países pacíficos y dolarizados, o viceversa

El presidente del primer país sudamericano que dolarizó siguió el exitoso método represivo del primer país centroamericano que dolarizó. El político y empresario salvadoreño Nayib Bukele, antiguo alcalde de la capital San Salvador en elecciones ganadas como candidato de la centro izquierda tradicional salvadoreña formada por la desmilitarización de las guerrillas de los 70s. Hoy es presidente de El Salvador, elegido y reelegido como candidato de un partido de derecha extrema creado por él a su medida (y la de su familia).

Para la derogación del signo monetario salvadoreño y para su sustitución por el dolár estadounidense en el ejemplo de la dolarización que ha regido en Ecuador desde inicios del siglo XX. Una posterior legalización de la criptomoneda bitcoin como moneda alternativa en El Salvador fue idea presidencial suya, que a nadie ha inspirado aún en los hechos.

La biografía política de Noboa Sr luce más intensa y extensa que la de Noboa Jr su hijo, presidente de Ecuador y príncipe de la patriarcal banana. Cinco veces fue Álvaro candidato presidencial centrista, y cuatro veces estuvo a punto de ganar la presidencia ecuatoriana. Si no maté reyes moros / engendré quien los matara, se jacta un romance medieval anónimo de tiempos de la Reconquista o expulsión de judíos y musulmanes de España.

Hijos de papá, o ¿de casta le viene al galgo el tener el rabo largo?

Las familias se ayudan. Entre sí las aliadas, y todas protegen a los suyos. Las mafiosas, más, y con mayor celo. No sugerimos en absoluto que la de Noboa lo sea en los términos de las ciencias jurídicas y sociales que definen al crimen organizado. Ni en los más laxos, pero escasamente serviciales para la carecterización de las ventajas a veces oscuramente ilegítimas, casi nunca claramente ilegales, de los patrimonialismos bien administrados para la trascendencia de generación en generación de una funcionalidad siempre aggiornada y reinvertida.

El culto intergeneracional de la amistad recíproca con los pares actuales o prospectivos y de los amistosos contactos internacionales forma parte central de la educación informal del joven presidente Noboa que vivió y trabajó en Florida, consagrado parque de diversiones predilecto por las nuevas derechas infanto-seniles transatlánticas. Noboa Jr llegó a ser tan buen amigo de Donald J. Trump que después de su segunda victoria electoral no consecutiva en noviembre de 2024, el republicano declinó invitar a su asunción presidencial al ultraderechista presidente nacionalista húngaro Víktor Orban, pero invitó al ecuatoriano a Washington para la ceremonia de jura en el Capitolio del lunes 20 de enero.

La infraestructura, la logística, los transportes, la llegada territorial de las empresas de Noboa Sr y sus compadres prestaron beneficios de enorme utilidad, de una omnipresencia tan evidente que la tornaba sobria y discreta, para la campaña reelectoral del presidente candidato. Acaso no sea insincero Noboa Jr cuando denuncia a los medios y a la oposición de exagerar la desigualdad de oportunidades que lo favorece: esas diferencias son naturales como el agua y el aire, y los beneficios connaturales de la propiedad opulenta son sagrados.

Los Noboa y los Kennedy, o tradición, familia y propiedad católicas en tierra infiel

El Príncipe de la banana también da por sentada y legítima la ventaja que recauda de los contactos internacionales del Rey. Su padre ha dedicado su vida a cultivarlos según conservadoras reglas de etiqueta y cortesía criolla, cristiana y burguesa.

Es así que la familia Noboa está conectado con una poderosa, multimillonaria, oligárquica familia católica de orígenes irlandeses, muy activa en la costa atlántica de EEUU, país al que dieron un presidente y varios senadores demócratas. No son los Biden, católicos y de genealogía irlandesa (pero pobres y obreros hasta que Joe se recibió de abogado). Son los Kennedy (que a pesar de ser tan ricos y de haber sido tan temidos y corruptos tampoco son una mafia). Noboa Sr es amigo personal de Robert F. Kennedy Jr, hijo del senador y candidato presidencial Robert F. Kennedy asesinado en 1968 y sobrino del presidente John F. Kennedy asesinado en 1963.

La familiaridad de Bobby Jr con la Oficina Oval precede a la de todos los restantes personajes de este Panorama. Su ocupado padre lo depositaba en la Casa Blanca como en una guardería -la más segura de la capital de EEUU-, según le ha contado a Trump. Casi un bebé, Bobby Jr gateaba por la alfombra del despacho presidencial, y oía cuando su tío JFK alzaba la voz hablando por télefono.

Las posiciones políticas de Noboa Sr se corrieron decididamente hacia la derecha. Como las de Bobby Jr. La familia meridional coincida también con sus ‘primos’ septentrionales los Kennedy.

Bobby Jr hizo una fortuna vendiendo o haciendo lobby por sucedáneos a las vacunas fabricadas en masa por los grandes pulpos de las farmacéuticas multinacionales ellas sí mafiosas, según difundía en sus páginas web rebosantes de ofertas de remedios naturales. El amigo de Noboa Sr llegó a la cúspide de su popularidad y se volvió reconocido por millones gracias a sus sus redes sociales desde que el boom de letalidad del coronavirus fue una realidad irrefregable. Ganaba seguidores con un ritmo acompasado al crecimiento de las tasas de mortalidad de la pandemia. Cuando Trump, en la cúspide de su primera presidencia y de la crisis sanitaria del covid, también era muy antivax. Hoy los dos son mucho menos antivax, mucho más amplios de miras. O más ambiguos, mucho más cuidadosos en sus declaraciones y posteos, muy renuentes a ser llevados al lindero de la vejante cuestión inmunológica. Hoy Bobby Jr., que es abogado, se dice convencido de que las vacunas previenen el contagio de sarampión tan bien como la vitamina A que es mejor.

Hoy Bobby Jr. se sienta como ministro de Salud en la mesa del Gabinete del presidente Trump en la Casa Blanca. El presupuesto del Ministerio del amigo de Noboa padre (y de Noboa hijo) es de dos billones de dólares. El tamaño del PBI de Australia. (Incidentalmente, el domingo se lanzaron las campañas electorales rivales en Australia: el oficialismo, con popularidad acrecida por su desafío a los aranceles aduaneros de Trump, puede retener un poder que parecía predestinado a entregar). 

El héroe de los varones, o ¿no asusta mejor un papá que no usa pollera?

En sus respectivas victorias electorales repetidas, Trump y Noboa coincidieron, dos veces, en impedir que sus respectivos países tuvieran, por primera vez en sus historias, una presidenta mujer. Cada vez que ganaron una presidencial, derrotaron a una rival mujer. Noboa a la misma, la progresista Luisa González. Trump a dos contrincantes demócratas, Hillary Clinton en 2016 y Kamala Harris en 2024.     

El domingo 13 de abril marcó también el día segunda derrota consecutiva en segunda vuelta de una misma y repetida adversaria, la experimentada abogada y universitaria Luisa González, candidata presidencial de la Revolución Ciudadana. Favorecida sucesora, antes que heredera genealógica, de Rafael Correa. Entre sus votantes, es nostalgia de la tranquilidad de la década de Correa sentado en la residencial presidencial quiteña antes que el reclamo de planes y políticas sociales un resorte para acudir a las urnas. Pero aquella época se distancia en la perspectiva. Quienes la recuerdan son personas ya más adultas, que pueden identificarse, si lo quisieran, aun personalmente con el perfil de la candidata correísta vencida, de visible diferencia de edad con un vencedor desacomplejado para hacerla resaltar con orgullo y prejuicio. ‘Si en Ecuador cada hora una persona más muere asesinada, yo, no ella -señala con su dígito derecho Noboa Jr- soy el Bukele para llegar a la tasa diaria cero de homicidios'  

Los premios  

El joven presidente ecuatorinao debe la segunda derrota consecutiva en balotaje que ha infligido a una misma y competitiva adversaria, la correísta Luisa González, diez años de edad mayor que él, a su triunfo, a una política brutal que es tan difícil de cuantificar y cualificar en sus magnitudes y propiedades definitivas y distintivas como es fácil de detectar su abrumadora gravitación total. A la militarización de la guerra contra la violencia narco en el territorio interior del país. A su imitación de la mano muy dura de Bukele.

Acaso importe menos la medida del buen éxito de esa vía armada, e incluso si algún éxito puede registrarse positivimente. Los números de la seguridad Bukele, con el 2% de la población activa encarcelado, son mejores, mucho mejores, que los de Noboa Jr. Y en verdad, menos desconfiables. Bukele se auto-felicita en posteos que informan ‘otro día más sin homicidios de la presidencia salvadoreña salvadora’.

Las armas secretas

La superioridad del atroz redentor centroamericano sobre su mejor discípulo sudamericano no conviene atribuirlas a distingos en el método, a timidez del alumno y osadía del maestro, a suprema o ínfima idoneidad de las FFAA y de Seguridad encargadas de una represión ubicua, y mucho menos a altibajos en el entusiasmo de una respecto al de la otra. Acaso el entusiasmo, espoloneado por el racismo, sea mayor en el Ecuador: en la categoría ‘víctimas inocentes’ de los ‘excesos de la represión’ destacan las de origen afroecuatoriano. La fuente de la modestia guerrera de la presidencia Noboa Jr a la hora de presentar su inventario represivo se encuentra en el que sus enemigos son asociaciones del crimen organizado multinacional, con dirigencias fuera del territorio ecuatoriano (a los consabidos carteles mexicanos y colombianos se añade la peculiaridad de un protagonismo local albanés). Bukele combatió, reprimió y encerró a pandilleros, a los integrantes de bandas enemigas formadas en la post-guerra civil salvadoreña de los 80s, que se financiaban con secuestros y otras extorsiones. La baja profesionalidad de los cabecillas locales de las maras de cuerpos profusamente tatuados -cuyas imágenes de prisioneros encadenados, postrados y semi desnudos Bukele gusta viralizar- es un atractivo indigente a los ojos de los carteles. Los salvadoreños viven de las remesas giradas desde el Norte y El Salvador ni es vía regia del trasiego de las drogas ilegalizadas ni sus bandas han aportado socios de renombre y mérito a un tráfico internacional tan rendidor y riesgoso.

La dolarización llegó a El Salvador al mismo tiempo que la represión. El estímulo de la invisibilidad, tan decisivo para que el narcotráfico eligiera al desregulado  Ecuador como depósito y puerto, resultó insuficiente para que medraran las actividades clandestinas del narco en este país centroamericano pero no interoceánico (sus únicas costas marinas están sobre el Pacífico). No tienta mucho a los carteles invertir en un sector privado que ven dominado en sus niveles formal e informal por la autoridad y el control patrimonialistas de la doctrina que guía íntima pero abiertamente el uso del poder por una familia Bukele que lo ha ganado en elecciones de cuestionables campañas e irreprochable pureza del sufragio.

La Oficina Oval, o al fondo a la derecha de la derecha

El Salvador es un país expulsor, como se decía en los estudios demográficos: un tercio de su población son migrantes y su mayoría migrante vive en EEUU. Ecuador también lo es, aunque el destino favorito de una migración más diversificada por mejor educada sea la Unión Europea. El lunes 14 de abril fue el día en que Salvador Bukele, de visita en Washington, reunido con Donald J. Trump en la Casa Blanca, anunció que El Salvador no restituirá a EEUU un migrante deportado injustamente a su país. La connivencia presidencial era evidente. La fluidez del presidente salvadoreño cuando habla inglés también. Contrasta con el lenguaje penoso y el ‘funny accent’ del colega ucraniano Volodimyr Zelenski, espectáculo más grotesco que gracioso según los medios de derecha. También Noboa Jr. habla un inglés fluido. Bibi Netanyahu visitó Washington antes que Bukele. Pero después de la declaración de Trump desde una tarima en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca de la lista de de aranceles más y más punitivos pero igualitariamente universales contra todas las naciones del globo. El inglés del premier israelí es perfecto. Rico y sin acento como el del ex presidente boliviano Sánchez de Losada, perseguido por crímenes de lesa humanidad y refugiado en EEUU.

Un resonante episodio en castellano coloca a Noboa Jr con los otros dos presidentes americanos reunidos el lunes 13 en el exiguo pero espectacular teatro de la Oficina Oval. El de cuando ordenó a las fuerzas de Seguridad de su gobierno que ingresaran a la Embajada de México en Quito con tanta violencia como la necesaria para cumplir su cometido, y se llevaran a un ex funcionario correísta amparado allí en la sede diplomática. La Ley, bien vista, es la Fuerza, y la Legitimidad es el Voto. Ved en Trono a la Noble Igualdad. Y los pueblos del mundo responden ¡Libertad, Libertad, Libertad!

AGB 

El jueves 24 de marzo de 1976 la Junta Militar leyó su primer comunicado golpista en Buenos Aires. El jueves siguiente, las FFAA festejaban en Brasilia un nuevo aniversario del golpe de 1964: la dictadura latinoamericana más larga del siglo XX había empezado 12 años antes y terminaría 2 años después que el 'Proceso de Reorganización Nacional' argentino. Cuando el domingo 2 de marzo de 2025 la actriz española Penélope Cruz anunció en Hollywood que Aún estoy aquí había ganado el Oscar a la mejor película internacional, la alegría brasileña, vociferada sin morigeración ninguna, sonó entre quienes festejaban con los decibeles bombásticos que responden a un gol de oro, a un añorado desenlace favorable de final de Copa FIFA. El drama filmado por Walter Salles recapitula la represión, la tortura, las desapariciones y la denegación de Justicia en la década de 1970. Recomendado para todas las audiencias por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, despreciado por su antecesor Jair Messias Bolsonaro, el film de Salles recalienta (pero también ilumina) una guerra política y cultural donde la batalla decisiva no es ya, o no es ya solamente, la de las violaciones a los DDHH y la impunidad o siquiera la estadística de los crímenes de lesa humanidad, sino la de la posibilidad y las impotencias de la democracia brasileña. 

Desde la Ciudad Maravillosa hasta Bello Horizonte y Los Ángeles

Con el film de Walter Salles, Brasil ganaba por primera vez el premio mayor de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La historia de Rubens Paiva y de la investigación de Eunice Paiva sobre la desaparición de su cónyuge culmina con dos epílogos, breves, sucesivos, post-dictadura. El segundo, y final, medio siglo posterior al Golpe militar de 1964, es de 2014. Fecha decepcionante, año deplorable del Mundial perdido, del Mineiraço humillante, de la Selección Nacional de Fútbol masculino brasileña derrotada 1-7 por la alemana. (¿Época gratificante? En Brasil gobernaba la petista Dilma Rousseff -confirmada este lunes 24 de marzo de 2025 su reelección al frente del Banco del BRICS por un quinquenio más gracias al guiño ruso-; en Alemania la democristiana Angela Merkel en coalición con la socialdemocracia; el demócrata Barack Obama en EEUU).

El día de triunfo nacionalista ganado en Hollywood podía ser percibido, en buena ley, como una jornada de justicia que al tiempo que acababa con una postergación consumaba una reparación o al menos representaba una compensación. Curiosamente, o no, este tema burgués por excelencia -el del galardón que espera al trabajo bien hecho, el de la laboriosa militancia que vence a la injusticia- es el perseverante tema del que no se distrae Aún estoy aquí. Las virtudes de extricar los objetivos, de fijarse un plan racional de acción, de dotarse de recursos y medios adecuados para perseguirlos y alcanzarlos, son a la vez recomendadas y premiadas, en el film, y por quienes premiaron el film.

En el conocimiento, ahondamiento y práctica de esas virtudes nunca desfallece Eunice Facciolla Paiva, la protagonista del biopic Aún estoy aquí. Lucha por obtener reconocimiento de la responsabilidad del Estado por el fin de su esposo el ingeniero y ex diputado federal Rubens Paiva, secuestrado por agentes parapoliciales de la dictadura gobernante desde 1964 y torturado y muerto en dependencias de un cuartel militar en enero de 1971. Obtiene en 1996 una partida de defunción. Aunque no el juicio de los culpables. Pero muere intentándolo, y el film mismo es otro paso adelante en un camino de orden y progreso desde la injusticia hacia la justicia. En el film de Salles, las violencias de la dictadura militar son ante todo un escándalo jurídico, una burla flagrante del Estado de derecho: la desaparición de personas pisotea el debido proceso, el secuestro es un sacrilegio afrentoso del sacrosanto derecho individual de habeas corpus. 

Desde que la Independencia de la Monarquía portuguesa fue declarada en 1822 por el hijo del Rey de Portugal que después se declaró Emperador de la nación rebelde, Brasil ha vivido en una era sin parangón en el mundo, la de un país donde todo, hasta la revoluciones, lo hace una sola clase. Todos los presidentes del Brasil republicano fueron herederos de los Bragança, prototipos de la gran pericia brasileña para simular una Historia y evitarse así el engorro de tener que hacerla, apuntaba Verissimo en 2002. El fracaso de Fernando Henrique Cardoso fue la versión brasileña del fracaso del ideal ciceroniano de una casta iluminada capaz de hacer lo necesario para la mayoría en vez de lo conveniente para pocos.

Francisco y Óscar

La Iglesia Católica es una monarquía electiva y vitalicia. La renuncia de Joseph Ratzinger, primer papa alemán, que en 2005 había sucedido a Juan Pablo II, primer papa polaco, era una novedad o una anomalía en una historia que al menos desde 1978 no había hecho más que acumularlas.  Al papa Francisco, que el 23 de marzo salió victorioso del hospital que lo había retenido más de tres semanas en cama, curándose de una doble pulmonía, lo eligió el 13 de marzo de 2013 un cónclave vaticano que había reunido 117 cardinales. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood es la que confiere los premios Oscar. Veamos en qué se parece y en qué no al cónclave cardenalicio. Como el nombre no deja de insinuarlo, la artística Academia californiana no es un sindicato sino un club. Como a muchos clubes privados se ingresa por un proceso de selección endogámico (como al colegio cardenalicio) y el pago de una membresía anual (a diferencia del colegio cardenalicio, al que no se paga nada, porque paga a sus miembros). Como también suele suceder con los clubes exclusivos, la magra diversidad de la Academia salta a vista: de sus diez mil y pico de miembros, más del 80% son blancos (sólo el 50% entre los cardenales), el 70% son varones (el 100% entre los cardenales) y, en promedio, es un grupo que se acerca a la tercera edad (la tercera edad es la edad canónica de los Príncipes de la Iglesia).

En los últimos diez años, la ceremonia del Óscar ha pasado de ser un espectáculo que veían 40 millones dentro de EEUU y como 200 millones fuera de EEUU  a una ceremonia que ven menos de 20 en EEUU y menos de 40 fuera. Hace 40 años, se dice que mil millones de personas veían la ceremonia. En 2025, por primera vez en la historia de los Oscar -iniciada en 1929-, con Aún estoy aquí, una película brasileña había sido nominada tanto como mejor película internacional (premio que ganó) como mejor película (a secas, premio que no ganó). En 1999, Estación Central, del mismo Salles, había sido nominada como mejor película internacional. En 2025, por segunda vez, una actriz brasileña, Fernanda Torres, había sido nominada como mejor actriz. La primera había sido su madre, la protagonista de Estación Central, Fernanda Montenegro (que en las escenas finales de Aún estoy aquí interpreta a Eunice Paiva, que murió en 2018, durante sus últimos días, nublados por el Alzheimer).

Como en tantos grupos, en la Academia californiana hay un gusto dominante. Una década atrás, se decía que la Academia prefería películas de largo aliento, épicas, sobre los que consideraba temas serios y dramáticos (mejor si históricos), narradas en un lenguaje cinematográfico clásico y en un estilo siempre al borde de la grandilocuencia o de la pomposidad.  Basta un recuento rápido de los ganadores recientes del Óscar para sumirnos en el escepticismo sobre un canon hegemónico conservador: en los últimos diez años, han ganado el premio a la mejor película producciones independientes intimistas e idiosincráticas. Nunca como en ese mismo decenio había sido tan profunda la grieta entre lo que el Óscar premia y lo que el público va a ver, en masa. Con Aún estoy aquí ha sido diferente. Ha sido vista en masa en todo Brasil. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recomienda ir a ver el film. Que es más intimista que épico: su única epopeya es la de una mujer a la que le han secuestrado el marido que se muda de Rio a San Pablo con su familia para retomar sus estudios de Derecho, recibirse de abogada, y conseguir que el Estado le extienda una partida de defunción: un desaparecido que deja de ser tal porque fue asesinado.

¿Por qué había sido desaparecido el desaparecido? Por acciones de solidaridad con perseguidos por la dictadura, poco más se nos dice en este film de Salles. En 1999, Estación Central deploraba el analfabetismo subsistente en Brasil. La protagonista, Dora Teixeira, es una maestra jubilada que trabaja en la Estación Central carioca, escribiendo cartas para clientes que no saben leer ni escribir, para pagarse el alquiler. En 2025, Aún estoy aquí deplora la renuencia del Estado brasileño para reconocer su participación en las desapariciones de la dictadura que terminó en 1985 y elogia el saneamiento constitucional que aportó la nueva Constitución de 1988. Si menos personas son analfabetas, si hay menos impunidad en Brasil, nadie puede negar que la alegría por el Óscar que finalmente llegó donde debía, un cuarto de siglo después, sea legítima, y legal.

Mentiras y sortilegios

La larga dictadura brasileña de 1964-1985 fue desarrollista y estatista. Su tonalidad favorita de comunicación era el optimismo sádico: Pra Frente Brasil ! Ese ambiente festivo de telón de fondo, primero de playa carioca y después de centro histórico paulistano, ha sido muy bien logrado en sus rasgos circunstanciales y sus detalles de época y geografía por Aún estoy aquí. El film de Salles bulle con una efervescencia carnavalesca que Michael Wood, profesor emérito de Princeton, encuentra excesiva y exagerada, pero meditada y preferida, por el cineasta del film premiado. Aún estoy aquí empieza como una publicad turística de Rio, a cidade maravilhosa, tentador destino vacacional, donde siempre es verano, siempre en la playa es el día de la infancia que ríe, del beach-volley, desde lo alto la imagen del Cristo Redentor tiene los brazos abiertos de tarjeta postal no los puños cerrados de la vida real. Samba y bossa nova y memorabilia rock y fiestas en la casa de la familia Paiva, con vista al mar, a un paso de la arena en Zona Sul, y cintas que manda desde Londres Veroca (Valentina Herszage), la hija que fue a estudiar cine y se filma en Abbey Road.

En la pantalla, cuatro dígitos de la cifra 1 9 7 1 nos ubican en el tiempo, superpuestos al suave esplendor vespertino Rdel agua y la arena, las olas y el viento que nos situaron en el sur carioca. Marcelo Rubens Paiva, hijo del ingeniero, ex diputado federal socialista y futuro secuestrado Rubens Paiva (Selton Mello) y de la futura abogada de DDHH y ambientalista Eunice, es todavía un niño (Guilherme Silveira).

Su libro de memorias Ainda estou aqui (2015), que el film de Salles adapta, tiene un epígrafe en inglés de David Bowie: Planet Earth is blue and there’s nothing I can do. Eunice nada en la bahía de Guanabara y es feliz a pesar de los helicópteros artillados del Ejército, que zumban y sobrevuelan, controlando las aguas, la delgada franja de Copacabana, Ipanema y Leblon, los morros favelados que detrás levantan un muro de empinada sombra abrupta. En realidad, intuimos las favelas, intuimos la pobreza; en la pantalla jamás la vemos a lo largo y a lo ancho. El film no tiene tiempo para subalternos. Como una tragedia neoclásica, se concentra en las dramáticas personas que entran y salen de la escena de un quarteirão nobre. Cuando el presupuesto doméstico de los Paiva pierda los ingresos regulares del jefe de hogar secuestrado, Eunice pagará lo adeudado y despedirá a la criada (¿mulata?). De ella, que es parte de la familia, habíamos oído el comentario al paso “estos secuestros de diplomáticos (por la guerrilla, que negociaba con el gobierno su canje por presos políticos brasileños, aerotransportados a México) son un horror”.

En su elegía y panegírico de la movida punk Meninos en fúria (2016), Paiva Jr traza un panorama de secante nitidez de los treinta años brasileños que abrazan enteros a la década de 1970, enjaulada en el paréntesis de fierro de la dictadura militar: “Nos anos 1960, a juventude combateu com pedras, coquetéis molotov, anunciou que era proibido proibir. Parte dela pegou em armas. Nos anos 1980, outra juventude viu que a luta armada que acabou no terrorismo não dava em nada”. Su padre Rubens ni se levantó en armas ni fue terrorista ni secuestró: fue perseguido, secuestrado, torturado, muerto, su cadáver desaparecido, su muerte un cuarto de siglo silenciada, por ayudar a perseguidos. (Paiva Sr es un mártir de las luchas políticas de los años 60, no resiste la tortura, que lo mata en 1973; Paiva Jr, una víctima de las guerras culturales punk-rock de los años 8O: no muere en la tortura, una caída del escenario lo deja parapléjico y en silla de ruedas en 1982).

Si en vez de recurrir a los escuadrones de la muerte, a los grupos de tareas, a la tortura sistemática, el gobierno militar fuera el Estado de derecho que dice ser, sugerirá más adelante Eunice, Rubens nunca habría sido secuestrado, torturado, asesinado, desaparecido. Porque no recurriría a esos métodos brutales de inteligencia. Pero, aun antes, porque si en vez de comisarios anónimos la investigación de esa luta armada que não dava em nada (nacida estúpida, fue una pasión inútil) y que acabou no terrorismo (crecida furiosa, fue una pasión criminal) hubiera sido puesta en marcha, guiada, llevada adelante por el Ministerio Públicos y funcionarios como el ex fiscal de Curitiba y ex diputado evangélico Deltan Dallagnol, y procesados en las jurisdicciones competentes sea por cruzados  y enemigos de la corrupción petista, como el ex juez federal del Lava Jato, ex ministro de Justicia de la anterior administración en Brasilia, y actual senador federal por Paraná Sérgio Moro, que condenó y encarceló a Lula, sea por cruzados y enemigos de la corrupción antipetista,  como el juez supremo Alexandre de Moraes que ya proscribió a Bolsonaro y que no se detendrá hasta sentenciarlo y encarcelarlo, ninguna necesidad habría habido de prestar, incurriendo en valientes y heroicos riesgos personales, auxilios a inocentes perseguidos o a presuntos responsables de “terrorismo” que ven todas sus garantías judiciales desconocidas, avasalladas, pisoteadas, burladas.

En las elecciones presidenciales brasileñas de 2018, el Partido de los Trabajadores (PT) fue derrotado y el ex capitán del Ejército y ex diputado federal carioca Jair Messias Bolsonaro ganó la presidencia. El candidato derechista fue el vencedor del balotaje, y vencido el candidato petista Fernando Haddad, actual ministro de Economía. La sucesora de Lula, Dilma Rousseff, había visto tronchado su segundo mandato por un impeachment en 2016: su vicepresidente, el centro derechista Michel Temer, la había sustituido en la presidencia, y el 1° de enero de 2019 traspasó el poder de Brasilia a Bolsonaro. Condenado y encarcelado por el juez Moro en cuatro procesos después declarados nulos, Lula no había podido ser candidato.

Feliz Año Viejo

En las llamadas ‘transiciones democráticas’ toda imagen de retorno a un escenario de legalidad y legitimidad anteriores al quiebre golpista sufrió una desmentida más, más profunda, y, hasta ahora, definitiva y sin remedio. Porque quienes cedían el poder a la fuerza que lo ganarían en elecciones ya comprometidas, lejos de abandonar sus privilegios y salvaguardas, las reforzaban con normas legales nuevas, con interpretaciones nuevas de los dispositivos constitucionales o, directamente, con la creación de Cartas Magnas que derogaban en todo aquellas vigentes al momento de violarlas para hacerse con el poder. La mayor excepción, que a periodistas lúcidas como la brasileña Sylvia Colombo asombra de que nos asombre en poco y que no agradezcamos casi en nada, es la de la Argentina. La República que celebró sus elecciones en octubre de 1983 y restableció en diciembre, vencido el peronismo, derrotado el pacto militar-sindical, y asumida a la presidencia de la República para el siguiente sexenio por Raúl Alfonsín el candidato radical vencedor, la vigencia del texto de la Constitución de 1853, con sus enmiendas acumuladas hasta 1957, y que la más luctuosa de las dictaduras no había modificado.

La Constitución pinochetista de 1980 sigue siendo hoy la Ley Fundamental vigente en Chile. El gobierno más a la izquierda de los últimos cien años, el que hoy preside Gabriel Boric, fracasó en dos intentos sucesivos, que mermaron el capital político del Frente Amplio y el socialismo democrático en el poder, de redacción de una nueva norma democrática sustituta: en 2022 y en 2023 el electorado repudió, en dos plebiscitos, dos textos alternativos que se le propusieron. Este fracaso es una de los resortes mayores del fortalecimiento de la derecha dura. La candidata Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), formación ubicada a la derecha de la centro-derechista Renovación Nacional (RN) del difunto Sebastián Piñera, dos veces presidente y antecesor de Boric en La Moneda, es favorita para vencer las presidenciales de noviembre, en el contexto político de una campaña electoral donde los liderazgos de las extremas derechas en plural pululan, y medran.

