La cobertura mundial de vacunación en las infancias se estancó a nivel global el año pasado, una tendencia que comenzó a profundizarse tras la pandemia de Covid-19 y que abarca también a la Argentina. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF indicaron en un informe reciente que en 2023 unos 2,7 millones más de niños y niñas no fueron vacunados o recibieron menos dosis en comparación con los niveles previos a 2019. Ambas organizaciones internacionales tomaron en cuenta la cobertura nacional de inmunización (WUENIC por sus siglas en inglés), que contempla la vacunación contra 14 enfermedades. Así, señalaron que las últimas tendencias demuestran que en muchos países “hay demasiados niños sin vacunar”, por lo que resulta necesario hacer esfuerzos para la actualización, la recuperación y el fortalecimiento de los sistemas. “Cerrar la brecha de inmunización requiere un esfuerzo mundial para que gobiernos, los aliados y los dirigentes locales inviertan en atención primaria de salud y en trabajadores comunitarios a fin de garantizar que todos los niños y niñas sean vacunados y que se refuerce la atención sanitaria en general”, agregó el documento.

Las conclusiones de la OMS y UNICEF indicaron que el número de niños y niñas que recibieron tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP) en 2023 se mantuvo estable en el 84% (108 millones de personas). Sin embargo, el número de niños y niñas que no recibieron una sola dosis de la vacuna aumentó de 13,9 millones en 2022 a 14,5 millones en 2023. Más de la mitad de la población infantil sin vacunar, agregó el documento, vive en los 31 países con contextos frágiles, afectados por conflictos y en situación de vulnerabilidad, lo que los vuelve especialmente proclives a enfermedades prevenibles debido a la falta de acceso a la seguridad, la nutrición y los servicios de salud. Esta tendencia acerca de una baja notable en la cobertura mundial de vacunación se mantuvo casi sin cambios desde 2022 y, lo que resulta un panorama alarmante para los especialistas, no volvió a los niveles previos a la pandemia.

“Las vacunas son una herramienta maravillosa de salud pública, pero los gobiernos han llegado a depender demasiado de ellas. Por eso, cuando no hay vacunas para algunas enfermedades, se pierden. Hay que reconstruir la producción de vacunas en el sector público, reintegrándola a los objetivos de salud pública”, dijo a elDiarioAR el investigador británico Stuart Blume, doctor en Química por el Merton College de la Universidad de Oxford y profesor de Estudios de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Ámsterdam, ciudad en donde vive. Blume es autor del libro “Vacunas, una historia polémica”, publicado en Argentina por Ediciones Godot, en el que aborda el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la salud y la dinámica del sistema de vacunación global.

En su trabajo, Blume plantea que en sus orígenes las vacunas “eran herramientas de la salud pública, utilizadas en conjunto con otras con el fin de proteger a las poblaciones de amenazas conocidas para su salud”. Sin embargo, “con el correr del tiempo, los medios se convirtieron en el fin. A medida que la salud pública se iba haciendo cada vez más dependiente de la vacunación, el parámetro fundamental cambió. Ya no era el estado de salud de las personas, sino el grado de cobertura de vacunación”, indicó. 

–¿Cree que hay Estados nacionales que dejaron parte de su política sanitaria en manos de los laboratorios y sus vacunas? ¿Hay forma de revertir eso?

–A la primera pregunta: ¡absolutamente sí! Los gobiernos de todo el mundo dependen cada vez más de las vacunas para resolver problemas de salud pública que son demasiado complicados para permitir una solución tan simple. El problema –y lo vimos durante la pandemia de Covid-19– es, en parte, que otros tipos de medidas preventivas (cuarentena, obligar a las personas a mantener la distancia y usar barbijos) son difíciles de aplicar y muy impopulares. Las vacunas son una herramienta maravillosa de salud pública, pero los gobiernos han llegado a depender demasiado de ellas. Por eso, cuando no hay vacunas, los Estados se pierden ¿Cómo revertir esta situación? Hay que reconstruir la producción de vacunas en el sector público, reintegrándola a los objetivos de salud pública.

–¿Entiende que existe un riesgo real de que hayan sido los propios gobiernos, con sus políticas sanitarias, los que hayan exacerbado el problema de la reticencia a las vacunas?

–En parte, sí. La pérdida de confianza en los políticos y la falta de financiación para la atención sanitaria han sido fundamentales. Más allá de las personas que se oponen a la vacunación por principios, la reticencia a las vacunas se debe en gran medida al miedo a los efectos secundarios. Esto se puede abordar mediante las instituciones que, se supone, deben recopilar y analizar los informes acerca de las consecuencias de las vacunas, mejor conocida como farmacovigilancia. Estas instituciones tienen que ser conocidas, accesibles y confiables. Las personas tienen que tener la seguridad de que se abordarán sus preocupaciones. 

–¿Qué lecciones obtuvieron, a su criterio, las naciones en materia de vacunación tras la pandemia de Covid-19 y, eventualmente, qué errores no se deben repetir a futuro ante situaciones sanitarias de ese tipo?

–No estoy seguro de que lo consideren un error, pero desde una perspectiva global más que nacional, la forma en que los países ricos pudieron monopolizar los suministros de vacunas inicialmente limitados fue un error.

–En su libro menciona una relación, como herramienta de visibilidad, entre internet y las personas que se oponen o son reticentes a la vacunación. ¿Cómo cree que se puede modificar este escenario y qué mensajes se podrían difundir?

–Sin dudas los grupos y las personas antivacunas han utilizado internet para difundir su mensaje. Al mismo tiempo, las instituciones de salud pública han recurrido a esa herramienta para asegurarse que las personas vieran primero su mensaje a favor de la vacunación. Pero, en realidad, no está claro cuánta influencia tuvieron estos mensajes en el comportamiento real de la población. Creo que quienes investigan a los antivacunas se concentraron en las publicaciones de Internet porque era mucho más fácil hacerlo que ir por ahí hablando con la gente sobre cómo decidían si vacunarse o vacunar a sus hijos.

–¿Hay otros elementos o medidas que se pueden poner en práctica para evitar la coerción como única forma de motivar la vacunación de una población?

–Vivo en los Países Bajos, donde la vacunación es voluntaria y tiene una de las tasas más altas del mundo. El factor que, sobre todo, conduce a una alta tasa de vacunación es la confianza en el gobierno; mucho más importante que la coerción. Aparte de eso, es importante contar con servicios de salud pública accesibles y adecuadamente financiados y organizados, y con igualdad social. La única medida que se puede tomar es organizar y financiar los servicios de salud pública y los de salud infantil.

–En un tramo de su libro indica que las poblaciones son “cada vez más sensibles y reacias a los riesgos” como una explicación de que las madres y padres no sean coherentes y estables en su postura sobre las vacunas. ¿Cómo se puede transformar esto en coherencia y estabilidad?

–En medicina, cuando se trata una enfermedad, se espera que las personas decidan por sí mismas, que actúen como “consumidores informados”. Eso significa sopesar las ventajas y desventajas de hacer una cosa u otra. En lo que respecta a la vacunación, se supone que no debemos hacer eso, sino lo que nos dicen. Las raíces de este problema se encuentran en la “mercantilización” de la atención médica y en cómo los pacientes se convierten en consumidores de atención. Pero no hay una respuesta sencilla a cómo se puede influir en las actitudes ante el riesgo, que probablemente también difieren entre culturas. Durante muchos años las autoridades sanitarias les han echado la culpa de todo rechazo a las vacunas a las actividades de los grupos antivacunación que propagan desinformación. De ese modo, se rehusaban a ver que había algo más complejo en el medio. Nunca se consideró la posibilidad de que las estructuras y prácticas establecidas tuvieran algo de responsabilidad en lo que estaba sucediendo. La introducción del concepto de “reticencia a la vacunación”, hace ya una década, fue un paso en la dirección correcta. Fue una forma de reconocer el hecho de que el quid de la cuestión no era el rechazo militante a la vacunación. Era, en cambio, la duda creciente, en especial, entre los padres urbanos de clase media, cada vez menos convencidos de que las políticas de vacunación tuvieran mucho que ver con las verdaderas amenazas para la salud de sus hijos. Lo que vemos ahora, la cantidad de gente que tuvo serias dudas acerca de la vacuna contra el Covid-19, nos muestra que estas dudas se han arraigado. ¿A qué se debe eso? Al modo en que son formuladas las políticas de vacunación y en quienes las formulan. Muchas de las vacunas introducidas durante los últimos años no fueron desarrolladas como respuestas a una necesidad social urgente. La cambiante estructura de la industria farmacéutica pareció dar origen a la sensación de que la oportunidad comercial estaba llegando a desempeñar un papel excesivo en el desarrollo de nuevas vacunas.

–¿Ve alguna relación entre un movimiento social anti vacunas y las ideas políticas vinculadas a la derecha?

– Sin dudas. Hay investigaciones de algunos países que muestran esta relación. La desconfianza en los expertos, en las élites y en el conocimiento científico parecen ser creencias fundamentales en los movimientos populistas de derecha. Y, por supuesto, hay políticos conocidos de la derecha que se han opuesto a la vacunación masiva. 

–¿Qué papel han jugado organismos internacionales, tal sería el caso de la  OMS, en la incidencia de los Estados nacionales de disponer la vacunación como una parte fundamental de su política sanitaria?

–Podemos decir que su énfasis anterior en la “salud para todos”, priorizando la atención médica básica accesible, se desvaneció con el auge del neoliberalismo en la década de 1980. Desde entonces, el papel de organizaciones como la OMS y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) ha sido ayudar a los países a obtener las vacunas que necesitan a un precio que puedan pagar. Durante la pandemia de Covid-19 se desarrolló el mecanismo COVAX para ayudar a los países pobres a obtener las vacunas que necesitaban. No tuvo mucho éxito, en parte porque algunos fabricantes y algunos países ricos lo socavaron, pero sin duda ayudó.

– ¿Cree que hay menos voluntad política para proteger los hábitats naturales de la destrucción que para modificar las políticas sanitarias para no exacerbar la vacunación como solución?

–¡Sin duda! Se obtienen beneficios de la venta de vacunas, pero ¿quién gana dinero protegiendo los hábitats naturales? Lamentablemente, no es el valor real de las cosas, sino las ganancias que se pueden obtener, lo que determina las políticas en gran parte del mundo.

Las máximas autoridades de la Iglesia Católica y los curas que integran el Equipo de sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina celebraron hoy en el partido bonaerense de La Matanza una misa en la que reconocieron el trabajo que día a día realizan las mujeres que están al frente de los comedores comunitarios, calculadas en unas 70.000 en todo el país, que, dijeron, “se desviven para que la comida alcance” a alimentar a millones de argentinos, en su mayoría niñas y niños.

“A veces la gente viene enojada a pedir comida. No lo vemos solamente en nuestros barrios, sino también con las personas en situación de calle. El otro día me decía un señor que trabaja durante la noche recorriendo (la ciudad de Buenos Aires) para dar de comer: ´Padre, ahora me arrancan la comida’”, relató en su homilía quien ofició la misa, monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina(CEA). Ojea es también uno de los obispos más cercanos al Papa Francisco.

Durante un mensaje que duró poco más de 20 minutos y que pronunció en el púlpito de un colmado Santuario de la Virgen de Caacupé, ubicado en el cruce de la avenida Crovara y la calle Cátulo Castillo, en la localidad bonaerense de San Justo, Ojea dijo que las mujeres que están al frente de los comedores comunitarios, que consiguen los alimentos, cocinan y sirven, son “madres de la Patria” que cubren las necesidades alimenticias “de los chicos y las chicas de los pasillos de los barrios”.

“Se desviven para que la comida alcance y tenga la proteína suficiente para poder lograr un equilibrio en la alimentación de nuestros chicos. Para que pueda tener la carne y el sabor suficiente. Lo hacen con el empeño y delicadeza que es propia del corazón de una madre”, expresó Ojea.

La misa se da en medio del conflicto por el reparto de alimentos, luego de que el Gobierno resolvió retirarle el apoyo a las organizaciones sociales. Se da también en un contexto en el que el obispos vienen aumentando el tono de los reclamos por la falta de políticas sociales y el aumento de la pobreza. El propio Ojea había reclamado al Ministerio de Capital Humano por los cinco millones de kilos alimentos guardados a punto de vencerse que terminaron entregando a la fundación Conin.

“Vienen familias enteras a nuestro comedor, caminando cuadras y cuadras con los chicos para sentarse a la mesa y, después, llevarse el tupper para la noche”, dijo a elDiarioAR Graciela, que está al frente de una casa de dos ambientes en Villa Celina, donde sirve comida para unas 50 personas, “casi el doble de las que asistían a principios de año”.

Graciela, que está al frente de una casa de dos ambientes en Villa Celina, donde sirve comida para unas 50 personas, “casi el doble de las que asistían a principios de año”

Graciela llegó junto a otros referentes del barrio en el que vive para “rezarle al Jesús del barro, de los comedores, porque necesitamos poder comprar o que no donen más alimentos. Lo que tenemos, no nos alcanza”, aseguró.

A la misa asistieron representantes de comedores y de organizaciones sociales de San Martín, 3 de Febrero, San Isidro, Villa Madero y de los barrios porteños de Barracas y Mataderos, entre otras localidades. Todos ellos levantaron sus pancartas, cartulinas de colores y banderas dentro del santuario, donde la misa fue animada con guitarras y hasta acordeones. Allí, casi medio millar de fieles cantaron y levantaron sus manos en varios pasajes de la ceremonia. “Lo que nos sostiene es darle la razón a la vida como viene”, mencionó una de las letras de las canciones.

“Mi mamá es la que para la olla en el comedor. Dice que siempre hay un lugar más para los que quieran comer. Vine yo porque ella cocina desde temprano”, contó a elDiarioAR Valentín, un adolecente de 17 años, que llegó a San Justo desde Villa Palito, cerca de la iglesia. Valentín llegó a conocer en el barrio a Basilicio Britez, más conocido como el Padre Bachi, uno de los curas villeros y referente comunitario en la zona, que murió como consecuencia del Covid-19 en agosto de 2020. “Alma de los abrazos, un villero que eligió ser cura”, decía un cartel con una foto del sacerdote en una de las paredes del santuario.

La homilía que pronunció Ojea le siguió a una lectura de la Biblia que hacía referencia a un milagro hecho por Jesús, quien multiplicó los peces y panes para unas 5.000 personas que se le habían acercado para pedirle comida porque tenían hambre. “No nos podemos confundir, menos en una emergencia y en una crisis. La solidaridad tiene que ser cada vez más honda y el sentido de responsabilidad tiene que ser cada vez más grande. Si alguna vez nos enseñaron que no se debe tirar la comida, hoy menos que nunca porque falta en muchos hogares. Tenemos que renovar esa conciencia fraterna que no se deja vencer por la desesperanza”, mencionó Ojea.

Los organizadores y los asistentes a la misa evitaron confrontar o hacer mención al presidente Javier Milei o a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, involucrada en un escándalo político después de que saliera a la luz que unas 5.000 toneladas de alimentos no perecederos estaban guardadas en galpones a cargo de su cartera. La comida, finalmente, comenzó a ser repartida en comedores comunitarios después de que así lo ordenara la Justicia. La decisión judicial tuvo como marco legal una causa iniciada en febrero último por organizaciones sociales, opositoras al Gobierno, tras la interrupción en la provisión de alimentos a sus comedores comunitarios en diciembre pasado cuando el Ministerio a cargo de Pettovello inició una auditoría. Sin embargo, unas de las peticiones leídas tras la homilía de Ojea en la misa fue “que los gobernantes se dejen interpelar por los que más sufren”.

El Equipo de sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina también celebró misas en otras ciudades del país para reconocer a las “madres de la Patria”. Lo hicieron en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en La Banda, Santiago del Estero; en la Capilla Monseñor Angelelli y Compañeros Mártires, en Córdoba; en la Parroquia Santa Rita, de Mar del Plata; y en la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco en Pichanal, en Salta.

Según un informe difundido en mayo último por la Universidad Torcuato Di Tella, la pobreza en la Argentina alcanzó al 48,9% de la población entre noviembre de 2023 y abril de 2024, llegando a unas 14.4 millones de personas que viven en hogares urbanos.

En junio pasado, en tanto, una nueva encuesta de UNICEF Argentina indicó que unos 10 millones de chicas y chicos en la Argentina comen menos carne y lácteos en comparación a 2023 por la falta de dinero en sus familias. El organismo internacional resaltó, además, que casi la mitad de los hogares con niñas y niños no alcanzan para cubrir gastos básicos de alimentación, salud y educación.

“¿Sabés lo que cuesta conseguir carne o pollo para acompañar el arroz o el guiso? Es un milagro”, señaló a elDiarioAR Cristina, cocinera de un comedor comunitario en la localidad bonaerense de Laferrere.

“Esta cultura de la indiferencia es un problema que tenemos metido dentro de nosotros. Yo también soy responsable de la necesidad de mi hermano. No me puedo lavar las manos. Cada uno sabe qué grado de responsabilidad puede tener con respecto a su hermano”, sostuvo Ojea.

GT/MG

Las dificultades habitacionales que encuentran para alquilar las personas que no poseen una vivienda propia atraviesan al país y se agravaron en los últimos meses como consecuencia de un marco económico, caracterizado por una inflación que acumuló un 65% en lo que va del año, y normativo que complica las posibilidades de acceder a un inmueble.

El aumento registrado en los precios de los alquileres, en algunos casos por sobre el nivel inflacionario, significa una pesada carga financiera sobre las familias que destinan hasta un 30% de sus ingresos para pagar la renta. Esta situación se ve agravada por la falta de regulación en el mercado de alquileres, donde los convenios suelen ser precarios y las garantías exigidas resultan inaccesibles para muchos, indicó un informe elaborado por la Fundación COLSECOR, una ONG creada en 2018 para la integración y el fortalecimiento del sector cooperativo. 

Según el relevamiento, la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego son los territorios que presentan la mayor cantidad de personas que alquilan viviendas para habitarlas: 34,8% de la población porteña y 32,3% de la fueguina, de acuerdo al último Censo. A esos distritos le siguen la provincia de Córdoba, con casi un cuarto de sus pobladores (24,2%) que son inquilinos y Chubut, con 21,2%. 

Para Daniela Gargantini, Doctora en Arquitectura e investigadora del Conicet en el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) en Córdoba, el alquiler no solo dejó de ser un instrumento de transición en el camino hacia la propiedad privada, sino que pasó a ser en las últimas décadas un modo de vida permanente que, además, padece el agravamiento que causa la falta de regulación legal y la gestión del suelo urbano, que en la mayoría de los casos aparece inaccesible por la ausencia del Estado.

El CEVE lleva adelante desde 2013 un relevamiento acerca de la situación del mercado inmobiliario de vivienda para alquiler. Sus investigadores, entre ellos Gargantini, observaron que en los seis meses de gobierno que lleva el presidente Javier Milei aumentó la oferta de inmueble para la renta “debido a una liberación por parte de los propietarios”, que por considerar que las condiciones legales anteriores no le eran beneficiosas, se habían retirado del mercado. “Sin embargo, esto no se traduce en mayores oportunidades” para quienes necesitan alquilar, comentó Gargantini a elDiarioAR.

Por el contrario, el incremento de la oferta de viviendas para rentar no se refleja en una mayor accesibilidad, porque los valores de los alquileres en todo el país “han aumentado principalmente debido a la inflación y la búsqueda de rentabilidad” de los propietarios.El informe elaborado por COLSECOR destacó que se observa un acortamiento de los contratos que se firmaron tras la asunción de Milei y la eliminación de la llamada Ley de Alquileres que regía desde mediados de 2020, aunque con algunos cambios implementados en esa norma poco antes del cambio de gobierno. El texto legislativo, por ejemplo, establecía que el vínculo contractual debía extenderse durante tres años, pero en la actualidad pasó a ser de hasta tres y seis meses, lo que genera incertidumbre entre los inquilinos. También se ha visto un aumento en los contratos en dólares, algunos de ellos incluso “inflacionados”.

“Nosotros monitoreamos los anuncios clasificados en términos, directamente, de contratos en dólares. Algunos de ellos, inclusive, aparecen ajustados por la inflación. Ajustan el precio en dólares”, expresó la investigadora del Conicet. Históricamente la oferta de alquileres escapaba a la lógica que rige en el mercado inmobiliario de compra y venta en dólares, pero desde la aparición de plataformas que promueven la renta temporaria de viviendas en moneda extranjera se transformó en una práctica más generalizada porque, además de ser económicamente más rentable, permitió en los últimos años eludir los alcances de la Ley de Alquileres.

Gargantini comentó, además, que ante la ausencia de una normativa nacional se observaron en el último tiempo “muchos sesgos discriminatorios” por parte de los propietarios o las inmobiliarias a la hora de alquilar una vivienda. “Por ejemplo, se prohíben niños, mujeres solas, jubilados, migrantes, personas discapacitadas o con mascotas. Incluso, llegan a reservarse el derecho de admisión a pesar de tener capacidad adquisitiva”, sostuvo.

