Este martes 13 de agosto se cumplen dos meses sin noticias del paradero de Loan Danilo Peña, el niño correntino de 5 años cuyo rastro se esfumó el 13 de junio luego de un almuerzo familiar en el remoto paraje de Algarrobal, departamento de San Roque.

Durante semanas, los móviles de los principales canales de noticias metropolitanos se instalaron en la localidad de 9 de Julio, hogar del niño, y en la ciudad de Goya, la segunda ciudad de la provincia y la que por jurisdicción corresponde a la causa judicial, para transmitir en vivo y en directo todos los detalles del caso. Aún hoy, con siete personas que permanecen detenidas, un intenso rastrillaje en la zona que involucró a más de 1.000 personas y a 61 días de la desaparición, no existe ninguna pista firme que anticipe la aparición con vida del pequeño. 

Una casa en 9 de Julio

Uno de los epicentros del caso que conmociona a la provincia y al país es la localidad de 9 de Julio, ubicada a 180 kilómetros de la capital provincial y a 760 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Administrativamente, el pueblo forma parte del departamento de San Roque, zona que se dedica esencialmente a la ganadería y a la producción hortícola. Uno de los aspectos que adquiere relevancia por el caso, es que 9 de Julio está atravesada por la ruta nacional 123, que al conectarse con la ruta nacional 14 permite llegar en poco más de dos horas de viaje en auto a la localidad de Paso de los Libres, paso fronterizo con Brasil. 

En este pueblo de menos de 3.000 habitantes está la casa de la familia Peña. Una construcción de barro típica de la zona semi rural de Corrientes, con un portón de caños y alambres que da a la calle, que es de tierra o barro según el pronóstico. El cerco es un extenso alambrado, rodeado de plantas tropicales y del cual cuelgan banderas y trozos de tela, testimonios de una causa impensada hace dos meses. Hay consignas por la aparición con vida del niño, un enorme pasacalles pidiendo por Loan de la localidad de Saladas, el respaldo de un grupo de ex combatientes de Malvinas y varios carteles escritos con fibrones que refieren a la “bronca contenida” y al estallido latente de un pueblo que reclama soluciones “si no se arma quilombo en todo Corrientes”. También hay un pequeño altar que se llena de velas y ruegos. 

Las insignias de las banderas acompañaron algunas de las decenas de movilizaciones que se realizaron a lo largo y ancho del territorio correntino durante los meses de junio y julio. Muchas de estas marchas estuvieron encabezadas por la familia nuclear de Loan: su papá, José Peña; su mamá, María Noguera o sus hermanos Mariano, José, Alfredo, Cristian, César y Fernando. La familia se completa con Antonella, de 12 años, a quien se intenta preservar con el mayor de los cuidados.

En la casa de 9 de Julio, la situación es angustiante. María llora y pide, ante quien quiera escuchar, por su hijo. Cuenta las cosas que le gustan, habla sobre sus juguetes favoritos. Igual que su papá. Siempre Loan está mencionado en presente. 

El impacto mediático y social

Hasta 9 de Julio llegaron también decenas de periodistas, pertenecientes a los canales de noticias porteños, para la extensa cobertura del caso que ocupó las pantallas de manera casi total durante las primeras seis semanas y comenzó a mermar en el último tiempo. Los corresponsales se instalaron allí y en la ciudad de Goya.

La presencia mediática y lo impactante del caso generó un enorme revuelo social. Se involucraron los más diversos actores, referentes de la cultura, autoridades eclesiásticas y buena parte del arco político. Incluso la hermana Martha Pelloni, coordinadora de la Red Infancia Robada y que  vivió varias décadas en la provincia volvió a levantar la voz sobre las causas de trata de personas en la región y apuntó con contundencia contra los funcionarios de distintas esferas. “Esto no puede funcionar si no hay un encubrimiento total de aduanas, de la policía, de la justicia, de la política”, dijo oportunamente al diario La Nación. 

Por semanas, el caso Loan era el único tema de conversación posible. Se realizaron marchas en toda la provincia, incluso un grupo llegó hasta el domicilio del gobernador Gustavo Valdés en dos oportunidades para reclamar acciones que permitan la aparición con vida de Loan. 

Al respecto, el médico psiquiatra y psicólogo Emilio Hidalgo analizó el impacto comunitario del caso en una entrevista a un programa local y se refirió a la empatía colectiva y la indignación que la desaparición generó. “Este caso es histórico, no recuerdo otro con más de 40 días de cobertura mediática continua. Nos afecta a todos porque genera empatía, especialmente hacia los niños, y provoca indignación a medida que aparecen nuevas pruebas. Nuestro cerebro está diseñado para prestar atención a situaciones que percibimos como peligrosas o inciertas”. “Este caso puede cambiar la sociedad, generando desconfianza y paranoia. Antes, los niños podían moverse libremente; ahora, los padres estarán más cautelosos. Esto podría transformar profundamente la conducta y la forma de comportarse de muchas personas en el futuro”, sostuvo Hidalgo. 

Mientras va descendiendo el tiempo en pantalla de la cobertura periodística, los corresponsales vuelven a la ciudad de Buenos Aires y la efervescencia disminuye. No ocurre lo mismo con la causa judicial, que aparenta tener nuevos movimientos cada día.

La causa judicial

La trama judicial es casi tan compleja como la criminal y la familiar. Es casi imposible estar al día con las actuaciones judiciales y las declaraciones de imputados y testigos, pero por el momento quedan las siguientes certezas: están detenidos por la desaparición de Loan, su tía Laudelina Peña, acusada de sustracción y ocultamiento del menor; Bernardino Antonio Benítez, esposo de Laudelina y acusado de captación de personas con fines de explotación, en carácter de partícipe primario, al igual que Mónica del Carmen Millapi; y Daniel “Fierrito” Ramírez. En tanto, Carlos Pérez, retirado de la Armada, está acusado de ser coautor material junto con su pareja; María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal, del delito de capacitación de personas con fines de explotación. Finalmente, el ex comisario Walter Maciel, está detenido por encubrimiento, favorecimiento y por demorar la investigación. Estuvo detenido también el expolicía de Corrientes, Francisco Amado Méndez, pero fue liberado por falta de pruebas. 

Respecto de las últimas actuaciones, todos los Peña declararon ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien lleva adelante la investigación desde el 24 de junio. Incluso se informó que la más pequeña también daría su testimonio en una nueva cámara de Gesell.

La causa por la desaparición de Loan fue transferida a Pozzer Penzo tras una serie de actuaciones de la fiscalía provincial de Goya, muy cuestionadas por la familia, la comunidad y los medios de comunicación. El escollo se sorteó cuando la justicia de Corrientes se declaró incompetente y, debido a la nueva calificación del delito que involucraba la captación de personas con fines de explotación, se requirió la intervención del fuero federal.

La semana pasada los padres del niño se descompensaron mientras declaraban en la Fiscalía de Goya. Los detalles del intercambio con la jueza fueron revelados e indicaron una interna familiar por la propiedad de un campo. El miércoles, ambos volvieron a testificar. María Luisa Noguera se quebró emocionalmente y José Mariano pidió desesperadamente la devolución de su hijo. Los hermanos del niño también declararon, enfrentando sospechas por transferencias de dinero a sus cuentas y la eliminación de datos de un celular, que fue incautado tras admitir haber recibido una foto el día de la desaparición de Loan.

Este lunes declaró el intendente de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde, que abonó a la hipótesis de trata de personas: “Desde un primer momento, cuando vi que se hizo una barrida impresionante, un operativo impresionante, obviamente que ya dije que esto se trata de terceras personas que lo sustrajeron. Que no se había perdido, porque sino obviamente ya lo hubiésemos encontrado. Hay mucha gente, principalmente el baqueano, que conoce mucho el campo, ellos seguramente lo hubiesen encontrado”.

Por el momento nada de lo actuado pareciera acercar a la verdad de esa siesta del 13 de junio, cuando el niño fue visto por última vez en la casa de su abuela en Algarrobal. 

La otra casa, La Rosadita

A 180 kilómetros de la localidad de 9 de Julio, está la otra casa. La Casa de Gobierno de la provincia de Corrientes, conocida como La Rosadita. En la intersección de las históricas calles 25 de Mayo y Salta una de las mayores preocupaciones en la gestión es la imponente caída de la imagen positiva del gobernador Gustavo Valdés.

La administración radical, que lleva 22 años en el poder desde que la crisis de 1999 desplazó a los partidos provinciales, enfrenta su mayor desafío hasta ahora. El caso Loan afectó la percepción que la sociedad correntina tiene sobre el gobernador como no había ocurrido nunca antes; ni siquiera con el escándalo del ministro de Salud, Ricardo Cardozo, atrapado llevando vacunas contra el covid de manera irregular. 

Para comprender el impacto del caso debemos mirar, no sólo la última fotografía, sino toda la película. CB Consultora es una encuestadora que mide de manera regular la imagen de políticos argentinos. Mes tras mes ubicaba a Valdés en el top five de gobernadores con mejor imagen positiva del país durante el último lustro. Por ejemplo, cuatro años atrás, en plena cuarentena por la pandemia de covid 19, el gobernador de Corrientes detentaba un 67,5% de imagen positiva. El número se mantuvo casi inamovible, incluso en febrero de 2023, cuando seguía con una imagen muy alta con el 66,2%. En febrero de este año, la imagen positiva o muy positiva de su gobierno seguía siendo elevada con el 61,4%. Esta cinta continua debe incluir también la reelección en agosto de 2021 con el 76,90% de los votos. En definitiva, una ponderación muy superior a la de sus pares, incluso con todo el desgaste propio de la gestión a cuestas.

La película cambió con la desaparición del pequeño Loan y una serie de intervenciones públicas poco adecuadas. La primera fue la conferencia de prensa del 24 de junio, donde sugirió la posibilidad de trata de personas. También se le atribuyó el intento de intervenir en la investigación cuando publicó el sábado 29 de junio cerca del mediodía el siguiente tweet en la red social X (ex Twitter): “Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”. 

La afirmación provenía de una información filtrada por la fiscalía provincial, cuando el caso ya estaba en fuero federal. La situación se agravó cuando se conoció que Diego Pellegrini, senador cercano a Valdés, fue indicado como instigador y facilitador de la declaración de Laudelina durante la madrugada de ese día en la fiscalía general de la ciudad de Corrientes. Pellegrini ahora asegura que espera la citación judicial para presentarse y aclarar su intervención en el caso, sin embargo y de manera anticipada, recordó que cuenta con fueros por su carácter de legislador. Ante este escenario, la oposición provincial, especialmente la vinculada al peronismo, manifestó su rechazo al accionar de Pellegrini. 

A medida que la investigación avanza, la presión sobre Valdés se incrementa, en especial tras la renuncia del exministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, y el descabezamiento de la cúpula policial. Valdés, quien enfrenta su último año como gobernador, sigue intentando justificar sus acciones, pero la opinión pública modificó su perspectiva. El viento cambió. 

La última encuesta publicada por CB Consultora, de Cristian Buttié, indica que Valdés perdió 10 puntos en imagen positiva respecto de marzo de este año; y casi 17 puntos respecto de su mejor marca en plena pandemia. Esta escena se debe sumar a la interna a cielo abierto que mantiene con su antecesor el ex gobernador Ricardo Colombi. 

No obstante, desde la administración provincial se mantienen confiados, ya que el gobernador sigue teniendo más del 50% de imagen positiva. En ese sentido, Valdés y su equipo buscan recuperar la narrativa del oficialismo, volviendo a las intervenciones públicas como las de esta semana en su ciudad natal, Ituzaingó. 

Si bien no podemos identificar exactamente qué cambió en Corrientes desde que el caso Loan ocupa las noticias nacionales y locales, podemos marcar sutiles variaciones en lo social, en la justicia y en la política. El “aire fresco” del radicalismo, eslogan de Ricardo Colombi en la década del 2000, ocupó el centro de la política provincial durante 20 años, y hoy está buscando sobrevivir a un huracán. 

ADLR/DTC

Una escena televisada en vivo por canales metropolitanos se repartió muy rápidamente en los grupos de WhatsApp políticos y periodísticos de la ciudad de Corrientes en la tarde de este jueves. En la imagen aparece una mujer, visiblemente conmocionada, durante la última marcha realizada en la capital correntina para pedir por la aparición con vida de Loan Danilo Peña, el niño de 9 años que desapareció de la casa de su abuela hace 36 días. Ante el micrófono de C5N se presenta Violeta Ester Yegros, quien inició una causa contra el padre del gobernador Gustavo Valdés, el dirigente radical Manuel Valdés, por filiación biológica, en representación de su hijo. 

Atropellada entre las palabras y las lágrimas, Violeta relata una relación de abuso con Valdés padre durante una década, producto de la cual nacería su hijo menor, que por primera vez aparece en cámara. Apunta con dureza contra los Valdés. Habla de “Manolo” el padre del gobernador, de Gustavo y de Juan Pablo, intendente de la ciudad de Ituzaingó –donde funciona la represa de Yacyretá– y quien sonaba como posible sucesor de su hermano. Hay enojos, insultos y desbordes. Impotencia por una justicia que no da cause a su reclamo. Una angustia indisimulable, pero también asoma una certeza: su prédica ahora tiene público nacional. 

La respuesta oficial no tarda en aparecer. Esa misma noche después de que la acusación rebotara en los canales de noticias porteños, trasciende desde las usinas del oficialismo que en la mañana de este viernes el gobernador Valdés hablaría sobre el tema, incluso se especula con una posible denuncia por calumnias. Sin embargo, en la conferencia de la mañana del viernes versa sobre nuevos cambios en la cúpula policial y sólo ante una pregunta puntual se refiere a la denuncia televisiva. 

El gobernador apunta que el asunto estaba tramitándose en los juzgados de Corrientes y que “por razones que tienen que ver a la preservación del menor” no hará comentarios. Sin embargo, vuelve sobre una figura reiterada por estos días y señala a “los caranchos” de la política que “están llevando a hacer este tipo de cuestiones, todos golpes bajos”. Defiende a su padre, “un hombre que nunca ha tenido una denuncia penal a lo largo de su vida hoy tiene 87 años y misteriosamente aparece este tipo de denuncia”. 

La denuncia

elDiarioAR pudo acceder al expediente que se tramita en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°3, a cargo de la doctora Nora Alicia Infante. El asunto es complejo, porque para reclamar la filiación de Valdés padre, la justicia le pide a Yegros probar primero que Juan Carlos Martínez, quien figura como padre del niño, no era en realidad su padre biológico. El procedimiento adquiere una dimensión particularmente difícil, porque el asunto es que Martínez está muerto, y deben exhumar el cadáver para tomar una muestra de ADN. 

El tribunal, en primera instancia, ordenó la exhumación de los restos de Martínez para obtener muestras de ADN que permitieran confirmar la paternidad. Sin embargo, esta decisión fue impugnada por el abogado de la demandante, el doctor Rubén Leiva, argumentando que la medida era innecesaria y “causaba un agravio irreparable”. Leiva sugirió que la prueba de ADN podría realizarse utilizando material genético de una hija biológica de Martínez, evitando así la exhumación que es más costosa y compleja, además de dilatoria de la segunda medida que es el ADN con el padre de Valdés. 

En respuesta al recurso, la jueza Infante consideró que la exhumación era el medio probatorio que proporcionaría mayor certeza, por lo cual rechazó el pedido de Leiva. La decisión tiene fecha el 13 de diciembre de 2023. Hasta el momento, no se conocen nuevos movimientos en la causa. No hubo ni exhumación del cadáver ni avances para conocer la filiación del niño.

Hacía allí apuntan los principales cuestionamientos contra la justicia local, acusada mediáticamente de connivencia con el poder político provincial. Por un lado, se pone en duda la dilación en las respuestas y acciones requeridas para atender al derecho a la identidad del niño; y por otro la decisión de la magistrada, aunque legalmente fundamentada, no considera alternativas menos invasivas que podrían haber resuelto el conflicto de manera más expedita y menos traumática para los involucrados. 

Las denuncias públicas de Yedros en la televisión nacional son mucho más delicadas que las presentadas en la justicia por filiación. La mujer sostiene que el vínculo con Manuel Valdés era de sometimiento, habla de violación y de instigación a abortar. Ante los micrófonos de la televisión sostuvo: “En el año 2004, cuando yo tenía 14 años, sufrí abuso sexual y de poder por parte de Manuel Valdés. Muchos años sufrí todo tipo de sometimiento por parte de esta persona que en todo ese periodo me hacía tomar pastillas y luego quedé embarazada”. Apunta también contra el gobernador Valdés y contra su hermano Juan Pablo. Sin embargo, por el momento en el fuero provincial, este medio no halló denuncias en este sentido.  

Quién es Manuel Valdés

La familia Valdés se inscribe dentro de las dinastías políticas de la provincia de Corrientes. El padre del gobernador, hoy en el ojo de la tormenta, Manuel “Manolo” Valdés, es dirigente radical de extensa trayectoria, fue presidente de la UCR local en el retorno de la democracia en 1983 y hermano del fallecido Octavio “El Burro” Valdés. “El Burro” era conocido en Corrientes por su tono confortativo, muchas veces polémico, y por desempeñarse dos veces como intendente de Ituzaingó (1997- 2005). Luego fue diputado provincial, un alfil clave para la alianza gubernamental que está al frente de la administración de la provincia desde 2001. 