Noble igualdad, un trono vacío

En las primeras elecciones presidenciales post-dictadura celebradas en Chile, en el Uruguay, en Brasil, hubo candidaturas y formaciones proscritas por las autoridades militares que actuaban de Justicia Electoral. La dictadura brasileña se aseguró cómo contar con mayorías en la Convención Constituyente que redactó la Constitución de 1988. El texto constitucional asegura una representación desigual en el Congreso, con desventaja para los estados del Sur (más ricos, más modernos, más poblados) y ventaja para los del Norte (más pobres, más arcaicos, más feudales, menos poblados). Los Estados productores de renta (impuestos) para el Tesoro están subrepresentados y los Estados consumidores de renta (impuestos) están sobrerrepresentados.

Los estados cuyas demografías podrían dotar de mayorías más sólidas a los partidos de centro-izquierda cuentan con menos número prefijado de bancas (pero se requieren muchos más votos para ganar la disputa por cada una) y aquellos que son bases tradicionales de la derecha conservadora local cuentan con más bancas (y se requieren menos votos para ganarlas). Modificar la Constitución brasileña es fácil. Pero hay que tener los votos. Y para asegurar una representación proporcional, los favorecidos por la desproporción deberían renunciar espontáneamente a una ventaja y ponerse en desventaja. Todo invita a pensar que no ocurrirá.

En su tercer mandato, Lula por primera vez gobierna sin oposición a la izquierda. Pero las bancas del Partido de los Trabajadores (PT) y de toda la izquierda no forman una mayoría. En las dos cámaras del Congreso, en la mayoría de los estados, incluyendo los más ricos y poblados de San Pablo, Rio, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, y en la mayoría de los municipios, la derecha y la extrema derecha rivalizan por gobernaturas y legislaturas. Lula busca todavía una reelección y un cuarto mandato, a pesar de que pesa sobre él la edad (la misma de su correligionario católico Joe Biden), las debilidades de esa edad, y el modelo, antes positivo, ahora negativo, de la candidatura y desistimiento del demócrata. Tiene a su favor que Bolsonaro, a diferencia del republicano Donald J. Trump, está siendo indagado y procesado, a instancias del Supremo Tribunal Federal (STF) por todos aquellos mismos delitos y e instintos que la Corte Suprema de Washington declaró no justiciable al presidente n°45 y 47 de EEUU. Lula está corriéndose a la Izquierda en su discurso, dando señales a bases de apoyo como el Movimiento Sin Tierra (MST), enemigo natural del agronegocio. Es decir, hacia allí donde hay votos que puede volver útiles en una cartografía vedada a la derecha. 

Bernie y Alexandra

Es en sentido inverso, en otro territorio perdido para el progresismo, el Capitolio de Washington, que avanza la joven, fotogénica, enérgica, Alexandra Ocasio-Cortez (AOC). Busca ampliar su base entre un electorado centrista al que la radicalizada representante neoyorquina ahora en su cuarto mandato consecutivo ganado en las generales de noviembre nunca había ofrecido más que un hombro muy frío. Si antes se mostraba como lideresa de la facción más intransigente en su programa del Partido Demócrata y la más impaciente con la moderación de Biden y de sus colegas, ahora se sigue mostrando con el veterano legislador, correligionario socialista y multimillonario senador octogenario Bernie Sanders. Pero ya no como punta de lanza del progresismo sino de la resistencia demócrata a Trump contra los tímidos no en audacia utópica sino en pugnacidad y confrontación.

Ahora, ¿qué es más eficaz y frontal en esa lucha que  a sus 35 años quiere visibilizar a toda costa la orgullosa hija de una mucama hispana que de trabajar de barista pasó a ganar una primaria demócrata y después su primer período en la Cámara baja? ¿Cerrar el Congreso y el Gobierno, rehusándose a votar el presupuesto republicano? Es la posición in-your-face de AOC. ¿O negarle a Trump los poderes y decibeles que habría ganado la Casa Blanca por el sólo hecho de haberse auto-muteado el Capitolio? Esta es la posición de su rival, el senador neoyorquino Chuck Schumer, presidente de la bancada de la minoría en la Cámara alta.

En 2018, Lula no pudo ser candidato presidencial del PT para competir contra Bolsonaro, porque estaba en la cárcel. La Ley de 'Ficha limpa', de prontuario limpio, brasileña, priva de derechos políticos pasivos (no los de elegir: los de ser elegidos) a los condenados en tercera instancia, aun cuando todavía no hubieran agotado todos sus recursos de apelación o reconsideración. Desde enero de 2023, con la asunción de Lula a su tercera presidencia, la orientación ideológica de la Justicia ha girado 180 grados. No había pasado un mes de gobierno petista, que el juez supremo Alexandre de Moraes había declarado suspendidos hasta 2030 los derechos políticos pasivos de Bolsonaro. Ahora la ventaja es de Lula, si se repostula para un segundo mandato consecutivo, cuarto no consecutivo. Proscrito el único candidato carismático de la extrema derecha, es menos difícil al oficialismo retener el Ejecutivo. Lula puede ganar. Pero, ¿podrá gobernar? ¿Ha podido gobernar, Lula?

Cuando el PT perdió las presidenciales de 2018, Lula estaba proscrito. Si Bolsonaro está proscrito en 2026, será menos difícil al oficialismo retener el Ejecutivo. Pero, ¿podrá gobernar? ¿Ha podido gobernar, Lula?

De dos siglos de Imperio de los Bragança…

En 2002 el PT venció en su primera elección presidencial y derrotó al hoy irrelevante Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) de su antecesor Fernando Henrique Cardoso, el partido del actual gobernador de Rio Grande do Sur Eduardo Leite, y el ex partido de su vice Geraldo Alckmin. El 30 de enero de 2002, el gran escritor gaúcho y mayor cronista brasileño sobreviviente, Luis Fernando Verissimo hizo pública su propia efervescencia ilusionada en O Estado de S. Paulo -el diario girado a la centro-derecha donde colabora Marcelo Rubens Paiva- bajo el título O último Bragança (la dinastía colonial imperial portuguesa que hacía descender hasta el mismo FHC) e o primeiro Silva (el ex migrante interno nordestino de familia indigente pero numerosa llegado de Pernambuco a San Pablo, el ex militante de izquierda anti-dictadura, el ex dirigente sindical metalúrgico).

Desde que la Independencia de la Monarquía portuguesa fue declarada en 1822 por el hijo del Rey de Portugal que después se declaró Emperador de la nación rebelde, Brasil ha vivido en una era sin parangón en el mundo, la de un país donde todo, hasta la revoluciones, lo hace una sola clase. Todos los presidentes del Brasil republicano fueron herederos de los Bragança, prototipos de la gran pericia brasileña para simular una Historia y evitarse así el engorro de tener que hacerla, apuntaba Verissimo en 2002. El fracaso de FHC fue la versión brasileña del fracaso del ideal ciceroniano de una casta iluminada capaz de hacer lo necesario para la mayoría en vez de lo conveniente para pocos.  

Después, aunque no tanto después, publicó: Tardé un poco en darme cuenta que mi voto por el primer presidente obrero de Brasil era un voto por el superávit primario.

La victoria de Lula no fue, no era, no podía ser, en sí, de por sí, para sí, la puntual hora de llegada a Brasilia de las clases peligrosas que se apoderaban de su historia. Porque el PT también necesitaría de una casta intelectual adentro o al lado, y de la buena voluntad del Patriarcado, de los Diputados, del Senado y del Mercado. Y de alianzas con el mandarinato, porque si no, no gobierna. Lula 1, Lula 2, Lula 3, con el mismo dilema, al que no escapará, si lo hay, Lula 4. Elegir que se lo recuerde como ‘Lula el Sabio’ porque para gobernar sin oposición gobernó 16 años con mandarines retrógrados y corruptos a los que buscaba inspirar al cambio con el ejercicio de su sabiduría y rectitud. O que no se lo recuerde como ‘Lula el Bobo’, un obcecado que nunca llegó a gobernar. Las cosas se complican pronto, porque la pureza modélica se ve comprometida, todos los días, con los arreglos que hay que hacer para no sacrificar el poder. 

Lula recomienda ir a ver Aún estoy aquí. Que es un mínimo común denominador, premiado en Hollywood. Aunque la democracia tiene que ser y que dar algo más que la restitución del Estado de Derecho. Operada por una dictadura militar que a la vez que entregaba el poder a sus sucesores con la promesa de no volver –porque el retorno de la democracia es ante todo el pacto de las cláusulas del no retorno de la dictadura-, los obligaba a acatar un marco constitucional nuevo diseñado para privarlos de una libertad de acción de la que ellos habían gozado soberanos. Con tales reglas castradoras, con corsé tan asfixiante, ¿es anti democrático pactar con el Diablo cuando el objetivo es el triunfo de la virtud? Para aprender esta moraleja los mandarines atrasados y corruptos no precisan del alto magisterio del PT: esa fábula china ya la conocían desde mucho antes.

AGB

Los alimentos sanos aumentan su precio y las guerras comerciales sus incertidumbres, las Bolsas caen, las empresas se agachan, la oposición demócrata se divide sobre cómo oponerse al poder presidencial recargado y Donald J. Trump ordena bombardear en Yemen a los rebeldes houthis (aliados de Irán que atacan con drones el tráfico naval de petróleo por el Golfo Pérsico) pero antes el Presidente pronuncia en Fox News una palabra que empieza con R: Recesión (aunque dice que otra palabra, transición -es decir, un eufemismo-, sería más adecuada). La inflación bajó en EEUU hasta un 2,8% interanual el último mes. Un descenso liderado por tarifas aéreas más bajas posibles gracias a la retracción del precio del combustible para aviones (lo cual es bueno) pero debido también a una caída en la demanda de pasajes aéreos (lo cual es muy malo y las aerolíneas anticipan meses de ajustarse los cinturones sólo en sentido figurativo). Entre los precios cuyo promedio hizo bajar la inflación no estaban los de bienes de consumo y alimentos (al salir del supermercado no pagamos en marzo menos que en febrero, o pagamos más).

Para Robert F. Kennedy Jr., titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) del gobierno Trump, la situación es preocupante. Porque entiende las crisis sanitarias y las epidemias de enfermedades contagiosas como deficiencias alimentarias agudizadas al extremo y que sufren los pobres más que los ricos. En el decreto que Trump firmó consagrando al hijo del asesinado fiscal general Robert F. Kennedy y sobrino del asesinado presidente John F. Kennedy como 26° secretario de Salud y Servicios Humanos de EEUU, el presidente de MAGA (Make America Great Again) lo ponía al frente de la flamante Comisión MAHA (Make America Healthy Again) con mandato de investigar las raíces de la crisis sanitaria, y arrancarlas, haciendo foco sobre las enfermedades infantiles crónicas.

La G de Great (Grande) del acrónimo MAGA (nombre de la línea interna de Trump ahora dominante en el Partido Republicano) por la H de Healthy (Saludable) en el acrónimo MAHA. Sin perder volumen, porque la palabra maha significa grande, poderoso, fuerte en sánscrito (lengua clásica de la antigua India que sobrevive por la literatura, por la religión hindú y por usos crípticos o New Age de su léxico, como en el nombre de esta Comisión confiada a un confiable acólito de teorías conspiratorias).

Entre los bienes que hacen crecer el costo de vida de los hogares y decrecer el poder adquisitivo de los salarios medios o bajos, nada se compara al aumento sin freno acumulado en el año por el precio de los huevos. La epidemia animal de gripe aviar hizo que escalara un 10% más en el último mes y ya había subido 15% el mes penúltimo (el consumo, sin embargo, no baja). La administración republicana atribuye la zoonosis a la negligencia criminal del “peor presidente de la historia nacional” (el impune demócrata Joe Biden). La administración del presidente n°46  (y como siempre los chinos) cargan la culpa -según el presidente n° 45 y 47- de la corrosión ovípara de los ahorros domésticos en curso (que sin embargo cada familia podría morigerar si cada hogar conviviera con gallinas ponedoras propias).

El virus más contagioso del mundo y el ministro de Salud más anti-vax de la tierra

En Texas y los estados del Suroeste de EEUU, fronterizos con México, una epidemia humana demasiado humana de sarampión avanza. Multiplica los contagios, las internaciones hospitalarias, y alcanzó la mortalidad. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo: más contagiosa que el Ebola, la poliomielitis, la viruela. En un aula donde nadie esté vacunado, el promedio de contagios de cada persona infectada es 18. Y el virus se contagia ya en los cuatro días anteriores a que sean perceptibles los síntomas de la enfermedad y en los cuatro posteriores a que dejen de sentirse. Robert F. Kennedy, Jr, un pura sangre de linaje familiar ultra demócrata, es anti vacunas como el presidente Trump.  

La información difundida por el Ministerio Kennedy (Department of Health and Human Services, HHS) escasa y confusa, con las aclaraciones posteriores, se volvió más abundante sin dejar de ser ambigua. Cuando la evaluación epidemiológica reconoció el grado alcanzado en sus contagios constatados por la enfermedad, Bob F. Kennedy Jr. redactó un artículo editorial con los lineamientos trazados por su Departamento para la prevención y tratamiento del sarampión.

Casi sin advertirlo y sin importarle, Robert F. Kennedy Jr., 26° secretario de Salud y Servicios Sociales de EEUU, ha impreso ya, antes de cumplirse los 100 primeros días de la segunda presidencia de Donald J. Trump, un giro completo de 180° a los principios rectores de la salud pública nacional y ha deshecho y rehecho un modelo de comunicación fundado en la autoridad de la investigación científica académica. Hasta ahora, el mensaje de su Departamento, nítido y claro, no había conocido contradicción ni reformulación: "La mejor defensa contra el sarampión es la vacunación no la alimentación". Bob Jr ha invertido los términos y postergado las vacunas al último lugar.

Curiosamente, o no, el Secretario (en EEUU los ministros del Ejecutivo son secretarios del Gabinete presidencial) posteó esta guía oficial sobre qué hacer para enfrentar la crisis en la plataforma de la cadena televisiva de noticias derechistas Fox (entre cuya amplia teleaudiencia nacional es tan mayoritario el electorado oficialista como marginal el opositor) y sólo después en el sitio web del Departamento de Salud. A las vacunas fabricadas por la industria farmacéutica se las caracteriza como dadoras de un rango de idoneidad inmunológica particular porque, asegura el Secretario, las personas vacunadas se contagian en proporciones más pequeñas que las no vacunadas.

La vacunación es una decisión personal, según este Secretario de salud pública cuya afinidad con las posturas inmuno-escépticas de Trump en su primer mandato fue el motivo capital para que el presidente eligiera a este tercer candidato presidencial de las elecciones de 2024 que se bajó de la carrera antes de la jornada electoral del primer martes de noviembre. La libertad avanza, insiste este funcionario a quien no le son ajenos los catecismos anarco-libertarios, cuando el Estado no interfiere en la intimidad de la conciencia y el albedrío.

Yo quiero tomar vitamina y estoy pila pila

La vacunación es una opción entre otras que el Estado asegura para quienes la procuran. No hay ahora estímulo alguno del Gobierno Federal dirigidos a acrecer, siquiera en esta emergencia, la preferencia por esta opción y el número de vacunaciones. Los centros de vacunación y las vacunas existen, sin carteles en la ruta que los publiciten y adviertan de su proximidad (la situación, desde luego, es diferente en los estados azules, pero Texas y la Frontera Sur son rojos como la corbata de Trump). Tal presencia muteada de las autoridades sanitarias aguijonea en la audiencia el declive en la tasa de vacunación que se registra en EEUU desde 2021.  

La mejor defensa contra las enfermedades crónicas y las enfermedades contagiosas es una buena dieta alimentaria, define el Secretario. En las discusiones que siguieron al poste de su plan sanitario, el Secretario se reveló parcial: menos anti vacunas, cuyos méritos y deméritos ahora le aburre discutir, que deslumbrado ante los prodigios que obra la Vitamina A en la prevención del contagio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Americana de Pediatría (AAP) recomiendan la Vitamina A como suplemento en la dieta de pacientes con sarampión porque la dolencia vacía las reservas de Vitamina A del organismo enfermo.

Hay estudios que prueban que un racionamiento vitamínico asegurado desde la infancia disminuye la exposición al contagio de sarampión (como también reduce el riesgo de otras patologías). Sin embargo, la misma AAP es rotunda en su campaña contra la desinformación que cunde desde el Departamento de Salud: “La Vitamina A no es en absoluto ni una prevención ni una defensa contra el sarampión: sólo las vacunas inmunizan”. La epidemia de 2025 es la peor desde el brote de 2019, en la primera presidencia de Trump, cuando se vio peligrar el status del sarampión como enfermedad eliminada. (En paralelo, también Europa vive en este trimestre el mayor brote epidémico de sarampión de los últimos 25 años).

Curiosamente (o tampoco), pero sin advertirlo, el secretario Kennedy Jr. ha impreso ya un giro completo de 180° a los principios rectores de la salud pública en EEUU y ha contradicho décadas de consistente comunicación dirigida a la ciudadanía desde su Departamento. Invirtió el mensaje nítido y claro, hasta ahora incontrovertido: la mejor defensa contra el sarampión es la vacunación, no la alimentación.

Mis papas mágicas y mi grasa buena

Para combatir la epidemia de sarampión, Bob Jr. no quiere que vacunarse sea obligatorio por ley para nadie. Para ganar batallas en la guerra contra la epidemia de obesidad, busca cómo ilegalizar para todos las papas fritas en aceite y sustituirlo por sebo vacuno. Enfrentar desde la infancia la epidemia de obesidad, transversal a todas las edades, cumple por partida doble el cometido fundacional de MAHA.

El Secretario avanza con una de sus ideas: la de prohibir las papas fritas en aceite, reemplazándolo por sebo de ternera (beef tallow). También para esta prédica apeló Bob F. Kennedy Jr a Fox News. Viajó a Florida con el periodista Sean Hanny. En un local de Steak n’ Shake pudo felicitar esta cadena de fast-food fundada en 1934 en la ciudad de Normal (Illinois) que desterró para siempre el aceite de semilla vegetal y que desde el 1° de marzo vende sus French Fries fritas según la receta MAHA.

La nota de Fox News contra el aceite vegetal y a favor del sebo vacuno salió al aire el lunes 10. Vemos al Secretario de Salud sentado en una mesa del local de Steak n’ Shake  con el periodista y lo oímos perorar sobre la obesidad y contra los alimentos ultraprocesados. Después muerde en cámara una papa crocante: People are raving about these fries!

El Secretario se siente honrado de que la cadena de comidas rápidas que fríe las papas como le gustan a él y como le encantan a la gente haya usado su nombre y apellido (dos sustantivos) para enriquecer el idioma con un neologismo (un verbo saludable). Es un honor que Steak n’ Shake proponga por X que en inglés a partir de ahora freír papas en grasa vacuna desaturada se diga RFK’ing the fries. Los “aceites vegetales” (seed oils), tuitea el Secretario, son un “veneno” que, “hemos descubierto”, “alimenta la epidemia de obesidad”.

Ciencia e impaciencia

Poco demoró el estupefacto asombro inicial del nutricionismo catedrático en articularse como protesta didáctica resonante en los medios progresistas. Es la fritura la que si no mata, engorda; en qué se fríen las papas es irrelevante, explica Christopher Gardner, profesor de la Universidad de Stanford, a la Radio Pública Nacional (NPR) de EEUU.

En su refutación, Dariush Mozaffarian, profesor de la Universidad de Tufts, sólo deja en pie de la iniciativa del Gobierno de Trump el interés por la obesidad. No sólo carece de importancia en qué se fríen las papas. De por sí, los aceites vegetales no son venenos: al contrario, son antídotos que “reducen el colesterol, disminuyen los riesgos cardiovasculares. En los alimentos ultra procesados puede haber aceites vegetales, pero no son los aceites el origen de sus perjuicios para la salud. ”Los auténticos villanos“ –repasa en breve inventario para NPR- son ”las harinas muy refinadas, el almidón, y los azúcares, y también la sal y otros conservantes, los aditivos químicos, y los contaminantes del packaging adheridos o traspasados a los alimentos que envuelven“.

Los dos profesores temen que la nota de Fox News sea recibida como convite a la desacomplejada ingesta de junk-food, cuando, coinciden, nada engorda tanto como comerla mucho. En la nota se ve a RFK Jr rechazar virtuosamente, u ostentosamente, un milk-shake. Pero antes de que el Secretario llegara y se sentara a su mesa, se ve a Sean Hanny mandar a bodega un combo completo, y pedir después otro para que su entrevistado no comiera solo.   

AGB/MC

En solo 43 días firmé más de 100 decretos. Estos números precisó en Washington el martes 5 de marzo el presidente n°47 de EEUU en la primera alocución anual de su segundo mandato, pronunciada ante la Corte Suprema y las dos Cámaras del Congreso reunidas en Asamblea Legislativa bajo la cúpula del Capitolio. Donald Trump habló durante una hora y cuarenta minutos y encontró tiempo para añadir detalles a sus precisiones. Abundante y militante, la firma cotidiana de executive orders no fue fanática porque no fue monotemática, sugirió. Esta práctica presidencial sigue en curso, sin arritmias o desfallecimiento, en la Oficina Oval. Trump gobierna por decreto y los decretos del republicano que asumió la presidencia el 20 de enero versan sobre materias de muy diversa enjundia y gravitación.

Dentro de la masa de decretos, las órdenes que reforman la cartografía regional y nacional -decisiones fruto de una geopolítica internacional revisada por Trump en violenta clave a la vez expansionista y proteccionista- sobresalen por su radicalidad, frecuencia, e intransigencia. Apenas recibidas de manos del demócrata Joe Biden las insignias del Poder Ejecutivo, en su discurso inaugural Trump reveló que había hallado un precursor en la figura del presidente William McKinley. Un republicano que miraba Panamá y Puerto Rico con los ojos con que Trump mira a Canadá y miró a Ucrania el  presidente ruso Vladimir Putin. Desde el 20 de enero todo documento público debe evitar el uso del orónimo “Monte Denali”. (En lengua atabascana, Denali es “el más grande”). El nombre oficial del pico montañoso más alto de América del Norte es ahora Monte McKinley. La mayor cumbre de EEUU llevará el apellido del adalid del colonialismo, mártir del proteccionismo y profeta del trumpismo al que en 1901 mataron dos disparos a quemarropa de un anarquista de padre y madre inmigrantes.

El activismo toponímico, de la izquierda a la derecha

El activismo toponímico es una política pública de la memoria que históricamente se ha visto una y otra vez asociada, en el último medio siglo, con períodos o circunstancias donde la izquierda ocupó el poder o influyó en las decisiones de gobierno. La derecha habitualmente es conservadora. Su fondo de comercio es la historia, la tradición y el patrimonio. Se opone a cambios que invocan progresos y que socavan las formas de convivencia heredadas y lesionan el relato convencional del pasado. En cambio, para Trump -y esto apuntala el compararlo con el presidente argentino Javier Milei-, es una pesadilla la historia, en especial la del último medio siglo progre. Una edad oscura de élites que sin mentirle al electorado sin embargo lo engañaban: los candidatos izquierdistas muchas veces ganaban el voto que pedían para programas de cuyas falacias ellos habían sido las primeras víctimas. Por todo ello, el activismo toponímico de las izquierdas es mayormente innovador. El de las nuevas derechas es frecuentemente restaurador.

Devuelven vigencia a los signos de una edad dorada pretérita, obliterados y burlados por revoluciones y populismos causantes de la decadencia y caída que nos desbarrancaron en un presente catastrófico. Así procuran vincular sin discontinuidades, en una línea rectificada por la eliminación de segmentos inenarrables, un pasado de oro con la nueva edad dorada hacia la cual saben llevarnos siempre y cuando nos dejemos conducir.

El Monte McKinley ex Monte Denali es la montaña más alta del mundo, medida su altura desde el pie hasta la cumbre; medida la elevación desde el nivel del mar hasta el vértice superior del monte, son más altas el Everest y el Aconcagua. Datos como este añaden resonancias, en otras tonalidades de soft-power nacional e internacional, a las repercusiones que el cambio del orónimo hace oír.

Gobernar es dar y quitar nombres (y rebautizar es cancelar bautismos)

Desde su primer día en la Casa Blanca Trump ordenó sus sustituciones en la toponimia. En aquellas que lucen innovadoras, más importante que lo nuevo que empieza a existir es lo viejo que ha dejado de existir de inmediato por obra de lo dispuesto en la orden ejecutiva. Las aguas del antes Golfo de México son ahora de América en virtud de una decisión ejecutiva que hizo realidad una promesa de campaña. La empresa petrolera Chevron, que tiene pozos activos en esas aguas, fue la primera en pasarse a Golfo de América y en proceder al cambio de nombre en todos sus documentos y plataformas. Associated Press (AP) no lo ha hecho aún, y tal su demora o disidencia le ha valido a la más antigua agencia de noticias de EEUU la exclusión de sus periodistas de la Oficina Oval y de las conferencias de prensa de la vocería de la Casa Blanca en castigo por publicar “noticias falsas” y negar la realidad de los hechos.

Los cambios de los nombres que restauran en la cartografía actual una toponimia anterior significan, simultáneamente, la revocación de otras sustituciones, previas y progres. El Decreto Presidencial 14172, titulado “Restaurando Nombres que Honran la Grandeza de EEUU”, ordenó que el nombre oficial del pico más alto de América del Norte sea Monte McKinley. Por ineludible efecto simultáneo del mismo decreto, la vigencia de Monte McKinley equivalía a la obsolescencia de “Monte” a la obligatoriedad de cancelada la anterior designación Monte Denali, vigente y obligatoria en la documentación pública y en las comunicaciones del Estado hasta el 20 de enero en que Tump firmó el decreto en sus primeras horas como presidente en funciones.

En el caso del nombre de este Monte de Alaska, sustituir era revocar y revocar fue restaurar. Pero restaurar el orónimo Mount McKinley fue percibido políticamente también, y de inmediato, como abolir una sustitución progre anterior. El decreto de Trump de 2025 canceló un decreto de 2015 de Barack Obama. En su orden ejecutiva, el presidente demócrata consagraba “Monte Denali” como nombre oficial de la montaña. Y cancelaba así el nombre Monte McKinley. Este orónimo, en efecto, habia sido el usado hasta que su decreto acabara con él. Pero no había sido usado desde desde siempre. Sólo empezó a usarse después de que una democracia hiciera buenos negocios con una autocracia. En 1867 el gobierno de EEUU le compró al Imperio ruso el territorio de Alaska. Bajo la presión de una desesperanzadora crisis de endeudamiento e iliquidez, la urgencia del régimen zarista por hacerse de moneda fuerte era extrema y terminal. A cambio de su única posesión americana, recibió un cheque por 7,2 millones de dólares (unos 129 millones de dólares de 2023). Como el dólar estadounidense era entonces una divisa convertible (y lo sería todavía durante más de un siglo hasta que 1971 el presidente republicano Richard Nixon pusiera fin por decreto a la convertibilidad), en la ventanilla del banco Briggs los rusos en vez de billetes pidieron, y obtuvieron, el equivalente en oro.

Todos los mensajes del Presidente

Dado que hay que ocuparse de todos o de muchos, la ración de atención acordada en singular por medios y analistas a cada uno de los decretos firmados sin pausa por Trump resulta por fuerza desigual o magra. Suele extraviarse el análisis tomando atajos. Como la presunta psicología muy revanchista de Trump. Y perderse en generalidades sobre la obsesión onomástica y refundacional fascistoide propia de todo totalitarismo digno, precisamente, de su nombre.

En campaña para las elecciones que ganó el 5 de noviembre, el periodismo le preguntó al primero precandidato y después candidato oficial partidario del GOP (acrónimo inglés del Grand Old Party, el Grandioso y Antiguo Partido republicano), si buscaba la reelección presidencial y un segundo mandato en Washington como quien busca la mejor herramienta para vengarse. En cada nueva oportunidad, los periodistas estrenaban palabras diferentes para hacer esa misma pregunta, en la esperanza de al fin recibir la única respuesta que gustaría en los medios mainstream (para gustarles, esa respuesta debía ser positiva). El precandiato y candidato republicano respondió una y otra vez esa misma pregunta pero usando él, sin variar, las mismas palabras: la única revancha que vale es ganar.

Señalar o adular como típico reflejo derechista anti-woke del Presidente el ademán temprano del 20 de enero de revocar el nombre indígena que para la montaña más alta de EEUU y de América del Norte había establecido el primer presidente negro en la Casa Blanca -a instancias de lobbies ambientalistas y nativistas- puede convenir para pasar pronto al próximo decreto, al próximo renglón en el ábaco de pros y cons. Pero en el decreto de Trump hay más mensajes, enderezados hacia muchos destinatarios, diversificados. Su grado de buen éxito puede evaluarse en el que ya los haya alcanzado, en diferentes franjas y nichos.

Cuando Alaska queda en Ohio, y viceversa

En 2015, el trueque de nombres decidido por el titular del Ejecutivo demócrata había encontrado primero el rechazo, que superó, y después el repudio, que perduró, de la entera representación legislativa de Ohio en el Congreso de Washington. También enfrentó Obama la oposición de las autoridades locales de este característico swing-state del Medio Oeste. Nacido en Nells, Ohio, el republicano William McKinley compone, con su correligionario Abraham Lincoln y con el demócrata JF Kennedy, el tríptico de presidentes de EEUU asesinados en el desempeño de su cargo.