Mas personas en situación de calle

Esta situación, sumada a las exigencias económicas planteadas por los bancos nacionales y públicos para otorgar créditos inmobiliarios destinados a la compra de viviendas, afecta a los sectores bajos y medios acomodados de la sociedad

 “El panorama actual muestra un mercado de alquiler desregulado que plantea incertidumbre sobre el futuro habitacional de gran parte de la población. Esto proyecta un empeoramiento de la problemática habitacional, con casos cada vez más frecuentes de personas viviendo en condiciones precarias, como en terminales de transporte”, indicó Gargantini. En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, fueron modificados los asientos en los que los pasajeros esperan para abordar los micros ante el aumento de la cantidad de personas en situación de calle que pernoctaban allí. El portal de noticias cordobés Cadena 3 indicó que los bancos “fueron reacondicionados con apoya brazos divisorios para evitar que la gente se acueste en ellos. Esta medida busca evitar que las personas utilicen estos espacios como lugar para dormir”.

La cantidad de personas en situación de calle en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba se incrementó 5% en 2023, cuando ese universo poblacional pasó de 582 a 613 personas, según un relevamiento llevado a cabo por el Defensor del Pueblo de la provincia, el segundo distrito con mayor cantidad de habitantes del país.

Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con datos del Gobierno porteño obtenidos en abril pasado, 3.560 personas se encuentran en situación de calle, de las cuales cuatro de cada diez no acude a los llamados Centros de Inclusión Social (CIS) dispuestos en la Ciudad para su atención.

En mayo de 2021, más de un año después de la pandemia de Covid-19, las personas en situación de calle en Buenos Aires eran 2.573, según un relevamiento de la Dirección General de Estadística y Censos porteña. “Debemos estar atentos a las dificultades que enfrenta la población, entre ellas, la necesidad de endeudarse para costear alquileres y servicios de salud. Es posible que la situación habitacional empeore si no se toman acciones concretas para abordar estas problemáticas”, evaluó Gargantini. Un informe elaborado y difundido en 2023 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Red Contested Territories indicó que el 63% de los hogares inquilinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está endeudado para poder pagar el alquiler a raíz de la “precariedad económica y habitacional”. Para Gargantini, la creación de una red federal de acceso a la vivienda “sería un primer paso significativo” para afrontar la problemática, “con un enfoque integral y coordinado para garantizar el derecho a una vivienda digna para todos”.

La investigadora del CONICET mencionó que por el momento son los municipios, especialmente los turísticos, los que toman medidas para garantizar el acceso asequible de su población al alquiler de viviendas. En ese sentido, mencionó como ejemplo a las comunas de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, y Villa Gesell, en la de Buenos Aires, donde mediante distintas ordenanzas se busca que los inmuebles puestos en alquiler no solo estén destinados al turismo, sino también a profesionales de la salud, educación y hasta de los propios servicios turísticos. “Confiamos en que las políticas locales escalen luego al ámbito provincial y nacional mediante iniciativas habitacionales efectivas. Es fundamental afrontar estos desafíos con valentía y buscar soluciones sostenibles”, sostuvo.

Vida de estudiante

Las dificultades que distintos sectores de la población encuentran al momento de alquilar una vivienda también afecta la vida estudiantil en ciudades que tienen como característica la oferta universitaria, entre ellas Córdoba, Rosario y La Plata. En la capital cordobesa, citó como ejemplo Gargantini, los estudiantes que llegan desde distintos lugares de la provincia u otros distritos del país recurren al llamado “coliving”: compartir entre varios una vivienda de uno o dos ambientes para que el nivel de gastos impacte lo menos posible en la vida cotidiana. “Es una forma de afrontar los altos precios de los alquileres, aunque esto puede llevar al hacinamiento. La educación universitaria en Córdoba se está viendo afectada por esta situación, convirtiendo a la vivienda en un obstáculo para otros derechos como la educación”, opinó. La falta de inmuebles asequibles para alquilar también complica la situación de quienes llegan a la capital de una provincia, por ejemplo, para afrontar tratamientos médicos extensos o participar en congresos y actividades comerciales e industriales.

En Rosario, por su parte, el promedio de los precios de alquiler de monoambientes ronda los $150.000 y el de los departamentos de dos ambientes es de $185.000. Los aumentos interanuales de los valores, tomando en cuenta los meses de abril, fueron de 172,7% y 164,3%, respectivamente, montos que no incluye el pago de las expensas, las cuales alcanzan en promedio el 10 y 20% del costo de alquiler. El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), autor del relevamiento en la ciudad santafesina, expuso que los jubilados que cobran un haber mínimo de $241.283 deben destinar el 62,2% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir las expensas ni los servicios públicos. En una situación todavía peor se encuentran los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil, cuya última actualización lo elevó a $234.315.

Para Gargantini, es importante reconocer que el acceso a la vivienda no es solo un problema de los sectores populares, sino también de la clase media y jóvenes que buscan independizarse. “La falta de capital familiar dificulta aún más la posibilidad de ser propietario y el futuro para la población joven luce cada vez más imposible en términos de adquirir una vivienda propia. En unas décadas, este problema también afectará a los adultos mayores”, advirtió.

El informe elaborado por COLSECOR también destacó que el déficit habitacional es un problema persistente en el país, porque un gran número de personas en la Argentina no cuenta con una casa propia, vive en condiciones precarias o carece de un acceso adecuado a una vivienda digna. El Censo poblacional de 2022 concluyó que el 31% de la población todavía no logra acceder a una vivienda propia, mientras que el techo para un 17,4% de los argentinos (casi 8 millones de personas) es alquilado. A eso se suma que menos de la mitad (40%), de quienes sí cuentan con vivienda particular tiene la documentación correspondiente (escritura; crédito hipotecario). El déficit habitacional, sin embargo, no representa únicamente la falta de vivienda, sino que también abarca a una variedad de situaciones que van desde el no acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento hasta la sobrepoblación, el hacinamiento y la presencia de materiales de construcción precarios o inadecuados. En esa situación se encuentra uno de cada cuatro hogares argentinos, una condición que contribuye al ciclo de pobreza y exclusión social, indicó COLSECOR. 

De acuerdo a números del INDEC, sólo el 57,4% de la población en viviendas particulares cuenta con cloacas, mientras que el gas de garrafa es utilizado por el 43,9% de las viviendas del país. Según las distintas zonas de la Argentina, el gas licuado puede ser hasta 1.000% más caro que el de red. Al respecto, según el último Censo, en la región Noreste, el gas natural “brilla por su ausencia”: en Formosa, sólo el 0,9% de la población cuenta con gas natural; en Corrientes: el 1,1%; Chaco: 1,2%, Misiones: 2,5%. Entre Ríos es la provincia con mejor porcentaje (26,5%) de la Mesopotamia, pero muy alejado de la media nacional (48,6%), indicó el informe.

Algo similar ocurre con el acceso al sistema cloacal: en Chaco, sólo el 32,4% de la población de viviendas particulares cuenta con desagüe a cloaca; en Córdoba es del 40,5%; en La Pampa es de 67,5%; en Chubut ese porcentaje es de 81,1% y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 98,5%. 

Además, la falta de mantenimiento y adecuación de las viviendas, una gran porción de las cuales son alquiladas en barrios populares, puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de los residentes. A nivel general, casi cuatro de cada diez hogares (35,5%) no cuenta con techos con revestimiento o cielorraso y un 17% cuenta con pisos no consolidados, ya sea de tierra o de ladrillos sueltos o tierra. En tanto, el 2% de las viviendas particulares ocupadas son ranchos o casillas.

Quienes más padecen situaciones habitacionales acuciantes y estructurales son los grupos vulnerables como pueblos originarios, migrantes y sectores de bajos ingresos. Por ejemplo, más de la mitad (51%) de los migrantes no cuenta con acceso al agua potable (13,8%), red cloacal (40%) y gas (38,5%).

“La problemática de la vivienda no está en agenda en la Argentina y, sin embargo, abarca a varios sectores sociales. Los inquilinos, por ejemplo, salvo varias agrupaciones que han surgido en el país, no se perciben como parte de un colectivo de casi ocho millones de personas. Si no hay una identificación colectiva, entonces es difícil incluso en términos políticos porque complica instalar un tema de tal gravedad e importancia como exigir que haya políticas habitacionales en la Argentina”, aseguró Garantini.

GT/MG

Diez bancos públicos y privados presentaron en el último mes distintas líneas de créditos hipotecarios para la compra de viviendas, entre otras operaciones inmobiliarias, con una tasa que rondará entre 3,5% y 7% y que se ajustarán por medio de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un registro que evolucionará en función del índice de inflación.

Esta situación, considerada “espectacular” por el ministro de Economía, Luis Caputo, revive de algún modo lo ocurrido en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, que sin embargo resultó en una experiencia traumática para miles de familias que tomaron aquellos créditos y hoy padecen serios problemas para pagar la deuda, ajustada a una inflación de 554% en los últimos siete años. 

En un escenario de suba desmesurada del valor de los alquileres y de dificultades habitacionales, los nuevos créditos hipotecarios aparecen como una oportunidad para revitalizar el sector inmobiliario porque permitirán no sólo la compra de una primera vivienda sino la construcción, refacción y ampliación y hasta la adquisición de una segunda casa o departamento.

“El crédito hipotecario es uno de los pilares de este gobierno. Que a apenas 5 meses de haber asumido, y considerando (que) estábamos más cerca de un híper que otra cosa, los bancos ya estén impulsando fuertemente estos créditos es una noticia ESPECTACULAR!!”, escribió días atrás el ministro Caputo en su cuenta de la red social X para referirse al lanzamiento de las propuestas hipotecarias.

Hasta el momento las entidades que anunciaron las líneas crediticias son los bancos Nación, Hipotecario, Ciudad, Supervielle, Santander, ICBC, Macro y los provinciales de Córdoba, Corrientes y Neuquén. Esta decena de entidades presentó diversos tipos de tasas, beneficios, montos, requisitos y condiciones para atraer a los interesados. Por ejemplo, el Macro se enfocó en un ofrecimiento específico para personas de hasta 30 años, a quienes propuso una línea de crédito sin monto máximo y con un plazo de pago que puede llegar hasta los 20 años. Otros bancos, sin embargo, no fijaron un tope de monto para el crédito, aunque por el momento solo el Banco de Córdoba propuso una financiación de hasta 100% de la operación. Las tasas de interés ofrecidas, en tanto, varían entre 5,5% y 7,5% del valor escriturable del inmueble.

“La señal del lanzamiento de los créditos UVA es muy buena y es el primer paso importante para que exista posibilidad de comprar con algún tipo de herramienta crediticia. Después deben darse otras condiciones para que esto se convierta en operaciones concretas, entre ellas la estabilidad cambiaria, mejoras en el salario real y una inflación moderada”, dijo a elDiarioAR María Soledad Balayan, licenciada en Economía Empresaria y titular de Maure Inmobiliaria. 

Balayan indicó que para las personas que tienen ahorros pero no llegan a adquirir un inmueble “por poca diferencia, esta herramienta se lo puede permitir en lugar de seguir destinando el dinero a un alquiler”. Sin embargo, consideró que “por el momento, el segmento de la sociedad que pueda acceder a los créditos no va a ser muy amplio” porque “como mínimo se necesita sumar $2 millones como ingreso neto y una situación financiera y crediticia impecable”.

“Para mí ese es un condicionante importantísimo para poder aplicar a un crédito de ese tipo, además de la inestabilidad laboral de mi profesión”, contó a elDarioAR Damián, que alquila un departamento de tres ambientes en el barrio porteño de Villa Crespo y es diseñador gráfico. En una situación similar se encuentra Brenda, que alquila una vivienda de dos ambientes en el barrio de Flores y que “ni siquiera juntando” su salario y el de su pareja alcanzan a sumar el ingreso salarial que es condición para acceder a los créditos. Las propuestas, entonces, “no resultan muy accesibles” hasta el momento, “pero a medida que se vaya acomodando la economía, los precios relativos, mejoren los salarios, será cada vez más accesible. Es un buen primer paso”, consideró Balayan.

El jueves 23 de marzo de 2017 el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, encabezó en el Palacio de Hacienda un encuentro para anunciar, junto a los presidentes de los tres bancos públicos (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad) las características de las líneas crediticias para el acceso a la vivienda de las personas con ingresos medios. “Este proceso de recuperación del crédito va a tener un impulso enorme con estos créditos hipotecarios y vamos a desarrollar un mercado aún más grande en la medida que se sume la banca privada”, dijo Caputo en aquella ocasión.

–¿Encuentra alguna diferencia con relación a la primera versión de los créditos UVA? –le preguntó elDiarioAR a Balayán. 

–En aquel momento el monto máximo de financiación era menor, pero con precios de inmuebles muchos más caros. En el último tiempo los valores cayeron un 40% en dólares y en términos reales, por lo tanto hoy se puede acceder con una financiación a una mayor proporción de inmuebles. Actualmente hay más oferta que en aquel momento, pero estuvimos viviendo meses de altísima inflación y eso debe ser una alarma para quien tome el crédito, porque más allá de lo que pase en la economía en los próximos dos o tres años, el plazo del crédito elegido, si es mayor a diez años, implica mucha incertidumbre.

–La primera versión de los créditos dejó a varios miles de personas con hipotecas cuyo pago, según afirman, son imposible de cumplir. ¿Esta nueva herramienta podría tener una consecuencia similar? ¿Cómo podría evitarse en todo caso?

–Todo sistema de crédito tiene siempre un porcentaje mínimo de personas que quedan descalzadas de los pagos, en algunos casos por circunstancias personales que cambian la economía del grupo familiar o por malas decisiones. Se sabe que los créditos UVA no escaparon del porcentaje estadísticamente lógico de deudores; incluso, dicen que fue menor al que se da en créditos personales.Quien conoce de historia económica argentina y entiende de probabilidades debía haber incluido en las posibilidades una disparada inflacionaria en algún momento que podía complicar la situación de pago durante la vigencia del crédito y contar con un plan de acción para esos casos. Para evitar esto, o al menos minimizar los problemas en el futuro, es muy importante tener clara la estabilidad laboral e ingresos que pueden recibirse de acá en adelante y un resguardo de capital o reserva de al menos seis meses para caso de emergencia.

“Nadie les puso una pistola en la cabeza”

“Usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora, como el resultado es adverso, quieren que lo pague otro. Si tomó una decisión incorrecta, se tiene que hacer cargo. Nadie les puso una pistola en la cabeza para que saquen el crédito UVA”. En noviembre pasado, solo 20 días antes de asumir la presidencia, Javier Milei expuso en una entrevista televisiva con el canal Todo Noticias (TN) su posición frente al pedido de quienes clamaban por una ayuda del Estado para pagar sus deudas hipotecarias. La situación de esas personas, estimadas en 100.000, fue empeorando desde ese momento porque la inflación trepó en el último semestre a 91%. En esa misma entrevista, Milei opinó que los tenedores de créditos UVA tomaron esa herramienta en función de un diferencial de tasa de interés. “Si yo decido tener una vida temeraria y, como consecuencia de ello, tengo una lesión, ¿es correcto que les pase las cuentas a ustedes?”, se preguntó el entonces mandatario electo. 

“Milei está mal informado. No se está pidiendo que el Estado ponga plata. Los créditos UVA constituyeron una política de acceso a la vivienda y el Estado nos tiene que garantizar poder pagar”, respondió en aquel momento Paola Gutierrez, referente del Colectivo Nacional de Hipotecados UVA. La agrupación nació hace algo más de un lustro y representa a miles de familias que se encuentran ahogadas financieramente por los créditos. “Tenemos gente que hace un año que no paga o que ya no puede pagar más porque perdieron su empleo. Esta situación puede empeorar porque la tasa de desempleo, según distintas estadísticas, se está incrementando”, dijo Gutiérrez a elDiarioAR.

La consultora Opina Argentina difundió días atrás un estudio, elaborado entre el 30 de abril y el 4 de mayo, en el que destacó que cada vez más las personas tienen miedo de perder su trabajo. El relevamiento indicó que el 55% de los encuestados le teme al desempleo y que quienes habitaban en el Área Metropolitana de Buenos Aires son quienes más están preocupados en ese sentido (59%). A nivel nacional, Opina Argentina mencionó que por primera vez desde que lleva adelante estas encuestas, la desocupación se encuentra en el mismo nivel que la inflación (29%) como uno de los principales problemas de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de desocupación llegó al 5,7% en los últimos tres meses de 2023 y en esa situación se encuentran 820.000 trabajadores situados en la población económicamente activa. La cifra no alcanzó a tomar en cuenta los varios miles de despidos llevados a cabo por el Gobierno en la Administración Pública Nacional (APN) y otros organismos estatales, como también en empresas.

“Nosotros estamos pidiendo que una persona que sacó un crédito a 30 años tenga seis meses de gracia para pagar la cuota si perdió su trabajo. No solicitamos que le perdonen la deuda, sino que se contemple esa situación de inestabilidad laboral. Y en este contexto, las familias tienen que tener muy en claro cuánto van a pedir y, en lo posible, que la cuota no supere el 18% o el 20% de tu salario mínimo”, comentó Gutiérrez. 

Para la referente Hipotecados UVA es “una irresponsabilidad bastante grande” por parte del gobierno nacional lanzar por segunda vez una herramienta como los actuales créditos hipotecarios cuando todavía “no se pudo solucionar nuestra situación”, evaluó. Además, hizo una comparación con la primera versión de la medida: “En 2007 la tasa de interés era de 3,5% y ahora puede superar el 7% más una inflación interanual en abril de 289%”. Gutiérrez también alertó que si una persona interesada en tomar un crédito no cuenta con un monto salarial suficiente para alcanzarlo puede incorporar hasta dos codeudores. “Un codeudor no es un garante. Esa persona va a estar atada a tu hipoteca con sus ingresos durante 30 años”, indicó.

Los créditos UVA se denominan de ese modo por las siglas de “Unidad de Valor Adquisitivo”, una medida establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuyo valor se actualiza según la inflación por medio del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los Hipotecados UVA proponen, en cambio, que en lugar de tomar como referencia el nivel de inflación se haga por medio del índice Casa Propia, un coeficiente tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el de la inflación del mismo período.

En julio de 2023, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado, donde todavía fue tratado en el recinto, un proyecto de ley que atiende la situación de los tomadores créditos hipotecarios UVA. La iniciativa, llamada Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios UVA, establece límites a las cuotas de los deudores hipotecarios -no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores-, fija que la actualización mensual del saldo del capital se calculará sobre la base de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y suspende por un año los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares sobre aquellas viviendas adquiridas por medio de este tipo de créditos. Un grupo de los Hipotecados UVA marchó semanas atrás hacia el Senado para reclamar el tratamiento de la iniciativa. Algunos legisladores del PRO y la UCR les aseguraron que en poco tiempo plantearán el tema en la Comisión de Presupuesto para luego llevarlo al recinto. El debate del proyecto parece complicado porque la prioridad en el Senado es la discusión de la Ley Bases. Si no es tratado antes de noviembre próximo, perderá estado parlamentario.

“Nosotros pretendíamos que la ley no tomara como indicador el RIPTE, sino el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que se estima a partir de la comparación de meses sucesivos las variaciones de los salarios tanto del sector público como del privado. Pero, ante la nada, preferimos que avance la ley y luego pedir los cambios que consideremos”, dijo Gutiérrez.

Los dueños de la viviendas en la Ciudad

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) relevó en un informe que el 96,5% de los propietarios de viviendas en la ciudad de Buenos Aires son personas físicas y apenas el 3,5% son personas jurídicas. Sin embargo, estas últimas entidades poseen el 11,9% de las propiedades porteñas, indicó el estudio titulado “Los dueños de la Ciudad”, que aporta datos sobre las características de las personas propietarias en la capital del país.

Según el documento, en la ciudad de Buenos Aires el 40,3% de los hogares está compuesto por personas que viven en una vivienda de su propiedad, un porcentaje que viene en descenso sostenido desde 2003, cuando representaba un 65,5% de los hogares. Por el contrario, la cifra de quienes alquilan es 38,9%, “la más alta en décadas”, afirma ACIJ. 

“Esta dinámica se da en un período en el cual la población de la Ciudad permaneció relativamente estable y la construcción de viviendas creció de forma continuada”, agrega. A partir de datos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el 10% de las personas propietarias físicas y jurídicas de la CABA con más inmuebles concentra el 33% del total de las propiedades de la ciudad, mientras que el 1% concentra el 12% del total. En tanto, el 10% de las personas físicas y jurídicas que más valuación fiscal acumula concentra el 60% del valor fiscal total del territorio porteño y el 1% de los que mayor valor posee concentra el 35%.

GT/DTC

Las principales ciudades del país vivieron un arranque del día similar a un domingo o feriado debido a la poca actividad provocada por la segunda huelga convocada a nivel nacional por la Confederación General del Trabajo (CGT) y distintas centrales sindicales en contra del programa económico y las reformas políticas y laborales impulsadas por el presidente Javier Milei en los casi cinco meses que lleva de gestión.

“En mi barrio parecía una época de pandemia”, comentó Alejandro, que vive en la localidad bonaerense de San Martín y comparó el poco movimiento callejero en la zona con lo vivido en 2020, cuando las restricciones a la movilidad decretadas en aquel entonces por la administración de Alberto Fernández impedía la circulación de vehículos y personas para no propagara el Covid-19.