Manuel tuvo en el orden público un perfil más bajo que Octavio, pero lo sucedió en la intendencia entre 2005 y 2013. En 2021, en una entrevista para el diario Época, ante la inminente asunción para el segundo mandato de Gustavo como gobernador y el primer mandato de Juan Pablo como intendente, dijo que estaba retirado de la política y que sólo hablaba del tema con sus hijos cuando se lo preguntaban. Sus hijos, además de Juan Pablo y Gustavo son Manuel Octavio, presidente de TELCO, la compañía pública de telecomunicaciones de Corrientes; y María, su única hija mujer.  

Ahora, y por el momento, no se pronunció de manera pública ante las acusaciones de Violeta Yegros, ni sobre la filiación del niño que también podría ser su hijo. 

ADR/MT

Un poco después de las 21 de este lunes primero de julio, la movilización en reclamo por la aparición con vida de Loan Danilo Peña, terminó de descomprimirse frente a la Residencia Uno, ubicada en las inmediaciones de la costanera y la calle San Martín. El chalet que habitan los gobernadores correntinos estaba fuertemente custodiado y fue la última parada de una marcha que había empezado tres horas antes en la plaza Cabral. 

La movilización reunió a familias con niños, estudiantes secundarios y universitarios, integrantes de organizaciones sociales vinculadas a las infancias y a los derechos humanos y vecinos de la ciudad conmovidos por el caso que tiene en vilo al país. La marcha tuvo como primera parada la Casa de Gobierno, allí alrededor de las 20 se concentró la mayor cantidad de gente. Se cantó el himno y se repitieron consignas contra el gobernador Gustavo Valdés. No hubo carteles políticos ni partidarios, sólo cartulinas escritas a mano y un pasacalle extenso pidiendo por Loan.  

La escena se repitió en al menos diez ciudades y pueblos del interior correntino, entre ellas en Bella Vista, Goya, Gobernador Virasoro, Esquina y 9 de Julio, donde las movilizaciones se convocaron en distintos horarios, pero que pese al frío reunieron a un importante número de personas.  

En Corrientes, con los ciudadanos en la calle, el gobernador radical está frente al mayor desafío político a una gestión.

En dialogo con elDiarioAR María de 42 años consideró que el caso la conmueve profundamente por su condición de mamá de tres chicos, pero también por la respuesta correntina al caso. “Me alegra que la gente se moviliza por un caso que el correntino siempre tiende a dejarse pasar por encima, a bajar la cabeza a no quejarse, me incluyo en eso. Uno no siempre sale a pedir justicia y esto no se ve siempre”, comenta y agregó que la idea de involucrarse es central para conocer qué ocurrió. 

“Me parce que trasciende un poco un poco la cuestión de los estratos sociales, tal vez a mis hijos no le pase, pero es una locura todo lo que se dice. Nadie sabe que pensar de los políticos, de la familia, de la prensa, nada está claro y el caso está muy mal manejado”, indicó. Esa es la sintonía de la mayoría de los testimonios: un descreimiento de lo actuado por la justicia y de las últimas acciones del gobernador Valdés.  

Lo más cuestionado tanto en la movilización como en las redes sociales es el posteo publicado en X, el sábado pasado, anunciando de manera anticipada “un giro en la causa que permitirá esclarecer el caso”, tras las declaraciones en la fiscalía provincial de la tía del niño, Laudelina Peña.  

“Queremos justicia, queremos encontrar a loan”, se repetía antes de reclamar contra el gobernador, que se enfrenta ahora al mayor desafío en representación y credibilidad de su gestión, pero también de los 23 años de gobierno de la Unión Cívica Radical en Corrientes. 

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña está en mano en el fuero federal y llevado a la detención de varias personas y a la intervención de autoridades federales. La semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció oficialmente el cambio de jurisdicción a nivel federal debido a la gravedad del caso y a los inconvenientes registrados en la investigación inicial. La hipótesis principal hasta el sábado sugería que Loan podría haber sido llevado a Chaco para ser trasladado a Paraguay. La justicia federal y las fuerzas federales tomaron control de la investigación, centrando sus esfuerzos en desmantelar la posible red de trata, sin embargo la declaración de Laudeina cambió el giro de la investigación a un accidente.

Esta hipótesis fue duramente cuestionada en la marcha. Allí denunciaron públicamente la corrupción judicial, señalando a jueces, peritos y policías. “Todos saben lo que pasa, la justicia en el encubrimiento es muy grave. No están capacitados. Hay mucho encubrimiento”. Las manifestaciones, que incluyeron cánticos del himno nacional y velas, se llevaron a cabo sin carteles políticos. “Hace 17 años no se nombra al defensor de niños, niñas y adolescentes”, señalaron los manifestantes, cuestionando la falta de acción y protección por parte del gobierno.

ADLR/MG

Vecinos autoconvocados marcharán portando antorchas este lunes por la tarde a partir de las 19 horas desde la plaza Cabral, en el centro de la capital correntina, hasta Casa de Gobierno para reclamar la aparición con vida de Loan Peña, el niño de 5 años desaparecido en la localidad de 9 de Julio, al oeste de la provincia, hace 11 días y que tiene en vilo al país. 

La movilización se sumará a la decena de marchas que se vienen replicando en el pueblo de Loan y en la ciudad de Goya, hoy sitiados por efectivos de distintas fuerzas de seguridad que participan de la búsqueda, bomberos voluntarios y un enjambre de periodistas de los principales canales de noticias del país. La protesta pondrá al gobernador Gustavo Valdés frente a un reclamo generalizado de la ciudadanía por el modo de encarar el caso. ¿Afectará este hecho, la imagen a prueba de escándalos del gobernador correntino?

Quien haya encendido un aparato de televisión, la radio o ingresado a las redes sociales en la última semana en Argentina, estará más o menos al tanto del caso del niño desaparecido. En resumidas cuentas, Loan fue a caballo con su papá a almorzar en la casa de su abuela, en un paraje cercano al pueblo de 9 de Julio, ubicado en el departamento San Roque. Las primeras versiones indicaban que el pequeño se había perdido en el monte, desde entonces y hasta hoy, once días después y cuando ya se estableció la posibilidad de un caso de trata de personas; agendes de distintas fuerzas y voluntarios rastrillan la zona buscando a Loan. 

Una catarata de periodistas metropolitanos instalados en el pueblo y alrededores, que transmiten casi en cadena nacional los acontecimientos vinculados a la investigación, potenció mediáticamente el hecho. Y tras una infructuosa semana de búsquedas, quedaron detenidas seis personas; entre ellas, el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, quien estuvo a cargo de la búsqueda de Loan; Victoria Caillava y Carlos Pérez, imputados por captación de personas con fines de explotación, entre otros. 

Tras la detención del comisario Maciel y mientras se reorganizaba la búsqueda, el fin de semana comenzó a circular un audio con la voz de Gustavo Valdés. Se presume que confeccionado con Inteligencia Artificial, el mensaje reproducía la voz de un Valdés enojando con “que se levante ese pueblo de mierda”, pidiendo resultados para que el caso “no salte”. Con rapidez, las aceitadas cuentas oficiales del gobierno, que no publican nada que no esté vinculado con la búsqueda de Loan hace diez días, desmintieron el audio. Este lunes, lo hizo el propio Gobernador. 

Con el propósito de acallar las críticas por la demora en el accionar gubernamental con el Alerta Sofía y el cerrojo en las rutas, este lunes por la mañana, Valdés citó a una conferencia de prensa en Casa de Gobierno y defendió las actuaciones oficiales: “No vamos a bajar los brazos respecto al tema, y vamos a seguir investigando para alcanzar y llegar a la verdad, y saber qué es lo que pasó con este niño”. 

Luego aseguró que se trata de la “búsqueda más importante de la historia de Corrientes”, ya que se rastrillaron unas 30 mil hectáreas alrededor de la zona del hecho. Aprovechó también para ponderar la ayuda de sus socios políticos los gobernadores Leandro Zdero de Chaco y Maximiliano Pullaro de Santa Fe, quienes colaboraron con efectivos policiales, bomberos y la división de canes. También agradeció el apoyo de otras provincias y de la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, a quien el gobierno correntino apoyó en su candidatura presidencial. No obstante, el pequeño sigue sin aparecer.

Cuestionó además la viralización de audios falsos: “Sé que hay audios que andan circulando, atribuyéndose a mi persona. No son reales, han sido adulterados. Repudio en este momento públicamente este tipo de maniobras que pretenden hacer, es un hecho tan doloroso”. 

Todo el asunto apunta con el principal capital político de Valdés, su propia imagen. 

Cuestión de imagen 

Gustavo Valdés es gobernador de Corrientes desde 2017 y fue reelecto en 2021, por el 76 por ciento de los votos. Este abogado, hijo de un matrimonio político y dirigente radical desde los 90, está siempre atento a un dato que suele favorecerlo: su imagen positiva. Aún con indicadores económicos y sociales poco prósperos para la provincia, más del 40 por ciento de la población viviendo en la pobreza; el actual gobernador mantiene una imagen positiva que va del 60 al 80 por ciento, según la consultora; y se ubica, desde hace años, en el podio de los gobernadores con mejor imagen de Argentina. 

La desaparición de Loan Peña representa un gran desafío para el manejo de su gestión y de su imagen, tal vez incluso más que la pandemia del 2020, los incendios de 2022 y las inundaciones de 2023. Catástrofes y escándalos, como el contagio de coronavirus del secretario de Deportes, Jorge Terrile, por cruzar a Resistencia para una partida de póker con permisos oficiales en el momento más aciago del confinamiento; o el transporte irregular de vacunas contra el covid-19, el muy cuestionado ministro de Salud, Ricardo Cardozo. Nada de esto logró esmerilar la aceptación de los correntinos, según encuestas propias y ajenas.   

Valdés es un político hábil y con cintura para mantener dentro de su órbita a jóvenes y viejos dirigentes radicales, prometer sin conceder demasiado a los muchos socios de los partidos provinciales que integran la alianza gubernamental e incluso recibir con calidez, y algo de sobreactuación, al presidente Javier Milei en sus visitas a Corrientes. Sin embargo, hay una clave política que pone en tensión su hegemonía: hace poco más de dos meses rompió de manera pública con su antecesor, el tres veces gobernador Ricardo Colombi.

Es una guerra declarada. Colombi quiere volver a ser gobernador y Gustavo Valdés, impedido por la Constitución de la Provincia, espera que el candidato radical sea alguien de su confianza, posiblemente su hermano Juan Pablo, intendente de la localidad de Ituzaingó. 

Con los reflectores de todos los medios de comunicación nacionales puestos en Corrientes, cuestionado las actuaciones del Ministerio de Seguridad, a cargo del ex fiscal, Buenaventura Durate; Valdés tiene por delante el desafío de disponer todos los recursos posibles para que aparezca con vida Loan. Al menos si desea subsistir políticamente, como su predecesor. 

ADLR/MG

En la tarde de este lunes, se conoció la sentencia contra los responsables de la Brigada de Infantería VII, sub-zona 23, con asiento en la ciudad de Corrientes por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. El Tribunal Oral Federal, a cargo de los jueces de Cámara Fermín Amado Ceroleni, Juan Manuel Iglesias y Eduardo Ariel Belforte, reveló la sentencia que otorga hasta 25 años de prisión a siete de los nueve imputados. 

Los acusados en el juicio, que empezó en agosto, fueron el comandante principal de Gendarmería Raúl Reynoso, el general de brigada del Ejército Eduardo Antonio Cardoso, el capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi y los coroneles Raúl Harsich y Horacio Losito. También el coronel del Ejército Abelardo De la Vega; el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón, el teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache y el comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma. La conjunción de actores de Ganadería y del Ejército fue central para analizar el trabajo ilegal de Inteligencia que realizaba la VII Brigada.

Antes de escuchar el veredicto, organizaciones de derechos humanos marcharon hasta el edificio del TOF, ubicado en el corazón económico y político de la ciudad de Corrientes, a dos cuadras de la Casa de Gobierno, reclamando justicia y enunciado consignas a favor de la democracia y en contra del negacionismo del terrorismo de estado. Durante la movilización, los participantes se vendaron los ojos, como representación de las condiciones de detención en las que permanecían las víctimas durante su cautiverio. 

En el edificio judicial, estuvieron presentes integrantes del tribunal, la querella y parte de la defensa, los acusados siguieron la sentencia de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Pasadas las 17 horas, el presidente del tribunal leyó los 27 puntos de la sentencia. Los principales son los siguientes: 

Repercusiones 

Si bien dos de los imputados fueron absueltos, desde la fiscalía y la querella destacaron los componentes del veredicto. En igual sentido se pronunciaron desde las organizaciones de derechos humanos de la ciudad de Corrientes, que celebraron el momento de la lectura de las condenas contra De Marchi, Reynoso, Losito, Harsich, De la Vega, Cardoso y Alarcón. 

“Entendemos desde la Fiscalía Federal que es una buena sentencia porque el 90% de las víctimas tuvieron condenados por sus casos, lo que es claramente una reparación. Además, se profundizó la reconstrucción de los centros clandestinos de Corrientes capital y de responsables con nuevos condenados de inteligencia del Ejército y de Gendarmería. Por último, se destacan las medidas como la reparación de los legajos de los estudiantes de la UNNE”, dijeron a elDiarioAR desde la Fiscalía. Esta acción, que busca restituir los legajos de los estudiantes universitarios desaparecidos a sus familias, será llevada adelante por la fiscalía. 

ADR/DTC

A finales de septiembre, Guadalupe se sentó frente a los integrantes del TOF y testificó como víctima de la represión, recuperando y reconstruyendo el impacto en su vida, hasta el presente, del período que pasó detenida junto a su madre. Fue en el juicio de lesa humanidad más voluminoso del norte argentino, que busca comprobar la organización sistemática con la que operaban la VII Brigada de Infantería y el Área de Inteligencia 231 del Ejército Argentino en la ciudad de Corrientes entre 1975 y 1977.

Guadalupe Arqueros nació el 30 de marzo de 1976. Apenas 11 días después fue secuestrada junto a su madre, Judith Casco, presa política entre 1976 y 1982. Su padre fue Joaquín Arqueros, militante político del peronismo que aún permanece desaparecido. 

Cuando el juez federal le preguntó si los hechos del gobierno militar entre 1976 y 1983, tuvieron algún impacto en su vida, contó que desde el día en que nació su vida está atravesada por los delitos de la dictadura. Desde ese banquillo y asistida por una psicóloga del equipo de Acompañamiento a Víctimas del Terrorismo de Estado; con voz clara apenas interrumpida por la emoción, contó lo que necesitaba contar. Guadalupe dijo allí, y en las entrevistas que precedieron a su testimonio judicial, que necesitaba que el Estado la escuche, necesitaba ese acto reparatorio. Porque ella, como tantos otros niños y niñas, hoy adultos que se convirtieron en testigos, fueron víctimas directas del aparato represivo del Estado. 

- “Esto lo pude reconstruir a partir de los relatos. Tenía 11 días cuando fuimos secuestradas con mi mamá por personas vestidas de civil. Yo era una bebé. Y mi mamá me llevó con ella, entiendo que para defenderse y defenderme a mí. La amenazaron con torturarme. Una cree que son atrocidades, pero se supo que eran hechos que ocurrían en ese momento”.

Luego de ese procedimiento, ambas fueron al Instituto Pelletier, una unidad carcelaria que funciona hasta el momento en la ciudad de Corrientes, administrada por un grupo de monjas. Allí permanecieron por el plazo de un año, cuando Judith Casco fue trasladada a la cárcel de Devoto. Guadalupe relató que en ese momento fue entrega a sus abuelas: “Me quedé con mi abuela materna y mi hermano, con mi abuela paterna. Tuve secuelas físicas que perduran al día de hoy. Tuve otitis, cuando era bebé y estaba en el Pelletier, que se convirtió en una dolencia crónica”. Luego del traslado a Devoto, “viajaba con mis abuelos a ver a mi mamá que estaba detenida. Tenía unos 3 o 4 años. Había cacheos físicos, nunca me tocaron, pero sentía la angustia de mi alrededor”, contó. En su testimonio, Guadalupe reconstruyó que cada visita a su mamá estaba acompañada por fuertes dolores de estómago, y que la veía a través de un vidrio. “Seis años después, en 1982, mi mamá vuelve. Estuve seis años con mis abuelas” y agregó que incluso el regreso fue traumático.

En un momento del testimonio, dijo: “De cuando estábamos en el Pelletier, me acuerdo de los olores y de los colores. Juré decir la verdad y puedo decir que tengo el recuerdo de olores y de colores. No me lo contaron – no es algo reconstruido – me acuerdo”. El olor a humedad, apuntó más tarde, como un reconocimiento certero, urbano, compartido, sobre ese edificio que aún aloja a las mujeres detenidas en Corrientes. 

Al finalizar, pidió que este juicio sirva parar conocer dónde están los restos de su padre: Joaquín Arqueros. Y agradeció la posibilidad de contar su historia, considerando que “la escucha” del Estado es un acto reparatorio para quienes fueron víctimas de la represión. 

Guadalupe no fue la única víctima infantil de la Brigada VII. Uno de los primeros testimonios que se escuchó en el juicio, durante el mes de agosto, fue el de Juan Carlos Fernández, hijo de Gladys “Bebi” Hanke y del militante peronista desaparecido Eduardo “Lalo” Fernández.

Juan Carlos nació en cautiverio el primero de enero de 1977, luego de que su mamá fuera secuestrada estando embarazada en Bella Vista. Según la reconstrucción, permanecieron en el Hospital Militar del Regimiento de Infantería 9, donde funcionaba uno de los centros clandestinos correntinos. Luego estuvieron detenidos en el Instituto Pelletier, donde lo bautizaron y tomaron una fotografía de ambos. “Gracias a esta foto no soy uno más de los cientos de bebés apropiados por la dictadura que todavía se están buscando”, relató.