También Donald Trump había repudiado en 2015 la deserción onomástica del Monte McKinley y denunciado el snobismo etno-chic de Obama que había llegado a preferir como orónimo una palabra amerindia en lugar del nombre de familia de un presidente republicano trágicamente asesinado. Muy lejos todavía de llegar a la Casa Blanca, y cuando se oían muy raleadas las voces que apostaban a que lo lograría, el entonces precandidato convirtió en promesa de campaña la revocación de la orden ejecutiva firmada por el demócrata Obama al promediar su segundo mandato, en septiembre de 2015. El republicano Trump cumplió su promesa el 20 de enero de 2025, primer día de su segundo mandato presidencial.

Desde 2016, cuando votó por Trump, el Ohio de McKinley humillado por Obama, dejó de ser un swing-state, un estado que oscila en su voto entre los dos grandes partidos. Pasó a ser sólidamente republicano: votó por Trump nuevamente en 2020, y en 2024. Desde 2015, el gobernador del estado de Ohio es el republicano Mike DeWine (de 78 años de edad como el Presidente); en las dos cámaras del Congreso estadual los republicanos tienen super-mayorías (26/7 en el Senado y 66/32 en Representantes). Nacido en Middletown, Ohio, en 1984, el republicano James David Vance representó al estado como senador en el Congreso de Washington desde 2023 hasta a 2025, cuando el 20 de enero asumió como vicepresidente de EEUU.

McKinley, light of my life, fire of my loins

La restauración orográfica firmada en la Casa Blanca el 20 de enero se había visto precedida y enmarcada, en el discurso de inauguración pronunciado por Trump en el atrio del Capitolio, por un profuso elogio del liderazgo y el programa de William McKinley. El presidente n° 25 fue honrado por el presidente n° 45 y 47 -poco proclive a la loa de precursores escogidos--, como un heraldo de MAGA malogrado en 1901, un inocente víctima de la consigna Make America Great Again muerto en el primer año de su segundo mandato: a diferencia de Trump, este visionario del irrenunciable destino manifiesto de EEUU no sobrevivió a las balas de su atacante.

El nombre de McKInley quedará nuevamente asociado a las alturas de Alaska, un territorio boreal adquirido por EEUU en un programa de expansión territorial en su área ártica de influencia. Allí se sitúa Groenlandia, la isla más grande del mundo, que Trump anhela sumar a las tierras que tienen por capital federal a Washington DC. Aspira a que el Reino de Dinamarca le venda su protectorado insular. Que así podría incorporar a una Unión que en el siglo XIX supo comprar Alaska a los rusos y antes Louisiana a los franceses. O a incorporar como sea, ya se verá cómo -añadió el Presidente el primer martes de marzo en su discurso ante el Congreso- es un fin que justifica los medios.

Los sastres de Panamá

A McKinley sucedió su vice Theodor Roosevelt. Reelegido presidente, derrotó al Reino de España en la guerra naval de 1898, ganó las islas de Puerto Rico en el Caribe y de Guam en el Pacífico para la soberanía de Washington, y a Cuba y a las Filipinas en protectorados.

Roosevelt promovió en 1903 la secesión de Colombia e independencia de Panamá para iniciar la construcción de un Canal interoceánico en las condiciones dictadas por EEUU. En 1914 el Canal era operativo. En 1979 su control fue puesto en manos del gobierno panameño por el presidente demócrata Jimmy Carter.

Un error, según Trump. El presidente republicano, que ha hecho de McKinley fuente de inspiración primera para su segundo mandato, proclama que la reapropiación de la Zona del Canal de Panamá es un objetivo legítimo de por sí. Por añadidura, en una ocupación militar del Canal consiste el método más definitivo para librarse de toda presencia china en un área estratégica clave de tránsito y comunicación estratégica, cuyo control es inalienable e irrenunciable según la nueva doctrina geopolítica de Washington.

Peligrosa en sí misma, la actividad de Pekín en el Canal es vista como alarmante en cualquier hipótesis de conflicto. El ejemplo de Roosevelt invita a despojarse de timidez y escrúpulo fatales: conviene eliminar los riesgos estratégicos antes que sopesarlos.

Anarquistas, migrantes y asesinos

Una circunstancia última de la biografía de McKinley suma su moraleja al relato trumpista. Las dos balas que en septiembre de 1901 desangraron al presidente republicano fueron disparadas a quemarropa por Leon Czolgosz, sindicado como anarquista o anarco-sindicalista, de padre y madre migrantes de Polonia. No hace falta elaborar: salta a la vista -es decir, salta a los ojos trumpistas- el nexo entre migración, crimen, homicidio y magnicidio que fue un leitmotiv de la campaña electoral republicana. Ya presidente, Trump ha retenido ese plexo de causas y efectos como un resorte mayor de la racionalidad y justificación de las decisiones del Ejecutivo.

Todo lo justifica ese vínculo indisoluble entre migración y delitos de sangre cuya letalidad demostró el asesinato de McKinley. Así lo entiende Trump. Y, lo que es más importante, así entiende que lo entiende el electorado que noviembre le ganó la presidencia y el voto popular. Todo. Justifica el decreto que destruye el jus soli -el derecho a la nacionalidad de EEUU por el solo hecho de nacer en suelo de EEUU- y la suba promiscua de un 25% en el gravamen de los bienes importados de Canadá y de México. Estos dos países limítrofes son denunciados por Trump como promotores responsables o irresponsables -por su negligencia y falta de cooperación demostradas- del fácil ingreso a EEUU del crimen organizado, de la violencia narco, y del tráfico y trasiego de fentanilo y otras drogas, mortales para una población estadounidense que hasta ahora ha vivido y sobrevivido indefensa por débiles gobiernos inermes.

A la incriminación de su país, acusado por Trump de jamás haber cooperado lo suficiente en el combate al narcotráfico y de retacear esfuerzos y recursos en la lucha contra el crimen organizado, el premier liberal canadiense saliente reprochó ausencia absoluta de mínimo respaldo empírico probatorio. Justin Trudeau, además de dar a conocer la lista de impuestos retaliatoria que gravará con severidad importaciones de EEUU por 100 mil millones de dólares, se extendió sobre datos bien conocidos: el volumen total de fentanilo decomisado en la frontera norte de EEUU ha sido ínfimo en los últimos años, como también el de las sustancias ilegales para las que pueda rastrearse una proveniencia canadiense.

Oh Canada

En el laberinto de la guerra comercial que libra contra el mundo, Trump ha empezado a zigzaguear, pasando del anuncio de la inmediata entrada en vigencia, sin dilación, de aranceles promiscuos a las importaciones tan elevados como nunca antes se aplicaron en EEUU, a la inmediata dilación de la hora de aplicar esos impuestos, a la concesión de nuevos plazos, a la declaración de que sin esperar pensaba revocar cuanto antes las ventajas contenidas, al acuerdo para establecer regímenes especiales para las tres grandes empresas automotrices (con sede en Detroit, Michigan, en la frontera con Canadá).

En el rubro justificaciones, Trump sigue hallándolas en McKinley, rico en alternativas. Si Canadá no merece que se le aumente el monto de los derechos aduaneros en castigo por crímenes y culpas en su lucha deficiente contra el narco, porque ni tiene culpa ni ha cometido crímenes, sin embargo es necesario de todos modos arancelar las importaciones canadienses. Porque el ejemplo de McKinley le ha enseñado, asegura Trump, que es el proteccionismo, y sólo el proteccionismo, el que asegura la riqueza de las naciones, si quieren volver a ser grandes.

Altibajos en la Bolsa, confusiones en Wall Street, reclamos y advertencias corporativas parecen invitar a Trump a la sobriedad. Entretanto, Justin Trudeau, que ya ha renunciado como primer ministro y como líder liberal -está desempeñando como interino las funciones de Jefe de Gobierno hasta las próximas elecciones-, ha ganado gracias a sus vivaces duelos verbales con Trump una popularidad que los políticos rivales del Partido Conservador le envidian, y que saben ya que será invencible.

El domingo 9 de marzo, Mark Carney se impuso en la interna y fue elegido como nuevo líder del Partido Liberal (aquel que se inclina más hacia la izquierda en el bipartidismo del sistema político canadiense). Este hábil economista, al que sin vacilar todos califican ante todo como boring (aburrido), ex director del Banco Central de Ottawa, será el próximo primer ministro de Canadá. Gracias a Trudeau, gracias a Trump: gracias a McKinley.

AGB/MC

La escena no fue graciosa pero por lo menos fue grotesca. Alta comedia de Donald J. Trump en la Casa Blanca el último viernes de febrero con Volodimir Zelenski, alta traición a Ucrania confirmada en el Congreso el primer martes de marzo. Flanqueaba a Trump su vicepresidente J. D. Vance, que intervenía en el diálogo como un banderillero en una corrida de toros. El encuentro fue dado por concluido antes de lo pautado en el cronograma. Antes de hora, intacta y sin abrir la agenda de temas prefijada para esa conferencia de prensa bilateral en vivo, Trump cortó la palabra a Zelenski y el presidente n° 6 de Ucrania fue expulsado sin más de la Oficina Oval y de la Casa Blanca.

Hasta que no acuerde un alto-el-fuego con el presidente ruso Vladimir Putin se puede olvidar de las armas, el dinero, la logística, la inteligencia militar y los satélites de Estados Unidos. Según Washington, ahora es cuando para una paz urgente: tres años de guerra, con un millón de muertos y más de 350 mil millones de dólares gastados, son más que suficientes.

El presidente n° 47 de EEUU deploró una reunión que declaró malograda en todos sus aspectos diplomáticos. Aunque no fuera pobre el rédito político.

La tele, versión comedia matrimonial, chiste de salón, adulterio serial y elenco de conocidos y habitués

La escena que habían podido ver y oír tanto el atónito cuerpo de prensa presente autorizado para la ocasión como el público global gracias a la transmisión “en tiempo real” había sido “gran televisión”: es así, créanme, sé lo que les digo, dijo el presidente de EEUU. Y con este énfasis didáctico y estas palabras concluyó la transmisión, mientras miraba la cámara sin pestañear. El plano se cerraba sobre la  cara de Trump. La cara del exanfitrión y co-productor de 14 temporadas de The Apprentice, que le había dicho a Zelenski el mejor sinónimo que encontró para You are fired!, ¡Estás despedido!.

Es la cita más famosa, convertida en cliché, frase hecha, slogan y consigna, de aquel reality cómico-sádico que en 2004 empezó a emitir los jueves la cadena NBC. Los participantes competían por un puesto ejecutivo al frente de una empresa del imperio Trump. En 2017, la temporada 15 y última de El Aprendiz tuvo al actor de Hollywood y exgobernador republicano de California Arnold Schwarzenegger como anfitrión: el anterior ya había ganado 214 millones de dólares con el teleshow y desde noviembre de 2016 era el presidente electo n° 45 de EEUU. Este último viernes de febrero no faltó, siquiera, en la Oficina Oval, un eco de la tercera cita más famosa del reality (según el sitio IMDb), la rutina donde al It’s your decision de George Ross contesta el Jefe perdonavidas que sí: It’s my decision.   

El espectáculo de la política, la one-man-showmanshhip en vivo, micrófono delante o en mano, a veces pone de realce y otras veces escamotea la política por detrás (o por delante) de la actuación de Trump. Como gestor de una fortuna familiar y un capital heredado, como hombre de negocios en las turbulencias de la década de 1980, como especulador inmobiliario neoyorquino, como doctrinario maquiavélico del arte racional de la negociación egoísta, Trump se señalaba y revelaba como una hipérbole andante, una exageración viviente, un extremista del ultimátum, del pacto final de tómalo-o-déjalo. Así lo expresa, más que de lo que lo explica, en tratados y panfletos sobre el arte de negociar.

Publicaciones y exposiciones que cuentan Cómo me hice rico, un género cuyo público lector, de atender a las listas de best-sellers del New York Times, luce insaciable. En el caso de Trump, es limitado el provecho de The Art of the Deal (1987), The Way to the Top o Think Like a Billionaire (ambos de 2004) como libros de auto-ayuda y guías pródigas en consejos prácticos. El autor está lejos de deplorar esa limitación que sin embargo admite sinceramente: la eficacia del método depende menos de sus reglas que del vigor y temperamento intransferibles de quien las puso en práctica con buen éxito.

La tele de canchas y masas, pasión de multitudes en busca de líderes en busca de multitud

El primer martes de marzo el discurso de Trump en el Capitolio fue la apoteosis del Presidente como conductor de televisión y como amigo del pueblo. ¿Quién sino Trump podría haber contratado en vivo a un niño con cáncer cerebral como agente del Servicio Secreto? ¿Qué otro presidente le habría dado en vivo a un joven postulante la buena noticia de que se había ganado una vacante en la academia militar West Point? Cuando Elizabeth Warren aplaudió y aplaudió y no terminaba de aplaudir por Ucrania, el Presidente llamó “Pocahontas” a la septuagenaria senadora demócrata por Massachusetts y pocos contuvieron la risa.

Muchachos, esto no es política, es Sinatra en Las Vegas, comentó el historiador Tim Stanley, columnista del diario conservador británico Daily Telegraph. Según una encuesta de CBS conocida el miércoles, la gran mayoría de la teleaudiencia del discurso aprobó todo lo que escuchó: un 74% encontró a Trump “muy presidencial” y otro 74%, que en parte se solapa con el porcentaje anterior, encontró al Presidente “muy entretenido”.  Pero según el sondeo de CNN, también publicado el miércoles, sólo un 44% declaró que su reacción al discurso era muy favorable. En el género de primera alocución presidencial al Congreso, la de Trump del martes habría sido, según los números de CNN, la más fría o distraídamente recibida en las dos últimas décadas.

Según una encuesta de CBS conocida el miércoles, la gran mayoría de la teleaudiencia del discurso aprobó todo lo que escuchó: un 74% encontró a Trump ‘muy presidencial’ y otro 74%, que en parte se solapa con el porcentaje anterior, encontró al Presidente 'muy entretenido'.

De lo dicho y de lo no dicho en el discurso y de lo visto y entrevisto en el escenario del Congreso puede extraerse sin esfuerzo dos conclusiones negativas paralelas. Que en el cosmos republicano MAGA, los demócratas no importan y Europa tampoco importa.

Legisladores y legisladoras de la oposición demócrata se habían vestido de rosa o llevaban prendas color rosa -rumboso estereotipo de género- para exhibir su solidaridad con las mujeres. Levantaban carteles que rezaban Falso o Es una mentira para glosar y desmentir “en tiempo real” lo que Trump iba diciendo en su discurso. Si de algo carecían por completo, era del frenesí que los republicanos gustan endosar a los talibanes de la izquierda woke: si un insumo político escaseaba a ojos vista en las bancas demócratas era idoneidad para infundir temor o respeto. (Trump, que monopolizaba el espectáculo, sabe que es propio y suyo el monopolio del miedo). La oposición parecía cansada, falta de convicción, confundida. Abuchearon a Trump cuando se declaró ganador de la elección del 5 de noviembre –y fue una de las pocas aseveraciones cien por cien incuestionables del Presidente. Al Green, un representante demócrata de Texas de 77 años (2 más que la senadora Warren, 1 menos que el presidente Trump), se puso de pie, empezó a gritar, a hacer gestos amenazadores en el aire con su bastón. Lo retiraron del recinto, después de que J.D. Vance, de 40 años, vicepresidente de Trump y presidente del Senado, hizo con la mano a Seguridad un gesto de “sáquenlo de acá”. Tampoco Green lucía militante, y mucho menos fanático; parecía confuso nomás.

Meter el perro (es un dogo)

La cruzada de purga y motosierra en el Estado liderada por Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) es la faz menos popular de la nueva Administración. Aun entre algunos  legisladores republicanos en el Capitolio. La nueva agencia fue diseñada a la medida del empresario más rico del mundo y según los requerimientos de éste; las palabras que dan nombre a este Departamento fueron ordenadas para que su acrónimo DOGE coincidiera en inglés con el sustantivo dogo. Los cargos jerárquicos de DOGE ganan salarios de seis dígitos.

En su performance del martes, Trump se ocupó en buscar y mostrar, o inventar, el lado humano o chistoso de la motosierra del perro dogo. Hizo reír con gastos que descubrió entre las ayudas financieras al extranjero abolidas por Musk. No habrá más dinero para investigaciones y proyectos que buscan 'que los ratones se vuelvan transexuales'. Ni más fondos para producir una franquicia de Sesame Street en Arabia Saudita. Ya están cancelados “ocho millones de dólares destinados a promover la cultura LGBTQ+ en Lesotho, un país de África del que nadie oyó hablar”. (El que sí había oído de Lesotho es el sudafricano Musk: lo bastante para que su empresa Starlink espere ganar la licitación pública en la que está inscrita). Una persona a la que se le pagaba una jubilación sin aportes tendría 360 años, con lo cual, calcula en vivo el Presidente, es 100 años más vieja que EEUU (y tiene casi el doble de la edad de Nancy Pelosi).

El tema más importante del discurso no fue Rusia, no fue la aparente reconciliación de Trump con el presidente de Ucrania, no fue China, no fueron siquiera los aranceles a la importación, los migrantes o la frontera sur con México. Fue el precio de los huevos, que aumenta todos los días desde el estallido y difusión de una zoonosis. Según la legislación epidemiológica animal preventiva, si una sola ponedora se contagia del virus, todas sus compañeras en las granjas avícolas -cuyas jaulas pueden encerrar hasta un millón de gallinas- deben ser sacrificadas para recién entonces comenzar a sustituirlas por ejemplares sanos. La concentración económica de las aves productoras en mega granjas determina derrumbes de la producción no menos masivos.

Los demócratas culpan a Trump por la gripe aviar y Trump culpa a Joe Biden, mencionado como “el peor presidente de la historia”. En cambio, las primeras semanas del segundo mandato de Trump, según el propio Trump, fueron “las más exitosas de la historia”. Trump es el n° 1. “¿Quieren saber quién es el n°2?”, pregunta. Y contesta: “Les digo. Es George Washington”. Trump es gran televisión. Es Sinatra en Las Vegas. Es fútbol para todes. Es Chávez o Rodríguez Saá repartiendo en vivo lavarropas o heladeras entre sus votantes de la República Bolivariana o la República de San Luis.   

La Corte Suprema votó dividida pero votó NO

En un fallo dividido, la Corte Suprema desestimó el miércoles los argumentos de los abogados de la administración Trump y validó al juez John McConnell Jr. En una decisión redactada en cinco páginas,  objeto de la apelación frustrada, este magistrado de Rhode Island ordenaba al Gobierno federal efectuar un pago de 2 mil millones de dólares que había suspendido. Es la primera sentencia que pronuncia el más alto tribunal de la Justicia. Responde a la primera de cien mil causas abiertas contra la Administración por sus programas de austeridad y recorte que fue escuchada por esta Corte. El voto fue 5-4: dos conservadores, John Roberts -presidente del Tribunal- y la jueza Amy Coney Barrett -designada por Trump- votaron con sus colegas progresistas y en contra de los restantes conservadores.

En el voto de la minoría gana relieve un signo que puede resultar anticipatorio de cómo se resolverán, con mayor celeridad de la anticipada hasta ahora, futuros conflictos entre la Administración Trump y quienes la demanden. El escándalo ante lo decidido por sus pares es manifiesto en la opinión minoritaria disidente, e impotente.

Técnicamente, el punto clave que la Corte debía decidir, aquel que sostenía la apelación del Gobierno, era independiente del valor o disvalor jurídico de lo ordenado por el juez de Rhode Island. Lo que estaba bajo discusión era el rango de autoridad de este juez. ¿es suficiente por sí sola, y sin más, para darle órdenes al Gobierno federal y emplazarlo a pagar 2 mil millones de dólares? Sí, es suficiente, según el voto dividido pero mayoritario de la Corte.

En el futuro, la agencia DOGE y otras del Ejecutivo pueden verse frenadas por decisiones judiciales adoptadas y ordenadas por un magistrado único. La autoridad de un juez para decidir en solitario ya no podrá ser disputada y apelada, dado que esta cuestión ha sido zanjada.

El porvenir sin magia de una ilusión republicana

La fe en la República salió triunfante de esta ordalía republicana. Pero la cuestión angustiante es aquella todavía no zanjada, y que no zanjará la Corte: queda por entero fuera del imperio de las instituciones.

¿Cómo acatará el Gobierno los fallos judiciales? Y esta pregunta ya da por sentado que, al menos, mal o bien, mejor o peor, la Administración Trump los acatará. Faltan evidencias que justifiquen este moderado optimismo tibio –también falta de momento evidencia refutatoria. Ratificada la autoridad de los jueces para dar órdenes al Gobierno federal, todo invita a pensar que estas órdenes se multiplicarán por cientos o aun miles en las sentencias que den razón a las demandas contra la Administración que desmantela al Estado. Y nada invita a creer que el fortalecimiento de la autoridad de los jueces significará un fortalecimiento de la autoridad judicial. La laxitud puede devenir medida y regla de la obediencia a la Justicia en una Administración que ya empieza a advertir que puede desobedecer sin sufrir consecuencias o incurrir en reproches.

AGB/MC

Ante las elecciones presidenciales en Chile de noviembre de 2025, el nombre de la socialista Michelle Bachelet, concita toda la atención de propios y ajenos. Si en principio se ha negado a competir, debido al fervoroso pedido del progresismo chileno, en especial el Partido Socialista, que considera a la ex mandataria la mejor garantía de ofrecer una candidatura de unidad que impida el retorno de la derecha a La Moneda o, peor aún, la victoria de la ultraderecha, Bachelet revisará su determinación mientras descansa en su residencia de veraneo a orilla del lago Caburga en la región de la Araucanía.

En Chile cumplido el mandato de Gabriel Boric, elegido en 2021 por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad después del estallido social del 19-O, el domingo 16 de noviembre de 2025, con voto obligatorio las ciudadanas y ciudadanos del país andino concurrirán a las urnas. En caso de que ningún candidato supere el 50%   más uno de los sufragios, seguirá una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Cartas presidenciales a la mesa

Aún faltan nueves meses para la realización de estas elecciones. Aun así,  desde los últimos meses de 2024 se ha ido perfilando una vía progresivamente más nítida de los aspirantes a la carrera presidencial.

El primer representante del oficialismo en entrar en la competencia por llegar a La Moneda, Vlado Mirosevic, diputado del centroizquierdista Partido Liberal (PL), el 12 de octubre de 2024 hizo oficial su candidatura presidencial para 2025. Respecto a sus posibilidades reales, sostuvo que “el tiempo lo dirá, el pueblo de Chile lo dirá”.

Pisando los talones de Mirosevic, el  28 de octubre, el Partido Social Cristiano (PSC) ultraconservador y evangélico, anunció que el senador Rojo Edwards se presentará como precandidato presidencial en las elecciones del 2025. En diciembre pasado, Eduardo Artés por el  Partido Comunista Acción Proletaria (PC-AP) de orientación marxista lenilista confirmó que llevaría a cabo su tercer intento de alcanzar la presidencia, y por lo tanto nuevamente presentará su candidatura en las próximas elecciones presidencial.  En 2017, Artés obtuvo  33 mil votos (0,57%);  y en 2021, 103 mil votos ( 1,47 por ciento).

El Partido Republicano (PR) de extrema derecha confirmó el pasado 8 de enero de 2025 que su líder y fundador José Antonio Kast, derrotado por Boric en las anteriores elecciones presidenciales , sea su candidato presidencial para las elecciones de noviembre 2025 en lo que será su tercera aventura hacia La Moneda; en una primera vuelta sin participar de las primarias de la oposición, con el derechista Chile Vamos o el PSC.

 El 19 de febrero de 2024, el diputado Johannes Kaiser, ex PR, informó sus intenciones de ser precandidato presidencial y dijo estar dispuesto a participar en primarias de la derecha junto a Chile Vamos. Con creciente respaldo según las encuestas representaría al Partido Nacional Libertario (PNL), con un proyecto más a la derecha que el de extrema derecha de Kast.

Antes de la proclamación de Kaiser, Félix González,  anunció, el 6 de enero de 2025, su candidatura presidencial por el Partido Ecologista Verde (PEV) que entre 2017 a 2019 formó parte del progresista Frente Amplio (FA).

Candidaturas en pausa

Un grupo de figuras con manifiestas intenciones de ser candidatos presidenciales aún no ha sido oficializados. Entre ellos,  Franco Parisi, por tercera vez candidato presidencial luego de sus aventuras a La Moneda del 2013 y de 2021, como líder del Partido de La Gente de derecha. Parisi  aseguró que esta vez la campaña la realizará en Chile y no desde el extranjero como lo hizo en su anterior participación.

En el marco del Consejo General del Partido Demócratas, de centro derecha se espera que sea proclamada la senadora Ximena Rincón como la carta presidencial del espacio.  Todavía no se sabe si Rincón será la carta solo de Demócratas o podría representar también a Amarillos por Chile, aunque uno de los fundadores de este último partido, Óscar Guillermo Garretón, no descartó que apoye la candidatura de Evelyn Matthei.

El diputado y actual presidente  del Partido Democracia  Cristiana también llamado Democráta Cristiano (PDC), de centro izquierda Alberto Undurraga, ex alcalde de Maipú ha visitado  distintas regiones del país - en Quillota fue proclamado- para abordar la opción con las bases militantes; a la vez que espera que su candidatura pueda disputar una primaria con los aspirantes de la coalición del Socialismo Democrático (SD) de centro izquierda e incluso el Frente Amplio (FA), sin embargo, descartaría participar de una elección junto al Partido Comunista (PC).

Se suma el ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter del Partido Demócrata Independiente (UDI), de derecha, una opción está cuesta arriba, ya que la carta de la UDI juega a favor de Evelyn Matthei, quien cuenta con el apoyo de sectores del  RN.

El 11 de enero  Renovación Nacional (RN) proclamó a Matthei (UDI) ex ministra del dos veces presidente Sebastián  Piñera (2010-2014;2018-2022), fallecido en febrero de 2024 mientras piloteaba su propio helicóptero. Matthei defensora de las ideas conservadoras de su sector como su abanderada para llegar a La Moneda, ex alcaldesa de Providencia, fue proclamada con un 84,3% votos de la instancia partidista.

Las últimas semanas se sumó la proclamación de varios otros aspirantes a La Moneda, si bien están aquellos a los que les falta solo la “formalidad” para convertirse en abanderados de sus respectivos espacios. El conjunto no se ha cerrado: están aquellos que a pesar de aún no manifestarse podrían figurar en las boletas de sus respectivos partidos. 

Favoritos y favoritas que no se han pronunciado

Entre los posibles contendientes por sus méritos en la pugna electoral, figuran la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá del progresista Partido por la Democracia (PPD) y  la senadora por el Maule y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.  

El ex parlamentario y exlíder del centroizquierdista Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, no ha  descartado abiertamente la posibilidad de enfrentar una quinta aventura presidencial (luego de 2009, 2013, 2017 y 2021) y ha manifestado extraoficialmente al Partido Radical su interés de representarlo.  

En enero se difundió  como alternativa presidencial el nombre del ex presidente y ex candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Aunque el ex mandatario ha dicho que no será candidato presidencial nuevamente, un grupo de militantes del Partido Demócrata Cristiano  (PDC) mantiene la esperanza en que pueda cambiar de opinión.

No habrá ninguna igual, no habrá ninguna

Entre tantos nombres, ninguno ha concitado tantas expectativas, como el de la ex presidenta Michelle Bachelet, quien a pesar de su inicial negativa  hasta el momento no ha dado a conocer su decisión definitiva. Marzo será el mes.

Faltan pocas semanas para que  la directiva del Partido Socialista (PS) reuna con Bachelet. El encuentro previsto mantiene altas las expectativas;  será la instancia que dejará en claro si la ex mandataria está o no dispuesta a competir una vez más para intentar llegar a La Moneda. “La presidenta sabe que el PS quisiera que ella sea nuestra candidata y que hemos respetado su decisión. Yo le hice saber, por mandato de la mesa, que si ella estuviera disponible, cuenta con el apoyo del partido”, declaró dijo esta mañana la presidenta del PS, Vodanovic.

Los otros  partidos del oficialismo guardan vigilia a las definiciones que resulten de  esa reunión.  De la aceptación de Bachelet depende la permanencia de los planes de muchos de los aspirantes en llegar a las primarias. No pocas voces del FA reconocen que el nombre de Bachelet es capaz de aunar fuerzas y que, por lo tanto, los partidos podrían respaldarla a ella en lugar de privilegiar una carta propia. Incluso no se ha descartado la posibilidad de suspender las  primarias.

Sin embargo, en las  primarias no se compite necesariamente con la mira puesta en La Moneda, sino que es también un buen “trampolín” para la exposición de los nombres antes de las elecciones parlamentarias. Así, por ejemplo, Mirosevic (Partido Liberal) podría quedar mejor preparado para postular al Senado, en representación de la Región de Arica y Parinacota. Lo mismo Undurraga, quien, dicen en la DC - partido que no forma parte del oficialismo, pero que está considerado en las tratativas-, podría ser una carta para competir en la senatorial del Maule o de Valparaíso. O Jaime Mulet por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), diputado por Atacama, región que también escoge senadores este año. 