El microcentro de Buenos Aires también lució desierto debido a que los bancos y financieras cerraron sus puertas. Solo algunos comercios, principalmente de ropa y kioscos, abrieron pensando en el recorrido de los turistas extranjeros por la zona. “Apenas se escucha el grito de ‘compro dólares, euros y reales’ de los ´arbolitos’”, bromeó Miriam, vendedora ambulante en la peatonal Florida, en declaraciones a elDiarioAR. Ante la falta de transporte público, llegó hasta allí cargada con bufandas, medias y camisetas de fútbol caminando desde el barrio de San Nicolás, donde vive con su familia.

En el barrio de Caballito, Roberto abrió su verdulería pese al paro. Las frutas y verduras, sin embargo, son de ayer porque no fue a comprar productos al Mercado Central. “Estoy a favor del paro, pero necesito trabajar”, dijo a elDiarioAR. A su local habían ingresado hasta el mediodía muchos menos clientes que un día de actividad normal, indicó, y un panorama similar se veía en un hipermercado situado justo enfrente, que puntualmente abrió a las 8 pero con solo dos cajeras trabajando.

“Soy docente universitaria y adhiero al paro porque estoy en contra del recorte en el presupuesto en la educación y los bajos salarios que cobramos”, dijo a elDiarioAR Marcela, profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

“Nada que ver con un día normal. Hoy entraron menos personas a comprar. Ni siquiera es comparable con un sábado”, expresó María, vendedora en un comercio de ropa deportiva en la avenida Rivadavia, en el barrio de Flores.

El transporte fue la clave

“Milei, pará la mano. La patria no se vende”, fue una de las consignas de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores al convocar a una huelga que tuvo una gran adhesión, especialmente apoyada en la casi completa inactividad del transporte público de pasajeros en todo el país.

En las principales ciudades se vivió un panorama similar a un día domingo o feriado, con algunas pocas fábricas y comercios abiertos, pero con los bancos y las escuelas y universidades públicas cerradas. En los establecimientos educativos privados, si bien estuvieron abiertos, una gran cantidad de docentes y alumnos no concurrieron debido a que la medida de protesta paralizó el servicio de trenes, colectivos, subterráneos y ómnibus de media y larga distancia. Tampoco hubo actividad aérea en el Aeroparque Jorge Newbery, mientras que en el aeropuerto de Ezeiza únicamente operaron las empresas Flybondi y American Airlines. Según el Gobierno nacional, el paro nacional dejó sin transporte a más de 6,5 millones de trabajadores y ocasionó la suspensión de más de 700 vuelos programados para este jueves.

Ana tenía previsto viajar hoy con su hija adolescente hacia la Patagonia, pero su vuelo fue reprogramado para mañana. “Si bien me complicó un poco el panorama, entiendo el paro”, dijo a elDiarioAR.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde habitan unas 14 millones de personas, solo recorrieron las calles los colectivos de la empresa Dota y en su mayoría, con pocos pasajeros en su interior. “Las 70 líneas nuestras están trabajando”, dijo Marcelo Pasciuto, director de la compañía, en declaraciones a radio Mitre.

El gobierno porteño, por medio del ministro de Seguridad, Waldo Wolff, informó que se recibieron dos denuncias por destrozos provocados a vehículos de Dota. “Hacen parar a los piedrazos”, dijo el funcionario en sus redes sociales.

Por su parte, en los hospitales públicos y las clínicas privadas las guardias de urgencias no se vieron afectadas, pero sí la atención cotidiana de pacientes con turnos previos. En las oficinas y reparticiones estatales, algunos pocos trabajadores concurrieron a sus puestos laborales pero la gran mayoría lo hizo desde sus casas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó hoy que el Gobierno descontará el día laboral a los estatales que adhirieron a la medida de fuerza. Pese a eso, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, indicó que la huelga tuvo en su gremio “una adhesión del 97%” en el ámbito de la Administración Pública Nacional, que abarca a provincias y municipios. En los Tribunales, los despachos y pasillos lucieron despoblados; al igual que en las reparticiones gubernamentales, algunos funcionarios concurrieron, pero no lo hicieron los empleados. 

“Yo no paro. Viva la libertad, carajo”, escribió el presidente Milei en su cuenta de Instagram. Allí, el jefe de Estado acompañó el mensaje con una foto editada en la que se lo ve con una remera azul que lleva la leyenda: “Yo no paro”. La imagen corresponde a una reunión que días atrás tuvo en Estados Unidos con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, estuvieron esta mañana en la estación de Constitución, en Buenos Aires. Allí expresaron a la prensa que el 40% del parque automotor de colectivos salió a las calles y que el Gobierno nacional descontará el día, por medio de las empresas, a los choferes que sí pararon. “No hay acatamiento. Es el paro de la debilidad”, aseguró Bullrich, quien pidió a los argentinos que salieran “a trabajar” en sus autos, bicicletas y motos “porque el país lo necesita”. Antes de hacer declaraciones a los periodistas, por medio de su cuenta en la red social X, Bullrich criticó los destrozos cometidos en perjuicio de algunos colectivos. “¡Arrancó la mafia!”, escribió, y pidió a los usuarios que denuncien cualquier tipo de agresión o intimidación a la línea telefónica 134. El vocero Adorni indicó hoy, en su habitual conferencia de prensa matutina, que hasta las 11 horas se habían recibido 1932 denuncias de extorsiones. El funcionario indicó que el protocolo “antipiquetes” está vigente y que las fuerzas de seguridad tienen la orden de actuar “cuando sea necesario”. Al respecto, comentó que “fuerzas de choque” de camioneros“ fueron dispersadas en las puertas de fábricas situadas en las localidades de General Pacheco, San Lorenzo y San Martín cuando, dijo, impedían el ingreso de trabajadores a sus lugares de trabajo. ”Es un paro netamente político que le complica la vida a muchísima gente. Qué difícil medir el acatamiento cuando juegan con el miedo a través del amedrentamiento“, agregó Adorni.

El escenario de ajuste que impulsó el paro

Si bien la CGT y las dos CTA no convocaron a los trabajadores a movilizarse durante la jornada, en Neuquén y Córdoba distintas organizaciones sindicales y sociales decidieron hacerlo.

Las centrales obreras, por su parte, difundieron en sus redes sociales imágenes de las ciudades vacías. En el caso de Buenos Aires, la tradicional Plaza de Mayo y la avenida 9 de Julio, por ejemplo, lucieron casi desiertas en varios momentos de la mañana. 

“El paro es un mensaje para el Gobierno y para los senadores que tienen que tratar la ley Bases en los próximos días”, expresó este miércoles Pablo Moyano, secretario general adjunto del sindicato de Camioneros y uno de los tres co-secretarios generales de la CGT, al referirse al motivo de la huelga nacional llevada a cabo hoy, que a diferencia de la convocada por la central obrera en enero pasado, esta vez fue por 24 horas y sin una movilización callejera que la respaldara.

Los principales dirigentes de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que también adhirieron al paro, indicaron por medio de un comunicado que la medida de fuerza fue decidida en rechazo al “ajuste brutal” puesto en marcha por Milei desde que llegó a la presidencia, el 10 de diciembre pasado, y que recae principalmente, indicaron, sobre los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados.

Las tres centrales gremiales enumeraron una serie de estadísticas negativas bajo la gestión presidencial de Milei: “Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables”, destacaron.

Pocas horas antes de comenzar la huelga, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió una caída interanual del 21,2% en los 16 rubros que componen la producción industrial durante el mes de marzo, una cifra que representa el peor resultado desde la pandemia de Covid-19.

En materia salarial, la remuneración de los trabajadores registrados en el sector privado cayó un 11,3% en los primeros tres meses del gobierno de Milei, mientras que la baja fue de 20,6% en los haberes de quienes trabajan en los diferentes estamentos del Estado. Además, sólo entre diciembre y enero se habían perdido más de 70.000 puestos de trabajo.

A finales de la semana pasada, el Gobierno fijó el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a partir de mayo en 234.000 pesos, pese a que la CGT y las dos CTA habían reclamado que la cifra llegara a 377.000 pesos para superar los ingresos necesarios que impiden no caer en la indigencia. El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, Luis Campos, destacó que, en comparación con noviembre de 2023, el SMVM perdió casi un 28% en términos reales. “Contra diciembre de 2019 está un 37% abajo y contra diciembre de 2011 retrocedió un 58,5%. Si se hubiera actualizado por inflación desde 2011 hoy estaría en 564.230 pesos por mes”, comparó en un hilo en su cuenta personal en X. Actualmente, agregó Campos, el SMVM se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 20 años, apenas por encima de 2002 y 2003. “La decisión del Gobierno de deteriorar aún más el SMVM es coherente con su mirada general del sistema de relaciones laborales: es una distorsión a ser removida. No hay por qué impedir que un trabajador venda su fuerza de trabajo por un precio menor si así lo desea. El problema de fondo es que en esta concepción económica no hay límite al ajuste a la baja”, evaluó Campos.

En los primeros tres meses completos del gobierno de Milei (enero, febrero y marzo último), la inflación acumulada fue del 51,6%, según las estadísticas oficiales del INDEC, una cifra empujada principalmente por el incremento de los servicios públicos y alimentos. La inflación de marzo, el último registro oficial hasta el momento, fue del 11%, lo que marcó una continuidad de la desaceleración de los incrementos de precios tras el 25,5% registrado en diciembre de 2023.

“La gente está re podrida de la inflación, de los aumentos. Va a ser un paro impresionante”, advirtió Pablo Moyano en declaraciones a la radio Futurock. El dirigente camionero, además, dejó abierta la posibilidad de que la CGT convoque a una movilización cuando los senadores debatan en el recinto el proyecto de Ley Bases que tuvo media sanción en Diputados. Por su parte, Rubén “Pollo” Sobrero, referente sindical de la Unión Ferroviaria, declaró al canal Todo Noticias (TN) que “si no hay respuesta con este paro de 24 horas” por parte del Gobierno, el sindicalismo debería encarar un paro de 36 horas de duración.

El proyecto de ley Bases aprobado por la Cámara de Diputados contempla una suerte de reforma laboral que incluye, entre otras medidas la extensión del período de prueba de hasta un año para los nuevos trabajadores, la derogación de las multas para las empresas que tengan empleados no registrados, la implementación de un fondo de cese laboral optativo que reemplaza a las indemnizaciones, una serie de privatizaciones de empresas públicas que derivarían en despidos masivos y la restitución del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, que establece el mínimo no imponible en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y 2.200.000 pesos para casados con hijos.

La huelga llevada a cabo hoy es la número 44 desde el retorno de la democracia en 1983, indicó en un informe Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional (OCI) y profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Del total de paros generales, 28 de ellos “se concentraron en cuatro presidentes no peronistas: Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Milei”. En el caso del actual presidente, analizó Bermolen, hasta ahora “ostenta el peor récord al tener un promedio de un paro cada 75,5 días de gobierno, desplazando a De La Rúa, que llevaba la peor marca, al recibir en promedio un paro cada 92 días.

GT/MG

Una multitudinaria manifestación protagonizada por estudiantes, docentes y autoridades de universidades públicas, con el respaldo de sus pares de instituciones privadas, alumnos secundarios, centrales sindicales, organizaciones sociales y agrupaciones de derechos humanos marchó esta tarde en Buenos Aires desde el Congreso Nacional a la histórica Plaza de Mayo para reclamarle al Gobierno del presidente Javier Milei la asignación al sistema universitario, de ciencia y tecnología de un presupuesto acorde con la inflación anual, cercana al 290%, y una mejora salarial para los trabajadores del sector, que en solo cuatro meses del año sufrieron una pérdida del poder adquisitivo superior al 50%.

“En defensa de la universidad pública argentina” fue la consigna de una masiva movilización, con una concurrencia que, según la Universidad de Buenos Aires, fue superior a las 800.000 personas solo en la Ciudad y que superó el millón con las protestas que se sumaron en las principales ciudades de distintas provincias para expresar el descontento con la política educativa dispuesta por Milei desde que en diciembre pasado llegó al poder, llevando como propuestas en su campaña electoral duras críticas al funcionamiento de las universidades nacionales, su financiamiento y el supuesto adoctrinamiento político que reciben los estudiantes en las aulas.

La manifestación comenzó alrededor de las 14.30 y culminó pasadas las 18, cuando sonó el Himno Nacional Argentino en la Plaza de Mayo. Allí, sobre un escenario montado frente al Cabildo, rectores de universidades, dirigentes gremiales de la educación, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida pronunciaron distintos discursos. “Defendemos la universidad pública, libre y gratuita, que es de las grandes conquistas de nuestro pueblo a la que no vamos a renunciar”, dijo Pérez Esquivel, uno de los cinco argentinos que obtuvieron el Nobel, todos graduados de la universidad pública. 

Antes de finalizar el acto, los organizadores leyeron un documento que llevó la firma del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes llamaron a la masiva movilización. “La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social”, fue el título del escrito, en el que alertaron que la “universidad pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional” y pidieron “a la ciudadanía trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales”, afirmó el documento.

Un reclamo que desbordó la Plaza

“Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”, fue el canto más repetido en las calles del centro porteño por personas de todas las edades, muchas de ellas con libros en sus manos, tal como indicó uno de los sectores que convocó a movilizarse. Libros de autores como Rodolfo Walsh, el educador brasileño Paulo Freire, el sociólogo Pierre Bourdieu, el novelista británico George Orwell o el filósofo alemán Karl Marx, en lo que pareció una afrenta directa a las ideas económicas y libertarias de Milei.

La de hoy fue la tercera movilización masiva que se expresa en contra de las políticas de gobierno del presidente Javier Milei, luego de la realizada en enero por la CGT y la tradicional marcha del 24 de marzo en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia a 48 años del último golpe de Estado sufrido por la Argentina.

Muchos de los manifestantes caminaron por donde pudieron hacia el Congreso y la Plaza de Mayo en columnas encabezadas por banderas que representaban a sus universidades, escuelas, institutos de investigación y hospitales. Lo hicieron vistiendo guardapolvos blanco, ambos médicos, camisetas de la Selección, tomando mate y, la gran mayoría, con carteles escritos y pintados a mano con frases como: “Cuando se nace libre, estudiar es el mayor acto de rebeldía” o “¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo”.

La marcha, que también convocó a estudiantes secundarios, algunos de ellos acompañados por sus madres y padres, cuestionó, entre otros puntos, la pretensión por parte del Gobierno de “achicar el sistema universitario público con políticas privatizadoras”, un objetivo que para los asistentes quedó en evidencia cuando Milei decidió prorrogar para este año la vigencia del presupuesto 2023 para la educación superior sin contemplar una actualización por inflación y “mostrar a las universidades como centro de corrupción” cuestionando el manejo de los fondos a su cargo. A modo de ejemplo, la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande del país, en la que se graduó buena parte de los funcionarios que integran el gabinete nacional, entre ello el ministro de Economía, Luis Caputo, autor del ajuste de fondos, vio reducida sus gastos de funcionamiento en términos reales del 80%.

En las últimas semanas algunas facultades de universidades públicas, a las que asisten unos dos millones de alumnos, trabajan 150.000 docentes y otros 60.000 no docentes, debieron restringir el consumo de la electricidad debido al aumento general de las tarifas de los servicios públicos, que en algunos casos tuvieron un alza del 400%. Si no cambia la situación, algo similar se vivirá con el gas en pleno invierno porque no podrán encender las calderas. Así fue que en las últimas semanas se vieron clausurados los ascensores y se dictaron clases a oscuras, iluminados con una vela o la luz de los teléfonos celulares.

Los rectores de las más de 70 universidades públicas de todo el país, agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advirtieron que solo tienen presupuesto para que las casas de altos estudios funcionen, con estas restricciones, hasta mediados de año. Luego, tendrán que cerrar, algo que el Gobierno consideró “una amenaza política”. A eso, además, vinculó la participación y adhesión a la movilización de dirigentes opositores como Cristina Fernández de Kirchner –salió al balcón del Instituto Patria, a dos cuadras del Congreso Nacional, para saludar a quienes iban a la marcha–, Sergio Massa, Axel Kicillof, Verónica Magario, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, sumado a referentes de la CGT y la CTA. “Casi un tren fantasma”, criticó esta mañana el portavoz presidencial Manuel Adorni. Ajenos a la chicana política, docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) confeccionaron un reloj que muestra, con una cuenta regresiva, cuánto presupuesto le queda a esa casa de altos estudios. Al momento de comenzar la marcha, el dinero alcanzaba para 37 días.

La multitud que marchó hoy por las calles de gran parte de la Argentina lo hizo a pesar del anuncio hecho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de poner en práctica nuevamente el llamado “Protocolo antipiquetes”. Los estudiantes ya lo habían hecho en los últimos días cuando, en la puerta de varias facultades, dictaron clases al aire libre y cortaron las calles. Inclusive anoche llevaron adelante una vigilia en varios edificios universitarios anticipando la marcha de hoy a la Plaza de Mayo. En ese contexto, Milei celebró en un discurso pronunciado en cadena nacional haber alcanzado un superávit de 0,2% del PIB en tres meses y afirmó: “La era del supuesto Estado presente ha terminado”. El documento leído en la Plaza de Mayo destacó, justamente, que “más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades”.

Las universidades nacionales enfrentan el nivel más bajo de financiación en más de 27 años, señaló días atrás un informe elaborado por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre la base de datos oficiales. El documento contempló los datos surgidos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía y relevó las partidas universitarias desde 1997 hasta el primer trimestre de este año. Así llegó a la conclusión que sin una ampliación, los montos actuales para la financiación de la educación superior nacional serían los más bajos en casi 30 años. Además, en su informe ACIJ destacó que la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024 reflejó una reducción del 34% frente al mismo período de 2023.

“Esta marcha va más allá de las consignas”, dijo a elDiarioAR Flavio Durante, profesor de la materia “Análisis Matemático” en la UBA y en el Instituto Superior del Profesorado Dr. “Joaquín V. González”. A su criterio, la movilización también tuvo como objetivo “detener este plan sistemático de destrucción de la educación, la salud pública y las jubilaciones” puesto en práctica, a su criterio, desde el Poder Ejecutivo. “Yo fui educado en instituciones públicas: desde el jardín de infantes, pasando por la escuela primaria y secundaria, el terciario y la UBA. Para mí, la importancia de la educación y la universidad pública es vital. Es el ideal de una sociedad para vivir, desarrollarse y alcanzar sus objetivos. Eso es lo que quieren destruir”, sostuvo.

Un ajuste sin precedentes

Con un cartel que decía “Si la universidad se vacía, con qué llenamos el futuro”, Gabriela Linardo, que es maestra y psicopedagoga en una escuela primaria bonaerense, opinó que el recorte presupuestario implementado por el Gobierno demuestra “un desprecio a la educación pública y gratuita” y conspira en contra de que el “conocimiento y el desarrollo de la ciencia y la tecnología esté repartido. Un país que no prioriza con recursos a la educación -sostuvo- es un país que no distribuye los saberes. Yo creo en otro modelo de país: uno que vea a la educación como una herramienta de transformación social y, en general, de la realidad. Y hoy también marcho –comentó a elDiarioAR– porque soy madre y quiero que mis hijos, cuando tengan la edad y las ganas de ir a la universidad, puedan hacerlo y elegir por una institución pública y gratuita”.

Cerca de ella, Miranda Mongiano, egresada de una de las escuelas secundarias dependientes de la UBA y alumna del Ciclo Básico Común (CBC), consideró que la educación pública propicia, “en un sentido amplio, igualdad de condiciones” para todos los estudiantes sin importar, inclusive, si son argentinos o extranjeros. “Vine a esta marcha, además, para luchar por nuestra cultura, la salud y la educación pública, que son parte de la soberanía nacional”.

Además de reclamar un presupuesto actualizado acorde al nivel de inflación y el aumento de los salarios para los trabajadores docentes y no docentes –el 60% de ellos percibe salarios por debajo de la línea de pobreza–, la marcha exigió la revalorización de las becas Progresar y Manuel Belgrano, que apenas llegan a los $20.000, y el sostenimiento del el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para evitar una nueva “fuga de cerebros”, la partida de científicos hacia otros lugares del mundo en busca de mejores oportunidades laborales y de investigación.

Desde su llegada al poder, Javier Milei modificó la convocatoria a Becas Doctorales del CONICET que había sido aprobada y evaluada entre mayo y noviembre de 2023. En aquel momento, la iniciativa había alcanzado a 1.300 postulantes, pero el actual Gobierno redujo ese número hasta dejarlo en 600.

Además, el Ejecutivo suspendió la implementación de los programas Equipar Ciencia y Construir Ciencia, desestimando así lo planteado en Ley de Financiamiento y el Plan Nacional 2030, y paralizó completamente todas las obras de infraestructura científica y universitaria que estaba en ejecución. Los trabajos, por ende, quedaron sin terminar y los obreros de la construcción, despedidos.