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El secuestro de una bebé de 11 días, el nacimiento en cautiverio de un niño, decenas de detenciones arbitrarias y torturas, constituyen la extensa lista de crímenes de lesa humanidad que se están juzgando en Corrientes y que busca comprobar la organización sistemática con la que operaban la VII Brigada de Infantería y el Área de Inteligencia 231 del Ejército Argentino en la ciudad de Corrientes entre 1975 y 1977. Se esperan condenas de cuatro a 25 años, contra los represores imputados. 

Este lunes es clave. A las 17 horas y tras varias dilaciones, está previsto que el Tribunal Oral Federal de Corrientes de a conocer su veredicto para los nueve represores que están siendo juzgados por más de 70 causas en el juicio más amplio de la historia provincial. El proceso, que tendrá su veredicto de primera instancia, empezó en agosto pasado con el juzgamiento de 104 causas que fueron decantándose. No obstante, aún es considerado el más voluminoso de los juicios de lesa humanidad en el norte argentino. 

Tras decenas de testimonios que se sucedieron desde los primeros días de agosto y hasta fines de septiembre, la presentación de un amplio caudal de pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los alegatos de la defensa y las palabras de las partes, se espera la condena o absolución de los acusados. 

El veredicto será seguido de cerca por las organizaciones de derechos humanos de la región que convocaron a una movilización en la ciudad de Corrientes. 

La fiscalía, a cargo de Flavio Ferrini, y el abogado querellante, Manuel Brest Enjuanes, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidieron al tribunal que los nueve imputados, exintegrantes del Ejército y de la Gendarmería Nacional, sean condenados a penas de entre cuatro y 25 años de prisión por crímenes cometidos contra las víctimas en centros clandestinos de detención de la provincia.

En la audiencia de cierre solicitaron, 25 años de prisión para el comandante principal de Gendarmería Raúl Reynoso, el general de brigada del Ejército Eduardo Antonio Cardoso, el capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi y los coroneles Raúl Harsich y Horacio Losito. Reclamaron además 15 años de prisión para el coronel del Ejército Abelardo De la Vega; 12 años para el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón; 10 años para el teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache y cuatro años para el comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma.

La fiscalía también pidió tres medidas de reparación hacia las víctimas, sus familiares y que posibilitarían nuevas instancias de enjuiciamiento. 

Directivas de la dictadura en el NEA

A lo largo del juicio se buscó esclarecer las directivas secretas del gobierno de facto, y también del gobierno previo, para la división territorial argentina, recuperando la idea de que el país estaba dividido en cuatro zonas y estas a su vez en sub-zonas. Se apuntó contra los responsables de distintas fuerzas de las tareas realizadas en la sub-zona 23, que quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Infantería VII con asiento en la ciudad de Corrientes, pero con una jurisdicción mucho más amplia que incluía las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los departamentos correntinos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.

Los testimonios de sobrevivientes, testigos ocasionales y familiares de las víctimas, que se sucedieron a lo largo de las distintas audiencias, indicaron con más o menos certeza las características de los operativos de secuestros que se realizaban por la madrugada en la calle o en domicilios particulares entre 1975 y 1977. Señalaron también los centros clandestinos del Regimiento 9 y el predio del Ejército en Santa Catalina, como lugares de tortura sistemática, junto a las instalaciones de la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Corrientes, en el corazón de la ciudad de Corrientes. 

El mapa de los lugares de detención incluyó también al Instituto de Mujeres Pelletier, el Escuadrón de Gendarmería y la Policía Federal, todos sitios donde permanecieron alojados de manera ilegal e incomunicados hombres, mujeres y niños. 

Se buscó establecer que, quienes estaban al mando de estos operativos de secuestro y tortura, integraban un grupo de tareas conformado por oficiales de inteligencia del Ejército o de Gendarmería de civil, acompañados por personal uniformado de la Policía de Corrientes o del mismo Ejército. Esta colaboración interfuerzas es una de las claves del proceso que está llegando a su fin, indicaron a elDiarioAR.

Diego Vigay, del equipo de la fiscalía, explicó en una entrevista que a través del juicio se pudo reconstruir que un número importante de las víctimas eran estudiantes de todas las facultades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), especialmente de las carreras de Medicina, Derecho, Veterinaria, Agronomía, Arquitectura, Ciencias Exactas y Humanidades. También se detuvo de manera ilegal a estudiantes de colegios secundarios, que tenían alguna participación en agrupaciones como la Juventud Universitaria Peronista o en Centros de Estudiantes. En este proceso, se identificó también como víctimas de la represión a periodistas, sacerdotes tercermundistas, intendentes de extracción justicialista, gremialistas, productores de las Ligas Agrarias y profesionales médicos y abogados. 

Uno de los aspectos que cobró carne en el proceso fue el mecanismo empleado en la detención de familiares de militantes políticos, como forma de atormentar y amenazar. Ese fue el caso de Guadalupe Arqueros, la última testigo del juicio, que estuvo presa con su madre a los 11 días de vida.  

A la espera 

Este lunes, finalmente y luego de casi un mes de demoras, se espera conocer el veredicto del TOF integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Juan Manuel Iglesias, contra los imputados que llegaron al proceso. Este es, aún con las causas desestimadas, el juicio de lesa humanidad más grande del norte argentino. 

Originalmente había 21 personas acusadas de formar parte o de operar con la VII Brigada de Inteligencia en Corrientes. En el transcurso de la investigación, murieron cinco de los acusados: José Oscar Guastavino, Roberto Romeo Bin, Aldo Solís Neffa, Jorge Levatti y Julio Maidana. En tanto, fueron apartados por incapacidad Julio Barreiro y Cyris Dalmis Marcelo Feü (quien además fue interventor de la provincia), Eduardo Gómez y Juan Carlos Ibarrola, todos del Ejército. En tanto, el último apartado de la causa fue el responsable del cuerpo, el ex jefe de Inteligencia de la IIV Brigada, José Emilio Mechulán, por demencia.

Este recorrido judicial tendrá hoy un capítulo de cierre, cualquiera sea el veredicto. Tanto los sobrevivientes como aquellos niños, hoy adultos, que vivieron sus primeros días como detenidos de la dictadura militar, fueron escuchados. Resta aún conocer si el plan sistemático del gobierno militar en la región del NEA, en su clave local, que fue explicitado durante los últimos meses en el TOF, adquiere la certidumbre de la verdad jurídica. 

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Este jueves, casi a la medianoche, el clima estaba exaltado en las inmediaciones del Tribunal Oral Penal N°1 de la ciudad de Corrientes. Un grupo de mujeres, militantes, periodistas y familiares de la denunciante esperaban la sentencia contra el ginecólogo correntino Gerardo Dahse acusado de violación por una paciente que había concurrido a su consulta en mayo de 2021, cuando tenía 20 años. 

Luego de dos meses de juicio, a las 22.50, tras los alegatos de las partes y una sumatoria de irregularidades en el manejo con la prensa que cubría el caso, el tribunal integrado por Ana del Carmen Figueredo, Cynthia Teresa Godoy Prats y Raúl Juan Carlos Guerín dio su veredicto: el ginecólogo fue encontrado culpable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”, siendo condenado a la pena de siete años de presión e inhabilitación especial perpetua. Sin embargo, Dahse no irá de manera inmediata a prisión ya que el tribunal dejó vigente la excarcelación que logró anteriormente hasta que quede firme el fallo dictado. 

Mientras se daba a conocer la sentencia, en las inmediaciones del tribunal la situación era tensa. Los alegatos debían iniciar a las 15 horas. El clima se fue caldeando en la medida en que habilitaban y deshabilitaban la presencia de oyentes en el juicio. Familiares de la denunciante, cuya identidad fue preservada bajo el seudónimo de “Violeta”, así como periodistas y fotógrafos entraban y salían del reciento sin instrucciones claras.  

Pasadas las 22 horas se produjo un altercado entre quienes esperaban el veredicto y la policía. Una periodista del diario Época, uno de los más populares de la ciudad, fue rociada con gas pimienta en el rostro. Un fotógrafo de Nueva Mirada corrió con la misma suerte, así como una periodista free lance que “se llevó la peor parte”, según testigos del hecho.  

Tras la tensión y luego de la lectura del veredicto, la salida del ginecólogo estuvo fuertemente custodiada por decenas de policías que armaron un cordón para que pudiera subirse al vehículo que lo llevó a su hogar en el barrio Aldana, donde está fijo el domicilio legal. 

Dahse tiene prohibido ausentarse de la provincia y el país sin autorización judicial. Debe acudir al tribunal cada mes a firmar un comparendo y no puede acercarse a la víctima ni contactarse con ella por cualquier medio.

Mee Too correntino

El largo camino judicial que decantó en la sentencia conocida anoche, empezó mucho antes. Las primeras acusaciones de abuso y violación contra Dahse comenzaron a viralizarse en 2021. Una denuncia anónima encendió una mecha virtual en septiembre de ese año y un mes más tarde, las organizaciones feministas locales contabilizaban 15 casos. Hoy son 22. Las denuncias en el ámbito virtual mostraban un patrón, los abusos ocurrían en el consultorio, luego de un aborto, la colocación de un DIU o un Papanicolaou, en algunos casos con las pacientes sedadas.  

Se conoció entonces que el médico había sido denunciado penalmente una década atrás, pero la causa fue archivada por falta de investigación. La sobreviviente contó que luego de la violación y de la inacción judicial sufrió una profunda depresión y atentó contra su vida. Ahora se está solicitando que la causa sea reabierta por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Una tercera denuncia espera el auto de elevación a juicio, que de confirmarse volvería a colocar a Dahse en la situación de someterse a un juicio oral.

Las aristas del caso salpicaron a diversos espacios sociales. Con las denuncias replicadas en el ámbito virtual primero y en el ámbito judicial después, el ginecólogo continuaba al frente de un muy lucrativo cargo público: hasta mediados de este año era auditor de IOSCOR, el Instituto de Obra Social de Corrientes. Según la querella ese cargo fue clave en los abusos. Sofía Domínguez, abogada de la denunciante, indicó en una entrevista ante un canal televisivo local que: “Su modo de operar era ganarse la confianza de las víctimas, les hacía pequeños favores cómo atenderlas sin turno o no cobrarles algunas prácticas”.

Ahora se conoce que no presta más servicios en el instituto, sin embargo, nadie comunicó ni da cuenta sobre la condición de revista del ex funcionario. 

Dahse además era socio propietario de una clínica en la ciudad de Corrientes. Desde hace tiempo, incluso antes de su corrimiento de la función pública, su nombre no figura como prestador de la institución privada. 

La reacción del médico en todo momento fue desacreditar a las denunciantes. 

La sentencia, el alivio

El juicio que finalizó ayer tuvo un sinuoso recorrido desde la denuncia en sede judicial en 2021. Recién en junio del 2022, el médico fue imputado por abuso. Fue detenido por cuatro meses y desde entonces logró la eximición de prisión, que permite que aun con un fallo en contra no sea detenido.

En los alegatos de ayer, jueves, la querella solicitó 10 años de prisión con inhabilitación especial perpetua y prisión preventiva. La abogada pidió que se ordene la inmediata detención y se deje sin efecto la eximición de prisión concedida oportunamente. Por su parte, el Fiscal Adjunto del Poder Judicial, Jorge Omar Semhan, solicitó la pena de siete años de prisión, con inhibición especial perpetua y al igual que la querella, que se lo detenga inmediatamente y se lo traslade al penal. La defensa solicitó la absolución.

Con el barullo de fondo, el Tribunal lo sentenció a siete años de prisión, que no se hará efectiva mientras continué la eximición. El 12 de octubre se entregarán los fundamentos.

Este viernes por la mañana, la madre de “Violeta” dijo en Radio Continental Corrientes: “Estamos conformes, si bien pedíamos que sean más años, la inhabilitación de por vida es importante porque no va poder ejercer más la medicina. No va a poder molestar a ninguna adolescente, a ninguna mujer”. 

“Fue un gran alivio”, agregó y recuperó una sensación que el caso ponía sobre la mesa de manera constante: “Fue un alivio que lo declaren culpable porque es tanta la impunidad que hay en Corrientes. Nosotras no somos personas con poder, ni con plata, ni con doble apellido; no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Estamos muy agradecidos a Dios porque se hizo justicia. La inhabilitación, más los siete años de condena, es lo que pidió el fiscal. Se dio un gran paso”. 

Hoy “Violeta” no vive más en Corrientes. Se tuvo que ir, dijo su mamá. Queda la sentencia que confirmó su denuncia y las expectativas abiertas para los nuevos juicios. 

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Este lunes 7 de agosto comenzó el décimo juicio de lesa humanidad en Corrientes por crímenes cometidos durante la última dictadura militar, con un extenso proceso contra diez represores por 104 casos de privación ilegítima de libertad agravada y tormentos, en los que se condensan secuestros, alojamientos en centros clandestinos y torturas. Se juzgan además ocho casos de personas que aún permanecen desaparecidas, dos homicidios y dos hechos de niños privados de libertad con sus madres, uno de ellos nacido en cautiverio.

La causa es la más voluminosa, hasta el momento, de los procesos por lesa humanidad que se llevaron adelante en Corrientes y está entre los más relevantes de los 320 que se realizaron en Argentina hasta abril de este año. Busca no sólo condenar a culpables de la represión, si no también comprender, con la certidumbre de la verdad jurídica, parte de la organización militar y territorial del aparato represivo del Estado en el norte argentino.

La fiscalía federal pretende esclarecer cuáles fueron las directivas secretas del gobierno de facto para la división territorial del país. Se entiende, a través de la instrucción, que el país estaba dividido en cuatro zonas y éstas, a su vez, en sub-zonas. En este juicio, se apunta contra los responsables de las tareas realizadas en la sub-zona 23, que quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Infantería VII con asiento en la ciudad de Corrientes, pero con una jurisdicción mucho más amplia que incluía las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los departamentos correntinos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.

María Isabel Sanauria, secretaria general del Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9, habló con elDiarioAR y explicó que la causa “va a poner al descubierto que una de las herramientas que usó la dictadura fue la cuadriculación territorial” para operativizar el plan represivo. “La dictadura no podía tener un control de todo lo que era territorialmente Argentina, entonces hacen cabeza a determinadas jurisdicciones para que adapten el plan, pero también para que determinen el blanco. El que está acá es quién dice: vamos a detener a los estudiantes, vamos a detener a los sindicalistas. Es lo que hace el trabajo de inteligencia de la zona. Entonces, era darle la forma a ese plan que venía desde allá arriba”, indicó.

Para explorar mejor el mapa de centros clandestinos de detención, en este link.

La instrucción entiende en este caso que la Brigada de Infantería VII, al igual que otras en otros espacios territoriales, contaba con libertad de acción para detectar discrecionalmente a cualquiera que diera sospecha de injerencia o relación con personas consideradas “enemigas” y proceder a capturarlas y alojarlas en centros de detención clandestinos; y mediante la aplicación de torturas, golpes y vejaciones obtener información sobre actividades propias y ajenas.

Este litigio busca determinar la clave de la sistematicidad y metodología del aparato represivo llevado adelante por fuerzas de seguridad provinciales y federales, organizadas bajo la órbita de la Brigada de Infantería VII. A partir de las 104 imputaciones mencionadas, y con el trabajo de casi una década, el proceso es una continuidad y ampliación de la causa conocida como RI9 (Regimiento de Infantería IX) que fue el primer de lesa humanidad en el interior del país y punto de partida para a armar el mapa represivo no sólo de Corrientes si no también de la región. 

Si bien los casos a juzgar serán sólo los ocurridos en la provincia, por una cuestión jurisdiccional, se espera que el juicio abra el panorama para las otras provincias del NEA.

Puntos de contacto

Con asombrosa precisión, un día antes del inicio de un nuevo proceso, se cumplen quince años de la primera sentencia contra represores en el interior del país. En la misma sala del Tribunal Oral Federal de Corrientes, en la que se condenó a represores y se estableció que el ex Regimiento de Infantería N°9 funcionó como un centro clandestino de detención, comenzará el décimo juicio.

Aquella primera sentencia estuvo atravesada por una polémica nacional. No por su contenido, que llegaría a ser ratificado por la Corte Suprema de Justicia, si no por una imagen que se repetía una y otra vez en los medios de comunicación de toda Argentina: una exaltada Cecilia Pando gritando y amenazando con el remedo de un corte en el cuello a familiares y víctimas de la dictadura.

Para entonces, Pando se había convertido en una voz mediática que defendía a los represores y buscaba el restablecimiento la teoría de los dos demonios. Su performance en Corrientes, no fue gratuita ya que fue denunciada por amenazas aquí y allá.

Esa sentencia, pese al ruido de fondo, cambió una percepción instalada en Corrientes durante varias décadas: se logró desarmar la creencia de que el terrorismo de Estado no había operado con la misma intensidad en la provincia que en otros territorios. Desde entonces, se realizaron nueve juicios contra represores en distintos puntos de la ciudad de Corrientes y de la provincia. Se probó la sistematicidad del plan y la participación del Ejército y de las fuerzas de seguridad federales y provinciales; se enjuició por crímenes contra integrantes de las Ligas Agrarias, se condenó a los autores de diversos asesinatos en Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Corrientes y Goya, entre otros, y se determinó la existencia de, al menos, 21 centros clandestinos de detención en la provincia. 