En el Frente Amplio (FA) no descartan que puedan sumarse a la candidatura de la dos veces mandataria, pese que actualmente barajan nombres como el del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic y el del diputado Gonzalo Winter. La presidenta del FA, Constanza Martínez,  sostuvo que “estamos trabajando en la definición de un proyecto y las bases de una futura candidatura, porque hemos definido como partido generar una primaria lo más amplia posible y presentar una candidatura propia que represente la voz del FA. Vemos en Michelle Bachelet un liderazgo fundamental para todo el sector. No obstante, nuestro partido ha fijado un comité central para mediados de marzo para poder dar la discusión en todos los escenarios posibles”.

La irrupción de Bachelet es un tema sensible para el PPD, en consideración de que ellos esperaban que Carolina Tohá pudiera convertirse en la abanderada del Socialismo Democrático. De hecho, la comisión política del partido emitió una declaración la semana pasada en que se instaba al PS a sumarse a ese esfuerzo. El resultado no fue el esperado: los socialistas lo consideraron un emplazamiento.

El presidente del PPD, senador Jaime Quintana defendió una posible candidatura de Tohá, a pesar de que las encuestas no le son favorables . “Creemos que en estos tiempos la prioridad son las primarias. Si la presidenta Bachelet tomara una decisión distinta a la que hasta ahora ha manifestado, naturalmente habría que considerarlo”, concluyó Quintana.

Si bien la directiva del Partido Comunista (PC)no se ha pronunciado respecto a la candidatura de Bachelet, su presidente Lautaro Carmona, el año pasado, después de un almuerzo entre los líderes del sector y la ex presidenta, admitió que la proyección presidencial de Bachelet “es el deseo de muchos de nosotros” y justificó que su capacidad de congregación “es una virtud, tiene una capacidad de convocatoria que quedó demostrada”.

Respecto al Partido Radical, el nombre  que asoma es el del ex ministro José Antonio Gómez. Aunque algunos del partido  promueven la idea de que se le entregue un cupo para competir a Marco Enríquez-Ominami. Como sea, el presidente de los radicales, Leonardo Cubillos, expresó su posición  “El Partido Radical tiene sus precandidaturas que deberán ser sometidas a decisión de la institucionalidad, pero claro está que tal situación estará marcada por el escenario político. Si la ex presidenta toma la decisión de presentarse, claramente marcará un hito (...), se podría convertir en un factor ordenador, ya que ello afectaría las aspiraciones de varias candidaturas, oficializadas o no”.

Primarias, sí

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa planteó que “a nosotros nos encantaría poder estar en una primaria con la ex presidente Bachelet. Creemos que sería una primaria muy bonita, que daría luces del país que queremos construir. Mirosevic, el candidato presidencial proclamado por ese partido  sostuvo que ”Bachelet es un tremendo liderazgo, guardo gran admiración por ella. Pero una primaria es necesaria, por convicciones democráticas y también porque la derecha no tendrá“.

El diputado Jaime Mulet, candidato de la Federación Regionalista Verde Social, señaló que “una primaria con Bachelet es diferente a una sin ella. Sería interesante y enriquecedor para el país y para nuestro sector ver compitiendo a quienes representan muy bien a la izquierda chilena, como Bachelet, y a quienes, siendo progresistas, tenemos una mirada de un modelo de sociedad y del desarrollo con especial preocupación por la descentralización y la mirada verde, sin una interpretación marxista y dialéctica de la historia”. 

El vicepresidente de la DC, Gianni Rivera reiteró que “nuestro Consejo Nacional acordó presentar un candidato presidencial para ir a una primaria de la centroizquierda”. En el partido el nombre que más fuertemente suena para convertirse en abanderado es su presidente, el diputado Undurraga.

Bachelet, quien   en un encuentro sobre políticas públicas y democracia organizado por la Universidad de Chile comunico que el presidente Luiz InIgnacio Lula Da Silva Lula le sugirió que sea candidata en las elecciones presidenciales de noviembre, en su última candidatura presidencial del 2013, fue a primarias. En esa ocasión compitió contra Andrés Velasco (independiente), Claudio Orrego (en ese entonces militante DC) y José Antonio Gómez. Quien fuera dos veces presidenta de Chile y que mantiene en vilo al progresismo en espera de su respuesta, triunfó en esas primarias con el 73,07% de las preferencias.

AGB

Con el magnate Donald J. Trump nunca fue fácil distinguir entre actuación y sobreactuación, drama y melodrama, egoísmo y narcisismo. Ni siquiera cuando payasadas siniestras y sadismo social se limitaban a la televisión chatarra y al reality-show del mundo corporativo, empresario y financiero de la Nueva York codiciosa y ochentosa. Este siglo, este año, estas semanas, regresado el 20 de enero a Washington como presidente n°45 de Estados Unidos y reinstalado como presidente n°47 en la Casa Blanca que había abandonado en 2021, la discriminación entre acción y reacción espectaculares se ha vuelto a la vez más urgente y necesaria que en 2016. Y mucho más difícil y decisiva que en el pasado milenio, cuando el estudio central del especulador inmobiliario devenido figura mass-mediática no era todavía la Oficina Oval.

El presidente de 79 años ha ganado y concentrado más poder que cualquiera de sus antecesores en el Ejecutivo. Pasivamente, cada presidente ve acrecido su arbitrio en un proceso que sin jamás detenerse amplía de hecho y de derecho las facultades de su cargo. Activamente, Trump goza del mandato de su victoria electoral de 2024. Sin embargo, el motivo mayor y más importante que hay por detrás del espectacular despliegue de omnipotencia al desnudo de tres semanas de administración sin filtro está callado. Es que EE.UU. conoce hoy una edad áurea de recobrado status de hiperpotencia económica y militar sin rival de un brillo único en este siglo: es más fácil prometer una edad dorada si ya vivimos una década de oro, pero es más conveniente posdatar su inicio para así usurpar o monopolizar el bronce y el mármol monumentales de un futuro que nos grita “adelante” porque ya ha llegado.

Así en Ottawa como en Jerusalén

No termina de estallar el lunes la tan anticipada guerra comercial mundial una vez anunciados por Trump los promiscuos aranceles aduaneros que castigan a amigos (25% a México y Canadá) y enemigos (10% adicional a los impuestos que gravan las importaciones de China), que el renunciante premier liberal Justin Trudeau anunciaba desde Ottawa una batería de aranceles contra las importaciones de EE.UU. simétricos en la retaliación (también de 25%) pero asimétricos en la selección (castigan la producción de estados republicanos).

Característicamente, la expresión escrita presidencial, lejos de clarificar y allanar el panorama, aporta nuevas alarmas y digresiones. El bombardeo de decretos, cada uno de ellos tan bien redactado como inconexo con los restantes, no despeja ninguna incógnita de ecuaciones de la profusa y despareja comunicación verbal de la flamante Administración republicana bis de Donald J. Trump.

Al día siguiente se conocía desde Ciudad de México que Claudia Sheinbaum había obtenido una prórroga a la condena comercial a cambio de una movilización aun mayor de las FF.AA. en el combate a los narcos y al tráfico de fentanilo (lucha para la cual la presidenta admitió que no será inútil la compra de equipos y armamentos de punta a quien los produce -los estados “rojos” del otro lado de la frontera Norte a hacia la cual se traslada la tropa convenida-) el que admitió de un mes al castigo.

Súbita, imprevistamente, el martes el foco pasa a la guerra militar de Gaza. Y al anuncio de los planes revolucionarios de la Casa Blanca para israelíes, palestinos, egipcios y jordanos una vez consolidado en paz el alto-el-fuego precario entre Hamas y Jerusalén.  

Las palabras vuelan y las letras también 

Característicamente, la expresión escrita presidencial, lejos de clarificar y allanar el panorama, aporta nuevas alarmas y digresiones. El bombardeo de decretos, cada uno de ellos tan bien redactado como inconexo con los restantes, no despeja ninguna incógnita de ecuaciones de la profusa y despareja comunicación verbal de la flamante Administración republicana bis de Donald J. Trump.

A la logorrea presidencial se ha sumado la grafomanía en forma de decretos (executive orders). De necesidad y urgencia dudosas y vigencia y logística improbables. Así nos lo aseguran medios mainstream y juristas constitucionales. Es un pronóstico de tranquilizador escepticismo sobre la viabilidad final de un programa que cada hora crece en sus ambiciones y se expande a más y más escenarios. Quienes nos tranquilizan no llegan a tranquilizarse por entero. Trump actúa con una fe en su omnipotencia que la derrota del oficialismo demócrata y su doble triunfo en el voto electoral y popular en las presidenciales y legislativas de noviembre ha tornado inconmovible. Su aprobación nunca llegó, en los sondeos, a un 50% de favor, pero tampoco estuvo nunca antes tan cerca de esa mitad de los sufragios. Es el amo y señor del Partido Republicano y el partido Demócrata ha iniciado un proceso de reconstrucción sin líderes ni objetivos exactos. 

Gimme todo todo el Power

Donald Trump es el beneficiario de un aumento de atribuciones y funciones de su cargo ejecutivo que no ha dejado de crecer y consolidarse desde tiempos de Richard Nixon. El presidente republicano renunció en 1974 para evitar ser destituido por un impeachment del Congreso una vez conocidos por una investigación periodística del diario Washington Post los hechos del caso Watergate (el espionaje de las oficinas en Washington de la oposición demócrata organizado y financiado desde la Oficina Oval). Lo sucedió su vicepresidente, Gerald Ford, que lo indultó (como Trump a los condenados por los disturbios de la manifestación de protesta que asaltó el Capitolio el miércoles 6 de enero de 2021, y como Joe Biden, el presidente demócrata que sucedió y precedió al republicano en la Casa Blanca, a toda su familia y a sus colaboradores más estrechos, el lunes 20 de enero).

A la discrecionalidad obtenida por la oficina presidencial en el ejercicio del poder ejecutivo se atribuyeron los abusos de Nixon en su espionaje de la oposición. Para corregir esos abusos del Ejecutivo, su sucesor demócrata Jimmy Carter fortaleció al Ejecutivo dotándolo de más agencias de control, algunas de las cuales después desmontaría su propio sucesor el republicano Ronald Reagan, que montaría otras a su juicio más eficientes (como busca hacer hoy Elon Musk con su reforma radical de la gestión austera) y crearía otras nuevas en el ámbito de la Defensa (como Trump que en 2019 sumó una nueva arma a las FFAA de EEUU, la primera en sumarse al núcleo de Ejército, Marina y Aeronáutica desde 1947, la Fuerza del Espacio, United States Space Force -civiles y militares que trabajan en ella se llaman Guardianes, Guardians-).

La clase obrera va al paraíso (más vale grieta tóxica que cinturón oxidado)

En las décadas de 1970 y 1980 empezó a abrirse y ensancharse una grieta entre republicanos y demócratas. La batalla política se convirtió en guerra cultural y el resultado último es el que ratificaron las últimas elecciones: los electorados originarios invirtieron sus adhesiones. En una simplificación grosera pero no deformante, en 2025 el demócrata es el partido de los ricos e instruidos y el republicano el de los pobres sin educación universitaria.

Durante los tres últimos tercios del siglo XX y la primera década del XXI había sido básicamente al revés. Red-necks (peones y campesinos de cuello enrojecido por trabajar al aire libre) y blue-collars (operarios y obreros industriales de overol azul) votaban demócrata y los white-collars (trabajadores del sector privado y corporativo de camisa de cuello y puños blancos) votaban republicano. Pero estas categorías perdieron el empuje clasificatorio del que gozaban sin mayor examen cuando el país a cuya sociedad dividía la grieta ideológica daba en su economía el giro post-industrial que a su vez iba a contribuir a profundizarla.

Fue Walter Mondale, otro vicepresidente y candidato presidencial demócrata derrotado por un republicano (Reagan), precursor de la fórmula rust-belt. El cinturón de orín de las fábricas cerradas y el desempleo proletario que Trump quiere des-oxidar a fuerza de impuestos aduaneros. Quiere revertir el proceso globalizador que ganó ímpetu con Clinton y los Bush Sr y Jr. Quiere forzar una relocalización productiva en los estados industriales del Medio Oeste. Quiere cemento, petróleo y automotores (curiosamente, el eco argentino que estas palabras hacen resonar es el del presidente desarrollista Arturo Frondizi).

Las fábricas con chimeneas cayeron víctimas de la mundialización, el libre comercio y la economía de la inteligencia de Musk y los magnates del Silicon Valley que en 2016 fueron sus adversarios irónicos y en 2024 sus fans sin distancia. Y el tejido comunitario cayó víctima del fentanilo, en una narrativa a la cual el vicepresidente J.D.Vance dedicó su autobiografía en forma de elegía rural blanca -el libro es un long-seller-. Los acuerdos militares con México para combatir el tráfico de opiodes en un Armagedón buscan trocar el llanto elegíaco (en la patria) por el furor épico (en tierra extranjera). 

Un Capitolio en cámara lenta y una Casa Blanca con esteroides

Una consecuencia inesperada de la grieta en el país bipartidista gobierno y oposición contaban siempre con mayorías penosas e ínfimas en la Cámara de Representantes fue estructural. El sistema de tres Poderes de la Constitución norteamericana no significa un reparto equitativo del poder entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El Poder más poderoso es el Legislativo: puede deshacerse del Ejecutivo si su titular es condenado en un juicio político. Es el dueño del presupuesto: decide cuánto dinero puede gastar el Estado y en qué debe gastarlo. Sin embargo, esa superioridad es letra agonizante en un Congreso donde los acuerdos son excepcionales porque el resultado de cada votación se conoce de antemano. El Capitolio no alberga un órgano deliberativo: las cuestiones no se discuten, se someten al voto de senadores y representantes cuando se sabe que hay quórum y votos. A veces se corre un riesgo, cuando se apuesta a que un ligero desequilibrio de las fuerzas puede sumar el voto de diferencia que convierta un proyecto en ley. Como presidenta del Senado, la ex vicepresidenta Kamala Harris desempató con su voto final más votaciones empatadas que ninguno de sus predecesores en la función.

El demócrata Bill Clinton fue sometido a un juicio político por haberle mentido a un Grand Jury sobre sus relaciones con Monica Lewinsky en la Oficina Oval, y no fue condenado por negar las salpicaduras de semen sobre el traje azul de su subordinada -una pasante en la Casa Blanca- porque en el Senado los oficialistas contaban con el voto salvador. Trump fue el único presidente sometido a dos juicios políticos (el primero por un confuso episodio en Ucrania que involucraba a Hunter Biden, el hijo de Joe hoy ya indultado por su padre presidente, el segundo por los hechos del asalto al Senado en enero de 2021): en los dos fue absuelto gracias a la mayoría decisiva republicana en las bancas del Senado. En el caso de Clinton, todos los demócratas votaron a favor y los republicanos en contra; en el de Trump, a la inversa.

En EEUU es muy trabajoso legislar, pero incluso en el país hay que gobernar, con leyes o sin ellas. Los dos partidos se han resignado, o han favorecido, que el presidente dicte las reglas para la administración sobre asuntos o materias donde el disenso es norma entre los dos grandes partidos.

Nixon inició una política que Trump anunció que reanudará. Según ambos, el presidente tiene derecho a subejecutar la asignación de recursos si estos se dirigen a financiar programas sociales o de estímulo que el Ejecutivo juzga erróneos. Nixon lo hizo sistemáticamente; los perjudicados, no menos sistemáticamente, recurrieron a la Justicia; la Justicia, sistemáticamente, les dio la razón: el Presidente debe ejecutar las leyes en los términos en que fueron sancionadas, no sustituirlas por reglas a su arbitrio. ¿Actuará del mismo modo ahora, anulando de inmediato el valor de decretos como el que niega el ius soli, el derecho a la ciudadanía a los nacidos en suelo de EEUU? La cuestión ya está en litigio. La segunda presidencia de Trump augura ser muy litigiosa.

Bill Clinton había establecido como regla de su conducta ejecutiva lo que se llamó con elegancia line ítem veto. Es decir, el veto línea por línea de una ley: los artículos que le gustaban, hacía cumplir, los que no, los suprimía. En su fallo en el caso Clinton v. City of New York, la Corte Suprema condenó a la presidencia por esta tarea legiferante. Lo que no significa que el poder presidencial disminuya.

As You Like It, Mr President

En 1974, el Congreso votó el Impoundment Control Act: una Ley de control de la subejecución presupuestaria por el Ejecutivo. El Congreso no legalizó la subejecución, que es inconstitucional. Pero estableció una serie de reglas y procedimientos sobre cómo debe ser el diálogo entre el Capitolio y la Casa Blanca cuando el Presidente no quiera gastar los fondos asignados a un fin por una ley del Congreso (tanto Nixon como Reagan como Musk creen que la administración más eficiente es la más tacaña). Es un mecanismo de control de daños, una suerte de dispositivo de conciliación para evitar la catarata de demandas ante la Corte Suprema. Es decir, la ley de 1974 prevé que el supuesto más frecuente será que el Presidente gaste a su arbitrio.

Para evitar incluso esos diálogos, esas idas y vueltas, en sectores trumpistas del Congreso empieza a lucir como una solución genial e irreprochable, que le ahorraría disgustos al Presidente, lo que es una claudicación letal para el Legislativo. La idea es que las normas presupuestarias incluyan una cláusula de discrecionalidad, de confianza en el buen juicio de la Majestad presidencial. Gaste así, si le parece bien: como aquellas recetas antiguas de dulces de fruta que indicaban, a propósito de un ingrediente esencial: azúcar, cantidad necesaria.

Así en el Mapocho como en el Potomac

Todavía no ha pasado un mes al frente de un gobierno que ejerce con el oxigenado albedrío que es el don de su victoria electoral en noviembre. Sin embargo, la renta que más paga entre las que ha recibido en herencia es una que jamás menciona: que EE.UU. conoce en 2025 una edad de oro más brillante que cualquiera anterior en el siglo. Cuando en 2016 Trump quebró la complacencia de los votantes más ricos y derrotó a la doctora, senadora, ex primera dama y ex secretaria de Estado Hillary Clinton, la victoria republicana era el resultado de cambios que el candidato opositor no guiaba sino que lo guiaban. Cuando el 20 de enero de 2025 Trump proclamó que ese día, el de su asunción, era la fecha del inicio de una nueva edad dorada, el oro ya lo estaba esperando.

La popularidad del chileno Sebastián Piñera se elevaba al 54% meses antes del estallido de octubre de 2019, del que no previó siquiera la posibilidad y cuyas causas sólo vio cuando la élite política ya había sufrido sus efectos devastadores. La violencia social acaso se habría visto amortiguada sin el enérgico estilo personal de gobernar que el presidente chileno había hecho suyo, creyéndose sostenido por un mandato de una fuerza, una legitimidad y, sobre todo, una sustancialidad que se le antojaban evidentes e incontrovertibles tras la victoria electoral. Veían prolongarse pacíficamente hacia el porvenir la continuidad del apoyo del electorado en su segundo período no consecutivo en la Moneda. Había vencido no ya a la Concertación de democristianos y socialistas que gobernó Chile por más tiempo que Pinochet. Era el vencedor de la Nueva Mayoría que Michelle Bachelet había creado en su segundo mandato, y que por primera vez había incorporado al PC chileno a la coalición gobernante.

La situación del multimillonario chileno llegado de la empresa a la política no deja de ofrecer  analogías con el triunfalismo de Trump en la Casa Blanca, redentor nacional que humilló al “marxismo” de Kamala Harris. A pesar de que Santiago gestionó mejor que Washington la crisis sanitaria de la pandemia (un factor coyuntural que, incidentalmente, también acreció el poder de los Ejecutivos en las democracias), Piñera sufrió en el Congreso de Valparaíso más pedidos de destitución que Trump en el Capitolio. Sobrevivió a los juicios políticos manejados por la izquierda que hoy preside Gabriel Boric, pero no al accidente de un helicóptero que él mismo piloteaba y que se desplomó en los Andes sin dejar sobrevivientes. En las encuestas de intención de voto para las presidenciales chilenas de noviembre, Michelle Bachelet va primera.  

AGB/MC

En 2017, Donald John Trump firmó un solo decreto presidencial en el primer día de Casa Blanca de su primer mandato. En su primer día de Oficina Oval, Joe Biden batió el récord histórico del Ejecutivo nacional y en 2021 firmó dos decenas de decretos que revertían políticas adoptadas por la previa administración de Trump. El presidente antecesor y sucesor del demócrata romperá el récord de número de decretos y elevará el estándar hasta niveles arduos de superar. En su discurso de inauguración de este 20 de enero de 2025 en Washington, el republicano dio por iniciada la Edad de Oro y mencionó decenas de órdenes que sin perder tiempo firmará durante la primera semana de su segundo mandato. Empezó el mismo lunes. En su mayoría buscan deshacer y cancelar el paréntesis de cuatro años del período de Biden.

El sólo anuncio de tantas y tales disposiciones formuladas por el nuevo dueño del poder de la primera potencia económica e hiperpotencia militar del planeta ha animado ya reacciones y dinámicas internacionales sin más patrón común entre ellas que la manifiesta inquietud de los movimientos iniciales.

Del número imprevisible de fronteras y encrucijadas donde nos arrojarán los muchos saltos que a la rotación rutinaria de la tierra imprimirá el flamante porvenir recién estrenado, El mundo es azul como una naranja, Newsletter de Política Internacional de elDiarioAR, buscará detenerse aquí y así.

1. Una presidencia en cinemascope para ver en la pantalla de cada celular

En su primer día de gobierno, Trump no ha traicionado las dos fantasías punitivas favoritas de su campaña: castigar la migración (favorita de su electorado) y gravar las importaciones (favorita del candidato).

En los dos casos, el titular de la hiperkinética administración Trump 2.0 asegura que las opciones metodológicas serán las favoritas tanto de él como de sus votantes. Ante cada opción, se inclinará por el método más violento entre los disponibles. No porque éste también pueda ser el más cruel: porque sin duda resultará la vía más espectacular y massmediática.  

2. Si EEUU deporta, el mundo se cura: la vacunación antimigrante del presidente antivax

Es el tema y problema de los anuncios más groseros y de las cuestiones y logísticas más delicadas. Trump prometió expulsar a 11 millones de migrantes sin papeles (según él, son más). Una expulsión masiva por un método espectacular: la deportación aérea inmediata. Ni quiere ni puede exhibir morigeración ni buscar compromisos porque entiende que es el asunto más sensible para sus votantes más fieles que forman también la base más atenta y susceptible.

Anunció redadas en curso de la policía migratoria planeadas en grandes ciudades santuario para la migración como la demócrata Chicago. Declaró la emergencia nacional en la frontera sur con México y el envío de tropas. Los carteles del narcotráfico fueron clasificados como organizaciones terroristas. Una app que brindaba información del gobierno federal de EEUU a migrantes prospectivos fue dada de baja.

Las razzias migratorias en las ciudades ofrecen una muy alta rentabilidad como espectáculo pero bajo promedio de deportaciones efectivas. Entre los migrantes sin papeles arrestados en el curso de estas operaciones cinegéticas urbanas, aquellos con prontuario penal son los más fáciles de expulsar legalmente del país en un proceso express.

Las redadas ven de antemano reducido su éxito por dos eventualidades que el gobierno debe eludir por su potencialidad devenir peligrosoamente contraproducentes para sus fines y dañosas para su imagen. Los agentes federales deben abstenerse de masificar el arresto y expulsión de migrantes que pese a vivir en la clandestinidad legal, sin embargo, tienen trabajo desde hace años, nunca representaron un problema de seguridad, y pagan los impuestos. Todavía más peligro augura el vistoso espectáculo de la separación de las familias, con la desesperación de hijos e hijas menores captada en vivo en camára y difundida por las cadenas de televisión y las redes.

3. Arancelar: la palabra más hermosa de la lengua del presidente dealmaker

Tariff es la palabra más linda del diccionario inglés monolingüe, ha repetido en campaña Donald Trump. El léxico de los aranceles aduaneros, del gravamen de los bienes extranjeros, de los impuestos federales a los productos importados, reunía las virtudes y las emociones de la belleza, la bondad y la verdad para el candidato presidencial vencedor que al asumir su cargo juró que empezaba la edad de oro de America First! Esta fue una fórmula clásica del aislacionismo en los siglos XIX y XX.

La guerra futura que más apasiona al presidente se libra en la órbita del comercio exterior, donde espera ganar muchas y diferentes batallas. Por sí solo, personalmente, sin intervención del Pentágono y con la sola arma de su superior idoneidad para la negociación especulativa. Se ve como redentor nacional, porque ve en el proteccionismo promiscuo y a ultranza la vía regia y rápida para enjuagar el enorme déficit comercial con China y aun con la Unión Europea (UE).

Si también en el rubro tariffs continúa Trump cumpliendo hasta el fin sus promesas, en 2025 EEUU verá en el exterior un congelamiento general del comercio internacional y en el interior un aumento generalizado de los precios. Las nuevas tarifas, en su diseño anunciado, gravarían promiscuamente entre un 10% y un 20% todos los bienes que ingresan importados en EEUU, un 60% las importaciones de China (+ un 10% adicional porque Pekín no controla la migración clandestina de sus nacionales hacia EEUU ni condena a muerte a los narcos chinos que organizan el tráfico de fentanilo hacia EEEU) y un 25% las importaciones de México y de Canadá, los dos aliados más cercanos y los dos mercados más integrados a EEUU, sancionados por su descontrol de los flujos migratorios ilegales que desde sus fronteras entran en suelo estadounidense. 

4. Ahora es cuando, América: una economía con menos impuestos y más ganancias ¿y más ganadores?

La mayor parte de los multimillonarios en EEUU son o eran muy demócratas. A estos multimillonarios, sean de Big Tech o de la energía, no les importa mucho la baja de impuestos pero les importa muchísimo la desregulación. Y al Partido Demócrata en EEUU (no sin analogías con la UCR en la Argentina), le importa muchísimo regular: el programa de campaña de la candidata oficialista Kamala Harris derrotada por Trump consistía en añadir y extender decenas si no centenares de nuevas regulaciones a las existentes y a áreas aún sólo limitadamente reguladas. En el ambiente empresario que critica las medidas migratorias (que les encarecen la mano de obra) y los aranceles a la importación (que les encarecen la producción) hay sin embargo optimismo compensatorio sobre el efecto expansivo que imprimirán a la economía los recortes impositivos y sobre todo la desregulación masiva de las actividades productivas.

El estímulo fiscal provendría de la confirmación de las masivas reducciones impositivas dispuestas por Trump para beneficiar a la actividad empresarial privada en su primer mandato y mantenidas vigentes durante la entera presidencia de su sucesor Biden. Tienen fecha de vencimiento prevista en 2026, para cuando se espera una ulterior reducción, que bajaría la carga tributaria de las empresas desde el actual 21% hasta un 15% a partir de entonces.  

5. A desregular: la MAGA os hará libres y la Libertad os hará ricos (y a los muy ricos, mucho más) 

En cuanto a la deregulation, la eliminación de las obligaciones ambientales verdes hará más fácil para las empresas producir (y envenenar). Entre los decretos presidenciales del lunes 20 se cuentan los que retiraron a EEUU del Acuerdo climático de París y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un impulso particular beneficiará la extracción de petróleo y de gas. Incluso en el mar, offshore. Incluso en muchas áreas de ecosistemas hasta ahora protegidos, en Parques Naturales. Drill, Baby, Drill!

Una panoplia de medidas que responde a una lógica de plazos medios o cortos. El más largo pero no muy lejano término, estas políticas pueden crear problemas cada vez más graves a la sostenibilidad ambiental y al funcionamiento del sistema financiero frente a una deuda pública -ya muy superior al 100% del PBI (calculada en 150% para 2035)- cuya gestión podría volverse ingobernable.

6. America First, dólares y tasas de interés: el patio de atrás, un poco más atrás por favor

En 2025 los signos de la economía de EEUU son más robustos que los de China y la UE. La fortaleza del mercado interno en conjunción con la estrategia negociadora del programa personal de America First de Trump podría dotar a EEUU de diversas ventajas competitivas El presidente espera un alivio de las erogaciones estadounidenses resultante de la transferencia a los países europeos de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte, alianza militar defensiva occidental), a Japón y a Corea del Sur, de los costos del paraguas defensivo asegurado por el Pentágono a esas naciones aliadas. También espera un aumento de las compras, por parte de ese mismo grupo de potencias europeas y asiáticas, de más gas y de más productos manufacturados en EEUU (en un reordenamiento mundial que presupone una simultánea profundización del alejamiento de Rusia y de China).

Un escenario positivo para EEUU, negativo para la UE, y muy negativo para el Sur del mundo. El fortalecimiento del dólar, apuntalado por las altas tasas de interés mantenidas en la lucha contra la inflación por la Reserva Federal (Fed), pesa sobre las economías del resto del mundo, obligado a gastar mucho más (a pagar mucho mas caro) en sus compras de hidrocarburos y materias primas, cuyos precios están expresados en la moneda de EEUU.

7. Tecnofuturismo, criptomonedas y capitalismo digital

Aparentemente, dada la omnipresencia de Elon Musk al flanco presidencial, el liderazgo de la vanguardia tecnológica ha sido recibido con los brazos abiertos por Trump 2.0. El lunes 20 de su asunción también Mark Zuckerberg y Jeff Bezos figuraban en los primeros puestos entre la asistencia de la ceremonia protegida del mal tiempo y del frío ártico en la rotonda del Capitolio. La élite tech puede dejar en EEUU una marca duradera, resultado de la confianza y promoción oficiales, en tres frentes.