Al respecto, horas antes de comenzar el feriado extra largo de Semana Santa, el Gobierno distribuyó cientos de mails entre los trabajadores de ciencia y tecnología anunciando que no se les renovarían los contratos. Lo hizo sin evaluación de su desempeño y con una fuerte presencia policial en las distintas instalaciones.

Alejandro Presta, docente de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EPA), el primer terciario en su tipo de Latinoamérica, es uno de los educadores afectados por la decisión del Gobierno de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), creado en 1998 y cuyo objetivo era reforzar el salario de los maestros y profesores de todo el país a través de la transferencia de recursos adicionales. Para los docentes, la eliminación de este fondo representa una pérdida de entre 10 y 20% en sus salarios. Para Alejandro, que hoy cumple años, “hay mucha ignorancia” de parte del Gobierno nacional acerca de lo que representan la universidad pública y el CONICET. “Me parece que directamente están queriendo cambiar un paradigma que lleva más de un siglo vigente”, comentó a elDiarioAR.

Este domingo en su newsletter de opinión pública y análisis político, la consultora Zuban-Córdoba y Asociados destacó que en distintas encuestas las universidades públicas se encuentran al tope de los rankings de confianza. Ante la pregunta si “la educación pública es un derecho de todos y debemos defenderla”, el 87.4% de los consultados coincidió con la frase. “Es un consenso social casi unánime de validación”, indicó. Un consenso que también alcanza a los hospitales universitarios: solo bajo la órbita de la UBA funcionan seis centros de salud e investigación en los que se atendieron más de medio millón de personas durante 2023.

Al reclamo de estudiantes, docentes y no docentes de las universidades nacionales se sumaron cientos de profesores de otras casas de altos estudios privadas como la Universidad de San Andrés (UdeSA) y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). También lo hicieron los alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Marcela Pérez Reyes, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en la atención clínica de niños, adolescentes y adultos, opinó que el Gobierno “no puede poner en duda la educación pública porque es el motor de su crecimiento. Tampoco creo que pueda separarse el desarrollo de un país de las posibilidades con las que cuentan los habitantes de ese país de poder educarse, algo que está relacionado con la igualdad”, señaló en declaraciones a elDiarioAR.

Y agregó: “La educación pública, en muchos aspectos, también es para mí un lugar de contención. Desde aquella maestra de segundo grado que me daba cositas para hacer porque mi mamá no llegaba a tiempo a buscarme hasta la beca del Ministerio de Educación que recibí para poder estudiar en la UBA mientras alquilaba y trabajaba. Mucho de lo que soy como persona y profesional se lo debo a la educación pública”, indicó.

GT/MG

Las universidades nacionales enfrentan el nivel más bajo de financiación desde hace más de un cuarto de siglo como consecuencia de la decisión tomada por el gobierno del presidente, Javier Milei, de prorrogar el presupuesto 2023 para el sector pese a que la inflación interanual se situó en marzo por sobre el 270%.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó, utilizando los datos surgidos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, las partidas universitarias desde 1997 hasta el primer trimestre de este año y llegó a la conclusión que sin una ampliación, los montos actuales para la financiación de la educación superior nacional serían los más bajos en 27 años.

Además, en su informe ACIJ destacó que la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024 reflejó una reducción del 34% frente al mismo período de 2023, y que se registró una caída interanual aún más pronunciada que el promedio del gasto público nacional.

Esta situación provocó que la comunidad educativa y gremial de las universidades decidieran llevar a cabo el próximo 23 de abril una “gran marcha” de protesta a la Plaza de Mayo, una medida de acción que tendrá el respaldo de la CGT. “Porque la verdadera libertad está en la educación”, expresaron en la convocatoria hecha pública esta semana el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las casas de altos estudios. 

“El presupuesto universitario es 90% salarios y 10% de gastos de funcionamiento de los edificios y el sostenimiento de los hospitales. Tenemos un tercio del presupuesto que necesitamos. Esto echa un manto de incertidumbre sobre el segundo cuatrimestre”, declaró Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en declaraciones a la radio La Patriada.

En el Congreso Nacional, la diputada nacional por el radicalismo Danya Tavela presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en el ámbito universitario y establecer parámetros de actualización de fondos de funcionamiento de las instituciones de educación superior. La iniciativa legislativa, que recibió el respaldo de los rectores agrupados en el CIN, establece una fórmula objetiva de actualización bimestral de fondos de funcionamiento tomando en cuenta el índice de inflación y el aumento promedio de las tarifas de los servicios públicos.En los último días, las autoridades de distintas universidades advirtieron que les habían llegado facturas de energía eléctrica, gas y agua potable con un valor tres veces superior al resumen anterior.

ACIJ, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en el país, señaló que el presupuesto destinado a las 55 universidades nacionales está compuesto por distintas partidas, aunque la principal es “Desarrollo de la Educación Superior”, que equivale a más del 90% del gasto total. 

La prórroga del presupuesto del año último provocó una caída del 72% en términos reales para este ítem de partidas. “De no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles, este será el presupuesto universitario más bajo desde 1997, año a partir del cual se cuenta con datos del programa”, sostuvo el documento de ACIJ.

Semanas atrás, el Ministerio de Capital Humano intentó disminuir las consecuencias de su decisión presupuestaria al anunciar un aumento de 70% las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de las universidades, aunque el monto sólo representó un incremento del 2% en el gasto vigente en comparación con el presupuesto inicial.

ACIJ detalló que durante el primer trimestre de 2024, la Nación ejecutó un 30% menos del gasto total en términos reales en comparación con el mismo lapso de 2023. Pero, indicó, la reducción en las políticas universitarias fue todavía más amplia, porque alcanzó el 34,4%.

“Dentro de las partidas que conforman las políticas universitarias, la más importante, ‘Desarrollo de la Educación Superior’, experimentó una disminución del 32,9%. Lo ejecutado en becas Progresar sufrió una caída del 46,9%, y lo destinado a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria disminuyó un 18,4%”, explicó el informe de ACIJ.

A este panorama se agrega que los programas de infraestructura universitaria “prácticamente no tuvieron ejecución”, una situación derivada por la paralización de la obra pública que provocó, además, un desplome de más de 20% en la actividad de la construcción y la pérdida de unos 80.000 puestos de trabajo, según la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

La reducción en la ejecución de políticas universitarias también significó una disminución de su participación en el gasto total: mientras que para el primer trimestre de 2023 la inversión en políticas de educación superior representaba el 3,7% del presupuesto total, en los primeros tres meses de este año esta proporción cayó al 3,5%. Este desplome también causó una disminución de los fondos salariales: 32% menos para los haberes de docentes y autoridades, y del 28% para el personal no docente. 

Acerca del presupuesto destinado a la educación de los estudiantes, el documento de la ONG resaltó que este año, por primera vez desde 2000, se registrará una reducción en los fondos, estimada en 72%, el más bajo de toda la serie relevada desde comienzos de este siglo.

“Se estima que este año se destinarán aproximadamente $690.000 por persona, lo que representa una reducción del 72% con respecto al año anterior y un 82% menos que en 2013, cuando se alcanzó el máximo nivel de gasto por estudiante”, mencionó ACIJ.

En tanto, el financiamiento destinado al funcionamiento universitario se redujo en casi un 60% en comparación con 2023. Las transferencias a los hospitales universitarios padecieron una caída del 72%, mientras que el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, como también los institutos tecnológicos de formación profesional y proyectos especiales, no recibieron asignación alguna.

“La ejecución presupuestaria del primer trimestre de las partidas universitarias del año en curso es la más baja desde 2006. Se ha reducido en un 33% en comparación con el mismo trimestre de 2023, y es un 45% más baja en relación con el nivel alcanzado en 2018, que fue el máximo desde 1997. Además, en comparación con el cuarto trimestre de 2023, la ejecución presupuestaria ha experimentado una disminución del 39,3%”, finalizó ACIJ.

GT/MG

La gran mayoría de las universidades públicas del país se encuentran en una situación de emergencia financiera que pone en riesgo la continuidad de su funcionamiento a partir del segundo cuatrimestre de cursada. Es la consecuencia del ajuste en las partidas destinadas al sistema educativo puesto en marcha con la llegada a la presidencia de Javier Milei, quien decidió prorrogar para este año el presupuesto 2023 sin contemplar que la inflación interanual, tomando en cuenta la medición oficial de febrero último, superó el 270%.

Las autoridades universitarias, los gremios que nuclean a los trabajadores docentes y no docentes y las agrupaciones estudiantiles se manifestaron en las últimas tres semanas en contra del recorte presupuestario aplicado por el Gobierno nacional y advirtieron, mediante huelgas y protestas callejeras, las dificultades que padecen para afrontar el pago de los salarios, los servicios públicos y sostener la oferta educativa a lo largo del año.

En Buenos Aires, el reclamo se hizo visible mediante un masivo “banderazo” realizado este pasado miércoles en la puerta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí se concentraron representantes de gremios de docentes universitarios y secundarios, quienes llevaron adelante un paro de 24 horas para rechazar, entre otros puntos, la reducción presupuestaria y exigir la restitución por parte del Gobierno del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una herramienta surgida tras la histórica Carpa Blanca, que estuvo montada a fines de los 90 durante más de 1.000 días frente al Congreso Nacional, y que representa una masa de recursos que la Nación transfiere a las provincias para mejorar los haberes de los docentes.

Desde su creación, el FONID fue prorrogado año tras año hasta enero de 2024, cuando Milei decidió discontinuarlo acaso como una reprimenda en medio de la discusión que mantuvo con la mayoría de los gobernadores tras el fracaso del tratamiento legislativo de la llamada “Ley Ómnibus” en la Cámara de Diputados. Según estadísticas oficiales, el Fondo representó en 2023 la segunda partida más importante del entonces Ministerio de Educación de la Nación, degradado por Milei a rango de Secretaría: el 14,03% del presupuesto educativo, con un total de $333.000 millones.

Con motivo del “banderazo”, llevado adelante en la plaza que lleva el nombre de Bernardo Houssay, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947, fue ratificado por los sindicatos docentes un paro por 48 horas previsto para el miércoles 10 y jueves 11 de abril próximo.

Advertencia de autoridades y docentes

“Si no actualizan el presupuesto no podrán mantenerse abiertas las universidades. La plata no alcanza para más de mayo”, destacó el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), German Pinazo, en declaraciones realizadas esta semana a El Destape Radio. Días antes, el Consejo Superior de la misma universidad había declarado la emergencia económica y financiera en todo el ámbito de la institución, tras asegurar que la prórroga del presupuesto de 2023 “conlleva importantes consecuencias sobre los recursos disponibles para los gastos que garantizan el funcionamiento” del establecimiento. Pinazo indicó que sólo afrontar el incremento del servicio de energía eléctrica representa para la universidad “un poco menos del 50% de los gastos de funcionamiento” total, que incluye, citó como ejemplos, la compra de alimentos para abastecer al comedor de la escuela infantil a la que asisten los hijos e hijas de los estudiantes y trabajadores, el mantenimiento de los laboratorios de investigación y del campus de la institución, situada en un predio de 68.000 metros cuadrados de extensión.

El Consejo de Administración de la Universidad Nacional del Comahue, ubicada en Neuquén, formalizó que ya no puede afrontar las erogaciones que implica el funcionamiento de la casa de estudios. A las suspensiones de las convocatorias a nuevos proyectos de investigación y extensión, se sumó la imposibilidad para cubrir los gastos de la luz, el gas y el servicio de limpieza. “Por favor, no miremos para otro lado. No seamos parte de la generación que deje morir a la Universidad Pública”, expresaron mediante un comunicado desde “Defendamos la UNCo”, una agrupación conformada por estudiantes, docentes y no docentes.

También el Consejo Superior de la UBA se declaró en estado de emergencia económica por la crisis presupuestaria, una medida que podría traducirse en una reducción de la oferta académica, las becas y los servicios que brinda en los más de 71 institutos de investigación y hospitales (Clínicas, Odontológico, “Alfredo Lanari”, “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza” y “Ángel Roffo”), que atienden a más de medio millón de pacientes por año y en los que se forman los futuros profesionales en la salud. La UBA, además, lanzó una campaña de recolección de firmas en contra del recorte presupuestario. Con el lema “Cuidemos lo que funciona”, distribuyó un petitorio por medio de sus redes sociales en el que advierte sobre los problemas que provoca la decisión gubernamental. “El principal desafío es involucrar a la sociedad en el reclamo. Si el Gobierno no ve que cerrar la UBA es un problema, la va a pasar por arriba”, opinó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en declaraciones a la plataforma online Blender.

Además del “banderazo” de este miércoles, más de un centenar de estudiantes de Derecho escucharon este jueves la clase magistral a cargo de los profesores titulares de la Cátedra de Derecho Penal de la UBA , el fiscal Alejandro Alagia y el juez Alejandro Slokar, convocada con la consigna “ganar la calle para no perder el aula”.

“Con estas acciones, queremos salir a visibilizar la situación” que aqueja a la universidad pública, dijeron los magistrados. En las escalinatas de la Facultad de Derecho, Alagia y Slokar resaltaron la importancia de oponerse a medidas que “dinamitan la educación pública”, como también “defender su rol democratizador e inclusivo en la sociedad”. 

Slokar, en tanto, consideró que “el ahogo presupuestario” al que son sometidas las universidades tiene como objetivo “disciplinar en un contexto de persecución a todo lo público como parte de una narrativa antiestatal”.

Antecedentes

Algunas autoridades universitarias y dirigentes sindicales consultados por elDiarioAR emparentaron en los últimos días la situación que viven las instituciones educativas con el recorte presupuestario que durante su breve gestión de 15 días al frente del Ministerio de Economía había anunciado en marzo de 2001 el ahora diputado nacional Ricardo López Murphy, parte en aquel momento del gabinete del fallecido presidente Fernando de la Rúa. En solo dos semanas en el Palacio de Hacienda, López Murphy había anunciado un plan de recorte presupuestario que preveía un recorte de 2.000 millones de dólares en el gasto público que afectaba, principalmente, a los subsidios a la educación y las provincias, y una reducción en la planta de empleados del Estado. Específicamente, López Murphy propuso medidas para achicar las partidas universitarias en casi $900 millones entre 2001 y 2002. En ese momento, por ejemplo, la UBA tenía un presupuesto de $305 millones, de los cuales el 85% de ese monto correspondía a salarios. El plan económico anunciado por el actual legislador del bloque Hacemos Coalición Federal provocó masivas manifestaciones callejeras y clases públicas que derivaron en su renuncia apenas 15 días después de asumir el cargo. 

Veintitrés años más tarde, las universidades enfrentan una nueva crisis presupuestaria que llevó a 55 rectores, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a reclamarle a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una actualización de los fondos del 300%. Lo hicieron poco después de que el Gobierno anunciara un aumento del 70% para afrontar únicamente los gastos de funcionamiento de las universidades; es decir que no contempla el pago y la actualización de los salarios, que representan el mayor porcentaje de erogación de las instituciones de educación superior.

La partida oficial, sin embargo, también fue considerada insuficiente por las autoridades universitarias. El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron días atrás al presidente del CIN, Carlos Greco, y al vicepresidente, Víctor Moriñigo, rectores de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y de San Luis (UNSL). quienes plantearon su “extrema preocupación” por el congelamiento en el financiamiento de la educación pública superior. Greco y Moriñigo expusieron a los funcionarios un escenario de complicaciones para enfrentar la segunda mitad del año, no sólo para pagar los salarios de los trabajadores docentes, no docentes, investigadores y profesionales de la salud, sino las tarifas de los servicios públicos, los insumos y hasta los productos de limpieza. Los representantes del CIN pidieron que las partidas tuvieran una actualización acorde con el aumento de la inflación, que entre diciembre y febrero superó el 60%.

La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) recibió este viernes una factura de luz correspondiente a febrero de $14 millones, un monto tres veces mayor al pagado en enero. “Tenemos 100 años de historia como facultad. No nos merecemos como comunidad universitaria, ni como sociedad estar discutiendo si tendremos que cerrar las puertas en unos meses porque no podemos pagarla luz”, dijo el decano de Exactas, Mauricio Erben, en declaraciones a Somos Télam. Con un consumo de energía eléctrica apenas 4% superior al anterior, la factura de febrero fue de $14.158.623, mientras que la de enero había sido tres veces inferior: $4.986.730.

En tanto, los gremios que nuclean a los docentes y no docentes universitarios afirmaron que los salarios de sus representados perdieron poder adquisitivo en los últimos meses. El ofrecimiento de un aumento de 12% presentado por el Gobierno fue rechazado al ser considerado “insuficiente”. Además, en distintas asambleas, decidieron “mantener el estado de alerta para adoptar las medidas que pudieran resultar oportunas y necesarias para enfrentar la política de ajuste del gobierno de Milei”, dijeron a elDiarioAR fuentes de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Promesas mileistas

Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Milei anunció que más temprano que tarde promovería el arancelamiento de las universidades públicas nacionales, a las que, además, llamó “lugares de adoctrinamiento”. Inclusive, en uno de los cientos de artículos establecidos en el proyecto de “Ley Ómnibus”, Milei introdujo la posibilidad de que los estudiantes extranjeros tuvieran que pagar por estudiar en los establecimientos de educación superior argentinos.

“Se le van a dar los recursos a la gente para que pueda elegir la institución a la que quiere asistir en vez de favorecer a ciertos sectores políticos y después voy a darle los recursos a la gente para que decida a qué universidad quiere asistir”, dijo Milei en agosto último, durante uno de los debates presidenciales previos a los comicios nacionales.

Distintas fuentes consultadas no desestimaron, justamente, que el ahogo financiero al que son sometidas las universidades tuviera como objetivo introducir esa medida para hacer frente a los gastos cotidianos. En aquel momento de 2023 la Universidad Nacional de San Juan había difundido un estudio en el que estimó que el arancel anual universitario rondaría entre $1.500.000 o $2.000.000. De agosto a febrero último, según el Indec, la inflación superó el 105%.

GT/DTC

Doscientos cincuenta mil niñas y niños cayeron a la indigencia el año pasado en comparación con 2022, una cifra que equivale a tres estadios de River Plate colmados y que podría agravarse en el primer semestre de este año si el Gobierno nacional no aumenta el presupuesto destinado a la infancia ni dispone de una mayor suficiencia en la implementación de políticas públicas en materia de protección de ingresos.

Según un documento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, en inglés), que fue elaborado a partir de estadísticas oficiales, la indigencia en niñas y niños en la Argentina aumentó al 14,3% en el primer semestre de 2023, lo que representa a 1,8 millones de chicas y chicos. El reporte, hecho público esta mañana a la prensa en la oficina de la agencia en Buenos Aires, manifestó que el escenario se habría agudizado hacia fines del año pasado hasta alcanzar al 19,4% de la población infantil. Así, son 630.000 chicas y chicos más que viven en hogares que no cubren la canasta básica de alimentos.

El relevamiento incluyó la confección de tres informes que abordan la pobreza monetaria y las privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños; el presupuesto destinado a la infancia; y la suficiencia de las políticas de protección de ingresos. 

En ese sentido, Unicef señaló que siete de cada diez niñas y niños en la Argentina, unos 8,6 millones de chicos y chicas, experimentan carencias monetarias o de alguno de los derechos universales, entre ellos el de educarse, vivir en condiciones de bienestar, a tener un sano desarrollo integral y a contar con la protección de su salud. Sin embargo, casi cuatro millones de niñas y niños padecen privaciones en ambas dimensiones y en forma simultánea.

Unicef indicó que si se toma en cuenta únicamente la pobreza monetaria, ésta afecta al 57% de las niñas y los niños, lo que equivale a 7,1 millones de chicas y chicos. Algunos de ellos, destacó el documento, se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad cuando se toma en cuenta si los jefes o jefas de hogares tienen un muy bajo clima educativo (83%), es decir que no completaron sus estudios primarios. Los números de pobreza también se incrementan en los casos de hogares monomarentales (68%), cuando residen en barrios populares (84%) o de acuerdo al empleo que posea el o la referente del hogar (75% en el caso de un asalariado no formal frente a un 36,5% de un trabajador formal).

Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, consideró que la asignación e implementación por parte de los Estados de un presupuesto acorde con las necesidades de su población resulta “una herramienta clave para aportar elementos” que “garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia”.

Brumana dijo a la prensa que el informe elaborado por Unicef fue enviado a la Presidencia de la Nación y a los ministerios de Economía, Capital Humano y Relaciones Exteriores. Además, comentó que los equipos técnicos de la agencia de las Naciones Unidas se encuentran en contacto con funcionarios de las cuatro áreas del gobierno del presidente Javier Milei.

“Con esta información, buscamos contribuir a la toma de decisiones de los gobiernos, en cumplimiento con los planes de trabajo acordados con el Estado nacional, y a partir del mandato establecido en la Convención de los Derechos del Niño”, mencionó Brumana.