Llegar al proceso que empieza este lunes no fue sencillo. “Se recolectó una enorme cantidad de pruebas, porque los que estaban en la Brigada no era gente que estuviera a la luz del día y de manera reconocible. Hubo que contrastar documentos e información, investigar para poder entender cómo trabajó el aparato de represión entre las provincias. Eso llevó como dos o tres años de investigación primero. Se recolectaron elementos que ya estaban en causas anteriores, más esta investigación y se presentó el caso en el 2014. Después tuvo un tiempo bastante laxo, que también se vio afectado por la pandemia”, indicó Sanauria y agregó que, con la ratificación de la sentencia en la Corte Suprema del RI9, comenzó la instrucción para el nuevo juicio reuniendo más información y con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como principal querellante.

Los imputados

Inicialmente se juzgaría a 21 personas que formaban parte de la Brigada de Infantería VII, sin embargo, sólo se sentarán en el banquillo 10 imputados, debido a que algunos fueron apartados de la causa y otros fallecieron. Serán juzgados entonces: el jefe de la División II-Inteligencia, de la que dependía la Brigada VII, José Emilio Mechulán; el general Eduardo Antonio Cardoso, auxiliar de la División II Inteligencia e Interventor de la policía de la provincia; y Alfredo Carlos Farmache, auxiliar de la División I- Personal. También están acusados integrantes del Centro de Detención Clandestino del RI9 el coronel Abelardo de la Vega; el capitán Juan Carlos De Marchi, oficial de Inteligencia que ya fue condenado previamente; Raúl Horacio Harsich, también oficial de Inteligencia; y el coronel Horacio Losito, condenado en el primer juicio. Completan la nómina, integrantes de Gendarmería Nacional bajo control del Ejército que fueron indicados como integrantes de los grupos operativos: el comandante Raúl Alfredo Reynoso, el comandante Abelardo Palma y el sargento Pedro Alarcón.  

No llegaron a ser juzgados y “fueron beneficiados por la impunidad biológica”, según indican las organizaciones de Derechos Humanos, el coronel Cirys Dalmys Marcelo Feu; el ministro de Justicia, Eduardo Ernesto Gómez; el coronel Juan Carlos Ibarrola; el teniente Aldo Sergio Solís Nefa y el coronel Roberto Romero Bin. Lo mismo ocurrió con efectivos de la policía provincial: el comisario Jorge Levatti; el comisario Oscar Maidana y el oficial Oscar Guastavino.

El listado evidencia que diversos grupos de las fuerzas de seguridad, además de las fuerzas armadas, operaron de forma coordinada bajo el mando operacional de la Brigada VII.

Al respecto, Milagros Llarens, del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (UNNE CONICET), viene investigando sobre los centros clandestinos de la provincia e indicó en diálogo con elDiarioAR que el primer juicio logró sacar a la luz cuáles eran los centros clandestinos de detención, además del RI9: “A partir de esos testimonios se pueden identificar los puntos que se utilizaban como sitio de detención, estadía o alojamiento. La justicia determina que no solamente era el RI9, sino el Escuadrón 48, la brigada, etcétera”. Toda esta información constituyó el punto de partida para el juicio actual. “El primer juicio tenía la misma idea de juzgamiento que a nivel nacional. Juzgaban a las cabezas, que debían saber lo que estaba sucediendo más abajo. Este segundo juicio involucra más víctimas, aumenta la magnitud de esa matriz sistemática represiva, y además lo que logra es ir por otros cargos, por los jefes, por ejemplo, de la Brigada. El jefe tuvo que haber una directiva y esa directiva la tuvo que cumplir alguien. Esa persona que ejecutó esa directiva también es responsable. Esa es la nueva premisa con la que parte este nuevo juicio”, concluyó.

La imputación

El Tribunal Oral Federal de Corrientes estará integrado por el juez Fermín Amado Ceroleni y como subrogantes los jueces Juan Manuel Iglesias, de Chaco y Eduardo Belforte, de Formosa. Por la acusación intervendrán en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal federal Flavio Adrián Ferrini y el fiscal federal auxiliar Diego Jesús Vigay con la apoyatura de la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de primera instancia de Corrientes, también actuará como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

De los 104 hechos que serán juzgados, se pueden indicar que la mayoría son por privación ilegítima de libertad agravada y tormentos, pero también se juzgan ocho casos de personas que aún revisten el carácter de desaparecidos, dos homicidios y la privación de la libertad de dos niños que permanecieron con sus madres, uno nacido en cautiverio y una que fue llevada con su madre detenida con diez días de vida.

Será juzgado el asesinato del afiliado peronista Modesto Pucheta, un hombre de 56 años que fue secuestrado de 20 de noviembre de 1976. Padre de un militante montonero que se fugó de la Central de Policía de Corrientes, Modesto fue detenido junto a su familia y asesinado en la Jefatura de Policía. Se cree que fue torturado y supuestamente se suicida arrojándose del primer piso, Sin embargo, luego se comprueba que fue asesinado por agentes de la Brigada.

El juicio es también una oportunidad para volver a reclamar por el paradero de los ocho desaparecidos. “Quienes van a estar sentados el día lunes, al menos tres de ellos, saben perfectamente dónde están los compañeros y compañeras desaparecidos”, dijo Sanauria.

Se espera que el juicio dure hasta octubre. A partir de este lunes, habrá dos audiencias por semana durante los próximos tres meses, en las que desfilarán 30 testigos. Los imputados escucharán desde distintos puntos del país; tres lo harán desde la Casación Penal en Comodoro Py, uno lo hará desde una sala del Juzgado Federal de Orán, Salta, y otro desde Mendoza. Demarchi será el único imputado que este lunes vuelva al TOF de Corrientes, como hace 15 años. Las expectativas de la querella es que se pueda dictar una sentencia antes de fin de año.

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“Desolado, nunca viví algo así”.

“No se dimensiona lo que nos va a costar recuperarnos”.

“El invierno va a ser muy duro”.

Un productor del sur correntino bien entrado en años, una referente técnica del sector rural, el propietario de un hermoso parador turístico en el Iberá, todos coinciden en un amargo relato tras los incendios que pusieron a Corrientes en el centro de la escena en las últimas semanas. También concuerdan en que muchas de las pérdidas son irrecuperables o tardarán varios años en recuperarse y en que el resurgimiento económico demorará tiempo y sacrificio conjunto.

En ese contexto, pero acompañado por el alivio de la lluvia, el viernes visitó el departamento de San Miguel, el presidente Alberto Fernández y, junto al gobernador Gustavo Valdés, anunció ayuda económica para intentar moderar el impacto de los incendios que de una punta a otra afectan a la provincia. Sin embargo, los daños están muy por arriba de la asistencia prometida.

El panorama climático en Corrientes hoy está divido por el trayecto de las lluvias. En las zonas que estaban más comprometidas, especialmente al noroeste de la provincia y en el área de influencia de los Esteros del Iberá, el agua caída desde el jueves apagó prácticamente todos los focos de incendios. En tanto, en algunos departamentos del noroeste como Capital, Empedrado, Saladas y General Paz, la lluvia ni siquiera llegó a los 3 milímetros. Las temperaturas de este sábado estuvieron por encima de los 45 grados. Los incendios en zonas como San Luis del Palmar siguen sin dar tregua. A esto se suma que los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) son bastante desalentadores para los próximos meses, ya que se esperan lluvias por debajo de lo normal, al menos hasta abril. Tal es la sequía que atraviesa la región, que el SMN estima que está lloviendo apenas un 20 por ciento de lo habitual.

Para dimensionar la catástrofe que atraviesa Corrientes, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), reveló en su último informe que desde el 11 de enero al 21 de febrero se quemaron 934.238 hectáreas, el 11 por ciento del territorio provincial. La entidad que monitorea los incendios, indicó que las áreas más afectadas son los pastizales, malezas y esteros, contabilizando el 80 por ciento del territorio quemado en la provincia. A este informe se suman las proyecciones de las instituciones productivas de la provincia, que en conjunto estimaron 37 mil millones de pesos de pérdidas en rendimiento y equipamiento en las cinco principales cadenas productivas de la provincia: arroz, citricultura, forestación, yerba mate y ganadería.

Un ejemplo que ilustra el cuadro. Sólo en los alambrados destruidos por el fuego, se calcula la pérdida de casi 8 millones de metros, que traducido a dinero totaliza 4.711 millones de pesos solamente en postes y alambres. “Esto genera un aumento de accidentes. Pensemos que hoy tenemos a una gran parte del ganado que se salvó en las rutas. Pero incluso con el dinero para reponer, va a suponer un nuevo impacto ambiental en la zona de Chaco y Corrientes para la restitución de los postes. La pérdida es irremediable en el corto plazo. No hay crédito disponible que sea suficiente”, le dijo una referente técnica del sector agro ganadero a este medio. Detalló además que son los pequeños y medianos productores ganaderos los que se verán más afectados por el desastre ambiental. Habló también del impacto social que tendrán las pérdidas. “Todas las cadenas productivas de la provincia están más o menos afectadas. No van a tener laburo los cosecheros de citrus, los tareferos de yerba, incluso el personal forestal es difícil que se conserve sin las plantaciones”, ahondó en diálogo con elDiarioAr.

Desde Estación Solari, un productor rural entiende que los créditos anunciados “no son suficientes”. Viendo arrasado por el fuego su campo, perdida toda su producción e incineradas las ovejas criadas para consumo propio, está expectante sobre la materialización efectiva de la ayuda gubernamental.

Aumento de la carne

Una de las preocupaciones de las instituciones que articulan los estamentos públicos nacionales y provinciales con el sector privado es el impacto que tendrá el precio de la carne a mediano plazo. “No se está hablando públicamente de la cantidad de hacienda que no tiene comida”, dijeron a este medio. Y remarcaron que esto incidirá de manera directa en el precio de la carne cerca del invierno. “Venimos de dos años de seca, donde la disminución de pasto fue importante y encima se quemó. Hay que tener en cuenta que el 90 por ciento de la ganadería de Corrientes es de pasto. Quienes no están rematando hoy el ganado, están llevándolo a otras provincias o bien los están alimentado con la ayuda oficial”, explicaron desde el sector a este medio. Sin embargo, advirtieron que ese tipo de alimentación es cara y no permite una proyección sostenida en el tiempo para el pequeño y mediano productor. Al final del ciclo, habrá menos terneros nacidos y menos ganado para el consumo, lo que nuevamente va a disparar los precios de la carne en todo el país.

A estas declaraciones se suma la información oficial del sector. Corrientes tiene 4,7 millones de cabezas de ganado, el cuarto stock nacional detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En el rubro es estiman pérdidas por 12.378 millones de pesos de carne por la sequía, pero también la proyección de menos cabezas por un total de 10.422 millones de pesos. Con estos números, la ayuda oficial queda muy atrás de las necesidades mínimas del sector.

“Hay mucho malestar con la gestión provincial, en especial en el área productiva”, indicaron a este medio y aseguraron que hubo una falta adecuada del manejo de la información. Es que todos coinciden, incluso ex funcionarios del gobierno de Gustavo Valdés en que la situación estaba prevista. “La sequía estaba pronosticada, existieron anteriormente sequías incluso más largas (hasta de ocho meses) pero fueron menos agresivas. Las altas temperaturas hicieron estragos sumando a la falta de agua. Los productores se prepararon con alimentos para dar antes del invierno, pero con los incendios se les está dando ahora, son costos que no estaba previsto”, explicaron desde la zona de Mercedes. De esta manera, la cría de ganado se encarece al punto de no ser menos que rentable.

El panorama en general es complejo. No sólo el de la producción agro ganadera, sino también el turístico y el medio ambiental. Sin embargo, con focos de incendio aún prendidos no se termina de dimensionar.

Visita presidencial con tensiones y anuncios

Con ese telón de fondo, el presidente Alberto Fernández llegó el viernes a la ciudad de Posadas, como punto de partida para sobrevolar las zonas afectadas por los incendios en Corrientes y Misiones. Junto al gobernador Valdés se desplazó hasta el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) instalado en la EFA Ñande Roga del departamento de San Miguel, uno de los principales accesos a los Esteros del Iberá y uno de los más afectados por los incendios. La parada permitió el reconocimiento al trabajo realizado por brigadistas del Servicio Federal del Manejo del Fuego, personal del Ejército Argentino y militares del estado plurinacional de Bolivia, además de guardaparques. También allí anunció inversiones por 525 millones de pesos destinados a la recuperación de bosques nativos y para la reparación de infraestructura y promoción turística. Además, informó que están comprometidos otros mil millones de pesos para la compra de alimentos a través del Banco Nación. Luego volvió al helicóptero y regresó a Posadas.

A unos 280 kilómetros de San Miguel, en la localidad de Santo Tomé, en el límite con Misiones y donde se asentó el principal centro de operaciones, un grupo de 500 personas integrado por brigadistas brasileros, bomberos voluntarios de varias federaciones y un contingente de la provincia de Buenos Aires celebró el alivio de 60 milímetros de la lluvia caída y el fin de las operaciones conjuntas. Fuentes consultadas por elDiarioAR indicaron que se esperaba que Fernández baje en la zona o al menos la sobrevuele. Incluso se habían previsto medidas operativas y de seguridad por si esto ocurría. La negativa llegó pasadas las 14.30 del viernes. Al conocerse que el Presidente no bajaría allí, bomberos de Argentina y Brasil realizaron un breve acto en el que intercambiaron palabras, banderas, se abrazaron y entre lágrimas se despidieron. El fuego en la zona hoy está prácticamente extinto, pero aún permanece una guardia a la espera de los 40 milímetros de lluvia que se necesitan para que pase el peligro.

La visita del presidente parecía tener como objetivo disminuir la distancia entre la administración nacional y la provincial en el escenario de catástrofe que atraviesa Corrientes. La relación venía en tensión por las responsabilidades compartidas y no reconocidas desde ambos estamentos en la propagación del fuego. Sin embargo, la organización del recorrido, la agenda compartida, incluso los destinos que visitaría el presidente se manejaron con tal hermetismo que ni siquiera las autoridades provinciales conocían el protocolo a seguir. Si bien desde el gobierno local se venía buscando bajar los decibles a las disputas con funcionarios del Gobierno nacional, fue el propio Valdés quien expresó en una entrevista radial que era un “invitado” de la comitiva presidencial. Es en este dramático contexto, sin resolución definitiva a la vista, que la visita de Alberto Fernández a Corrientes buscaba poner fin a un espiral de acusaciones cruzadas con el gobierno del radical Valdés. También podría haber puesto un límite al discurso que desde hace un siglo enarbola la elite política local de “Corrientes como una provincia marginada del gobierno nacional”. Eso no sucedió. 

AdlR

El pronóstico anunciaba un calendario de precipitaciones para toda la semana en Corrientes, pero los indicadores están cambiando; el alivio esperado se dispersa y podría demorar en llegar unos días más. Mientras la atención sobre la catástrofe ecológica y ambiental que se vive en la provincia se sostiene a base de cuantiosas donaciones que buscan atender a la urgencia, sectores privados y estamentos de los gobiernos empiezan a pensar en el día el después.

Cuando finalmente se apague el fuego, una de las provincias más pobres de la argentina quedará aún más golpeada económica y socialmente por el impacto de la catástrofe. Las pérdidas todavía no están cuantificadas de manera oficial, pero se estiman en varios miles de millones de pesos. 

Según un relevamiento realizado por elDiarioAR, en términos productivos el mayor impacto económico lo tendrá el sector forestal. Es que en unas pocas semanas se quemaron grandes extensiones de bosques implantados de pinos y eucaliptos, algunos de varias décadas, de manera que la gran mayoría verá perjudicados sus rendimientos. Sólo en el sector forestal, se sugieren pérdidas de $20 mil millones de pesos. 

En el sector ganadero los perjuicios se verán en el futuro. Fuente rurales indican que parte del ganado pudo ponerse a resguardo, sin embargo, se habla de 80 y 100 mil terneros menos en la zafra que viene. Terneros que no van a nacer por pérdidas de preñez de animales estresados por el fuego, entre otros inconvenientes. Además, se registraron cuantiosos daños en infraestructura por los incendios de alambrados, postes, tranqueras, etc.

Respecto de las plantaciones de arroz, segunda producción en importancia de la provincia, las previsiones señalan pérdidas que rondan el 40 por ciento, unas 250 mil toneladas. En este caso no se trata de daños ocasionados por el fuego de manera directa, sino por la extensa sequía que atraviesa la región, que lleva más de dos años. 

Lo mismo sucede con la zona yerbatera. El referente de la empresa Orlando Stvass, ubicada en Colonia Libing, en el límite entre Corrientes y Misiones, indicó en una entrevista televisiva que “en Corrientes ya se perdió un 60% de la producción para el 2023. Se viene una situación difícil. En 2022 tenemos el stock asegurado, porque debe estar de 9 a 12 meses estacionada”.

Con el fuego sin terminar se apagarse, el sector productivo de las zonas rurales aún no puede determinar las dimensiones de la catástrofe. Ni las previsiones relevadas por la Mesa de Enlace de las asociaciones rurales, reunida en la ciudad de Mercedes unos diez días atrás; ni las proyecciones de pérdidas de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) fueron suficientes. Todas están por debajo de las estimaciones con las que se inició la semana. 

Reconstrucción  

Con el temor latente de que el fuego continúe haciendo estragos aún mayores a su paso, fuentes oficiales consultadas por este medio no quisieron arriesgar proyecciones cerradas ni estimar acciones concretas para la reconstrucción del sector productivo. 