El primero de estos ámbitos ha sido creado y preparado por Trump como escenario de actuación posible para lucimiento de líderes tech empoderados: es el Departamento de la Eficiencia del Gobierno (DOGE su sigla, que en inglés alude a la raza de los perros dogos). Al propio Musk y a Vivek Ramaswamy ha sido encargada una reforma de la máquina de la administración pública que la vuelva más esbelta, menos pesada, aligerando en dos billones de dólares los gastos del Estado federal. Misión imposible, dado que el 80% de las erogaciones tienen como destino áreas intocables: jubilaciones, salud pública, defensa nacional, pago de los intereses de la deuda pública, transferencias a los 50 estados (coparticipación federal). Musk ya ha redimensionado los cartabones según los cuales evaluar la calidad de su performance: “Si de los gastos cortáramos un billón de dólares nomás, ya seríamos revolucionarios”.

Sofrenado con rienda corta durante la prudente administración Biden por temor a los abusos y a los efectos desestabilizadores, el dinero virtual parece destinado a un crecimiento paroxísitico en tiempos de Trump que se ha declarado “primer criptopresidente de la historia”. Ya existe una criptomoneda nueva, que se añade a los miles que existen, y que ha entrado al mercado con el rostro de The Donald.

Queda por sopesar qué gravitación tendrán en la organización del Estado y en el entero sistema económico del país la conquista, por adalides del capitalismo digital (empezando por el joven vicepresidente J.D.Vance) de espacios y cargos clave en el gobierno y en las agencias estatales que regulan sectores esenciales de los sistemas financiero y productivo, desde la SEC (Securities and Exchange Comission) hasta la Federal Trade Commission y la NASA.  

8. Ucrania y Rusia, la guerra y la paz

Como candidato en campaña, Trump podía resolver en 24 horas el conflicto ucraniano. Como presidente electo, ya necesitaba más tiempo. En una conferencia de prensa, el 10 de enero declaró que “Putin quiere un encuentro y los estamos organizando”. En esa misma ocasión informó que acaso hicieran falta “seis meses” para poner fin a la guerra que libran los ejércitos de Moscú y de Kiev.

El gobierno y el pueblo de Ucrania deberían estar convencidos, para llegar a una paz durable, de que este vale el precio de renunciar a la reconquista del 20% del territorio de la República fundada en 1992 ahora bajo dominio ruso como resultado de operaciones militares iniciadas en febrero de 2022 y todavía en curso. Y el presidente ruso, cada vez más leninista en su visión sobre cómo se resuelven los conflictos, debe ser convencido de los méritos de un acuerdo que establezca una especie de “empate” en vez de una victoria. Una paz que fuera un subproducto demasiado chillón de la llegada de Trump a la Casa Blanca no está libre de eventuales riesgos para la sobrevida política del inquilino del Kremlin cuyo mandato concluye en 2031.  

9. Hamas e Israel, la paz y la guerra

Trump reivindicado el crédito de la tregua que en la tercera semana de enero significó un alto el fuego en la guerra que en la Franja de Gaza libran el Estado de Israel y Hamas desde el 7 de octubre de 2023. Es un acuerdo escalonado en sucesivos pasos o estadios. La prolongación en el tiempo del cese del fuego depende del mantenimiento de los compromisos adoptados por las dos partes y de su progresivo y equitativo cumplimiento.

Si el secretario de Estado saliente Antony Blinken ni la administración demócrata del presidente Biden lograron un acuerdo como el firmado bajo la urgente presión de Tump, que quería asumir la presidencia con ese logro a sus espaldas, es porque un acuerdo de las características del firmado lucía como un logro frágil, efímero, y falaz. Todo invita a pensar que durará poco, muy poco: que no llegará a cumplir los requisitos del primer estadio. ¿Por qué? Porque hay una lógica política cuya inercia obra sobre las dos partes firmantes. El acuerdo no le conviene a ni a los líderes de Hamas ni al premier israelí Benjamin Netanyahu.

No le conviene a Hamas, porque liberados todos los rehenes, con su conducción decapitada, sin armas, sin el apoyo material de Hezbollah y de Irán heridos y con mucho problemas propios, con el territorio destruido, con el sistema de túneles inutilizado, perdería él único elemento de presión efectiva que le cuenta. No le conviene a Netanyahu, porque si el acuerdo avanza hasta su fin, ya antes perderá el apoyo de los partidos ultraderechistas y ultrarreligiosos, el gobierno caerá, y él enfrentará juicios por corrupción, que culminarán en una sentencia condenatoria y en la cárcel.  

10. Epílogo provisorio sin conclusión a la vista

Hay hoy en 2025 como ha habido desde al menos 2016 en la actividad política de Donald Trump, una brecha siempre abierta, de un diámetro jamás estable, entre el contundente carácter categórico de las declaraciones tonitruantes, las intenciones reales operantes por detrás del discurso y de las palabras, los decibeles del sonoro volumen del sostén masivo devenido soundtrack de la República, y una ejecución de resultados más bien modestos. En su primera presidencia, Trump llevó a cabo con éxito muchas menos deportaciones de migrantes que el demócrata Barack Obama, después Premio Nobel de la Paz, en su primer y tímido mandato.

La estrategia de negociación de Trump es la misma desde mucho antes de 2016. Se forjó en el inmobiliario neoyorquino de la reaganiana década de 1980, cuando una nueva ley de alquileres se desentendió de proveer sostén al derecho a la vivienda accesible y arrojó a los inquilinos a una (mala) suerte que dura y a los especuladores a su (muy buena) fortuna perdurable también. La estrategia se puede resumir en ser el primero en golpear más fuerte, gritar más alto, y ofrecer cómo tómalo-o-déjalo un conjunto de condiciones humillantes o leoninas. Para después acordar más razonablemente, pero ya desde una posición inicial de superioridad y ventaja que le permitirá ser quien oriente el diálogo y fije sus límites.

En pocas horas vertiginosas desde la jura de Trump se han visto y oído la firma del decreto presidencial que devolvió por 75 días a la red social china Tik-Tok a la vida y a la operatividad de las que había sido privada en EEUU por la Corte Suprema, y la inferencia de que los impuestos aduaneros que se cobrarían a las importaciones de China podrían verse morigerados si el proceso de la venta del 50% de la empresa a un dueño estadounidense concluye con cláusulas satisfactorias. Los aranceles a la importación de productos del extranjero, de elevados montos prohibitivos universales, anunciados tantas veces por el candidato y el presidente electo republicano han sido los más conspicuos ausentes o los protagonistas más discretos más en el primer día en la presidencia efectiva. Un aire de alivio se sintió en Bruselas: la UE había sido omitida, de momento, entre los blancos de las disposiciones o de los anuncios de decisiones sobre comercio exterior.  

Que una relativa miseria en los vulgares resultados ejecutivos acompañe también en este segundo y último mandato de Trump al esplendor verbal del discurso inflamado no es imposible. Trump 2.0 podría ser un Trump tan recargado como se dice que es, pero en las palabras antes que en las cosas. En noviembre y hoy sus votantes y simpatizantes lo juzgaron al candidato y juzgan al presidente como el poítico más idóneo para atender con buen éxito, una vez llegado al poder, una demanda básica. A todos los sectores del electorado trumpista une la esperanza común de que la actual administración impondrá un freno responsable y confiable a la suba de la cuenta que se paga al salir del supermercado, al alza de los precios de los alimentos (y en especial de los alimentos frescos), al valor creciente de alquileres e hipotecas.

Las promesas más terribles y los espectáculos más eficaces para inducir ilusiones satisfactorias contrastarán con la lentitud que los análisis le auguran al actual inquilino de la Casa Blanca para satisfacer aquella demanda, humana y elemental, que le ganó la presidencia y lo sostiene en su popularidad. Por ahora, the good vibes, como dice el Wall Street Journal, cunden. Según un sondeo de CNN y SSRS el 56% de la población de EEUU es optimista. El porcentaje optimista sobre el futuro inaugurado el 20 de enero por Donald Trump sube al 60% en una encuesta paralela de CBS y YouGov. Cuatro años venideros durante los cuales gobernará en segundo y último mandato un presidente nacido en 1946 que al jurar este lunes en el Capitolio cargaba más años de vida vividos (78) que ningún predecesor desde la asunción de George Washington en 1789.

AGB/MC

Bajo temperaturas que se anuncian glaciales, Donald John Trump asumirá la presidencia en Washington el 20 de enero de 2025. Al jurar, ninguno de los presidentes anteriores de EEUU tenía 78 o más años; hasta este próximo lunes, todos ellos habían jurado al aire libre. En la primera jura a puertas cerradas de la historia de la democracia estadounidense, en un día para el que pronostican un frío récord, Trump recibirá los símbolos del Poder Ejecutivo y las claves de activación del arsenal atómico de manos de Joe Biden, un presidente demócrata de que quien aún sus apologistas hacen un balance tibio. El ex presidente y candidato presidencial republicano vencido en las elecciones de 2020 venció el martes 5 de noviembre de 2024 a la vicepresidenta y candidata presidencial oficialista Kamala Harris. Presidente n° 45 y n° 47 de EEUU, Trump es a la vez el predecesor y el sucesor de Joe Biden en la Casa Blanca.

El mandato fuerte de una doble victoria en el Colegio Electoral y en la suma total de votos emitidos liberó a EEUU de disputas y violencias post-electorales entre dos bandos donde cada uno rehusara admitir su derrota al reclamar para sí la legitimidad de una victoria dudosa por lo estrecha cuyo margen de desempate sospecharan dirimido por el fraude. Las campaña electoral había visto una polarización extrema. Trump era denunciado como “fascista” por Harris: hay que reconocer que fue en vano. El “fascista” anunciaba la deportación masiva de migrantes sin papeles para residir en EEUU pero con prontuarios penales y la suba promiscua de impuestos de importación para los productos de China, adversario geopolítico estratégico clave, pero también de México y de Canadá.

Retórica y política de la hipérbole: una figura de mucha figuración

Ni militantes demócratas ni voceros republicanos se excusaba de admitir que denuncias y anuncios eran hipérboles inflamadas de un deplorable pero ya rutinario paroxismo de campaña. Aun defensores y votantes de Trump veían complicaciones logísticas y efectos contraproducentes indeseables en deportaciones y aranceles brutales, inmediatos y en números contundentes. Promesas útiles en campañas ganadoras, de rendimiento decreciente o compensable en el gobierno. Según el Wall Street Journal y el New York Times, la opinión de Trump es otra. Una vez en la Casa Blanca, informan estos diarios de referencia apoyados en fuentes del entorno personal de Trump y del gabinete de la administración republicana, el presidente predecesor y sucesor de Joe Biden va a dar signos from Day 1 de que está cumpliendo, sin dilación ni deshidratación, las promesas bombásticas de campaña.

Empezando por la más espectacular y visual de las promesas, la más cruel en potencia: la deportación masiva de migrantes. Hay más de 11 millones sin papeles en EEUU. Muchos con prontuario penal: en EEUU, para tener uno, las infracciones de tránsito cuentan. De llevarse el plan hasta su fin, sería la deportación de personas más grande de la historia de la humanidad. Dos centenares de agentes federales llegarían el martes 21 a Chicago, construida sobre el lago Michigan que es frontera con Canadá, en el estado de Illinois. Es un desafío empezar por la 'capital del Medio Oeste'. Es una ciudad demócrata -donde el Partido celebró en 2024 su Convención-, una ciudad afroamericana, una ciudad santuario para la migración hispana (y canadiense, una masa de primer orden, enorme y disimulada, entre los 'sin papeles'). Es también, recuerda el historiador Romain Huret, una ciudad donde la colaboración y coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estadual y el gobierno municipal, han sido siempre problemáticas. En México, las autoridades de Tijuana, colindante con California, declararon el estado de emergencia, y el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum alista decenas de miles de nuevos refugios previendo una ola de regresos forzados o preventivos.

Según la idea que Trump dice hacerse de las cosas, deportaciones masivas de migrantes y aranceles promiscuos a las importaciones chinas, mexicanas y canadienses, apenas puestas en marcha, abrirían mejores oportunidades de empleo para todas las personas de residencia legal cuya educación formal se ha detenido, si no ya antes, en la escuela secundaria. En especial, apunta Francis Fukuyama, según la opinión presidencial estas medidas apuntalarán la autoestima de los obreros varones: en una economía post-industrial de servicios, el mérito superior de los empleos que premian la sola fuerza física muscular se esfuma o marginaliza.

A la campaña electoral de Trump impulsaba la esperanza en marcha colocada sobre la idoneidad del republicano MAGA para hacer nuevamente grande a América en las pequeñas cosas básicas de una vida cotidiana que la mayoría ve deteriorarse y degradarse en todos y cada uno de los lujos proletarios que hacían la felicidad, real o proyectada, de una sociedad sin clases. Empezando por la carestía de la vida, la cuenta del supermercado, el aumento firme de los precios de los alimentos frescos, de los alquileres y las hipotecas, la reducción de opciones de vivienda y salud accesibles. En suma, al electorado trumpista alarma el achicamiento del inventario de un American Dream entre cuyos faltantes crónicos brilla ahora por su ausencia el sueño de la casa propia.

Entre carta astral de masas y cálculo hedónico estructural

No es inusual que la expectativa por el pronto cumplimiento de las promesas más vibrantes y urgentes de una campaña electoral triunfante entre en veloz cuarto menguante apenas el escrutinio oficial de los votos anuncie el porcentaje irreversible de la victoria de una candidatura.

Así ha ocurrido en la historia electoral argentina reciente con las fulminantes promesas proclamadas por el ex candidato presidencial y actual presidente aspirante a la reelección para un segundo mandato que el propio Javier Milei no es el único pero sí el primero en considerar que merece como ningún otro gobernante en las regiones del globo sometidas a la democracia, práctica que fuerza a las ciudadanías a acudir a las urnas y cada cuatro, cinco o seis años rectificar o ratificar a sus autoridades. Ni entre quienes votaron por La Libertad Avanza (LLA) en 2023, ni entre quienes en la República Argentina meditan su voto para las elecciones de medio término de 2025, cuenta como reclamo, pivote o pieza de convicción el que hasta la fecha resten incumplidas las promesas de dolarización de la moneda y de explosión del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y el que su cumplimiento, en vez de coruscar cual oasis en la media distancia, se aleja día a día, tanto en las cosas como en las palabras. En un balance al día de la fecha, cumplido ya un año de administración libertaria en la Casa Rosada, el BCRA parece tanto si no más funcional y ‘performante’ que en la larga prehistoria detenida por la magistratura del economista y polemista de talk-show Milei.

Que en la capital argentina el entendimiento entre las calles Balcarce y Resistencia preserve de menoscabos a la autoridad de la autoridad monetaria embota la ingenuidad de todo el asombro, ingenuo pero merecido, ante la preservación de esa autoridad. La Ley de Bancos de 1935 creó al BCRA. (La Federal Reserve de EEUU es apenas 20 años anterior: animada de juvenil idealismo, en 1914 cambiaba por 26 dólares en billete 1 onza de oro a los particulares que los pidieran y brindaba liquidez de corto plazo a bancos comerciales solventes pero en apuros). La redacción final del proyecto de Ley argentino había sido revisada en 1934 por Raúl Prebisch a pedido de Federico Pinedo, ministro de Hacienda del presidente Pedro Agustín Justo. El economista fue el primer gerente general de un instituto al cual el texto de la Ley fijaba cuarenta años de subsistencia hasta una conclusión y liquidación finales en 1975. Hoy lucen superados, hundidos en un pasado irrevocable, los tiempos de desosiego y desautorización atravesados por esta peculiar entidad bancaria desde aquel año donde a la muerte programada se vio sustituida por el Ersatz del Rodrigazo isabelista hasta el acto fallido exitoso de reelección cristinista por procuración en 2023. Y si en claridad efímera del punto presente dirigimos y concentramos en el futuro ese foco que le retiramos ahora a un pretérito amplio y cancelado, oscuro pero transparente, en el horizonte vemos o creemos ver, ofrecidos al BCRA, un porvenir de visibilidad profunda y un escenario de acción despejado, donde todos los actores, profesionales y otros discretos técnicos de la eutanasia y del suicidio asistido hubieran hecho silencioso mutis por el foro.

Lo esencial es visible a los ojos

Las promesas de deportaciones y aranceles eran síntomas extremos del compromiso del candidato ante la emergencia de problemas y sufrimientos de una clase obrera que desde hace rato ya no va al paraíso. Deportar migrantes suprime o alivia, según Donald Trump, dos problemas a la vez, entre los más lesivos para los más pobres. Son problemas que los ricos ni padecen ni siquiera imaginan.

En la doctrina trumpista, la deportación reintegra a los americanos nativos o debidamente naturalizados puestos de trabajo usurpados por los migrantes irregulares, y remedia la inseguridad. Deportar reduce homicidios, robos y violencias: según una ecuación de los males sociales invocada por Trump en campaña, la seguridad es la variable dependiente y la migración la variable independiente. Si hay más migrantes, hay más crimen, sin hay menos, la tasa baja en proporciones anticipables equivalentes a la masa de los delincuentes que se van para siempre. Encarecer los productos importados protege a la industria nacional. La vuelve competitiva, la hace crecer, fomenta la creación de plantas industriales y la repatriación de fábricas -subgénero: con chimenea- de manufacturas. Restaura a la clase obrera en los puestos de trabajo digno que le arrebataron fenómenos acelerados en las décadas de 1990 y 2000: el libre comercio internacional, la globalización financiera y capitalista y la deslocalización de industrias que abarataban costos porque hallaban donde pagar menos a una mano de obra famélica. El razonamiento cierra: es circular.

La herida oculta de la clase proletaria norteamericana, en verdad, es más antigua. Desde la década de 1970 el giro post-industrial de la economía hacia los servicios había lastimado fatalmente al núcleo duro del electorado de Trump de 2016 (base electoral comparable a la de Hillary Clinton en 2008 cuando compitió y perdió contra Barack Obama en las primarias demócratas). El sistema imaginario de compensaciones ofrecido por la Restauración trumpista no esquiva estos males: también estos entuertos buscan desfazer las deportaciones y el proteccionismo. En general, una vez en marcha, dotarían de mejores oportunidades de empleo a todas las personas de residencia legal cuya educación formal se detiene, si no antes, en la escuela secundaria. En especial, apunta Francis Fukuyama, apuntalarían la autoestima de los obreros varones: en una economía post-industrial de servicios, el mérito superior de los empleos que premian la sola fuerza física muscular se esfuma o marginaliza.

No sólo la promesa de ganar cumplió el presidente argentino Javier Milei: también dice haber ganado la de someter a inflación. Aparentemente, según una encuesta del Wall Street Journal, los votantes de Trump pueden vivir sin reclamar la versión Mega de MAGA, que incluye tantas hipérboles interpretadas al pie de la letra. Aparentemente también, no será en 2025 que a Trump le llegue el día de decir que los números de la cuenta que los consumidores pagan al salir en la caja del supermercado se han aquietado, que los precios se han estabilizado sin aumentar cada mes. Las promesas más apocalípticas de la campaña no podrán ser, entre tanto, trasladadas al desván de las místicas perimidas.  

Idas y vueltas de París a la Isla del Diablo

Los candidatos prometen muchas cosas, pero ninguna más importante que ganar. Una vez que ganó, el presidente electo demostró que, en efecto, manifestaba ser esa figura prometedora y promisoria que sus votantes creyeron que sería. Los números válidos dan una prueba irrefutable. Las demás promesas, cumplida esta, cambian de universo, pasan del orbe de la doctrina y el ideario al del cálculo, la gobernabilidad y la policía administrativa de recursos que por definición, y cuando por fortuna existen, son escasos. Tránsito de la mística a la política, pasaje tan decepcionante como ineludible que al fin del siglo XIX había detectado famosamente Charles Péguy a propósito del Affaire Dreyfus. En diciembre se cumplieron 130 años desde las vísperas de la Navidad de 1894, cuando el inocente capitán de artillería Alfred Dreyfus, uno de los pocos oficiales judíos en las FFAA de la ultra laica Tercera República Francesa, fue declarado culpable de venderle a Alemania secretos militares de Francia y condenado a la deportación y prisión perpetuas en la Isla del Diablo, colonia penitenciaria en el mar Caribe. (Raras pero inexactas han sido hasta ahora las menciones de la efemérides en medios hispanófonos).

Un largo siglo XX había empezado con la condena del capitán Dreyfus aquel ignominioso 22 de diciembre de 1894. Su conclusión más que secular llegó el 11 de septiembre de 2001 con el exitoso ataque doble de al-Qaeda en la ciudad de Donald Trump que derrumbó las Torres Gemelas. En árabe, qaeda significa foco: Osama bin Laden, millonario saudí asesinado en Pakistán, era un gran lector del Che Guevara, revolucionario foquista argentino asesinado en Bolivia. Secuestrados en vuelo y piloteados por cuadros de la organización islamista, dos aviones tumbaron las dos torres del World Trade Center. Erigidas en homenaje al Libre Comercio mundial que el ex rey de la especulación inmobiliaria neoyorquina, devenido en este siglo XXI y por segunda vez presidente de EEUU, ha prometido combatir los cuatro próximos años desde Washington con una jihad sin miedo y sin piedad. Hoy el libre comercio es defendido desde China: un país (como Bolivia) donde no faltan estatuas ni homenaje al rosarino Ernesto Guevara de la Serna.  

AGB

A menos de una semana de abandonar el poder, Joe Biden quitará a Cuba de la lista de países promotores y financistas del terrorismo. Es una de las últimas decisiones del presidente saliente, que la administración demócrata comunicó sin dar pormenores al Washington Post y otros medios. Se esperaba que al fin del martes 14 sea informado formalmente el Congreso. Cuatro años antes, en enero de 2021, también en una de sus postreras disposiciones, su entonces antecesor y ahora sucesor Donald Trump había reinstaurado al gobierno cubano como sponsor terrorista. Todo invita a creer que una vez presidente tras jurar el 20 de enero, una de las primeras medidas del segundo mandato del republicano será revocar la orden ejecutiva del demócrata. Efímera sin ser inútil, según el periodismo informado en off: con la mediación de la Iglesia Católica quedaría en libertad un ‘número significativo de personas encarceladas’ durante las protestas de 2021. Unas 550 según una estimación difundida, de entre las 671 consideradas en prisión política por Amnesty International. Un número importante del total, libre antes del lunes 20 de la asunción de Trump.

Una promesa de campaña del ex vicepresidenente, precandidato y candidato presidencial opositor demócrata vencedor en 2020...

Según las mismas altas fuentes citadas, los “equipos de transición de las administraciones saliente y entrante se han mantenido en contacto permanente sobre una serie de temas en desarrollo”, entre ellos, Cuba. Biden cumple in extremis una promesa de su campaña electoral, la de revertir el plexo de medidas de presión agresiva anticubanas que en cuatro años había reinstaurado o instaurado desde 2017 el rival oficialista al que desafiaba y al que derrotó en noviembre de 2020

El presidente demócrata Joe Biden cumple in extremis al fin de su mandato una promesa de su campaña electoral de 2020, la de revertir el plexo de medidas de presión agresiva anticubanas que desde 2017, a lo largo de cuatro años, y hasta los últimos días de su presidencia terminada en enero de 2021, había reinstaurado o instaurado el republicano Donald Trump, su antecesor de entonces en la Casa Blanca, y en 2025 su sucesor.

Poco había hecho, y poco había intentado hacer, el demócrata en su único mandato como presidente que llega en una semana a su fin.

En contraste, Trump se había mostrado notablemente activo en retrotraer la diplomacia al período anterior a la normalización de las relaciones diplomáticas acordada por Barack Obama y Raúl Castro gracias a la quiet diplomacy de la Iglesia Católica y aun a un compromiso personal del papa Francisco. Después de décadas, la administración del presidente Obama (y su vice Biden) habían retirado a La Habana en la lista infamante de Estados que financian y promueven el terrorismo internacional. Poco después de asumir en 2017, Trump firmó un memorándum de seguridad nacional que no sólo enervaba las iniciativas más generosas de Obama sino que endurecía las sanciones elevándolas a un nuevo nivel de rigor.

...cumplida in extremis por el presidente y ex precandidato presidencial del oficialismo vencido en 2025

Durante cuatro puntuales años, y hasta que se vuelva efectiva la decisión casi póstuma informada este martes, las relaciones entre Cuba y EEUU se mantuvieron inmóviles. Con una presión ininterrumpida de Washington sobre La Habana. Una encrucijada donde a la vigencia del embargo de 1962 y las sanciones derivadas de memorándum de 2017 se habían añadido el ulterior agravamiento de los términos del intercambio infligido y dejado en herencia por la reintegración de La Habana en la lista terrorista ordenada a mediados de enero de 2021. La vuelta de tuerca en la presión anticubana la disponía un jefe de Gobierno derrotado en las presidenciales del primer martes de noviembre que habían frustrado su reelección, a una semana de abandonar la Casa Blanca. En una capital nacional que el 6 de enero había presenciado la irrupción de una turbamulta armada y violenta, exitosa en asaltar el Capitolio e interrumpir a las Cámaras del Congreso cuando reunidas en Asamblea se disponían a proclamar ganador y perdedor oficiales.

Para más de la mitad del mundo, importaba poco qué riesgos habían estremecido a la democracia de EEUU ese miércoles 6 de enero de 2021. La amenazadora infracción de ordenamiento constitucional, el desequilibrio de los poderes del Estado, los sobresaltos en la transición y el traspaso del poder de una administración a la siguiente, la inobservancia de lo decidido en elecciones convocadas cada cuatro años con bicentenaria regularidad desde fines del siglo XVIII: todo esto estaba fuera de su radar. Miraban otra cosa, y este espectáculo en vivo seguían con aguda atención: el colapso del orden público en el corazón del poder de la Republica modelo, primera potencia económcia del mundo e hiperpotencencia militar planetaria.

La noticia era sencillamente que tales hechos habían ocurrido. Ahí, en Washington, capital de EEUU, dos semanas antes de que Trump concluyera su entonces primer y único mandato. Según el grado de disimulo de adversarios y aliados resultaba más o menos audible la sorna entre las líneas de condena, solidaridad y llamado al orden y al respeto por la autoridad bien constituida. A los gobiernos chino o ruso, iraní o turco, y aun venezolano o cubano, les era difícil evitar algún ademán de alarde: violencias así habrían sido frenadas, de ocurrir, en sus países: ‘cosas así’ no pasan en Pekín o Moscú, Teherán o Ankara, ni siquiera en Caracas o La Habana.

El Ejecutivo de Washington, un poder que sanciona como respira (y a veces asfixia)

El 6 de enero de 2021 la policía de Washington desfalleció o se replegó siguiendo un guion, y el Congreso lució débil frente a los improvisados invasores de looks a veces desconcertantes por sus aires a cómics pop. Sin embargo y sin demoras, aquellas naciones complacidas por la probada eficacia de sus propias fuerzas de seguridad interior, ratificaron incólume el poder de policía internacional de Washington. La idoneidad de EEUU para la herida o el bálsamo, provocada o atenuada la una con la misma velocidad, gravedad, determinación e imperio con que concede o gradúa el otro.

Los ingresos por el turismo habían caído y su mengua deteriorado a la economía y al estado cubanos desde el memorándum de seguridad nacional firmado en 2017 por Donald Trump que restauraba y reformulaba sanciones abolidas por Obama. Después del asalto al Capitolio, en la última semana de su gobierno, perdida su reelección en no indiferente medida por la alta mortalidad y la aun baja vacunación del covid, el presidente republicano saliente reinscribió en la segunda semana de enero de 2021 al gobierno de La Habana en la lista oficial que Washington mantiene de los países patrocinantes del terrorismo internacional. Entre las consecuencias inmediatas de esta decisión postrera de Trump, castigaba a Cuba la prohibición a los ciudadanos de EEUU de alojarse en la hotelería de la isla, de invertir directamente en negocios en ella o de financiar emprendimientos.

La isla que había enfrentado con recursos menguados el covid, veía recortarse gráficamente la magnitud de los ingresos con los que podría organizar la reconstrucción post pandemia. Las protestas contra un gobierno sin recursos nuevos, que veía reducidas dráticamente las fuentes trdicionales de procurárselos y que administraba con torpeza, incuria y elitismo aquellos que le restaban, inundaron los calles de las ciudades cubanas a mediados de 2021. De entre la masa de personas detenidas entonces y aun retenidas en instalaciones del Estado es que el Gobierno iniciará el proceso progresivo de liberaciones con el cual en la segunda semana de enero de 2025 La Habana celebra la recuperación de un statuts jurídico en la relación bilateral con Washington del que fue privado por la Casa Blanca en la segunda semana de enero de 2021.

Los milagros no se recuperan (casi nunca)

Hay sanciones que se levantan y dulcifican y otras que se crean, recrean, difunden o endurecen. Después de la jura de Nicolás Maduro Moros para un tercer mandato presindencial consecutivo en una capital bolivariana blindada, el mismo viernes 10 de enero, la administración demócrata anunció nuevas sanciones. La del presidente cubano Miguel Diaz-Canel fue excepcional presencia de un jefe de Gobierno americano venido a Caracas para la ceremonia. Dos mil funcionarios de la administración oficialista del palacio de Mirafllores sufrirán estas sanciones ampliadas: la Casa Blanca dice luchar así en defensa de los candidatos opositores desfavorecidos en Venezuela por la irregularidad fraudulenta de las elecciones del 28 de julio.