El documento difundido por Unicef mostró que el presupuesto nacional destinado a la niñez sufrió una caída del 75% en términos reales, a lo que se agrega que la implementación de políticas nacionales claves para la infancia “presenta signos de alerta en lo que va de 2024”. Eso se debe a que, por un lado, “se registra un número importante de iniciativas que muestran niveles de ejecución nulos o casi nulos”, entre ellas para abastecer a los comedores escolares, el fortalecimiento edilicio de los jardines de infantes y el apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a los programas Mil Días, Conectar Igualdad y de Infraestructura para Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que contemplaba la construcción de 500 establecimientos en todo el país. Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar evidencian “niveles de ejecución elevados para el momento del año debido a que los montos previstos en el presupuesto actual”, prorrogado de 2023, “no son suficientes para hacer frente a las necesidades de financiamiento que se requieren para dar cobertura a las familias a lo largo de todo el año”.

Para Unicef, las políticas de protección de ingresos “resultan centrales para mitigar los niveles de pobreza” porque, de lo contrario, “sin estos programas alrededor de 270.000 niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de un millón pasarían a ser indigentes”.

Si no se modifica esta tendencia actual, dijo Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina, “la prevalencia de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre del año alcanzaría valores en torno al 70%, mientras que la indigencia llegaría al 34%”, una situación que repercutirá “en el bienestar actual y de largo plazo”.

Waisgrais consideró que un contexto de vulnerabilidad social y elevados niveles de pobreza infantil como el actual, resulta “importante sostener las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares”.

Los ingresos por transferencias, como representan la AUH o la Prestación Alimentar, “son los más estables que poseen las familias en situación de mayor vulnerabilidad” y significan una herramienta “potente para erradicar la pobreza”.

En tal sentido, valoró los aumentos del 100% otorgados a ambos beneficios porque contribuyeron a mitigar el impacto de los incrementos de precios en los hogares en situación de pobreza. Pese a eso, recordó que en los últimos años la capacidad de compra de ambas prestaciones evidenció una “significativa caída”, tanto que actualmente la AUH representa el 45% de la Canasta Básica Alimentaria y el 21% de la Canasta Básica Total que mide el Instituto de Estadística y Censos (INDEC). En el caso de la Tarjeta Alimentar, el panorama es similar, comentó Waisgrais.

Por ese motivo, el especialista evaluó necesario que se establezca un nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones que contemple la variación de precios y replantee el esquema de las condicionalidades vigente para acceder a estos programas. 

En el caso de la AUH, Waisgrais opinó que debería eliminarse la retención del 20% mensual que el Estado establece en concepto de certificación de condicionalidades para otorgar la Asignación: se debe cumplir con los controles sanitarios y de vacunación de los hijos hasta los 4 años de edad, mientras que desde los 5 y hasta los 18 años, además de los controles de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos públicos. Ese 20% que el Estado retiene hasta comprobar el cumplimiento de esta reglamentación se abona recién al finalizar el año, por lo que la cifra correspondiente “representa muy poco con los niveles de inflación actuales”, resaltó Waisgrais.

A esa recomendación, el especialista de Unicef sumó que la Argentina debería “ampliar la cobertura de la prestación alimentaria hasta incluir a adolescentes de 15 a 17 años y unificarla con la AUH para tender a la universalización”.

Waisgrais expresó que, aun “teniendo plena conciencia del contexto de fuertes restricciones fiscales” aplicadas por el presidente Milei desde su arribo a la presidencia, es necesario que el Gobierno “priorice a la niñez y a la adolescencia” mediante una inversión en políticas que son sensibles para reducir la pobreza tanto monetaria y como extrema.

En ese sentido, indicó que alcanzaría con que el Estado, según estimaciones de la agencia de la ONU, destine “unos 40.000 pesos anuales por cada hogar situado en condiciones de pobreza extrema”, lo que significa “un total de 483.000 millones de pesos, 0,25% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, para sacarlo de esa condición.

“Es fiscalmente viable erradicar el hambre con herramientas de protección del ingreso que al menos sean suficientes”, finalizó.

GT/MG

Cuando en la tarde del 4 de febrero Gustavo Siri sintió que había dejado de funcionar el motor de su avión Cesna 152 LVB no dudó en dirigirse hacia la inmensa porción de tierra seca y resquebrajada sobre la que volaba rumbo al Club de Planeadores de Junín, la ciudad bonaerense ubicada a unos 260 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. El aterrizaje de emergencia fue algo dificultoso, pero Siri salió ileso de su cabina. El avión “mostraba en la hélice e inclusive en una de sus alas, restos de la tierra arenosa de la laguna”, informó el diario local Democracia. Si la maniobra de emergencia que hizo el piloto solo terminó en eso fue porque desde días antes la Laguna de Gómez, en cuyo lecho de 6.000 hectáreas de extensión aterrizó el avión, está completamente seco producto de la falta de lluvias y las intensas olas de calor, fenómenos generados en los últimos años por el cambio climático.

“El Parque Natural de la Laguna de Gómez era el lugar de festejo del Día de la Primavera. Hacía allí íbamos todos los chicos del colegio secundario. Pero también era el sitio ideal para, simplemente, llevar una reposera, algo de comida y tomar mate. Tiene un camping, parrillas, un club náutico y un espigón para ir a pescar. Mi papá, que era más aventurero y le gustaba la naturaleza, nos llevaba a mí y a mis dos hermanos, nos compraba una caña y así pasábamos el día”, recuerda María Cruz, nacida en Junín, pero radicada desde hace varios años en Buenos Aires. Uno de sus hermanos, sin embargo, sigue viviendo allí, donde fue a visitarlo a comienzos de año. “Espero que el lugar se recupere porque es una pérdida enorme. Tanto desde lo ambiental como de lo social y el turismo”, dijo a elDiarioAR.

La Laguna de Gómez forma parte de la cuenca del río Salado y se encadena a otras lagunas de su tipo, como las de Mar Chiquita, El Carpincho y Los Patos. Durante el último año, todas ellas fueron afectadas por el fenómeno climático de La Niña, que se caracteriza por temporadas de altas temperaturas y escasas lluvias . Así, la Laguna de Gómez, hogar de unas 250 especies de peces y atractivo turístico de quienes practicaban, por ejemplo, deportes náuticos -esquí acuático, yachting, motonáutica, jet ski, kitesurf y windsurf, entre otros- se fue volviendo un escenario desértico.

El fenómeno de la sequía en lagunas como la de Gómez se viene dando “desde el año pasado y tiene que ver con el cambio climático y la falta de lluvias”, explicó a elDiarioAR el meteorólogo Emiliano Presta. Entre fines de 2022 y principios de 2023 el país sufrió la sequía más importante de los últimos 30 años, que afectó no sólo a las principales zonas cultivables sino a toda la economía en general. Según cifras oficiales, las pérdidas económicas rondaron los 20 mil millones de dólares y la mitad de la producción agropecuaria no llegó a cosecharse. A ese panorama se le sumó la mortandad del ganado como consecuencia de la falta de agua.

Al igual que la de Gómez y las encadenadas que son alimentadas por el río Salado, las lagunas de Chascomús, Lobos, Navarro y San Vicente sufrieron en el último tiempo el impacto de la ausencia de lluvias, tanto que la porción que agua comenzó a reducirse en forma drástica.

Sandra es propietaria desde hace dos décadas de un hospedaje ubicado frente a la laguna de Chascomús. “El agua está muy baja y, por ese motivo, hubo una enorme cantidad de peces muertos porque se quedan sin oxígeno”, relató a elDiarioAR. Ubicada a unos 125 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, Chascomús no solo es una ciudad de paso casi obligado para quienes van rumbo a la Costa Atlántica sino que también es una ciudad que convoca al turismo, justamente, por la belleza de su laguna. La sequía, sin embargo, también alejó a los visitantes. “Esta temporada apenas llegó el 50% de turistas en comparación con el año anterior. Por supuesto que influyó la situación económica, pero también el panorama de la laguna”, agregó Sandra.

La de Chascomús forma parte de la cuenca hidrográfica del río Salado, un curso de agua que desemboca en la bahía de Samborombón del Río de la Plata y desde allí se dirige al mar Argentino. La cuenca del Salado conecta a la laguna de Chascomús con la de Vitel, Adela, Del Burro, Chis-Chis, La Tablilla y Las Barrancas. Todas presentan como característica su poca profundidad.

El fenómeno climático de La Niña dio paso al del Niño, que se caracteriza por efectos meteorológicos totalmente contrarios, porque aumentan las precipitaciones y la humedad. Pese a eso, las lluvias “no están siendo suficientes para que estas lagunas puedan recuperarse. Ese es uno de los motivos por los cuales hoy estamos hablando que una laguna con una extensión de 5.000 hectáreas como la de Junín hoy está desaparecida”, destacó Presta.

El meteorólogo señaló que en la última temporada apenas llovió el 50% de lo que debió registrarse para que la Laguna de Gómez estuviera en su “mínimo indispensable” y no fuera noticia por “esa imágenes tristísimas de la sequía”.

Presta indicó que frente al cambio climático “cada fenómeno meteorológico cumple, a lo largo y ancho del globo terráqueo, una función como si se tratara de una cadena alimenticia en el reino animal. Donde uno de esos fenómenos se altera -indicó- comienzan a alterarse todos y se inicia una descompaginación completa del clima. A nosotros, lamentablemente, nos tocó por cinco temporadas el fenómeno de La Niña, del que todavía estamos tratando de recuperarnos”, mencionó.

María Cruz rememora que en 2009 la Laguna de Gómez presentó una sequía similar a la actual. Al igual que Sandra en Chascomús, ambas recuerdan que tiempo antes habían aparecido en la orilla una gran cantidad de peces muertos por la falta de oxígeno que generó la ausencia de agua. La última vez que se dio esa situación en Chascomús fue el 27 de diciembre pasado y los peces muertos fueron contados por miles.

La falta de precipitaciones y las altas temperaturas afectaron también a las cuencas de las lagunas de Mar Chiquita y La Picasa, situada en el límite de Buenos Aires y Santa Fe. Entre ambas cubren más de 50.000 hectáreas y perdieron más de la mitad de su caudal. Entonces, “para recuperar por completo el agua de la Laguna de Gómez, que suele tener una profundidad de 1,5 metros, se va a necesitar mucho tiempo. Podría arriesgar que harían falta varios años”, expresó Presta

A comienzos de 2023, la laguna de La Picasa registró una bajante histórica. En la localidad de Aarón Castellanos, en el sur santafesino, la cota se redujo hasta seis metros, una marca que no se observada desde comienzos de siglo.

En su origen, La Picasa abarcaba unas 500 hectáreas, pero como consecuencia de  varias inundaciones, llegó a anegar 100.000 hectáreas entre las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. La misma localidad de Aarón Castellanos sufrió en 2017 el impacto de una enorme crecida de la laguna que prácticamente borró la traza de la ruta nacional 7, además de anegar los campos y las viviendas de la zona. También en el sur santafesino se encuentra la laguna Melincué, que en la actualidad, producto de la sequía, el aumento de las temperaturas y la falta de lluvias, ocupa una extensión de 3.000 hectáreas cuando en 2007 alcanzó un pico de 15.000 hectáreas.

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), implementado por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF), confirmó día atrás que 2023 fue el año más caluroso jamás registrado, pero advirtió que 2024 será todavía peor, con una temperatura media de la superficie del planeta que rondará entre 1,43 y 1,69 ºC más alta que en 1850, cuando comenzó a medirse la temperatura. La información fue difundida el 28 de enero con motivo del Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre. Al respecto, el documento climático europeo indicó que las temperaturas medias anuales en el planeta seguirán aumentando mientras continúen las emisiones de gases de efecto invernadero.

GT/DTC

La noche del 20 de diciembre pasado el presidente, Javier Milei, pronunció en cadena nacional un discurso de casi 20 minutos en el que anunció la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que dejó sin efecto la Ley de Alquileres sancionada en 2020, a la que calificó de “nefasta”. Lo hizo, según explicó, para que el mercado inmobiliario volviera a “funcionar sin problemas” y alquilar no fuera “una odisea”. 

A partir de la entrada en vigencia del DNU, cuya validez el Congreso todavía no pudo evaluar al no conformarse la comisión a cargo de su estudio, propietarios e inquilinos deben ponerse de acuerdo a las condiciones contractuales, aunque son los dueños de las viviendas quienes imponen sus intereses, en la mayoría de los casos respaldados por las inmobiliarias. Así, a partir del DNU, establecen desde la duración de los contratos hasta el índice y la periodicidad de los ajustes, que pueden ser en dólares, divisa cuya cotización oficial saltó de $400 pesos a $800 pesos al comenzar la presidencia de Milei e impactó directamente sobre el precio de los alimentos, los combustibles, las tarifas de los servicios públicos, las cuotas de las escuelas y la medicina privada. 

Caída la Ley de Alquileres, la oferta de viviendas para alquilar en la ciudad de Buenos Aires se incrementó un 62%, pero esa tendencia no representó aún una rebaja relevante en los valores, que aumentaron entre 16% y 21% según distintos relevamientos.

“Esto es desolador”, dice a elDiarioAR Fernanda, que tiene 35 años, es madre de un hijo de 5 y trabaja en un comercio en el barrio de Belgrano. Días atrás, visitó un departamento de tres ambientes para alquilar a un valor de $300.000. “El empleado de la inmobiliaria me avisó que ese valor se actualiza cada tres meses, así que estimara que por la inflación, más o menos el valor iba a subir un 70%. Si mi salario por convenio es de $560.000, ¿cómo hago para pagar más de $500.000 de alquiler?”, pregunta. 

La plataforma de búsqueda de inmuebles Zonaprop indicó en su último informe que los precios de los alquileres en enero aumentaron 21%. El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en cambio, detalló que el alza rondó en el mismo mes entre 6,4% y 16,7% mensual, según la ubicación y la cantidad de ambientes de los inmuebles. El CESO destacó que los aumentos mensuales fueron en enero menores a los de diciembre de 2023 en el caso de los departamentos de dos y tres ambientes, que habían tenido alzas de entre el 7,1% y 23,7%, respectivamente, pero mayores para los monoambientes, que el mes pasado registraron alzas del 11,1%. Sin embargo, resaltó que los aumentos acumulados en los últimos doce meses fueron de 305,8% para los monoambientes porteños, 337,5% para las unidades de dos ambientes y 316,7% para los de tres, en todos los casos muy por sobre la inflación interanual: 211,4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

Los altos valores de los departamentos en alquiler en la Capital Federal, analizó el informe, “impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un monoambiente medio, empujándolos hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad”. Además, el contexto de aceleración inflacionaria agrega incertidumbre a la hora de tener que fijar los valores que van a regir en un vínculo contractual de alquiler. A eso se suma el alza de los precios de los alimentos, la medicina privada, los combustibles, las tarifas del transporte público y los servicios básicos como agua, gas, energía eléctrica e Internet. El Centro Scalabrini Ortiz mencionó que el valor promedio de un monoambiente en el territorio porteño fue en enero de $280.000 y que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMNV) se encuentra en $156.000, por lo que llega a cubrir el 55,7% de un alquiler. En tanto, el promedio de las ofertas de departamentos de dos ambientes para rentar es de $350.000 y $500.000 en el caso de los de tres ambientes.

David, que es profesor de música, padre de dos adolescentes y tiene 50 años, envía un mensaje al grupo de WhatsApp que tiene con sus amigos de la infancia:

“Buenas:

¡Nos tenemos que mudar!

Sí, lamentablemente el dueño dice que necesita el departamento para un familiar. Teníamos contrato hasta abril, así que empezamos la búsqueda por Caballito, Almagro, Boedo o Villa Crespo. Ahora vivimos en cuatro ambientes con dependencia de servicio, pero podemos achicarnos hasta tres ambientes. 

Pensamos que en este espacio, donde armamos nuestra casa, estaríamos varios años, pero así son las cosas. Si tienen algún dato, ¿nos avisan?“

En los primeros días de búsqueda, David se encontró con valores que rondan, para sus pretensiones, entre $500.000 y $600.000, más $120.000 de expensas. “¿Cuánto tengo que ganar por mes para pagar el alquiler? Es muy complicado”, comentó a elDiarioAR.

Mónica es monotributista y vive con su pareja y el hijo de ambos en un departamento de dos ambientes en Chacarita, uno de los barrios porteños más caros en la actualidad al momento de alquilar, según lo demuestran distintos relevamientos realizados por plataformas de búsqueda de viviendas. Días atrás renovó su contrato. “Pasé de pagar $65.000, que era un valor accesible para la zona, a $330.000”, detalla.

A Agustina le llegó la semana pasada, dice, el “temido” mensaje de los dueños del departamento que alquila en Balvanera. “Necesito que volvamos a charlar sobre el valor del alquiler. Me parece que quedó un poco bajo con todos los aumentos que hubo”, muestra en su teléfono celular. Vive con su pareja en un departamento de tres ambientes y aún le quedan dos años por delante de contrato. Tanto ella como él son cuentapropistas y pagan por mes $290.000. “A nosotros no nos aumentan los ingresos al mismo ritmo que todo lo demás. Hace rato que pensamos en irnos a vivir a la casa de mi suegra”, cuenta a elDiarioAR.

Los nuevos términos de negociación

La Encuesta Nacional Inquilina, realizada en enero por la Federación de Inquilinos Nacional y el colectivo Ni Una Menos, indagó sobre la situación económica y habitacional en la que se encuentran quienes alquilan en el país tras la puesta en vigencia del DNU. La medida eliminó el marco regulatorio que regía en el país en los últimos tres años desde la sanción de la llamada Ley de Alquileres, a mediados de 2020, durante la pandemia de Covid-19, y que había sido modificada parcialmente en octubre pasado por impulso de los bloques de diputados y senadores del peronismo en el Congreso Nacional. Además de derogar la ley, el DNU introdujo cambios en el Código Civil y, como resultado, estableció que el plazo de los contratos de alquiler de viviendas debe ser acordado por las partes sin fijar un mínimo legal; si no se especificara el plazo en el vínculo, será de dos años de duración. 

La normativa fijó también que las partes pueden pactar libremente el ajuste del valor de los alquileres utilizando cualquier índice, ya sea público o privado, en la misma moneda del contrato (pudiendo ser en dólares) y para la periodicidad de ajustes se otorga libertad, eliminando el mínimo semestral previo. Sin embargo, en la práctica las condiciones son fijadas, mayoritariamente, por los propietarios de las viviendas y las inmobiliarias, mientras que los inquilinos aceptan o continúan la búsqueda.

Sobre la base de 3.354 respuestas, la Encuesta Nacional Inquilina demostró que el 31,6% de los ingresos de los hogares inquilinos consultados se destina a pagar el alquiler y las expensas. El porcentaje, sin embargo, no toma en cuenta los impuestos y tarifas de servicios públicos. En aquellos casos de los alquileres que comenzaron después del 1° de noviembre último, la incidencia del gasto de alquiler en el presupuesto del hogar asciende al 41,6%.

Además, los encuestados dijeron que el plazo de 3 años de duración que  establecía para los contratos la ley vigente hasta el DNU firmado por Milei se presenta ahora sólo en el 24,8% de los casos. Por el contrario, “creció fuertemente la participación de contratos de alquiler cortos”, con un período de duración menor a seis meses: estos representan casi el 25% de los casos. En tal sentido, la Encuesta destacó que casi nueve de cada diez inquilinos que iniciaron su contrato de alquiler después de noviembre último tendrán actualizaciones en el precio “en

plazos iguales o menores a 6 meses“. A este panorama se le agrega que más de la mitad de los hogares inquilinos que respondieron a las consultas están endeudados, fundamentalmente con bancos emisores de tarjetas de crédito. Las deudas fueron tomadas por los inquilinos para alimentarse y pagar el alquiler.

Para el 92,9% de los inquilinos encuestados, este año será peor que el pasado, lo que genera entre ellos cuadros de angustia (78%), ansiedad (75%) y desesperanza (68%). En cuanto al perfil de los encuestados, el 69,7% indicó que el o la jefa del hogar encuestado tiene un trabajo registrado en relación de dependencia y el 15,8% de los casos son profesionales autónomos. “Es decir, la gran mayoría de los inquilinos e inquilinas consultados presentan condiciones laborales formales”, resaltó el informe.

Según un informe elaborado por Zonaprop, la plataforma de búsquedas de inmuebles para rentas y ventas, en enero la oferta de departamentos en alquiler aumentó un 62% con relación a diciembre de 2023. Representantes de distintas entidades inmobiliarias indicaron que este aumento se debe a las nuevas condiciones que rigen para los contratos, principalmente a la anulación de la Ley de Alquileres. 

“Estuvimos en los peores cuatro años del mercado inmobiliario. Después de la sanción de la Ley de Alquileres, que fue terrible para los propietarios e inquilinos, empezó a haber cada vez menos departamentos y más caros. Desde el DNU, hay más propiedades publicadas en el mercado”, comentó Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, en declaraciones radiales. Zampone indicó que la situación de los alquileres se retrotrajo a 2018 o 2019, aunque con la salvedad de que ahora las actualizaciones de los valores de la renta se pactan, por la inflación, cada tres meses en lugar de cada seis. El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria destacó que la mayor parte de los vínculos se establecen en pesos, aunque también se firman contratos en dólares y hasta en criptomonedas. 