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes indicaron que se espera mayor claridad, una vez extinto el fuego, para determinar las medidas paliativas. Según indicaron aún no hay precisiones sobre las acciones para paliar la emergencia de productores y empresarios afectados por los incendios, pero durante la semana habrá novedades.

Sí hubo mayor precisión desde otros organismos como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), institución que maneja una línea de crédito de emergencia específica para estas situaciones, en coordinación con el Gobierno Nacional. Desde allí señalaron que también se están gestionado créditos y subsidios específicos junto al Banco de Corrientes para el día después: recomposición del capital de trabajo, inversión en infraestructura, etcétera. 

Finalmente, tras la nueva visita a Corrientes del ministro Julián Domínguez, desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informaron que la provincia de Corrientes adherirá a una línea de financiamiento a tasa bonificada. Será un esquema específico por 500 millones de pesos para los productores afectados por los incendios y la sequía proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y gestionado por el Banco de Corrientes. 

Productores que participaron de la reunión con Domínguez esperan que la ayuda se materialice de forma sencilla y en lo inmediato, ya que – una vez extinto el fuego – necesitarán ingresos para hacer frente a la reconstrucción y readecuación de sus campos. 

Con este panorama, aún incierto, este jueves la Mesa de Enlace se reunirá con un único tema de agenda: la situación del sector productivo de Corrientes. 

Están trabajando también en el día después, estamentos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La sede local del organismo además de monitorear la situación de los incendios, está analizando medidas de asistencia inmediata para los productores de la provincia afectados por el fuego. 

Pérdidas sin techo

Más allá de estas tareas imprescindibles de reparación, para comprender el alcance de la catástrofe en territorio correntino, es central dimensionar que el espacio productivo afectado por los incendios no es el más comprometido en la provincia de Corrientes. No sólo el sector de la producción agroforestal tendrá pérdidas millonarias, sino también el turismo, el comercio y miles de particulares que habitan en pequeños parajes, en zonas rurales y en algunos pueblos y ciudades que se vieron cercados por el fuego y el humo. 

Un ejemplo es el sector turístico, liderado por la ciudad de Corrientes y cada uno de los portales de acceso a los Esteros del Iberá. Hasta una semana atrás, se esperaban feriados turísticos récord durante el Carnaval y Semana Santa. No se conseguía alojamiento en los establecimientos más tradicionales de los esteros, en especial en Colonia Pellegrini. Sin embargo, esa expectativa se desmoronó por completo. Desde hace días todos los esfuerzos están puestos en protegerse de los incendios y en resguardar la fauna. 

Los últimos datos satelitales indican que casi 200 mil hectáreas de los esteros fueron afectadas por el fuego. Algunos de los portales de ingreso al Iberá están arrasados. Tal vez uno de los más impactantes sea el Portal Galarza, en la zona de Ituzaingó, y el acceso más antiguo; Colonia Carlos Pellegrini, en Mercedes, donde se consumieron extensos pastizales que forman parte del ecosistema de bañados y esteros. Ante esta situación, debieron clausurar al turismo los portales de Cambyretá, Carambola, San Antonio y San Nicolás. 

Desde las organizaciones ambientales que trabajan en la zona informaron que el fuego llegó a las islas y las zonas más protegidas y alejadas del Iberá. Por ejemplo, a San Alonso, donde un grupo de ejemplares de yaguareté fue reintroducido hace unos años para recomponer el ecosistema natural. 

Sobre el impacto de los incendios en la provincia, Ignacio Contreras, investigador del Grupo de Geografía Física del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET - UNNE) y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), habló con elDiarioAR: “No dimensionamos aún las pérdidas totales. No son sólo perdidas económicas, sino también de la naturaleza, la fauna, la flora, incluso los insectos que tienen un rol ecológico muy importante. Si estamos promoviendo el turismo de naturaleza, todo esto viene en contra”.

¿Qué hacer? ¿Cómo pensar en el día después? Contreras entiende que hay tecnología disponible, recursos humanos, maneras de controlar “que las cosas se hagan bien” para evitar un nuevo desastre ambiental. “Tenemos que pensar qué vamos a hacer en el futuro, pero incluyendo la cuestión el cambio climático para mitigar los riesgos. Hacer un uso sustentable de los recursos, ver la manera de producir generando un menor impacto. Poner corredores verdes, tener áreas de reservas, generar una Ley de Humedales que no signifique prohibir la producción, sino regularla”, concluyó.  

El día después de esta catástrofe ecológica y ambiental aún parece algo lejano. Sin embargo, urgen medidas de acción y proyecciones para trabajar en conjunto para cuando la lluvia finalmente caiga sobre Corrientes y convierta las llamas en cenizas. La reconstrucción será el verdadero reto. 

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En medio de la catástrofe ambiental y ecológica que atraviesa la provincia de Corrientes, declarada zona de desastre este viernes, y aún con los campos y pastizales ardiendo, nadie se anima a señalar en voz alta a los responsables. Más allá de las chicanas políticas entre funcionarios de la provincia y del gobierno nacional, productores, investigadores y funcionarios son cautos sobre el tema. Sin embargo, las fuentes consultadas por elDiarioAR coinciden en el diagnóstico: en todos los órdenes, faltaron medidas para moderar el impacto de los incendios que desde hace meses se preveían para la región y que desde hace décadas son parte de la realidad provincial.

Indagando la responsabilidad por la crisis desatada en Corrientes no tiene un único nombre. Es compartida por parte de la población correntina que incluye autoridades provinciales y municipales, productores de diversos rubros, campesinos, desarrolladores inmobiliarios, y vecinos desatentos. Así lo entiende, entre otros, Ignacio Contreras, investigador del Grupo de Geografía Física del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET - UNNE) y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE): “Subestimamos la amenaza y la severidad de estas sequias extremas. Subestimamos todos, no sólo los tomadores de decisiones”.

En dialogo con elDiarioAR, sostuvo que las inundaciones siempre fueron el foco de las preocupaciones de autoridades, funcionarios e investigadores de la región. Un error central dada la variabilidad climática tan extrema que caracteriza a la provincia de Corrientes. “Siempre tenemos estos incendios, tal vez no en la magnitud actual, pero es necesario que pongamos en el centro de nuestras preocupaciones a las sequías y en planificar la mitigación de esta amenaza”, explicó.

Contreras brindó detalles que ayudan a comprender las razones materiales que, tras dos años de lluvias escasas, provocaron incendios imparables. “Veníamos de inundaciones muy grandes que duraron muchos años, y eso generó un montón de biomasa, vegetación asociada a esteros y lagunas, esa vegetación se secó y generó material sumamente inflamable. Por eso vemos, hoy vemos incendios que se encuentran sobre los humedales”, explicó.

Esta característica de los incendios fue una de las que más llamó la atención. Es que en zonas históricamente anegadas o con “un pelo” de agua, se produjeron quemas de grandes extensiones. Más del 80 por ciento de las 800 mil hectáreas quemadas se corresponden con pastizales, malezas, esteros y bañados.

Cambio climático

Las incidencias climáticas cada vez son más extremas alrededor del mundo. En Corrientes, la situación se agrava porque de manera cíclica presenta condiciones extremas, pasando de la sequía a las inundaciones en tiempos relativamente cortos. Con ese telón de fondo, la provincia propició a través del impulso sostenido de políticas públicas, la producción forestal, que hoy se convirtió en uno de los principales focos de incendios en todo el territorio.

Al respecto, Contreras entiende que “con el desarrollo de la actividad forestal, el objetivo era ampliar la superficie de pinos y eucaliptos, pero no son solo árboles exóticos, sino que también son muy inflamables, porque su hojarasca no tiene descomponedores naturales”. “No se pensó que esto podía pasar”, consideró. Ambientalistas de distintas líneas son mucho más críticos que Contreras, quien entiende que la producción podría alcanzar un nivel más sustentable, en especial si se cumplieran condiciones más adecuadas para el manejo del fuego.

Forestación y brigadas privadas

Al poner sobre la mesa los factores que posibilitaron este desastre, especialistas y productores consultados por eldiarioar.com coincidieron en varios puntos: el desarrollo inmobiliario desregularizado, la quema como una práctica ancestral para la regeneración del suelo y para mejorar las pasturas o deshacerse de la basura y la falta de políticas claras para el manejo intencional del fuego. El último cuestionamiento apunta de manera directa contra los organismos oficiales por desentenderse del control de los incendios. Todos señalaron la urgente necesidad de contar con brigadas de bomberos profesionales, que dependan del estado provincial, en todo el territorio y no sólo del voluntarismo ciudadano o de los intereses de las empresas forestales.

Para comprender el panorama, se puede mencionar que en Corrientes quienes asisten a controlar los incendios son, en primer lugar, bomberos voluntarios organizados a través de una sociedad civil, que cuentan con fondos públicos a través de subsidios y, de manera central, con la colaboración de la comunidad. Los bomberos voluntarios de Corrientes tienen más de 40 cuarteles en toda la provincia y son quienes están en la primera línea del combate. En un segundo orden, están en funciones el cuerpo de bomberos de la Policía de la provincia, que solo tiene dos cuarteles en la ciudad de Corrientes y unos pocos efectivos. En tanto, Defensa Civil asiste en general a través de la coordinación de los desastres. Finalmente, se encuentran los brigadistas forestales que están empleados por más de 30 empresas nucleadas en el Consorcio de Manejo del Fuego de la Asociación Forestal de Corrientes, con sede en la ciudad de Gobernador Virasoro.

De esta manera, el gobierno de la provincia no tiene una política pública coordinada ni organizada frente a los eventos climáticos, que forman parte de la estacionalidad y que cada vez son más recurrentes. Incluso desde dentro del mismo espacio político del gobernador Gustavo Valdés se cuestiona la reacción tardía e improvisada frente al desastre ecológico y ambiental.

El ex ministro de la Producción de Corrientes, Jorge Vara, que formó parte del gobierno de Valdés durante diez años y a cuyo espacio representa en la Cámara de Diputados de la Nación, no ahorró críticas sobre el manejo de la catástrofe. En una extensa entrevista con un medio platense, sostuvo que el gobierno provincial basó sus expectativas durante demasiado tiempo en el apoyo de la Nación. “En función de la experiencia, yo no hubiera esperado tanto porque en esto es importante actuar rápido. Inicialmente nos quedamos esperando una ayuda que después no fue tal, o fue menor”, indicó y agregó que: “Esto no significa que no se estuviera actuando antes de recibir esas ayudas, Defensa Civil estaba actuando, los cuarteles de bomberos estaban sobre la situación, pero no se contaba con los elementos necesarios”.

Vara, uno de los principales productores de arroz de la provincia y referente central del sector productivo, indicó que se sabía de la posibilidad de una sequía extrema en el área y no hubo previsión para afrontar la situación: “En la provincia no había estacionado un solo avión para la lucha contra el fuego. Y ya se sabía desde septiembre u octubre que podíamos tener una seca fuerte en el área y lo que podía llegar a pasar. Podía ser un poco más en Chaco, en Formosa, o en Corrientes y Misiones como está ocurriendo ahora. Cuando viene una Niña o un Niño uno no puede prever exactamente dónde será el epicentro, pero sí que a la región le va a pegar. Esto iba a caer en el litoral, y creo que a nivel regional se tendría que haber montado un operativo fuerte para actuar donde cayera, y eso es lo que no ocurrió”.

“Faltó previsión, falta profesionalismo y falta apoyo de Nación a las provincias. Y otra cosa es que las provincias no pueden estar dependiendo tanto de nación, tienen que prepararse para valerse por sí mismas, porque ¿de qué sirve echarle la culpa a la nación cuando perdiste 500 millones de dólares que vos como provincia podrías haber prevenido con 20 o 30 millones de dólares?”, apuntó.

Ahora, con todos los focos puestos en Corrientes, con la atención y los recursos dispuestos del Gobierno Nacional, de once provincias y varios países; la situación se comienza a encauzar. Lentamente comenzó a llover y el pronóstico indica que el agua continúe durante toda la semana, trayendo el alivio tan esperado. Sin embargo, allí donde el fuego se extinga persistirá el drama de la reconstrucción. 

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Un día después del hallazgo del cuerpo de Lautaro Rosé en las aguas del río Paraná, el joven de 18 años perseguido por policías en la costanera  de la capital correntina, la investigación sobre el hecho avanza pero con fuertes dudas de la familia y de las organizaciones de derechos humanos que temen que el caso quede impune al estar involucradas las fuerzas de seguridad de la provincia. Exigen que se aplique el Protocolo de Minnesota y se aparte de la investigación a la policía correntina, que viene llevando adelante las actuaciones a requerimiento de la Fiscalía de Instrucción N°6.

En una mañana gris, a orillas del río Paraná, este miércoles terminó la espera para la familia de Lautaro de la manera más triste. Luego de casi tres días de angustia, en una escena cargada de dolor, lo rescataron sin vida gracias a la colaboración de pescadores malloneros que divisaron el cuerpo durante la madrugada. Si bien era buscado por distintas fuerzas de seguridad incluida la Prefectura Naval Argentina (PNA), fueron familiares y amigos en una vigilia de varios días, quienes consiguieron identificar la ubicación del cuerpo. 

Como informó elDiarioAR, el joven era buscado desde el lunes, cuando su familia supo que se había arrojado al río en un intento desesperado por escapar de la persecución de tres agentes de la Policía. Las versiones sobre el inicio de la persecución aún no están del todo claras, pero sí se sabe que ocurrió durante las últimas horas del domingo en inmediaciones de la Costanera Sur de la ciudad de Corrientes, y cuando Lautaro estaba junto a otros dos jóvenes, uno de los cuales se convirtió en testigo clave para saber qué pasó esa noche.  

Dudas sobre la autopsia

En la tarde de ayer, a menos de 12 horas de hallado el cuerpo, la Fiscalía de Instrucción N°6 informó que las conclusiones preliminares “orientan a una muerte originada por asfixia por sumersión (ahogamiento)”, además se indicó que “el cuerpo examinado no presentaba lesiones traumáticas que denoten algún grado de violencia ejercida en el cuerpo”. El documento fue avalado por el Instituto Médico Forense del Poder Judicial y el doctor Marcos Ormella, médico interiviniente por parte del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. 

Este primer resultado dispara una serie de alertas en la familia, que pone ciertos reparos en la información judicial. “Nosotros sabemos que tenía golpes y sólo dicen que se ahogó”, comentaron en diálogo con elDiarioAR Malvina y David, hermana y cuñado de Lautaro, y agregaron: “Queremos saber qué pasó y que esto no quede impune”. 

En esa misma línea, se expresó en diversos medios de comunicación, el abogado de la familia, Hermindo González: “El informe habla de una muerte por inmersión y no sabemos si cayó solo, o empujado. La data de muerte condice con el momento (de la persecución). O sea que termina de confirmarse esa versión tras la cual no sabemos por qué Lautaro terminó en el agua no sabiendo nadar”. 

Otros elementos también ponen en duda el accionar de la Instrucción. Por ejemplo, el secuestro de una de las zapatillas del joven y de una serie de casquillos de balas detrás del Club Boca Unidos. ¿Hacia dónde fueron los disparos? ¿Qué tipo de arma se utilizó? ¿Fueron efectivos del GIR (Grupo de Intervención Rápida) quienes dispararon? ¿Por qué ninguna de estas acciones está registrada en el parte diario de la policía? 

Se suman a estas preguntas sin respuestas, una mayor incertidumbre que surge de testimonios recolectados por la familia. Por un lado, amigos de Lautaro que aseguran haberlo escuchado pedir auxilio en la trágica noche. Y por otra parte, una serie de relatos que sostienen que ambos jóvenes fueron golpeados por agentes policiales. 

Los primeros resultados de la autopsia no brindan pistas sobre estos interrogantes, por lo cual desde la querella y también desde organizaciones de Derechos Humanos como Justicia Legítima, requieren la inmediata aplicación del Protocolo de Minnesota tanto para la realización de la autopsia como para el desarrollo de la causa judicial, como estrategia para garantizar una investigación independiente e imparcial.

Al respecto, el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Chaco, Diego Vigay, y referente de Justicia Legítima del Nordeste, dijo a elDiarioAR que la incorporación del Protocolo de Minnesota posibilita por un lado apartar de la investigación a las mismas fuerzas que están siendo investigadas, pero por otro también permite incorporar una serie de pautas de actuación muy específicas para que, por ejemplo, en la autopsia se puedan buscar determinadas lesiones que son propias de las fuerzas de seguridad.

“Esto es central en este tipo de casos. Es un principio básico de garantía de imparcialidad. El fiscal y el juez deben apartar de oficio desde el primer momento de la investigación a la fuerza sospechada”, argumentó. 

Investigación en marcha

Desde la Instrucción de la Fiscalía a cargo de Gustavo Robineau, las informaciones fueron muy acotadas pero se confirmó que la actuación policial de la madrugada en cuestión no fue registrada. Sostienen además que el pedido de aplicación del protocolo mencionado, debe ser a requerimiento de la querella, ya que no se aplicará de oficio. 

Por otra parte, en la mañana de este jueves, este medio pudo saber que los tres agentes indicados como responsables ya se encuentran sumariados, apartados de sus labores y demorados en una dependencia policial de la ciudad de Corrientes. La información sobre la identidad de los agentes aún no fue dada a conocer y se espera cierta reticencia hasta tanto avancen las imputaciones. Se aguardan también los registros de las cámaras de seguridad de la zona de la costanera correntina, que posibiliten dilucidar qué ocurrió esa noche. 