Ese mismo viernes, sin delegarlo en vocerías -en honor a la potencia afectada-, Joe Biden detalló y ponderó en persona la eficacia esta vez sí decisiva de una nueva y más ajustada batería de sanciones financieras y bancarias contra más y más funcionarios clave de la administración de Vladimir Putin. Proclamado como Maduro vencedor y reelecto en 2024, el mandato presidencial ruso dura también un sexenio hasta 2031. Antes de partir de Washington y de traspasar a Trump insignias del Ejecutivo y valija de claves de activación de las armas nucleares listas para la acción defensiva, el presidente Biden, que vio frustrada su reelección aún antes de que su partido perdieralas elecciones de 2024, giró una vuelta de tuerca más a la presión que sobre el Kremlin y en favor de Kiev ha aumentado sin pausa la administración demócrata a lo largo de los pronto tres años de la guerra que se libra sin tregua desde febrero de 2022 en el suelo de una Ucrania donde el conflicto bélico ha obligado a posponer sine die la votación y renovación democráticas de autoridades.

“Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro” asegura un náufrago venezolano en el famoso y pomposo comienzo de La invención de Morel (1940), primera novela fantástica exitosa del terrateniente argentino Adolfo Bioy Casares. A días de abandonar la Oficina Oval, derrotado su partido en las presidenciales de noviembre, el presidente demócrata adopta para Cuba una política simétrica y antagónica a la de su antecesor republicano en el mismo trance.

Dos cubano-estadounidenses nacidos en Miami, Marco Rubio en 1971 y Mauricio Claver-Carone en 1975, son el personal designado por Trump como futuros, próximos secretario de Estado y enviado especial para América Latina. Hasta ahora, los dos han defendido rutinariamente la virtud de las sanciones económicas, comerciales, financieras, migratorias y de transporte y comunicación como instrumento eficaz de presión política sobre Cuba. Aunque en el horizonte que asoma para estos cuatro años republicanos MAGA (Make America Great Again) tampoco gusten de una China Popular muy navegadora en aguas calientes del mar Caribe.

A las últimas voluntades de Biden no parece destinada esa perdurabilidad que, sin sobreactuación o énfasis extra, signa hasta los giros más temperamentales o fugaces de Trump. El presidente 45° y 47° fue el único en siglo y medio de historia de EEUU que regresó al Ejecutivo en un período no consecutivo a su primer mandato. El récord sesquicentenario brilló con un esplendor aún mayor gracias a la magnitud y calidad del triunfo electoral obtenido el 5 de noviembre: el candidato creció en número de votos populares y electorales, creció en los 50 estados, y en todos y cada uno diversificó su electorado.

“Las decisiones de Biden no son vinculantes para Trump”, subrayó Rubio en el Senado el miércoles 15 durante la audiencia de confirmación que lo ratificará como jefe de la diplomacia republicana. Para el hijo de exiliados cubanos es tan evidente que La Habana patrocina terroristas que para probarlo basta mencionar que el gobierno comunista habla con las FARC, con Teherán, con Hamas -pronto iba a reivindicar cuánto habló con esta organización palestina en esos días el equipo de Trump negociando la tregua con Israel-. '¿Puede comprometerse a declarar en las primeras horas de gobierno que son terrorristas esos comunistas bastardos?', le pidió el senador Ted Cruz. 'Yo soy ministro, el presidente es Trump', respondió el representante de la Calle 8 de Miami en la avenida Pennsylvania de Washington DC.

AGB

Tal como a priori luce natural, el pluralismo democrático de opinión es mayor entre los gobiernos que rehusan legitimidad a la tercera victoria electoral del presidente venezolano Nicolás Maduro que entre aquellos cegados a ilegitimidad ninguna. Diez naciones a la vez denuncian la ilegitimidad de Maduro y reconocen como presidente legítimo de la República Bolivariana al opositor Edmundo González. Otras más no reconocen ni vencedores ni vencidos porque consideran cuesionables y no dirimentes las elecciones del 28 de julio. Como no parece menos natural, los gobiernos que reconocen a Maduro presidente legítimo de Venezuelan avalan la pureza de las elecciones que le diero una victoria que no discuten.

Las formas del NO

A la fecha de la ceremonia del viernes 10 que oficialmente colocaba en sus manos la guía de poder Ejecutivo de Venezuela hasta 2031, diez países proclamaban ilegítimo al oficialista Nicolás Maduro para asumir por tercera vez el cargo presidencial que juró en Caracas y declaraban único presidente legítimo al opositor Edmundo González exiliado desde septiembre en España. Los gobiernos de la Argentina, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, y tanto el presidente saliente como el presidente electo de EEUU, desconocen que la oposición haya sido vencida en las presidenciales del 28 de julio y la reconocen evidente vencedora de unas elecciones que juzgan irreparablemente viciadas por el fraude.

En una posición más cautelosa, otros gobiernos no dan por demostradas ni la victoria de Maduro ni la de González, pero exigen mayor transparencia en la divulgación de los resultados del recuento de los votos. A pesar de su visible moderación, en la práctica esta orientación donde se alinean Alemania, Australia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Noruega, Portugal, , República Dominicana, Surinam, Ucrania y el Vaticano no opera en una dirección favorable a Maduro. 

La lista del SÍ

Unas dos decenas de gobiernos ya habían hecho pública su convicción legitimista al saludar a Maduro por su reelección tan pronto como la Comisión Nacional Electoral venezolana informó que el presidente candidato, con los votos escrutados, era el ganador sin retorno del 28 de julio. Desde Damasco habían gritado uno de los primeros hurras por la segunda reelección del oficialista bolivariano. Pero ese gobierno sirio no puso sumar su voz al coro de las felicitaciones por la asunción. Después de un cuarto de siglo, el oficialista Bashar al Assad había sido derrocado y sólo podía postear su reconocimiento desde Moscú, donde estaba exiliado. Maduro había denunciado la conjura antidemocrática que había derribado a su antiguo aliado y casi amigo personal.

Entre las naciones americanas que reconocen a Maduro sin vacilar, el país más grande y el único sudamericano es el Estado Plurinacional de Bolivia. El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) perpetúa la lealtad a la República Bolivariana en homenaje a Hugo Chávez, que supo apoyar a Evo Morales en encrucijadas clave; lo hace en un consorcio de circunstancias por entero cambiado, en cada uno de sus rasgos, al de dos décadas atrás. Obra por detrás un desafío ideológico, en este 2025 electoral en Bolivia. El ex presidente Evo Morales y su ex ministro de Economía y actual presidente Lucho Arce aspiran respectivamente a ganar su cuarta y su segunda reelección. Y uno y otro buscan presentarse como candidatos de una izquierda sin retaceos: cualquier reparo anti-venezolano de Lucho sería capitalizado de inmediato electoralmente entre las bases masistas por Evo.

De las dos naciones centroamericanas que reconocen a Maduro, el reconocimiento de una es antiguo y el de la otra nuevo, y sin embargo una y otra han recibido un mismo y común estímulo muy reciente. Además de los vínculos perpetuos del ex sandinista y presidente nicaragüense cinco veces reelecto Daniel Ortega con el chavismo, las actuales administraciones de estos dos países han roto sus lazos diplomáticos con Taiwan para reconocer como único gobierno chino a la República Popular.

En la América insular y el Caribe, el país de mayor superficie que reconoce a Maduro es Cuba. De hecho, los únicos jefes de Estado presentes en la jura, realizada en un salón de menores proporciones de la Asamblea Nacional, en una Caracas blindada por el despliegue preventivo de tropas armadas en las callas, y cerrada por el día la frontera con Colombia, fueron el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el nicaragüense Ortega. A Cuba se suman en su posición estados insulares de exigua superficie, ex colonias británicas con población multiétnica, anglófona y ex esclava: Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas. Con Cuba, comparten un agradecimiento fósil a la Venezuela chavista: el suministro subsidiado de petróleo, que las protegía de crisis energéticas como las que actualmente acosa al gobierno de La Habana, sin medios para asegurar luz a la isla que vivió un semestre de apagones. Sin embargo, esta crisis y esa oscuridad ha dejado de singularizar, en esos mismos meses, al país del partido único y comunista. Puerto Rico, estado libre asociado de EEUU, ha conocido la recurrencia de los apagones totales en la isla. Y otro tanto ha ocurrido en uno de los países más aguerridos en su desconocimiento de Maduro, Ecuador. El joven presidente liberal Daniel Noboa, que busca un segundo mandato el 9 de febrero, ha militarizado el país como Maduro en su cruzada contra el crimen (que ha resultado en la desaparición forzada seguida de muerte de cuatro niños estas Navidades por efectivos de la Aeronáutica) y ha sufrido apagones como Díaz-Canel, siendo Ecuador país rico en hidrocarburos y dotado de infraestructura hidroeléctrica.

La lista de los países extra-continentales que reconocen a Maduro está encabezada por las mayores potencias militares y económicas del llamado Sur Global: China, Rusia, Irán, Turquía –la gran vencedora en el conflicto medioriental que hizo caer al gobierno alawita en Siria–, Qatar. Siguen países aliados de los anteriores. Dos europeos, Bielorrusia y Serbia –abanderada del paneslavismo, descontenta con las perióodicas postergaciones de la UE a sus solicitudes de adhesión, y novísima gran aliada balcánica de China–. Otro caucásico, Azerbaiyán. Otro asiático, Paquistán. Dos africanos, al este y al oeste del continente, sobre el Océano Atlántico y sobre el Índico, Guinea Bissau y Madagascar.

Sancionados del mundo uníos

Todas las potencias que integran la cohorte de sostén tienen en Venezuela intereses solidarios entre sí y una comunidad de destino en buena medida moldeada por compartir la hostilidad de EEUU. Les interesa el petróleo y el gas venezolanos: Rusia es el primer productor mundial de hidrocarburos y China el primer consumidor. Les interesa geopolíticamente hacer pie en el continente del presidente demócrata Biden que los castiga con más sanciones económicas y del futuro presidente republicano Trump que anuncia más y más terribles sanciones comerciales y una guerra de aranceles y derechos de aduanas.

El viernes 10 de enero la administración saliente en Washington respondió a la salidaque había aumentado en 10 millones la recompensa que la administración anterior había fijado en 15 por la captura de Maduro, acusado de delitos vinculados al narco, y que había aumentado a 2 mil el número de funcionarios venezolanos sancionados económicamente y privados de visa, el propio presidente Biden anunció también nuevas y más severas sanciones contra funcionarios rusos, que esperaba que esta vez sí resultaran fatalmente lesivas para ellos al punto de ser determinantes en el curso de la guerra que desde febrero de 2022 se libra en suelo ucraniano sin pausa ni tregua, ni mengua en las bajas que ya superan el millón de muertes. Ineficaces para la disuasión perseguida, las sanciones persuaden a los países sancionados de la conveniencia de asociarse o aproximarse.

La impotencia del juego de acrecentar o relajar las sanciones para afectar la realidad de manera satisfactoria para el sancionador revela la limitación de las políticas disponibles para Washington. En 2023, en el contexto post pandemia y de guerra en Ucrania, pero también de una estruendosa apertura al mercado difundida como su decisión actual sin retorno por el gobierno de Caracas, las sanciones de la era Trump se suspendieron o suavizaron, y empresas como Chevron acordaron (en encuentros casi cara a cara) con Maduro cómo explorar y explotar los hidrocarburos. Las compañías de EEUU decían sentirse a sus anchas en una República con un Estado que se mostraba tan poco inquisitorial y controlador en los rubros de militancia ecológica y defensa del medio ambiente. Después de las elecciones del 28 de julio y del dudoso triunfo del oficialismo bolivariano, la administración demócrata restauró en su vigor las sanciones trumpistas. Pero ya no tocó las licencias petroleras. ¿Las cancelará Trump?

De la Democracia como raíz cuadrada del Orden público

Todas las potencias y países que reconocen a Maduro coinciden con Trump en su respeto por la estabilidad y la paz interior. De su capacidad para generarlas y conservarlas, sin importar en definitiva el precio alto de métodos eficaces, derivan la legitimidad de gobiernos y gobernantes. Sea la deportación masiva de migrantes sin papeles hasta la compra extorsiva a Dinamarca de Groenlandia -la isla más grande del mundo-, o la reocupación unilateral de la Zona del Canal en Panamá, todos los grandes espectáculos en cinemascope y los violentos despliegues de super-acción de la voluntad de dominio de un fantasioso presidencialismo dictatorial son legítimos para Trump porque todos restauran, defienden, fortalecen, afianzan un orden nacional e internacional. El arte del buen gobierno consiste en restablecer a EEUU en un equilibrio y bienestar hostigados, amenazados, y en peligro. A grandes males, grandes remedios.

Al jurar el viernes 10 de enero en Caracas, Nicolás Maduro prometió que su tercer sexenio será recordado como un período donde gobierne “la paz”. Donald Trump jurará el lunes 20 de enero en Washington, pero ya había anunciado que al fin de los cuatro años de su mandato reinará la paz. Al punto de que ya no serían necesarias nuevas elecciones presidenciales. Porque el fin de la renovación de autoridades es procurar esos residuos de orden y estabilidad que el gobierno saliente dejó como cabos sueltos, y él no los dejará: Trump exagera, y sabe que se jacta.

Un experimento mental del presidente electo Donald John Trump

Entre las hipérboles retóricas tan sobreabundantes en la campaña electoral de Trump, una, muy recordada, involucraba a Venezuela. En octubre, aseguró que él se sentiría más seguro y tranquilo yendo a cenar en suelo venezolano que en estadounidense. La tasa anual de homicidios en Venezuela es tres veces mayor que la de EEUU, le respondieron de inmediato desde la campaña demócrata. Es difícil pensar que Trump lo ignorara, y más difícil todavía que estuviera convencido de la superior seguridad del país de Maduro. Tampoco desconocen Trump, ni los demócratas, que la tasa de homicidios de EEUU es diez veces más alta que en Alemania o en España.

Lo que en la comparación de Trump empezó por ser implícito, y después el candidato republicano explicitó, es que prefería cenar en un país donde la tasa de homicidio bajaba (como es el caso de Venezuela) que en uno donde subía (como es el caso de EEUU). Por más que bajando una y subiendo la otra, falten años para que se hallen en un mismo nivel, conservándose inalterados los actuales ritmos de crecimiento y decrecimiento. Pero es esperanzador que decrezca el crimen, y desesperante que aumente. Y más aún, como añadía y añade Trump, cuando el gobierno hace fraude en colusión con el FBI y comunica números falsos sobre los homicidios en las grandes ciudades (y en efecto algunos cambios en los métodos estadísticos y las normas clasificatorias, adoptados en la presidencia de Biden, sin que sean mentiras, escamotean y maquillan para bien los porcentajes securitarios posteriores).

Sólo en este experimento mental prefiere Trump cenar en el país de Maduro y no en el de Biden. Que, sin embargo, no es poco de lo que dice sobre el gobernante que espera saludar con un ‘La casa está en orden’ cuando abandone para siempre la Casa Blanca el 20 de enero de 2029.

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Nada de la pompa y circunstancia de una jura presidencial faltó a Nicolás Maduro el viernes 10 de enero en Caracas. Un rito ceremonioso y digno del rango de las instituciones y personas involucradas que la República Bolivariana celebra una vez sola vez cada seis años. Maduro juró en tiempo y forma y por tercera vez en su biografía política como titular del poder Ejecutivo venezolano. Sólo en México y Venezuela gobierna durante seis años un presidente. Para proteger a la democracia, la ley mexicana le veda la reelección posterior, mientras que la ley venezolana no frustra el derecho ciudadano a la postulación indefinida de su candidatura presidencial.

La longitud excepcional de los mandatos y la eventualidad de la reelección para un mandato consecutivo del candidato oficialista dotan de una significación más única que rara a elecciones y asunciones. Estas cualidades constitucionales contribuyeron a enfatizar el rasgo definitorio del acontecimiento de ayer: la ilegitimidad extrema e irreparable atribuida a lo actuado que, derivada de la ilegalidad de las elecciones del 28 de julio atribuyen a lo actuado una mayoría audible de líderes americanos occidentales. Empezando por EEEU, a cuyas decisiones y políticas futuras esos liderazgos atenderán en primer término una vez consumada la  jura presidencial más relevante del cuarto de siglo, la del republicano Donald Trump en Washington el 20 de enero.

El nadir de una legitimidad nunca indiscutida

Nunca había sido tan generalizado, presente y audible el desconocimiento de la legitimidad del gobierno venezolano. Quienes desconocen el resultado de las presidenciales del 28 de julio sólo varían en el grado de su rechazo. El repudio más extremo, denunciar un fraude electoral abierto y contundente de la Justicia electoral (condonado después por una Corte Suprema acorde) en el recuento de los votos y los números oficiales que dieron la victoria de más del 50% al presidente y candidato presidencial Maduro y reconocer como presidente electo al opositor hoy exiliado, el opositor Edmundo González Urrutia, septuagenario diplomático que pronunció desde el exterior su propio discurso de asunción el mismo viernes. Más moderado, pero dentro de la denegación de legitimidad, el reclamo de auditar actas electorales que la Justicia Electoral venezolana incumplió en publicar, según ordena la propia legislación nacional. Según el recuento de fiscales opositores, la victoria de González habría sido de más de un 65% de los votos válidos según el testimonio de las actas de un 80% de las mesas.

La lista de líderes internacionales que deniegan legitimidad a Maduro concilia al presidente demócrata Joe Biden con su antecesor, rival y sucesor Donald Trump, a los presidentes ‘comunistas’ chileno y colombiano Gabriel Boric y Gustavo Petro con el argentino libertario Javier Milei que es quien llama así a estos pares sudamericanos y el blanco uruguayo Luis Lacalle Pou. Cruzado su pecho por la banda con los colores de la bandera nacional, Maduro, de 62 años, antiguo colectivero y gremialista del transporte, juró “por la historia” y “por su vida” que su tercer sexenio brillará en los rubros “paz”, “prosperidad”, “igualdad” y “nueva democracia”. El protocolo y el ceremonial siguieron los ritos establecidos o aconsejados por la prolija Constitución chavista de 1999, la más larga del mundo.

Entre prójimos muy litigiosos y amigos venidos de muy lejos

El presidente Vladimir Putin había designado a Vyacheslav Volodin, jefe de bancada de la Duma, el Parlamento ruso, como su representante. China, Irán y Turquía también habían seleccionado sus enviados especiales. Salvo las previsibles asistencias de Cuba o Nicaragua y la imprevisible o fantasmática de El Salvador, los presidentes americanos brillaron por su ausencia. De México y Brasil, cuyas diplomacias eligieron el camino más moderado en su reacción a las elecciones venezolanas, sólo había representantes diplomáticos presenciando la ceremonia. Boric, que después de las elecciones había degradado el estatus de las relaciones de Santiago con Caracas, esta semana llamó “dictador” a Maduro.

El jueves 9 anterior a la asunción, Donald Trump se refirió a María Corina Machado y a los líderes clave de la oposición con la fórmula clásica de apoyo a la militancia contra freedom fighters que posteó en sus redes sociales. Le advirtió a Maduro que no toleraría abusos contra ellos. Tambíén se refirió al candidato opositor Edmundo González –en España desde septiembre– como su par y auténtico presidente electo bolivariano. Inmediatamente después de la jura, la administración saliente demócrata en la Casa Blanca acrecentó el precio de la recompensa por la captura de Maduro. Subió en 10 millones el precio de los 15 millones de dólares fijados por Trump hasta 25 millones. Joe Biden anunció también nuevas y más severa sanciones financieras, bancarias y económicas y restricciones de visas para funcionarios del gobierno venezolano. También Canadá, la Unión Europea y Gran Bretaña expandieron el viernes en número y alcance sanciones en la forma de las ya vigentes contra la administración venezolana.

Lo ideal, débil enemigo ante las tentaciones de lo posible

En 2023 la administración de Biden aligeró la carga de las sanciones impuestas por su predecesor Trump. Dejó de dar el trato de autoproclamado presidente venezolano a Juan Guaidó, líder de la oposición en la Asamblea nacional, como único mandatario legítimo de la República Boliviariana. La voluntad de acercarse al mayor país americano de la OPEP y mayor depósito subterráneo de gas del mundo, impulsaban esta política, en el contexto de la guerra en Ucrania, y en nombre de una cruzada en pro de la mayor pureza del sufragio posible en las elecciones presidenciales de 2024. Cuando después del 28 de julio, Washington devolvió su vigencia a las sanciones interrumpidas, no afectó sin embargo los tratos que habían concluido en licencias para Chevron y para otra compañías petroleras que aun hoy tienen autorización de Caracas para operar en el suelo, subsuelo y mar venezolanos.

Las nuevas sanciones anunciadas el viernes por Biden revelan cuán limitadas son las opciones disponibles para EEUU. El mismo viernes, el equipo de Trump no respondió preguntas sobre cuál será su línea con Maduro. Las opiniones de los analistas están muy divididas. Más bien, resultan antagónicas. Para unos, regresará a la línea más dura, la que propone en su gabinete Marco Rubio, presunto secretario de Estado futuro y senador republicano por Florida. Para otros, se impondrá en un presidente empresario y mulitimillonario que no desdeña alardear de su excelencia en este arte, la veta negociadora. Trump tomará a Maduro como un fenómeno de la realidad y en lugar de buscar su cancelación buscará sacar ventajas para reducir la migración y el narcotráfico y expandir la expansión de las licencias petroleras para empresas de EEUU.

El ideal democrático pesa menos para Trump –como ha sido el caso con Biden– que las bendiciones que le ven a un gobierno estable. De todos los presidentes republicanos de la historia de EEUU, el n° 45 y 47 es el menos predispuesto de todos a ver en el uso de la intervención de las FFAA de su país una solución para los conflictos. La apertura capitalista de Maduro, que el levantamiento de sanciones de 2023 apoyó –y cuando EEUU levanta sanciones, Europa y Canadá lo consideran también-, fue un instrumento eficaz para revertir la pobreza. Con menos pobreza, el estímulo que llevó en 12 años a 8 millones de personas a migrar sería menos acuciante 

Desde el 8 de diciembre ¿Dónde están los niños? fue la permanente y angustiosa pregunta que formulaba Ecuador. En la Costa pacífica y en la Sierra andina, en la Amazonía y en las islas Galápagos, voces de la sociedad civil clamaban por Josué, Ismael, Saúl y Steven. El último día que los vieron con vida, ‘Los cuatro niños de Guayaquil’ habían terminado de  jugar al fútbol, como tantas otras veces más felices, en la canchita de Las Malvinas, población al sur de la ciudad puerto, capital económica y financiera del país sudamericano. Las calles de esa barriada popular, como cada calle en cada centro urbano de Ecuador, están militarizadas.

Un decreto del 9 de enero de 2024 del Poder Ejecutivo ecuatoriano declaró la “existencia de conflicto armado” vigente en toda la nación. Según el calendario electoral, 2025 es año electoral en Ecuador. Una investigación judicial en curso declaró manufactura militar los cuatro cadáveres infantiles hallados el 24 de diciembre. Hijo del hombre más rico del país —y barón de Guayaquil—, el joven presidente liberal Daniel Noboa lanzó oficialmente su campaña electoral personal.

El primer día de un mes buscando los votos que necesita para ganar un segundo mandato en las elecciones del 9 de febrero. Organizaciones de DDHH, intelectuales y activistas civiles concurren en señalar que una de las causas más eficientes en la génesis de los luctuosos hechos consumados en cuadruplicado es la militarización de la seguridad de la ciudadanía rural y urbana. Esa decisión que un puntual año atrás firmó el titular del Ejecutivo que ahora tiene un mes para convencer al electorado que decidirá su futuro de que los cuerpos calcinados encontrados en víspera de Navidad fueron una tragedia ajena a la voluntad, responsabilidad y control del jefe de Estado y comandante en jefe de las FFAA.

El decreto de “guerra interna” de Noboa supuso legitimar la militarización de la seguridad pública. Pero también habría habido cierta legitimación social de estas prácticas. Parte de la sociedad aceptó de algún modo una estrategia de guerra, bukelizada. Un punitivismo, de mano dura con una lógica de criminalización de la pobreza y de perfilamiento racial, que llegó a asociar el color de piel (aquel de tinte más oscuro) con la peligrosidad y la criminalidad.

Los cuatro niños nunca regresaron ni regresarán nunca jamás. Habían sido detenidos por militares que los torturaron, asesinaron. Sus cuerpos, calcinados, aparecieron el 24 de diciembre flotando en el río.

Desaparición forzada de personas y terror del Estado en el país que dolarizó

La Fiscalía confirmó el 31 de diciembre que los cuatro niños están muertos. Pidió prisión preventiva para 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), acusados de desaparición forzada, delito cuya sanción máxima son 26 años de prisión en el Código Penal del país. “Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada”, señaló el ente acusador a través de su cuenta en la red social X.

El anuncio llegó en momentos en que decenas de ciudadanos se manifestaban en las afueras del Complejo Judicial Guayaquil Sur para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido. “Escucha, escucha, escucha lo que pasa; los niños de Las Malvinas ya no están en su casa”, gritaban  los manifestantes.

Grupos de DDHH reaccionaron de inmediato luego que la Fiscalía confirmara el hecho. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador aseguró que este caso se “inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. “Señalamos la responsabilidad de todo el Estado ecuatoriano en la desaparición forzada y el asesinato de los niños”, agregó la Alianza, que también responsabilizó a ciertos medios de comunicación por difundir mensajes que pretendían estigmatizar a los menores y a sus familias. Los mensajes de conmoción, solidaridad e indignación no dejaban de circular, en mayor número, desde un mayor número de cuentas, y con más intensidad, por las redes.

Los cuatro niños de Guayaquil

Ismael Arroyo, de 15 años, quería  ser jugador profesional de fútbol. Era el goleador de su equipo que en 2024 obtuvo cuatro medallas. Josué, de 14 años, hermano menor de Ismael, era más dedicado a sus estudios que al deporte. Su madre mostraba con orgullo a los medios los impecables cuadernos del adolescente muerto. Es un lugar común evocarlo: cuando muere una madre muere su hija queda huérfana pero cuando los hijos mueren no hay palabras.

A pocas cuadras de la familia Arroyo vive la familia Arboleda. Aficionado a la música, Saúl Arboleda, asesinado a sus 15 años, era cantante. Participó en un video musical que hace oír la madre. Johana Arboleda cuenta que su hijo “canta en todas partes, solo vive cantando”. 

A sus 11 años, Steven Medina formaba parte de la Fundación Nueva Vida de la Arquidiócesis de Guayaquil, donde tocaba instrumentos musicales, bailaba y cantaba. Según su tutora Elizabeth Rosero, Steven tenía una conexión muy cercana con Dios: en los almuerzos, él siempre quería dirigir la oración.

Los militares los aprehendieron cuando los cuatro iban caminando cerca de un centro comercial. Después de que la justicia Civil caratulara el caso que investigaba como “desaparición forzada”, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, cuatro cuerpos calcinados fueron encontrados en una zona de manglares de las afueras de Guayaquil. En la localidad de Taura: cercana a una base militar de la Aeronáutica ecuatoriana. 

“En este caso no se aplicaron los procedimientos correspondientes y se configuró una grave violación de Derechos Humanos”, declaró Fernando Bastías, abogado del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Este organismo acompañó a las familias, que interpusieron el recurso de habeas corpus para que se reconozca la presunta responsabilidad del Estado en lugar de continuar la investigación bajo la figura del secuestro. “Jurídicamente aquí hay una desaparición forzada”, asegura.  “Porque hay una detención ilegal y hay una incomunicación de cuatro niños por parte de agentes del Estado”, explica el letrado defensor.

“No fue un exceso aislado, presidente Noboa: es una práctica sistemática”

Este crimen no es el único que la Fiscalía investiga sobre presunta desaparición forzada, al igual que por otros delitos de abuso de fuerza pública. El CDH ha señalado que responde “a una práctica habitual de las Fuerzas Armadas: excederse más allá de lo que establece la ley y ese exceso se materializa en una grave violación de Derechos Humanos”. En el caso de Los Cuatro Niños de Guayaquil, la Justicia constitucional que tramitó el habeas corpus aclaró que no se aplicaron los procedimientos. El proceder que no es aislado sino sistemático muestra cómo las FFAA ponen en riesgo a toda la población civil ecuatoriana porque se desconoce —dicho por las mismas autoridades—, si están aplicando el procedimiento adecuado. 

La mala práctica de la política de seguridad no se inició este pasado diciembre sino 12 meses antes. Es decir, inmediatamente desde la movilización presidencial de las FFAA. “Entre otros letales casos se encuentra el de Carlos Vega Ipanaque, ejecutado extrajudicialmente por un militar en Guayaquil”, declaró Bastías. El lunes 30 de diciembre, este mismo abogado presentó  ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional de Ecuador más casos de desapariciones en los que hay indicios suficientes de la participación de agentes estatales. Muchos de ellos son investigados como desaparición involuntaria y no como desaparición forzada. Al menos, hay una docena de casos más. Particularmente en Esmeraldas, localidad de la costa ecuatoriana, donde la población tiene miedo de denunciar.