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad santafesina de Rosario (COCIR) explicó que tras la anulación de la Ley de Alquileres la oferta pasó de 1.045 propiedades a más de 1.500 este mes. Emmanuel Canelli, integrante de la Asociación de Inquilinos Rosario (AIR), declaró al diario La Capital rosarino que las viviendas que se incorporaron al mercado habían sido retiradas por sus propietarios “por una mera especulación inmobiliaria”, porque las “alquilaban de manera temporal en alguna plataforma para obtener mayores réditos”.

En la ciudad de Córdoba, Francisco consultó a una inmobiliaria las condiciones para alquilar un departamento de tres ambientes. “Me respondieron que necesitaba tres recibos de sueldo de $300.000 como mínimo, otros $200.000 para gastos  administrativos y $30.000 más para la escribanía. Todo por seis meses de contrato. Cuando lo renueve, tengo que pagar esos mismos ítems pero actualizados con la inflación”, dijo sorprendido a elDiarioAR.

A casi dos meses de la derrota electoral sufrida en el balotaje presidencial, en que Javier Milei se impuso a Sergio Massa y se consagró presidente de la Nación, el peronismo procura recuperar el protagonismo político sobre dos escenarios: las calles, a partir de movilizaciones sindicales y partidarias, y el Congreso, donde sus legisladores desarrollaron una estrategia común, que incluye negociaciones con otros partidos, para oponerse a las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno por medio del DNU 70/23 y el proyecto de “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, la llamada “ley ómnibus”.

La CGT ratificó días atrás la huelga y la movilización al Congreso que se llevará a cabo el próximo 24 de enero, una cita a la que adhirieron las dos CTA, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), distintas organizaciones sociales y hasta un sector de la Unión Cívica Radical (UCR).

Será la segunda manifestación de protesta en contra de las medidas económicas, políticas y laborales que promovió Milei que la central obrera encabezará, luego de la realizada el 27 de diciembre último, cuando se concentró frente a los Tribunales, en el centro porteño, para acompañar la presentación de una medida cautelar en contra del DNU presidencial.

La movilización sindical confrontó con el protocolo establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para evitar las manifestaciones que interrumpan el tránsito en calles, caminos y rutas. A propósito, el Ministerio de Seguridad intimó este jueves a distintos sindicatos y organizaciones sociales a pagar, en un plazo máximo de diez días hábiles, poco más de 40 millones de pesos por los costos del operativo policial.

Uno de los gremios intimados fue el de Camioneros. “El objetivo, ahora, es voltear el DNU, la ley (ómnibus), movilizar el 24 y estar presente en cada uno de los conflictos que se van a ir generalizando”, advirtió Pablo Moyano, uno de los tres secretarios generales al frente de la CGT. Moyano instó a que el peronismo esté “todo junto” en esa convocatoria. “Como militante me pregunto dónde están Alberto (Fernández), Cristina (Fernández de Kirchner), Máximo (Kirchner) y Sergio (Massa). Tenemos que estar juntos en las calles”, reclamó el sindicalista camionero.

“Como militante me pregunto dónde están Alberto (Fernández), Cristina (Fernández de Kirchner), Máximo (Kirchner) y Sergio (Massa). Tenemos que estar juntos en las calles”.

Pablo Moyano — líder del sindicato de camioneros

En coincidencia con Moyano, la convocatoria a parar durante 12 horas y marchar al Congreso hecha por la central obrera aparece para algunos dirigentes como una oportunidad para reunir al peronismo.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, consideró que el justicialismo “tiene que estar cerca de la gente”, sin importar cuál haya sido el voto en las últimas elecciones, porque “la misma realidad nos va a ir juntando con muchos que votaron a Milei”, dijo.

Frente a ese contexto, el peronismo tiene que “dar señales de unidad” y de una conducción “más horizontal”, agregó Katopodis. Su colega en el gabinete provincial, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, dijo que ante una “huérfana, lejana o abandonada”, las diferencias “dentro del peronismo son hoy secundarias” y “nadie debe sentirse excluido” porque, destacó, “no sobra nadie” en el partido.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela,el primer dirigente peronista al frente de una provincia en oponerse por la vía judicial al DNU firmado por Milei, propuso una amnistía puertas adentro del peronismo para definir “un liderazgo claro” que convoque “a todos los que se fueron” en los últimos años.

Para lograr esa confluencia puso, entre otras condiciones, que el expresidente y todavía jefe del peronismo a nivel nacional, Alberto Fernández, “se corra un poquito” para que otros lleven al partido hacia otros rumbos. “Se tiene que crear una comisión de acción política, como se hizo tantas veces en el Partido Justicialista, donde estén todos los sectores”, evaluó Juan Grabois, referente del partido Patria Grande y ex precandidato presidencial de UxP. Y agregó: “Si alguien está esperando que venga un salvador, a partir de las fuerzas del cielo, que vaya con Milei”.

La CGT, justamente, fue la que en los últimos días concretó reuniones con referentes políticos de otros espacios políticos en el ámbito legislativo, entre ellos los liderados por Miguel Ángel Pichetto, al frente del bloque Hacemos Coalición Federal; Facundo Manes, del radicalismo; y Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Christian Castillo, del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U). “La CGT nos invitó a formar parte de la marcha y paro del 24”, comentó Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe de Hacemos Coalición Federal. 

El debate en el Congreso de las dos iniciativas promovidas por Milei resultó también una oportunidad para que los bloques peronistas en Diputados y el Senado desplegaran una estrategia común para oponerse, con el acuerdo de otras bancadas opositoras, gobernadores y el movimiento obrero, el casi millar de artículos incluidos en esas normativas. “Si aprueban la ley ómnibus —opinó Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP)— va a ser derrotado el pueblo argentino, no el peronismo”.

En el Senado, por su parte, el interbloque de legisladores de UxP, que encabeza el formoseño José Mayans, se reunió con la conducción de la Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas para analizar los alcances del DNU de Milei y acordar la participación de ambos sectores en la manifestación del 24 de enero.

De las calles a las plazas

Como hizo en 2016, después de la victoria electoral que llevó a Mauricio Macri a la presidencia del país, el gobernador bonaerense Axel Kicillof eligió las plazas y los parques como escenarios públicos para desplegar una estrategia política que atraiga a quienes votaron a UxP en los comicios nacionales y a los desencantados por el primer mes de la presidencia de Milei.

La Plaza Belgrano, en La Plata, situada a unas 20 cuadras del edificio de la gobernación, fue el primer escenario de las reuniones y allí estuvo el intendente local, Julio Alak, acompañado por Roberto Baradel, secretario general del gremio docente Suteba; y Daniela Torres, referente del Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en el distrito. 

Los tres dirigentes son aliados políticos de Kicillof, como también Grabois,los diputados de origen sindical Hugo Yasky y Sergio Palazzo, y varios intendentes como Andrés Watson (Florencio Varela), Mario Secco (Ensenada), Pablo Zurro (Pehuajó), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Gustavo Barrera (Villa Gesell). La Multisectorial PBA intentará hacer base en el Conurbano, pero también extender sus reuniones a ciudades como Mar de Plata, Bahía Blanca, Olavarría y Pehuajó. A esos encuentros no sólo fueron convocados dirigentes del peronismo y aliados políticos, sino también empresarios pymes, comerciantes, referentes religiosos, del deporte, la cultura y los derechos humanos.

GT/JJD

Nueve de cada diez inquilinos que habitan en viviendas situadas en villas y asentamientos ubicados en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentran debajo de la línea de pobreza y casi la mitad, en la indigencia, pese a que la gran mayoría de quienes son el sostén económico del hogar tiene empleo, son auxiliados con planes sociales o reciben ayuda alimentaria.

En ese contexto social, el 30% de los hogares inquilinos localizados en un territorio que agrupa a la Ciudad de Buenos Aires y a 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 35% de la población argentina, destina más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler y el 43% tuvo que endeudarse con amigos, familiares, entidades financieras o prestamistas particulares, a una muy alta tasa de interés, para abonar el valor mensual de la vivienda.

En los barrios populares del AMBA, en tanto, el 75% de los hogares inquilinos no tiene un plazo establecido de duración del alquiler y solo el 11% posee un acuerdo por un periodo igual o superior al año. Las condiciones para alquilar, en resumen, se rigen sin un contrato escrito, más arbitrarias e inestables.

Los datos surgieron del informe “Alquilar en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires: Condiciones sociales, económicas y habitacionales” llevado a cabo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (IGEO-UBA) a partir de un relevamiento de hogares inquilinos ubicados en más de 30 villas y asentamientos porteños y bonaerenses.

El informe caracterizó la situación de los hogares inquilinos de los barrios populares en el AMBA atendiendo sus condiciones socio-económicas y habitacionales; sus formas de acceso a la vivienda y las relaciones de alquiler que se establecen; y sus trayectorias residenciales.

Siete de cada diez inquilinos de las villas porteñas y los barrios bonaerenses incluyen entre sus ingresos subsidios y asignaciones sociales mientras que un 35,6% recibe mercaderías gracias a la ayuda comunitaria.

El documento indicó, además, que siete de cada diez inquilinos de las villas porteñas 31-31 bis, 15, 20 y 21-24, y los barrios bonaerenses Amancay (Escobar), Las Tunas (Tigre), Los Cedros y Los Hornos (Moreno), La Victoria, Santa Mónica y El Triunfo (Esteban Echeverría); 14 de Febrero (Almirante Brown), Santa Catalina (Lomas de Zamora); Papa Francisco (Quilmes), entre un total de 32 relevados en el AMBA, incluyen entre sus ingresos subsidios y asignaciones sociales -mayoritariamente beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y el Potenciar Trabajo- mientras que un 35,6% recibe mercaderías gracias a la ayuda comunitaria.

También indicó que el 22,7% de los hogares inquilinos habita en condiciones de “hacinamiento crítico”, un concepto que representa la presencia de más de tres personas por ambiente, y el 38% comparte la vivienda con otra familia. En cuanto a la calidad del hábitat, más de la mitad de las personas encuestadas vive en condiciones deficitarias, con problemas de plagas, higiene, accesibilidad y alumbrado, entre otros.

Para Catalina Marino, politóloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la ACIJ, una política de urbanización de los barrios populares “beneficiaría la situación de los inquilinos en términos generales”. 

“Todo proyecto de integración social mejora las condiciones de vida de la población. En la medida que uno pueda tener inversiones públicas que garanticen el acceso a la infraestructura, hogares con mejor iluminación y ventilación, la calidad de vida de esos inquilinos mejora”, evaluó Marino en declaraciones a elDiarioAR.

El informe elaborado por ACIJ, CELS, la EIDAES y el IGEO-UBA señaló que los hogares en donde las mujeres son el principal sostén económico “presentan una situación significativamente desfavorable tanto en relación a calidad de la vivienda como al hábitat: el 63,3% de quienes alquilan una vivienda inadecuada y el 66,7% de quienes viven en un hábitat deficitario son hogares encabezados por mujeres”, destacó el documento. En el caso de las viviendas con una jefatura femenina, el 38% de ellas destina la mitad de los ingresos al alquiler frente al 21% de los de jefatura masculina.

El 22,7% de los hogares inquilinos habita en condiciones de “hacinamiento crítico”, un concepto que representa la presencia de más de tres personas por ambiente, y el 38% comparte la vivienda con otra familia.

Acerca del acceso al mercado de alquileres, el relevamiento agrega: “La incertidumbre habitacional afecta particularmente a los hogares en donde el principal sostén económico es la mujer: en los alquileres pactados por un período menor a tres meses, el 66,7% de los casos son mujeres, mientras que en los alquileres de más de un año representan solo el 36%”.

Entre las dificultades encontradas para el acceso a un alquiler en barrios populares se encuentran tener menores de edad a cargo (42%) y restricciones económicas (25%). Solo el 16% de los encuestados mencionó la falta de garantías o avales como una dificultad. Por su parte, casi siete de cada diez inquilinos encuestados se mudaron al menos una vez en los últimos cinco años debido a que no llegaron a renovar el acuerdo con el propietario (24%), la imposibilidad para pagar el alquiler (16%) o porque fueron desalojados (9%).

“En los barrios populares el acuerdo o la renovación de un vínculo no se rige por la vigencia o las modificaciones a la Ley de Alquileres. El impacto de su derogación, por ejemplo, no sería tan alto porque igualmente los contratos son informales, por plazos a veces no estipulados y los aumentos del valor son discrecionales”, indicó Marino. Sin embargo, la norma que el presidente Javier Milei, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) busca derogar dispuso la creación de un programa nacional de alquiler social para los inquilinos de menor poder adquisitivo, que, sin embargo, nunca fue implementado por el gobierno de Alberto Fernández.

La iniciativa, hasta que sea derogada, prevé la “adopción de medidas que tiendan a facilitar el camino a una vivienda digna en locación mediante una contratación formal” para un universo que contempla a víctimas de violencia de género, adultos mayores y a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad. La ley estipula que puedan ser beneficiarios de garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas, como también la creación de líneas de subsidios o créditos blandos y el diseño de mecanismos que amplíen la oferta de inmuebles destinados a la vivienda. En el caso de los adultos mayores, la normativa contempla el trabajo conjunto de la Secretaría de Vivienda y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) para facilitar el acceso al alquiler a personas jubiladas, pensionadas y titulares de la prestación por desempleo. En tanto, la ley en riesgo de ser eliminada también promueve la creación de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago de alquileres. “La derogación de la ley eliminaría la posibilidad de pensar un programa de alquiler social justamente que esté diseñado para sectores vulnerables” de la sociedad, sostuvo Marino.

Las dificultades para conseguir el acceso formal -caracterizado por la exigencia de garantías privadas o financieras, depósito, existencia de contrato de alquiler visado o no y acuerdos legales- a una vivienda en condiciones dignas motivó en las últimas dos décadas un incremento del mercado “informal” de alquileres en villas, asentamientos, hoteles pensión, inquilinatos y conventillos situados en los barrios populares del AMBA. 

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), los barrios populares son aquellos “comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo”.

De acuerdo al RENABAPl, en la actualidad existen 6.467 barrios populares, en los que se estima que habitan 1.2 millones de familias a lo largo de un territorio de 684 kilómetros cuadrados, equivalente a tres veces la Ciudad de Buenos Aires. El 87% de esos barrios tiene más de 20 años de antigüedad. En el AMBA, el Registro muestra 2.065 barrios populares donde se estima que habitan más de 500.000 familias. Las provincias donde se localiza la mayor cantidad de barrios populares son Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Misiones. 

Según el RENABAP, más del 60% de los barrios populares no accede formalmente al servicio de energía eléctrica, el 90% no tiene servicio de agua corriente, el 97% no cuenta con conexión a la red cloacal y el 99% no accede a servicio de red de gas natural. Con respecto al mercado de alquileres en barrios populares, se estima que de las 711.777 viviendas relevadas a nivel nacional, unas 19.196 (2,7%) son alquiladas. A partir de esos mismos datos, de las más de 23.000 viviendas relevadas en los barrios populares, el 14,5% son alquiladas. En los partidos bonaerenses que forman parte del AMBA, se estima que el 3,45% de las viviendas se encuentran alquiladas.

GT/MG

La derogación de la Ley 27.551 de Alquileres, sancionada a mediados de 2020 y reformada parcialmente en octubre pasado, fue el primero de los 30 puntos que el presidente, Javier Milei, enumeró anoche en un discurso de 18 minutos de duración emitido por cadena nacional en el que detalló los alcances de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica o pone fin a más de 360 normas y que provocó un cacerolazo de protesta en distintas ciudades del país.

A los 10 minutos de su alocución, Milei expresó que el objetivo de la “imprescindible” derogación de la “nefasta” Ley de Alquileres es que “el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea” para un universo de más de ocho millones de inquilinos a lo largo y ancho del país.

Para conseguirlo, entre otros aspectos, Milei estableció que a partir de la entrada en vigencia del DNU el valor de los alquileres podrá fijarse en pesos o en cualquier moneda extranjera, algo que está expresamente prohibido en la actual ley pero que, de hecho, había comenzado a ocurrir en las últimas semanas tras el triunfo electoral de Milei: la dolarización del mercado. “Es preciso respetar la voluntad de los ciudadanos de pactar las formas de cancelación de sus obligaciones de dar sumas de dinero, sin distinción del curso legal o no de la moneda que se determine”, indicó el decreto.

Qué pasa con los contratos de alquiler

El DNU firmado por Milei plantea que, al derogarse la ley, los contratos de alquiler pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial vigente desde 2015 que, entre otros puntos, plantea un plazo máximo de dos años para la duración del vínculo en lugar de los tres contemplados por la actual normativa. El Código Civil, sin embargo, no estipula un lapso mínimo de alquiler.

La medida impulsada por Milei indica que propietarios e inquilinos deberán ponerse de acuerdo en cuanto a qué tipo de referencia toman para llevar a cabo las actualizaciones de precios. Actualmente, al momento de realizar ajustes en el valor, se toma como indicador el Índice Casa Propia, que se basa en el menor número que surja de los promedios de la variación salarial del último año y de la inflación del mismo período. Esta fórmula fue incluida en la modificación de la ley votada en octubre pasado por el Congreso Nacional y a la que Milei, como diputado de La Libertad Avanza (LLA), se opuso porque procuraba la derogación de la ley. Hasta octubre último los porcentajes de aumentos de alquileres surgían del Índice de los Contratos de Locación (ICL), conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

Para la organización Inquilinos Agrupados, el DNU anunciado anoche también abre la posibilidad de que los propietarios de viviendas para alquiler puedan pedir el monto de dinero y elegir la moneda que quieran en concepto de depósitos o garantías.

Inquilinos Agrupados sostuvo que los cambios incluidos en el paquete de reformas hecho público por Milei en cadena nacional fijan, además, que los arreglos que requieran las viviendas estarán obligatoriamente a cargo de los inquilinos, quienes también tendrán que pagar las expensas ordinarias y extraordinarias, y el pago de impuestos como ABL, AGIP o Inmobiliario. “Pocas veces en la historia argentina ha sucedido un retroceso de derechos en materia de vivienda como podría pasar ahora”, consideró la organización. Los propietarios, en tanto, no estarán obligados a registrar el alquiler del inmueble ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como tampoco a anunciarle con antelación al inquilino si renovará o no el contrato de alquiler.

Los alcances del DNU promovido por Milei no modificarán los contratos firmados bajo la ley de 2020 y su modificación parcial hace dos meses. El decreto sí afectaría a quienes acuerden un contrato a partir de la vigencia de la nueva normativa.

“A priori, la derogación va en línea con la desregulación total que se propone a través del DNU. No sé dónde puede terminar. Es terreno inexplorado”, escribió el economista Federico Fernández Rouco, autor del libro “Dueños o Inquilinos”, en su cuenta de X.

La derogación de la Ley de Alquileres había sido anticipada este martes por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Por lo que hemos visto y hablado, va en ese sentido”, dijo el legislador a Radio Rivadavia.

Las cámaras y entidades que agrupan a propietarios de viviendas e inmobiliarias habían pedido a Milei la derogación de la Ley de Alquileres por considerar que su alcance no incentivaba a los dueños de inmuebles a ofrecerlos en un formato tradicional de alquiler, sino que, entre otros aspectos, los volcaba hacia empresas o plataformas de renta temporaria y en dólares para no perder ganancias frente al aumento de la inflación.

Para el sector inmobiliario, desde la sanción de la norma, en medio de la pandemia de Covid-19, se redujo drásticamente la oferta de viviendas para alquiler en el formato tradicional. 

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“Esto es un contrato por privado y no cuenta la Ley de Alquileres. Esa era del gobierno anterior. O si no querés aumentos, 400 dólares por mes en billete y nos ahorramos el problema”. Este mensaje, con un tono muy poco persuasivo, lo recibió un inquilino de parte del representante de una inmobiliaria y fue publicado días atrás en las redes sociales de la organización Inquilinos Agrupados. Las condiciones que establecía la inmobiliaria para el alquiler de una vivienda también incluía un ajuste mensual del valor, que estaría vinculado al alza de la inflación medida por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC).

En otro intercambio de mensajes con una inmobiliaria, un inquilino obtuvo las condiciones para alquilar un departamento durante un lapso de tres años. Debía pagar 350 dólares mensuales; una cifra similar en concepto de depósito; 630 dólares correspondientes a los “honorarios inmobiliarios”; y 756 dólares para acceder a una garantía. En total, 2.086 dólares. Todo en moneda estadounidense.

“Tomamos dólares billetes o a un valor blue en pesos. Hoy a $935, creo”, destacó otra inmobiliaria días antes de la asunción de Javier Milei a la presidencia y los anuncios hechos esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, que llevaron el valor del dólar oficial a $800.

Qué dice la ley de Alquileres que nadie respeta

La Cámara de Diputados convirtió en ley el 11 de octubre pasado el proyecto de reforma de alquileres. Entre los cambios incluidos, que fueron impulsados por el Frente de Todos, se contempló la actualización semestral de los valores del alquiler en lugar de anual, como establecía la norma en un principio. Además, fijó que cualquier precio de locaciones de inmuebles destinados a vivienda “debe realizarse en moneda nacional”.