Desde la querella y las organizaciones de DDHH que acompañan el proceso, se insiste en que la investigación debería estar en manos de una fuerza federal y no de la policía provincial.

Una despedida en pausa

Mientras las actuaciones policiales y judiciales avanzan, una enorme familia está de duelo. Hermanos y hermanas, en total eran ocho, están desconsolados. Sus padres, tíos, tías y primos, se aprestan para el último y muy prematuro adiós. Lautaro Alexander Rosé, como era su nombre completo, tenía 18 años. Iba a cuarto año de un colegio del barrio San Benito. “No tenía novia oficial, pero sí muchas amigas”, cuentan su hermana y su cuñado. Le gustaba jugar a la pelota y salir a la costanera con sus amigos. “Era muy bueno”, dice en un audio con un sollozo desarmado Malvina y minutos más tarde escribe “no tenía antecedentes”, en un intento de explicación que cree necesaria. 

Esta numerosa familia, mientras lleva adelante los preparativos para velar a Lautaro, reclama justicia y pide que la muerte no quede en la nada. Son ellos mismos, los que recuerdan el caso de Mariano Barrientos. “Fue acá no más, en 2014”, cuenta a elDiarioAR David y trae a la conversación la muerte de Mariano, un joven de 19 años, hallado sin vida en el arroyo Limita, en la costanera Sur, muy cerca del predio de Boca Unidos. 

El caso conmueve por lo similar. En ese momento, el hermano de Mariano decía a los medios locales de comunicación que: “Sabemos que andaba con otro chico y que los corrió la Policía hasta donde lo encontramos. El cuerpo estaba en la costa, muy lastimado. Tenía golpes en la espalda y la cabeza. No nos cierra que se haya ahogado. Él vivía en el río, sabía nadar bien y encima en ese lugar no hay profundidad. El otro muchacho nos dijo que lo corrieron hasta ahí y que no se quiso tirar al agua. El otro chico nos contó dónde lo vio por última vez”. La causa nunca prosperó. Hoy, siete años después, otra familia correntina debe enterrar demasiado temprano a uno de sus hijos. 

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Los más de 300 mil niños, niñas y adolescentes que forman parte del sistema educativo de la provincia de Corrientes recién volverán a las aulas físicas y virtuales la semana próxima, luego de que el gobierno publicara a través de Twitter el decreto N°1654 anunciado la extensión del receso de invierno hasta el próximo 2 de agosto. 

La novedad se conoció durante la mañana del viernes pasado, cuando buena parte de las autoridades y docentes de las escuelas públicas y privadas, además de las familias, estaban aprestando los últimos detalles para regresar a clases en tres días. La medida sorprendió hacia dentro de las instituciones educativas pero en el Ministerio de Educación se venía meditando la idea de la mano del Comité de Crisis de la Provincia, que no evidencia una caída importante en los casos positivos de Covid-19, pese al avance en la campaña de vacunación.  

Las primeras explicaciones oficiales fueron generalidades, como las pronunciadas por el gobernador Gustavo Valdés durante una recorrida por la ciudad de Esquina, al sur de la provincia, como parte de la campaña electoral en la que espera ser reelecto el próximo 29 de agosto. En contacto con la prensa dijo: “Va a hacer mucho frío y preferimos que la movilidad siga en descenso. Preferimos tomarnos cinco días y al ver que empezaron a bajar los contagios, decidimos extendernos y darle un poco más de alivio al hospital de campaña”.

Más allá de la apreciación del gobernador, la situación en Corrientes sigue siendo preocupante. La cantidad de personas con covid está descendiendo pero con una pendiente muy leve, mientras que las muertes se mantienen altas. Los últimos números publicados indican que en las últimas 24 horas, se registraron 712 contagios y ocho personas fallecidas, totalizando 94.179 casos y 1.278 muertes por covid-19 en esta provincia del nordeste argentino desde el inicio de la pandemia. 

Al estancamiento alto en los contagios, se suman los temores por la circulación de la variante Delta, que acecha al sureste de la provincia, en la frontera con Brasil. Es que este martes, el estado de Río Grande do Sul confirmó la trasmisión comunitaria de esta variante de coronavirus, considerada como una de las más contagiosas, lo que vuelve a poner en alerta a la Argentina y Uruguay  por las fronteras compartidas.

¿Qué va a pasar con las clases?

El receso de invierno en Corrientes estaba pautado del 12 al 23 de julio de manera original, con lo cual niños, niñas y adolescentes tendrían que haber regresado a las aulas el pasado lunes, sin embargo, el gobierno provincial postergó el retorno hasta el próximo lunes 2 de agosto, cuando efectivamente la temperatura comenzará a aumentar, según los pronósticos meteorológicos. 

Lo mismo ocurrió en la provincia de Salta, jurisdicción que extendió las vacaciones generales, pero con diferencias en la aplicación de estrategias de apoyo para los estudiantes con inconvenientes.  

¿Qué pasará en Corrientes al regreso a las aulas? Durante los últimos días se comenzó a especular con la alternativa de una presencialidad plena, algo que el subsecretario de Educación provincial, Julio Navías, descartó en diálogo con elDiarioAR. Sin embargo, sostuvo que se están evaluando estrategias para incrementar la asistencia a las escuelas con la ampliación de distintas actividades. 

“El próximo lunes volvemos al trabajo bimodal, hasta que haya una decisión distinta del Consejo Federal de Educación y del Gobierno de la provincia”, dijo Navías y agregó: “Al menos estas dos primeras semanas vamos a continuar con esta modalidad, para poder terminar de recolectar las evaluaciones de las instituciones y que los equipos técnicos elaboren los informes sobre el funcionamiento del sistema de burbujas durante el primer cuatrimestre”. 

Navías también dio a conocer que, hasta el momento, los contagios en las instituciones educativas correntinas son bajos, según se desprende de la información que manejan a través de la aplicación CuidAr Escuelas, desarrollada por el Gobierno Nacional. Si bien no pudo precisar los números, el funcionario relaciona esa baja positividad con la estrategia del sistema de burbujas, sin embargo hacia dentro de las escuelas la información es menos contundente.

Consultados por elDiarioAR, docentes y directivos de instituciones públicas y privadas ven deficiencias al sistema de burbujas. En el caso de un colegio secundario público, la asistencia de estudiantes se fue raleando en las últimas semanas previas al receso. “En algunas clases había tres o cuatro alumnos, y el resto faltaba por el frío o porque estaban aislados. Esto lo estamos revisando para pensar en otro formato”, dijeron. En tanto, en algunas escuelas privadas con matrículas bajas, la presencialidad era total en algunos niveles. “Esperamos que el Ministerio nos permita volver al por ciento de las clases presenciales”, comentaron. 

Sobre la continuidad pedagógica, Navías sostuvo que aún con la extensión de las vacaciones de invierno “no somos la idea de extender las clases en diciembre o marzo próximo, igual veremos los informes y allí vamos a decidir”. En el caso de Corrientes, se articularon nuevas estrategias para apuntalar la promoción de los estudiantes al año siguiente con un 70 por ciento del contenido aprobado, quienes no lleguen a ese porcentaje tendrán otras instancias más para que puedan permanecer dentro del sistema educativo. 

Estas idas y vueltas en el sistema educativo provincial, tienen lugar mientras el gobernador Valdés está de gira por el interior correntino como parte de la campaña para ser reelecto el próximo 29 de agosto. Valdés competirá exclusivamente con el ex intendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos del Frente de Todos; y espera que la aceleración en la campaña de vacunación impacte de manera positiva de aquí a un mes.

Campaña de vacunación

La provincia de Corrientes avanza de manera zigzagueante y con algunos desaciertos en la campaña de vacunación contra el Covid-19. Según los últimos datos publicados por el Monitor de Vacunación, se aplicaron 692.534 dosis de las 870.255 recibidas. Con esto, el 13.7 por ciento del total de la población ya tiene las dosis completas y el 47.5 por ciento ya recibió al menos un componente. Estos números se modificarán de manera notoria en los próximos días, ya que inició la colocación masiva de la segunda dosis de la vacuna Sinopharm en la ciudad de Corrientes. 

Esta última acción tuvo serios inconvenientes durante la mañana de este martes, cuando cientos de personas se agolparon en los únicos dos lugares, un club y un hospital, dispuestos para la colocación a demanda de esta segunda dosis. Las imágenes de concentración de personas y la imposibilidad de concretar la vacunación total a este grupo en sólo ocho horas, además en uno de los días más fríos del año y de mayor amplitud térmica, finalmente propició la extensión en dos jornadas más. 

Más allá del desacierto del día, las expectativas dentro del gobierno son positivas, incluso en la franja de los jóvenes menores de 18 años. Es que según confirmó el subsecretario de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Provincia, a Radio Continental Corrientes, en la primera jornada se sumaron más de 70 mil inscriptos de 12 a 19 años, sobre una población estimada de 107 mil jóvenes.  

ADR

La serpentina de un enorme tubo blanco aparece congelada en el caluroso mediodía correntino. Un operario intenta derretir el hielo con una hidrolavadora térmica para estabilizar la presión de la provisión de oxígeno que alimenta el Hospital de Campaña de Corrientes, el único centro de salud de la provincia para atender a todos los pacientes con Covid-19 que requieran internación.

Es jueves a la siesta. La disminución en la presión de oxígeno genera que las alarmas de los respiradores que asisten a los pacientes internados comiencen a sonar, desencadenando un sistema de respaldo para que nunca se corte el suministro de quienes lo necesitan para poder respirar. Otras alertas también se ponen en funcionamiento. Se solicita al personal de salud y de mantenimiento que no está trabajando que asista el hospital para colaborar. 

La crisis tiene su epicentro en la Sala A del hospital, una terapia intermedia donde están internados pacientes graves y moderados. Allí la presión es compensada con tubos de oxígeno que incorporan al sistema de forma manual. A partir de ese momento, las versiones de los hechos se confunden.

Es jueves a la tarde y comienzan a circular audios por WhatsApp con mensajes desesperantes, describiendo un panorama dantesco en el centro de salud. Aparecen videos del enorme tubo blanco. Aparecen videos de un camión envuelto en bruma. Hablan de una explosión, de muerte, de elecciones. Por la tarde, continúa la confusión. Quienes tienen familiares internados en el hospital se preocupan y esperan sin éxito información. Acuden a las redes sociales, a las mensajerías de las radios capitalinas. Recién a la noche, el gobierno informa que el viernes a las 9 de la mañana se brindará una conferencia para dar a conocer los incidentes en la provisión de oxígeno del Hospital de Campaña.    

¿Qué sucedió? Aún se investiga. 

La larga jornada del jueves fue una de las más críticas para Corrientes desde que se declaró la pandemia en marzo del 2020. En sólo una semana (del 30 de mayo al 5 de junio), se registraron 5.477 casos, cerca del 10 por ciento del total de personas con coronavirus en 16 meses. En los últimos siete días, fallecieron además 66 correntinos y correntinas por la enfermedad, marcado un incremento en el porcentaje muertes cada 100 mil habitantes. Los contagios en esta provincia del NEA, tienen un panorama peor que los del AMBA.  

Ahora es viernes. El ministro de Salud, Ricardo Cardozo, que permanece en funciones luego del escándalo por el transporte de vacunas en su camioneta personal, brinda una conferencia de prensa junto al director del Hospital de Campaña, Alberto Arreguín y al infectólogo, Fernando Achinelli. Explican entonces cómo se produjo el congelamiento y cómo actúa el sistema de respaldo para evitar que cualquier paciente se quede sin oxígeno. “No nos quedamos nunca sin oxígeno. Nunca explotó”, dice Cardozo y agrega que continuarán trabajando con la empresa proveedora para que este tipo de incidentes no se repitan. 

La empresa a la que refiere Cardozo es Avedis, una firma de larga trayectoria en el mercado de oxígeno medicinal y una productora de gas que provee a parte del sistema sanitario del NEA a través de una planta de fraccionamiento y envasado ubicada en Formosa. 

Durante la conferencia, Cardozo reitera que el incidente está siendo investigado para conocer las causas del congelamiento y verificando los protocolos para evitar que se reitere. Insiste en que “nadie se quedó sin oxígeno” y que la cantidad de personas que fallecieron ese día se corresponde con el promedio diario. Antes de finalizar el contacto con la prensa va un poco más allá del incidente técnico y se refiere a la circulación de información en las redes sociales. “Estamos investigando si no hubo alguna mano negra”, apunta y concentra sus críticas en la oposición partidaria y el periodismo nacional. “Creemos que los ataques no son casuales. Puede ser algo interno o externo”, ahonda un poco más tarde en declaraciones a Radio UNNE.  

Tensión política

Las palabras de Cardozo enardecieron aún más el clima político local, ya bastante exaltado por la crisis sanitaria y por el lanzamiento de la candidatura para la reelección del Gobernador, Gustavo Valdés (UCR-JxC), en el momento de mayor tensión de la pandemia. 

Desde la oposición partidaria apuntaron fuertemente contra las declaraciones de Cardozo y su accionar posterior. El diputado provincial (PJ), Felix Pacayut, habló con elDiarioAR y remarcó que: “Es insólito e irresponsable que esté buscando una mano negra, sin un solo elemento para probarlo. Está haciendo un uso miserable de este hecho, que pudo ser una desgracia mayor, al compararlo con los pedidos que desde la oposición realizamos para que se esclarezca el escándalo de las vacunas. No puede comparar ambas situaciones. Cardozo demostró otra vez que no está a la altura de su cargo”. 

Sin demasiadas expectativas de obtener resultados favorables, Pacayut dijo a elDiarioAR que el bloque opositor requerirá un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la Provincia por la situación en el Hospital de Campaña. Las pocas esperanzas del legislador provincial se basan en la reincidente falta de respuestas a los requerimientos del Frente de Todos a la administración de Valdés. “Este tipo de actitudes del ministro Cardozo están muy en línea con la total falta de transparencia en los actos de Gobierno. Desde junio del año pasado, presentamos más de 50 iniciativas, entre proyectos de ley, resoluciones y pedidos de informe para que el gobierno transparente la administración de la pandemia. No tuvimos una sola respuesta”, insistió. 

Las acusaciones de Cardozo tuvieron un segundo destinatario. Uno bien específico. En un posteo en su cuenta personal en Facebook, que fue dado de baja rápidamente, el cuestionado ministro acusó a un concejal de la ciudad de Corrientes y a su hermano de ser los artífices en la viralización de los audios y videos sobre la crisis en el Hospital de Campaña, generando “terror en la población”. 

Se trata del concejal Germán Braillard Poccard, precandidato a intendente de la ciudad por el Frente Renovador, y su hermano Isidro Braillard Poccard. En diálogo con elDiarioAR, el concejal -con un alto perfil en las redes sociales – indicó que demandará al ministro Cardozo una rectificación de sus dichos. “Nos acusaron a nosotros, buscando un chivo expiatorio, sin ninguna relación con la realidad”, dijo Braillard Poccard y reflexionó: “Este tipo de situaciones dejan al descubierto, entre otras cosas, que no tienen un manejo de la comunicación de emergencia. Dejaron tantas horas a la gente sin saber nada. Creo que fue uno de los días de mayor angustia colectiva. Más de doce horas sin saber qué ocurría en el hospital. La gente que tenía familiares internados estaba preocupada, circulaba todo tipo de información. Y nadie decía nada”.

Incertidumbre partidaria, crisis sanitaria

Los cuestionamientos contra el ministro Cardozo desde la oposición se suman a la controversia interna en la alianza gobernante liderada por la Unión Cívica Radical. Es que unas pocas semanas atrás, Cardozo le pidió la renuncia a su correligionario el director del Hospital Zonal de Goya, Raúl Martínez, quien había expresado sus intenciones de disputar la intendencia de esa localidad con el sello radical. Finalmente, Martínez dejó la dirección del hospital y el ministro provida convalidó una práctica de presión que había utilizado con anterioridad, entonces, con una enfermera con aspiraciones políticas.

El escenario de incertidumbre sanitaria y política prende varias alertas para el gobierno de Gustavo Valdés, quien busca su reelección en los comicios previstos para el 29 de agosto próximo. ¿Cómo será la campaña en un escenario atravesado por el coronavirus? ¿La presentación virtual de su candidatura, realizada el pasado lunes, será el modelo 2021 para atraer votantes? ¿Se podrá mantener unida la alianza gobernante, adormecida y cancina luego de 20 años en el poder?

Por el momento, desde la oposición, fragmentada y sin un candidato claro, piden que sea el Poder Judicial el que actúe como contrapeso del Poder Ejecutivo, investigando el manejo de la pandemia y, puntualmente, el incidente en la provisión de oxígeno en el Hospital de Campaña. Pero, además, desde el PJ y el FR cuestionan el adelantamiento de las elecciones para fines del mes de agosto. 

“Meter una campaña política en el momento que estamos viviendo es un gran error. Si hay que tomar decisiones impopulares, como restringir la circulación o retroceder de fase, es difícil que lo haga estando en campaña”, consideró Braillard Poccard. En el mismo sentido, Pacayut remarcó que un amplio sector de la oposición impugnó por ilegal e inconstitucional el adelantamiento de las elecciones provinciales. Desde ese sector esperan que unificando los comicios en septiembre o trasladando a octubre, habrán pasado las pocas semanas de frío en Corrientes y la sociedad habrá ganado inmunidad gracias a la campaña de vacunación que se viene acelerando. 

Por ahora, hay que pasar el invierno. 