“En el Ecuador estamos en medio de un sálvese quien pueda”, grafica la politóloga y analista de seguridad Carolina Andrade, “La gente ya no cree en el Estado, porque ha sido desmantelado durante los últimos años, y lo último que queda es la fuerza pública”, afirma Andrade. En este marco, “no hay un control directo político-civil por parte de las autoridades sobre la fuerza pública, ni militar ni policial”, sostiene al correlacionar con el crimen de Los cuatro niños de Guayaquil.

Militarización de la seguridad ciudadana, o qué pasa cuando las tropas son tu única policía

En un comunicado difundido el 30 de diciembre, organizaciones sociales y de DDHH alertaron del perfilamiento y la criminalización racial: “Niñas, niños, adolescentes y jóvenes negros afrontan el costo de una política securitista sostenida a partir del engranaje de la discriminación racial en barrios periféricos las ciudades de la costa ecuatoriana”.

La persistente declaratoria del Poder Ejecutivo de la existencia de un conflicto armado no internacional en el país, casus belli doméstico rechazado en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional de Ecuador, ha convertido la militarización de la seguridad ciudadana en una política de Estado. Desvirtuada la misión institucional de las FFAA, un clima de terror cunde entre una ciudadanía ya suficientemente atemorizada por las violencias del crimen organizado. 

Alumno aventajado de la generación Bukele va por un segundo mandato

La continuidad del “conflicto armado interno” con su consecuente militarización se pondrá a prueba en los comicios generales ecuatorianos que se celebrarán en el tan próximo 9 de febrero. Daniel Noboa busca la reelección: competirá contra 15 candidatos presidenciales. “En la campaña electoral se van a poner justamente en disputa dos tipos de modelos: uno que promueve el continuar con el conflicto armado interno, con la vulneración de derechos, con no invertir en lo social, y otros que proponen alternativas más integrales basadas en la construcción de paz”, precisa Andrade, integrante de la Red de Politólogas “No sin mujeres”.

Las elecciones presidenciales de febrero de 2025 serán un plebiscito sobre qué logró y qué malogró desde enero de 2024 el presidente ecuatoriano Daniel Novoa, representante aventajado en la región de la generación Bukele. La primera respuesta de su administración de mano dura frente al caso de los cuatro niños de Guayaquil fue sostener que la noticia de su secuestro, tortura y muerte era falsa. 

En medios de comunicación y ruedas de prensa las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, arrojaron más dudas que certezas. Ante  la denuncia de desaparición forzada, Lofreddo  dijo: “le hacen el juego al crimen organizado y a las mafias” sin reconocer la participación de militares en este caso. Ante la fuerza de los testimonios obtenidos por la cámaras del lugar, tuvo que rectificar y aclarar que sí hubo dicha aprehensión, y que sí, que fueron militares los que los arrestaron. Pero no los mataron, no: la hipótesis del Gobierno es que fueron liberados durante la noche del día de la Festividad de la Inmaculada Concepción, en la zona aledaña a la base de Taura.

El Gobierno y las FFAA ratificaron el lunes 30 de diciembre que la detención de los menores de edad fue porque estaban delinquiendo. Una versión sobre la cual la Fiscalía dejó en claro que en este caso carece del apoyo de cualquier sea, más allá de la humana especulación oficialista.

Fue ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea, el Congreso unicameral ecuatoriano, que el ministro Loffredo aseguró que la aprehensión de los adolescentes “no fue parte de una operación, sino que se dio en circunstancias de un presunto acto flagrante”. Ante la fuerza de las pruebas, el Ministerio de Defensa difundió: “Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato”.

El sueño de los héroes, última intoxicación mítica

En consonancia con la tardía promesa del ministro de Defensa de su Gabinete, en declaraciones radiales el presidente Noboa afirmó: “Estamos del lado de la justicia. Haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie”. Adelantó una propuesta personal, sugerida a una comisión: “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”. Sin asumir responsabilidad alguna como Jefe de Estado y de Gobierno. Ni como presidente y candidato presidencial que busca su reelección.

Hasta ahora, el presidente, político y empresario Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, de 37 años, nacido en 1987 en Miami (Florida), hijo del empresario bananero y candidato presidencial cinco veces derrotado Álvaro Noboa, da por sentado que pasará a segunda vuelta en las elecciones del 9 de febrero. Aunque sabe que todos y cada uno de los días de campaña durante las cuatro semanas que lo separan de esa fecha deberá responder preguntas sobre los cuatro de Guayaquil. Por qué Josué, Ismael, Saúl y Steven murieron, por qué nunca más van a jugar al fútbol en la canchita de la barriada cuyo nombre “Las Malvinas” homenajea al irrendentismo nacionalista argentino.

AGB/JJD

2025 empezó recalculando. A las pocas horas de acontecidas el primer día del año, dos balaceras y explosiones ricas en víctimas ya habían sido reclasificadas con sobriedad en Estados Unidos. Sólo el 1° de enero fueron el atacante de Nueva Orleans y el de Las Vegas; dos actos terroristas coordinados entre sí desde el extranjero. Dos pioneros en un feroz y veloz tsunami de atentados noticia-en-desarrollo.

Los dos primeros en golpear y matar en territorio de EEUU después del 11-S de 2001. Un día después no eran menos compadecidas por autoridades y policías las personas muertas y lastimadas y sus familias en duelo y en shock. Pero los dos ataques ya no eran denunciados ni investigados como presunto fruto de un plan meditado por una red mundial de crimen jihadista islámico organizado. La degradación del status de peligrosidad de cada causante de tanto sufrimiento había entrado en caída libre.

El 2 de enero, el atacante de Luisiana ya había sido apartado del rebaño (que no encontraban) y recalculado como “lobo solitario” (acaso demente) y el atacante de Nevada un suicida (ídem). Y no surfeaban la misma ola, aunque los dos eran veteranos del Ejército; los hechos de sangre lucían semejantes pero eran inconexos. Y al poco rato ya ni siquiera cuadraba como atentado el auto eléctrico que explotó en Las Vegas.

La explosión era un subproducto del suicidio del conductor, que ya se había descerrajado un tiro cuando el Tesla se prendió fuego frente a un edificio Trump en la ciudad capital del juego, y estalló. En menos de una semana pudo verse, acelerada, resumida, y circunstanciada, la banalización de profecías, apocalipsis y aun meros partes policiales: un proceso de cotización a la baja que en la larga duración de meses y meses había sido característico de 2024.

2024, el año de los cuatro mil millones de votos

En 2024, más personas que nunca antes en la historia humana tuvieron la oportunidad de votar en elecciones democráticas. Un electorado mundial de 4 mil millones de votantes fue convocado a elegir, ratificar o renovar sus representantes o gobernantes nacionales o subnacionales en un total de 76 países. Más de la mitad de la población de la tierra.

La mayoría de los resultados fueron los anticipados. Pero en muchos de ellos, las peores predicciones se vieron morigeradas o quedaron descartadas porque ni ganadores ni perdedores vencieron o fueron vencidos del modo o con los números que habían sido previstos. En otros casos, el curso de las decisiones adoptado con determinación por líderes o colectivos políticos una vez conocidos los resultados electorales –más o menos favorables para ellos– difirió hasta lo inverosímil de un consenso profético escéptico o pesimista.

En la mayoría de los casos, si nos parece que al fin de cuentas en determinados continentes (como América), en determinadas regiones (como el Mercosur), en determinados países (como México) el año pasado fue mejor de los que nos parecía, esta magia modesta se debe más a percibir, al precisar foco y enfoque, cuán paradójica puede ser en ocasiones la historia política, y menos o nada al conformismo de bajar la vara. Nuestras esperanzas fueron desairadas, pero muchas expectativas estaban equivocadas.  

El infierno puede esperar

Algunas noticias temidas faltaron sin aviso a la cita. Ni la derecha ganó en México, ni la India ni Sudáfrica se volvieron autocracias, ni estalló la violencia civil en EEUU después de las presidenciales. Otros hechos políticos, del continente americano, y de los restantes, fueron malhadados, de una gravedad jamás desdeñable, pero diferente y al fin de cuentas menor que el fin de los tiempos advenido y la pecaminosidad consumada.  

Ni hubo fraude en las elecciones mexicanas en junio, ni Claudia Sheinbaum fue elegida presidente con un margen estrecho que estorbara a la gobernabilidad, ni su antecesor Andrés Manual López Obrador –el presidente con récord mundial de popularidad al fin de su período– se quedó en la capital mexicana violando su promesa de retirarse a su estado natal, el tropical Tabasco. Tampoco hay signos de que, como se previó también, sea él la autoridad secreta que desde allí mueve por control remoto las acciones de la mandataria (por más que la oposición de derechas insista en que sí, en que es lo que está ocurriendo, sólo que lo hacen tan bien en su maldad, con modos tan perfectos en su sigilo, que hasta ahora no se han podido hallar las pruebas fehacientes de ese comando en las sombras a todas luces efectivo).

Las águilas del cielo y el destino manifiesto

Es paradójico, pero no ambiguo. Resulta muy extraño admitirlo y más todavía decirlo. Pero si el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump, según había convenido a lo largo del año un sordo consenso demoscópico sin inconstancias o contestación relevantes, estaba predestinado a imponerse en noviembre y a retornar a la Casa Blanca en enero, ese regreso habría cargado sobre sí amenazadoras tragedias nacionales y violencias ciudadanas lacerantes de no haber sido su victoria tan secante e irrefutable como los números proclamaron que fue.

El margen del triunfo republicano fue visible y suficiente desde el primer conteo rápido del Election Day. En la elección general del primer martes del penúltimo mes del año, Trump obtuvo una mayoría nítida en el colegio electoral (suma total de los electores ganados estado por estado en números diferentes en cada uno de los 50, en razón de las diferencias censitarias de población). Por encima del umbral mínimo necesario para ganar la presidencia en una república federal donde la elección del Ejecutivo es indirecta: la ciudadanía no elige, elige a quienes eligen por ella.

Pero también, avasallador como ningún otro presidente electo desde la elección de su correligionario Ronald Reagan en el siglo pasado, Trump obtuvo una mayoría personal en el voto popular (suma de todos los votos válidos emitidos). En la misma elección, las candidaturas republicanas conquistaron la mayoría de las bancas del Legislativo.

Aunque la superioridad oficialista sobre la oposición demócrata sea la más exigua de la historia del Capitolio, el nuevo oficialismo de Washington contará a su favor por dos años con la trifecta asegurada por el buen éxito electoral: la triple fortuna de un presidente que puede gobernar con mayorías partidarias propias en las dos cámaras del Congreso.

La trifecta inaugura la nueva serie anual de temores modelo 2025 (desde la promesa de deportación en masa de inmigrantes sin papeles hasta el aumento universal de los aranceles pasando por el futuro de la salud, educación, y administración públicas) y fantasías de grandeza megalómana y expansión territorial (desde la persecución militar de los carteles narcos en suelo mexicano, el convertir a Canadá en la estrella n°51 de la bandera estadounidense o la reposesión del Canal de Panamá hasta la compra de Groenlandia, la isla más grande del mundo, protectorado del reino de Dinamarca en las aguas del Atlántico Norte y el Mar Glacial Ártico, con alguna oferta que la Monarquía danesa ‘no podría rechazar’).

No todos estos nuevos pronósticos producen parejo pavor, y en todos mitiga el miedo la experiencia del anterior inquilinato republicano de avenida Pennsylvania al 1600: a Joe Biden sucederá su predecesor. El período 2016-2020 predispone a una visión más modesta en rango y eficacia del futuro flamígero de los cuatro años que empiezan el 20 de enero de 2025, a disminuir del volumen de cada sadismo compensatorio por venir cuotas de hipérbole retórica y exageración personal irreprensibles en Trump.

Lo que se ha esfumado por entero del horizonte es el pánico, que en vez de disminuir sólo había crecido y proliferado en el último semestre de 2024, indetenible porque era muy razonable, que provocaba el espectáculo imaginado de las muy reales tempestades y batallas que habría desencadenado un empate catastrófico del candidato republicano con su rival oficialista derrotada, la demócrata Kamala Harris. El país vivía las vísperas de una guerra civil que no fue, y que por cuatro años no será. Las próximas elecciones presidenciales significarán el fin del encierro político de EEUU en el laberinto de la gerontocracia y un recambio generacional en el poder de Washington.

La República Oriental del Urugay, o la Bélgica de Sudamérica

El regreso al poder del Frente Amplio (FA) en las elecciones del Uruguay y del laborismo en Gran Bretaña a nadie sorprendió. Era previsible, pero no inevitable. Ayudaba al acierto del augurio el que en los últimos quince años y en especial después de la pandemia la lógica de la impaciencia de los electorados con los oficialismos se ha vuelto casi instrumento confiable de predictibilidad sobre quién ganará (la oposición) y quién perderá (el gobierno de turno) en una elección general.

En su primera postulación a la presidencia le fue más difícil a Yamandú Orsi conseguir cada voto necesario para resultar electo en el balotaje de noviembre de lo que le había costado a sir Keir Starmer obtener la mayoría para en julio entrar como primer ministro al N°10 de la londinense Downing Street. El frenteamplista era el candidato presidencial de una amplia coalición electoral de la que no era el jefe político: ni siquiera era jefe del espacio de Pepe Mujica que lo había promovido como su precandidato en las internas. Nadie dio por sentado en la Banda Oriental que el FA sería el ganador de la elección presidencial, nadie dudaba en el Reino Unido de que los perdedores de las parlamentarias serian el Partido Conservador y su cúpula extravagante, teatral y multimillonaria.

Volvían a votar y a girar hacia la centro-izquierda, como si el movimiento fuera común y concertado, países unidos por un lazo político genealógico. Al Foreign Office, a la cancillería de Su Majestad, a la diplomacia de Lord Ponsonby, deben su formación y nacimiento gemelares, dos siglos atrás, el estado tapón (buffer State) que en el Atlántico Sur es la portuaria República Oriental y el estado tapón que en el Atlántico Norte es el portuario Reino de Bélgica. Hay simetrías estructurales entre esas dos jóvenes naciones fruto de la lograda obstetricia previctoriana. Analogías de parto y de cuna: diplomáticas, financieras, comerciales, cosmopolitas, marítimas y librecambistas. Dos naciones trilingües. Lenguas oficiales de Bélgica son el francés, el neerlandés y el alemán. Del Uruguay, el castellano, el portugués y el guaraní. Los tres idiomas del Mercosur, el bloque regional sudamericano del cual Montevideo es la sede. Así como Bruselas es sede de la  Unión Europea (UE).

La cintura cósmica del Sur global, del bloque Mercosur al club BRICS

En diciembre, después de un cuarto de siglo de marchas y contramarchas, firmaron los dos bloques un acuerdo comercial de libre comercio que básicamente significa que la UE será un mercado para el agro americano y el Mercosur para la industria y los servicios europeos. Desde Bruselas viajó Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, para firmar en Montevideo el acuerdo con los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Era uno de los objetivos que se había fijado para su mandato esta alemana democristiana, pero la llegada a puerto debe su buen éxito, en medida determinante, a la diligencia sin desfallecimientos de Itamaraty, el Foreign Office de Brasilia.

No menos activo ha sido el largo compromiso y combatividad personales de Luiz Inácio Lula da Silva. En 2025, a sus 79 años, será el decano de los gobernantes de América, una vez que el 20 de enero se consume la transición en EEUU y su amigo y correligionario, el octogenario Joe Biden haya traspasado en Washington cargo y poder a Trump. Exdirigente sindical, el primer presidente obrero de Brasil fue desde su primer mandato en 2003 abanderado de la causa de abrir los mercados europeos al gran Mercado do Sul. Aun en contra de la reluctancia o intransigencia que en el pasado, y aún el presente, era patente o latente alternativamente en algunas administraciones de los otros tres socios. Al bloque regional se ha sumado ahora Bolivia.

En el Estado Plurinacional compiten, por la razón o por la fuerza, para ganar la candidatura del MAS o la representación de sus votantes tradicionales para las elecciones de 2025, año del Bicentenario de la Independencia boliviana, el expresidente Evo Morales y su exministro de Economía y actual presidente Lucho Arce, que este año concluye su quinquenio en La Paz. Los extremos de violencia y protesta que se auguraban al conflicto entre evistas y arcistas, sin embargo tan vivo, no se han producido aún. La economía enfrenta dificultades y la convertibilidad del peso boliviano con el dólar ha quedado atrás y el dólar billete es difícil de encontrar en el Altiplano (menos difícil en Santa Cruz). El nivel de vida no se ha desbarrancado tanto desde los 3600 msnm de la sede de gobierno plurinacional. Un solo ejemplo: en la UMSA, la universidad pública paceña, un cargo de profesor titular con dedicación exclusiva y máximo de antigüedad se paga unos 1500 dólares más que la posición académica equivalente en la argentina UBA.

Votos con clase de votantes clasistas

Junto con Cuba, Venezuela, y otros países –como la pluri-insular Indonesia, la nación islámica más poblada del mundo– Bolivia ha ingresado este año en esa ahora ensanchada alianza informal que son los BRICS (Brasil Rusia India China Sudáfrica). Lucho fue apadrinado por Lula. La única institución que formalmente liga a los países del “Sur global” es el Banco de Desarrollo del BRICS, con sede en Shanghai, cuya dirección ocupa, en un segundo mandato consecutivo, la expresidenta petista Dilma Rousseff.

Dos de las elecciones más importantes de 2024 fueron en dos socios fundadores del BRICS. En las dos perdieron sus mayorías propias dos partidos identitarios. Contra toda expectativa, el hinduista BJP en la India retrocedió y su líder perpetuo Narendra Mori no se volvió el autócrata que se preveía en el que hoy es el país más poblado del mundo. También en Sudáfrica tendrá que gobernar en coalición el AFNC de Nelson Mandela, que gobernaba desde el fin del apartheid en 1994.

Votantes negros votaron a partidos de liderazgo blanco y votantes hinduistas a candidatos laicos: el reclamo contra la inflación y la recuperación del poder adquisitivo y esperanza de movilidad ascendente por la vía de la creación de empleo, unido a la protesta por el medio ambiente y las infraestructuras deterioradas, pesó más que la adhesión a identidades étnicas, culturales, religiosas, nacionales. El proceso es paralelo al que ratificó el voto por Trump, que en 2024 creció en cualquier recorte de grupos que haga la sociología electoral, salvo entre los condados más ricos. E hizo avances notables en el voto hispano y afroamericano. La clase social y el status profesional vuelven a ser los predictores del voto.

De los Andes a los Urales y de los llanos venezolanos a la estepa rusa: las reverencias del vicio a la virtud

Ni como imprevista o imprevisible, sino como directamente imposible antes que totalmente improbable había sido tenida la eventualidad de que la Justicia electoral de la Federación Rusa o de la República Bolivariana de Venezuela se enlutara y comunicara al pueblo nación una derrota de sus invictos líderes aliados Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Contadas las voluntades expresadas entre el 15 y el 17 de marzo y el 28 de julio, uno y otro fueron declarados candidatos triunfantes y presidentes reelectos, ambos por tercera vez consecutiva. A uno y otro declararon las correspondientes autoridades judiciales candidatos triunfantes y presidentes electos.

Si todo ha invitado a creer que las presidenciales venezolanas habrían resultado viciadas a posteriori por un grosero y mal escondido fraude en el escrutinio de los votos, las rusas no eran, a priori, elecciones libres y plurales porque la oposición competitiva habría chocado contra obstáculos insalvables a la hora de inscribir sus candidaturas. Es significativo, sin embargo, que en Moscú y en Caracas se organicen elecciones y se argumenten la existencia comprobable del sufragio universal, la libertad de cada votante para escoger, de cada espacio político para postular candidaturas, la efectiva pureza del sufragio efectivo, el imperturbado desarrollo de la jornada de votación y la neutralidad del recuento por agencias independientes dentro del Estado para legitimar el ejercicio del poder porque quienes son al fin declarados vencedores oficiales.

Nicolás Maduro, socialista del siglo XXI, delfín y heredero del comandante Hugo Chávez –exgolpista frustrado y exitoso presidente elegido y reelegido con regularidad según un calendario electoral al que sólo la muerte dio fin–, y Vladimir Putin, exagente de inteligencia que en 2025 cumplirá un cuarto de siglo en el poder, nostálgico de una Unión Soviética que sabe más allá de cualquier resurrección o karaoke viables, se consideran y declaran democráticos.

La fidelidad de las FFAA es una condición sine-qua-non para la perpetuidad en el Palacio de Miraflores y en el Kremlin, y las exportaciones de petróleo y gas extraídos y explotados por PDVSA o Gazprom, monumentales empresas hidrocarburíferas del Estado, son la fuente de los recursos destinados a políticas sociales y el secreto a voces de la fidelidad de los estamentos y sectores de la población que son fielmente favorecidos por ellas. En los gobiernos de Maduro, el mal funcionamiento de PDVSA, debido entre varios motivos –en el contexto de los embargos comerciales sucesivos y crecientes y de otras sanciones económicas y financieras impuestas desde Washington– al nombramiento en posiciones directivas a personal de confianza de la administración pero inepto para el cumplimiento de las funciones técnicas de su cargo, redundó en la reducción de la producción, del margen exportable, y en la caída drástica de los ingresos del Tesoro y en el consiguiente deterioro del gasto social y el derrumbe de la economía, el empleo, la salud y el mantenimiento de las infraestructuras.

Martes en Washington (y Ottawa) y viernes en Caracas (y Nueva York), o cinco gobernantes que van y vienen

Maduro fue proclamado por la autoridad electoral venezolana como presidente reelecto por segunda vez consecutivo en la votación del último domingo de julio. El heredero del comandante Chávez se dispone a asumir en Caracas el 10 de enero e iniciar así su tercer mandato.

El mismo viernes, el segundo de enero, en Nueva York, Donald Trump debe apersonarse en los tribunales de Manhattan ante la Justicia criminal para un trámite indelegable y final en su juicio penal. Ya ha sido declarado culpable por un Gran Jurado compuesto de residentes del estado. Debe oír al juez de primera instancia que leerá la sentencia y la condena que tocará al único presidente de la historia de EEUU declarado culpable en un proceso penal.

País hiper federal, en EEUU la legislación penal no es homogénea: las diferencias entre cada uno de los estados y los 49 restantes no se limitan a la forma, al rito, al proceso (como entre las provincias argentinas) sino que pueden ser sustantivas, de fondo: lo que es delito de un lado de una ruta puede ya no serlo del otro lado, en el estado vecino. El delito del que Trump fue hallado culpable es de derecho penal electoral del estado de Nueva York. En 2016, en su primera campaña como candidato presidencial republicano, todas las historias de su pasado aumentaban su cotización. La estrella porno profesional Stormy Daniels buscaba comprador para el relato de una noche que habría pasado ella con el millonario, entonces especulador inmobiliario neoyorquino y estrella brillante de la pantalla chica, diez años antes. El propio Trump ganó la subasta y pagó más que nadie por los derechos de la historia, que así sólo el podía publicar. Hasta aquí, todo legal.

Aconsejado por su abogado, Trump tuvo la mala idea de esconder el pago como un asiento en los libros que llevaban la contabilidad pública de los gastos de la campaña republicana. Y el dinero había ido al peculio de Stormy, no a la campaña de Donald. Desviar así los fondos o asentar así travestidos decenas de miles de dólares en una contabilidad partidaria donde jamás figuraron de otro modo más que por esta mentira es delito penal en el severo estado de Nueva York.

Al contrincante opositor y perdedor oficial de las presidenciales del 28 de julio en Venezuela le faltó el reconocimiento de las muy oficialistas instituciones técnicas bolivarianas. Pero el exdiplomático Edmundo González Urrutia es reconocido como ganador oficioso y único vencedor legítimo en Bruselas y en Washington, en Montevideo y en Buenos Aires, donde fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei y donde había sido embajador. El 10 de enero estará también en Caracas. El 6 de enero, un día gélido donde las escuelas y las oficinas del gobierno federal estaban cerradas en Washington bajo una tormenta de nieve, el septuagenario venezolano estuvo reunido por el espacio de 20 minutos con Joe Biden en la Casa Blanca.

Más al norte, donde el clima es más frío, el premier canadiense Justin Trudeau, anunciaba en la capital Ottawa su renuncia sorpresiva a la jefatura de gobierno y a la conducción del Partido Liberal. El bipartidismo de Canadá es el Partido de centro izquierda opuesto al Partido Conservador. La vida política del país que Trump llamó “estado número 51 de EEUU” ingresó en una incerteza encaminada al desorden y aún el caos. Un efecto ya del pasado cuya causa se encuentra en el futuro: la jura de Trump como presidente número 47 de EEUU el  lunes 20 de enero.

Ese mismo martes de la visita a la Casa Blanca del venezolano que no es presidente en el Palacio de Miraflores y de la dimisión del canadiense que después de una década ya no será premier en Ottawa, en la capital norteamericana las dos Cámaras del Congreso, reunidas en solemne Asamblea Legislativa, concluyeron el escrutinio último de los votos electorales y con su aval definitivo consagraron la victoria irrebatible de Donald Trump el 5 de noviembre.

Vencedor y vencida

A diferencia del miércoles 6 de enero de 2021, cuando bandas trumpistas irrumpieron en el Capitolio tomado por asalto protestar contra el triunfo del candidato demócrata, nada interrumpió la solemnidad de un acto sin más contenido que su formalidad. Nadie perturbó un ritual presidido por la vicepresidenta del país y presidenta del Honorable Senado de la Nación.

Conducir esta ceremonia era el último deber en la función pública de Kamala Harris. El cometido estuvo cumplido tan pronto como la excandidata presidencial oficialista proclamó que ella había sido vencida en las elecciones y que el 20 de enero el presidente Biden, el candidato demócrata que al final no fue, traspasará el poder de Washington a la manos del vencedor Donald John Trump. 

AGB/MC

“Fue el único presidente de EEUU gracias al cual murieron menos y no más latinoamericanos”. Así definía Tulio Halperin Donghi al trigésimo noveno inquilino de la Casa Blanca. La fórmula acuñada era un reconocimiento a los efectos regionales de los cuatro años de una administración única concluida en 1981. El historiador argentino que murió en California en 2014 solía rematar este balance con otro dato estadístico de pertinencia no menos regional: “Fue el único expresidente estadounidense que en Latinoamérica y las ciudades caminaba por la calle sin temor, sin injuria y sin insulto”.

En enero de 1977, Jimmy Carter, que murió centenario en 2024 en su Georgia natal, juró a los 52 años en Washington como 39° presidente de EEUU. Sucedió a Gerald Ford, el republicano que había visto frustrada su reelección. También Carter vería frustrada la suya propia. Cuatro años después, la respuesta ineficaz de la nueva Casa Blanca a crisis económicas globales heredadas y la irresolución de una imprevista y previsible crisis diplomática con Irán privaron de segundo mandato a este presidente que había hecho de los DDHH brújula ética de sus decisiones políticas. Pero noviembre de 1980 el electorado ya no quería más justicia social: quería menos inflación. Humillante, la derrota demócrata también fue larga: durante los 12 años siguientes gobernaron los republicanos. Desde que enero de 1981 el ex actor de Hollywod y dirigente gremialista Ronald Reagan juró como 40° presidente de EEUU y sucedió a Jimmy Carter, la derecha y el neoliberalismo fueron los dueños del poder de Washington.

El hombre de la pampa

James Earl Carter Jr nació en Plains, estado de Georgia, el 1° de octubre de 1924 y murió centenario el 29 de diciembre de 2024 en esta misma localidad sureña donde había nacido. En la rural Plains (en inglés, Llanura/s) la familia Carter explotaba una plantación de maní. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, donde había combatido como oficial a cargo de un submarino, Jimmy Carter se casó en la iglesia bautista de Plains de la que era diácono. Su esposa Rosalynn Smith, futura madre de tres hijos y una hija que sobreviven al expresidente, había sido la mejor estudiante de su promoción en la escuela pública local.

Según el último Censo decenal de EEUU, la población se duplicó en Plains desde 1976: en 2020 era de 573 habitantes. En ese número se contaban Rosalynn y Jimmy. La ex Primera Dama y el ex presidente demócrata vivieron allí antes y después de sus cuatro años en la Casa Blanca Con su apellido de casada, Rosalynn Carter fue la primera Primera Dama de la historia en participar de las reuniones formales de gobierno. Cuando Rosalynn murió en 2023 a los 93 años había vivido 77 años de matrimonio; fue enterrada en Plains. Enfermo terminal, Jimmy, el presidente más longevo y el primero de EEUU en nacer en un hospital (y no en una casa particular), pasó los últimos 19 meses de su vida en internación domiciliaria bajo cuidados paliativos. Cumplió 100 años el primer día de octubre; el ex presidente demócrata quería llegar vivo, como lo hizo, hasta el quinto día de noviembre para votar en la elección presidencial por Kamala Harris, la candidata partidaria que, a diferencia de él que en 1976 desafió como opositor a un ex vicepresidente, era una vicepresidenta que representaba al oficialismo. También a diferencia de Carter, la demócrata Harris fue derrotada en su primera postulación presidencial. 

Citizen Jimmy

En vísperas de las elecciones que finalmente ganó sin mayores obstáculos en 1976, el futuro vencedor de Gerald Ford y ex gobernador de Georgia era sin embargo un bastante perfecto desconocido para el electorado nacional. A tal punto que la malograda campaña del ex vice de Richard Nixon siguiera denigrando a este rival que lo desafiaba con el latiguillo del alias lacrado por el fatigado humor político: Jimmy Who?