La iniciativa fue rechazada en el Congreso por los bloques de Juntos por el Cambio y por el entonces diputado Javier Milei, entre otros legisladores. Poco más de un mes después, tras ser consagrado presidente de la Nación al imponerse en el balotaje del 19 de noviembre último, el economista libertario anunció su decisión de derogar la Ley de Alquileres y dejar que los contratos sean pactados entre propietarios e inquilinos bajo las pautas previstas en el Código Civil.

La advertencia hecha por Milei, que el pasado domingo asumió como presidente, dinamitó de hecho la vigencia de la norma, paralizó los ofrecimientos de alquileres para viviendas, las firmas de contratos y renovaciones, impuso una virtual dolarización del mercado y los acuerdos de palabra, todo por fuera de la ley.

El panorama, de por sí preocupante, parece empeorar tras la nueva devaluación del peso ante el dólar, todo eso sin contar el paquete de medidas “urgentes” hecho público por Caputo en un mensaje grabado y que representa un ajuste para gran parte de la población. En Argentina, hay unos ocho millones de inquilinos atentos a este panorama de crisis e incertidumbre.

Este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno intentará derogar la Ley de Alquileres porque, consideró, “le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario. Todo lo que le hace daño a la gente será subsanado y corregido”, dijo en una conferencia de prensa. Adorni mencionó que el Ejecutivo promoverá “siempre la libertad de las partes en los contratos privados”, por lo que “seguramente haya novedades respecto a eso”, anunció.

Inquilinos Agrupados brinda en forma gratuita asesoramiento legal y gratuito a quienes procuran alquilar o ya alquilan una vivienda: “Todas las personas que vienen se ponen a llorar porque no saben dónde van a ir a vivir. Nunca vi este nivel de desesperación en estos últimos diez años”, declaró Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, a Radio Mitre Santa Fe. Muñoz también afirmó que las inmobiliarias piden a los inquilinos “dólares para todo”, ya sea en el billete de la moneda estadounidense o el valor en pesos de la cotización paralela.

“Estoy esperando lo peor para los próximos días. Alquilo un departamento de dos ambientes en Avellaneda y no tengo contrato”, comentó Jorge, trabajador no docente universitario, a elDiarioAR. La ausencia de un vínculo legal domina buena parte del mercado de alquileres y suele imponer condiciones desfavorables de negociación para los inquilinos.

Karina es oriunda de Misiones y vive desde 2020 en un departamento de tres ambientes en Balvanera junto a un familiar porque, de lo contrario, “es difícil vivir en la Capital sin compartir gastos”, dijo a elDiarioAR. Su primer contrato de alquiler lo firmó, antes de que entrara en vigencia la ley, por dos años. Tras el vencimiento, convino con la propietaria “ir renovando de palabra con aumentos cada seis meses”.

“Miramos los precios que hay en el mercado y nos ponemos de acuerdo entre nosotras: le digo un precio, ella me dice otro y, más o menos, negociamos. Por ejemplo, el valor del alquiler pasó de $90.000 en enero a $150.000 en julio. Ahora se viene un nuevo aumento en enero y no sé a cuánto va a ir el valor. Estoy un poco ansiosa pensando en ese momento”, reconoció. La ley de Alquileres establece que para la actualización de los montos cada seis meses debe tomarse el índice Casa Propia, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que se basa en el menor indicador que surja de los promedios de la variación salarial del último año y de la inflación del mismo período, reemplazará al Índice de los Contratos de Locación (ICL). Siempre da por debajo de la inflación.

La ansiedad de Karina, al igual que Jorge, está unida a la incertidumbre acerca de las medidas económicas que tomará el nuevo gobierno, la devaluación de la moneda y una profundización de la caída del poder adquisitivo de los salarios.

Los alquileres se van devorando los salarios

Un relevamiento hecho en noviembre de 2022 sobre la situación de los hogares inquilinos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense destacó que el 63% de quienes alquilan está endeudado. El informe llevado a cabo por el por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ), Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET), la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Red Contested Territories indicó que el pago del alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales, tanto que “más de la mitad de los hogares inquilinos sufren aumentos por fuera de lo que establece la ley y se endeudan para poder pagar”.

Los resultados del estudio también revelaron que el mercado de residencia permanente “funciona de manera cada vez más precaria” mientras “en paralelo crece” el de alquileres temporarios, que se cotizan en dólares y por fuera de lo que establece la norma vigente.

“El mercado de alquileres de residencia permanente funciona de tal manera que ofrece soluciones habitacionales cada vez más precarias. El 35% de las personas inquilinas respondió que no alquila una vivienda completa sino una habitación y más de la mitad lo hace sin contrato escrito”, agregó el documento. 

Un año después de ese informe, la inflación interanual superó el 140%, según el Indec, y el valor de los alquileres, en comparación con 2022, tuvo un alza promedio 270%, difundió el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Solo en noviembre último, los precios para alquilar departamentos en la ciudad de Buenos Aires registraron incrementos de entre 21,7% y 26,7% mensual dependiendo de la ubicación y la cantidad de ambientes.

Estos valores, sin embargo, no incluyen las expensas, que suelen alcanzar en promedio el 10% del costo del precio de oferta de un alquiler, agregó CESO. A ese panorama se sumó que la pobreza multidimensional urbana ascendió en el tercer trimestre de 2023 al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes, de acuerdo con el informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Las cifras de la nueva medición reflejan un crecimiento de los índices respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la pobreza llegó al 43,1% y la indigencia al 8,1%. Para 2024 “se abre un escenario en el que la pobreza va a seguir aumentando, no de manera explosiva, sino en niveles similares al crecimiento que tuvo en los últimos dos años”, advirtió a la prensa el director del Observatorio, Agustín Salvia. El documento del ODSA indicó también que más allá de los ingresos, se redujo en estas dos décadas el déficit de la vivienda precaria del 20% al 13%, aunque “no por la construcción de la vivienda pública, sino con mayor inversión propia de los hogares”.

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Como el poema “Esperan”, escrito por Juan Gelman, que comienza diciendo “vamos a empezar la lucha otra vez”, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto a distintos organismos de defensores de los derechos humanos, partidos políticos, movimientos sociales y gremios, le advirtieron este jueves a Javier Milei, quien este domingo asumirá la presidencia, que están dispuestas a “estar en la calle con lluvia, frío y calor” para mantener el pedido de aparición con vida de los 30.000 detenidos-desaparecidos por la última cívico dictadura, una cifra que el electo mandatario negó durante su campaña electoral.

“Vamos a tener que empezar otra vez”, dijo Nora Cortiñas, de 93 años, al finalizar la 43° Marcha de la Resistencia alrededor de la Pirámide de Plaza de Mayo. Junto a Elia Espen y Mirta Acuña de Baravalle, encabezó el histórico recorrido a tres días de la asunción de Milei.

Las tres Madres de Plaza de Mayo, junto a referentes de los organismos de derechos humanos, exigieron al nuevo gobierno la continuidad de los juicios a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, la apertura de todos los archivos con información acerca de la represión ilegal y las tareas de inteligencia llevadas a cabo entre 1976 y 1983 y la anulación del convenio firmado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el club River Plate por la cesión del que fuera el Campo de Deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), situado a pocos metros del edificio militar que funcionó como centro clandestino de detención.

El acuerdo alcanzado este año entre el organismo gubernamental y la entidad “millonaria” contempla la construcción de un centro deportivo pero fue objetado debido a que la Justicia todavía no dilucidó, pese a las denuncias existentes, si en ese predio de siete hectáreas de extensión fueron quemados los cuerpos de al menos 40 víctimas de la dictadura, entre ellas, dijeron el del escritor y periodista Rodolfo Walsh.

“Tenemos mucho por hacer todavía. Si estamos todos juntos y atentos, no pasarán”, expresó Cortiñas en un breve discurso. Antes, Elia Espen, de 92 años, consideró que los que vienen serán “momentos difíciles”. “Pero no nos callaremos. Seguiremos reclamando memoria, verdad y justicia”, aseguró. Espen recordó que su hijo Hugo, secuestrado y desaparecido el 18 de febrero de 1977, solía decirle: “Mamá, va a costar mucho, pero vamos a construir un nuevo país”.

“Son 30.000 y es genocidio”, fue la consigna más repetida en las banderas colegas en las rejas que rodean a la Pirámide de Mayo.

“Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos”, había dicho Milei durante el primer debate presidencial, que se llevó a cabo el 1 de octubre pasado en Santiago del Estero.

Aquella noche, entre una seguidilla de frases negacionistas sobre lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar en Argentina, el electo presidente insistió en que “no fueron 30.000 desaparecidos, sino 8.753”. Una postura similar adoptó durante la campaña electoral la electa vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“Si es necesario, vamos a volver a hacer filas en los tribunales para presentar recursos de hábeas corpus o a subirnos a los colectivos para dejar volantes, como hicimos en aquella época. Queremos que nos digan dónde están nuestros hijos”, pidió Cortiñas.

Si es necesario, vamos a volver a hacer filas en los tribunales para presentar recursos de hábeas corpus o a subirnos a los colectivos para dejar volantes, como hicimos en aquella época. Queremos que nos digan dónde están nuestros hijos

Nora Cortiñas — presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

La dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora recordó que la primera Marcha de la Resistencia se realizó en 1981, todavía en plena dictadura, y que se extendían durante todo un día.

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Dos universidades extranjeras, una situada en el Reino Unido y otra en Australia, publicaron días atrás estudios que determinaron que ser inquilino es más dañino para la salud que estar desempleado o, inclusive, haber sido fumador. A partir de encuestas locales, las instituciones educativas de Essex y Adelaida aseguraron que el envejecimiento biológico, que provoca un daño acumulativo de los tejidos y células del cuerpo más allá de la edad de las personas, se registra con mayor rapidez entre quienes alquilan.

“Los impactos en la salud deberían tener una consideración importante cuando se le da forma a las políticas de vivienda” de un país, destacó la investigadora principal del Centro Australiano de Investigación sobre Vivienda de la Universidad de Adelaida, Amy Clair, citó la prensa extranjera.

Al día siguiente de imponerse en el balotaje presidencial, el electo presidente, Javier Milei, anunció su decisión de impulsar una vez en el gobierno la derogación de la llamada Ley de Alquileres, que hace solo dos meses fue reformada por el Congreso Nacional. La norma modificada contempla, por ejemplo, que los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán vigentes por un plazo de tres años, tendrán una actualización semestral en función del denominado Coeficiente Casa Propia –utilizado para los créditos establecidos por el programa Procrear– y deben ser estipulados en pesos.

A miles de kilómetros de distancia del Reino Unido y Australia, los ocho millones de inquilinos que hay en la Argentina viven con angustia y preocupación el escenario de incertidumbre legal que podría avecinarse en materia de alquiler de viviendas. A la actual ley “hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Lo único que ha hecho es generar daño y terminó perjudicando a aquellos que quería proteger”, opinó Milei horas después de ganar el balotaje con más del 55% de los votos sobre Sergio Massa. Además, mencionó que los contratos podrán pactarse en cualquier moneda, inclusive en dólares, una posibilidad que está prohibida por la actual normativa.

Cuando todavía era diputado nacional, en agosto pasado, Milei promovió la derogación de la norma en el recinto de la Cámara baja, aunque no tuvo éxito. Ahora, en la Casa Rosada, vuelve sobre el mismo objetivo.

“Lo que nos pasa a todos los que alquilamos es preocupante porque vivimos en una incertidumbre total”, contó Pablo, que es músico, a elDiarioAR. Pablo alquila un departamento en el barrio porteño de Floresta desde julio de 2021. El contrato fue establecido bajo la ley aprobada por el Congreso un año antes, en medio de la pandemia de Covid-19, y que fue reformada en octubre último. Esa versión de la norma establece la actualización del monto de alquiler puede darse en forma anual. “Mi contrato de alquiler se vence a mediados del año próximo y no sé si la dueña, que es una persona bondadosa, lo va a querer renovar, si lo hará bajo la norma vigente o por fuera de ella, como ocurre en muchos casos. Inclusive, tampoco sé si querrá cobrarme un alquiler a precio dólar”, comentó Pablo, que tiene dos hijos.

Marina, que es diseñadora gráfica y alquila un departamento en el barrio de Caballito, debió dejar en cuestión de semanas la vivienda que habitaba en Villa Pueyrredón porque el propietario le informó que no le renovaría el contrato poco antes de finalizar el mismo. “Durante un año evitó confirmarme si iba a querer renovarlo y cuánto sería el valor del nuevo alquiler. Entonces tuve que buscar con mi familia una solución de apuro. Durante todo ese tiempo estuve angustiadísima”, comentó a elDiarioAR.

Brenda, que es empleada del Estado, vive una doble incertidumbre: la posibilidad de ser despedida por el recorte en la estructura de la Administración Nacional que anunció Milei durante su campaña y que confirmó tras el triunfo en el balotaje, y los cambios que puedan afectar a la Ley de Alquileres. “Pero, sobre todo, estoy preocupada y angustiada por dónde voy a terminar viviendo. Estoy segura de que no me van a renovar contrato y, si lo hacen, no vamos a tener con qué pagarlo. Me veo viviendo en la casa de mi mamá o hacinada en un monoambiente. Eso es lo que me desespera”, aseguró al elDiarioAR.

David es tatuador y alquila un departamento en el barrio de Villa Crespo con su pareja y su hijo. Allí llegó a finales de 2021 tras firmar un contrato por tres años bajo la ley reformada meses atrás. En enero próximo será el momento de la actualización anual del valor del alquiler. “Estoy rezando para que la inflación no se dispare en diciembre”, dijo a elDiarioAR. David admite que no puede ponerse a pensar en cómo estructurar su vida cotidiana si finalmente se concreta la derogación de la ley y el mercado de alquileres se desregula. “Es un nivel de imaginación que no me entra en la cabeza, porque a la incertidumbre económica se sumaría que los propietarios tienden a priorizar sus ganancias y en dólares. Para los inquilinos sería muy peligroso y la situación, apremiante”, reconoció.

Los precios de los alquileres de departamentos en la ciudad de Buenos Aires tuvieron en noviembre incrementos de entre 21,7% y 26,7% mensual, según la ubicación y la cantidad de ambientes. Así lo destacó el relevamiento difundido por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Los aumentos mensuales fueron significativamente mayores a los de octubre, cuando mostraron alzas del 5,9%, 4,5% y 11,1% en las unidades de uno, dos y tres ambientes, respectivamente. El CESO destacó que los incrementos acumulados en los últimos doce meses fueron de 275% para los monoambientes porteños, de 300% para las unidades de dos ambientes y de 261,9% para los de tres, en todos los casos superando la inflación interanual que a octubre ascendió al 142,7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el documento detalló que el valor promedio de los monoambientes ofertados en la Ciudad es de $225.000, por lo que el Salario Mínimo Vital y Móvil, que en octubre es de $ 146.000, alcanza para cubrir el 64,89% de un alquiler, una cobertura menor a la de 73,33% del mes anterior, indicó una nota publicada en la agencia de noticias Télam. El Centro de Estudios también resaltó que los valores relevados de las propiedades en alquiler no incluyen las expensas, que “alcanzan en promedio el 10% del costo del precio de oferta de un alquiler”, agregó.

El Índice para Contratos de Locación, que regula la actualización de los alquileres dentro de un contrato ya vigente, tuvo un incremento interanual de 119,5% al primer día hábil de noviembre, 23,2 puntos porcentuales menos que la inflación y 4,7 puntos menos que la evolución del dólar oficial. El CESO mencionó que en la capital argentina los altos precios de los alquileres le impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un monoambiente medio, “empujándoles hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad”.

Las declaraciones periodísticas hechas por Milei acerca de impulsar la derogación de la Ley de Alquileres “generó consecuencias inmediatas”, entre ellas la suspensión de las firmas de los contratos de alquiler ya pactados a la espera de las primeras horas del nuevo gobierno, comentó el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, en declaraciones a las radios 10, Con Vos y 750.

“A mucha gente les están diciendo que no se firman los contratos y no tiene dónde irse. Las inmobiliarias y el mercado aprovechan esta situación a la espera de un nuevo marco regulatorio o, como plantea Milei, que no haya marco regulatorio y que hagan lo que se les antoje”, criticó Muñoz.

Para el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, una derogación de la ley implicaría la “institucionalización de la desigualdad y del poder del mercado por sobre los derechos” de trabajadores y trabajadoras, quienes a su criterio son los que estarán “más jodidos” con el cambio. Muñoz consideró que los inquilinos llevan “mucho tiempo viviendo una situación de mucha soledad frente al mercado” inmobiliario, con sentimientos de “frustración, soledad y desamparo”.

Pese a la vigencia de Ley de Alquileres, Muñoz opinó que el gobierno del presidente Alberto Fernández hizo “poco” para que se cumpla la reglamentación. “Algunos inquilinos están pasando una situación desesperante. Cuando entran en una inmobiliaria, encuentran un lugar que es la ley de la selva”, graficó.

En representación del llamado “mercado inmobiliario”, el vicepresidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, evaluó que es “imprescindible darle un marco regulatorio al mercado de alquileres” a partir de una ley que “equilibre la oferta” de viviendas, que es reducida porque los propietarios aguardan un nuevo marco normativo que los beneficie con valores que alcancen o superen el índice inflacionario o por medio de actualizaciones que lleven a cabo en un plazo menor a un año o un semestre. “Si la ley es clara y le da seguridad jurídica al propietario, van a surgir propiedades en alquiler y eso va a hacer que los precios se acomoden un poquito y no tiendan, ante una oferta reducida, a una suba permanente de precios, independientemente de la inflación”, indicó. Según Sacco, Argentina tiene un déficit habitacional que afecta a cerca de cuatro millones de habitantes. 

Por su parte, Iván Ginebra, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, se expresó “de acuerdo” con las declaraciones hechas por Milei a favor de derogar la Ley de Alquileres. “Creemos que desregular el mercado de alquileres es lo más positivo y lo mejor tanto para los propietarios como para los inquilinos. La última ley que se sancionó en octubre prevé una serie de regulaciones que la única consecuencia que trajo al mercado fue una disminución en la oferta de propiedades y, en consecuencia, un aumento en los valores”, dijo en una entrevista a Radio Con Vos. Ginebra cuestionó que la actual normativa les impide a los propietarios “alquilar su propiedad por un lapso de dos años o por un año y medio” si así lo quisieran, como también establecer un valor en dólares. En la misma entrevista, Ginebra reconoció que a título personal solventó con U$S 4.000 dólares la campaña de Javier Milei. “Fue un aporte privado”, admitió.

GT/MG

Las modificaciones implementadas por el Congreso a la ley de Alquileres generan expectativas entre los inquilinos, pero el rechazo de las entidades que agrupan a inmobiliarias y buena parte de los propietarios de viviendas, que en algunos casos prefieren mantener vacíos los inmuebles hasta que se defina quién será el próximo presidente y su política para el sector.

Con el impulso dado por el bloque oficialista Frente de Todos en ambas cámaras legislativas, el Congreso introdujo días atrás una serie de cambios en la norma que rige a nivel nacional, con muchas dificultades y poca adhesión, desde mediados de 2020. Entre las principales modificaciones se encuentra que, si bien la duración de los contratos firmados entre propietarios e inquilinos se mantendrá por tres años, tendrán una actualización semestral en lugar de anual.

Además, comenzará a regir un nuevo indicador para determinar el porcentaje de aumento de los valores: el Índice Casa Propia, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que se basa en el menor indicador que surja de los promedios de la variación salarial del último año y de la inflación del mismo período, reemplazará al Índice de los Contratos de Locación (ICL), conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

Una de las especificaciones incluidas entre los cambios dispuestos por el Congreso es que el valor del alquiler debe ser fijado en moneda nacional, algo que tiene que abarcar también a las plataformas y/o portales que publicitan locaciones de inmuebles para ser habitados.

Mientras se esperaba que los cambios aplicados a la norma entren en vigencia, algo que ocurrirá una vez publicados en el Boletín Oficial (ocurrió este martes), la Federación de Inquilinos Nacional le presentó una carta al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, en la que le solicitó una reunión con el objetivo de “avanzar en los mecanismos previstos por la normativa para garantizar su cumplimiento y así mejorar el acceso al alquiler” de quienes lo requieren.

Tenemos un mercado cada vez más concentrado que no necesita que alguien pague un alquiler: construye departamentos para dejarlos vacíos y punto

Entre los temas que la Federación de Inquilinos busca evaluar con Maggiotti se encuentran la “urgente publicación de la modificación a la ley de alquileres en el Boletín Oficial (algo que sucedió este martes), la difusión de la norma, su cumplimiento y reglamentación”. Pero también pidieron al funcionario que, junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), garantice el registro de los contratos de alquiler, como también la creación de una línea de denuncias por el incumplimiento de esta instancia por parte de propietarios o inmobiliarias.

“Sabemos, por la experiencia en estos últimos años, que las inmobiliarias de la Argentina pueden incumplir sistemáticamente la ley sin enfrentar ningún tipo de consecuencia y es por esto que la crisis habitacional y la precarización de la vida de los inquilinos e inquilinas se profundiza”, advirtió la carta presentada a Maggiotti y firmada por Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos.