ADLR

La hoja de ruta que el gobierno de Corrientes trazó para abordar la pandemia por Covid-19 se terminó de encender de rojo cuando se confirmaron más de 700 casos positivos diarios, generando un acentuado salto en la curva de contagios en toda la provincia. El incremento era previsible, según los indicadores epidemiológicos locales, y volvió a tener un pico este miércoles que empujó a tomar medidas más restrictivas al gobernador Gustavo Valdés (ECO-JxC) en el día con casos récord de coronavirus a nivel nacional y provincial. 

Valdés, tomando distancia de la cúpula de Juntos por el Cambio en la gestión de la pandemia, dio a conocer una serie de restricciones que empezarán a regir este jueves 20 como la suspensión de las clases presenciales, la prohibición de la circulación entre las 0 y las 7 de la mañana, y la extensión de un asueto a la administración pública provincial, que espera sea replicado por los restantes poderes y niveles del estado. 

El objetivo de las medidas es disminuir en un 50 por ciento la circulación en las ciudades correntinas con mayor cantidad de casos como Goya y Mercedes (en fase 2), además de la capital provincial, Paso de los Libres, Curuzú Cuatía, Santo Tomé, Santa Rosa, Esquina, Mocoretá, Monte Caseros y Juan Pujol (en fase 3). En algunas de las cuales, además, confirmaron la circulación de la cepa Manaos.  “De 16 muestras tomadas, 14 se corresponden a la cepa Manaos”, dijo Valdés este miércoles durante una conferencia de prensa realizada para dar a conocer las medidas de restricción. 

Los próximos días serán clave para conocer si las restricciones decretadas por el gobierno tienen el efecto esperado, en una provincia que hasta este miércoles vivía en una suerte de normalidad paralela que, incluía además de barbijos en las calles y protocolos más o menos flexibles en los espacios cerrados, clases presenciales en los niveles iniciales, primarios y secundarios, actividades deportivas, recreativas y religiosas, y una vida nocturna intensa que no se alteró aún con los últimos llamados a la responsabilidad social.  

Las medidas

Los últimos dos partes epidemiológicos en la provincia fueron contundentes y determinaron el curso de las restricciones. Según se informó en las últimas 48 horas, se pasó de un promedio de 250 casos diarios a más de 700 positivos, acumulando un total de 2.842 activos en todo el territorio. 

Respecto a las internaciones por complicaciones relacionadas con el Covid-19 en Corrientes, toda la atención sanitaria se concentra en el Hospital de Campaña, que amplió en 60 camas su capacidad de atención. “En el Hospital de Campaña están 243 personas internadas, con una ocupación de 48 camas en la Unidad de Terapia Intensiva y un uso del 14.6 por ciento de los respiradores”, explicitó este miércoles la doctora Silvana Grosso, del Comité de Crisis, y agregó que las internaciones, contagios y muertes demuestran un descenso notorio en la edad de las personas afectadas por coronavirus, producto del impacto en la vacunación de la franja etaria de adultos mayores. 

Grosso además detalló otros aspectos de la pandemia en clave local y consideró que la razón de casos en la provincia es de riesgo medio, pero está muy cerca del riesgo alto: “Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que el porcentaje de aumento diario sea menor del 0.5 por ciento para cierto relajamiento. Nosotros estamos a 1.6 por ciento y en algunos casos supera el 3 por ciento”. 

Con este panorama, el gobierno de Valdés decretó una serie de medidas que impondrán un nuevo ritmo a buena parte de la provincia. 

Desde este jueves 20 al lunes 31 de mayo, quedan suspendidas las clases presenciales de todos los niveles, a excepción de los jardines maternales. Se prohíben las reuniones sociales y familiares. Los oficios religiosos – uno de los focos de contagio señalados por el comité provincial - sólo se podrán realizar los días domingos, al aire libre y con no más de 20 personas. Se decretó además el cierre de casinos, gimnasios, canchas de futbol 5, deportes en conjunto y de todas las competencias deportivas. Respecto a la actividad comercial, solo está habilitada hasta las 21 horas, a excepción de los bares y restaurantes que podrán funcionar hasta las 12 exclusivamente al aire libre. 

El turismo interno tendrá amplias restricciones entre localidades en distintas fases, y el ingreso a la provincia sólo se realizará con hisopado negativo o certificado de vacunación, volviendo a establecer el conflicto con la vecina provincia de Chaco, por la intensa interacción entre las ciudades de Corrientes y Resistencia. Finalmente se prohibió la circulación de personas, a excepción de agentes de salud y seguridad, entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana. 

Una de las acciones que estiman tendrá un amplio impacto en la circulación es el asueto a la administración pública provincial durante 11 días, medida que esperan repliquen los poderes judiciales y legislativos, además de las administraciones nacionales y municipales.   

Al respecto, antes del anuncio del paquete de medidas, el senador provincial Martín Barrionuevo (PJ), dijo a elDiarioAR que: “Estamos en el valor máximo hasta el momento. No hay dudas de que puede ser peor. Las medidas que se adopten y el compromiso de toda la sociedad son necesarios para frenar el aumento de casos”. “Estamos cansado pero el virus no está cansado. Se está fortalecido y somos el combustible de este virus. Tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos, porque tenemos una perspectiva por delante que es la vacunación, que debe acelerarse”, agregó. 

Barrionuevo, finalmente, instó a la oposición provincial (PJ) y a la nacional (JxC) a “ser constructiva”. “No tenemos que cometer los mismos errores, pero el gobierno provincial debe tomar medidas fuertes. No podemos tomar medidas a mitad de camino”, concluyó. 

ADLR

Con un largo plano secuencia inicia “Las mil y una”, una producción argentina-alemana que este viernes se estrenó en la plataforma digital Netflix. En los primeros minutos, se presenta a Iris, la protagonista, una adolescente que juega al básquet y que picando la pelota anaranjada recorre los laberínticos pasillos de uno de los barrios más grandes de la ciudad de Corrientes: las Mil Viviendas. 

La película narra el despertar sexual de Iris (Sofía Cabrera), la amistad con sus primos Darío (Mauricio Vila) y Ale (Luis Molina), y la hostilidad de una vida diversa en una sociedad conservadora y misógina como la de Corrientes. El elenco se completa con Renata (Ana Carolina García), el interés amoroso de Iris y la mamá de Darío y Ale (Marianela Iglesia) quien los contiene con sensibilidad y ternura. 

La historia fue dirigida por Clarisa Navas y es un drama LGBTQ que tuvo una variada repercusión desde su estreno en la popular plataforma, viene de cosechar reconocimientos y premios en los festivales de Mar del Plata, San Sebastián, Lima, Valdivia, Toulouse y Guadalajara, y que inició su recorrido mundial en la sección Panorama en la Berlinale, pocos días antes de que se declarara la pandemia por el Covid-19. Desde diciembre pasado está disponible en Cine.ar, pero la llegada al gigante del entretenimiento, gestionada por la productora Varsovia, le dio un impulso en otra escala, que para su directora se transforma en “una gran pregunta”.  

Clarisa Navas es correntina, nacida y criada en las Mil Viviendas, emigrada a la ciudad de Buenos Aires para estudiar cine en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) hace una década. En sus dos primeros largometrajes volvió sobre el nordeste. El primero se llamó “Hoy partido a las 3”. Fue rodado en un sitio no muy identificado que pudo ser cualquier potrero de Chaco o de Corrientes, y que retrata con sutil humor la pasión de las mujeres por jugar al fútbol. El segundo es “Las mil y una”, potente film en el que vuelve al universo periférico, realista y vibrante de su barrio de la infancia. 

En diálogo con elDiarioAR, Navas se refirió al desembarco de su segunda obra en Netflix: “Con plataformas tan grandes y populares, todo es una pregunta”. Navas entiende que su obra maneja otros tiempos, otros ritmos, otros escenarios y se interroga qué sucederá frente a “un contenido que muchas veces muy homogéneo”. “Es un poco raro que compren películas de este estilo, pero en este caso Las Mil viene de un recorrido de festivales internacionales y de ganar premios, entiendo que hay algo de eso que les pareció interesante para incluir en su programación”, consideró. 

Sobre las repercusiones que viene teniendo la cinta, dijo: “Siempre para mí una película es una suerte de promesa en cuanto a la recepción, una espera en encontrarse con sensibilidades que puedan ser tocadas y movidas. Particularmente con Las Mil fue una sorpresa muy grande, que algo tan trabajado desde un lugar local pueda convocar y a la vez evocar muchas situaciones de personas en diferentes partes del mundo. Me sorprende mucho, me conmueve, porque es una suerte de encuentro”.

La película de Navas, además de premios, fue recolectando críticas destacadas y comentarios positivos, especialmente, de la comunidad LGBTQ, que pone la identificación con las experiencias de la diversidad en sectores populares o marginales de Latinoamérica. La mirada de Navas no es ingenua y en diálogo con elDiarioAR, se anticipó a algunas de las repercusiones que tuvo entre los propios vecinos de las Mil Viviendas. 

Es que el espejo que proyecta Navas sobre el barrio no es del todo amable. Este gran complejo urbano, que transformó la ciudad de Corrientes entre 1970 y 1980, condensa una población muy heterogénea que vivió sus primeras décadas desconectada del resto de la capital provincial. Su historia y su presente están marcados por la necesidad de un amplio sector de la sociedad de acceder a un techo, sobre la relación con los servicios públicos y las demandas al Estado, pero también sobre las tensiones en una vecindad tan diversa. 

El barrio

Las Mil Viviendas son en realidad las casas del barrio General San Martín, pero prácticamente nadie lo conoce con ese nombre que no figura ni siquiera en los mapas municipales. Como su apodo lo indica, este conjunto habitacional está conformado por mil viviendas sociales; la mitad individuales y el resto como pabellones colectivos. Las primeras casas fueron entregadas entre 1979 y 1980, en plena dictadura militar argentina, pero fueron planificadas varios años antes. 

Sobre el origen de las Mil, que hoy representa uno de los distritos más populares y nucleares de la ciudad, el profesor investigador y arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Miguel Ángel Riera, dialogó con elDiarioAR, y explicó que el proyecto empezó a gestarse a través del Fondo Nacional de la Vivienda (FoNaVI) cuando esa zona de la ciudad que era un gran vacío, “prácticamente campo”. El barrio y otros conjuntos de viviendas sociales lindantes fueron edificadas entre las décadas del 70 y el 80 sobre un campo de aviación y un basural con el objetivo de establecer una ciudad satélite.

“La gran novedad del proyecto era la incorporación de equipamientos sociales como una escuela, un centro comercial y una sala de primero auxilios, luego se incorporó una guardería y más tarde la escuela secundaria”, detalló. El modelo de las Mil Viviendas replica el de tantos otros distribuidos por todo el país: “Es un lineamiento de cierto urbanismo moderno, de Europa de la primera mitad del siglo XX. De allí se tomaron ideas que fueron adaptadas. Se generó una micro ciudad que abastecía a la población en la demanda comercial, educativa, incluso, religiosa, combinando viviendas individuales y colectivas”. 

Esa idea de ciudad paralela, se mantuvo durante décadas. Al principio, las Mil estaban desconectadas del resto de Corrientes. Las calles eran de tierra y el transporte público no llegaba. “La idea de micro ciudad quedó vigente. Todo el proyecto fue una novedad. Esto transformó la organización de la ciudad, la forma de extenderse. Lo que hoy puede parecer conectado, hace 40 años era la absoluta periferia”, apuntó Riera. Pero más allá del transporte público, bastante de ese clima de periferia urbana permanece hoy, aún con el barrio conformando parte de la identidad de la ciudad. 

Las Mil, al igual que el resto de los entornos de vivienda social construidos entre los 70 y los 80, fueron creciendo de forma desordenada. Por la forma en la que fueron pensadas, las casas y los monoblocks no pudieron extenderse y los vecinos empezaron a tomar parte del espacio público para realizar cocheras o espacios comerciales. Tampoco hubo un mantenimiento a través de consorcios u organizaciones vecinales, generando un deterioro en la forma de vida, explícito en el film de Navas. 

Más allá del paso del tiempo, hay un pecado de origen: “La calidad constructiva de este grupo, no tenían la calidad de los barrios Perón y Evita. Era otro momento del país y del mundo”, dijo Riera. “Los espacios libres en los monoblocs no fueron pensados como plazas o espacios verdes sino como espacios de ventilación. En ese tiempo, la política era dar vivienda a la mayor cantidad de gente. El barrio no responde a una planificación urbana, no era un plan integral, sino un fragmento de la ciudad aislado”, consideró Riera que forma parte del Centro Investigación en Arquitectura Moderna (CIAM).  

Deterioro

El presente de este gran espacio social, con varios indicadores en rojo, ostenta una degradación arquitectónica.  “Esos edificios fueron construidos hace 40 años, hubo entonces variaciones en calidad y el tipo de materiales, irregularidades que se hicieron evidentes con problemas estructurales, pérdidas, rajaduras, complicaciones en los asentamientos. No se tuvo en cuenta un aislamiento acústico de las paredes, entre otros aspectos”, enumeró el arquitecto. 

“Las Mil son un reflejo de un tiempo particular y de un modo de pensar la vivienda social. Los resultados (de esas políticas) con el transcurrir de los años se fueron evidenciando”, concluyó Riera. 

En ese sentido, Navas reflexionó que “las Mil es uno de esos planes que se diseñaron para albergar a gran parte de la población que venía desde zonas más periféricas aún, a una clase media incipiente. Esas formas de ver y concebir la vida, se han manifestado en otros sitios de Latinoamérica, en nuestro país, en las provincias de norte se pensó que la vida podía ser vivible en condiciones de hacinamiento y de deterioro”, y agregó: “En cada pared y en cada parte de las Mil, están marcadas esas ausencias del Estado, esos deterioros de la arquitectura, pero también de las condiciones de vida. Eso se comparte en muchísimos lugares de Latinoamérica”. 

Durante los últimos años hubo intentos aislados por apuntalar los edificios y mejorar la infraestructura general del barrio. Intentaron los vecinos y también intentó el Estado. Sin embargo, las tareas no avanzaron demasiado ya que la situación del resto de la ciudad de Corrientes es aún más compleja. Como parámetro general, la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (ENES) 2014-2015 indica que existe un déficit habitacional cuantitativo y el cualitativo del 61.8 por ciento en la región NEA. 

Al respecto, la arquitecta Florencia Rus del Colectivo Habitacional Turba, sostiene que en las Mil Viviendas no se habla de hacinamiento sino de una alta densidad de población. “Si uno mira el plano de las situaciones más críticas en Corrientes, no aparecen en general estos conjuntos habitacionales, sino que hay otras áreas más complejas”, consideró en diálogo con elDiarioAR. 

“Sí hay una cuestión de deterioro relacionada al mantenimiento, que a lo largo de los años no se ha sabido cómo trabajar en la gestión de espacios comunes. Eso suele pasar en general con las viviendas colectivas de propiedad horizontal”, apuntó y destacó que “estos bloques se pensaron con muy poca flexibilidad y hoy surgen muchos problemas como la necesidad de expansión o de un garaje para el auto. Las dimensiones de los espacios son mínimos, se economizaron metros cuadrados. Esto sigue ocurriendo hasta hoy en día, no es algo exclusivo de las Mil Viviendas”. 

Sociabilidad intensa

Lo que trasciende al deterioro de esta ciudad satélite es la impetuosa vida comunitaria. Al respecto, Rus consideró que es relevante una lectura de lo que transcurre en esa intensa sociabilización que tiene lugar en los espacios verdes y las áreas colectivas y comunitarias de las Mil Viviendas. “Aparece la actividad de los vecinos, una señora que pone un puesto de comida en la calle, los chicos que interactúan, hay entornos de mucha sociabilidad y eso es muy interesante y que muchas veces en otros espacios de la ciudad no pasa”, indicó. 

De los barrios populares hay que rescatar y destacar “las formas de autogestión y de construcción social del espacio y del habitad, que tienen muchísimas riquezas desde la autoconstrucción de la vivienda, la solución de los problemas habitacionales de forma rápida y colectiva, entre otros aspectos”, insistió Rus y allí coincidió desde su mirada como urbanista con la apuesta de Navas desde el arte. “Las Mil tiene una enorme fuerza. Hay hoy una eclosión de muchas personas que piensan diferentes pero igual siempre sentí al barrio como un reservorio de fuerza, que van mucho más allá de margen o la idea de un margen. Un poco la película evoca estas condiciones”, finalizó Navas. 

Las Mil Viviendas no son el telón de fondo de un drama latinoamericano que se estrenó en Netflix. Como Iris y sus primos, como Renata, y esa mamá bailando una cumbia romántica y tomando una cerveza en una calurosa noche correntina, las Mil resisten como protagonistas de su tiempo.  

El movimiento en la provincia Corrientes para esta semana se anticipa como pre pandémico. Al igual que en buena parte de las 23 provincias argentinas, las clases presenciales o de modalidad mixta continuarán vigentes, en contraposición a las decisiones tomadas por el gobierno nacional para el territorio del AMBA, en tensión con la ciudad de Buenos Aires. Si bien los indicadores locales de Covid-19 son altos, 2.502 activos y 309 nuevos, los casos confirmados están distribuidos en todo el territorio provincial, morigerando la circulación, aún con algunas ciudades en una situación más crítica. 