El triunfo en las presidenciales del año del Bicentenario de la Independencia de 1776 fue para el candidato opositor peor conocido en la historia electoral de EEUU. El desconocimiento personal no le jugó en contra a Jimmy Carter. Ya ese mismo año bicentenario se había ganado la candidatura oficial partidaria en unas primarias donde empezó como el precandidato más oscuro en la historia del Partido Demócrata. Y ya exiguos y tibios de antemano, el primer martes de noviembre los fuegos y la lumbre de la antorcha oficialista se apagaron. A la inversa que su vencedor, el candidato republicano vencido Gerald Ford resultó ser un personaje conocido por demás. Llegado a la presidencia, el ex vice del renunciante Richard Nixon había indultado a su ex compañero de fórmula para librarlo de un procesamiento judicial por el caso Watergate.

Cuando el 22 de enero de 1977 James Earl Carter Jr asumió la presidencia, lo hizo como el ciudadano Jimmy. Hombre de diálogo, fue el primer presidente de la historia en prestar juramento bajo su apelativo coloquial cotidiano. Jimmy Carter olía en Washington a buena conciencia familiar y religiosa, a paz y transparencia, a DDHH y legalidad: a aire fresco, limpio y violento que soplara como un viento pampero desinfectante pero democrático, llegado desde la reserva moral y la inocencia rural del Sur hasta la capital del país y del pecado. Como si el credo de transparencia y legalidad fueran a librar al Distrito de Columbia de corrupción, tecnocracia y secretismo. En 1977 el Old South retenía su imagen tradicional: demócrata, blanca, agrícola. Y muy religiosa, aunque media centuria atrás su identidad fuera todavía más bautista que evangélica, más de capilla y escuela dominical que de megachurch y mass media. El candidato Carter se declaraba un cristiano nacido de nuevo que sabía que Dios, como dice el evangelio del apóstol Juan, es amor. Cuando una sentencia de la Corte Suprema asentó la constitucionalidad del matrimonio igualitario, el ex presidente aprobó la decisión judicial como un creyente: “¿Quién puede dudar de que Jesús estaría a favor del casamiento entre personas del mismo sexo?”.

Los DDHH entran (y salen) del centro del poder

Después de la corrupción e ineficacia grotescas exhibidas en el caso Watergate por la Casa Blanca, de la pasión inútil pero onerosa desplegada por el belicismo cínico pero irreal de la Secretaría de Estado y el Pentágono, la nueva administración demócrata lució, con un brillo original aunque efímero, como el antídoto correcto para la Realpolitik egoísta de la pareja Richard Nixon y Henry Kissinger. Había prometido un corte drástico del gasto militar, la coexistencia pacífica con la Unión Soviética, la reducción de la pobreza mundial, el control del armamentismo nuclear, y una reconciliación con una América Latina infestada por las dictaduras golpistas cuya instalación habían favorecido operativos criminales sólo a medias ocultos de la CIA.

Con la Unión Soviética la administración demócrata negoció un acuerdo de la serie SALT (Strategic Arms Limitation Talks) y en 1979 Jimmy Carter firmó en Viena con su par Leonid Brezhnev el entendimiento que limitaba número y tipo de misiles nucleares intercontinentales para las FFAA de las dos máximas superpotencias militares en un mundo que era todavía el de la Guerra Fría. El desentendimiento entre entre Washington y Moscú no se demoró en regresar y lo hizo ese mismo año, cuando las tropas soviéticas invadieron Afganistán e instalaron un gobierno comunista en Kabul.

En América Latina el buen éxito fue relativo pero menos breve. El impulso por recobrar para el gobierno de EEUU la reputación moral extraviada por el intervencionismo anticomunista de Nixon, Ford y Kissinger sólo halló su freno con la conclusión de la presidencia demócrata.  En 1977 fue Carter quien restituyó a Panamá, gobernado por el general populista Omar Torrijos, la soberanía sobre el Canal bioceánico cuyo control hoy Donald Trump aspira a recuperar para Washington en el contexto de su enfrentamiento global con Pekín.

Una paz, una guerra, 53 rehenes y 444 días

Al Cercano y al Medio Oriente debió Jimmy Carter el logro más límpido y la mancha más indeleble de la política exterior de su presidencia.

El 17 de septiembre de 1978 el presidente egipcio Anwar Sadat y el premier israelí firmaron en Camp David, residencia vacacional de los presidentes de EEUU, el primer acuerdo de paz y reconocimiento recíproco entre el Estado hebreo y un país árabe. Un logro con resultados perduralbles: en el casi medio siglo transcurrido nunca se han visto rotas ni suspendidas la comunicación y las relaciones trabadas entre Tel Aviv y El Cairo.

El 4 de noviembre de 1979 un hecho violento en Teherán signó con su trazo último, luctuoso y definitivo la parábola de ese experimento en el arte optimista de gobernar y de conducir las relaciones internacionales que fue para EEUU la administración Carter. Estudiantes iraníes entusiastas de la revolución islámica del ayatolá shiita Ruhollah Khomeini ingresaron en la Embajada de EEUU y retuvieron a 53 personas empleadas en la legación diplomática. En su discurso del Estado de la Unión de enero de 1980, Carter calificó el hecho como “chantaje” y al personal retenido “víctimas del terrorismo y la anarquía”. En Irán, la acción era considerada en términos de resistencia contra el gobierno de EEUU que socavaba la gobernabilidad de la Revolución islámica, que había sostenido y protegido desde 1953 al régimen depuesto de la dinastía Pahlavi y dado refugio a Mohammed Reza Pahlavi derrocado el 11 de febrero de 1979. Una vez fundada la República Islámica, sus autoridades solicitaron la extradición del último Shah de Irán para que fuera juzgado por terrorismo de Estado y y por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por la policía política secreta. Washington denegó la solicitud. Una señal de complicidad con aquellos crímenes o de interés por encubrirlos, decodificaron en Teherán.

La ‘crisis de los rehenes’ duró 444 días y engendró otras crisis. EEUU consideraba que Irán había incurrido en una violación fragante de los principios del Derecho Internacional consagrados en la Convención de Viena de 1961 que otorgaba inmunidad al personal de las sedes diplomáticas en el extranjero. Para defender esos principios, fracasadas las negociaciones, el presidente Carter ordenó la operación militar Garra de Águila, una intervención que involucraba a los portaaviones de guerra que patrullaban las aguas del Golfo Pérsico y que fue puesta en marcha el 24 de abril de 1980. El rescate falló, y en el fracaso murieron un civil iraní y ocho militares norteamericanos cuando su helicóptero se estrelló accidentalmente contra un acorazado de la propia flota. Cyrus Vance, el Secretario de Estado, renunció de resultas de la impotencia para cumplir sus cometidos demostrada por las FFAA más poderosas del mundo.

Cuando en septiembre de 1980 Irak invadió Irán, al presidente iraquí Saddam Hussein no le faltaron estímulos ni crédito ni armas de EEUU. Había comenzado la guerra Irak-Irán, que duraría ocho feroces años. En la nueva encrucijada, el gobierno de Teherán decidió reanudar bajo la mediación del gobierno de Argelia las negociaciones interrumpidas con Washington. Los rehenes fueron entregados por Irán a la custodia de EEUU un día después de la firma de los Acuerdos de Argel y apenas un par de minutos más tarde de que Ronald Reagan jurara presidente.

‘No queremos más justicia social: queremos menos inflación’

Ni menor ni menos letal para el presidente Carter sino aún más determinante para su impopularidad que el desprestigio internacional fue la crisis económica nacional y las turbulencias del mercado energético que la administración demócrata peleó con los instrumentos equivocados. Las decisiones políticas resultaban no sólo ineficientes sino sobre todo contraproducentes. El gobierno estableció controles a los precios del petróleo y de los combustibles con la expectativa de aplacar o enervar así las corridas especulativas. No fue esto lo que ocurrió. La inflación galopante fue acompañada en su súbita aceleración por la recesión: en los dos últimos años del período presidencial demócrata el modelo de stagflation (estancamiento + inflación) setentista alcanzó su clímax, su apoteosis y su cúspide. La ínfima popularidad de Carter corría cuesta abajo hacia su nadir. Entre las élites golpistas de las dictaduras latinoamericanas circulaba un chiste antidemocrático y revanchista: “La mejor prueba de que en EEUU cualquiera puede ser presidente es su presidente”.

La crisis económica y energética nacional e internacional se agravaban en espiral y el derrotismo había visto reabrirse la cicatriz mal cerrada de Vietnam con la herida fresca de Irán. En enero de 1981 el presidente Carter abandonó para siempre la Casa Blanca. En noviembre de 1980 había perdido las elecciones y su popularidad y aprobación continuaron bajando después de la derrota. De los sondeos emergía como un líder fallido, débil e inepto.

Decididamente, en 1980 el electorado de EEUU ya no quería más justicia social. Quería menos inflación. El primer martes de noviembre el triunfo del candidato republicano conservador Ronald Reagan fue arrollador. Cuando este ex actor de films de guerra, ex sindicalista de Hollywood, y ex gobernador de California –con el que a veces se compara a Donald Trump, ex animador de realities en la televisión chatarra– juró como presidente, el neoliberalismo había llegado a Washington para quedarse.

AGB

En 2024, los combates en Ucrania no llegaron a fin, tregua o armisticio ninguno, se extendieron al suelo de Rusia, y tropas norcoreanas vinieron para luchar en la línea del frente junto a las rusas. También la guerra que libra Israel contra Hamas en la Franja de Gaza se extendió al Líbano, a Siria, a ataques aéreos contra Irán en un fin de año donde la brusca caída de Bachar al Assad, su exilio en Moscú y la entrada en Damasco de combatientes islámicos sunitas rediseña el futuro del Medio y Cercano Oriente. La victoria electoral de Donald Trump en EEUU, los triunfos de diversas fuerzas de derecha europeas, la presidencia semestral de Hungría en la UE, el año cumplido en la presidencia argentina por el libertario Javier Milei, la denuncia en Brasil de un plan militar golpista que en 2022 incluía el envenenamiento de Lula, son alertas sobre el destino occidental y continental de la democracia.

La democracia, entre votantes que estrangulan y tribunales que asfixian

El filósofo político socialista liberal francés Marcel Gauchet ha señalado que en la historia mundial jamás ha enfrentado la democracia menor hostilidad abierta que hoy. No hay competencia entre la democracia y una forma de gobierno alternativa. Sí la hay entre definiciones y grados de democracia. Comparando sondeos, más personas declaran vivir en democracia en China que en EEUU. A lo largo de los últimos doce meses hemos sido invitados a recordar con urgencia la década de 1930, cuando la Argentina, el Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile vieron a sus gobernantes violentamente sustituidos por otros nuevos que fundaban su legitimidad en defectos del régimen democrático sólo subsanables por el uso de la fuerza o, si se retenían las elecciones aun con candidatos proscritos, al menos por el ‘fraude patriótico’. En Italia, Portugal, Alemania, España, y la Unión Soviética llegaron al poder líderes, movimientos y partidos únicos que proclamaron la obsolescencia de la democracia electoral competitiva. Hoy vida y vía democráticas son una cualidad a la que todos los Estados, cuando no se ofrecen al mundo como modelos imitables de felicidad, aspiran con denodadas determinación y preeminencia. Así lo hacen saber sus gobiernos. La desnazificación ucraniana es un objetivo explícito de la política exterior del presidente Vladimir Putin, y las agencias estatales de comunicación rusas informan que los neonazis que hoy gobiernan en Kiev son a su manera los herederos de los nazis que gobernaban en Berlín y que al inicio de la década de 1940 invadieron la URSS encontrando buena acogida en Ucrania. Joe Biden desde EEUU y Ursula von der Leyen desde la UE defienden, financian y arman al presidente ucraniano Volodymir Zelenski contra la autocracia moscovita post-zarista y post-staliniana. Tras la ofensiva de Hamas en su territorio el Estado de Israel extiende hasta Líbano, hasta Siria, hasta donde sea necesario su derecho de defensa, en una guerra existencial de supervivencia para la única democracia del Medio y Cercano Oriente, rodeada de naciones que llevan decenios dando por dudosamente democrático e indudablemente racista al gobierno de Tel Aviv.

Quienes alertan sobre los peligros de la democracia convocan a la unión sagrada de todas las fuerzas que insomnes y abrazadas pueden asegurar su sobrevida. Aunque se abstengan del reproche, deploran las preferencias que los electorados pusieron de manifiesto. Lamentan que votaran por profetas de la disrupción que en verdad no son mesías de ninguna recuperación. Un voto que ven negativo, rencoroso, vengativo en contra de formaciones y élites políticas tradicionales. Quienes han ido más lejos, como la socióloga Marta Lagos, fundadora de Latinobarómetro, cuando la reforma constitucional progresista chilena padeció una derrota aplastante, hablaron de un voto ignorante, o desinformado.

El gobierno brasileño presidido por Lula no ha traicionado el objetivo que el candidato Lula proclamó prioritario en campaña: vencer a la pobreza. En 2023, 8,7 millones de personas salieron de la pobreza y 3 millones y medio de la indigencia.

El gobierno brasileño presidido por Lula no ha traicionado el objetivo que el candidato Lula proclamó prioritario en campaña: vencer a la pobreza. En 2023, 8,7 millones de personas salieron de la pobreza y 3 millones y medio de la indigencia.

A vigilar y enfrentar las conductas abusivas que prevé o que ya detecta impunes en titulares de gobiernos nacidos del voto popular encamina hoy algunas de sus mejores energías la resistencia democrática. En esta centralidad ha sustituido a una alarma anterior, la encendida por el lawfare. Esta sustitución significa también una inversión simétrica del lugar de la amenaza o más bien de la ubicación del origen del peligro. Que es una prevención democrática donde el lugar de la amenaza se ve invertido. Hoy tememos la acción desenfrenada de autoridades elegidas que busca la concesión legislativa o el ejercicio sin concesión de facultades extraordinarias para ejercer un poder sin controles efectivos. Con el nombre de lawfare se designaba la guerra o combate de la Justicia institucionalizada, en colusión o no con los medios de comunicación, para limitar el poder de las autoridades democráticamente elegidas, para destituirlas, proscribirlas, o inhibir su posterior postulación a cargos electivos: para acabar con sus carreras políticas. Hoy han pasado a un primer plano los oráculos de conductas antidemocráticas e incluso criminales de autoridades elegidas democráticamente, que eclipsan el recelo por la frustración y limitación de gobiernos y de Poderes Ejecutivos elegidos por el voto popular democrático por obra de tribunales que acusan a esas autoridades de conductas no democráticas y crímenes comunes. En un mundo donde el lawfare triunfara, instituciones y funcionarios no electivos gobernarían o designarían remplazos en el gobierno de autoridades electivas. 

Juicios políticos y guerras judiciales, desde Washington DC hasta...

Un par de años atrás, Lawrence La Fountain-Stokes, profesor de American Culture en la Universidad de Michigan, nos escribía que gracias a la lectura de este Panorama había conocido la existencia de lawfare. En aquel entonces no se oía hablar de lawfare en EEUU, pero en la Argentina, Brasil, Ecuador o el Vaticano la palabra era pronunciada con una familiaridad desconcertante en el universo anglófono. El papa Francisco, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa o los defensores de Lula no habían resucitado a la fuerza un arcaísmo. Menos todavía, introducido en la lengua inglesa un neologismo de su propia creación verbal. Como tampoco era nueva, ni siquiera en la historia argentina, la práctica a la que se referían con lawfare. Así lo esclarecía el libro sintético, lúcido y pionero de Rafael Bielsa y Pedro Peretti, Lawfare, guerra judicial-mediática: Desde el Primer Centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner. En 2024, los libros publicados en inglés que exhiben lawfare en su título no se cuentan de a uno: son decenas. El término ganó aceptación cuando sus tempranos detractores advirtieron su valor descriptivo y técnico. En América y aun en Europa, la viabilidad de un gobierno nacional o subnacional y las aspiraciones ciudadanas a gobernar se vieron, con una frecuencia cada vez mayor, calificadas por una Justicia cada vez más recurrida, pero también cada día más espontánea en actuar en estos asuntos.

En EEUU la resurrección del uso de lawfare llegó más tarde, y sin alcanzar la palabra frecuencias e insistencias que conoció en América Latina. En esto ha influido la repugnancia o reluctancia o conveniente prudencia de la Corte Suprema, que ha evitado de pronunciarse positivamente en modos que pudieran ser descritos como lawfare. Si no por acción, sí por omisión, pero este terreno ya es opinable de por sí. En una serie de fallos encadenados anteriores y posteriores a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, la Justicia ha desestimado en Washington la incriminación de Donald Trump, procesado por sedición y otros delitos que atentan contra la estabilidad democrática, y ha ratificado y explicitado la libertad de acción del Ejecutivo: la doctrina de que los hechos políticos no son justiciables. Voces afines al oficialismo demócrata, que será oposición a partir del 20 de enero cuando jure el reelecto presidente republicano, derivaron estas decisiones de la politización derechista de una Corte donde seis de sus nueve integrantes profesan la fe católica. Como un cheque en blanco y un salvoconducto de inmunidad presidenciales. Si es innegable que empodera o confirma en su albedrío al Ejecutivo, también lo es que desempodera a un Judicial al que frena en sus impulsos. La ocasión y las personas concernidas suscitan una desaprobación que se volvería su contrario si la misma doctrina, razonablemente según toda apariencia, fuera recordada en el caso de la actuación del Ejecutivo argentino conducente a acordar un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán.

Kamala Harris, candidata oficialista derrotada en las presidenciales de noviembre en EEUU, citó los procesos abiertos contra Trump como una razón para no votar por su rival. Trump denunció esos procesos como lawfare. No prevalecieron. Donald Trump fue el único presidente de EEUU sometido a dos impeachments, pero también fue el único absuelto de los dos. Salió fortalecido. Cuando salió ileso en el segundo impeachment de haber instigado a la horda trumpista en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021,  su triunfo entusiasmó a los republicanos que lo apoyaban en el Congreso. Los adversarios que buscaban acabar con la biografía política de Trump lo perfilaron para su vencedora candidatura presidencial partidaria de 2024.

...hasta Brasilia DF, Panamá o Tegucigalpa

Los legisladores de Washington que dirigidos por Nancy Pelosi malograron la inhabilitación de Trump podían citar un logrado precedente en Brasilia. La presidenta petista Dilma Rousseff, sucesora de Lula en el poder, fue destituida por un impeachment express en 2016, a la mitad de su segundo mandato. La humillación de Dilma destituida fue notable, y perduró. En las elecciones de 2018 ocupó el cuarto lugar en una lista de candidatos en una Legislatura local. Ese año, Lula no había podido postularse a la reelección presidencial porque estaba condenado en un proceso fraudulento por el juez Sérgio Moro, adalid de la cruzada anti-corrupción Lavajato. Lawfare que no perduró. Una decisión de marzo de 2021 de Edson Fachin, relator del Supremo Tribunal Federal (TSF), declaró vacíos los procesos seguidos por el juez Moro contra Lula por incompetencia jurisdiccional. Fortaleció al entonces expresidente, que este 1° de enero de 2025 iniciará el tercer año de su tercer mandato presidencial, tanto o más que las absoluciones dobles de Trump en el Senado de EEUU. El Juez Supremo brasileño no dijo que Lula fuera inocente. Dijo algo mucho mejor: ni siquiera sabemos si había que abrirle un juicio al líder del PT (Partido de los Trabajadores) ,  porque no sabemos si existía algún delito que hubiera que investigar. La declaración de inocencia habría sonado sospechosa.

El lawfare  se ha vuelto un activismo judicial cuyos límites de legalidad decide la Justicia misma. El fallo de Fachin liberaba a Lula pero también salvaba a Moro de investigaciones. Deplorar o denunciar que a quienes eligen para sus combates las armas del lawfare les importa poco la justicia y mucho la derrota del adversario, ofrece una imagen errónea de cómo funcionan todos los días la ley y los tribunales en todas las democracias. No debería desmoralizarnos en exceso descubrir que quienes inician acciones civiles o comerciales prefieren sin excepción, al final del proceso, aquellas sentencias que les son más provechosas o que dejan fuera de combate a sus contendientes.

Es poco edificante que las batallas del lawfare que triunfan puedan deber ese triunfo no al imperio de la Ley sino al favor de un Magistrado. A menos que se sepa de prevaricato o venalidad, nada hay ilegal. George Bush padre invadió y bombardeó Panamá en 1989 para secuestrar al presidente de facto, el militar Manuel Antonio Noriega. El presidente republicano de EEUU alegó que la ley norteamericana es extraterritorial si se trata de combatir el narcotráfico. El gobierno del demócrata Joe Biden tenía motivos para creer que Juan Orlando Hernández, ex presidente hondureño, tenía vínculos estables con el narco. Pero no invadió. Buscó su destitución y procesamiento en Tegucigalpa. Cuando Honduras tuvo su primera presidenta mujer y su primer Ejecutivo de izquierda, la Corte Suprema nacional votó la primera extradición de un ex presidente a EEUU pedida por su alegada participación en el crimen organizado. Lo que asegura el lawfare, antes que la justicia, es la legalidad: sus resultados son más incontrovertibles que los alcanzados por la violencia de las vías de hecho.

Ficha limpia y derecho viejo

Este año la Corte Suprema de EEUU ha reconfirmado su tradicional autolimitación como jueza de los hechos de gobierno, y ha presentado esta decisión como corolario evidente de su compromiso republicando con el principio constitucional básico de la división de Poderes. La Justicia brasileña ha corroborado su voluntad de luchar contra los abusos partidarios y la impunidad de la clase política, y ha presentado sus decisiones y actuaciones como corolario manifiesto de su compromiso antiautoritario y antigolpista en defensa de la democracia.

Muchos demócratas anhelan que fuera legislación federal vigente en EEUU la ley brasileña de “ficha limpia”, que inhibe la postulación a cargos electivos a condenados penales con sentencia firme. Una ley de estas características, que inhibió la candidatura de Lula en 2018, habría podido dejar fuera de carrera a Trump en 2024. No sólo es improbable tal sanción de parte del Congreso de Washington. La jurisprudencia coincide en que el derecho del pueblo a elegir autoridades o ser elegido como autoridad por el voto no se pierde por efecto de una condena penal.

La Justicia brasileña opera con una libertad acaso sin par en Occidente. En el curso de su investigación del asalto a Brasilia por una horda bolsonarista el 8 de enero de 2023, el juez supremo Alexandre de Moraes encontró indicios firmes del involucramiento en los hechos del gobernador del Distrito Federal, y lo suspendió en sus funciones. Que un magistrado, obrando por decisión monocrática, suspenda a un gobernador elegido por el voto popular, sería imposible en EEUU. El mismo juez, pero en su cualidad de presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), había inhabilitado políticamente a Jair Messias Bolsonaro hasta 2030. Este año, el mismo Juez abrió una megacausa después de recibir un Informe de la Policia Federal sobre una trama golpista militar, en la que Bolsonaro sería uno de los líderes, que no llegó a ponerse en marcha en diciembre de 2022. Si Bolsonaro fuera condenado, obtendría la retribución que los demócratas buscaron en el segundo impeachment contra Trump, pero en sede judicial.

Despreocupados por la democracia, preocupados por el real

En 2024 el lawfare, su existencia y su denegación interesaron más en EEUU que en Brasil. La primera explicación es que hoy en Brasil gobierna Lula y en EEUU mañana gobernará Trump. Según los sondeos, el electorado brasileño o apoya o da por sentado a la democracia. No les inquieta su salud, sino la volatilidad de la moneda. Que se depreció un 20% en el curso del año hasta caer a la paridad record de 6,3 reales por 1 dólar. La causa del deterioro del real no es una incógnita aunque proceda del no poder despejar los mercados una incógnita: ¿cuál es el grado de compromiso del gobierno del PT con la disciplina fiscal?

El déficit fiscal brasileño llega al 10% del PBI y la deuda soberana asciende al 90% del PBI. Fernando Haddad, ministro de Economía, dio a conocer un esperado Programa de reducción de gastos. El viernes 29 de noviembre fue presentado para su tratamiento legislativo en la Cámara baja por José Guimarães, diputado petista de Ceará. Dos proyectos de ley y una propuesta de reforma constitucional fueron votadas en sesiones maratónicas hasta última hora del viernes 23 de diciembre. El Congreso no llegó a votar el Presupuesto 2025. Como era de esperar, el Centrão que es mayoría en Diputados difirió la votación de aquellas medidas que significan una reducción del acceso de la Cámara o los estados a recursos federales, pero sí algunas que implican una reducción del gasto social del Gobierno.

Una de las mayores alarmas que para la vida de las sociedades democráticas han hecho sonar los flamantes o expectantes gobiernos de derecha proviene de su vociferada filosofía individualista. Hacen campaña como heraldos del recorte de la inversión social. Como verdugos de la justicia social, escarnecida como fraude interesado o mero pero rotundo error práctico y conceptual de élites que han hecho de ella premisa y promesa culpógenas. Restallan las banderas de la privatización de la salud y la enseñanza públicas, del cierre o abolición de instituciones que se ocupan de cuestiones (como los derechos sexuales o reproductivos) por fuera de la incumbencia del Estado.   

Aspirantes a país del año: el modelo The Economist

Para premiar el país del año, costumbre de cada diciembre en muchos medios internacionales, es evidente que los criterios varían o chocan. No es un Prode en un mismo campeonato con un mismo fixture. Entre los finalistas de la selección de The Economist figura la Argentina por haber llevado adelante “el experimento de libre mercado más radical del mundo”, que desregulando y reduciendo el déficit público reinstauró a la República en el andén del crecimiento en el tercer cuatrimestre de 2024. Si el país que preside Javier Milei no resultó el seleccionado, lo debe al justificado prurito del semanario liberal británico que se interroga “cuánto más durará el aguante popular de la terapia de shock” aun con “una moneda sobrevaluada”. El Economist casi premia a la Argentina de Milei porque a sus ojos más libertad de mercado es más democracia, pero no lo premia al final porque tensar al máximo la resistencia popular al shock ya no lo es. (Blangadesh fue el elegido, porque en este país islámico del sudeste asiático, de 175 millones de habitantes, un levantamiento popular liderado por los estudiantes derribó a la autócrata Sheikh Hasina -en el poder durante los últimos 15 años- e instaurado un gobierno tecnocrático de transición presidido por Muhammad Yunnis, Premio Nobel de la Paz, y economista célebre por su teoría de la utilidad de los micropréstamos en el combate contra la pobreza).     

Con su “lefist president”, Brasil no fue un finalista para The Economist. A pesar de que la revista hizo campaña por Lula en 2022, contra la reelección de Bolsonaro. A pesar de que Lula es un presidente de izquierda que preside un gobierno que no es de izquierda, como precisa André Singer, director del departamento de Ciencia Política de la Universidad de San Pablo. En un país federal gobernado por la derecha o la extrema derecha en la mayoría de los estados y los municipios. Pero debería ser liberal y no centro-izquierdista el líder del PT para que al Economist le gustara lo suficiente. A pesar de que también el Gobierno brasileño diseñó su propio plan de reducción de gastos, que incluía medidas antipopulares como un techo para el aumento del salario mínimo y el cambio de las reglas para calcular beneficios a personas mayores o con discapacidades. A la vez el Gobierno promovía la exención del impuesto a las ganancias para los salarios de 5 mil reales o menos y un aumento de la alícuota para los salarios de 50 mil reales o más. En una entrevista concedida al programa televisivo Fantástico a la salida de su segunda cirugía craneana, Lula explicó que las medidas debían ser entendidas en su conjunto como prueba de buen sentido: “Si el Estado no se cuida y gasta de más, ¿con qué recursos va a atender las necesidades de los más pobres y necesitados”.

¿Brasil 2026 también?

Según una encuesta de Datafolha del 12 y 13 de diciembre, un 35% considera óptimo o bueno el gobierno de Lula y un 34 % lo estima pésimo o estable. El apoyo a Lula es estable en promedio, pero mucho mayor en la base de la pirámide social. En consonancia con México (el peso mexicano fue otra de las monedas más depreciadas en 2024), y a diferencia de EEUU, Chile, Francia, Italia y varios países europeos, el Ejecutivo en Brasil fue votado por un electorado pobre que sigue hoy siendo la base electoral del partido que preside el gobierno. En el ámbito internacional, el Brasil de Lula devolvió a Brasil su liderazgo global en temas de medio ambiente. Brasil fue el principal gestor del Mercosur que después de un cuarto de siglo llevó el 6 de diciembre a la firma en Montevideo del tratado comercial del bloque regional con la UE que favorecerá más que a otra economía a la brasileña. En las guerras de Europa y Oriente, la cancillería brasileña es partidaria de una paz inmediata que no sea un subproducto de victorias y derrotas más o menos nítidas a las que habría que esperar para verlas sedimentadas.

Según datos 2024 del IBGE (Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística), en Brasil hay 59 millones de pobres (que viven con 665 reales con mes) y 9,5 millones de indigentes (que sobreviven con 209 reales al mes). El gobierno brasileño presidido por Lula no ha traicionado el objetivo que el candidato Lula proclamó prioritario en campaña: vencer a la pobreza. En 2023, 8,7 millones de personas salieron de la pobreza y 3 millones y medio de la indigencia. No sólo André Singer piensa que en 2026, fecha de las próximas elecciones presidenciales, el Brasil de Lula puede seguir siendo el Brasil del año 2024: el del partido de Lula.   

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