El texto, en tanto, aseguró que el mercado inmobiliario, “con su actitud mafiosa e ilegal, debilita los instrumentos de la democracia mientras que decide incumplir una ley” por estar en desacuerdo.

En declaraciones a la radio AM 750, Muñoz reclamó que el ministro Maggiotti “salga a hablar” para defender una ley que tuvo como principal apoyo el de los legisladores oficialistas, especialmente, dijo, “para evitar que se siga profundizando la crisis habitacional en la Argentina”.

 “Si nadie dice nada o el único que habla soy yo el mercado se muere de risa. Cuando entramos a una inmobiliaria para alquilar un departamento vemos que no le importa lo que se votó en el Congreso”, agregó.

El referente de la Federación de Inquilinos, que a nivel nacional agrupa a entidades de San Juan, Santa Cruz, La Pampa, Corrientes, Córdoba, Neuquén, La Rioja y de las ciudades de Rosario, Bahía Blanca y Tandil, reclamó que el Gobierno nacional prohíba a los propietarios y al mercado inmobiliario tener viviendas vacías durante un cierto período de tiempo “Tenemos un mercado cada vez más concentrado que no necesita que alguien pague un alquiler: construye departamentos para dejarlos vacíos y punto. Por lo tanto, si el Estado no limita la cantidad de tiempo que se puede tener una vivienda vacía la situación va a seguir empeorando”, afirmó Muñoz.

Tres millones de viviendas vacías

En más de una década, la construcción de viviendas aumentó casi un 30%, el doble que el incremento de la población en el mismo lapso. Según surge del Censo Nacional 2022, en el país hay construidas 17.780.210 viviendas para 46.440.703 habitantes. Si se tomara en cuenta que un hogar está compuesto por tres personas, la proyección muestra que habría tres millones de viviendas vacías.

“Bueno, se me vence el contrato y no me renuevan el alquiler. Tengo 6 meses para llorar en posición fetal. Si alguien sabe de algún depto por Flores, se agradece”, escribió en su cuenta de Twitter Romina Scalora, columnista de humor en el programa radial “De Acá en Más”, que se emite por Urbana Play, y en el ciclo televisivo Bendita, por Canal 9. Días después, continuó su relato: “Porfis el que sepa de algún monoambiente o dos ambientes por Flores, Floresta, Parque Chacabuco me chifla? Acabo de tomarme el trabajo de ponerme con el tema y encontrar vivienda es realmente como buscar la piedra filosofal”, comparó. Uno de sus seguidores, con ironía, le comentó: “Bienvenida al infierno. Llevo buscando un departamento desde julio y sigo haciéndolo”.

Según estadísticas no oficiales, la oferta de departamentos en alquiler en la ciudad de Buenos Aires actualmente apenas supera los 400 pese a que los valores aumentan por sobre lo que marca la ley aún vigente. Algunos propietarios e inmobiliarias aplicaron ajustes mensuales a los inquilinos basándose en el índice de inflación del INDEC o, peor aún, tomando en cuenta la cotización del dólar paralelo.

“Negociar un contrato de alquiler con propietarios o inmobiliarias es siempre una negociación desigual”, contó a elDiarioAR María Emilia, que alquila por fuera de lo que marca la ley un departamento junto a una amiga en el barrio porteño de La Paternal. Después de buscar una vivienda durante meses, ambas llegaron a la casa en la que habitan, que es propiedad de un familiar de una persona conocida. “Tenemos un acuerdo de palabra, no un contrato formal. Y los aumentos del alquiler se basan en un promedio de los incrementos que tengan nuestros salarios. Este mes fue de 15% y a fin de año nos va a hacer otra actualización”, explicó.

Joaquín alquila un departamento junto a su esposa y sus tres hijos en el barrio de San Cristóbal. Pero también oficia como una suerte de propietario, porque administra el alquiler de dos viviendas familiares. En una de ellas, el inquilino pasará de pagar mensualmente $37.000, la cifra acordada hace tres años, a $140.000. En otro, el alquiler saltará de $41.000 a $120.000. Mientras tanto, espera con preocupación cuál será la actualización que tendrá que abonar en pocos meses.

“Creo que en este caso los cambios que aprobó el Congreso a la Ley de Alquileres son buenos porque favorecen a los que menos tienen”, opinó Joaquín en declaraciones a elDiarioAR.

Para el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), las modificaciones implementadas por los legisladores fueron una muestra de “irresponsabilidad” porque “no hacen más que agravar la ya caótica situación de los inquilinos en todo el país”. En un comunicado, evaluaron que “mantener contratos de tres años de duración aumentará la retirada de unidades del mercado y elevará los precios”

Con más dureza se expresó el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), en representación de los corredores de la ciudad de Buenos Aires, al considerar que establecer la aplicación del Índice “Casa Propia”, que “tiende a ubicarse por debajo de la inflación, es inviable en el actual contexto económico”. El CPI, por su parte, instó a los principales candidatos presidenciales, que en la mayoría de los casos se expresaron en contra de la Ley, a que “ expresen públicamente su compromiso de derogar” la norma “como una de las primeras medidas de sus mandatos”.

Patricia Bullrich, la aspirante a la presidencia de Juntos por el Cambio (JxC), detalló en su momento que entre las 500 leyes que derogará si llega al Gobierno se encuentra la de Alquileres. Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), también anunció que eliminará la norma, mientras que Sergio Massa, el postulante de Unión por la Patria (UXP), se mostró a favor de que cada distrito tenga su propia regulación, aunque sobre la base de una ley establecida en el Código Civil y Comercial. “Barcelona, por ejemplo, regula los alquileres y el uso de las viviendas de un modo distinto a Madrid. No es igual el mercado inmobiliario de El Calafate que el de Orán”, explicó en una entrevista con la plataforma Gelatina. Massa opinó que “es importante que el Estado regule a intervenga” sobre la actividad del sector de alquileres, “pero lo tiene que hacer con una mirada focalizada”, agregó.

En 1991, los hogares con inquilinos eran el 12,3% del total, mientras que en 2022, a partir de los datos surgidos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la cifra creció al 20,7%

Con motivo del debate sobre la Ley de Alquileres, cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron 10 puntos con diagnósticos y propuestas consensuadas que, a su criterio, deberían tenerse en cuenta para una política nacional de alquileres.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Hábitat Argentina y Estudios Metropolitanos marcaron que en 1991, según el censo de ese año, los hogares con inquilinos eran el 12,3% del total, mientras que en 2022, a partir de los datos surgidos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la cifra creció al 20,7%.

También aumentó, mencionaron las cinco organizaciones, “las dificultades para acceder al alquiler de una vivienda digna a un precio acorde a los ingresos de las familias inquilinas”, especialmente en las grandes ciudades del país. La explicación a este fenómeno se encuentra, dijeron, al “desacople entre los ingresos de los hogares y los precios de los alquileres y entre la oferta y la demanda. El alquiler promedio de un dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires representa el 41% de los ingresos familiares medios cuando todas las recomendaciones internacionales proponen que ese porcentaje sea menos del 30%”, indicaron.

En ese sentido, destacaron que la oferta de viviendas en alquiler para residencia permanente cayó “drásticamente”, según los principales portales de todo el país.

Alquiler temporal, oferta dolarizada

En busca de una solución, las organizaciones propusieron regular el alquiler turístico-temporario, que registró un “crecimiento exponencial” en el último tiempo, especialmente porque los acuerdos al que llegan las partes no están regulados por la ley y el valor de las locaciones se establece en dólares.

Sólo en la ciudad de Buenos Aires “se reportaron más 17.000 departamentos en Airbnb en septiembre”, indicaron. Una situación similar se vive en Salta y San Carlos de Bariloche, donde el mercado de alquiler se volcó masivamente al turismo temporario y la oferta regular se dolarizó.

Al igual que la postura expresada por la Federación de Inquilinos Nacional, las cinco organizaciones de la sociedad civil evaluaron como un aspecto clave “disminuir la ociosidad del suelo urbano y la vivienda vacante”, para lo cual “el Estado debe aplicar los mecanismos necesarios que movilicen el suelo urbano ocioso hacia la oferta de alquiler asequible, ya sea a través de exenciones y beneficios impositivos condicionados así como sobre-tasas o impuestos específicos a la vivienda vacía o los terrenos baldíos, instrumentos que ya se han implementado y mostrados su efectividad en diversas ciudades del mundo”.

Además, propusieron que el Estado sea “un jugador más en la oferta de unidades en alquiler, con el fin de garantizar el alquiler asequible para los grupos más vulnerables”, y citaron el ejemplo de París, donde la agencia pública de hábitat gestiona un parque habitacional público de 20.000 inmuebles de alquiler protegido para hogares vulnerables; o la de Barcelona, que cuenta con un parque de 7.000 viviendas para alquiler social.

Por último, plantearon que en la Argentina, el mercado de la vivienda, en general, y el del alquiler en particular, es complejo y, por lo tanto, necesita de un Estado presente pensando políticas integrales de acceso a la vivienda.

GT

Los cambios que el Congreso Nacional introdujo este miércoles en el texto de la Ley de Alquileres, tras el impulso dado por el bloque oficialista Frente de Todos tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, abrieron una serie de interrogantes entre los propietarios de viviendas e inquilinos, un universo que en la Argentina asciende a 10 millones de personas.

Después de una extensa sesión, que duró más de 16 horas y en las que se debatieron otros proyectos legislativos, los diputados aprobaron, con 128 votos a favor y 114 en contra, la ley con los cambios que habían incluido los senadores semanas atrás.

Uno de los principales aspectos que contempla la norma de alquileres es que la duración de los contratos firmados entre propietarios e inquilinos se mantendrá por tres años, pero tendrán una actualización semestral cuando la ley original planteaba que fuera anual.

Acaso la otra modificación sustancial incluida en la norma se trate del indicador que se utilizara para esas actualizaciones. Una vez publicada la ley en el Boletín Oficial dejará de tomarse en cuenta para los nuevos vínculos el Índice de los Contratos de Locación (ICL), conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). Este indicador, elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA), será reemplazado por el índice Casa Propia, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que se basa en el menor indicador que surja de los promedios de la variación salarial del último año y de la inflación del mismo período.

La nueva ley, en tanto, sostuvo que los contratos deben ser estipulados en moneda nacional, algo que tiene que abarcar también alas plataformas y/o portales que publicitan locaciones de inmuebles para ser habitados.

Además, incorporó como beneficios para los propietarios que los ingresos que reciban por el alquiler de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo; de bienes personales sobre las viviendas que se pongan en alquiler; y del impuesto al cheque en las cuentas bancarias destinadas a cobrar los contratos registrados ante la AFIP.

Tanto inquilinos como propietarios también podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de alquiler.

La norma reformada elimina también la posibilidad de que los propietarios puedan pedirle a los inquilinos el pago de meses por adelantado.

Algunas preguntas y respuestas que surgen de la reforma introducida a la Ley de Alquileres

¿Cuándo entran en vigencia los cambios a la norma?

La ley, tras su aprobación en Diputados, fue elevada al Poder Ejecutivo. Para que formalmente comience a regir, tiene que ser publicada en el Boletín Oficial. Mientras eso no ocurra, los nuevos contratos se acuerdan y concretan bajo la normativa anterior.

¿Qué sucede con los contratos todavía vigentes?

No se verán modificadas las condiciones en las que fueron firmados. La ley aprobada por Diputados sólo se aplicará en el caso de los nuevos vínculos acordados a partir de la entrada en funciones de la norma. Hasta ese momento se implementarán las pautas incluidas en el texto aprobado en julio de 2020, incluyendo el Índice ICL como parámetros de actualización.

¿Durante un tiempo, entonces, van a regir dos tipos de contratos de alquiler? 

Sí. Cuando entren en vigor las modificaciones aprobadas en el Congreso convivirán los contratos firmados antes de la promulgación de la reforma introducida este miércoles y los acordados bajo la ley de 2020.

¿Un propietario puede modificar de un año a seis meses el plazo de actualización del monto de alquileres en contratos vigentes antes de la aprobación de la nueva ley?

No. Si los contratos fueron firmados bajo las condiciones fijadas por la norma aprobada a mediados de 2020 debe mantenerse la actualización anual.

¿Pueden concretarse contratos de alquiler de viviendas en dólares?

La reforma implementada por el Congreso fija establece expresamente que el precio debe ser en moneda nacional, una condición que también alcanza a quienes publiciten viviendas para alquilar en plataformas digitales y/o portales.

GT/MG

No se inventó, al menos todavía, una olla en la que pueda caber toda el agua de los océanos, que cubren el 72% de la superficie del planeta. Tampoco existe como tal una hornalla que sea capaz de calentar tanto líquido. Sin embargo, afirman distintos expertos nacionales e internacionales, las aguas oceánicas, que abarcan un área tan inmensa de 360.132.000 de kilómetros cuadrados, hierven a fuego sostenido como consecuencia, y nunca tan justo el término, del calentamiento global.

“Que el agua de los océanos aumente tanto de temperatura demuestra, claramente, que está llegando al límite de las posibilidades de absorber el calor que estamos generando, por ejemplo, con la quema de combustible fósiles y por los gases del efecto invernadero”, explicó a elDiarioAR Milko Schvartzman, coordinador de proyectos Océanos y Pesca del Círculo de Políticas Ambientales.

Los meses de junio, julio y agosto fueron los más calientes para los océanos, con temperaturas que subieron a un ritmo constante quebrando récords casi a diario. Lo había advertido el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, cuando afirmó que la era del calentamiento global había terminado para dar paso a un periodo de ebullición mundial. “El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y esto es sólo el principio. La era del calentamiento global ha terminado, ahora es el momento de la era de la ebullición global”, advirtió el líder de la ONU.

La industria del petróleo, por ejemplo, dedicó miles de millones de dólares durante muchos años a financiar campañas de desinformación y negacionismo del cambio climático

En el Estado de Florida, en Estados Unidos, las temperaturas de la superficie marina alcanzaron durante agosto los 38,4 grados centígrados cuando normalmente deberían estar entre 23 y 31 grados. La marca solo es comparable con el agua de un jacuzzi. “Parece como si los mares del mundo tuvieran fiebre”, publicó en una nota la revista National Geographic. A eso se suma que la frecuencia de las olas de calor marino se duplicó entre 1982 y 2016 y se volvieron más intensas y largas desde los 80, advirtió el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

El calentamiento de las aguas también hace subir el nivel del mar, porque a medida que los océanos se calientan, se expanden. También las masas de hielo de los polos se están derritiendo rápidamente y es probable, según los expertos, que superen a la expansión del agua impulsada por el calor como principal contribución.

La ebullición global, explicó Guterres en su momento, implica que la crisis ambiental que vive el planeta alcanzó “un punto crítico” que causa eventos ambientales extremos, cambios drásticos en el clima, el aumento de la temperatura de los océanos y el derretimiento acelerado de los hielos polares. “Todo esto es totalmente consistente con las predicciones y advertencias repetidas. La única sorpresa es la velocidad del cambio”, agregó el secretario general de la ONU el 31 de julio pasado.

Cinco días después de esa advertencia, el mundo conoció la noticia de que los océanos habían alcanzado la temperatura más alta jamás registrada. ¿La causa? La absorción del calor producido por las emisiones de gases tipo invernadero. El 4 de agosto pasado la temperatura promedio de la superficie marina batió el récord de 2016, al alcanzar los 20,9 grados centígrados, un registro muy por encima del promedio para esta época del año.

La temperatura del agua se siente como si fuera calentada por un calefón o un termotanque, graficó en un informe la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

Un reporte del Servicio de Cambio Climático Copernicus explicó que un nivel de aumento de la temperatura como el registrado en agosto debió haberse sentido recién en marzo.

Los océanos, indicó Schvartzman, no solo regulan el clima global, sino que generan más de la mitad del oxígeno que respira la humanidad, proveen alimentos, medicinas y resultan una de las opciones recreativas y turísticas más atractivas.

–¿Qué consecuencias específicas puede ocasionar este calentamiento de la temperatura de los océanos?

–Va a generar cambios en los ciclos climáticos del planeta, porque provocará una mayor evaporación del agua, más lluvias y tormentas extremas como huracanes y ciclones. Se ha comprobado que en las últimas décadas ha aumentado la intensidad y la frecuencia de los fenómenos climáticos externos como, por ejemplo, las tormentas tropicales. Tuvimos a mediados de agosto el primer aviso de alerta de la historia por un huracán en las costas de California, una región de Estados Unidos que nunca había vivido un hecho así. Las situaciones climáticas extremas se van a ver intensificadas y amplificadas por este aumento de temperatura del océano. Además, los océanos están cambiando su composición química. Se vuelven más ácidos y menos alcalinos por la absorción extraordinaria de gases y de dióxido de carbono. Pero, a su vez, el aumento de temperatura de los océanos tiene otros impactos como, por ejemplo, que muchas especies cambian sus rutas migratorias en busca de corrientes más frías o que otras, que no pueden movilizarse porque viven en el fondo, se extingan. Esta situación será terrible porque traerá consecuencias sobre los recursos alimentarios. 

Esto es solo comparable a las consecuencias del impacto del meteorito que extinguió al 80% de la vida del planeta hace unos 60 millones de años. Solo que esta extinción, sin dudas, está ocurriendo por la acción del hombre

–El incremento de la temperatura se registró, especialmente, en los océanos Atlántico Norte y Pacífico. ¿También puede darse en el Atlántico Sur?

–En el último tiempo se han hecho estudios acerca del aumento de la temperatura en el Atlántico Sur que han demostrado un incremento. No estamos aislados de este fenómeno, sino que, simplemente, aún no se batieron los récords de magnitudes como los ocurridos este año en el Atlántico Norte y en el Pacífico. Por ejemplo, en este último océanos la corriente ecuatorial del Niño fue este año casi un grado más cálida que en 2022, lo cual es una barbaridad.

–¿Qué medidas pueden tomar los gobiernos y en cuánto tiempo para reducir la temperatura de los océanos?

– La principal medida es reducir la quema de combustibles fósiles, su extracción y exploración. En Argentina, por citar nuestro caso, está subsidiada la extracción de combustibles fósiles, algo completamente irracional y que debe detenerse. No se puede subsidiar más la destrucción del planeta. No hay que gastar más dinero en explorar nuevos pozos petroleros o de gas o seguir extrayendo carbón, uno de los combustibles que más daña el planeta, sino que hay que dedicar esos fondos y promover la utilización de fuentes de energía limpias que no generen ni aumenten más la temperatura del planeta y de los océanos. Lamentablemente eso no está ocurriendo y estamos yendo hacia un precipicio a toda velocidad. En la actualidad es más barato obtener energía de energías limpias, que no colaboran con el cambio climático. Sin embargo, estamos subsidiando y pagando con nuestros impuestos una actividad que significa, literalmente, prender fuego el planeta.

–Da la sensación de que ya pasamos de una etapa de advertencias a sufrir directamente las consecuencias del cambio climático. ¿Por qué considera que no se toman medidas más urgentes al respecto? ¿Falla algo de la comunicación de este fenómeno?

–Las mediciones que experimentamos nos muestran que estamos sufriendo de lleno las consecuencias del cambio climático. Si bien todavía no volcamos, nuestro auto transita por la banquina y aumentan las chances de que nos estrellemos. En cuanto a por qué no se toman medidas más urgentes, debo responder que es porque hay muchos intereses en juego. La industria del petróleo, por ejemplo, dedicó miles de millones de dólares durante muchos años a financiar campañas de desinformación y negacionismo del cambio climático. Hoy ya no hay dudas: el 99% de la comunidad científica, los miles de científicos de las Naciones Unidas, ya no tienen dudas y las personas que observamos los fenómenos permanentemente entendemos claramente que nunca en la historia de nuestro planeta se dio un cambio tan brutal del clima en tan poco tiempo. Esto es solo comparable a las consecuencias del impacto del meteorito que extinguió al 80% de la vida del planeta hace unos 60 millones de años. Solo que esta extinción, sin dudas, está ocurriendo por la acción del hombre. Pero también se debe a que hay una falta de conocimiento notable, de empatía y de voluntad política de nuestros representantes. Nadie se pone en el lugar del otro. Ocurre una catástrofe en otro continente o en otro país y a la gente no le importa. Lamentablemente esto nos va a tocar a todos; nadie va a escapar de las consecuencias del cambio climático y del extremo aumento de la temperatura de los océanos. Es más barato tomar las medidas necesarias que asumir las consecuencias en el futuro. No sólo más barato económicamente sino en cuestión de vidas humanas. Es urgente cambiar nuestro modo de vida. Y, obviamente, también falla algo en la comunicación. Hay organizaciones y personas que venimos denunciando el cambio climático desde fines de los años 80 y que tenemos que ser autocríticos porque no lo hemos comunicado bien, no supimos o no tuvimos éxitos. Las razones por las cuales llegamos a este punto no son sólo porque hay grandes intereses en juego o porque hay quienes han obstaculizado las medidas, sino también porque quienes proponemos o alertamos acerca del problema no tuvimos la capacidad de transmitirlo de la mejor manera. Lo positivo es que cada vez son menos las personas que ahora niegan los efectos del calentamiento global. Todavía queda mucho por hacer y, sin dudas, hay que mejorar la comunicación.

GT/MG