Los cacerolazos por la suspensión temporal de la presencialidad escolar, los reclamos tempestuosos frente a las cámaras de televisión, o los abrazos simbólicos a los colegios privados, no conforman parte de la agenda provinciana. La intranquilidad en torno a la pandemia está puesta en los eventos masivos, como un partido de rugby entre los clubes Aranduroga y San Patricio, que concluyó este fin de semana con varias decenas de jugadores aislados; o como las fiestas clandestinas que continúan como un imprevisto negocio local. En la sensibilidad social, se anticipan posibles restricciones que por el momento sólo llegaron a las artes, mientras tanto, Corrientes sigue moviéndose. 

¿Cuál es entonces el panorama de ese heterogéneo colectivo denominado “la escuela” en Corrientes? 

Para intentar tejer un tapiz de esa realidad, elDiarioAR dialogó con familias con hijos escolarizados, docentes de instituciones públicas y privadas, y directivos de capital e interior. En este recorrido, todos los testimonios repiten como una certeza que sólo representan una parte del todo. De la presencialidad destacan las rutinas, el reencuentro con los pares, el diálogo cara a cara; mientras que de la virtualidad se ponderan las potencialidades para los estudiantes más grandes y el permitir el contacto entre la escuela y el estudiantado en momentos de cierre total. 

Las familias

Miriam es cardióloga, vive en las afueras de la ciudad de Corrientes y tiene dos hijos en edad escolar. Un niño de 8 años que atravesó primer grado con altibajos en un colegio privado y una niñita de 3 años que empezó el Nivel Inicial este 2021. En diálogo con elDiarioAR, hizo un balance sobre la virtualidad y la pandemia: “Lo que nos tocó vivir fue de una gran adaptación. Recibimos del colegio consejos sobre los tiempos de aprendizaje y sobre las rutinas para que los niños puedan mantener la concentración, tengan momentos de juego y recreo, y sobre el manejo de las emociones”.  “Los chicos son unos genios. Se adaptaron entonces y se adaptan ahora a la presencialidad”, dijo. Las dificultades que señaló están relacionadas con la conectividad, con las tareas de cuidado y el reparto doméstico de la crianza. “Algunos días no fueron fáciles, porque la maestra no lo escuchaba o no lo entendía y eso generaba angustia en todos”, marcó. No obstante, destacó la ventaja de poder estar disponible para acompañar la escolaridad pero reconoció que no es una realidad generalizada y que a muchas familias les cuesta más: “Cuando tenés que salir si o sí a buscar el sustento, el ambiente para ayudar a tus hijos no es el mismo. La misma tormenta distintos barcos”, ilustró. 

Lo que nos tocó vivir fue de una gran adaptación. Recibimos del colegio consejos sobre los tiempos de aprendizaje y sobre las rutinas para que los niños puedan mantener la concentración, tengan momentos de juego y recreo, y sobre el manejo de las emociones

Miriam — Cardióloga y madre de dos hijos

Carlos trabaja en una empresa de telecomunicaciones, es correntino y vive en Resistencia. Sus dos hijas cruzan el puente General Belgrano con su mamá, para asistir a un colegio religioso de Corrientes. 

La circulación por el viaducto, que estuvo restringida por más de un año, se normalizó en las últimas semanas, cuando los casos de Covid-19 entre Resistencia y Corrientes se equipararon. Sobre el retorno a clases, contó que lo vivieron “con mucha alegría” y cierta ansiedad por la nueva normalidad. “La presencialidad – dijo a elDiarioAR– fue volver a una rutina que marque los tiempos, que acomode las cosas, con actividades escolares sean organizadas, horarios, un docente al frente”. 

Camila es docente y mamá de un niño de cuatro años. Vive en Saladas, una ciudad a 100 kilómetros de la capital provincial que mantiene prohibido los ingresos, y contó a elDiarioAR las dificultades para retomar la presencialidad luego de un año de clases virtuales: “El primer día fue bastante difícil para los dos. Él estaba ansioso por saber qué le iba a preguntar su seño, por conocer a sus compañeros. Pero lo superamos bien y ahora está súper adaptado y feliz”. El protocolo es correcto – dijo – tanto en la escuela a la que asiste su hijo como en las otras instituciones educativas en las que imparte clases. Sin embargo, marcó dos inconvenientes: el amontonamiento de los tutores a la salida de la escuela y la modalidad de dictado presencial intermitente.  “Es un tiempo muy largo entre clase y clase”, indicó.  

Los tres tutores consultados ponderaron la satisfacción por el retorno a la escuela en marzo de este año. Aún con barbijos y alcohol, los chicos se adaptaron muy rápidamente. Sin embargo, tienen distintas posturas respecto a un posible regreso a la virtualidad completa en el marco de la segunda ola por coronavirus. Miriam sostuvo que transita día a día, intentando “estar bien con ellos, que van felices a la escuela”. “Si se vuelve al cierre total, no creo que sea por mucho tiempo y supongo que les explicaremos, como lo hicimos antes”, concluyó. Carlos en cambio está convencido de que las medidas que se están tomando son correctas para sostener la asistencia a las aulas. “No creo que haya que volver a la virtualidad al ciento por ciento hasta tanto no sea comprobable que la presencialidad es peligrosa. Volver a la virtualidad volvería a desarmar esa rutina que necesitaban tanto los chicos como los adultos después del año pasado”, finalizó. Para cerrar, Camila ensayó una respuesta más general: “Parte de la población de Saladas pide que se suspenden las clases, pero hay que acordarse de que sólo se detuvo el movimiento cuando estuvimos en fase 1, por lo demás se siguieron haciendo fiestas, reuniones, la gente se cuida poco, hay muchas otras cosas que cerrar antes que la escuela”. 

La escuela 

Adrián es profesor de Filosofía y Economía, licenciado en Ciencias Políticas y trabaja como docente en los niveles medio y superior. Además, se desempeña como directivo del Instituto de Música de Corrientes. Consultado por elDiarioAR sobre su percepción de la escolaridad en pandemia, consideró que la virtualidad “puso sobre el tapete la brecha social en la que vivimos, que es traduce en una brecha digital importante”. “Tenes el chico con su notebook personal en su casa, con internet, el que comparte la computadora con toda la familia, o el que directamente trabaja con el teléfono. Las diferencias sociales quedaron más expuestas, y afectaron peor a los de siempre”, destacó.

La pandemia puso sobre el tapete la brecha social en la que vivimos, que es traduce en una brecha digital importante. Tenés el chico con su notebook en su casa, el que comparte la computadora con toda la familia, o el que trabaja con el teléfono

Adrián — Docente correntino en los niveles medios y superior

“Hay una comparación que escuché y me parece interesante sobre la flexibilidad y la elasticidad. Hay gente que en esta situación es flexible, hace más o menos lo que hacía antes, pero lo adapta a la virtualidad. Básicamente está esperando que esto pase para volver a lo de antes. Pero es un error, el paradigma es distinto. En tanto, si pensamos en la elasticidad como el material que no vuelve a su forma anterior, sino que se transforma. Las posturas más conservadoras, burocráticas y formalistas, están esperando volver a lo anterior. Tenemos que reconocer que hay una situación que cambió eso. Ya no va a volver a ser lo que era antes”, remarcó. Finalmente, Adrián se distanció de los otros testimonios y marcó que este retorno a la presencialidad es “hipócrita”. “No creo que esta presencialidad sea adecuada, por lo menos para los adolescentes. Hay una tensión en cumplir los protocolos dentro de la escuela y después los mismos chicos te dicen que se juntan afuera. Me parece un esfuerzo sobrehumano para nada. No me convence esta vuelta. Me parece que se gasta muchísimo esfuerzo en algo formal, que no está frenando la pandemia”, concluyó. 

En tanto, Lucrecia, docente de cuarto grado en Goya, una de las localidades correntinas más afectadas por el Covid-19, sostuvo que el regreso a la presencialidad les permitió conocer el estado real de la situación de los estudiantes más pequeños. “La virtualidad es una gran herramienta, pero no fue ni es suficiente para garantizar el aprendizaje. Hicimos un trabajo titánico el año pasado, pero cuando empezaron las clases presenciales este año, nos dimos cuenta de que el aprendizaje no fue como nosotros esperábamos. Para mí que la presencialidad en las aulas es imprescindible. Los chicos necesitan el contacto con sus compañeros, pero también ese espacio de autonomía respecto de sus padres. No ir a la escuela afecta al bienestar de todos, las clases ordenan la vida familiar”, consideró y dijo: “Ellos – por los niños y las niñas – se la están bancando muy bien, están pasando por un montón de cosas que otras generaciones no han pasado”. “Si tenemos que aislarnos nuevamente, volver a fase 1, volveremos pero mientras tanto es importante sostener la presencialidad”, finalizó. 

La postura de Nicolás, directivo de una institución privada capitalina, transita en el medio de las consideraciones previas: “El balance de la virtualidad, pese a la situación de pandemia, fue bueno. Cumplimos con los contenidos básicos dispuestos oficialmente. Igual ahora vemos en estas semanas de diagnóstico que obviamente hay contenidos y aprendizajes que quedaron pendientes. En los informes te das cuenta que hay chicos que tienen complicaciones en las materias”.

Sobre la presencialidad, subrayó la ansiedad de los más chicos por hablar. “Tienen muchas ganas de contarnos lo que hicieron todo el año, y también nos sorprendió gratamente que son los primeros en cuidarse. Se adaptaron mucho mejor que nosotros a todos los protocolos”, comentó y destacó que en caso de que se suspendan las clases, intentarán que los cursos de primero y sexto grado puedan continuar asistiendo, pero si se cierran las escuelas, la institución cuenta con lo aprendido previamente para no interrumpir el vínculo con los y las estudiantes. 

En este escenario, con más de 2.500 casos activos de Covid-19, el gobernador Gustavo Valdés - que pudo desentenderse del escándalo por las vacunas transportadas irregularmente por su ministro de Salud - ratificó la continuidad de las clases presenciales en todo Corrientes, incluso en las localidades que están en fase 2 y fase 3. Así y sólo por ahora, el sistema de salud local tiene margen para continuar funcionado, los chicos para seguir concurriendo a la escuela, y Valdés para proseguir con su campaña en busca de la reelección. La segunda ola aún llegó, pero la incertidumbre aplazada puede convertirse en pocas semanas, en una certeza distinta. 

ADLR

Legisladores correntinos del Frente de Todos presentaron este miércoles una denuncia contra el ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, bajo las figuras de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público” por el transporte irregular de 900 dosis de vacuna Sputnik V, evidenciado luego del accidente de tránsito que protagonizó hace diez días en la ciudad de Corrientes.  

Con la denuncia, elevada por 16 legisladores provinciales y nacionales opositores al gobierno de Gustavo Valdés (ECO – JxC), se requiere a la justicia que urja una serie de medidas de prueba para conocer quién, cuándo y cómo se retiraron las vacunas que transportaba el ministro Cardozo el día del accidente, desde Droguerías del Sud, la firma contratada para la logística del Plan de Vacunación correntino. Además, se solicita que el Ministerio de Salud de Corrientes informe si existe “protocolo provincial” para el almacenamiento, distribución, traslado y entrega de insumos del Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid-19, ya que quedó a la vista el incumplimiento de los Lineamientos Técnicos formulados por el gobierno nacional, en especial en lo vinculado a la temperatura de congelación de menos de 18 grados que debían mantener las vacunas Sputnik V. 

El expediente, con carátula reservada, ingresó el miércoles por la mañana al Juzgado de Instrucción N°5 a cargo de María Amalia Zair Nicolás, y de continuar el curso formal, correrían vistas a la fiscal Graciela Fernández Contarde, incorporándose a la causa que se había iniciado días antes por el accidente de tránsito del ministro Cardozo, quien perdió el control del vehículo en el que viajaba tras sufrir un infarto agudo del miocardio, según se informó desde el Instituto de Cardiología de Corrientes.  

La denuncia, a la que accedió elDiarioAR, sostiene que - contrario a las declaraciones del gobernador Gustavo Valdés - al momento del accidente de tránsito “no se pudo recuperar ningún instrumento de acreditación del retiro formal de este lote de vacunas”. Es esa falta de documentación que certifica el retiro y el destino de las vacunas “lo que aumenta las suspicacias sobre la falta de apego a las diligencias mínimas para la realización del traslado de este bien escaso para la salud de los correntinos”, señala el texto y agrega que los hechos se configuran como “Delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público”.

La denuncia, a la que accedió elDiarioAR, sostiene que - contrario a las declaraciones del gobernador Gustavo Valdés - al momento del accidente de tránsito no se pudo recuperar ningún instrumento de acreditación del retiro formal de este lote de vacunas

Tensión política 

En tanto, en público y en privado desde el Gobierno de Corrientes sostienen que no le pedirán la renuncia al ministro de Salud, Ricardo Cardozo, quien se recupera en su domicilio del incidente cardíaco seguido de un accidente de tránsito, que dejó expuesto el transporte irregular las vacunas contra el Covid-19. Así lo señaló en varias oportunidades el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés: “No vamos a echar a un ministro porque tuvo un infarto”. Y atribuyó los pedidos de información y de mayor transparencia en el plan de vacunación a “un uso político del tema”.

Lo concreto es que a la denuncia judicial se suman requerimientos tanto en las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, como en el Congreso de la Nación sobre los protocolos diseñados para vacunar a la población correntina. El clima de tensión tuvo una nueva escalada este miércoles, cuando los diputados peronistas se quedaron sin la posibilidad de hacer uso de la palabra al finalizar la sesión del día para referirse a los pedidos de transparencia en el manejo de la pandemia. Es que el oficialismo, que es mayoría, abandonó el recinto por segunda vez en una semana y dejó sin quorum la sesión. 

Al respecto, la diputada provincial del Frente de Todos, Alicia Meixner, dialogó con elDiarioAR y sostuvo que “institucionalmente hemos hecho todos los reclamos donde corresponde para que nos expliquen sobre cuál es el orden en la adjudicación de turnos para la vacunación y, en este caso, también pedimos explicaciones sobre el bochornoso episodio del ministro Cardozo”. 

Meixner insistió en que es imprescindible que se conozca públicamente el orden establecido para la vacunación, ya que en las últimas semanas se sumaron reclamos de profesionales de la salud y de pobladores del interior de la provincia de Corrientes, al desconocerse el sistema para la adjudicación de turno. “Queremos que sea trasparente”, dijo y explicó que se presentó un proyecto de ley para que se publiquen los nombres de las personas que ya fueron inmunizadas: “Puede haber una discusión legal, pero cuando la Nación lo hizo, no hubo ningún planteo de inconstitucionalidad”.  

Sobre el transporte irregular de las vacunas, Meixner reiteró las dudas que aparecen en la denuncia: Cardozo no circulaba en un vehículo adecuado, iba en dirección contraria a la declarada, esa mañana hubo un vuelo sanitario hacia la ciudad de Goya que podría haber trasladado de forma segura las vacunas, entre otros puntos. “Las explicaciones no nos cierran. Una siente que insultan nuestra inteligencia. Y la inteligencia del pueblo. Lo que se reclama es transparencia”, finalizó.

En esa misma línea, la senadora nacional Ana Almirón (FdT) dijo a elDiarioAR que presentó un pedido de informes a la ministra de Salud de la Nación, CarlaVizzotti, acompañando el requerimiento de la Comisión de Salud del Senado, firmado por Cambiemos, para que brinde explicaciones sobre las vacunas. “En el mismo pedido, solicité información sobre Corrientes porque nosotros no sabemos cuál es el protocolo de actuación de la provincia, ni cómo se distribuyen las vacunas, cuál es el cronograma. Sólo tenemos información nacional, y queremos saber los lineamientos bajados de la Nación a la provincia sobre la conservación, recepción y distribución de las vacunas”, concluyó.  

Más allá de los reclamos de la oposición, de la reciente denuncia judicial y de la persistencia del descontento que se replica en las redes sociales, el ministro Cardozo permanece indemne en su cargo frente a Salud Pública, como una declaración de principios del propio gobernador Valdés y un respaldo al funcionario que heredó de su mentor: el ex gobernador Ricardo Colombi. 

ADLR

Ricardo Cardozo es médico pediatra, nacido en la pequeña localidad de Sauce al sur de la provincia de Corrientes, y se desempeña como funcionario del Ministerio de Salud de Corrientes desde 2001. Llegó de la mano del entonces gobernador Ricardo Colombi, que lo sumó como jefe de Recursos Humanos primero y Subsecretario de Salud Pública. En diciembre de 2015 asumió como ministro en reemplazo del Julián Dindart, otro célebre funcionario correntino que pronunció con insistencia la máxima de que las mujeres pobres se “embarazan por un plan”.  

Cardozo tiene 66 años, y en la última década pudo sortear cuestionamientos por su accionar en la función pública. Las últimas controversias estuvieron vinculadas a su oposición férrea a la legalización del aborto, incluso fue cuestionado por Amnistía Internacional por ni siquiera habilitar el protocolo de Irrupción legal del Embarazo (ILE) en la provincia que se declaró “provida”. En una entrevista con Clarín en 2019, Cardozo llegó a dudar de las mujeres y niñas que solicitan la ILE argumentando que: “No sabemos si son violación”. “Hay que ver si es así, si la mujer dice que el embarazo le afecta psicológicamente, hay que investigar, lo mismo que si dice que fue violada, hay que investigar”.

Otra de las controversias que logró eludir fue netamente política. En 2017, antes de las elecciones provinciales se filtraron audios de Cardozo amenazando a una enfermera con “trasladarla” como represalia por negarse a ser candidata por el oficialismo. Meses más tarde, el funcionario cumplió su amenaza y Luz María Quintana, la enfermera en cuestión, fue reubicada compulsivamente. Sin embargo, uno de los mayores escándalos del ministro de larga duración puede que aún no haya salido a la luz.